Categoría: Actualidad

  • La Radio que nos crió

    La Radio que nos crió

    Por: Delfina Sánchez Magariños y Sofía Fuentes

    En lo que va del año, más de 500 trabajadores de Radio Nacional fueron cesanteados de sus cargos por el plan de ajuste en Radio y Televisión Argentina. Muchos otros, entre ellos 79 trabajadores de Chubut, se enfrentan a las decisiones que, desde febrero, apuntan a vaciar y quebrantar los medios del estado.

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    Entre mi casa y tu noticia, hay dos mil kilómetros de distancia

    En las oficinas de la municipalidad de Gualjaina, provincia de Chubut, Selma Ojeda redacta un mensaje en puño y letra. 

    Arranca un pedazo de papel del cuaderno y escribe la primera línea con tinta azul. Marca cada letra en la hoja amarillenta con cuidado, como si de transcribir un código morse se tratara. La mano no le tiembla a pesar de los cinco grados, dos décimas, bajo cero que anuncia el Servicio Meteorológico Nacional. 

    Selma anota su nombre y su número de documento al final del mensaje. Dobla el papel en cuatro porciones y se lo entrega a la maestra de la escuela número 99 de la comunidad de Costa del Lepá. Con el papel en sus manos, la docente sale en dirección al taxi que la espera en la puerta. Es viernes a última hora, y afuera de esa oficina el vapor del caño de escape del Fiat Palio blanco queda suspendido en el aire al alejarse.

    Tres días después, en el paraje rural El Mirador, un hombre montado en su caballo escucha atentamente a la única mujer que lo acompaña en su trayecto matutino.

    —Comenzamos con información rural. La municipalidad de Gualjaina informa a sus vecinos que hoy estará disponible el Banco Móvil en la plaza principal. 

    Solo son ellos, un par de perros, y la voz de esa locutora que pronuncia cada palabra con cuidado a las ocho de la mañana de un lunes de junio. “Raquel y Delma le comunican a sus padres que mañana llega una encomienda a Cholila”, escucha a continuación el hombre que revolea el rebenque en el aire antes de apoyarlo con fuerza sobre el lomo del caballo. El animal relincha y acelera el trote, dejando la marca de sus pasos sobre el barro. 

    Desde la cordillera chubutense, transmite Radio Nacional Esquel en su emisora AM 560.

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    La frecuencia de AM de Radio Nacional Esquel tiene un alcance de 300 km, llegando a gran cantidad de localidades y parajes rurales. Entre ellas, se encuentra Gualjaina, una comunidad a 84 km de la ciudad de Esquel que incluye alrededor de 17 parajes en su territorio. 

    Ahí donde el servicio de comunicación telefónica es de poco alcance y los pobladores de la zona deben buscar una loma o acercarse al pueblo para recibir un llamado, enviar un mensaje de texto, o conectarse a la señal de internet, la radio sigue siendo la vía central de comunicación. 

    “Somos una radio de servicio que cumple un rol social. Estamos rodeados de poblaciones en donde la única forma de comunicarse entre sí, entre familias y vecinos, es a través de la radio”, describe Rocío Davel, periodista de Radio Nacional Esquel y secretaria de FatPren  (Federación Argentina de Trabajadores de Prensa) de la región. 

    Rocio Davel en conferencia de prensa por la defensa de Radio Nacional en el Centro Cultural Melipal de Esquel.

    Son casi 50 emisoras de radio pública las que reparten servicios a lo largo y ancho de la Argentina, atendiendo las particularidades de la zona, conociendo a sus pobladores y acercando la información precisa para que cientos de comunidades no queden aisladas. 

    No se trata, entonces, de una gestión económica y redituable o de una cuestión “deficitaria para el Estado” -como la había llamado el presidente en el programa de Mirtha Legrand luego de su asunción-. Se trata de atender desde un órgano público a las necesidades de la población, garantizando el derecho a la información y brindando un servicio donde un privado no lo haría. 

    Sin embargo, a la política nacional pareciera no importarle. El viernes 5 de julio, una nueva disposición del gobierno nacional comunicó con una nota firmada por Héctor Cavallero, director de Radio Nacional, que a partir del mismo lunes -menos de 72 horas después de la girada- las 49 emisoras nacionales dejarían de emitir sus programaciones para re-transmitir exclusivamente la señal de la LRA1 de la Ciudad de Buenos Aires durante el horario central de la mañana. 

     

    Trabajadores de los medios públicos celebraban que las privatizaciones de la Ley Bases excluían a Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado (RTA S.E), pero no esperaban que el peligro volviera tan rápido. “Una conquista de la lucha de las y los trabajadores”, había titulado SiPreBa (Sindicato de Prensa de Buenos Aires) el 13 de junio tras la decisión del Poder Ejecutivo de quitarla del listado de empresas a privatizar. 

    Lo que en junio pareció ser un alivio para las emisoras regionales, hoy pende de un hilo. 

    Antes de la decisión del gobierno nacional de recortar y modificar la programación en Radio Nacional, había tres horarios obligatorios pautados para los boletines de noticias nacionales: 6 de la mañana, 12 del mediodía y 20 horas. Así como los informativos nacionales en horas punto. En el resto de las franjas, cada emisora regional podía planificar sus contenidos según sus intereses culturales y locales.

    “Prendí la radio y pensé que me había equivocado. Pasé de escuchar cómo estaba la ruta 12 o la 40, a escuchar cómo informaban sobre la autopista de Buenos Aires”, cuenta Selma Ojeda, trabajadora de la municipalidad de Gualjaina, desde su casa a dos mil kilómetros de distancia de la capital porteña. 

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    La radio local es compañía y contención

    —Primera emisión de los mensajes al poblador. 

    Son las ocho de la mañana de un día de fines de julio de 2019, y en el frente de Radio Nacional la nieve comienza a derretirse con los primeros rayos tibios del día. Tiene un pequeño patio delantero con grandes árboles que rodean el terreno, un camino de piedra laja recto desde la vereda a la puerta, y una antena que parece ser un plato volador que ocupa casi todo el frente de la ventana. La Radio, junto a la Oficina de Turismo de la esquina, son de los pocos lugares de la cuadra sin rejas a la vista. 

    Se informa a la comunidad que estamos recibiendo donaciones de pañales, alimentos, medicamentos, frazadas, ropa, para los pobladores de Cushamen que están aislados por las intensas nevadas. 

    Dentro de la radio, los locutores actualizan acerca de la situación de la comunidad de Cushamen, ubicada a más de 100 km del centro de Esquel. Son alrededor de 750 habitantes los afectados por la nevada, aislados y sin comida desde hace 5 días. 

    Las camionetas 4×4 se estacionan en fila sobre la avenida Alvear, con las balizas puestas y la puerta de sus cajas abiertas. Son un grupo de vecinos y vecinas que se preparan para emprender viaje hacia la comunidad, con bolsas de consorcio llenas de ropa y cajas con alimentos que la radio les entrega. 

    La LRA9 Radio Nacional de Esquel tiene 63 años. Siempre se caracterizó por su fuerte vínculo con la comunidad gracias a los servicios que presta: informar sobre el estado de las rutas en invierno, avisar cuándo llega la leña del Plan Calor, recibir provisiones para la ayuda comunitaria, y hasta avisar que una ambulancia está en camino.

    “El poblador encuentra en los periodistas y locutores personas en quien confiar y sentirse acompañado. Sobre todo para quienes viven en la ruralidad”, dice Francisco «Nano» Peralta, quien fue director de Radio Nacional Esquel hasta 2023. Cuenta que en su rol como periodista y locutor pudo vivenciar cómo se construye el vínculo entre la radio y los pobladores, y lo describe como algo “casi indestructible”. 

    “La radio es nuestra compañía y contención”, confiesa Selma. “Cuando empezamos a escuchar otros programas que no eran los locales, nosotros, ‘los del interior’, nos sentimos discriminados, y sentimos que nos callan”, agrega.

    ‘Porteñizar’ la política comunicacional

    De igual manera, durante el gobierno de Mauricio Macri se intentó disminuir la cantidad de emisiones locales y recortar las obras destinadas a la infraestructura en comunicación. Fueron los vecinos y vecinas junto a trabajadores de prensa que se organizaron para volver a la programación local de los fines de semana.

    Pareciera ser que la historia insiste en repetirse. En enero de este año, a un mes de la asunción del nuevo gobierno, el plan de ajuste de Javier Milei dejó afuera de Radio Nacional alrededor de 500 trabajadores y trabajadoras, con menos de 100 contratos en todas las emisoras. 

    De hecho, en la actualidad, ninguna de las 49 emisoras tiene directorio. Desde diciembre, el gobierno fue destituyendo a cada uno de los directores, sin nombrar reemplazos, hasta que finalmente suprimieron el cargo de ‘director de emisora’, según un informe publicado por Página/12. Así, todas las decisiones de Radio Nacional deben llegar y ser aprobadas en Buenos Aires (autorización de vacaciones, francos, gastos, etc.). Allí en la ‘Gerencia de emisoras’ se encuentra el director ejecutivo Héctor Cavallero. 

    Sin embargo, este no es el único recurso con el que la gestión actual pretende “porteñizar” la política comunicacional. 

    Hace algunas semanas, la gerencia de Radio Nacional decidió suspender el pago de horas extras a todas las emisoras durante los fines de semana y feriados, con el argumento de la falta de actualización de presupuesto desde 2022 para garantizar los sueldos, como había señalado a principios de enero Javier Monte, dirigente radical interino del directorio del RTA. Sus trabajadores respondieron con mayor organización: decidieron llevar adelante la programación de martes a sábados una vez al mes, para así cubrir un día del fin de semana. 

    Tiempo después, es que se comenzó a hablar de una posible privatización con la Ley Bases. Pronto, se organizó una junta de firmas, y al otro día comenzaron a llegar muchísimos oyentes a la puerta de la radio, algunos haciendo alrededor de 100 km en colectivo únicamente para eso. Entre las localidades en donde se recopilaron firmas se destacan Tecka, Gobernador Costa, Colán Conhue, Lago Rosario, Gualjaina, Lago Puelo, Cholila y la costa del Chubut. “Ahí es cuando se evidencia el acompañamiento y la necesidad”, afirma Rocío Davel.
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    Una comunidad en Alerta

    Cuando al fin pudo frenar después de una mañana larga de trabajo en el Hospital Zonal de Esquel, Carolina miró de reojo la planilla que estaba apoyada a un costado de su escritorio. Tenía apenas un par de nombres escritos en la parte superior. 

    Tironeó de la goma para sacarse los guantes, agarró una carpeta de tapa dura, la planilla y una lapicera. Encaró el pasillo que estaba frente a enfermería desde donde se oía la radio, como todos los días, sintonizada en la FM 88.7. Caminó y frenó a cada persona que vió. Uno a uno, les contó que estaba juntando firmas para exigir que no cierre Radio Nacional. Nadie se negó a agarrar esa lapicera. 

    Al día siguiente, el auto de Carolina salió temprano en dirección a la Ruta Nacional 259. Esa ruta de poca circulación que conecta a Esquel con los pueblos circundantes, donde se encuentran algunas de las salas médicas comunales que dependen del Hospital de la ciudad. Sobre la luneta, tres planillas en blanco hacían rebotar el sol del mediodía. 

    Por la tarde volvió, victoriosa. 

    —¡Mil firmas! —exclamó el trabajador de la radio desde la mesita que se había armado en la vereda del Correo— ¡Increíble! ¿Cómo hiciste? —le preguntaron.

    Carolina sonrió.

    —Trabajo en el Hospital y conozco a algunas personas de las salitas comunales. Allá la radio es muy importante.

    —¿Y por qué lo hiciste?

    —No podía quedarme sólo con mi firma. Yo crecí escuchando todos los días esta radio. Para mí representa mi historia. Si no la defiendo yo, no la va a defender nadie.

    La decisión del gobierno nacional afecta tanto a sus trabajadores, como a sus oyentes. Por fuera de la capital porteña, miles de personas encienden la radio en la única frecuencia que las representa: la de su pueblo. Con las voces de la gente que conocen y las noticias que sí les importan, incluso, con la música que les gusta, como es el folklore local o el tango.

    Oyentes como Selma Ojeda o el escritor Aldo “Lele” Santana de la localidad de Cholila cuentan que siguen escuchando Radio Nacional, pero ya no como antes. “Solía quedarme hasta tarde escuchando programas de folklore, con payadores y cantantes locales, cuando me iba al campo, a El Cajón. Ahora la sigo escuchando, pero espero hasta las diez de la mañana para escuchar el programa de Esquel”, señala el escritor. 

    En estos días, el federalismo en Radio Nacional es tan solo un relato. Las emisoras de las provincias son obligadas a retransmitir LRA1, generando el silencio informativo y la imposibilidad de que las personas que viven en zonas rurales puedan ser escuchadas. “Muchos de los problemas de la ruralidad son visibilizados a través de la radio”, explica Peralta. Tal es el caso de la cobertura y la difusión realizada por las 5 emisoras de Chubut, a través de la cual la población tuvo la posibilidad de generar acciones simultáneas en toda la provincia para frenar el avance de la megaminería en la meseta y la cordillera desde 2003.

    Como bien expresa la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) en uno de sus últimos comunicados de prensa, es la programación local la que garantiza la diversificación de las voces y de la información local, fomentando la cultura y las economías regionales en pos de construir la identidad del pueblo.  

    Ahora, más que nunca, alzan su voz ante el centralismo de Buenos Aires fortificado por una política de vaciamiento de un órgano público de histórico carácter federal. Lo dice también Rocio Davel, cuando explica en vivo para “Desde la raíz”, que el objetivo del Gobierno Nacional respecto a los medios públicos sigue siendo el mismo: vaciarlos. “Por fuera de la privatización, van a tomar otras decisiones que afectarán la federalización de la radio y que sigamos estando presentes en todo el país”, aseguró la periodista de Radio Nacional Esquel. De este modo es que nuestra radio pública pierde programación, operatividad y presencia social.

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    Las risas llenan las cuatro paredes cubiertas por un panel acústico de un gris desgastado. El cartel de “aire” se tiñe de rojo, y la música se silencia de golpe.

    —Queridos oyentes, interrumpimos la programación… ¡Esto es alucinante!. En mis años como locutor jamás había visto algo así. 

    Con un dejo de picardía propio de un 28 de diciembre, el locutor de la FM 88.7 inicia la primera mañana informativa. 

    —¡Hay una mulita gigante en la puerta de Radio Nacional! 

    —No sabemos muy bien cómo llegó este peludo enorme a la radio. Si estás del otro lado escuchando esto, podés pasar a verlo con tus propios ojos.

    Al cabo de una hora, una multitud de inocentes colmaba la Avenida Alvear al 1180 preguntándose por el famoso armadillo gigante. Niños de la mano de sus abuelos, gente que se escapaba de su jornada laboral, y hasta algún paisano que andaba por el centro haciendo trámites. 

    Nadie pudo comprobar la existencia del famoso gigante. 

  • Sin recursos no arranca el tren: las viejas recetas para la privatización

    Sin recursos no arranca el tren: las viejas recetas para la privatización

    La mañana del 10 de mayo un tren con pasajeros de la línea San Martín salió de Retiro con destino a Pilar, pero apenas unas paradas más tarde chocó contra otra formación vacía. El incidente fue en el barrio porteño de Palermo, a la altura del puente que atraviesa las avenidas Figueroa Alcorta y Dorrego. Si bien no se reportaron víctimas fatales, al menos 90 personas fueron asistidas en el lugar y más de la mitad debieron ser hospitalizadas por distintas lesiones.

    Los gremios Unión Ferroviaria, APDFA (Ferroportuarios) y ASFA (Señaleros) emitieron un comunicado conjunto en solidaridad con los usuarios y trabajadores heridos. Ratificaron que para garantizar la seguridad es “indispensable re-adecuar recursos” frente al estado de emergencia de gran parte del material rodante.

    Por su parte, el Secretario General del gremio La Fraternidad, Omar Maturano denunció que el sistema de señalización no estaba funcionando a causa de un robo de cables. Lo cierto es que el choque tuvo un único motivo: un error humano condicionado por cinco meses de gestión sin inversión. Sin cables que permitan un circuito señalético automático, un trabajador autorizó manualmente la circulación al tren con pasajeros cuando la vía estaba ocupada por una locomotora, que al encontrarse la embistió.

    Pero el problema es mayor: la misma mañana del viernes 10, la pantalla gigante de Plaza Constitución -en la que se informan las salidas de los trenes- tenía la mitad de las formaciones canceladas o reprogramadas. “Estamos con el presupuesto de 2023, lo que significa, a esta altura del año, un 60% de recorte presupuestario. No hay repuestos y la infraestructura se va cayendo poco a poco. Estamos trabajando con un 70% de la capacidad total de la empresa, por eso las cancelaciones y los servicios casi interrumpidos”, afirmó Maturano en el programa Frecuencia DLR.

     

    Ferrocarriles Argentinos: ¿Ramal directo hacia la privatización?

    Ferrocarriles Argentinos es la empresa que se encarga de brindar en todo el territorio nacional el servicio de transporte vía férrea de pasajeros y de carga, sumado a otras cinco empresas ferroviarias dependientes del Estado -Playas Ferroviarias de Buenos Aires, Desarrollo del Capital Humano Ferroviario, Belgrano Cargas, Administración de Infraestructuras Ferroviarias S.E y la Operadora Ferroviaria-, que son fundamentales para el desarrollo federal y soberano del transporte de pasajeros y de carga, y para abaratar los costos del transporte de mercaderías y aliviar las rutas de camiones.

    “Hay una política para socavar la empresa”, aseguró el Secretario General de La Fraternidad. En un contexto en el que se profundizan los discursos pro-privatizaciones se asoman, y son reforzados con expresiones “anti Estado”. Mientras tanto, las viejas recetas de privatización y venta de las empresas como ‘joyas de la abuela’ parecen volver a asomarse. Algo que ya fue probado por el ex presidente Carlos Saúl Menem en los 90’, no sin antes desmantelarlas para facilitar la venta.

    Los pasos para ejecutar la privatización ya están predeterminados: Primero viene el desfinanciamiento, seguido de despidos, y por lo tanto de un mal funcionamiento respaldado por expresiones discursivas llenas de desprecio en donde la excusa es la reducción del déficit fiscal.

    Sin embargo desde La Fraternidad están más que seguros: “Vamos a oponernos a que se privatice”, sostuvo. Sin embargo, afirma que no van a estar en contra de que se concesione. “Nosotros aceptamos al capital privado, humanizado, que ponga la plata y levante la empresa. Si viene un empresario a hacer inversiones, traer locomotoras, infraestructura, vías nuevas. Queremos una empresa floreciente, no una que se va cayendo hasta no poder prestar servicio”.

    En contraste, durante el 2023, desde la Dirección de la empresa estatal se comenzó a hablar de una Reparación histórica ferroviaria, que garantizaría una importante inversión para levantar todo lo echado a perder durante la privatización de los 90. Sin embargo, con la llegada de Javier Milei al gobierno, estos programas quedaron paralizados. “No hay reparación histórica con estos reprogramadores de la política”, aseguró Maturano.

    La decisión de La Fraternidad es contundente: “los trenes deben seguir siendo públicos”, pero también se debe viajar mejor. Por eso, “hay que innovar con la nueva tecnología”, aseguró Maturano. En relación a lo gremial, “es necesario incorporar jóvenes y renovar los convenios colectivos de trabajo”, finalizó el dirigente.

  • Ley GNL: lo único que podría frenar al RIGI.

    Ley GNL: lo único que podría frenar al RIGI.

    El Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI) es una propuesta extrema de incentivo a las inversiones que algunos denominan un “industricidio”, o como lo describió la ex vicepresidenta Cristina Fernández: “la vuelta a un colonialismo del siglo XXI”

    Una serie de beneficios aduaneros e impositivos como la libre importación de insumos, deteriorará a las pymes, medianas y hasta grandes empresas nacionales que no podrán competir con el mejor postor de precios internacionales.

    Algunos la describieron como el punto más peligroso de todo el paquete de leyes de la Ley Bases, que modificaría por 30 años el ADN de la Argentina. ¿Qué planes tiene el peronismo en el recinto? Votar en contra del RIGI y proponer la Ley GNL.

    Se trata de un proyecto impulsado durante la presidencia de Alberto Fernández que solo obtuvo media sanción y no llegó a convertirse en ley. Abarca beneficios similares a empresas inversoras como propone el RIGI, pero direccionado únicamente al sector hidrocarburífero.

    Todo comienza en Vaca Muerta

    No existe un inicio sincero de esta historia si no nos remontamos a la recuperación del yacimiento Vaca Muerta en 2012 por parte de YPF, la construcción del Gasoducto Néstor Kirchner (GNK) para transportar el crudo hasta el centro del país que se hizo en gran medida con el aporte a las grandes fortunas, y la entonces idea de crear una planta de GNL en Bahía Blanca. La más grande de América Latina.

    Dicha planta se encargará de la licuefacción del gas en un proceso que requiere bajas temperaturas, y comercializarlo a través del transporte marítimo, en el mercado internacional. Lo que traerá en exportaciones anuales USD 30.000 millones (gas y también crudo).

    El proyecto fue firmado en 2022 por YPF y la estatal malaya Petronas (Petroliam Nasional Berhad), en donde la petrolera argentina tendrá el 51% de las acciones y la malaya el 49%. La propuesta prevé la construcción de tres oleoductos específicos y una planta con una capacidad anual de 25 millones de toneladas.

    No es el único proyecto sobre GNL que se espera para Argentina. Según un artículo de la revista Dialogue Earth que se publicó en marzo pasado, hay otros dos proyectos diferentes de GNL en Argentina en etapa de estudio de prefactibilidad.

    En 2023 el entonces Ministro de Economía Sergio Massa impulsó el Régimen de Promoción del Gas Natural Licuado con el objetivo de darle un guiño al sector inversor petrolero y a la empresa inversora Petronas quien demandaba seguridad legal a la hora de invertir 50 mil millones de dólares para avanzar en el proyecto.

    Sin embargo, el proyecto no llegó a votarse en el Senado y con el cambio de gobierno la apuesta se redobló con el RIGI. Ahora, los dos proyectos están en la misma situación; falta el pulgar arriba de la Cámara Alta.

    El RIGI es una medida extrema que consiste en un programa a 30 años, de beneficios fiscales, cambiarios y aduaneros, para atraer inversiones extranjeras en los sectores minero, petrolero y gasífero y agropecuario. Algunos de sus beneficios son: reducción de impuesto a las ganancias en un 10%, retenciones cero a las exportaciones de las empresas inversoras, sin impuesto por la libre importación de maquinarias (nuevas y usadas) y bienes de capital, ningún requisito de compre nacional, sin requisitos para liquidación de divisas en el tercer año de la inversión.

    Por otra parte, la Ley de GNL plantea algunos de estos beneficios solo para el sector hidrocarburífero. Con la diferencia de invertir no 200 millones, sino un mínimo de 1000 millones de dólares, y con una producción de un millón de toneladas por año.

    Otras diferencias están en la regulación cambiaria que tendrá acceso hasta el 50% de las divisas obtenidas en las exportaciones vinculadas al proyecto de inversión. Además, las empresas de gasoductos dedicados a la exportación, tendrán suministro y transporte de gas natural asegurado y autorización de exportación en firme.

     

    Castigo a Kicillof y Río Negro pasa al frente

    Antes de la llegada de Milei el plan era claro: la planta de GNL se instalaría en Bahía Blanca, centro industrial del país que cuenta con uno de los puertos más grandes y eficientes, con una larga experiencia en la operación del recurso, infraestructura, recursos humanos de excelencia por la proximidad de dos universidades nacionales, disponibilidad de medios sanitarios y de emergencia adecuados, y sobretodo una larga tradición petrolera y petroquímica.

    Sin embargo, el recambio de autoridades en YPF con Horacio Marín en la presidencia, comenzó a evaluar la posibilidad de que la planta se levante en Punta Colorada, Río Negro, además de la plataforma offshore que incluye el proyecto. Esta idea cuenta con el apoyo del gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa como parte de su alianza entre gobernadores patagónicos.

    En la era de Milei el castigo a quien comienza a ordenar el peronismo y encabezar la oposición, el gobernador bonaerense Axel Kicillof, es quitarle la posibilidad de una de las inversiones más grandes de los últimos años en su provincia.

    Ante esta encrucijada, el intendente de Bahía Blanca Federico Susbielles ha extendido sus alianzas y hasta logró que senadores bonaerenses libertarios propusieran declarar a Bahía Blanca como Plataforma de Exportación y Producción de Gas Natural Licuado (GNL) a través de su puerto.

    Por ahora, la obra se encuentra haciendo los primeros fondeos con buques para acondicionar las entradas de los barcos que transportaran el crudo. Luego, se continuará con las restantes etapas del proyecto como el tendido de gasoductos, instalación de dos buques licuefactores y finalmente, la construcción de una planta terrestre que aún no tiene lugar confirmado pero que según aproximaciones estará lista para 2026-2027

     

     

    Artículo publicado originalmente en ARG Medios

  • Con Milei peligra la legalidad del cannabis

    Con Milei peligra la legalidad del cannabis

    Acorde a la motosierra que prometió Milei, el Estado Nacional se encuentra realizando auditorías en cada uno de los organismos del Estado con el objetivo de “recortar el gasto público”. En este caso, el vocero presidencial Manuel Adorni denunció, en abril en una conferencia de prensa, irregularidades en las concesiones de los permisos otorgados en el REPROCANN y anunció que se pondrán en revisión los requisitos de inscripción.

    Claudia Pérez, integrante de Madres Cultivadoras Argentina aseguró que “El Reprocan es una herramienta de salud pública que se abastece sola. El Estado lo único que tiene que hacer es autorizarlo, o sea, darle el alta”, dijo a Frecuencia DLR.

    “En la gestión anterior se emitieron más de 90 mil solicitudes sin diagnóstico basado en evidencia científica”, fue el argumento de la decisión anunciada por Adorni. En esta línea, Claudia marcó que para el gobierno la discusión se centra en el grado de validez de todas las condiciones de salud que ‘no tienen evidencia científica’, es decir, patologías tales como trastornos de ansiedad, bruxismo, insomnio, ataques de pánico, etc.

    “En todo caso, tratemos de demostrar y comprender la lógica de la planta, que no sirve sólo para una epilepsia… Sería imposible hacer un filtro y reducir a una cierta cantidad de patologías, dejaríamos mucha gente afuera que hoy está mejorando con la planta.”, aseguró la referente de Madres Cultivadores en el programa radial de DLR. “¿Más bien por qué no buscar investigaciones y profesionales que legitimen las mejoras de esas personas, en vez de querer reducir un tratamiento eficiente?”.

    Autogestionarse la salud

    Madres Cultivadoras Argentinas es una organización social conformada, principalmente, por mujeres que comenzaron a cultivar para autogestionar la salud de sus hijos e hijas. Junto a otras organizaciones, forman parte del Consejo Consultivo de la Ley Nacional 27.350, de Uso Medicinal de la Planta de Cannabis, que hace algunas semanas, fue convocado a una reunión informal para actualizar la situación del REPROCAN.

    En el REPROCANN se inscriben aproximadamente mil personas por día y el gobierno nacional puede aprobar hasta 40 solicitudes diarias. “Lo que nos plantearon fue una gran preocupación por lo colapsado que está el Reprocann. Es entendible, cuando entró en vigencia, al mes se colapsó. Es mucha la gente que autogestiona su salud, no es raro que se colapse”.

    Sin embargo, tal como explica Claudia, el Reprocann únicamente habilita al usuario a cultivar y consumir su propia medicina, sin garantizar el tratamiento ni el acceso. Es decir, el Estado no tiene que pagarle el tratamiento a quienes obtienen el certificado. “Hasta el día de hoy, la comunidad que lleva adelante una terapéutica con cannabis es abastecida por sí misma. El estado no tiene la capacidad para dar esa respuesta y no hace ninguna intervención, más aún un estado como el actual que promueve intervenir lo menos posible.”

    El REPROCANN es una política de salud pública que institucionalizó un sector de la sociedad que buscaba dar alivio a su salud a través de la planta de cannabis. “El REPROCANN no va a desaparecer”, afirmó Claudia. “Están buscando un cierto control de algo que aún no logran entender porque no logran comprender que hay una comunidad y un movimiento cannábico”.

    “¿Cómo puede ser que seamos tantas las personas que queremos volcar nuestros datos y blanquear nuestra realidad con total tranquilidad? ¡porque sabemos que no hacemos nada malo, estamos gestionando salud!”, concluyó la integrante de Madres Cultivadoras Argentinas.

    Asimismo, Claudia marcó que estamos frente a una gestión política que no diferencia el uso de cannabis del narcotráfico. En este sentido, planteó: “Podemos discutir tipos de usos terapéuticos o usos adultos, pero ¡en ningún caso es narcotráfico! ¡Decime si un narcotraficante va a querer dejar su datos en algún lugar!”.

    Podes escuchar la entrevista completa a Claudia Pérez en este video:

  • Se creó el primer semillero de imágenes libres del sector campesino e indigena

    Se creó el primer semillero de imágenes libres del sector campesino e indigena

    Foto de portada: Gisela Vola /Minga. Fotos libres para la soberanía alimentaria y el buen vivir.

    La Agencia Tierra Viva lanzó el primer semillero de imágenes libres, que lleva el nombre de MINGA. Hablamos con los fotógrafos: Nicolás Pousthomis , Susi Maresca y Hernan Vitenberg

    Los bancos de imágenes existen hace varios años, y forman parte de la vida diaria de los trabajadores de prensa a la hora de ilustrar sus producciones, y las de organizaciones e instituciones.

    A los bancos de imágenes los nutren fotógrafos, ilustradores, diseñadores y en los últimos tiempos se incorporaron las imágenes generadas por inteligencia artificial. 

    Estos bancos suelen ser muchas veces inaccesibles por sus costos para medios populares y comunitarios, como para las organizaciones campesinas y sociales. 

    Foto: Hernan Vitenberg / Minga. Fotos libres para la soberanía alimentaria y el buen vivir.

    Bajo esa problemática surge MINGA. “Nuestra motivación desde Tierra Viva fue darle espacio en la representación visual al campo que produce alimento, al que habitan los paisanos y paisanas, y sobre todo al campo que cuida del territorio, y que es amigable con los recursos”, cuenta Nicolás Pousthomis, fotógrafo, editor de fotografía de Tierra Viva y quien estuvo al frente de la construcción de MINGA.

    La idea del Semillero de Imágenes surge como respuesta a la representación actual que existe del campo; el que deja commodities, y utiliza prácticas del monocultivo. “El que los medios hegemónicos plantean como la única salida posible”, dice Nicolás Pousthomis, 

    En la representación visual del campo “convencional” predominan las máquinas cosechadoras, los aviones mosquitos, campos enormes verdes y pocas personas.

    Nicolás cuenta que decidieron no llamarlo banco de imágenes por el carácter lucrativo de la palabra, sino prefieren utilizar “semillero”, como un espacio donde a partir de las semillas se crearán cosas nuevas. En este caso, servirá como insumo para quienes quieran utilizar las imágenes para contar la ruralidad y la producción de alimentos.

    Foto: Gisela Vola /Minga. Fotos libres para la soberanía alimentaria y el buen vivir.

    El proceso de selección de las 500 fotografías que integran el Semillero duró aproximadamente un año, y contó con la participación de 12 fotógrafos; Nicolás Pousthomis, Anita Pouchard Serra, Diego Izquierdo, Emiliano Viana, Gisela Volá, Hernán Vitenberg, Julio Carrizo, Matías Sarlo, Natalia Roca y Susi Maresca y los colectivos Alumbra Visual, LUAN Colectiva de Acción Fotográfica

    Susi Maresca es fotógrafa documental y fotoperiodista, y participó en la primera etapa de MINGA. “Es una apuesta por el trabajo colectivo y también por construir narrativas que nos ayuden a sostener estos tiempos tan complejos donde todos los días nos encontramos con un bombardeo de noticias que están alejadas de nuestras vidas cotidianas y de nuestra realidad”, dice la fotógrafa. 

    En esas imágenes hay muchas historias de amor, de resistencia, de soberanía alimentaria, que nos vinculan con la vida real, con la vida misma y que es necesario empezar a introducir esos relatos”, agrega.

    Foto: Diego Izquiero /Minga. Fotos libres para la soberanía alimentaria y el buen vivir.

    Hernan Vitenberg es fotoperiodista, docente y editor, y también forma parte de la primera etapa de este semillero. Realiza registros fotográficos sobre la producción de alimentos y el trabajo que realizan los productores y productoras agrupados en la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT)

    “Un banco de imágenes sirve para equiparar la vara en la construcción de noticias de los medios populares y comunitarios frente a los hegemónicos y empresariales”, dice Hernán

    “La fotografía es irremediablemente memoria. Apenas hecha, se convierte en registro del pasado. En un país como Argentina, en el que el vértigo de los acontecimientos nos obliga a practicar la memoria selectiva para recordar lo que sucedió apenas unos días atrás: ¿cómo construir historia colectiva si no tenemos ni siquiera las imágenes idóneas para contar el presente?, manifiesta Nicolás Pousthomis.

    Tanto para Susi como para Hernan haber sido convocados por Tierra Viva, “fue un mimo al alma”; un nuevo reconocimiento a su trabajo que llevan hace varios años. 

    Foto: Natalia Roca /Minga. Fotos libres para la soberanía alimentaria y el buen vivir.

    Para el registro colectivo optaron por un tipo de licencia fotográfica que permite el uso libre de las imágenes sin fines comerciales. Es decir, empresas como Clarín, o La Nación, no podrían apropiarse de esas imágenes gratuitamente sino que deberán pagarlas. 

    Esta licencia dice también que en caso de compra, el pago lo recibe íntegramente el autor de la fotografía. “Justamente  no queremos contribuir a precarizar aún más la situación de los fotógrafos que están en esos medios”, dice Nicolás. Y a su vez, “se busca que las fotografías tengan una carga ideológica, militante, y que estén los sentidos de quienes las hacen”, agrega Nicolas. 

    En el semillero prima la mirada desde los territorios, las poblaciones locales y los protagonistas de los relatos. Se buscó crear un conjunto de imágenes que muestran la pluralidad de los territorios, los trabajos y las problemáticas, con perspectiva federal. 

    Foto: Natalia Roca /Minga. Fotos libres para la soberanía alimentaria y el buen vivir.

    “Vale la pena en este contexto relatar lo que nos pasa a nosotros, a la personas que nos brindan el alimento, a quienes luchas y que no solo piensan en el presente sino en las futuras generaciones”, concluye Susi Maresca.

    Web de Tierra Viva: https://agenciatierraviva.com.ar/

    Web de MINGA: https://minga.agenciatierraviva.com.ar/

  • Detrás del humo no los ven: la lucha de los brigadistas en Chubut

    Detrás del humo no los ven: la lucha de los brigadistas en Chubut

    Son las 22.30hs del jueves 25 de enero. En el Parque Nacional Los Alerces reina el silencio propio de una noche patagónica de verano. Pero algo irrumpe con esa tranquilidad: es el calor del fuego que empieza a consumir parte del bosque andino de más de 200 años de edad. Lengas, ñires, coihues, radales, son algunas de las especies que empiezan a arder y a esa hora no hay fuerza humana que logre contener su avance.

    El incendio que comenzó con dos focos situados a la altura del Arroyo Centinela, entró en su fase de control luego de 27 días de intenso trabajo de brigadistas y bomberos. Fueron alrededor de 500 personas de diferentes zonas del país abocadas a apagarlo, encargándose de tareas de planificación y ejecución del plan de acción que se establecía día a día desde el Comando Unificado conformado específicamente para este combate.

    El informe del Comando Unificado establece que el pasado jueves 22 de febrero la línea de control quedó establecida definitivamente y asegurada. Comienza la “etapa de extinción”, según confirmó el jefe del departamento de Incendios, Comunicaciones y Emergencias (ICE) del Parque Nacional Los Alerces, Mario Cárdenas. Pero el daño es irreversible. Son 6.924 hectáreas afectadas, en las que no sólo se perdieron recursos naturales, sino también ambientales y turísticos.

    Creditos: Francisco Buduba

    El Parque Nacional Los Alerces está todo quemado. Son pocas las áreas verdes que pueden verse a la vista, y que generará complicaciones en el invierno para toda la población chubutense. El bosque en la Cordillera de Los Andes produce que el agua que llueve en invierno drene lentamente y abastezca a todas las localidades de la meseta en la Patagonia y hasta en la costa atlántica. A ello también se suma el cambio climático como factor preponderante en la propagación de un incendio al haber un menor ingreso de los frentes húmedos del Pacífico que solían traer las lluvias al noroeste patagónico.

    Según Cárdenas, el incidente en El Centinela es considerado uno de los más grandes en la historia del parque, que desde 2008 sufre de incendios intencionales que afectan directamente la vegetación autóctona, tiñendo de gris la montaña que rodea el lago Futalaufquen.

    En total son más de 20 mil hectáreas de bosque quemado en diferentes épocas (2008, 2015, 2016, 2023 y 2024), y que se estima que tardará más de 100 años en regenerarse. “Es incalculable lo que se ha perdido con la cantidad de zonas que han sido afectadas con este incendio. Entendemos que hay una misma forma de incendiarse porque tuvo la mismas características que años anteriores”, reconoce el Jefe departamental del Parque.

    “Hay una intencionalidad de prender fuego. No es algo que pasó una vez, sino que hay un historial de todos los veranos de cómo se inicia, y que se hace de noche y en zonas de difícil acceso”, cuenta Hernán Mondino, quien conforma la Brigada de Incendios, Comunicaciones y Emergencia (ICE) del Parque Nacional Los Alerces.

    El brigadista se encuentra preparando el informe oficial sobre la situación del parque junto al Comando Unificado: luego de varios días de trabajo consecutivo, aún sin contrato y con tan solo dos días de franco, finalmente el fuego entró en fase de control. Pero, ¿qué sucederá una vez que el incendio esté apagado por completo?

    Creditos: Francisco Buduba

    Detrás del humo no los ven

    Pese a la situación de precariedad de los y las brigadistas, continuaron respondiendo a la emergencia ígnea sin saber qué les depararía el destino. Así como Hernán hay más de 600 brigadistas nacionales en la misma situación generada desde hace varios años y que se profundizó tras el decreto 84 del DNU del presidente Javier Milei donde suspende los contratos del Estado firmados en 2023 y que pusieron en revisión el resto de los contratos hasta marzo.

    Pero nunca hubo planta permanente para los y las brigadistas y la incertidumbre es cada vez más grande: el 31 de marzo se acabarían sus contratos, y no hay indicios de que el nuevo gobierno de una respuesta pronto. Además, según Hernán, son 2200 empleados en planta y 1000 los contratados, pero no hay quien conduzca la Administración de Parques Nacionales (APN), ni siquiera el Parque Nacional Los Alerces, que por el momento cuenta con la conducción del guardaparque Danilo Hernández Otaño como intendente interino hasta que haya un nombramiento oficial.

    “Cuando pedimos estabilidad laboral no pedimos contratos de 3 meses, ni un año, pedimos que pasemos a formar parte de planta del Estado porque no hay previsibilidad ni para nuestras familias ni para el propio sistema de incendios”, comenta Hernán respecto a los reclamos que están encabezando los y las brigadista, a los que se suman la falta de reconocimiento de su trabajo de alto riesgo y la falta de planificación de recursos que solo aparecen cuando hay una emergencia.

    En la cima de la montaña la perspectiva cambia, incluyendo las planificaciones. “Costó bastante el incendio”, comenta Hernán respecto a su experiencia participando en el combate. En aquellos días, su cartel que decía “nos vendieron humo y nuestro trabajo es de alto riesgo” se había convertido en parte del equipaje de los y las brigadistas que subían a la montaña todos los días sin saber con qué podrían encontrarse.

    Parte de su trabajo implicó acomodarse a las condiciones geográficas y meteorológicas que se presentaron en una emergencia de esta magnitud. “Si bien hay un plan de acción definido, es un día a día”, cuenta. No podían acceder a muchas de las zonas afectadas con las mangueras, o como les llaman ellos; las líneas de trabajo. por lo que tenían que cargar mochilas de agua y herramientas para hacer cortafuegos y así frenar el avance del fuego.

    Además del trabajo manual, también se contó con medios aéreos como aviones hidrantes para transporte de personal y descarga de agua, y el “anfibio” que operó cargando agua directamente del Lago Futalaufquen, pero que hasta mediados de enero no estaban disponibles sino que fueron contratados a empresas privadas.

    Al reclamo del cuerpo de brigadistas también se suma el de los pobladores locales afectados por el fuego y cansados de la falta de prevención ante incidentes de esta magnitud. Según ellos, se nota cierto abandono en la jurisdicción de Los Alerces: “No tenemos intendente, ni gente en la portada de acceso que reciba y controle a quienes entran. Incluso hay sendas que no se abren. Son muchas las cuestiones que hay que revisar”, dice Francisco Buduba, comunicador y fotógrafo de Esquel que participó en el combate junto a la familia Mermoud que fue afectada por el fuego.

    Francisco participó junto con la familia de su amigo en la ladera del cerro La Torta, donde se encuentran los Túneles de Hielo, el principal atractivo turístico de la zona. Allí se encuentra la hostería de los Mermoud “Quimé Quipán” y los vecinos de Rincón del Sol, quienes perdieron entre el 45 y 85% del campo con este incendio.

    “Además de visibilizar en redes, tuve la oportunidad de participar desde adentro porque conozco el campo de mi amigo y un lugareño que conoce los caminos fue de gran ayuda para las brigadas que venían de todos lados y que no conocían el parque. Hicimos un poco de logística para las brigadas, asistíamos con imágenes, hacíamos de observador yendo a un punto alto e íbamos diciendo como veíamos el incendio”, explica Francisco.

    Creditos: Lucía Guzmán

    Fue intencional

    Según el Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina, el 95% de los incendios son producidos por la acción humana. Esto quiere decir que, si bien los factores climáticos inciden en la propagación de un incendio, como lo es la sequía y las temperaturas elevadas en verano, o el bajo porcentaje de humedad y los vientos fuertes, el principal propulsor de estos incidentes es el ser humano. Y aunque los entrevistados coinciden en que hay una intencionalidad detrás de este incendio, no hay pruebas que confirmen dicha hipótesis.

    “El saber qué finalidad hay detrás de todo esto es muy difícil. Es un trabajo que se tiene que encargar la justicia”, comenta Mario, jefe del departamento de Incendios, Comunicaciones y Emergencias (ICE) de Los Alerces respecto a la denuncia radicada por la jurisdicción del Parque Nacional Los Alerces para iniciar una investigación sobre quienes llevan a cabo estos incendios.

    Si bien descartan cuestiones inmobiliarias por tratarse de un Parque Nacional que no está contemplado en la Ley de Quema ni en la Ley de Bosques, es decir que los campos que se incendian no pueden venderse a sectores inmobiliarios, las hipótesis evidencian que se trata de un crimen organizado. Pero, ¿a quién beneficia entonces? ¿Quiénes ganan con este incendio (y tantos otros)?

    Para Hernan, más allá de encontrar culpables, la cuestión pasa por otro lado: “hay que trabajar en la prevención para que el accionar sea rápido y previsible, en profesionalizar la actividad, en distribuir mejor los recursos, y en tener en cuenta a la comunidad”.

    Tras un mes de intenso trabajo, desde el Comando Unificado intentan llevar un poco de tranquilidad a la comunidad de la cordillera chubutense. Pero los combates aún continúan, dejando el fuego atrás para seguir exigiendo al Estado una respuesta para los y las trabajadores precarizados. “Así como vamos a laburar, vamos a salir a reclamar por cuestiones que son esenciales para cualquier laburante, y exigir una planificación óptima y más previsible respecto a los incendios, que funcione para estas situaciones de emergencia”, comenta Hernán.

    Creditos: Francisco Buduba

    Leer también: El lado oscuro de los incendios del Delta

  • Ex combatientes lograron dejar sin efecto el artículo del DNU que deroga la Ley de Tierras

    Ex combatientes lograron dejar sin efecto el artículo del DNU que deroga la Ley de Tierras

    El 21 de diciembre el presidente Javier Milei anunció los aspectos centrales incluidos en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2003 titulado “Bases para la reconstrucción de la economía argentina”, en el que se establecía, entre otras cosas, la derogación de la Ley 26.736, de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras, o popularmente conocida como Ley de Tierras, con el fin de “promover las inversiones”.

    El DNU fue publicado en el Boletín Oficial y entró efectivamente en vigencia el 29 de diciembre, aún cuando debía ser validado por el Congreso. A partir de ese momento, la Justicia nacional daría o no lugar a los recursos de amparo que diversas organizaciones presentaron contra el DNU. La Corte Suprema lo analizaría recién en febrero, al regreso de la feria. Mientras tanto, el DNU está vigente.

    Ayer, el juez de feria del Juzgado Federal Nº 4 de La Plata, Ernesto Kreplak, decretó una medida cautelar que suspende el artículo 154 del DNU, el cual deja sin efecto la actual Ley de Tierras.

    ¿Qué es y para qué sirve la Ley de Tierras?

    La norma derogada, que se conoce como Ley de Tierras, se aprobó en 2011 y su objetivo fue limitar la extranjerización de las tierras, un fenómeno mundial que se expandió a partir de 2008.

    Para esto, se estableció que las personas foráneas no pueden ser titulares de más del 15% del total de los suelos rurales a nivel nacional, lo que se replica en cada provincia y municipio.

    Además, establecía que no podían poseer más de 1.000 hectáreas en la zona núcleo y en las zonas declaradas equivalentes, ni tampoco habilita la compra de inmuebles ribereños de cuerpos de agua (ríos, lagos o cuencas) y de zonas de seguridad de frontera.

    La ley creó el Registro Nacional de Tierras Rurales (RNTR) -dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación-, que por primera vez permitió conocer la cantidad de suelo en manos extranjeras.

    Según información oficial, el 5,57% del territorio nacional está en manos de extranjeros (12.520.826 hectáreas).

    La provincia de Salta es la que tiene el mayor porcentaje de tierra extranjerizada (11,56% del total), seguido de Misiones (11,7% de la superficie total), San Juan (10.48 %), Corrientes (9.87 % del total) y quinta la provincia de Mendoza (9,11% del total)

    “La Ley de Tierras está bien hecha. Fue muy consensuada y trabajada en el Congreso, que es donde se deben trabajar las leyes. Y si hay que mejorarla, es allí donde hay que hacerlo. No a través de un DNU”, dijo a DLR Hugo Robert, ex combatiente y anterior presidente del Centro de Ex Combatientes de Malvinas (CECIM)

    Según un artículo de Verónica Gordillo escrito para Unidiversidad y publicado en otras Universidades como la de UNCUYO, la aprobación de la Ley de Tierras en el país, se produjo en un escenario global donde las inversiones extranjeras giraron hacia el sur, en búsqueda de “inversiones seguras”.

    Entre el 2008 y 2010, la crisis de especulación inmobiliaria y financiera que se registró primero en Estados Unidos y luego en Europa, llevó a invertir en fondos especulativos en países del Sur Global específicamente en la compra de recursos naturales (tierra, agua, bosques, derechos mineros).

    En este contexto se aprobó la ley de limitación de tierras a extranjeros no solo en Argentina, sino en otros países de la región como Bolivia, Colombia y Brasil.

    “La derogación de la Ley de Tierras produciría nuevamente un caso como el de Lewis que es dueño de un lago, o Benetton, quién llegó a comprar 1 millón de hectáreas y nadie le preguntó para qué”, mencionó el ex combatiente.

    Ex combatientes defendiendo la Soberanía Nacional, una vez más

    El amparo al que da lugar el Juez fue realizado por el CECIM, quienes cuestionaron el decreto ante los tribunales federales de la capital bonaerense. En su presentación, sostuvieron que la derogación de la ley libera el mercado de tierras, “habilitando la extranjerización de las mismas, con dinámicas latifundistas, que ponen en crisis los principios de integridad territorial y la soberanía nacional, condicionando no sólo la disponibilidad del suelo argentino, sino también los cursos de aguas dulces”.

    Además agrega que, “el DNU importa una clara intromisión por parte del Poder Ejecutivo en el ámbito de atribuciones del Poder Legislativo, más si se tiene en cuenta que dicha norma contradice abiertamente la voluntad que los legisladores plasmaran al sancionarlas”.

    Por ello, solicitaron además, una medida cautelar para que se suspenda la aplicación del DNU 70/2023, así como toda otra normativa dictada en su consecuencia, hasta tanto se resuelva el fondo.

    Dicho pedido fue entregado personalmente por integrantes del CECIM en casa de Gobierno. Días después de ser recibido, el Ejecutivo Nacional requería “se rechace la medida precautoria solicitada por la contraria, por no encontrarse acreditados los supuestos necesarios para la procedencia de la misma”, tal como lo detalla el Fallo de la Justicia Federal. O sea, la parte demandada (Ejecutivo Nacional) no reconocía la representatividad del CECIM para solicitar el pedido de amparo.

    “Si alguna vez el Estado Nacional nos mandó en el 82 a defender nuestra integridad territorial con las armas, ¿cómo no vamos a estar autorizados hoy a defender nuestra integridad territorial que está en peligro con la derogación de la Ley de Tierras?”, dijo Robert a DLR.

    “Este DNU atenta contra la integridad territorial, que es algo que está establecido en nuestro estatuto de ex combatientes. Kreplak hace una muy buena lectura de este estatuto y nos da la admisibilidad diciendo que tenemos la representación suficiente”, explica Robert.

    El Fallo del Juez detalla que el reclamo del CECIM “excede un interés jurídico meramente individual” y se presenta más bien como “un bien colectivo indivisible -posible pérdida de soberanía sobre el territorio nacional y sus cursos de agua- sobre el que no existe posibilidad de apropiación particular dada la cotitularidad común del derecho -considerando 11°de Fallos 332

    Leer relacionado al tema: Malvinas y la disputa por los recursos naturales

  • Mega DNU: ¡Se venden tierras argentinas!

    Mega DNU: ¡Se venden tierras argentinas!

    Mega DNU

    El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 dictado por el presidente Javier Milei recopila medidas que nos llevan inevitablemente a la década del 90, y que aún  traen consecuencias. 

    El artículo 154 declara la derogación de la Ley 26.737, conocida como ley de tierras, que regulaba la adquisición y posesión de tierras a personas físicas y jurídicas extranjeras.

    De esta manera se pone en juego (o a la venta) los recursos naturales de todo el territorio nacional; zonas clave de producción agropecuaria, recursos mineros (reservas de litio o glaciares), e  inclusive cuerpos de agua. 

    ¿Qué es la ley de tierras?

    Tras el proceso de extranjerización de los años 90’ y décadas de lucha de organizaciones sociales, políticas y vecinales, fue finalmente sancionada en 2011 la ley 26.737, que  limitaba la titularidad del dominio o posesión extranjera a 15%  de  tierras rurales en el territorio nacional. El porcentaje era también computable  “sobre el territorio de la provincia, municipio, o entidad administrativa equivalente en que esté situado”. 

    A su vez un mismo titular extranjero no podía superar el 30% del mencionado 15%, ni 1000 hectáreas en la zona agrícola núcleo, es decir, las zonas más productivas designadas por el Consejo Interministerial de Tierras Rurales. 

    La regulación se extendía a la prohibición de titularidad extranjera de territorios ribereños de cuerpos de agua de envergadura y permanentes; como también los inmuebles ubicados en zonas de seguridad de frontera.

    DNU: “Vendo Vendo, todo”

    La superficie extranjerizada actualmente es de 16.253.279 hectáreas, representando el 6,09% del territorio nacional rural (266.707.361 ha.) 

    Ese porcentaje podría incrementarse sin límite alguno, habilitando la entrega del control a las bocas de acceso de agua dulce, como sucede con el “Lago Escondido” donde el empresario inglés Joe Lewis- dueño de las tierras desde 1996- bloquea su paso.

    La derogación de la ley de tierras habilitaría también la venta legal de territorios ribereños como el Río Paraná, teniendo así total dominio sobre las partes o la totalidad de corredores fluviales; hoy canales para exportación con gran relevancia geopolítica. (relacionado: El rio Parana y un reclamo de soberania)

    Diversas organizaciones políticas, ambientales, y aquellas identificadas  con la defensa de la soberanía nacional se han pronunciado al respecto. El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) presentó una acción de amparo por la que se solicita se declare la inconstitucionalidad y nulidad absoluta del artículo 154.

    El abogado patrocinante del CECIM, Jerónimo Guerrero Iraola, declaró “la derogación de esta Ley atenta contra derechos fundamentales e implica un daño irreparable al pueblo argentino al liberar el mercado de tierras y habilitar la extranjerización de la tierra” y agregó: “se trata de dinámicas latifundistas que ponen en crisis los principios de integridad territorial y la soberanía nacional, condicionando no sólo la disponibilidad y disposición del suelo argentino, sino también, los ojos y/o cursos de agua dulce”.

    “Estamos asistiendo a la vocación de permitir, mediante la supresión del ordenamiento jurídico de orden público vigente, la extranjerización de la tierra, el despojo soberano, ahora por mera voluntad unipersonal del Ejecutivo” y apuntó “si la usurpación británica de 1833 nos genera indignación visceral, pensemos qué debe generarnos y cómo nos sentimos frente a este artículo 154 del Decreto 70/23 que, materialmente, implica poner un cartel de VENTA a nuestra Patagonia, a nuestros campos, a los cursos de agua, a los ojos de agua”.

  • Ley Ómnibus: ¡La Cultura en peligro!

    Ley Ómnibus: ¡La Cultura en peligro!

    Ley Ómnibus: ¡La Cultura en peligro!

    El proyecto de Ley “Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos” o “Ley Ómnibus” establece reformas estructurales sobre las entidades que promueven y fomentan la actividad cultural en el país. Distintos sectores locales trabajadores de la cultura se manifestaron en rechazo al proyecto que será tratado en el Congreso el 24 de este mes. En esta edición especial de Desde la Raíz explicaremos cuales son los puntos cruciales de esta encrucijada.

    La ley contiene modificaciones sobre la conformación en partidas presupuestarias de instituciones culturales como el caso del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), el INAMU, la CONABIP, que pasarían a contar con menos ingresos. En algunas, directamente establece su cierre como el caso del  INT y el FNA.

    En el artículo 21 del capítulo 3 de cultura, donde especifica los fondos del instituto que financia el cine nacional, omite el porcentaje que recibe del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), que representa el 25 por ciento de la recaudación del INCAA. Ahora, la principal fuente de ingresos para el organismo será el impuesto del 10 por ciento a las entradas que pagan los espectadores. 

    “Con esta ley se derogan todos los artículos que promueven la cuota de pantalla, clasificación de salas, clasificación de películas que estan por interés simple, interés especial y que permite acceder estas clasificaciones a las líneas de creditos y subsidios diferenciados según la calidad de los proyectos”, dijo Jeankarla Falon, responsable de Relaciones Institucionales y Protocolares de la Vicepresidencia del INCAA en el plenario “La cultura está en peligro” realizado días antes en el Teatro Argentino en La Plata.

    Desde el sector estiman que con el vaciamiento de estos organismos, diferentes Festivales como el Ventana Sur o el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata no contarán con recursos para realizarse, mientras que está en duda también la continuidad del proyecto Cine.Ar (canal de TV y plataforma de streaming).

    El INCAA está actualmente gobernado por el presidente y vicepresidente, la Asamblea Federal y el Consejo Asesor, que tiene 11 miembros (6 representantes de la industria y 5 personalidades de la cultura elegidas por cada una de las regiones culturales propuestas por la Asamblea Federal). En el nuevo proyecto el Consejo Asesor tendrá hasta 8 miembros elegidos en todos los casos por el presidente, lo cual permite un manejo discrecional del organis

    Además, se elimina del artículo 8 que dispone que las películas tienen que estar habladas en castellano y que no tengan publicidad para ser consideradas películas nacionales. O sea, se podrían otorgar fondos a films hablados en otros idiomas.

    La ENERC (Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica) desaparecería como estructura legal ya que el INCAA no tendrá la obligación de enviarle partidas que representa la mayor fuente de ingresos.

    El 3 de enero se realizó en Jujuy, la sede NOA de la ENERC, una clase pública repudiando el proyecto de ley que envía el ejecutivo y exponiendo los peligros. La comunidad educativa expuso que frente al cierre de las Escuelas de Cine que hay en todo el país, casi unos 700 estudiantes quedarían sin educación, además de perderse unos 220 puestos de trabajo entre profesores, tutores, directivos y personal de área técnica.

    El ENERC ha sido un gran semillero de cineastas del país como el ex Ministro de Cultura de la Nación Tristan Bauer, quien obtuvo diversos premios por su trabajo, entre ellos el Goya como mejor película de Habla Hispana en 2006 por el film “iluminados por el fuego”. O Lucía Puenzo, quien en 2008 se consagró con el premio Goya a la mejor película Iberoamericana por XXY.

    Además se elimina la cuota de pantalla que permite a las películas circular en distintos festivales y espacios de exhibición.

    Por otro lado, el INAMU dejaría de ser un ente público no estatal para convertirse en un “programa” de la Secretaría de Cultura, afectando sus capacidades para impulsar la actividad de manera federal.

    En el caso del cierre del INT, organismo que organiza concursos, certámenes, muestras y festivales; otorga subsidios y becas a grupos, salas, artistas y eventos y estimula la conservación y creación de espacios, entre otras cosas. Su desaparición dejaría un vacío extremo tanto para el desarrollo como divulgación de esta actividad.

    En esa misma línea, se establece el fin del FNA un organismo autárquico dependiente del área de Cultura, cuyo fin es promover y desarrollar la producción de artistas de todo el país financiando su formación y creación de obras. El FNA ha permitido el desarrollo de miles de proyectos y artistas, como Ástor Piazzolla que con un préstamo del FNA adquirió un piano, o Antonio Berni que gracias a estos fondos construyó su taller en 1973.

    En la Ley Ómnibus: ¡Casta el que lee!

    Para el sector librero nacional se propone la derogación de la Ley N° 25.542, de Defensa de la Actividad Librera, que establece un precio uniforme de venta al público de libros. Según la Cámara Argentina del Libro, esto pondría en riesgo la existencia de las pequeñas y medianas librerías, así como también el acceso a la lectura, beneficiando a las grandes cadenas de libros al permitirles imponer sus precios en detrimento de las librerías independientes, aprovechando su posición dominante.

    A las bibliotecas populares la ley ómnibus les arrebata todos los “beneficios” presentes en la normativa vigente -Ley N° 23.351-, tales como las tarifas reducidas en servicios prestados por empresas del Estado o subvenciones para el mantenimiento de instalaciones.

    Todas estas instituciones son partícipes en la construcción de una identidad cultural nacional que ha sabido llevar la cultura Argentina a consagrarse en los mejores festivales, dar luz a grandes embajadores en el exterior y generar un acervo cultural de lo que tiene para decir estas tierras y las personas que la habitan.

    “Somos parte de un proyecto político nacional y popular en donde la cultura es la columna vertebral, porque dice de nosotros, nosotras y nosotres”. Teresa Parodi, primera Ministra de Cultura de Argentina en el Plenario La cultura está en peligro realizado en el Teatro Argentino el Jueves 28 en la tarde.

  • Ley Ómnibus: Un texto a medida del agronegocio

    Ley Ómnibus: Un texto a medida del agronegocio

    Ley Ómnibus: Un texto a medida del agronegocio

    La famosa “Ley Ómnibus” o “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” contiene diferentes puntos que pretenden “desregular” las normativas ya vigentes en el país en materia de actividad agrícola y conceder garantías al sector del agronegocio. En esta edición especial de Desde la Raíz explicaremos cuales son los puntos cruciales de esta encrucijada.

    Muchos de ellos fueron conseguidos a través de la organización de trabajadoras/es campesinos, ONG’s y asambleas vecinales que resisten las fumigaciones en sus comunas. El artículo 241, en la sección 2 del capítulo Bioeconomía, hace referencia a la “adhesión a la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) ¿Qué significa esto?

    La UPOV es una organización fundada en el año 1961, pero que fue reformada por última vez en la década de los 90 a medida de las grandes empresas semilleras del mundo. A través de la teoría del “paquete tecnológico” tuvo un primer ingreso en nuestro país con el boom del agronegocio y la llamada “revolución verde”.

    La misma facilita los mecanismos para la llegada y/o desarrollo de nuevas semillas transgénicas, que cuentan con mayores litros de fertilizantes, insecticidas y fungicidas.

    Sin embargo, la normativa justifica el ingreso a la UPOV a fin de “incorporar mejores prácticas internacionales que estimulen grandes inversiones para la modernización del sector agrícola, generen incentivos para la innovación, promuevan el comercio internacional, mejoren el acceso a variedades mejoradas para los consumidores, incrementen la productividad agrícola, apoyen la investigación”.

    ¡Alto ahí! muéstreme la licencia de su semilla

    Asimismo otra de las consecuencias que trae el artículo 241 de la Ley Ómnibus, es la apertura a la creación de “patentes” de semillas, o en otras palabras, la privatización de las genéticas en toda la República Argentina.

    Durante el gobierno de Mauricio Macri habían intentado sancionar la famosa “Ley de Semillas” que buscaba garantizar las condiciones para que Bayer y Syngenta se hagan del 90% de las patentes de las semillas. Con la adhesión a la UPOV los derechos sobre las semillas pasarían íntegramente a las corporaciones semilleras.

    Por ejemplo, si actualmente un pequeño/mediano productor/chacarero desea volver a utilizar parte de sus semillas de la cosecha de Soja y re plantarlas, estaría incurriendo en un delito. Actualmente esto se encuentra respaldado como el “derecho del agricultor” en la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas (1976).

    Esto atenta contra el desarrollo y la conservación de las semillas que han sido producidas de manera ancestral por las diferentes organizaciones indígenas y campesinas del país. No sólo por la pérdida de “diversidad biológica” debido al avance del monocultivo sino por la apropiación de la materia prima del alimento, que impactará en toda la cadena productiva y de comercialización.

    Vale recordar que el gobierno de Javier Milei ya había dado un paso en esa línea, cuando designó al frente del Instituto Nacional de Semillas (INASE) a Claudio Dunan, el ex gerente de Estrategia de Bioceres, la compañía que logró varios de los primeros cultivos transgénicos de la Argentina. Además al frente de la “secretaría de Bioeconomía” se encuentra Fernando Vilella, un nombre ligado a diferentes organizaciones del agronegocio e histórico decano de la Facultad de Agronomía de la UBA entre 1998 y 2006.

    Esta perjudica el trabajo de familias productoras de la Agricultura Familiar y permite mayor concentración en gigantes del agronegocio. Además, fomenta la extinción de variedades locales que han sido conservadas y circuladas por vecinos, y pequeños agricultores, como el tomate platense o el “duraznito de la Quebrada” en Jujuy, y cientos de variedades que se elaboran con el apoyo de Universidades Públicas y organismos estatales para la Agricultura Familiar.