Autor: Bianca Coleffi

  • El fuego que se llevó todo

    El fuego que se llevó todo

    El fuego de del Delta Paraná llegó a las islas entrerrianas donde pescadores artesanales de Ramallo trabajan, quienes luego del incendio se quedaron sin nada. “Ni una cuchara para comer un guiso”, dijeron.

    Ramallo es una localidad al norte de la provincia de Buenos Aires, donde viven alrededor de 200 pescadores artesanales. Como todos los días, partieron en 15 embarcaciones 40 personas. Al cruzar el río y llegar a las islas donde se asientan para pescar, vieron como el fuego se llevaba todas sus ranchadas y elementos de trabajo.

    Desde las seis de la tarde se veía humo, y las llamas llegaron a niveles descomunales durante la noche. Eran las tres de la madrugada y el incendio seguía. “Estuvimos hasta las 4 y media de la mañana combatiendo esto, nunca vimos un incendio de esta envergadura, fue tremendo”, dijo Julio Cardozo, presidente de la Federación de Pescadores Artesanales, que nuclea a 900 pescadores artesanales de Buenos Aires, Santa Fe, y Entre Ríos, que despliegan su oficio en el Río Paraná.

    “Vi como todo lo que construí durante tres años con tanto esfuerzo se quemaba delante de mis ojos”, cuenta Julio. “Se me caían la lágrimas”, recuerda. Julio fue uno de los fundadores de la cooperativa “los pescadores sean unidos”, una herramienta de trabajo para varias familias que viven de la elaboración y comercialización de lo que pescan. Las 10 familias que perdieron sus viviendas trabajan ahí.

    Pescadores de Ramallo dirigiéndose a las islas donde tienen sus elementos de trabajo

    El fuego avanzó en cuestión de horas, y se llevó todos los elementos que utilizan para pescar, sus lugares de asilo cuando salen a pescar, y hasta colmenas que tenían para desarrollar la actividad de la apicultura. “No nos queda ni una cuchara para comer un guiso”, dijo Cardozo. El fuego se generó a muchos kilómetros de donde teníamos las ranchadas, pero con la magnitud del viento que hubo ayer, el fuego avanzó en cuestión de horas y las llamas se expandieron hacia el sur del Delta.

    “No pudimos entrar ni salvar nada. No se veía donde caminabas”, dijo Cardozo. Aunque la peor escena ocurrió durante la madrugada, cuando desde las embarcaciones se dieron cuenta que faltaban dos compañeros. Estaban entre llamas en la Isla de los Pájaros. “Fuimos a auxiliarlos y pudieron salir bien”, dijo el pescador. “Por suerte todos están bien”

    ¿Las respuestas frente a esta tragedia? Ninguna hasta ahora. Cardozo afirma que han conversado con el intendente. “Dijo que se iba a comunicar con el gobernador”, y agrega, “se pasan la pelota entre ellos”.

    Los pescadores artesanales de Ramallo hacen un llamado a cualquier tipo de ayuda que puedan recibir. No tienen ni para el combustible para ir a pescar del otro lado del río. Sin embargo, no quieren intermediarios. “Ya sabemos cómo es. Hacen una colecta desde el municipio y después nos llegan a nosotros dos chapas”.

    Ranchadas de los pescadores hechas cenizas

    Causalidades no casualidades

    Según un registro de la Secretaría de Agricultura Familias Campesino Indígena (SAFCI), son 12 mil pescadores artesanales viviendo en las cuencas del Río Paraná. Más de la mitad del total que hay en el país. Las condiciones de trabajo de los pescadores de río son muy precarias, y todos comparten una situación que agravia enormemente la actividad que se desarrolla de generación tras generación: la bajante extraordinaria del Río Paraná.

    Cardozo explicó que la bajante del Rio fue una oportunidad para llevar a cabo más incendios, y asegura que, “hay muchas vacas en las islas” a comparación de otros momentos.

    Es sabido que los incendios en la zona del Delta Paraná son intencionales. Las imágenes de personas mitigando fuego, que detectaron las torres de monitoreo y que el Ministro de Ambiente Cabandié expuso en el juzgado de Victoria lo demuestran. ¿El objetivo? Expandir la ganadería, actividad por excelencia en las islas del Delta Paraná.

    En el 2020 se difundió un listado de productores que certifica la explotación ganadera del humedal del Delta- Paraná. Allí se blanquearon los 229 productores ganaderos autorizados a llevar ganado a la zona de islas frente a Rosario, donde aparecieron nombres como el de Baggio, o familias de políticos poderosos como Mateo Risso, hijo del ex intendente de Victoria, los Esnal, hijos de un ex fiscal, Casanova, José Barra, Reggiardo, Brassesco, Mittelman y Mariani, dueño de una guardería náutica en Rosario, quien fue denunciado por haber usurpado terreno.

    Hay más nombres dando vueltas, y las razones de esta tragedias ya salieron a la luz. Sin embargo, las soluciones aún no aparecen. La Ley de Humedales fue cajoneada por novena vez en el año, a pesar de sus amplias expectativas. El lobby ejercido para detener esta normativa nacional que proteja a estos territorios y sus habitantes, por ahora lo puede con todo.

    Pescadores de la cooperativa “los pescadores sean unidos” en la presentación del proyecto de Ley de Pesca Artesanal, en el Congreso

  • Apicultura argentina endulza al mundo

    Apicultura argentina endulza al mundo

    El crecimiento del monocultivo, la pérdida de biodiversidad y el uso de agroquímicos son parte del mismo problema que afronta la apicultura. La inexistencia de una industria que capitalice la alta producción apícola argentina, y el ejemplo de una cooperativa que gracias a su desarrollo técnico apícola, está entre las más importante del país. A un año del #Abejazo: problemáticas y desafíos de una de las actividades en las que Argentina es potencia mundial.

    El 28 de septiembre del 2021 se realizó el primer #AbejazoNacional con el fin de visibilizar la situación que atraviesa la apicultura, como consecuencia del desarrollo del modelo agroindustrial basado en la “sojización”- monocultivo por excelencia argentino- y el uso excesivo de agroquímicos.

    El traslado de apicultores de localidades del sur bonaerense a provincias como Río Negro en época de primavera es muy habitual, por ser un blanco polinizador para las abejas. Es por eso que apicultores de localidades como Necochea, Quequen, Orense, Tres Arroyos, San Cayetano, Saladillo, Huanguelen, Pigüe, Coronel Suarez, Tornquist, Sierra de la Ventana, Saldungaray, 17 de agosto, Darregueira, Teniente Origone y Bahía Blanca, reunieron gran convocatoria y también reclamaron por el cobro de un canon establecido por Río Negro al ingresar colmenas a la provincia.

    Desde el sector entienden que debe existir una ley apícola nacional que impulse y respalde la actividad, aunque en 2007 se instrumentó un plan nacional a diez años y hay varias normas provinciales en  Buenos Aires, Córdoba, Río Negro, Santa Fe, y Entre Ríos. Por otro, la casi total primarización de la actividad, deja sin industria, valor agregado, y como consecuencia, en las últimas filas de la producción rural argentina.

    FOTO/ Desde la Raiz, en la Cooperativa Apícola Pampero, ubicada en Calderón, partido de Coronel Rosales

    De granero a panal del mundo

    En Argentina, unos 30 mil productores apícolas trabajan con alrededor de 3 millones de colmenas repartidas en todo el territorio nacional. Principalmente en la región de la Pampa Húmeda: la mitad de las colmenas en provincia de Buenos Aires, y el resto en Córdoba, Santa Fe, La Pampa y Entre Ríos.

    Argentina es potencia mundial en producción apícola. Se llevó el cuarto lugar según el Observatorio de Complejidad Económica (OEC), seguida de China Turquía, e Irán. Sin embargo, el 98% de la exportación nacional es a granel, quiere decir, sin especificar su origen.

    La exportación nacional de miel es de 75.000 toneladas anuales. En el 2020, las mismas dejaron $175 millones de dólares. Lucas Martínez, presidente de la Sociedad Argentina de Apicultores, dijo quesi se lograra entre 20.000 y 30.000 toneladas exportables de miel fraccionada, “el país se pararía de otra forma en el mapa mundial”

    “Elaboramos una de las mejores mieles del mundo, pero la estamos vendiendo en barriles de 200 kilos, lo que implica que perdemos la oportunidad de generar riquezas con este recurso endógeno”, dijo Fernando Byrs, apicultor de Misiones. Los productores coinciden en que la calidad de la miel argentina que se vende a granel es de “primerísimo nivel, apta para mercados muy exigentes”, pero termina convertida en blend mezclada con la china.

    Las empresas exportadoras de miel en argentina son seis: Coopsol, Villamora, Geo Miel, Apicola Danangie, Patagonik Food, y Argenmieles. La última gestiona unas 3000 toneladas anuales, y es la que lidera el comercio internacional de miel fraccionada, destinándole un 7% del total de su producción. El resto, a granel directo a Estados Unidos, Japón o Alemania.

    Además de empresas de capitales nacionales, existen ejemplos de cooperativas apícolas asociadas bajo “consorcios” que exportan al extranjero. Dicha política se fortaleció entre los años 2010 y 2015, donde se llegaron a conformar nueve consorcios: tres en la provincia de Buenos Aires, dos en Entre Ríos, y uno en Santa Fe, Chaco, Corrientes y Cuyo, integrados por 104 cooperativas y organizaciones de productores que agrupan a más de 2.100 pequeños apicultores y alcanzan las 400.000 colmenas.

    Pero además de miel, la producción apícola genera otros productos que pueden ser comercializados en industrias alimenticias, farmacéuticas, químicas o cosméticas. Derivados como polen, jalea real, cera, propóleo, núcleos, reinas, polinización, apitoxina y subproductos tales como cerveza con miel, cosmética apícola, caramelos de miel y propóleo, velas a partir de la cera natural de las abejas y la hidromiel o aguamiel.

    Dichos productos son elaborados en refinerías, y las más importantes se encuentran en países como EE.UU, Reino Unido, Alemania, India o China: los tres primeros son los principales compradores de la miel a granel argentina.

    FOTO/ Desde la Raiz, en la Cooperativa Apícola Pampero, ubicada en Calderón, partido de Coronel Rosales

    Cooperativa Apícola Pampero

    Las abejas, además de producir la miel, hacen su trabajo como polinizadoras, y 7 de cada 10 alimentos necesitan ser polinizados. “Hay veces que se le paga al apicultor por llevar sus colmenas a cultivos”, dice Isolina Pérez, integrante de la Cooperativa Apícola Pampero ubicada en el sur bonaerense. El servicio de polinización es remunerado en otros países, “e incluso en algunas zonas del país como el Alto Valle en Río Negro”, comenta la ingeniera a DLR. Sin embargo, es un servicio que no se le reconoce al apicultor y su efectiva implementación cuesta mucho. “En la cooperativa se hizo un protocolo para definir un precio al servicio de polinización, aunque aún está sin aplicación”, agrega.

    La expansión agropecuaria cada vez más abrupta donde se utilizan agroquímicos, herbicidas y fungicidas, pone en jaque a la apicultura. No solo la aplicación de químicos a los cultivos, se transferirá luego por el polen a los alimentos, sino que la presencia de flores es cada vez menor, “lo que hace que la abeja en ciertos momentos del año esté desnutrida por el poco polen que hay para alimentarse”, explica a DLR Giuliano Cernada, otro integrante de la cooperativa.

    Frente a la necesidad de fortalecer la actividad que tanto se ha ido debilitando durante los últimos años por el avance del monocultivo, La Cooperativa Apícola Pampero ubicada en la localidad de Calderón, creó el Jatié CAP,  un complemento del pólen para las colmenas, “algo así como un alimento balanceado para abejas”, dice Cernada. El producto que se produce en otra sede aledaña ubicada en Ribera, partido de Adolfo Alsina “le garantiza una mejor calidad en la miel, y el fortalecimiento de los insectos”, afirma.

    FOTO/ Desde la Raiz, en la Cooperativa Apícola Pampero, ubicada en Calderón, partido de Coronel Rosales

    Además del Jatié CAP, la Cooperativa Apícola Pampero, elaboró otros productos únicos en el mundo: el Aluen CAP y el Cocco CAP. El primero se trata de un Tratamiento Sanitario para abejas, y es el producto “estrella” de la cooperativa, que logró posicionarla como una de las más prestigiosas del mundo. Aluen CAP es el resultado del gran desarrollo técnico de la cooperativa, y es exportable a 10 países, con 20 en lista de espera. Se trata del primer producto orgánico para combatir la varroa, una plaga muy común en las colmenas que las afecta hasta tal punto de destruirlas. Generalmente, los remedios para combatir esta enfermedad se curan con químicos que perjudican la salud de las abejas, del productor y de los consumidores.

    “Este producto garantiza la calidad de la miel. Se puede vender al mercado como miel orgánica, algo que eleva su precio”, dice Pérez. El producto cuesta alrededor de 2.300 pesos y tiene un alcance para 20 colmenas.

    “La cooperativa apícola más grande del país”, así la caracteriza su presidente Elian Tourn, es producto de la Cámara Apícola Pampero que nació en 2012 y está conformada por 180 productores que cuentan con unas 120 mil colmenas repartidas en diferentes puntos del sudoeste bonaerense.

    Desde su lugar de desarrollo técnico y científico, han posicionado a la apicultura argentina como una de las más importantes del mundo. Promoviendo el trabajo local, y a una actividad estratégica para el desarrollo periurbano del país.

    FOTO/ Desde la Raiz, en la Cooperativa Apícola Pampero, ubicada en Calderón, partido de Coronel Rosales
  • La revancha federal: las provincias con litio y Nación en offside

    La revancha federal: las provincias con litio y Nación en offside

     

    El presidente Alberto Fernández dijo en una conferencia en la Universidad de New School, que “hay que declarar al litio como recurso estratégico”. Sin embargo, a pesar de deslizar la idea de hacer cambios en el régimen de explotación del mineral, mencionó que es una definición naturalmente de las provincias. «Somos un país federal y debemos respetar que el recurso es de las provincias», aclaró. Por su parte, las provincias del Norte Grande argentino comienzan la gira por EEUU en búsqueda de nuevas inversiones.

    Estados Unidos siempre estuvo cerca

    El lunes 26, el ministro del Interior, Wado de Pedro, junto a diez gobernadores de la Región del Norte Grande comenzarán la gira por Estados Unidos que definirá entre otras cosas, el futuro del litio.

    En las reuniones previas a la gira, donde también participó Sergio Massa, se han conformado mesas específicas que tienen que ver con el litio y el algodón, dos de los principales recursos en los que Estados Unidos pone el ojo.

    En ese sentido, el litio argentino es algo fundamental para EE.UU. en su carrera contra China. Además, nuestro país resulta un blanco fácil por ser el que menos regulaciones tiene sobre el recurso en toda la región, hasta ahora.

    Sin embargo, pese a la “buena” relación del Gobierno Nacional con China, hay dos razones por las que Estados Unidos está lejos de quedarse atrás: la vuelta de 180 grados que generó Sergio Massa en la política argentina, y los vínculos políticos autónomos que forjan las provincias, independientemente de posturas nacionales.

    Ahí nos encontramos con un esquema difuso y poco claro. Aunque se distinguen figuras como la del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, vinculada directamente con Estados Unidos para las inversiones de litio. O incluso el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz y su estrecho vínculo con Sergio Massa que se consolida en el 2015 como acompañante de su fórmula presidencial, y se termina de perfilar con la designación de Flavia Royón, funcionaria del gobernador salteño como Secretaria de Energía de la Nación. Una jugada del Superministro.

    La foto del litio y el Norte Grande Argentino

    Los cambios son repentinos. Las provincias se mueven para no quedarse atrás y las trasnacionales, en lista de espera para empezar a explotar el norte argentino. Las tensiones son muchas, y si hay algo en común es que cada uno defiende lo que le conviene.

    La Mesa del Litio actualmente está conformada por Salta, Catamarca y Jujuy. Las tres provincias que ya tienen proyectos en estado avanzado de extracción de litio. Algunas desde hace más de 20 años. Sin embargo, la Mesa parece ampliarse.

    En Jujuy se van 17 mil toneladas anuales de carbonato de litio extraídas del Salar de Olaroz desde el 2005 de la mano de la empresa estatal Jujuy Energía y Minería (JEMSE) junto con capitales japoneses y australianos, que le dejan apenas el 8,5% de participación a la provincia. Ahora, el gobierno de Jujuy coquetea con Estados Unidos, y una de las figuras que juega un rol importante en este esquema es Marc R.Stanley, embajador de Estados Unidos en Argentina, quien también ha participado de las reuniones previas a la gira de los gobernadores norteños.

    Por su parte, en Catamarca hay presencia de mineras chinas e inglesas; Shan en Fiambalá opera desde el 2016, y la inglesa Livent  que extrae 21 mil toneladas anuales de carbonato de litio está denunciada por sobrefacturación. El gobernador Jalil no se destaca por un vínculo estrecho con el extranjero, sin embargo se ubica en las filas del oficialismo nacional. Razón por la cual accedió a firmar un reciente anuncio de “cooperación de industrialización del litio”, con la minera china JinYuan.

    Otras provincias como San Juan están en la mira de empresas trasnacionales, con una lista de pedidos de exploración. La canadiense  Origen Resource se anticipó el año pasado y  adquirió los derechos de exploración de 21.000 hectáreas en el salar Los Sapitos, a pesar de que su reclamo era por 47.000. Allí han detectado salares, depósitos aluviales de arena y arcilla, lagos salados y acuíferos con litio en su profundidad. Ubicado en las inmediaciones del salar con un pie en el norte de Iglesia y otro en La Rioja. A pesar de las primeras resistencias del gobernador Clemente Quintela, más tarde Origen consiguió lo que quería: los permisos para explorar en suelo riojano.

    En las últimas semanas también se definió la incorporación de Santiago del Estero a la Mesa del Litio, quien será anfitrión de la segunda fábrica de litio del país, tras el acuerdo con Y-TEC, confirmado por el propio gobernador, Gerardo Zamora el pasado 19 de agosto.

    Pero en este escenario, falta una provincia más. Formosa ha sido novedad en las últimas horas, ya que se notificó el hallazgo de litio en la zona del Potrillo, en el yacimiento El Palmar, el histórico pozo petrolero de la provincia, y el corazón de la tierra Wichí.  El proceso de extracción será a través de la empresa estatal Recursos y Energía Formosa (Refsa). La empresa nacional YPF también participará en el proceso de extracción. Así, la provincia se convierte en la primera en abrirle las puertas al Estado nacional.

    De este modo, Formosa será el primer experimento de la Argentina en la extracción de litio. El presidente de Y-Tec, Roberto Salvarezza, explicó que el Memorándum de Entendimiento que firmó Refsa y la empresa de desarrollo tecnológico Y-Tec a fines de agosto, plantea como primer eje de colaboración el desarrollo de procedimientos de extracción directa -diferente a la técnica que se realiza en los salares de Catamarca, Salta y Jujuy para la obtención del litio- para lo cual la provincia prevé la construcción de una planta.

    Sin embargo, no se descarta ninguna de las alianzas de estas provincias con Estados Unidos. Menos aún sabiendo la postura unificada de los mandatarios de «plasmar una oferta exportable», así lo dijo el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora. Con el objetivo de «llevar adelante nuestra propuesta turística, y las posibilidades de inversión”, añadió. “Somos una región importante con un potencial importante, bastante heterogéneo pero con intereses comunes», cerró.

    Si hay algo que quedó claro, es que la autonomía de las provincias que permite gestionar los recursos naturales de sus tierras, lleva a la construcción de un esquema político autónomo, paralelo al que mantiene el Estado Nacional.

    Esas tensiones son las que aparecen a la hora de abrir la discusión sobre declarar al litio recurso estratégico, algo que de seguro, y a pesar de la distinción de colores políticos, todas las provincias del Norte Grande argentino tienen algo para objetar.

     

    Nota publicada originalmente en ARG Medios

     

    Puede leerse más sobre el tema acá:

    Litio argentino: el oro que se nos va de las manos

  • Litio: la frase de CFK que despertó el debate en el gobierno

    Litio: la frase de CFK que despertó el debate en el gobierno

    La demanda explosiva del litio en el mundo, es -por ahora- una mala noticia para la Argentina. Pero el Estado nacional puede avanzar con una ley clave para el país

    El litio se está convirtiendo en el corazón de la transición energética global, debido al agotamiento de los combustibles fósiles y a las peligrosas consecuencias ambientales que acarrea su extracción y uso. La tecnología del litio se ha consolidado en los últimos meses, y las baterías utilizadas en la automovilidad no son el futuro, sino el presente.

    De hecho, es una de las preocupaciones que acarrean las actuales potencias mundiales China y EEUU, y su tenencia, una disputa por el futuro liderazgo mundial. Esto posicionaría a Argentina en un lugar de alianza geopolítica, al mismo tiempo que podría condenarla a mayor dependencia. La suerte ya jugó su carta y ahora le toca el turno a la política. En el discurso de ayer, Cristina Fernández tiró otra de las tantas señales a sus funcionarios: «Vienen por esto (por el litio). Esto hay que mirar», dijo.

    «Cuando todos nos ponemos contentos porque tenemos alimentos energía y litio, no nos pongamos contentos solamente. Pongámonos atentos además», dijo la vicepresidenta en el Senado. “Porque se lo van a querer llevar sin darnos nada», aseguró.

    Cristina no anticipó demasiado, pero generó alarma. La salvaje extracción de litio ya empezó, y sucede en una de las más grandes reserva del mundo ubicada en el sistema de salares andinos de la región sudamericana denominada “triángulo del Litio”, de la cual forman parte las provincias de Jujuy, Salta, Catamarca, y La Rioja.

    Si miramos la foto regional, Bolivia con 21 millones de toneladas de litio, cuenta con una empresa estatal y un marco regulatorio específico. Chile, con 9 millones de toneladas, deja un 40% de la ganancia al Estado y anunció recientemente una inversión de 25 millones a la investigación científica. En tanto, México acaba de crear hace una semana una empresa pública. Mientras tanto, Argentina con 19 millones de toneladas, sólo se queda con el 3% de las ganancias, de las cuales las mismas pertenecen a las arcas provinciales.

    A pesar que el precio del litio aumentó más del 400% en los últimos meses, autores aseguran que la Ley de Inversiones Mineras de 1993 llevó a la Argentina a ser el país de la región con menor control y apropiación pública de la renta minera asociada al litio.

    El no hacer nada genera el problema más grande de todos. “Hay 2 proyectos en actual concesión y 10 que están a punto de empezar”, dice para ARG MEDIOS, Bruno Fornillo, investigador del CONICET, y Doctor en geopolítica. Sin embargo Argentina aún no tiene un marco regulatorio para el litio, ni un plan estratégico para su administración nacional. “Hay una cobertura mediática que intenta mostrar que Argentina está haciendo algo por el litio, y eso no es cierto”, afirmó el investigador para ARG.

    Sales de Jujuy/ Olaroz

    Los Piratas del primer mundo

    Actualmente, los negocios con las empresas transnacionales interesadas en la extracción de litio en Argentina se dan en las provincias del NOA. Gracias a la reforma de la Constitución del 94, las provincias tienen el dominio y la administración de sus recursos naturales. En el caso de Jujuy , la empresa Sales de Jujuy S.A. extrae salmueras del salar de Olaroz y exporta 12.000 toneladas anuales de carbonato de litio que luego refina y transforma en el exterior, dejando a cambio regalías provinciales por debajo del 2% de las ventas declaradas. El Estado Nacional directamente no participa.

    En Catamarca por ejemplo, la empresa Livent (ex FMC), que explota el Salar del Hombre Muerto desde 1997, protagonizó un nuevo escándalo por la subfacturación equivalente al 121%. La misma fue denunciada reiteradas veces por La Asamblea Pucará, por ser la responsable de la sequía del río Trapiche en los 24 años que lleva instalada en el territorio, generando saqueo de elementos esenciales y destrucción de los ecosistemas. «Esta empresa, acusada de estafas millonarias, ha construido un acueducto para extraer agua del río Los Patos, y de esta manera poder continuar con la extracción de litio”, declaró la Asamblea en un comunicado reciente.

    Pero, ¿Por qué se habilita el libre albedrío?  La producción y comercialización de litio se encuentra regulada bajo el Código Minero (Ley 24.498), modificada en 1995 “que garantiza la propiedad y el dominio a las empresas privadas”, aclaró Fornillo. “Incluso manejan la tenencia como si fuese un inmueble que cotiza en bolsa”, aseguró.

    La estrategia de los grupos empresariales es exportar de una filial a otra (dentro del mismo grupo), y se venden lo más barato posible, con menor grado de procesamiento y, por ende, tributando menos en nuestro país. Luego, completan este procesamiento en otra filial, por ejemplo en Japón o Estados Unidos.

    ¿Por dónde se empieza?

    El Foro Interuniversitario de Especialistas en Litio de la Argentina se constituyó en 2019 y está integrado por 30 líneas de investigación especializadas en el tema. Este considera que para generar una mayor soberanía y recursos al país, “el primer paso es declarar al litio como recurso estratégico”. De esta manera, el Estado Nacional pasaría a tener participación en su regulación, y ya no quedaría únicamente en manos de las provincias.

    Hay varios proyectos de ley, pero aún ninguno está resuelto. Para Fornillo, “no hay voluntad política”, porque entre otras cosas, “este gobierno no quiere enfrentarse a las provincias”, y por ahora, el debate “se esconde bajo el discurso de un falso federalismo”.

    Con todos los proyectos que hay en mira, Argentina pasaría a ser una de las principales exportadoras de litio en el mundo. “Sin embargo, aún no hay control y las empresas están llegando”, puntualiza el especialista, quien agrega que Argentina “tiene que empezar a tener participación en los proyectos que están por venir”.

    La propuesta de los Especialistas argentinos en Litio sigue el ejemplo de varios países latinoamericanos como Bolivia y Chile, con la creación de una Mesa de Litio cogobernada por varios actores.

    “La idea que proponemos es que haya una retribución económica del 26% al Estado, 25% a la provincia y 49% a los privados. Esto se podría llevar adelante con la creación de una empresa pública reguladora como podría ser YPF”, asegura el investigador. Un modelo similar al que adoptó Chile, con la presencia de un Convenio que establece que el 3,5% de lo recaudado en las ventas de carbonato de litio se destina a las comunidades indígenas que se encuentran en los territorios.

    Bajo la legislación vigente, en Argentina las empresas no tienen ninguna obligación de agregar valor a su producción a nivel local. Livent Corp. exporta casi la totalidad de carbonato y cloruro de litio extraído en Catamarca a otras filiales de la propia Livent Corp. en EE.UU., China, India y Gran Bretaña, en donde procesa estas sales elaborando otros productos derivados de mayor valor agregado.

    “Es súper importante la cadena de valor del litio”, dice Fornillo, y asegura que se generarían muchos puestos de trabajo. Sobre todo en un país que cuenta con industrias como YTEC, Fabricaciones Militares, IEASA, Astilleros Río Santiago. “Eso generaría más industria y mayor defensa de recurso”, concluyó.

     

    Nota publicada originalmente en ARG Medios

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    Mientras en Argentina celebran una planta que fabricará mil baterías de litio anuales, Bolivia ya tiene su empresa nacional de Litio y un marco normativo específico. Un recurso entregado al extranjero desde hace más de dos décadas, por un espiral entre ineficiencia y falta de voluntad política

     

    Según el último informe del Servicio Geológico de EE.UU, el 67% de las reservas mundiales de litio se encuentran principalmente en los salares andinos de Bolivia, Argentina y Chile. En la actualidad el litio es un recurso natural estratégico por su principal característica: contener la energía generada mediante recursos renovables. Si bien el litio ya es usado para la elaboración de computadoras portátiles y teléfonos celulares, ahora los mercados globales están apostando a una nueva industria:  las baterías de litio.

    Las baterías denominadas ion-litio serán el motor que impulsará la movilidad de los próximos años mediante los autos eléctricos. El primero en construirse fue en Bolivia, y Argentina ya tiene el suyo: “Tito”, el primer auto eléctrico nacional fabricado en San Luis por la empresa Conadir. Sin embargo, las diferencias entre estos dos países son abismales. Mientras que el Estado plurinacional de Bolivia es quien gestiona los recursos litíferos desde el 2008, Argentina se encuentra estancada en la proyección de un horizonte industrial.

    El 16 de agosto, el presidente Alberto Fernández visitó YTEC, la empresa de investigación y desarrollo de YPF, ubicada en Berisso, donde se fabricarán mil baterías de litio al año y genera 50 puestos laborales. Es el primer “laboratorio” de una planta industrial de litio en el país. Sin embargo, el recurso viene siendo extraído desde los 90 ́, y se vende como materia prima al exterior. Actualmente hay alrededor de 18 proyectos a la espera o en estado de ejecución para extraer litio en los salares del norte.

    En el salar de Olaroz, provincia de Jujuy, se extraen 17 mil toneladas anuales de carbonato de litio desde el año 2015. Las empresas que operan son la australiana Orocobre Limited y la japonesa Toyota Tsusho. Entre las dos aportan el 91,5% de las acciones, y ambas ejercen “toma de decisiones compartidas sobre el mercado, asignación de productos y términos de venta”. También participa la empresa estatal jujeña JEMSE, con tan solo un aporte del 8,5% del capital.

    Catamarca, es territorio histórico donde se asentaron mineras y hubo una gran resistencia popular como el caso de Andalgalá contra La Alumbrera. En la localidad de Fiambalá, la empresa china “Shen” opera desde el 2016  en el proyecto denominado «Tres Quebradas». En el Salar del Hombre Muerto, trabajan empresas como la estadounidense Livent. A través del proyecto Fénix que extrae 21 mil toneladas anuales de carbonato de litio y desde la misma, se autoexporta a EE.UU y a algunas fábricas en China. También está el gigante surcoreano Posco, que hace poco anunció una inversión de US $4.000 millones en el megaproyecto del litio. Ambas multinacionales poseen 10.000 hectáreas cada una en este salar.

    Además, en Hombre Muerto hay otros proyectos en distintas etapas de exploración como Sales de la Vida (de la empresa australiana Galaxy Resource), Hombre Muerto 2 (de la canadiense NRG Metasl), Proyecto Gallego (de la australiana Everlight Resources) y otras superficies exploradas por la canadiense Lithium South Development y la australiana Galan Lithium, entre otras compañías.

    Foto de  Javier Corbalán para La Nación

    El caso de Bolivia

    Bolivia posee las mayores reservas de litio en el mundo. En 2008, Evo Morales comenzó el proyecto de industrialización del Salar Uyuni, tras una fuerte demanda de movimientos sindicales campesinos quienes fueron los autores del proyecto.

    Ese año, se sanciona el Decreto 29.496 que eliminaba el régimen concesional y otorgaba estatus Nacional a la explotación de los Recursos Evaporíticos del Salar Uyuni. Pero formalmente en 2017 con la creación de la Empresa Pública Nacional Estratégica Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), mediante la Ley Nº 928, el Estado de Bolivia pasó a tener regulación absoluta sobre el recurso.

    Con dicha ley hay un punto clave que resulta un logro en materia de soberanía, y que es necesario retomarlo en el panorama nacional: el traspaso de tutela de la entidad regulatoria del litio, del Ministerio de Minería y Metalurgia, al Ministerio Energías de Bolivia. Un reconocimiento específico al recurso, con una regulación y un marco normativo propio.

    Según el Consejo latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), “Bolivia logró consolidarse como un actor fundamental en el mercado mundial del litio y estaba preparado para dar el gran salto y  establecerse como líder del cambio de matriz energética y patrón tecnológico en la región latinoamericana y caribeña. Sin embargo el golpe de Estado ha detenido el proceso.”

    Cinco días después de que Jeanine Añez se autoproclama presidente de Bolivia, a pesar de no contar con las condiciones constitucionales para hacerlo, las acciones de la empresa Estadounidense TESLA, cuyos productos se fabrican a base de litio, aumentaron exponencialmente.

    Intentos sin ningún acierto

    Desde el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica se compartieron datos de un informe de la Agencia Internacional de Energía que indica que la demanda del litio aumentará 42 veces para 2040. Argentina aún no tiene una política diseñada para el desarrollo de dicho recurso.

    Segun Carlos Freytes, titular del Cenit-Usam CONICET, el principal problema se relaciona con que “Argentina carece de un marco normativo específico para el litio y por lo tanto carece también de una definición estratégica de qué es lo que se planea hacer con el recurso, y en eso contrasta dramáticamente con los otros dos países del triángulo”.

    La falta de reconocimiento normativo del recurso, lo deja bajo la regulación del Código Minero, el cual ha sido reformado en 1997, estableciendo que las regalías son del 3% para las provincias que permiten la explotación de sus salares, como el caso de Jujuy.

    En el 2021, desde el escritorio del ministerio de Desarrollo Productivo, ahora secretaría, se venía pensando un proyecto de ley para considerar al litio “recurso estratégico”, y pasar a regularse a través de una “Mesa de Litio”, donde participaría el Ejecutivo nacional, junto a las provincias que hoy en día regulan y administran los recursos naturales dentro de su territorio, tal como dicta el artículo 124 de la Constitución Nacional.

    Dicho proyecto fue presentado por el Frente de Todos, pero permanece dormido en los cajones del Congreso aún sin dictamen parlamentario.

     

    Nota originalmente publicada en ARG Medios

  • El lado oscuro de los incendios en el Delta

    El lado oscuro de los incendios en el Delta

    Los incendios en los humedales del Paraná continúan y en ciudades como Rosario, se hace difícil respirar. La trama oculta de un negocio para pocos y con total impunidad. ¿Qué interés se esconde detrás de la quema de humedales? ¿Qué relación existe entre el campo, el narcotráfico y los poderes políticos?

     

    El Delta, que comprende los territorios de Santa Fé, Entre Ríos y Buenos Aires, está otra vez en llamas. Según un informe del Museo de Ciencias Naturales Antonio Scasso de San Nicolás, en los primeros siete meses de este año se consumieron unas 90.000 hectáreas solo en el área Piecas-Delta del Paraná, que va desde la ciudad de Santa Fe, al norte, hasta Zárate, al sur. Durante este fin de semana y el lunes, ya van 2.400 hectáreas quemadas.

    Si se suman los datos de 2021 y de 2020, cuando comenzó la sequía y la bajante del río Paraná, en dos años y medio ya se destruyeron al menos 853.000 hectáreas sobre un área total del delta de unos 2,3 millones de hectáreas: 42 veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires.

    Aunque el hecho mostró gran repudio, pareciera ser una postal que se reitera todos los años y hasta casi todos los meses. No hay responsables, medidas de control concretas, y hasta una incoherencia entre los organismos que deberían tomar decisiones sancionatorias y proteccionistas. El tema humedales, es una papa caliente que nadie quiere agarrar.

    ¿Qué interés se esconde detrás de la quema de humedales? ¿Qué relación existe entre el campo, el narcotráfico y los poderes políticos?

    Foto: Pedro Ramos

    No se cura si no se previene

    Aunque todavía no hay responsables identificados, las imágenes que presentó el Ministro de Ambiente Juan Cabandié derivadas de los Faros de Conservación, ante el Juzgado de Victoria, indican que fueron personas que ocasionaron los incendios de forma voluntaria. “Hay que conocer para poder llegar a esos lugares. No es de fácil acceso”, dijo Sebastían Martinez Ledesma, integrante de la Multisectorial por los Humedales. Y remarcó que siempre se repiten los mismos “patrones de conducta”: lugares y fechas.

    La bajante del río dejó al descubierto los largos pastizales de las islas. “Quedó todo muy seco, sobre todo en las islas de victoria, Gualegay, el Diamante”, dijo Ledesma. Organizaciones y funcionarios afirman que las quemas ilegales en territorio de humedales son intencionales, y están relacionadas con la especulación del negocio inmobiliario, y la extensión de la producción ganadera. Hay nombres, pero aún ninguna respuesta.

    Como método preventivo a los incendios el Ministerio de Ambiente instaló Faros de conservación, torres altas que detectan tempranamente los focos de calor y los geolocaliza. Las imágenes capturadas son elevadas junto con un informe al Plan de Manejo de Fuego, organismo encargado de coordinar tareas necesarias para sofocar el foco.

    De todas formas, la herramienta parece escasa a la hora de determinar la identidad de los culpables, y sobre todo, las características de los territorios afectados. Hay un problema de base: “Se estima que casi un 60% de las tierras que conforman el humedal están en estado pre catastral, es decir que no están registradas en ningún sistema formal, lo cual, dificulta el acceso, monitoreo y control de los terrenos no denominados, ante la falta de titularidad privada o pública”, dijo Mónica Peralta, Diputada provincial de Santa Fe.

    “En casos como Isla Victoria, la ciudad frente a Rosario en provincia entrerriana, el mayor territorio de islas de humedal del delta, alrededor del 13% es de terreno público. “No se sabe que parte es pública y qué parte privada”, agregó Ledesma.

    La ineficacia de dichas herramientas, son atribuidas a las voluntades de los Gobiernos provinciales, quienes tienen autonomía frente a la defensa de sus recursos naturales. Tanto la Ley del Fuego como las PIECAS-  Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná – son instrumentos que les permiten a los gobernadores accionar. 

     

    El triángulo del negocio: Ganaderos, narcotráfico y políticos

    Los gobiernos provinciales denuncian ante el Estado, y el Estado acude a la Justicia. “La Justicia no hace nada”, para identificar y condenar a los responsables, admite hasta el propio Cabandié. Sin embargo, hay algo más profundo del conflicto, que nadie quiere tocar, y que involucra a las familias más poderosas de las provincias.

    El Ministro de Ambiente, amplió la denuncia del 15 de julio pasado, ante el Juzgado de Victoria, Entre Ríos. En su denuncia, el funcionario nombró a la familia Baggio (la reconocida dueña de la empresa de los jugos), la familia Passaglia del intendente de San Nicolás, los Maiocco de la intendencia de Victoria, Entre Ríos y el ex ministro de Economía, Roque Fernandez.

    Si hacemos un breve repaso, todos estos nombres fueron acusados de lavado de dinero, como la Familia Passaglia, a quienes la Cámara Federal de Rosario le embargó bienes por una causa de lavado de dinero. Además, su padre fue puesto por la exgobernadora María Eugenia Vidal al frente del Instituto de Vivienda y a partir de allí se  lo ha vinculado en muchos hechos relacionados al acceso a la tierra.

    Otros aparecieron en un listado de productores que certifica la explotación ganadera del humedal del Delta- Paraná que se difundió en 2020. Allí se blanquearon los 229 productores ganaderos autorizados a llevar ganado a la zona de islas frente a Rosario, donde en los últimos meses se habían producido una quema indiscriminada de pastizales.

    En la lista aparecen apellidos ligados a la política, a la Justicia y a una tradición de producción agrícola y ganadera, sobre todo de la ciudad de Victoria. Entre ellos Mateo Risso, hijo del ex intendente de Victoria, los Esnal, hijos de un ex fiscal, Casanova, José Barra, Reggiardo, Brassesco, Mittelman y Mariani, dueño de una guardería náutica en Rosario, quien fue denunciado por haber usurpado terreno. Además estaban dos nombres que aparecían en la denuncia de Cabandié; Baggio y Maiocco.

    ¿Porqué los grandes ganaderos producirían los incendios?

    Pedro Rivolta, Ingeniero Agrónomo y Asesor Ganadero afirmó que las quemas sirven para “limpiar todo el terreno, y volver a arrancar desde cero”. “Que la tierra quemada no sirve para ganadería, es mentira”, afirmó. “Tiene que ver con un método que se utiliza para resetear sin tener que recurrir al herbicida que es carísimo y está dolarizado”.

    Sin embargo, el productor Enrique Gosset, referente de la Asociación Civil Islera defendió a los ganaderos al decir que “las vacas no comen cenizas”, y que son los primeros perjudicados por el fuego. Entre las escasas respuestas que dio la Sociedad Rural, una fue: “previmos en marzo que esto iba a pasar”, dijo el presidente de la Sociedad Rural de Victoria, Eduardo Grimaux.

    Por otro lado,  “hay un vínculo entre el campo y el narcotráfico”, dijo Ledesma. “El lavado de dinero es en islas o campos”, y agregó, “se sabe que la provincia funciona así”. Ledesma no es el único en sostenerlo. La Unidad de Información Financiera (UIF) tambien trabaja con la misma hipótesis, y resaltan un nombre: Baggio.

    Al respecto, hace poco se detuvo a Leonardo Airaldi, presidente de la Sociedad Rural de Diamante, mano derecha y asesor de Luis Etchevehere (ex ministro de agricultura de Macri) por ser responsable de la ruta de la droga en Rosario y Entre Ríos. Airaldi está vinculado con el narcotraficante Daniel «Tavi» Celis, detenido en 2019 y condenado a 13 años de prisión, quien a su vez estaba relacionado con el intendente radical de Paraná, Sergio Varisco.

    “En Rosario salís a la calle y no sabés si volvés a tu casa. Acá se mueren pibes todos los días a causa del narcotráfico, y también nos estamos muriendo todos cuando respiramos este humo”, dijo el integrante de la Multisectorial por los Humedales.

    Foto: Pablo Soria

     

    Artículo publicado originalmente en ARG Medios

  • Horticultores del periurbano platense marcharon a la municipalidad de La Plata

    Horticultores del periurbano platense marcharon a la municipalidad de La Plata

    Hoy, productores agrícolas marcharon hacia la municipalidad de La Plata, para reclamarle al intendente Julio Garro por las nuevas medidas sancionadas que afectarán el trabajo y la vida de los más de 15 mil productores hortícolas ubicados en el periurbano platense.

    El proyecto de ordenanza N° 72960 , emitido por el ejecutivo mediante comunicado, prohíbe la extracción de agua para riego de los productores de la agricultura familiar y la construcción de invernáculos.

    Néstor Villacorta, Responsable de Fe.Tra.E.S Rural dijo que dicho proyecto “pone en riesgo miles de puestos de trabajo y representa un atropello hacia el cinturón hortícola más importante del país”. Agregó que si bien “hay que cuidar los recursos naturales, detrás de todo esto hay una especulación inmobiliaria porque si no se pueden hacer perforaciones para sacar agua para riego, tampoco se deberían permitir las perforaciones individuales en los terrenos donde se construyen countries”.

    Foto: Pedro Ramos

    El cinturón hortícola más importante del país

    La movilización fue convocada por la Multisectorial Agraria, un espacio que agrupa distintas organizaciones rurales locales como la UTT, el MTE, el Movimiento Evita Rural, la Fe.Tra.Es, Asoma, Canpo, MUP, y la 25 de Mayo. Todas ellas integradas por distintos productores y productoras, técnicos y profesionales que abordan las distintas problemáticas que tiene la agricultura familiar en la región.

    El cordon flori-frutihortícola de La Plata forma parte del cinturón hortícola más grande del país, y comprende las localidades de La Plata, Florencio Varela, Berazategui, Almirante Brown, Esteban Echeverría, La Matanza, Merlo, Cañuelas, General Rodríguez, Luján, Marcos Paz, Merlo y Moreno.

    En ese pedazo de periurbano bonaerense, se encuentra un gran sector de la agricultura familiar, quienes se encargan de la producción del 60% de los alimentos que consumimos en el país.

    En la ciudad de La Plata, el sector denuncia que “desde que asumió el actual intendente Julio Garro, no hubo ni un aporte para los pequeños productores”

    Foto: Pedro Ramos

    ¿Quién se lleva el Agua?

    Los quinteros del periurbano platense utilizan un sistema de riego por goteo, desde principios de los años 2000. Dicha tecnología se comenzó a aplicar como medida para ahorrar agua y electricidad.

    El riego por goteo permite el uso eficiente del agua, ya que se logra gastar 10 veces menos de agua que en el riego por inundación, una antigua modalidad. Las pérdidas directas por evaporación se llevan a un mínimo; no existe movimiento de gotas de agua a través del aire, no hay mojamiento del follaje de las plantas y no hay evaporación desde la superficie del suelo fuera de aquella mojada al lado del gotero. El riego por goteo requiere presiones relativamente bajas y descargas constantes, por lo tanto su eficiencia de aplicación es generalmente alta, lo cual reduce el uso de energía.

    Sin embargo, el productor Villacorta menciona que los pozos de agua en las quintas del periurbano están a “400 o 500 metros”, mientras que en los barrios privados “hay una cada 10 metros”

    Por otro lado, la agricultura familiar es uno de los sectores que más ha avanzado en técnicas de producción agroecológicas durante los últimos tiempos, donde no solo cuidan el ambiente gracias a la eliminación o regulación de agroquímicos, sino también la salud de quienes producen y consumen esos alimentos.

    La Multisectorial afirma que el ambiente es una excusa para ocultar la verdadera causa: la expansión del negocio inmobiliario que día a día crece en la ciudad de La Plata. “El intendente y su equipo no tienen una planificación de cómo se edifica en la ciudad y por esa razón sólo apunta hacia la creación de nuevos barrios privados sin tener en cuenta al cordón frutihortícola que todos los días produce alimentos para la mesa de los argentinos”, destacó Villacorta

    Otro de los reclamos fue por la reciente disolución de la Secretaría de Producción de la Municipalidad de La Plata, por lo que “no tenemos ni siquiera dónde ir a dejar un petitorio por cualquier emergencia que tenga el sector”, destacaron.

    Foto: Pedro Ramos
  • Se inauguró la primera escuela de pescadores en el Partido de La Costa

    Se inauguró la primera escuela de pescadores en el Partido de La Costa

    El lunes pasado se inauguró la Escuela Municipal de Pesca Artesanal del Partido de La Costa, en la localidad de San Clemente del Tuyú, apuntada a fortalecer la formación de pescadores locales. La misma fue realizada con apoyo de la gestión municipal en conjunto con la Asociación de Propietarios de Embarcaciones de Pesca Artesanal (APEPA).

    La institución que ya cuenta con más de 280 inscriptos posibilitará, entre otras cosas, el acceso de forma gratuita a capacitaciones necesarias para poder formar a nuevos jóvenes pescadores. Además del acceso a la reglamentación necesaria que habilita su actividad; otro logro para que pescadores artesanales dejen de trabajar en la ilegalidad.

    Asimismo, este hecho marca un hito en la historia del partido de La Costa, ya que este tipo de cursos y capacitaciones hasta ahora sólo se podían hacer en Mar del Plata o en Buenos Aires, lo que imposibilitaba su acceso e imponía más barreras burocráticas para la realización de su actividad.

    “Ya se están dictando los cursos para los nuevos aspirantes de marineros y patrón de tercera que son hijos y nietos de los pescadores. Con esto se renuevan dos generaciones de futuros pescadores artesanales, que van a ir a trabajar”, dijo el presidente de APEPA, Néstor Cardone, y aseguró que para estos puestos hay más de 250 aspirantes.

    Por su parte, el secretario Municipal de Desarrollo Productivo, Facundo Nores aseguró que “más de 150 personas obtendrán su título, tanto de marinero, cómo de patrón de tercera, luego de que Prefectura vaya al partido de La Costa a tomarles el examen, y así poder recibirse sin costo”.

    En la primera etapa del dictado de cursos, participarán más de 150 pescadores de San Clemente, agrupados de a 30 personas. Luego de ello, se indicó que las capacitaciones se llevarán a la zona sur y la zona centro del distrito.

    “La idea es una vez terminada seguir trabajando, porque hay muchos cursos que tiene que ver más específicamente con lo que es primeros auxilios, lo que es el cuidado de la embarcación, las reparaciones de la embarcación; son distintos temas donde la idea es generar una capacitación constante, para que los pecadores puedan seguir accediendo a todas las herramientas que tienen”, explicó Nores.

    Se inauguró la primera escuela de pescadores en el Partido de La Costa

    La realidad de los pescadores artesanales en el Partido de la Costa

    En el partido de la costa, a través de una ordenanza municipal, están habilitados los puestos de primera venta. Lo que se pesca se vende en la Terminal Pesquera ubicada en Ruta Interbalnearia 11, kilómetro 340,5 de Lucila del Mar. Allí se lo filetea y se lo vende al público o a compradores privados. En temporada de verano también se montan puestos comerciales en la playa como un atractivo turístico.

    La Ley Provincial de Pesca prohíbe la venta directa de pescado. Es por eso la creación de ordenanzas municipales que regulen la comercialización del pescado dentro de las localidadesSin embargo, dicha resolución no alcanza para proyectar niveles más grandes de comercialización. La resolución 356/2016 del Senasa obliga a que todo pescado que quiera comercializarse más allá de los límites provinciales debe pasar por una planta frigorífica.

    Allí el pescado adquiere precio FOB, el cual contempla el precio del mercado local, el costo de transporte y el derecho de exportación. De esta manera, el alimento cotiza a precio dólar y resulta inaccesible para el conjunto de la población.

  • Ley de Pesca Artesanal: por una política de soberanía alimentaría para el mar y los ríos

    Ley de Pesca Artesanal: por una política de soberanía alimentaría para el mar y los ríos

    Miles de pescadores y pescadoras de todo el país, organizaciones y cooperativas nucleadas en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) presentaron en el Congreso el proyecto de Ley de Pesca Artesanal y recordaron que “el Estado tiene deudas históricas con el sector”. La iniciativa, que cuenta con el apoyo de la Secretaría de Agricultura Familiar Campesina Indígena (SAFCI), busca la creación y ampliación de políticas públicas para acompañar una actividad que nuclea a unos 20 mil trabajadores en todo el país, en su mayoría en la informalidad, y que tiene potencial para abastecer las mesas argentinas con alimentos de calidad a precios accesibles, cuando en la actualidad el 90 por ciento de lo capturado es para exportación.

    El proyecto de ley, presentado por el diputado del Frente de Todos y referente de la UTEP, Federico Fagioli; propone construir marcos legales para un sector que es constantemente asfixiado por la industria frigorífica. “Monopoliza la conservación del producto, el procesamiento y comercialización y, en menor medida, por empresarios intermediarios que trabajan con el mercado local”indica el proyecto de ley.

    La presentación de la iniciativa, el jueves pasado, fue acompañada por un “Canoazo” de pescadores artesanales de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires que llevaron hasta las puertas del Congreso 8000 kilos de pescado de río. “Se vendió casi todo porque ofrecemos el kilo de sábalo a 250 pesos, cuando en una pescadería está arriba de los 800”, dijo Miguel González, pescador de Ramallo en su puesto sobre la calle Entre Ríos. “Si se lo vendemos a un frigorífico nos paga 60 pesos”, agregó.

    Falta de permisos, intermediarios, frigoríficos y precios dolarizados

    Un total de 781.000 toneladas de capturas marítimas desembarcaron en puertos argentinos durante el 2021, según datos del Ministerio de Agricultura. Sin embargo, en Argentina, una persona consume menos de 7 kilos de pescado al año; tres veces menos del promedio mundial. Mientras tanto, más del 90 por ciento de lo que se pesca se exporta, sin elaborar, por parte de 127 empresas

    La situación no es exclusiva de la pesca en Mar Argentino, en el Río Paraná las capturas también terminan en su gran mayoría en el mercado externo. El excedente es el que se comercializa en las góndolas argentinas a precios disparatados. Los pescadores reciben hasta 10 veces menos de lo que paga el consumidor. ¿Qué pasa en el medio? Intermediarios.

    Uno de los puntos centrales del proyecto legislativo es la creación de terminales pesqueras en localidades costeras, plantas congeladoras y procesadoras que distribuyan productos manufacturados de pescado de mar y río en cada región. El objetivo, de acuerdo a la iniciativa, es impulsar la venta directa del pescador al consumidor para generar más acceso a un alimento fresco y a mejor precio e incrementar los ingresos de las comunidades de pescadores artesanales.

    El primer escollo para avanzar con la instalación de terminales es la ilegalidad en la que se encuentran la mayoría de los pescadores artesanales por no contar con permisos de pesca. Lo que genera condiciones de precariedad laboral e imposibilita, entre otras cosas, la venta directa.

    Los datos oficiales del sector son escasos, por lo que una de las fuertes propuestas del proyecto normativo es crear el Registro Nacional de Pesca Artesanal. Según el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (ReNaTEP), son 20 mil los pescadores artesanales que existen en el país. Mientras que relevamientos recientes de la SAFCI registraron 12 mil pescadores artesanales viviendo en las cuencas del Río Paraná.

    En el partido de Ramallo, Buenos Aires, más de 180 pescadores afiliados a la Cooperativa de San Nicolás reclaman que hace más de un año no pueden comercializar sus productos. Entre todos los integrantes de la cooperativa solo cuentan con un permiso de pesca. “Queremos trabajar y poder progresar. Queremos vender y agregar valor a nuestros productos, antes que entregárselo a un frigorífico”, sentencia el pescador cooperativo y también presidente de la Federación Pesquera Argentina, Julio César Cardoso.

    La federación nuclea 900 pescadores artesanales de Buenos Aires, Santa Fe, y Entre Ríos, que despliegan su oficio en el Río Paraná. Las necesidades de los pescadores de río se han unido en un solo reclamo: mayor acompañamiento del Estado frente a las precarias condiciones de su actividad, que desarrollan generación tras generación. La situación se agravó con la bajante extraordinaria del Río Paraná.

    Los diputados Federico Fagioli y Leonardo Grosso en la presentación del proyecto junto a referentes de la UTEP y cooperativistas de la pesca artesanal. Foto: Congreso de la Nación Oficial

    En el Partido de la Costa se vive un escenario diferente. Uno similar al que promueve la ley nacional presentada en el Congreso. Una ordenanza municipal permite a los pescadores artesanales montar puestos de venta directa y comercializar pescado fresco en la playa. German Lorenzetti, pescador artesanal de Mar de Ajó, cuenta que saca 7 cajones de 30 kilos en los buenos días de pesca. Los filetea y vende en la playa. El sobrante lo lleva a la Terminal Pesquera de San Bernardo, donde se procesa o congela para comercializarlo en el mercado interno.

    “La problemática es muy difícil porque tenemos situaciones muy distintas. Mientras que en el Partido de la Costa se puede vender pescado sin intermediarios, vemos cómo en una localidad bonaerense allanan la casa de un pescador y le secuestran el pescado, el freezer y sus redes porque sigue siendo ilegal tener pescado en tu domicilio y venderlo”, reconoció el coordinador de Pesca Artesanal de la SAFCI, Carlos Bertola.

    En Buenos Aires, por ejemplo, la Ley Provincial de Pesca prohíbe la venta directa de pescado. Es por eso que desde las SAFCI se vienen trabajando ordenanzas municipales que regulen la comercialización del pescado dentro de las localidadesSin embargo, esa solución intermedia tampoco alcanza para proyectar niveles más grandes de comercialización directa. La resolución 356/2016 del Senasa obliga a que el pescado pase por un frigorífico para salir de los límites de la provincia en que fue capturado.    

    En la actualidad, cuando el pescado pasa por una planta frigorífica ya se les carga el precio FOB, como si se tratara de un producto listo para la exportación. El precio FOB contempla el precio de mercado local, el costo de transporte y el derecho de exportación. De esta manera, el pescado cotiza a precio dólar y los acopiadores no eligen volcarlo al mercado interno.

    “La Ley de Pesca Artesanal contribuiría a reducir los precios de los alimentos”

    Frente a la realidad de un sector que explota recursos del río y el mar para exportarlos, el texto del proyecto legislativo destaca que “fomenta y se compromete activamente con la soberanía alimentaria” y respalda las políticas impulsadas en el derecho humano a la alimentación, reconocido desde la Cumbre Mundial sobre la Alimentación hasta la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la FAO.

    “Este proyecto de ley no solo mejora las condiciones de vida de los pescadores y pescadoras sino que al mismo tiempo contribuye a la discusión de los precios de los alimentos en la Argentina”, confió el Responsable de Pesca Artesanal Marítima de la SAFCI, Matías Casimir, en medio de las internas en el Gabinete nacional por las políticas de contención de precios.

    Estela Maris Ledesma, o mejor conocida en Rosario como “la gringa pescadora”, remarcó que “las mujeres en la pesca cumplen el rol principal”. “Para llevar un salario digno a nuestras casas tuvimos que ser creativas. Así hicimos las empanadas de pescado, las milanesas, las albóndigas o el espinado. No vino un maestro a enseñarnos, fue con nuestras propias manos”, valora “La Gringa”.

    La mujer fundadora de una cooperativa de pescadores en el barrio La Florida, ubicada en la zona norte de la ciudad, destacó la importancia de la Ley Nacional de Pesca Artesanal: “El problema es no contar con permisos, ni habilitaciones. Necesitamos esta ley para todas las familias del Río Paraná”.

    Otro de los argumentos de la norma es el del cuidado ambiental ligado a la actividad de la pesca artesanal. “Somos ecologistas. Cuidamos nuestros recursos porque estamos orgullosos del río, del pescado, que nos da de comer todos los días”, sostiene la pescadora rosarina.

    Uno de los puestos de pescadores que se armó tras el “Canoazo” al Congreso. Foto: María Florencia Settepani

    La actividad pesquera artesanal utiliza artes “pasivas” de pesca, redes manuales elaboradas con mallas ajustadas al tamaño de un pez adulto para evitar capturar piezas juveniles. Un modelo opuesto a la pesca industrial, en particular la marítima, con arrastres de redes por kilómetros que capturan incluso las especies que no están en el objetivo de pesca.

    Esos tiempos de la pesca industrial están atados a la demanda internacional del mercado. Los principales compradores como la Unión Europea, Estados Unidos, Japón y China son los que determinan la cantidad y especies que Argentina luego exportará.

    “Ser pescador artesanal implica una forma particular de relacionarse y concebir a la naturaleza y a la producción”, resalta la normativa en sus fundamentos.

    Por Bianca Coleffi, para Agencia Tierra Viva

  • Recuperar el mar: La deuda histórica que conecta a Malvinas con la pesca

    Recuperar el mar: La deuda histórica que conecta a Malvinas con la pesca

    Por Bianca Coleffi para ARG Medios

    “El conflicto con Malvinas es el más grande en todo el planeta tierra”, denominó Hugo Robert, ex combatiente y vicepresidente del Centro Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM), a la actual ocupación de los británicos en tierras argentinas.

    El reciente escándalo del ex vicecanciller argentino Carlos Foradori, al firmar un acuerdo con el ex Ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido Alan Duncan en estado de ebriedad, pareciera haber estimulado nuevas preguntas acerca de la enorme pérdida de soberanía que arrastra la Argentina desde hace décadas.

    El acuerdo Foradori-Duncan suspendido al asumir el gobierno de Alberto Fernández mencionaba, «remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas. Específicamente lo relacionado a comercio, pesca, navegación e hidrocarburos». Y al mismo tiempo cooperar con información sobre el Atlántico Sur al país usurpador.

    ¿Información sobre qué? ¿Por qué es tan importante el Atlántico Sur? ¿Qué rol estratégico ocupa Malvinas en el desarrollo del país? Para entender eso, Robert busca ir un paso más y remarca la importancia de “reconocernos como Nación Marítima”. Aunque para eso es necesario transformar el ADN Argentino. ¿Cómo se incorpora el mar a nuestras vidas?

    El único país del mundo que pesca y no come

    “Podremos hacerlo a medida que el mar pueda alimentar y generar empleo; dos cosas que históricamente al país le ha costado mucho”, admitió el ex combatiente de Malvinas.

    Argentina está dentro de los 20 países más pesqueros del planeta. Con la diferencia que de todos ellos, es el único que pesca para exportar y no para comer.

    Más del 90% de lo que se pesca se exporta como materia prima en manos de 127 empresas. El principal comprador es la Unión Europea; el mayor importador de productos pesqueros a nivel mundial. Seguido de Estados Unidos, Japón y China, quienes concentran el 74% de las importaciones mundiales. Las fuentes laborales de los argentinos relacionadas a la pesca, indican apenas unos 25 mil trabajadores registrados, según el Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial.

    “A la pesca en Argentina le han quitado la pata social. Se la mira solo desde el equilibrio biológico y desde la economía”, remarca Hugo Robert. Durante el 2020, las exportaciones de productos pesqueros alcanzaron los 1.700 millones de dólares

    A la pesca siempre se la ha mirado como una generadora de divisas. Incluso se la compara con el petróleo, la soja, o la agricultura. Con una gran diferencia; el pescado es del Estado. Tal como indica la Ley Federal de Pesca 24.922; “los recursos vivos existentes en la Plataforma Continental Marina son de dominio y jurisdicción exclusivos del Estado Nacional”. (Artículos 3 y 4) ¿Y qué hace el Estado con eso? Divisas; lo inserta casi todo en el comercio internacional.

    Malvinas: una economía a base del pescado

    Luego de la guerra de Malvinas, la Cancillería Argentina le transfirió los derechos de una Zona Económica Exclusiva al Reino Unido, otorgándo la exclusividad de pescar en el radio de las 3 millas circundantes a la isla.

    En el año 82´, la disputa era por 15 mil km cuadrados; las islas y las tres millas que las circundaban, lo que se denomina Mar territorial. Sin embargo actualmente los británicos ocupan 1 millón 800 mil km2, y tienen una pretensión de más de 2 millones sobre la plataforma.

    Posterior a la guerra, y con el avance en la explotación de recursos, la isla se transformó en uno de los PBI más altos del planeta, provenientes en un 60% de la pesca que deja 193 millones de dólares por exportaciones al año.

    Las flotas extranjeras consiguen los banquetes más grandes en el Atlántico sur, sacando anualmente 250 mil toneladas de pescado. Además, el Reino Unido cobra por las 230 licencias ilegales que le concede a buques de bandera china, indonesa, estadounidense, rusa, y española, para pescar especies como el Calamar y la Merluza Negra.

    Por otro lado, no existen regulaciones científicas ni ambientales en Malvinas. “Uno no cuida lo que usurpa porque no es suyo”, asegura Hugo Robert. Es por eso que los británicos carecen de organismos que cumplan la función de investigar. “Durante los tres años que funcionó el acuerdo, se apropiaron de toda la información científica e ictícola del Atlántico Sur que recopiló nuestro país durante más de 40 años a través del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP)”, explica el ex combatiente e integrante del CECIM.