Autor: Bianca Coleffi

  • COP 28: ¿Una oportunidad para los países del Sur Global?

    COP 28: ¿Una oportunidad para los países del Sur Global?

    En un contexto donde el ambiente está en el centro de los problemas que atraviesa el mundo, los encuentros internacionales en donde distintos países se reúnen para negociar y establecer acuerdos sobre cómo avanzar en la mitigación del cambio climático como la COP 28, comienzan a cobrar mayor relevancia.

    La Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP) es el evento global donde se desarrollan actividades, reuniones, negociaciones y eventos entre los Estados Naciones, la sociedad civil y el sector privado, con el objetivo de avanzar en acciones que frenen el cambio climático.

    Los países que participan son clasificados en dos grandes grupos: los “industrializados,” o también llamados como los países del Norte Global, y los que “están en desarrollo” o del Sur Global. Técnicamente los primeros tienen una mayor exigencia en su aporte a frenar el cambio climático, y los otros buscan estos espacios para exigir una equidad a la hora de cumplir con la reparación de daños ambientales al planeta.

    Para poner un ejemplo, solo entre Estados Unidos y la Unión Europea (UE) se emite el 75% del dióxido de carbono (Co2) que daña la atmósfera. Junto a China, alcanzan un 90%. Argentina, al igual que el resto de los países del Sur Global, es uno de los que menos emite Co2, según un estudio publicado en Earth System Science Data, con solo un 8% de impacto en el mundo.

    De esta forma, las responsabilidades frente a la mitigación del cambio climático están repartidas.

    En el 2015, en el marco de una COP21, se firmó el Acuerdo de París, un acuerdo en común para países desarrollados y en desarrollo para que reduzcan sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEIs) -algo que no había ocurrido hasta el momento- e implementar políticas de adaptación a los efectos ya presentes del cambio climático.

    Con el Acuerdo y cada cinco años, los países deben presentar sus contribuciones determinadas a nivel nacional. Se trata de compromisos en materia de mitigación y adaptación. La idea es que la suma total de todos los compromisos asumidos por los países involucrados, se traduzca en los grados que son necesarios para reducir la temperatura actual de la tierra, que se  encuentra por encima de los 2°C, según análisis de Climate Tracker.  El objetivo de este Acuerdo es llegar a 1,5°C.

    El Acuerdo de París fue un hecho histórico en términos ambientales. El mismo que es continuamente retomado a la hora de implementar políticas de transición energética. Como en el norte argentino,

    La semana pasada, los mandatarios del Norte argentino reclamaron por un crédito de 2.500 millones de dólares para financiar la construcción de plantas solares con energía renovable. Los mismos cuentan con el respaldo internacional del Acuerdo de París, ya que esto contribuirá a la reducción de los gases de efecto invernadero, equivalentes a dos millones de toneladas de dióxido de carbono al año.

    Canje de deuda: el grito del sur global

    El impacto diferenciado de la crisis de deuda y climática entre los países del Sur y el Norte Global, aceleró la necesidad de encontrar mecanismos que puedan proveer algún tipo de alivio. Desde la COP26 que algunos países se unieron y posicionaron con un reclamo concreto: mecanismos de financiación.  

    La arquitectura financiera internacional también impacta a la hora de llevar adelante acciones climáticas, y los países que se encuentran en desventaja económica- por endeudamientos- y climática, exigen que se revean, re piensen o incorporen nuevos instrumentos de financiamiento. De ahí surge el canje de deuda por acción climática, algo en lo que Argentina durante la actual gestión de gobierno tuvo una postura muy activa.

    Los canjes de deuda consisten en una reducción de los compromisos de deuda a pagar por los países, con la condición de que esos recursos sean utilizados con un fin ambiental.  En los 90′ países como Bolivia, Ecuador, Perú, Chile, Colombia, Uruguay, Costa Rica, y Nicaragua acudieron a este canje. Argentina se unió por primera vez, en abril de 2021, cuando el Ministro de Ambiente Juan Cabandié expresó durante el G20 en Italia; “exigimos canje de deuda por acción climática, como por ejemplo, parques solares y eólicos que beneficiarán al mundo y traerán inversiones en el marco del desarrollo sostenible”.

    El presidente Alberto Fernández dijo en la COP26 que, “debemos crear mecanismos de pagos por servicios ecosistémicos, canje de deuda por acción climática e instalar el concepto de deuda ambiental”.

    Referencias en América Latina como Gustavo Petro o Lula da Silva en Brasil también mantienen posturas proactivas con respecto al canje de deuda por acción climática.

    Petro reafirmó el compromiso que tiene Colombia con eTratado de Cooperación Amazónica (OTCA) el cual financia a los países amazónicos con 200 millones de dólares con el objetivo de proteger la selva.

    ¿Pero qué hay detrás de los canjes de deuda o préstamos por acción climática?

    Desde FARN sostienen que tanto el canje de deuda o préstamos por acción climática no viene a resolver la situación de endeudamiento externo de los países del Sur. “Muchos de esos préstamos vienen con condiciones que terminan atando eternamente a los países endeudados a una obligación de pago”, dijo Julia Gerlo, investigadora de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) en un diálogo directo con ARG MEDIOS. 

    En agosto de 2021, el Directorio del FMI aprobó la reasignación de USD 650.000 millones en derechos especiales de giro (DEG) a distintos países para hacer frente a los desafíos de la pandemia y el cambio climático. Sin embargo, los países del norte recibieron el 60% de esos fondos (CADTM, 2021).

    Por otro lado, el mismo organismo que financia acciones climáticas es quien le pidió a la Argentina un aumento de las exportaciones y una reducción del déficit fiscal, para un mayor flujo de divisas, lo que profundiza las actividades primarias extractivas del país como la minería y la industria hidrocarburífera.

    Como estas, hay muchas contradicciones en el universo climático geopolítico. Sin ir más lejos el país que presidirá esta COP28 es Emiratos Árabes Unidos, el cuarto país más emisor de CO2 por su actividad principal: la explotación de combustibles fósiles.

    Sin embargo, la presencia de los países en estos eventos aumenta, y cada vez Latinoamérica demuestra mayor interés en formar parte de esas mesas de discusión que luego impactarán en aspectos políticos y económicos en cada uno de los países.

    A pesar de ser el canje de deuda por acción climática, un mecanismo apoyado y promovido por bloques como el CELAC, también es una demanda reveer las condiciones de préstamos y obligaciones de los países del Sur con los del Norte, un tema que será puesto sobre la mesa en noviembre durante la próxima COP.

     

    Nota publicada originalmente en ARG Medios

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  • El mar argentino loteado para offshore

    El mar argentino loteado para offshore

    En 2016 quedaron reconocidos por la comunidad internacional los límites de nuestra plataforma marítima, incorporando más de 1.782.500 km2 de plataforma continental. Esta resolución fue la norma que posibilitó posteriormente la firma del decreto presidencial que abrió el concurso para la adjudicación de permisos de exploración offshore en 38 estaciones en el Mar Argentino, que en total abarcan unos 200.000 kilómetros cuadrados.

    El 13 de diciembre de 2017 el ex ministro de Energía y Minería, Juan J. Aranguren  anunció el lanzamiento de la Ronda 1 del Plan de Exploración offshore, a través del Decreto 872/2018, que consistía en la apertura de licitaciones de bloques demandados para la exploración de hidrocarburos.

    En total se pusieron en oferta 38 áreas de las diversas cuencas offshore y para mayo de 2019 18 ya estaban concesionadas.  Las firmas más reconocidas a nivel mundial participaron como BP (la exBritish Petroleum), Qatar Petroleum, la italiana Eni, la inglesa TullowShell, Equinor, Total, ExxonMobil y Wintershall DEA, en algunos casos en sociedad con las locales YPF y Pluspetrol.

    Sin embargo, lo curioso es que el CAN-100 (Cuenca Austral Norte) -el bloque que está 300 km mar adentro de las costas de Mar del Plata-, no fue licitado, sino adjudicado directamente sin previa licitación como “reconversión” de un convenio firmado en 2006 entre el ex ENARSA (Energía Argentina Soecidad Anónima) y Petrobras, y Petrouruguay e YPF, para “permisos exploratorios y de explotación en el mar argentino”. 

    A pesar de que el acuerdo caducó, en 2019 se le otorgó a YPF la adjudicación de tres bloques para operar en el mar argentino. Uno de ellos, el CAN-100, donde estaría ubicada la plataforma offshore de Mar del Plata.

    En abril del 2020, YPF cedió a Equinor el 50% del permiso de exploración en dicho bloque. En otras palabras, el Estado argentino le otorgó  un pedazo de su mar a la empresa noruega a través de la privada con mayoría accionaria estatal.

    Mapa de la Asamblea Libre de Petroleras elaborado con datos del Opsur

    Los y las marplatenses

    Durante la etapa de exploración que llevará adelante Equinor entre los meses de diciembre y junio del 2024 se realizará la prospección sísmica; la perforación del lecho marino para buscar la evidencia de hidrocarburos.

    El procedimiento se trata de cañones de aire comprimidos que impactan al suelo, lo que emite ondas acústicas hacía el fondo marino que afectan gravemente las especies marinas que migrarán a otras zonas.

    Además del daño a la flora y fauna marina, esto ocasionará una reducción en las capturas de peces dentro de un radio de aproximadamente 50 millas náuticas.  Según un estudio del Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas (CEPA) las capturas de peces con redes de arrastre de fondo bajaría entre entre un 50% y 70% en la zona cercana a la operación de los cañones de aire.

    El radio afectado no es exacto ya que depende del tiempo y la continuidad con la que se lleve adelante esta operación.  La sísmica que realizará Equinor se estima que durará unos 60 días, desarrollándose ininterrumpidamente durante las 24 horas.

    A pesar de los inconvenientes para la industria pesquera, el Sindicato Marítimo de Pescadores (SIMAPE) es uno de los que está al frente de llevar adelante esta actividad en la ciudad, junto a los gremios de Empleados de Comercio (SECZA) y Bancarios.

    Los dirigentes Pablo Trueba (SIMAPE),  Guillermo Bianchi (SECZA) y  Miguel Guglielmotti (Secretario General de la CGT Mar del Plata), son los principales impulsores de la propuesta de la explotación offshore con la participación de los trabajadores.

    Antecedentes en Caleta Olivia indicarían que el efecto sonoro se extiende y no afectaría únicamente a un sector, sino a toda una especie. Ejemplos de eso fue la desaparición de la merluza en 2010 por las exploraciones sísmicas 2D y 3D en el Golfo San Jorge, lo que llevó a los pescadores artesanales a presentar una denuncia ante la Justicia Federal por el colapso ambiental de las tareas de exploración, quienes fueron reprimidos mientras acampaban frente a la sede del gobierno santacruceño.

    La situación laboral en Mar del plata

    Mar del Plata está en los primeros lugares de desocupación del país. Según estudios de algunos gremios nucleados en la CGT, dicha actividad traería a la ciudad entre 15 mil y 20 mil puestos de trabajo directos, con un compromiso asumido por la municipalidad y los gremios del 80% de la mano de obra local.

    Según estudios de YPF dicho pozo tendrá la capacidad de producir 200.000 barriles de petróleo diarios. Esto es casi el 40% del petróleo que produce actualmente Argentina, equivalentes a unos US$ 7.000 millones. 

    Además, el puerto de Mar del Plata sería la base operatoria de las plataformas. “Algo que volvería a reactivar la actividad portuaria que año tras año decae más en la ciudad”, dijo Sebastian Piriz, periodista marplatense vinculado al mundo del trabajo, quien aseguró que la noticia cae mejor en la ciudad “al entender que traerá trabajo”. Es por eso que desde el SECZA “se están llevando adelante distintos cursos y capacitaciones  para la formación del personal que luego operará en la plataforma”, mencionó Piriz.

    Durante las Auditorías públicas hubo una fuerte presencia de los gremios. Del otro lado, los activistas nucleados en la Asamblea “Un mar libre de petroleras” cumplieron con todas las instancias de consulta popular, aunque no se presentaron en la última audiencia donde se determinó la tenencia de la Licencia Social para llevar adelante las exploraciones

    “Es algo burocrático, que ya estaba determinado de antemano.  Por eso decidimos no gastar tiempo en esto y poder estar más en la calle, también en las redes”, afirmó Silvina Álvarez, integrante de la Asamblea, mientras sostenía la planilla completa de las firmas que recolectaban en la actividad del miércoles en la plaza central de Mar del Plata.

    Ex ministro de Energía y Minería, Juan J. Aranguren

    Ni permiso ni perdón

    Desde el espacio de Asamblea “Por un Mar libre de Petroleras”, que cumplió dos años el pasado mes de junio, Álvarez afirma que su tarea es la de “divulgar, informar, con la mayor claridad y celeridad posible”. Entre los folletos que reparten uno era sobre el mapa marítimo con los bloques concesionados durante el macrismo. “Nos dimos cuenta que teníamos que salirnos de la lógica del CAN100, – que es el bloque Mar del Plata- y mostrar todo el mapa donde está toda la provincia de Buenos Aires hasta llegar a Tierra del Fuego”, mencionó Laura.

    En aquella ronda de licitaciones del año 2017 llamado “Concurso Público Costa Afuera N°1” no solo se ofertaron los bloques de la Cuenca Norte Argentina, también al extremo sur del país en donde ya hay desarrollos offshore. De las 18 áreas concesionadas, 9 corresponden a la Cuenca Malvinas Oeste, 2 a la Cuenca Marina Austral y las restantes 7 a la Cuenca Argentina Norte. Para el 2018 las empresas ganadoras ya tenían sus permisos exploratorios.

    YPF, Equinor, Tecpetrol, Qatar Petroleum, ExxonMobil, Total, Pluspetrol, Wintershall, British Petroleum, Shell, Tullow, Mitsui y ENI fueron las empresas ganadoras. Entre la británica Tullow y la noruega Equinor ganaron 10 de las 18 áreas que recibieron ofertas. La primera es la que se quedó con varios bloques de la zona Malvinas Oeste, y la segunda con zona norte y varios de la cuenca Austral.

    Aunque indicarían que las dos empresas pertenecen a distintas banderas, sus antecedentes indicarían que están vinculadas. Días después que el ex Ceo del grupo Shell, Aranguren anunciara la ronda licitatoria, la Sra. Anne Drinkwater fue elegida miembro del directorio internacional de la empresa noruega Equinor (ex Statoil), una de las asesoras en gas y petróleo del  gobierno británico y denunciada por operar ilegalmente en Malvinas.

    Lo cierto es que el mar argentino ya no es tan argentino, porque varias empresas  extranjeras tienen los derechos de operar en él. Lo grave es que el Estado ha contribuido a la actual  situación, como en el 2015 y 2016, cuando la Secretaría de Energía del gobierno de Macri se ocupó de rastrear información submarina para brindar a los oferentes.

    Muchas de las campañas de investigación promulgadas por institutos como el CONICET, INIDEP o provenientes de la cartera de Ciencia y Tecnología han sido los mecanismos. Luego,  la empresa noruega Spectrum y la australiana Searcher Seismic fueron encargadas de realizar estudios sísmicos sobre la plataforma continental para relevarlos al Banco de Datos de Hidrocarburos, que ya posee una importante cantidad de datos de sísmica y pozos relacionados a las áreas offshore a licitar.

     

    Nota publicada originalmente en ARG Medios

    Si te interesa más sobre el tema podes leer: “Malvina y la disputa por los recursos naturales”

  • 70 años del Astillero Río Santiago: de la resistencia a sector estratégico

    70 años del Astillero Río Santiago: de la resistencia a sector estratégico

    A 70 años de la creación del Astillero Río Santiago, el más importante del país, hoy está entre las principales políticas de la gestión del gobernador Axel Kicillof para volver a recuperar la industria naval y fortalecerlo como proveedor industrial en el rubro de las energías renovables y recursos estratégicos.

    FOTO/Pedro Ramos

    Desde su planificación en la época del 30 y su efectiva puesta en marcha en el 53, el Astillero Río Santiago ha fabricado múltiples flotas navales que han puesto a La Argentina en el lugar de potencia naval. Luego, se dieron 30 años de aplicación de políticas neoliberales: la disminución del presupuesto de Defensa con la guerra de Malvinas, la época menemista, Cavallo, Menem, el famoso “da lo mismo acero que caramelos”, y el macrismo donde la respuesta fueron marchas en la calle para impedir la privatización y los despidos.

    Hoy, Axel Kicillof incorpora al Astillero Río Santiago como parte de su gestión y trabaja junto con su presidente Pedro Wasiejko como en la inauguración de la obra metalmecánica más importante de los últimos 30 años. Se trata de una compuerta flotante que permitirá la reparación de barcos con esloras de hasta dos cuadras y media de largo.  

    La compuerta de 874 toneladas que se construyó junto al astillero público Tandanor, el Ministerio de Defensa y la Armada Argentina, será remolcada por agua hasta el Puerto Belgrano, Punta Alta, a unos pocos kilómetros de la ciudad de Bahía Blanca, en menos de 30 días.

    El perfil industrial que tiene Astillero se vincula con la transición energética que el mundo está demandando: se han fabricado turbinas para represas hidroeléctricas, piezas para la central nuclear de Atucha, proyectos de torres eólicas, y cuatro puentes de 30 metros que están disponibles para cualquier localidad bonaerense que lo necesite. Además, actualmente se está conversando la posibilidad de trabajar en el mantenimiento del Banco de Prueba de los cohetes del Centro Aeroespacial de Punta Indio.

    Hasta hace unas semanas estos trabajos debían ser tercearizados y no ofrecidos directamente desde el Astillero Río Santiago por la Ley de Zona Franca. En el caso de la represa de Yacyretá fue la metalúrgica Pescarmona la que compró y luego le vendió al Estado Nacional. Desde la inauguración de la botadura nueva, se firmó el decreto 341, mediante el cual a partir de ahora el Astillero de la provincia de Buenos Aires puede colocar producción para el mercado interno.

    “Es la primera vez en la historia que se consigue esto y nos va a dar muchas más oportunidades. Algunos trabajan para cerrar este Astillero, otros trabajamos para darle más fuerza, más producción, para fortalecer la industria nacional, la defensa, la soberanía, lo que es nuestro, nuestra provincia y nuestro país”, destacó Axel Kicilof en el acto de inauguración de la compuerta flotante y la firma del decreto 341.

    “En la actualidad un Astillero no puede vivir de construir buques nada más. Tienen que diversificar su actividad”, afirma Pedro Wasiejko a DLR.

    La explotación de hidrocarburos en plataformas offshore es otro de los proyectos en el que todo el sector naval mecánico del país tendrá participación.

    Se necesitarán buques de perforación, supply, que extraigan y almacenen tanto gas como petróleo. Actualmente YPF están realizando tareas de exploración en Mar del Plata con buques alquilados. “Pero de acá a 5 años que es el tiempo que se estima que comenzará a efectuarse el proyecto, hay que planificar y anteponerse”, sostuvo Wasiejko.

    De resistir a avanzar

    Con la inauguración de la compuerta flotante se consolida un proceso de recuperación del Astillero Río Santiago luego de cuatro años de intento de privatización y persecución hacia sus trabajadores durante la gestión de Mauricio Macri quien públicamente declaró que “había que dinamitar” el Astillero.

    Al mismo tiempo que los trabajadores reclamaban por la continuidad de su trabajo, se compraban buques en el exterior: dos lanchas patrulleras en Francia por cuatro millones de euros que significaba 200 puestos de trabajo para cuatro años. O Patricia Bullrich que compró cuatro lanchas militares por 50 millones de dólares en Israel. El resultado de eso fue mayor deuda en dólares y sobrefacturación por 29 millones de dólares, denunciado por la Oficina Anticorrupción.

    La persecución del Astillero Río Santiago trata de un plan sistemático que involucra al poder político, judicial y mediático quienes instalan la idea de un Astillero deficitario, lento, perezoso, y que cumple función de aguantadero. Periodistas como Jorge Lanata que en su segundo programa del año burló el trabajo del Astillero Río Santiago mostrando un barquito de papel mientras decía irónicamente; “tenemos acá una producción del Astillero”.

    “A esas cosa hay que contestarle con hechos como el de la botadura”, dice el ex Secretario General del SUTNA.

    “Estamos disputando intereses grandes de los que no quieren que haya industria nacional”, dijo Diego Seimandi, trabajador del Astillero e integrante de la Comisión Directiva de ATE en Canal Abierto Radio . “Durante el macrismo tuvimos embarcaciones con más de 4 años paradas porque no se compraban los insumos para producir, y después dicen que trabajamos lento”, mencionó.

    El Astillero Río Santiago sin techo

    “Por primera vez estamos intentando con la gestión de Axel un proyecto de puesta en punto del Astillero, con la mirada a largo plazo para que vuelva a  sea productivo, eficiente y de utilidad, y que le pueda devolver a la provincia de Buenos Aires los recursos que se usaron para pagar sueldos de tres mil personas sin que genere los ingresos correspondientes a ese egreso”, dice el presidente del ARS.

    Entre los proyectos que hoy camina la actual gestión del Astillero Rio Santiago y la provincia de Buenos Aires es el dique para la Armada en Ushuaia que servirá para el mantenimiento de sus flotas pero también para otros que lo necesiten. “La Armada rescató un barco ruso unos años atrás y como el dique no estaba operativo lo tuvo que llevar a Chile.  O sea, gastamos combustible y  el trabajo y la plata se lo quedó el astillero de Chile”, cuenta Wasiejko.

    Otro proyecto en el que el ARS participará será en la licitación que lanzará el INIDEP para la construcción de un buque para las campañas de investigación. A su vez, vienen trabajando con el proyecto Pampa Azul para cualquier construcción o refacción de los buques oceanográficos que existen actualmente- el Puerto Deseado que está parado y el Austral que se usa parcialmente.

    FOTO/Pedro Ramos

    Además, el reciente producto construido en el Astillero para la Armada Argentina que estuvo totalmente paralizado durante el macrismo y que fue elogiado por el precandidato a vicepresidente de Unión por la Patria el pasado viernes; la Lancha de Instrucción para Cadetes (LICA). “Lo estamos tratando de vender a la armada de Bolivia, a la de Uruguay, y a la de Brasil”, comenta Wasiejko.

    Por la multiplicidad de tareas para distintos rubros de la industria energética y la aparición de la Industria 4.0, el  Astillero se está capacitando de forma gradual en las especializaciones que requieren los profesionales para nuevas líneas de montaje o trabajos específicos. Muchos de los trabajadores del Astillero se formaron en la escuela técnica propia del ARS,  sostenida por sus trabajadores, la cual está comenzando a implementar en su currícula lo relacionado a la Industria 4.0

    El Astillero no solo es una fábrica de barcos, sino ahora también su destino es como sector estratégico en la consolidación de una industria que potencia los recursos naturales y estratégicos del país. “La soberanía se construye con trabajo, industria y tecnología”, afirma el presidente del Astillero, quien sostiene que hoy el país tiene la oportunidad coyuntural para desarrollar la industria del mar que una vez tuvo.

     

    Nota publicada originalmente en: ARG Medios

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  • Dulce de leche AMAO: de la vaca a la olla

    Dulce de leche AMAO: de la vaca a la olla

    En la semana del dulce de leche, la historia detrás del “Dulce de leche AMAO” elaborado en una cocina familiar en Punta Indio y comercializado por La Justa en la ciudad de La Plata y la región.

    En la localidad de Punta Indio, a 40km de la ciudad de La Plata existe la Cooperativa Amanecer Organizado (AMAO), donde varias familias tamberas maseras de la zona se asocian para comercializar sus productos en canales de venta no convencionales.

    Una industria lechera cada vez más concentrada, una sequía y luego una pandemia, hicieron que varios tambos de la zona cierren. “Los únicos que sobreviven son los de la Agricultura Familiar. Los que producen en donde viven y su economía depende de eso”, dijo Alejandro Valera, técnico veterinario y coordinador de La Justa. La comercializadora permitió la continuidad en sus canales de venta y así surgió la figura de cooperativa para organizarse y asociarse entre los productores de la zona.

    La venta de productos derivados como quesos, masa para muzzarella y dulce de leche resulta “una estrategia para que las familias puedan sobrevivir”, menciona Valera. “Porque los productos que elaboran tienen un agregado de valor que les permite complementar su economía”.

    El valor diferencial del Dulce de leche AMAO

    Cecilia Testa Ferrer junto con su familia tiene un emprendimiento de dulces y desde hace un tiempo produce dulce de leche en su cocina domiciliaria con la materia prima que trae de los tambos vecinos. “Hago los productos para afuera como si los hiciera para mi familia”, admite la cocinera.

    A diferencia de la cadena convencional lechera que compran la leche fluida y lo llevan a la industria, para después reconvertirlo en manteca, quesos u otros subproductos. Este dulce de leche se hace “de la vaca al bidón y de ahí a mi cocina”, cuenta Cecilia.

    El dulce de leche que elabora no tiene ningún tipo de conservantes, y generalmente los cocina dos o tres días antes que los pedidos en La Justa sean entregados para que se consuma fresco. La leche la consigue del tambo “Cuatro Bocas”, de la Familia Llanos, también asociado al grupo AMAO, y que cuenta con aproximadamente 40 vacas.

    Cecilia se dirige semanalmente al tambo de los productores de AMAO y lleva bidones donde transporta la leche que luego vierte en la olla para pasteurizarla y comenzar el proceso de elaboración. Para su próximo pedido con La Justa tiene encargados 45 kilos de dulce de leche, que comenzó a preparar con 50 litros de leche que le habían traído hace una hora.

    Dulce de leche AMAO

    En la Cuenca Lechera del Abasto Sur las condiciones del suelo no son las mejores para pastura, lo que hace que la leche varíe de acuerdo a la alimentación del ganado. Sumado además de las condiciones externas como los extenuantes calores y la sequía que impactó de lleno en el sector rural, hace que la leche sea diferente. “En la práctica vas notando las diferencias en cada tanda”, dice Cecilia. “Distintos colores más que nada, pero el tenor graso siempre es el mismo y es lo que caracteriza a la leche de esta zona”

    “Hasta me han preguntado si lo hago con leche condensada por la cremosidad que tiene, pero es por el tenor graso de la leche”, cuenta Cecilia. El sabor es abismalmente distinto al industrial que se hace con leche reconstituida, glucosa, aditivos, conservantes y endulzantes. A diferencia de este que contiene leche pura sin procesos de extracción de sus componentes naturales.“Yo ni siquiera le pongo esencia de vainilla para que sea super natural”, menciona la elaboradora.

    “Sin embargo, hoy tenemos quesos sin sellos que los han reconvertido a un queso untable que en realidad no se sabe lo que es. No tiene grasa ni sodio. No le queda nada de la leche original”, asegura Valera.

    La cocina de Cecilia está a punto de ser habilitada como Pequeña Unidad Productiva Alimenticia (PUPA) ya que cuenta con todas las aprobaciones sanitarias y de inocuidad para producir alimentos artesanales. Hasta ahora comercializa en una feria de productores en Verónica todos los sábados en la plaza principal, y en La Comercializadora La Justa. “A mi me ayudó un montón vender mi producto en La Justa, hasta lo siento como un paso más en mi emprendimiento”, afierma.

    “Hoy lo que ponemos en oferta en la Justa se vende todo”, dice Valera. “Es un alimento que la gente sabe que tiene alto valor nutricional. No es algo con lo que se negocia”

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  • Canal de Magdalena: la licitación en marcha y algunas dudas

    Canal de Magdalena: la licitación en marcha y algunas dudas

    El pasado 20 de abril se publicó el en el Boletín Oficial la Resolución N° 226/23 del Ministerio de Transporte, por la cual se autorizó la convocatoria a licitación pública nacional para la construcción del Canal Magdalena desde la progresiva km 143,074 del Canal Punta Indio, El Codillo, hasta la isobata de 11 metros en el Río de la Plata, bajo el régimen de la Ley N° 13.064.

    El Canal de Magdalena, será un nuevo acceso náutico de 53 kilómetros  para los buques que egresan o ingresan al Río de La Plata y al resto de la vía troncal del Paraná-Paraguay que conecta a cinco países del Cono Sur y por donde navega más del 75% del comercio exterior de la Argentina.

    La nueva ruta fluvial paralela a la ribera bonaerense, partirá desde un sector del Río de la Plata, y conectará con otras ciudades portuarias del país con salida al Atlántico, ahorrando más de 4 mil millones de dólares en peaje por la entrada y salida de flotas nacionales o extranjeras. Sin embargo, varios sectores plantean la necesidad de derogar el Decreto 949/20, que excluye al Río de la Plata como canal fluvial principal para el tránsito de mercadería, para que la construcción del Canal de Magdalena tenga un real impacto.

    Una deuda histórica

    Actualmente, todos los buques que entran y salen por la Cuenca del Plata, incluso los que se dirigen desde el sur argentino a la provincia de Buenos Aires, tienen una sola opción: navegar por el canal Punta Indio, siendo esta senda un desvío hacia el puerto de Montevideo.

    Quiere decir que todo lo que Argentina exporta o importa debe pasar antes por aguas uruguayas, con elevados costos en peaje, y con barcos que tienen entre 7 y 10 días de espera, por ser ese el único canal para circular.

    “Durante esa espera, las tripulaciones y las naves se abastecen de bienes y servicios del lado uruguayo, mientras que, si navegaran por el Canal Magdalena, todo ese lucro y ese trabajo quedarían del lado argentino”, dijo el ingeniero Horacio Tettamanti, ex subsecretario de Puertos y Vías Navegables de la Nación.

    “Si Argentina no existiera, Uruguay no tendría la capacidad de convocar 5000 barcos. A esos barcos los convoca la exportación y la importación argentina, pero el Canal Punta Indio los obliga a entrar al río por la costa cercana a Montevideo. Y como ese canal es menos navegable y más peligroso, porque es perpendicular al flujo de sedimentos, obliga a los buques a realizar largas esperas antes de ingresar a la Cuenca del Plata”, explicó el ex funcionario.

    El puerto de Uruguay es uno de los más favorables para el comercio exterior por sus profundas aguas, dejando atrás ya hace varios años, al puerto de Buenos Aires que “está tapado por el barro y ya no tiene posibilidades de competir frente al de Montevideo en cuanto a la profundidad”, afirmó Tettamanti.

    La única zona geográfica equivalente a Montevideo es Ensenada, donde se podría llegar a 47 pies de profundidad a través del Canal Magdalena, y volverse esta ciudad el primer puerto del canal entrando desde el sur.

    Actualmente pasan por la ribera de la ciudad ensenadense 700 barcos. “Con este proyecto podemos duplicar ese número”, contó a DLR el actual intendente de Ensenada, Mario Secco, y agregó, “con la posibilidad que se le hagan cualquier tipo de reparaciones o mantenimiento desde el taller naval más grande de la república argentina; el Astillero Río Santiago”

    Por su parte, Oscar Verón, capitán fluvial y delegado de la CTA agregó también que “el canal de Punta Indio tiene mayor cantidad de sedimentos y por año hay que extraer mucho, lo que lleva a altos costos en su mantenimiento”.

    El Canal de Magdalena, entre otras cosas, viene a reconocer la importancia estratégica del Río de la Plata, y su conexión con el sur del país. Tettamanti afirma que la recuperación del Atlántico Sur- que día a día se pierde por el despliegue territorial británico desde las Islas Malvinas– “será a través del Río de la Plata, y cuando realmente tengamos soberanía sobre él”.

    Con decreto no hay Canal de Magdalena

    Durante la gestión del gobierno de Mauricio Macrila Cancillería habilitó al puerto de Montevideo como la puerta de entrada excluyente del Río de la Plata, dejando una pérdida de más de 5 mil millones de dólares para el país. Dicha medida se siguió profundizando a través del Decreto 949/20, publicado el 26 de noviembre del 2020 en el Boletín Oficial que “obligaba a la Argentina a subordinarse al puerto de Montevideo, no solamente la Cuenca del Plata, sino el Atlántico Sur”, plantea Tettamanti.

    “El Decreto lo firmó Alberto Fernández el mismo día que murió Diego”, dijo a DLR Oscar Verón. “Pero fue elaborado por Macri y el presidente uruguayo”, añadió el trabajador, y aseguró que “es imprescindible que este decreto se derogue antes de que cambie el gobierno”.

    Tettamanti afirma que esta medida busca excluir a la Cuenca del Paraná, y consolidar tres puertos que tienen vinculación directa con grandes empresas de capital extranjero: el puerto de Stanley (Malvinas), Punta Arena (Chile), el puerto de Montevideo (Uruguay) como “el triángulo dominador de todo el Atlántico sur y la pesca furtiva”

    Pero además, el Decreto 949/20 esconde otro gran punto: se autoriza el llamado a licitación pública nacional e internacional para adjudicar la concesión de obras “para la modernización, ampliación, operación y mantenimiento del sistema de señalización y tareas de dragado y redragado y mantenimiento de la vía navegable troncal” del Paraná-Paraguay.

    El llamado a licitación internacional sigue permitiendo que empresas extranjeras realicen el dragado y balizamiento de cualquier canal, como es el caso de la belga Jan de Nul en el río uruguay o la china Shanghai Dredging Company, en el puerto de Mar del Plata, en la costa Atlántica, y el canal Martín García. Entre otras empresas que tienen la infraestructura para llevar adelante un calado de esa magnitud, serían las nuevas postulantes para el actual proyecto en el Río de la Plata.

    «Queremos que el río Paraná vuelva a ser argentino», dijo Mempo Giardinelli en la Marcha por la soberanía del Río Paraná y la apertura del Canal de Magdalena el 27 de junio del 2022.

    ¿Los argumentos que sostienen su frase?: vías y canales navegables concesionados en su construcción y mantenimiento, gestiones empresarias corrompidas como la Bolsa de Comercio de Rosario, contrabando y mercadería sin registrar que entra y sale por nuestros puertos, y banderas celeste y blancas que ya casi no se ven en el río.

    “Hay estudios muy serios que aseguran que, si recuperamos el río y la gestión de todos los puertos que tenemos, en solo 10 años se pagarían todas las deudas de la Argentina sin costo alguno para nuestro pueblo”, menciona también Giardinelli.

    Artículo publicado originalmente en ARG medios

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  • ¿Quiénes son los dueños del litio en Argentina y cómo lo extraen?

    ¿Quiénes son los dueños del litio en Argentina y cómo lo extraen?

    La falta de información sobre quiénes concentran el litio en nuestro país y cómo lo extraen, son algunas de las respuestas que piden las comunidades originarias de las zonas andinas. Una reciente resolución de la Corte Suprema solicitó información sobre todas las exploraciones de litio de Salta y Jujuy ante la amenaza ambiental.

    De forma silenciosa, los avances en proyectos de extracción de litio en Argentina, son una realidad. En la actualidad existen 40 proyectos: dos en estado de producción- el Proyecto Fénix en el salar del Hombre Muerto y Sales de Jujuy en el salar de Olaroz Cauchar- seis proyectos en estado de construcción, y el resto en distintos grados de evaluación, avance o exploración.

    La concentración del litio en manos extranjeras, y apenas unas pocas empresas multimillonarias radicadas en el país, dan cuenta de un negocio que crece de forma desigual sin dejar siquiera ganancias por retenciones. De hecho, en comparación con la soja, a la que se le aplica un 35% retenciones, las del litio apenas son del 4,5%.

    Además, el carente monitoreo sobre su explotación sustentable es una grave preocupación de las comunidades aledañas a los salares, lo que provocó en un amparo ambiental en el 2019, al que recién reacciona la Corte Suprema con un llamado de atención hacia las empresas operadoras del litio, que todavía se encuentran flojas de papeles.

     

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    ¿Quiénes son los dueños del litio?

    La composición accionaria de los dos proyectos que operan en Argentina es extranjera casi en su totalidad. El proyecto de Livent en Catamarca es 100% de capitales estadounidenses, siendo Blackrock Inc y Vanguard Group Inc sus principales socios, dos de los fondos de inversión más grandes del mundo, radicados ambos en Estados Unidos.

    En el caso de Sales de Jujuy, un 25% de las acciones las tiene la japonesa Toyota Tsusho y un 66,5% la australiana Allkem (en realidad quienes integran la empresa son la financiera JP Morgan de EE.UU. y el grupo HSBC de Reino Unido). En tanto, apenas un 8, 5% queda para la estatal Jeamse, perteneciente al Gobierno de Jujuy.

    Además, tal como detalla el informe de la Fundación Fundeps, gran parte de estos fondos son tenedores de bonos de la deuda externa argentina, como el caso de JP Morgan Investment Management, HSBC Investment Funds y BNP Paribas Asset Management: los tres propietarios de acciones de Allkem. Lo mismo para las 7 firmas que operan en el proyecto Livent de Catamarca: Blackrock y Vanguard, Wellington MGMT, Morgan Stanley Investment, Invesco Multi Asset Income, Federated Hermes Emerging Market Debt Fund y Northern Multi Manager Emer MKT Debt Opportunit.

     

    En Argentina no existe una política uniforme ni una legislación única relativa a la solicitud, identificación y difusión de personas beneficiarias finales, a pesar de canales públicos de los cuales extraer información relativa a estas personas. Sin embargo, el nombre de José Luis Manzano ha aparecido últimamente en varios portales y medios nacionales como “el hombre del litio” en Argentina.

    El multimillonario empresario pasó de ex ministro del interior de Menem a dueño de un imperio financiero, siendo propietario de una parte de Edenor, Metrogas, petroleras, mineras como Minera Aguilar; principal productora de estaño, plomo y plata de Argentina, y medios de comunicación como el canal América, Radio la Red y El Cronista Comercial.

    José Luis Manzano es dueño hoy de 243.000 hectáreas de Catamarca y Jujuy, específicamente en los salares Antofalla y Paso de San Francisco, a través de la empresa Lithium, con la que el multimillonario logró traspasar la frontera y llegó a Brasil. Allí introdujo el proyecto de extracción de litio en el Estado brasileño de Minas Gerais. Luego de eso, amplió su participación en la minera australiana Latin Resources al 13,40% del total, convirtiéndose en su accionista individual más grande. La compañía es una de las principales inversoras en el que se asoma como el próximo proyecto de producción de litio en Salinas Grandes, Jujuy.

    Manzano se presenta ante sus acreedores como “el hombre del litio en Argentina”, siendo uno de los tantos rostros incógnitos dueños del mineral extraído en suelo andino, que ha tejido relaciones políticas con gobernadores como Gerardo Morales (Jujuy) y Raúl Jallil (Catamarca). De todas formas, Manzano juega en el tablero mundial junto a empresarios extranjeros.

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    Daños ambientales, corrupción y falta de transparencia

    El 4 de febrero de 2023 un camión de la empresa Minera del Altiplano SA-Livent que trasportaba ácido clorhídrico con destino a la Minera de Catamarca volcó a 2 km del control policial en el límite del Salar del Hombre Muerto en Catamarca con la provincia de Salta.

    Según un informe al que se pudo acceder dos meses luego del accidente, fueron 1032 litros de ácido clorhídrico los que se derramaron en suelo del departamento de Antofagasta de la Sierra, provocando un problema de contaminación importante por ser éste líquido uno de los ácidos más peligrosos que se utilizan para la disolución de metales.

    Daños ambientales, corrupción y falta de transparencia, son las tres preguntas que le hace la comunidad a las empresas y los gobiernos provinciales que gestionan la extracción del recurso natural y que pareciera aún no dar respuestas.

    La información que hay disponible sobre los dos proyectos actuales de extracción de litio, resultan de difícil comprensión debido al lenguaje técnico que utilizan las mineras y al volumen de los estudios e informes. Tampoco se conocen los nombres de quienes representan el paquete accionario (menos de 1% sumando todos los nombres, en todas las empresas analizadas), ni tampoco hay registro de cómo se distribuyen los dividendos entre los principales propietarios, cuáles son esos grandes fondos de inversión y las empresas que operan.

    La reciente iniciativa EITI de Transparencia para las Industrias Extractivas, en la que Argentina adhirió en el 2019, aún esperan la adhesión de provincias como Jujuy, en el que no es posible acceder al contrato de concesión con Allke o Toyota para la extracción de litio en el Salar de Olaroz. Catamarca sí adhirió a dicha iniciativa, en marzo de 2022, junto a Santa Cruz, Salta y San Juan.

    El incidente de hace menos de dos meses, más la falta de información constante se transformaron en denuncias de las comunidades que en el 2019, concluyeron en un amparo ambiental por las comunidades de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, así como por parte de la Fundación Ambiente y recursos Naturales (FARN), frente a la posible afectación “irremediable” del medio ambiente y el recurso del agua.

    La respuesta se la dieron el último 28 de marzo, cuando la Corte Suprema le ordenó al Estado Nacional y a las provincias de Jujuy y Salta que entreguen al tribunal “toda la información relativa a las autorizaciones de exploración y explotación minera de litio y borato otorgados”, además de “la información sobre la participación ciudadana, denuncias e impugnaciones contra dichos permisos”, “copia de los aspectos ambientales relevados en esas autorizaciones” e información sobre las actuaciones del Ejecutivo vinculadas a la exploración y/o explotación de litio y borato en estas dos provincias, las empresas involucradas y las proyecciones económicas de tal actividad.

    Las provincias y la Nación tienen 30 días para presentar la información requerida para resolver sobre el amparo, que solicita frenar la actividad minera en la zona.

     

    Las comunidades originarias de Salinas Grandes. Imagen: Gentileza Fundación Ambiente y Recursos Naturales

  • Malvinas y la disputa por los recursos naturales

    Malvinas y la disputa por los recursos naturales

    Luego de la segunda usurpación a Malvinas en 1982, el archipiélago del Atlántico Sur se convirtió en lugar de inversiones para millonarias empresas que apuestan al potencial de la isla en la explotación de sus recursos naturales, mientras que el cuerpo militar para la “defensa” y el control de las rutas marítimas se fortalece y avanzan día a día sobre territorio argentino

    Desde entonces, los ingleses se han extendido más de millón y medio de kilómetros sobre el área ocupada, coartando un tercio de todo el territorio continental argentino. En la ilegalidad y en silencio se desarrollan mega emprendimientos hidrocarburíferos. O millonarios montos provenientes de la pesca ilegal que posicionan a las Malvinas entre los diez países con el PBI más alto del planeta

    “Argentina se levanta todos los días con un 20% de su territorio ocupado a solo 500 km de nuestras costas”, considera Hubo Robert vicepresidente del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM). Las causas de su usurpación siempre estuvieron planificadas y giran en torno al manejo de los recursos naturales.

    Los piratas del pescado y del petróleo

    El archipiélago del sur del continente cuenta con varios pozos hidrocarburíferos en la plataforma continental. Uno de ellos, ubicado en la Cuenca Norte, estuvo en etapa de exploración en 2010 y estipuló una producción de 80.000 barriles de petróleo por día, la mitad de lo que produce Vaca Muerta.

    La estadounidense Sea Lion fue la encargada de realizar las operaciones. Aunque en 2010 fue denunciada internacionalmente por realizar cuatro exploraciones de manera ilegal (en 1998, 2010-2013 y 2015-2016), sin licencias del Gobierno Argentino, tal como indica la actual ley 26.915 (anteriormente 26.659).

    Desde ese momento el proyecto avanza y se vuelve a frenar por confiabilidad empresarial, dadas las precarias condiciones legales en las que está sujeta. Así sucedió en 2020 cuando se anunció la suspensión del proyecto y empresas como Premier Oil y Chrysaor Holdings, la minera BHP, BillitonNoble Energy y Edison Internacional, se retiraron del proyecto (las últimas dos por inhabilitación).

    Desde 1996 a 2008, el ilegítimo gobierno isleño otorgó unilateralmente un total de 34 licencias de explotación: 7 en 1996, 10 en 2001, 14 en 2004, 2 en 2005 y 1 en 2008, según la Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, de la Cancillería argentina.

    Lo mismo sucede con la pesca, actividad que representa el 40% de su PBI, y que se realiza en la ilegalidad. Hasta la actualidad ya van 131 licencias otorgadas por el Gobierno británico, a través de su administración pesquera en las Islas Malvinas, para barcos de nacionalidad taiwanesa, coreana y española. Solo con el otorgamiento de licencias de pesca ilegales, el gobierno isleño inglés recauda 13 millones de libras aproximadamente.

    Los problemas de esta actividad silenciosa tienen que ver con el control ambiental, laboral, y de seguridad a la navegación. Los impactos ambientales, económicos y sociales de esta actividad no están regulados, y afectan el futuro de la pesca en la región, así como también el balance de todo el ecosistema del Atlántico Sud-Occidental. Por otro lado, muchos de los barcos licenciados- la lista no es de acceso público- han sido sancionados por otros países y organizaciones internacionales, por actividades de sobrepesca, esclavitud y tortura a bordo.

    Los destructores de ayer. Los silenciosos de hoy

    El primer instrumento constitucional a mediados de los 90´ que inició a un proceso de “entrega de soberanía” fue la Declaración Conjunta de Cooperación sobre actividades costa afuera en el Atlántico Sudoccidental, el cual Argentina y el Reino Unido junto a Irlanda del Norte se suscribieron. Este mismo indicaba la cooperación bilateral entre ambos Estados con respecto a exploración y explotación de los recursos naturales.

    En 2007, Argentina denunció internacionalmente la Declaración Conjunta suscripta en 1995, lo que le permitió jugar en otro escenario a la hora de reclamar por la soberanía de las islas y sus recursos naturales. Su consecuencia fue la denuncia en 2010 del descubrimiento del yacimiento de hidrcarburos en Cuenca Norte- el primero con potencial para ser comercialmente viable- «en el marco de las campañas ilegales de exploración”.

    El panorama cambió durante el macrismo, con la firma del Acuerdo Foradori- Duncan, donde la Argentina se comprometía a “levantar todos los obstáculos que impidan el desarrollo económico y sustentable en las Malvinas en lo referente a pesca, comercio e hidrocarburo”.

    “Fue firmado de forma brutal”, sostuvo Hugo Robert, ex combatiente y referente del CECIM. “Este pacto indicaba que de soberanía no se iba a hablar. Entonces sentarse con los británicos bajo el cumplimiento de los acuerdos y bajo el paraguas de soberanía, era perder siempre”, añadió.

    El ilegitimo acuerdo Foradori-Duncan, que no fue ratificado por el Congreso Nacional tal como lo indica la Constitución, quedó sin efecto recién el 2 de marzo de este año al pedido de los funcionarios de la Cancillería, como el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Guillermo Carmona, y el Ministro de Relaciones Exteriores Santiago Cafiero.

    De todas formas, el ex combatiente sostiene que este gobierno tuvo la acertada postura de sostener el reclamo por la Soberanía de las Islas Malvinas a través de las existentes vías constitucionales e internacionales. Sin embargo asegura que, “no existe una verdadera voluntad política de poner en agenda el amplio concepto de Soberanía”.

    “Recuperar las islas solamente por decir que le ganamos a los británicos nos parece poco. La soberanía es un concepto mucho mas amplio y es deber de todos los argentinos pelearla con las herramientas de la democracia y en paz”, dijo Robert. “Esta idea de soberanía que el CECIM impulsa se trata de recuperar nuestro mar, nuestro alimento ictícola y nuestros recursos naturales. Eso también es en memoria de nuestros compañeros caídos en Malvinas”, menciona el ex combatiente, quien afirma que las verdaderas razones de la ocupación giran en torno a los recursos naturales estratégicos.

    “En las excusas siempre están los deseos de los isleños, pero a los británicos eso no les importa. Están por el Atlántico Sur”, afirmó Robert, mientras resaltó la característica bioceánica de Malvinas que resulta una puerta de entrada al otro lado del mundo a través del Canal de Beagle y el Estrecho de Magallanes. “El 80% de lo que pasa por el Canal de Panamá- el principal canal bioceánico del comercio- va para los países del norte. Solo el 20% viene para acá”, dice Hugo Robert. “Por lo que, si el Canal de Panamá se bloquea, el único paso es por el Canal de Beagle, estrecho de Magallanes”, asegura el ex combatiente.

    Artículo Publicado Originalmente en ARG Medios

  • ¿Energía estatal o privada? El futuro de las represas hidroeléctricas argentinas

    ¿Energía estatal o privada? El futuro de las represas hidroeléctricas argentinas

    Son siete las centrales hidroeléctricas que después de 30 años renuevan concesión. El manejo y control de las mismas facturan unos 800 millones de dólares anuales. Con el tiempo contado ante una oportunidad histórica, las provincias presionan al Estado y a los privados.

     

    El 33% de la energía total que se consume en el país, es hidroeléctrica, y es indispensable para el agua potable, riego, energía eléctrica, navegación fluvial, recreación y turismo.

    Argentina cuenta con 95 aprovechamientos hidroeléctricos: 17 son grandes represas, entre las que se encuentran dos neuquinas, centrales de Piedra del Águila y El Chocón. Por su parte, las 78 restantes son de menor envergadura.

    Hay varios hitos fundamentales en la historia de la energía del país, pero hay tres que definitivamente delimitaron el rubro del recurso: la creación de la Empresa Nacional de Energía (Ende) en 1949 (Decreto N° 17.371) La Ley de Energía Eléctrica sancionada en 1960 que reconoce el ámbito provincial en las tareas de distribución y comercialización (Ley N° 15.336) Y las privatizaciones de los 90`que desmantelaron todo el sistema nacional de red hidroeléctrica (a través de la Ley 24.065).

    Este último episodio desmembró las ex empresas Agua y Energía Eléctrica S.E. e Hidronor S.A. en 13 unidades de negocio y concesionadas a empresas privadas. Pero ahora, los contratos de algunas de estas tienen fecha de vencimiento en 2023, y por eso desde hace dos años que se viene moviendo el avispero en despachos y recintos de las provincias y el Congreso.

    Si bien hay represas hidroeléctricas desplegadas a lo largo y ancho del país, el turno les tocó a las patagónicas, asentadas en las cuencas de los ríos Limay y Neuquén, que facturan unos 800 millones de dólares anuales.

    Actualmente cada una tiene su dueño, y la mayoría de ellas no son de bandera celeste y blanca. El Chocón-Arroyito es propiedad del grupo italiano ENEL, controlante de Edesur (con el 59% de las acciones); Cerros Colorados-Planicie Banderita, es de la firma de inversiones Orazul integrada por exejecutivos de Morgan Stanley; Alicurá,del grupo norteamericano AES; y Pichi Picún Leufú, del grupo local Pampa Energía conducido por Marcelo Mindlin.

    Se le suma la central Piedra del Águila, cuyo contrato de concesión finaliza en diciembre del 2023. La misma está en manos de la Sociedad Energía Sadesa Central Puerto, que tiene como accionistas a los empresarios Carlos Miguens, Guillermo, Reca, Nicolás Caputo, los hermanos Ruete Aguirre y la familia Escasany.

    Represa El Chocón

     

    Un reclamo que llegó a la Cámara Alta

    Los primeros en reclamar la gestión de los aprovechamientos hidráulicos, fueron los gobiernos y legisladores de Neuquén y Río Negro. El 27 de diciembre del 2021, la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, y su par de Neuquén, Omar Gutiérrez, oficializaron el reclamo en conjunto para manejar las represas hidroeléctricas de la región, respaldados por el artículo 124 de la Constitución Nacional.

    El 28 de noviembre de este año, el senador neuquino Oscar Parrilli llevó el pedido formal a la Cámara Alta. El proyecto que propuso fue el que reclaman las provincias del sur: para el 2023 las concesiones hidroeléctricas deberán ser de jurisdicción nacional a través de la empresa pública Energía Argentina S.A. (ENARSA), en sociedad con las provincias. El objetivo es que el ente estatal pueda retener el 51% de las acciones.

    “La experiencia de casi 30 años nos revela que la gestión privada, por sí sola no genera necesariamente mayor inversión, ni garantiza la expansión del sector”, dijo Parrilli. “A partir de la concesión de los aprovechamientos hidroeléctricos comenzó un periodo de declinación de la participación de la hidroenergía en la matriz energética. Del 43% de potencia instalada en 1994 se disminuyó al 25% actual”, argumentó el legislador.

    Las provincias se envalentonan

    Se viene un año de renovación y las provincias aprovechan para saldar cuentas. Neuquén y Río Negro reclaman al Estado Nacional y a las concesionarias privadas una deuda de $983 millones, por los pagos mensuales atrasados en concepto de regalías, y por incumplimientos en actividades de las privadas.

    Las definen como regalías “mal liquidadas” desde 2013 hasta la fecha y las “ganancias extraordinarias” que han tenido las concesionarias en perjuicio de los organismo locales, que son los encargados de llevar adelante los monitoreos. Por ley y en concepto de Regalías Hidroeléctricas, reclaman a las concesionarias de las obras hidroeléctricas del Comahue el pago que les corresponde

    El ex secretario de Energía provincial y actual legislador rionegrino, Sebastián Caldiero, se refirió a la resolución 95/13 como el móvil para que las provincias fueran perjudicadas. “Las concesionarias cobran sobre un montón de otros ítems que las provincias no cobramos como regalías”, razonaba el diputado de Cipolletti, experto en materia energética.

    Desde 2013, la Nación instrumentó un sistema de remuneración para la generación hidroeléctrica con el que se dejó de lado la legislación de fondo en la materia, perjudicando a las provincias acreedoras. Las mismas fueron beneficiadas por un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sentenciado en el 87´, por las Regalías mal liquidadas en el caso de la provincia de Neuquén, con HIDRONOR S.A.

    Los pedidos ya se hicieron de forma oficial y llegaron al secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, con la intención que interceda en el giro de los fondos.

    Después de 30 años, a Argentina se le abre la puerta a una oportunidad histórica. Una mayor participación del Estado en las acciones de concesiones hidroeléctricas, sería el inicio de una apuesta por modificar el sistema energético argentino, con todos las ventajas ambientales y laborales que la industria hidroeléctrica trae consigo.

    Represa Piedra del Águila. Foto de Fernando Garrido

     

    Nota publicada originalmente en ARG Medios

  • Detrás del golpe: el litio boliviano

    Detrás del golpe: el litio boliviano

    “El Golpe fue por el litio”, confesó Evo Morales. A dos años del Golpe de Estado en Bolivia y el exilio de su ex presidente, el control del litio y el intento por su industrialización aparecen como las verdaderas razones.

     

    Cronología de un Golpe

    El 8 de noviembre de 2019 el ex presidente de Bolivia, Evo Morales, alertó al mundo por un golpe de Estado en marcha en su país. El 10 de ese mismo mes renunció a pedido de las Fuerzas Armadas y la Policía. “El Golpe de Estado que me hicieron fue por el litio”, dijo Evo Morales, meses después.

    Pero volvamos un mes atrás para comprender mejor el hecho: el 20 de octubre del 2019, se dieron las elecciones presidenciales en Bolivia. Por un lado, el candidato por el MAS, Evo Morales, primer jefe de Estado indígena en Bolivia, y quien preside el país hace 13 años ininterrumpidos. Del otro lado, el candidato de derecha Carlos Mesa, quien fue presidente de Bolivia desde el 2003 hasta el 2005.

    La noche de la elección, Morales lideraba el conteo con el 45,28% de los votos frente al 38,16% de Mesa. Faltaba aún el 16% por escrutar, entre los que se encontraba el voto rural. Para evitar un escenario de balotaje, Morales debía obtener el 40% de los votos, con una diferencia de 10 puntos porcentuales sobre el segundo candidato.

    Allí comenzaron las presiones por parte de la oposición, organismos internacionales y se empezó a esbozar la idea de un posible fraude.
    El lunes 21 de octubre, los resultados dan por victorioso en primera vuelta al candidato del MAS. Pero Mesa y el resto de la oposición, denuncia fraude electoral.

    Las siguientes tres semanas serían de violencia en las calles: huelgas, protestas y los apoyos internacionales que recomendaban “revisar las urnas”. Al hacerlo, se evidencia una vez más que Evo Morales era el ganador en primera vuelta.

    El viernes 25 de octubre, La oposición boliviana, la OEA, la Unión Europea, Estados Unidos, Colombia y Argentina se unen bajo el mismo paraguas y exigen un balotaje. Una semana después, el Jefe de misión de la OEA, Artura Espinosa renuncia. Se repiten violentos enfrentamientos en Cochabamba y bloqueos en otras partes del país.

    El 6 de noviembre, en Vinto (centro), manifestantes prenden fuego el edificio municipal y obligan a la alcaldesa Patricia Arce Guzmán (MAS) a caminar descalza por el pueblo, cubierta de pintura roja, bajo insultos y amenazas. Tres unidades policiales se amotinan en Cochabamba, Sucre y Santa Cruz, y el 8 de noviembre Morales denuncia un golpe de Estado “en curso”.

    A pesar de los intentos del presidente en convocar nuevas elecciones nacionales que le permitan al pueblo boliviano democráticamente elegir sus representantes, las Fuerzas Armadas y la Policía le exigen que deje su cargo. Desde la localidad de Chimoré, Morales anuncia finalmente su renuncia y más tarde emprende un largo exilio político, pasando primero por México y finalmente radicándose en Argentina tras el triunfo de Alberto Fernández, donde permanecerá durante un año.

    Evo en la inauguración del primer auto eléctrico de industria 100% boliviana

    Detrás del Golpe: el control del litio boliviano

    Ahora bien, es preciso saber que alrededor del 85% de las reservas de Litio en el mundo se encuentran en el denominado “Triángulo del litio”, compuesto por Argentina, Bolivia y Chile. Sin embargo, actualmente los principales productores de baterías son EE.UU, China y la Unión Europea. Las reglas son las de siempre: las potencias compran la materia prima, la elaboran y luego la venden. Quien desafía el juego, sufre las consecuencias. Hasta ahora, Argentina y Chile no son una amenaza. Pero Bolivia sí.

    Desde hace algunos años, el Estado Plurinacional de Bolivia se hace cargo de la explotación de litio de forma nacional. La explotación y fabricación de cloruro de potasio y carbonato de litio- materia prima- ya era un hecho antes del golpe a Evo. Incluso, en el departamento de Cochabamba, había una empresa que fabricaba vehículos eléctricos con baterías de litio producidas en Bolivia.

    “Era una producción chica pero prometedora”, dijo el actual presidente de Bolivia Luis Arce, en una visita a México, el 24 de marzo de 2021. Sin embargo, Bolivia decidió ir por más: había que garantizar la industrialización del litio. De esta forma, el país extendería su escala de producción a través de un acuerdo con Alemania, para que este país le construya una planta de fabricación de baterías. Las condiciones las puso Bolivia, quien seguiría siendo el socio mayoritario de la transacción.

    “Cuando estábamos por suscribir el contrato con la empresa Alemana, viene el golpe de Estado”, sentenció Arce. “Los primeros levantamientos y clima de conflicto se dio en Potosí, justo el departamento donde está el Salar de Uyuni, donde se concentran las reservas de litio”, agregó.

    El 25 de julio del 2020, ocho meses desde que el Golpe Militar en Bolivia había comenzado, Elon Musk, dueño de Tesla, la empresa yanki de autos a batería, dijo en sus redes sociales: “Daremos un golpe de Estado a quien queramos”. Su expresión generó un repudio masivo. El empresario fue uno de los mayores beneficiados por el Golpe. Las acciones de su empresa se triplicaron desde aquel 8 de noviembre del 2019.

    La política ambiental de Evo Morales

    “Los recursos naturales deben ser un Derecho Humano”, dijo Evo Morales en su acto en Abasto, La Plata, el 6 de noviembre. Definitivamente la frase resume los 13 años de su gestión.

    Sin dudas, la gestión de Evo Morales Ayma marca un antes y un después en la política de Bolivia y de América Latina. La declaración de los recursos naturales de carácter estratégico e interés público en el 2009, o la nacionalización de los hidrocarburos y la energía fueron políticas que definieron el rumbo del país boliviano y lo posicionaron entre los tres países con mayor crecimiento económico de América del Sur, según el Banco Mundial.

    Una de sus primeras medidas desde su asunción en el 2006 fue la reactivación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), empresa que se convirtió en la más importante del país. Esto permitió abastecer masivamente de gas natural de red, pasando de un 3% de la población abastecida en 2006 a un 50% en 2019.

    La democratización del gas natural en Bolivia- servicio público y subsidiado- posibilitó un mayor consumo doméstico y el crecimiento de nuevas conexiones a lo largo de todo el territorio. Entre 2006 y 2015, de 28 mil conexiones Bolivia pasó a tener 554 mil, y se sumaron 2,8 millones de personas nuevas a la red de gas.

    Por otro lado, durante su mandato el expresidente declaró la Energía como un Derecho Humano, lo que posibilitó luego, la nacionalización de la empresa de transmisión eléctrica (ENDE)

    Por todo esto, en 2008 Evo Morales comenzó a ocuparse del recurso litífero, y a pedido de las comunidades mineras bolivianas, se nacionalizó la explotación de los Recursos Evaporíticos del Salar Uyuni.

    Ese mismo año se creó una planta piloto para el procesamiento de litio y la empresa pública, estatal y nacional, encargada de su explotación; Yacimientos Litiferos Bolivianos (YLB). A través de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) el Estado boliviano comenzaría a controlar toda la cadena de valor de producción del litio.

    Desde ese momento, Bolivia se enfocaría en el crecimiento de su industria de Litio, generando así acuerdos con países que lideran el mercado de las tecnologías a nivel mundial. Siempre manteniéndose como socio mayoritario y casa matriz de la producción.

    Además del acuerdo firmado con Alemania, a través de YLB, Bolivia firmó un acuerdo preliminar con el consorcio chino TBEA-Baocheng para construir plantas industrializadoras de litio en los salares de Coipasa y Pastos Grandes. Esta planta procesaría un tipo de salmuera que produce Litio Metálico, un producto de alto valor de un uso en tecnología de punta que pocos países fabrican. A través de este acuerdo, Bolivia se constituyó también como uno de los pocos países en el mundo en producirlo.

    En su paso por Argentina con el objetivo de seguir difundiendo el Congreso del RunaSur, el ex presidente de Bolivia, habló ante tres mil agricultores y agricultoras en la localidad de Abasto. Allí remarcó la defensa por los recursos naturales, y los reparos ante los saqueos y privatizaciones de los mismos por parte de países extranjeros.

    Dejó en claro no solo que su administración debe ser pública y nacional, sino éstos mismos un Derecho Humano.

    Nota Publicada originalmente en ARGMedios

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  • La Justa Comercializadora lanza su campaña por el mes de la agroecología

    La Justa Comercializadora lanza su campaña por el mes de la agroecología

    “Comida Justa: Agroecología en las quintas y en tu mesa”, así lleva el nombre de la campaña que lanza la Comercializadora de la Universidad Nacional de La Plata, por el mes de la agroecología. El objetivo es visibilizar el trabajo que hay detrás de los bolsones de verdura agroecológicos producidos en el cordón flori-fruti hortícola platense.

     

    Foto: Pedro Ramos

    En el marco de la iniciativa impulsada por la Red Nacional de Municipios y Comunidades que fomentan la Agroecología (RENAMA) quienes hace varios años celebran el mes de la agroecología durante noviembre, La Justa se suma a la propuesta con su campaña propia. Durante el mes habrá charlas, talleres, proyección de un audiovisual, actividades en los nodos de consumo, y recorrida a quintas de productoras. El sábado pasado se inauguró la campaña con la primera visita a las quintas de dos productoras hortícolas.

    La comercializadora que nació en 2020 en pleno contexto pandémico vendiendo alrededor de 700 bolsones de verdura fresca por cada ronda quincenal, acerca alimentos orgánicos o agroecológicos, elaborados por cooperativas de la Economía Popular, Social y Solidaria, y de organizaciones de productores de la Agricultura Familiar. Desde su origen hasta hoy, La Justa incorporó más de 30 productos en su oferta entre los que están: quesos, embutidos, dulce de leche, yerbas, condimentos, frutos secos, carnes, conservas, panificados, productos de higiene y artesanías.

    Sin embargo, el bolsón de verduras frescas cosechado en el periurbano platense “es el corazón de la comercializadora”, dice Belen Sendín coordinadora de la comercializadora. “La campaña tiene como propósito mostrar el trabajo que hay detrás de la agroecología en las quintas”, agrega. Sin consumidores que apuesten a este circuito, no hay agroecología posible. “Eso es lo que queremos demostrar”, menciona Sendín.

    El trabajo que lleva adelante La Justa en la transición hacia un modelo de producción agroecológica comienza hace dos años, y es en conjunto con la UNLP a través del Sistema Participativo de Garantías (SPG), organizaciones, técnicos, docentes y estudiantes. “Se podría decir que toda esta producción es agroecológica desde hace tres años ya”, dijo Martina Puqui Chulqui, una de las horticultoras de La Justa al mostrar a consumidores sus cultivos en la recorrida a quintas del sábado pasado.

    Foto: Pedro Ramos

    En cuanto a los alimentos, “se nota la diferencia si es agroecológico: en la frescura, y el sabor”, asegura Mónica Ruggeri, consumidora de comercializadora universitaria, quien afirma que hace años intenta mejorar su alimentación. “Me gustó mucho la experiencia que pude compartir en las quintas de las productoras que nos abrieron las puertas de sus casas para ver cómo se produce, y se siembra”, dice Mónica quien además es oriunda de la zona de Arana donde se ubican varias de las quintas de las productoras hortícolas. “Fue una experiencia hermosa ver el trabajo que hacen con la agroecología”, agrega.

    Sin embargo, la agroecología es un trabajo de todos los días, no un estado en sí mismo, “y no podría hacerse sin una intermediación pública y solidaria como La Justa”, remarca Belén.

    En los circuitos convencionales de venta de verdura, el camión que pasa por las quintas y luego lleva los alimentos al mercado central, no distingue si es agroecológico o no. Incluso tampoco compra variedades que no se consume tanto en el mercado, “y que son necesarias plantar para aportar diversidad a las quintas”, afirma Sendín.

    Al principio cuando queremos dejar atrás el sistema convencional, donde el suelo está muerto por tanto agroquímico, es difícil, y requiere de un trabajo colectivo para transicionar al modelo agroecológico:  la incorporación de biodiversidad en las quintas , elaboración y adquisición de bioinsumos (preparados naturales), obtención de semillas propias, fueron algunas de las claves. “Todo eso aporta a la agroecología, que al fin y al cabo es mucho más que no usar agroquímicos. Es la posibilidad que el ecosistema se regule solo”, dice la agrónoma y parte del equipo técnico de agroecología Soledad Duré.

    El armado de bosones de verdura en La Justa permite que los productores puedan vender toda su producción a un precio justo. De los ingresos que percibe La Justa, un 87% se destina a los productores de los alimentos y el 13% restante para cubrir gastos de logística, comunicación  y acompañamiento técnico. En los sistemas convencionales, el productor muchas veces no se queda ni con la mitad del precio a lo que se pagó ese alimento.

    Por otro lado, la diversidad de especies posibilita un sistema de producción agroecológico. “Las plagas no son para todos los cultivos las mismas. Cada especie tiene su propia plaga, y la variedad de cultivos facilita entonces la disminución y manejo de las mismas”, dice Duré. “Así como también la presencia de plantas aromáticas, porque actúan como barrera frente a las plagas”, agrega la agrónoma.

    Foto: Pedro Ramos

    El bolsón de La Justa es colorido y diverso, “como son las quintas de los productores”, dice Sendín. Esa diversidad de cultivos no podrían venderse a “culata de camión”, y es por eso que el bolsón es nuestra principal herramienta para sostener la agroecología en las quintas”.

    La campaña pretende visibilizar el trabajo que hay detrás de este circuito corto, pero pone el foco en el bolsón de verduras, el trabajo que hay para sostenerlo, y la importancia de seguir comprándolo. Por eso, “también se hace agroecología comprando el bolsón de La Justa”, finaliza la coordinadora e la comercializadora de la UNLP.

    Foto: Pedro Ramos