Esta semana, el gobierno de Javier Milei avanzó con un decreto para la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA), la empresa estatal que opera las tres centrales nucleares activas del país: Atucha I, Atucha II y Embalse. La medida propone la venta del 44% de las acciones mediante licitación pública -nacional e internacional- mientras que el Estado conservará el 51% del capital accionario y el control de la firma. El 5% restante se otorgará a los trabajadores mediante una Propiedad Participada, con el que se los incluirá en el esquema accionario.
La iniciativa marca un giro histórico: por primera vez, capitales privados -posiblemente extranjeros- podrán involucrarse directamente en el negocio de la energía nuclear argentina. Desde la Ley de Bases aprobada en 2024, NA-SA ya había sido incluida en la lista de empresas estatales “privatizables”, y voceros oficiales sostienen que la inversión privada “permitirá asegurar los fondos necesarios para proyectos estratégicos”, como la extensión de vida útil de Atucha I, el almacenamiento en seco de combustibles nucleares gastados, la construcción del primer reactor modular argentino (CAREM) y el impulso a la minería de uranio.
“Todas las empresas públicas están sometidas a un proceso de irremediable privatización”, reafirmó Manuel Adorni. El mensaje es claro: la lógica de “todo debe venderse” se impone por sobre la agenda energética, incluso en un área tan sensible como el sector nuclear.
Una empresa estratégica y con superávit
La realidad es que los argumentos oficiales contrastan con la situación financiera de NA-SA. Según informes de gestión, durante el primer semestre de 2025 la empresa registró un resultado operativo positivo equivalente a unos 70 millones de dólares, lo que la ubica como una de las pocas empresas estatales con superávit. La firma está controlada actualmente por el Ministerio de Economía (79%), la Comisión Nacional de Energía Atómica (20%) y Energía Argentina (ENARSA) (1%).
Con las centrales Atucha I, Atucha II y Embalse, NA-SA cuenta con una potencia total instalada de 1.763 MW, que representa el 7,4% de la electricidad del país. Pero lo que la vuelve verdaderamente estratégica es que Argentina es uno de los pocos países del mundo que domina integralmente el ciclo nuclear: desde la minería de uranio hasta el diseño y operación de reactores.
Tal como alertan especialistas y trabajadores del sector, la privatización puede comprometer capacidades técnicas y de soberanía energética construidas durante décadas. El ingreso de accionistas privados podría subordinar proyectos de interés nacional a criterios de rentabilidad de corto plazo.
Riesgos de la privatización: entre residuos y capitales especulativos
La gestión de la energía nuclear no es reducible a la lógica del mercado, ya que implica el manejo de riesgos altamente peligrosos, como la seguridad en la operación de centrales, la disposición final de residuos y la planificación de proyectos a escala de décadas.
El antecedente cercano es YPF: el Estado conserva la mayoría y el control de la empresa, pero la presión de los accionistas privados condiciona las decisiones de inversión y el rumbo estratégico. El esquema planteado para NA-SA es similar: una empresa mixta, con control estatal pero participación significativa de capital privado. En el caso nuclear, el riesgo es mayor: si los capitales que ingresan son especulativos, la prioridad pasará a ser la distribución de dividendos y no la inversión en ciencia, tecnología y formación de recursos humanos.
En paralelo, la situación plantea un dilema ambiental y de transición energética. La energía nuclear es considerada una fuente de bajas emisiones de carbono, clave para un esquema de matriz energética más limpia. Pero la experiencia internacional muestra que cuando la gestión queda en manos de privados, el incentivo para invertir en almacenamiento seguro de residuos o en nuevas tecnologías de seguridad suele ser mínimo.
Cooperación nuclear: un ejemplo sudamericano frente a la amenaza global
Desde hace más de tres décadas, Argentina y Brasil sostienen un esquema de cooperación y control mutuo en materia nuclear que es considerado un modelo único en el mundo. Ambos países, potencias regionales con capacidad tecnológica propia, establecieron mecanismos de transparencia y verificación recíproca que les permitieron consolidar confianza mutua y estabilidad en un terreno históricamente conflictivo.
Este sistema se formalizó en 1991 con la Agencia Brasileño-Argentina de Contabilidad y Control de Materiales Nucleares (ABACC), creada por el Acuerdo Bilateral de Uso Exclusivamente Pacífico de la Energía Nuclear firmado entre ambos países, y complementado en el plano internacional con el Acuerdo Cuatripartito de Salvaguardias (Argentina-Brasil-ABACC-OIEA). En términos jurídicos, es un entramado que no tiene paralelo en el mundo: dos países con desarrollo nuclear autónomo se sometieron voluntariamente a inspecciones recíprocas y a la fiscalización de un organismo internacional, asegurando la transparencia y el uso pacífico de la energía nuclear.
La importancia de este acuerdo trasciende a la región. Mientras en otros puntos del planeta la tecnología nuclear está atravesada por disputas militares, como la guerra entre Irán e Israel en Medio Oriente, la rivalidad entre India y Pakistán en Asia del Sur, o el recrudecimiento de la confrontación nuclear entre Rusia y la OTAN en Europa, la alianza Argentina-Brasil ha logrado convertir un potencial factor de desconfianza en una política de cooperación pacífica y desarrollo conjunto.
Este esquema sudamericano constituye una alternativa superadora frente a la lógica de la “mutua aniquilación asegurada” que domina en los conflictos bélicos nucleares actuales. En lugar de escalar tensiones, Argentina y Brasil apostaron a la institucionalización de la confianza y al uso pacífico de la energía nuclear. La privatización de NA-SA abre, en este marco, una incógnita mayor: ¿cómo garantizar que accionistas privados extranjeros -cuyo interés primario será la rentabilidad- respeten los compromisos diplomáticos y de seguridad nuclear que la Argentina asumió como Estado soberano? Si se desplaza el eje del interés nacional hacia el de corporaciones transnacionales, puede debilitarse la capacidad de sostener esta política histórica de cooperación, erosionando uno de los pocos ejemplos de gobernanza nuclear pacífica y democrática a nivel global.
Todo un ecosistema científico tecnológico en jaque
El proceso privatizador se da además en un contexto de debilitamiento de todo el sector científico-tecnológico nacional. Organismos como la CNEA, INVAP, CONAE y empresas asociadas al ciclo nuclear (Dioxitek, Combustibles Nucleares Argentinos) enfrentan recortes presupuestarios, atraso en salarios y becas, y un preocupante éxodo de profesionales calificados.
“El gobierno de la Libertad Avanza y todos sus aliados políticos trabajan en conjunto en una política de destrucción de todo el sector público. Desde que empezó la gestión nos están masacrando en términos presupuestarios, las becas no se dan, los presupuestos no se actualizan: presupuestos para el funcionamiento base de los organismos”, había denunciado Emiliano Baum, delegado de ATE CONAE, el año pasado en conversación con Desde la Raíz.
Proyectos estratégicos, como el CAREM o la construcción de Atucha III con financiamiento chino, han quedado paralizados o en incertidumbre. Además, la situación financiera de la empresa también viene siendo golpeada: durante los primeros meses de 2024, el propio Ministerio de Economía decidió no pagarle a NA-SA por la energía generada, acumulando deudas que superan los 100 millones de dólares.
Sumado a esto, hay un problema técnico que aún no ha sido resuelto: la valuación de la empresa. Tal como aseguró Isidro Baschar, ex director de la Nucleoelctrica en unna entrevista en Ahora Play, el presidente del Tribunal de Tasación de la Nación reconoció que el organismo no tiene capacidad técnica para valuar un activo tan complejo, lo que abre la puerta a que consultoras internacionales lo hagan. Un informe de 2024 de la Cámara Argentina de la Construcción, estimaba que el valor de las centrales nucleares argentinas superaba los 11 mil millones de dólares. Sin embargo, el gobierno pretende vender el 44% del paquete accionario en un mercado deprimido, lo que implicaría una subvaluación significativa del activo.
Dólares inmediatos o soberanía hipotecada
En última instancia, la medida se enmarca en la necesidad urgente del gobierno de Milei de obtener divisas. Ayer, 19 de septiembre, el Banco Central vendió 678 millones de dólares de reservas -provenientes del préstamo del FMI- para sostener el precio del dólar. En ese marco, la privatización de empresas estratégicas aparece como un recurso desesperado para generar ingresos rápidos, incluso a costa de desprenderse de activos que forman parte de la infraestructura crítica y de la soberanía energética nacional.
No se trata de un debate abierto sobre “legitimidad” o “discusión estratégica”. La realidad es que la privatización de NA-SA responde de manera directa a las necesidades coyunturales de sostener artificialmente el modelo económico vigente y garantizar el flujo de dólares para alimentar la bicicleta financiera diseñada por el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo. En lugar de apuntalar la producción, la innovación científica o la soberanía tecnológica, el gobierno opta por liquidar activos estratégicos para engordar reservas destinadas a la timba financiera y la especulación cambiaria.
En este sentido, privatizar parcialmente una empresa como Nucleoeléctrica Argentina no es solo transferir acciones: es resignar la posibilidad de planificar de manera autónoma el futuro energético del país, subordinar la política de ciencia y tecnología a la lógica del mercado financiero y debilitar la posición regional en un terreno clave para la seguridad y la cooperación internacional.
Lejos de ser una medida de “modernización” o “eficiencia”, constituye el resquebrajamiento de un patrimonio que llevó décadas construir, que hipotecará el desarrollo energético argentino en pos de sostener un esquema económico de corto plazo y de dudosa sustentabilidad.
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