El Gobierno nacional terminó una de las etapas clave en la privatización del sector energético al preadjudicar la gestión de cuatro centrales hidroeléctricas ubicadas en la región del Comahue, en las provincias de Neuquén y Río Negro, por un monto que supera los 706 millones de dólares.
La decisión es parte de la ya conocida intención del gobierno de reducir el peso de la participación estatal en empresas estratégicas y, mediante su privatización, obtener divisas para las arcas públicas.
La medida fue publicada oficialmente por el Ministerio de Economía -Resolución 2059/2025-.En la misma, Luis Caputo aprobó el resultado de la segunda etapa del concurso público para la venta del 100% del capital accionario de las sociedades que operan las represas.
Las centrales involucradas son Piedra del Águila, El Chocón, Alicurá y Cerros Colorados, actualmente bajo la órbita de las empresas estatales ENARSA y Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA). La firma de los contratos está prevista para el 22 de diciembre en Cipolletti.
El embalse de Alicurá es el primero de cinco diques sobre el río Limay en el noroeste de la región del Comahue, unos 100 km de Bariloche.
Quiénes serán los nuevos operadores
Las cuatro hidroeléctricas preadjudicadas fueron asignadas de la siguiente manera:
Piedra del Águila: quedó en manos de Central Puerto S.A., quién presentó la oferta más alta por 245 millones de dólares.
El Chocón: será asignada a un consorcio conformado por BML Inversora S.A.U. y MSU Energy, con una propuesta económica de 235,7 millones de dólares.
Alicurá: fue preadjudicada al grupo liderado por Edison Inversiones S.A.U. junto al Consorcio de Empresas Mendocinas para Potrerillos por 162 millones de dólares.
Cerros Colorados: también se adjudicó a Edison Inversiones S.A.U. por 64,1 millones de dólares tras una instancia de mejora de ofertas.
El Embalse Piedra del Águila es el segundo de cinco embalses sobre el río Limay al noroeste de la región del Comahue, entre las provincias de Río Negro y del Neuquén en Argentina.
De esta forma, la venta de los paquetes accionarios de las cuatro represas patagónicas supondrá para el Estado un ingreso de más de 706 millones de dólares, cifra que esperan que ingrese antes de finalizar el año.
Estos contratos entrarán en vigencia una vez que se publique la resolución de adjudicación definitiva en el Boletín Oficial, luego del acto oficial de firma de contratos de transferencia y concesión, que se realizará el 22 de diciembre en Río Negro.
La Represa de El Chocón, es el cuarto embalse sobre el Río Limay.
Un cambio estructural en el manejo y el control de la energía
Estas centrales, que fueron construidas por el Estado en la década de 1970, generan el 15% de la energía de todo el país, con una potencia combinada cercana a 4.170 megavatios.
Pese a que se trata de una re-privatización, porque desde 1993 fueron vendidas a distintas empresas, se conformaría como las primeras privatizaciones de Javier Milei, como parte del plan de apertura al sector privado de infraestructura y activos estratégicos del Estado.
A fines de 2023, las concesiones otorgadas en la década de 1990 vencieron y el gobierno de Alberto Fernandez retomó de manera transitoria la operación de las represas del Comahue. La administración quedó en manos de empresas estatales como ENARSA y Nucleoeléctrica Argentina, que asumieron el control operativo para garantizar la continuidad del servicio eléctrico mientras se definía el futuro de los activos. Hasta ese momento, los complejos fueron gestionados por compañías privadas nacionales y extranjeras, entre ellas Enel, AES y Central Puerto.
El Ejecutivo también está preparando otras licitaciones, como la de la Hidrovía Paraná-Paraguay, que concentra el mayor movimiento logístico portuario del país. Mediante la resolución 2059, el Gobierno lanzó el llamado a licitación para la concesión de la Hidrovía para el viernes 27 de febrero de 2026 a las 13 horas.
El Complejo Hidroeléctrico Cerros Colorados, Está ubicado sobre el Río Neuquén, aguas arriba de la confluencia con el río Limay.
La petrolera inglesa Rockhopper Exploration confirmó esta semana la Decisión Final de Inversión (DFI) para la fase 1 del proyecto Sea Lion (León Marino), un yacimiento offshore ubicado a unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas, zona en la que Argentina reclama su soberania.
La iniciativa prevé una inversión inicial de alrededor de 1.800 millones de dólares y el inicio de la producción de crudo en 2028, con un volumen estimado de hasta 55.000 barriles diarios.
Rockhopper posee el 35% de participación y lleva adelante este proyecto junto a la petrolera israelí Navitas Petroleum, que controla el 65% restante y aporta la mayor parte del financiamiento. Navitas ingresó al emprendimiento en 2022. La Decisión Final de Inversión representa un punto de inflexión, ya que implica el compromiso concreto de las empresas para avanzar hacia la producción de hidrocarburos.
Esta es la primera vez que se anuncia formalmente una decisión para producir petróleo en Malvinas, en un territorio que permanece bajo ocupación británica y se encuentra en disputa por la soberanía. Según informaron las compañías, el plan de desarrollo contempla la perforación de 11 pozos en el lecho marino durante la primera etapa.
El alcance del proyecto es significativo. Sea Lion concentra recursos estimados en más de mil millones de barriles de petróleo, lo que lo convierte en uno de los desarrollos offshore más importantes de la región. Los planes de mediano y largo plazo prevén escalar la producción a 80.000 barriles diarios en la fase 2 y hasta 200.000 en la fase 3, con una explotación proyectada por al menos 35 años.
El mensaje de Cancillería
Lo cierto es que el anuncio no generó gran controversia política. El Gobierno argentino manifestó únicamente una declaración de la Cancillería en la que rechazó el proyecto y consideró “ilegítimos” los derechos de explotación otorgados por el gobierno de las islas. Tras la presión del gobierno de Tierra del Fuego, el Ministerio de Relaciones Exteriores recordó que toda exploración y explotación unilateral de recursos naturales en áreas en disputa viola las resoluciones 2065 y 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Rockhopper y Navitas ya habían sido sancionadas por el Estado argentino en 2021 por realizar actividades ilegales de exploración en el Atlántico Sur. En el caso de Navitas, incluso fue inhabilitada en 2022 por 20 años para operar en territorio argentino. Cuatro años después de aquellas sanciones, las mismas empresas anuncian el inicio de una explotación petrolera que se extendería por décadas.
Desde el gobierno fueguino advirtieron que el avance de estos proyectos no sólo consolida el control económico británico en Malvinas, sino también su poder político en el territorio.
Con esta noticia, no está en juego solo la apropiación de un recurso estratégico, sino que además contrapone a nuestra histórica demanda de soberania sobre las Islas Malvinas e Islas del Atlántico Sur, sobre los territorios insulares y marítimos circundantes. También implica para nosotros la pérdida de oportunidades de desarrollo, soberanía energética y autonomía tecnológica.
Ayer, martes 9 de diciembre de 2025, la legislatura provincial de Mendoza aprobó definitivamente la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto PSJ Cobre Mendocino -antes “San Jorge”-, un megaemprendimiento de explotación de cobre en la zona de Uspallata, con emplazamiento sobre la cuenca hídrica más importante de la provincia, el Río Mendoza.
La votación en el Senado fue de 29 votos a favor, 6 en contra y 1 abstención. La aprobación de San Jorge, fue parte de un paquete de proyectos mineros a los que también se les dió luz verde, y que terminan por conformar una obra de saqueo explícito: por un lado, una Ley de Regalías para establecer un nuevo.
Por otro lado, un proyecto de creación de un fondo compensación ambiental, que destina parte del dinero de las regalías cobradas por la provincia para compensar los daños ambientales que puedan ocasionar estos proyectos extractivos. Por último, también se aprobaron los permisos para la exploración en dos distritos más en Malargüe.
Aunque el gobierno asegura que el 90% del agua se utilizará en circuito cerrado, las organizaciones sostienen que los controles son insuficientes y que el proyecto podría afectar de manera irreversible la cuenca del río Mendoza.
Impacto en los rios y el agua
El proyecto PSJ Cobre Mendocino contempla la explotación a cielo abierto en el cerro San Jorge, a unos 37 kilómetros de Uspallata. Según el proyecto presentado, la mina tendrá una extensión de 1.700 metros de largo, 950 metros de ancho y una profundidad de entre 330 y 350 metros. El concentrado de cobre se extraerá con el método de flotación, para el cual se abastecerán de agua del arroyo El Tigre.
Este es el principal cuestionamiento de las asambleas y los vecinos mendocinos: El proyecto agotaría el acuífero del arroyo El Tigre y podría contaminar los acuíferos subterráneos que se vinculan con el río Mendoza. Este rio, no solo es el principal suministro de agua de la provincia, sino que además es uno de los afluentes de la Cuenca del Desaguadero: la cual nutre desde Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, San Luis, hasta La Pampa, por lo que la contaminación de este río puede traer complicaciones a las provincias aguas abajo, entre ellas La Pampa.
La Gesta Libertadora por el Agua
Sin embargo, no fue una aprobación tranquila. Estuvo llena de irregularidades y nunca tuvo aprobación social. Hubo miles de personas movilizadas. Hubo grupos de personas que caminaron 90 kilómetros hacia la ciudad de Mendoza, en una gran caravana que inició el lunes 8 desde el pueblo de Uspallata, y se iba agrandando a medida que atravesaban otros pueblos y se unían más pies y más bocinas.
Hubo gente que anduvo más de 325 km en auto desde Malargûe. Hubo personas que prendieron un fuego en la ruta y cocinaron un guiso para esperar a los caminantes con un plato que les de energía para seguir. Hubo otros que repartieron agua, fruta, sostuvieron las banderas y dieron aliento.
Hubo caravanas de autos desde el norte, el sur, el este y el oeste. Todas confluyeron en Plaza Independencia, en el centro de la ciudad de Mendoza, durante la mañana y tarde del martes. Hubo otros que pasaron la noche entera ahí, en vigilia, frente a la legislatura, gritando sin parar “El agua de Mendoza, no se negocia”. Durante el día martes, la caminata por la ciudad de Mendoza duró más de
A este movimiento lo han llamado La Nueva Gesta Libertadora por el Agua. Fue organizada desde las asambleas, bajo el manto de banderas celestes y blancas y el espíritu del General San Martín. Es el comienzo del nuevo Mendozazo del que nos habló Ana Llanos, vecina de Uspallata, hace unas semanas.
Si bien la marcha de esta semana fue histórica y ha dado de qué hablar a la provincia entera, no fue nota de tapa de ninguno de los diarios mendocinos, así como tampoco ha sido mostrado en los canales de televisión, según denuncian los vecinos. Este hecho da cuenta de la presión que ejercen los políticos y el empresariado minero sobre la opinión pública.
La Marcha del Agua de 2019
El pueblo de Mendoza es un pueblo profundamente relacionado con el agua. Es un pueblo que comprende la vitalidad de este recurso, porque históricamente lo han defendido y porque es un bien más que escaso en la provincia.
Hace algunos años ocurrió una situación muy similar. Fue también durante diciembre, en 2019, cuando Mendoza gestó una de las movilizaciones más masivas de su historia, con caravanazos, protestas replicadas en los pueblos y una marcha impresionante desde el Valle de Uco. Miles de mendocinos defendieron la Ley 7722 y lograron frenar una reforma que habilitaba el uso de cianuro en la minería.
Aquella vez, la caravana partió desde San Carlos, Valle de Uco, el 22 de diciembre. Miles de sancarlinos llegaron a pie a Casa de Gobierno y fueron sumando columnas de vehículos y caminantes a lo largo del trayecto.
Allí fueron recibidos con un fuerte operativo represivo por el gobernador Rodolfo Suarez, que incluyó balas de goma, gases y detenciones. Pero la presión popular fue tan contundente que empujó a los aliados del acuerdo minero, incluido el PJ, a pedirle al gobernador que no modificara la ley. Luego de esta victoria, la 7722 se consolidó como un símbolo excepcional en defensa del agua para la provincia y todo el movimiento socioambiental de Argentina.
El escenario que vive hoy Mendoza es parte de una tradición de resistencia. La gente ha demostrado que el interés por el agua pura y limpia sigue vivo y que la lucha no va a achicarse pese a una amplia victoria (70%) de viva en las calles, tal como ocurrió en diciembre de 2019.
¿Qué sigue?
Luego de la ratificación legislativa, ahora resta que el Ejecutivo la promulgue para iniciar la ingeniería de detalle y, más adelante, la construcción de la mina, que podría extenderse hasta 2027.
Mientras el gobierno celebra un logro político, las asambleas ambientales siguen anunciando puntos de protesta, encuentro y organización. Prometen seguir luchando y enfrentando el proyecto minero hasta que el gobierno escuche y entienda que no tiene el permiso de su pueblo.
La Asociación de Trabajadores del Estado en la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (ATE CONAE) repudió los recientes despidos en la empresa VENG S.A., firma clave de lo que supo ser el Plan Espacial Nacional, y advirtió que el sector atraviesa un proceso de vaciamiento y destrucción como consecuencia de las políticas aplicadas por el gobierno de Javier Milei.
En el marco del fuerte desfinanciamiento, al igual que todo el sistema científico nacional, ATE denunció que el proyecto de Vehículo Espacial Nueva Generación (VENG), la empresa a cargo del desarrollo del cohete lanzador de satélites Tronador II, “está muerto” y sin sus trabajadores.
Según los datos de dotación del INDEC la empresa perdió el 17% de su personal, lo que significa un total de 80 trabajadoras y trabajadores solo hasta septiembre, sin contabilizar los despidos y renuncias del último mes. Esto conforma un gran retroceso frente a los esfuerzos y la inversión que el sector científico nacional ha brindado en, al menos, los últimos 25 años por desarrollar la industria espacial argentina.
Entre las bajas más críticas se incluye la renuncia de casi todo el equipo de la sección de propulsión del proyecto Tronador II, completamente desfinanciado por la actual gestión junto con el resto de los proyectos de la CONAE.
La nueva gestión de VENG
En el comunicado emitido ayer 28 de noviembre, el deterioro institucional comenzó poco después del cambio de gestión, cuando “comenzaron a repartirse la empresa como botín de guerra, hasta llegar a la conformación actual”.
La conducción de VENG fue reorganizada y se designó a Laureano Quiroga como gerente general, Alberto Jaure como gerente de Recursos Humanos y Administración, y a Roberto Yasielsky como presidente, cargo que por primera vez en la historia de la empresa pasó a ser rentado.
Estas designaciones, señalan, surgieron en medio de la falta de respuestas oficiales ante pedidos de información al entonces Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, sobre posibles ampliaciones de la planta política y salarios de los nuevos funcionarios. De acuerdo con información interna no oficial, la planta política habría aumentado.
Desde ATE advierten que este éxodo del personal implica una pérdida directa de capacidades estratégicas que aportan estos profesionales para el desarrollo espacial. “Nos solidarizamos con las compañeras y compañeros de VENG y repudiamos este nuevo ataque a la Ciencia y la Tecnología argentinas”, expresaron desde ATE CONAE.
Encontrá más información sobre la historia del desarrollo espacial en nuestro país, acá:
Con un gobierno decidido a atraer dólares a cualquier costo, la minería volvió al centro de la agenda económica nacional. En Mendoza, el cobre pareciera ser la nueva promesa: lo llaman el “oro verde”, el “mineral clave para la transición energética”. Los funcionarios y empresarios repiten que para que Argentina salga de la crisis, es necesario sacar provecho de los minerales que tenemos, y para ello se necesitan inversiones de grandes empresas capaces de generar exportaciones rápidas.
Hoy, miércoles 26 de noviembre, la Cámara de Diputados de Mendoza aprobó el Proyecto megaminero San Jorge, a instalarse en Uspallata. La Legislatura discutió la Declaración de Impacto Ambiental y le dió vía libre con 31 votos contra 13.
“No hay muchas esperanzas. Tienen los votos positivos en las cámaras y no quieren escuchar al pueblo”, había declarado a Desde la Raíz la semana pasada Ana Llanos, integrante de Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata. “Se viene otro Mendozazo”, manifestó, en referencia a aquella enorme protesta social ocurrida en 1972.
Este mes, impulsado por el 55% de los votos en las últimas elecciones, el gobierno mendocino presentó en su Legislatura un paquete de leyes para promover la minería a gran escala. Además de San Jorge, incluyó una nueva Ley de Regalías, un Fondo Compensador Ambiental -que apunta a que el Estado se haga cargo de daños y desastres ambientales cuando los responsables se declaren “insolventes”- y la creación de los distritos mineros Malargüe II y III.
“Hay una ventana de oportunidades y no debemos dejarla pasar”, afirmó el gobernador Alfredo Cornejo en la Argentina Mining 2025, “Podemos generar riqueza, elevar salarios y mejorar la calidad de vida”, aseguró. Sin embargo, la situación es bastante más compleja. En un contexto de alianzas con Estados Unidos, presión internacional por minerales para la transición energética, la promesa presidencial de derogar la Ley de Glaciares y la alineación de los gobernadores a la llamada Mesa del Cobre, lo que se discute no es sólo la explotación en un yacimiento (que ya fue rechazada hace 14 años) sino el rumbo de la política minera en todo el país.
A pesar de que la narrativa oficial celebra la reactivación de la actividad minera como un signo de desarrollo, las decisiones están lo suficientemente condicionadas por intereses externos como para dudar si generará un desarrollo provechoso para nuestro propio país.
Una bandera flamea en la calle principal de Uspallata.
El resurgimiento de San Jorge y el riesgo ambiental
La reactivación ocurre en paralelo a los beneficios extraordinarios que ofrece el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y las libertades que otorgaría la derogación de la Ley de Glaciares. Ahora bien: ¿Qué quedará para las provincias y para el pueblo si las mayores ventajas son para las empresas?
Históricamente, la tierra de los cultivos de la vid le ha negado el ingreso a los proyectos mineros. Es la provincia conocida por lograr la 7722, la emblemática ley en defensa del agua, sancionada en 2007. También lograron gran repercusión en 2019, cuando la Legislatura aprobó una modificación pero luego de masivas movilizaciones, el gobernador, por entonces, Rodolfo Suárez, tuvo que derogar. Esta historia quedó registrada en el documental HAM, Historia del Agua de Mendoza.
“Ahora estamos en una realidad muy distinta. Hay más hambre, muy poco trabajo y realmente tenemos un gobernador que es mucho más psicópata que el anterior. No escucha a nadie, te mete preso”, definió Ana Llanos desde Uspallata.
Rebautizado como PSJ Cobre Mendocino, San Jorge fue aprobado y va directo al Senado con todo el viento a su favor. La sesión fue realizada con protestas en la calle y amplio descontento popular, que busca impedir la construcción de la mina a sólo 37 kilómetros del pueblo de Uspallata, y a 97 de Mendoza capital.
San Jorge es un proyecto de minería a cielo abierto, para la exploración y explotación de cobre en un yacimiento a más de 2500 mts de altura. La firma está integrada por capitales suizos (Zonda Metals) y el Grupo Alberdi de Argentina. La minería metalífera (cobre, oro, plata o litio en roca dura) a cielo abierto, suele ser la más contaminante. Este tipo de explotación requiere remover enormes volúmenes de roca mediante excavaciones y uso intensivo de explosivos. Uno de los mayores riesgos ambientales es el polvo tóxico que genera, cargado de metalales y particulas tóxicas que se dispersan con el viento. Además, el cuando los minerales sulfúricos se exponen al aire y al agua, reaccionan produciendo ácido sulfúrico, que termina contaminando rios y acuíferos durante décadas.
Amparándose en que la separación de los minerales -para la que se utilizan millones de litros de agua y sustancias tóxicas como el cianuro- se hará posterior a la extracción, el proyecto asegura estar dentro del marco de la Ley 7722. Sin embargo, Jorge Difonso, opositor entre los diputados, dijo: “Hay medidas judiciales pendientes contra este proyecto. Hay dudas sobre las medidas de contención en las rutas. Este proyecto no cumple con la 7722 porque no se consultó a las comunas río abajo de la cuenca”.
Minería a cielo abierto en El Jachal, San Juan.
El engaño de la promesa laboral
Uno de los argumentos más repetidos por el Gobierno provincial y nacional es el del empleo. Aseguran que San Jorge generaría alrededor de 3.900 puestos de trabajo directos e indirectos durante la etapa de construcción y, una vez en marcha, unos 2.400 puestos en la fase de operación.
“Son números inventados, si pudieran decirlos de verdad redondearían a 4000, pero saben que están muy alejados de eso”, asegura Ana Llanos, asambleísta de Uspallata, quien confiesa además haber tenido que estudiar muchísimo desde que decidió oponerse a la minería.
En el valle, el trabajo escasea y estas cifras funcionan como un anzuelo. “La falta de trabajo es real, pero es una necesidad que la fueron creando, de a poco, desfinanciando otros sectores y ahogando las economías locales”, menciona Ana.
La industria minera no se caracteriza justamente por dar trabajo. Según un informe reciente del Ministerio de Economía, la minería representa el 0,6% del empleo del sector privado en Argentina. A nivel mundial, la minería representa menos del 0,5% de la fuerza laboral, según un informe de la Organización Internacional del Trabajo. Una mina puede mover millones de dólares sin requerir una gran cantidad de trabajadores.
Sea el número que sea, de ningún modo los puestos de trabajo podrían garantizar un cambio estructural en la economía local. Muchos de ellos son puestos temporales, duran lo que demora la construcción de la mina, trabajos en la mejora de caminos, por ejemplo, perforaciones, tendido eléctrico y alambrado, mientras que los trabajos necesarios para la operación de la mina son altamente especializados y, por ende, ocupados en su mayoría por profesionales que no son de Uspallata ni de la zona. Por eso, la discusión no es sólo por la cantidad de empleos, sino por la calidad: quiénes los ocupan y por cuánto tiempo.
En este contexto es preciso pensar: ¿Qué pasará con la economía local una vez que la mina se retire? ¿Qué es lo que se entrega y a cambio de qué con proyectos así? En un valle y en una provincia donde el agua es realmente muy escasa y delimita sin exagerar la vida misma, no puede arriesgarse por falsas promesas.
Persecusión y criminalización
Hace meses que vecinos, asambleístas y militantes exponen las consecuencias sociales y ambientales del proyecto. Además, denuncian persecución judicial y violencia policial por participar de movilizaciones y marchas. La situación ha ido escalando el nivel de violencia y de conflicto social. “Se viene otro Mendozazo”, dijo Ana Llanos.
Todo comenzó el 24 de enero de este año, cuando el intendente del departamento de Las heras, organizó en Uspallata un acto para la apertura de una sede de la Cámara de Proveedores Mineros. Su presencia contó con la participación de un grupo de trabajadores de la UOCRA, lo que fue interpretado por los vecinos como un acto de prepotencia y no tardó en generar conflictos.
“El intendente no viene nunca. De pronto llegó con 120 muñecos, armó un escenario en medio de la calle. La gente se empezó a amontonar, no entendíamos nada. En seguida nos atacaron, nos golpearon, a un compañero le rompieron el tabique en tres partes, casi lo matan a piñas. Lo salvé yo con un matafuegos que pude rescatar de mi negocio”, contó Mauricio Cornejo, integrante de la asamblea Valle de Uspallata, quien comparte con el gobernador, únicamente, su apellido.
Un mes más tarde, a Mauricio lo fueron a buscar a su casa y lo detuvieron durante 23 días. También fue detenido Federico Soria. “Nos acusan de ecoterrorismo, de pertenecer a una agrupación dedicada a la coerción ideológica mediante el miedo y el terror”, contó en diálogo con DLR Mauricio.
A la única agrupación que pertenece Mauricio, es a una asamblea en su comunidad que, en defensa del agua, se oponen a los proyectos mineros. Desde entonces hasta la fecha, han sido criminalizados, acusados en base a un artículo del Código Penal incorporado por la dictadura militar y que jamás se había utilizado antes en la provincia de Mendoza.
Sin embargo, este no fue el único evento de violencia que vivieron los vecinos. Hace un mes, el 23 de octubre, fueron detenidos dos manifestantes durante una protesta en la Legislatura. Liza Rule Larrea y Martín Iglesias fueron imputados por “resistencia a la autoridad y daños agravados”.
Martín fue arrastrado por la policía 40 metros hacia dentro la Legislatura, donde lo golpearon y lo dejaron tirado en un rincón. Por su parte, Rule pasó más de 50 horas en la Comisaría Séptima “en condiciones infrahumanas”, según declaró. “El jefe del operativo argumenta que empujamos una valla que le hizo un rasguño de 1 cm del dedo anular de la mano izquierda. Están buscando pruebas de eso”, contó Liza, una bailarina de Mendoza que meses atrás se había hecho conocida por realizar un baile a 60 metros de altura ondeando la bandera argentina, en los festejos por el 25 de mayo.
“Vamos a seguir peleando por defender el agua y nuestros pueblos, porque ya tenemos muchos ejemplos donde la minería no sirvió para nada, muy por el contrario. El caso del pueblo Jáchal en San Juan, es uno, o el caso de Chuquicamata, una de las minas más grandes de cobre en Chile”, insistió Mauricio Cornejo, entendiendo que hoy en la provincia él y sus compañeros son presos políticos.
La ley de Glaciares
Mientras que el Proyecto San Jorge espera entrar a la Cámara de Senadores, el presidente avanza con la modificación la Ley de Glaciares (26.639), que prohíbe la minería en zonas glaciares y en sus perímetros circundantes. Tal como anunció hace unas semanas en un congreso en Corrientes, el Presidente sostiene que la norma responde a “una actitud bien primitiva” de los ambientalistas que “prefieren que uno se muera de hambre y no tocar nada”.
“Lo que permite esta ley es devolverle el federalismo a las provincias y que cada una determine cuál es la zona periglaciar protegida”, definió el presidente, algo muy parecido a lo expresado hace un tiempo por Peter Lamelas, embajador de Estados Unidos en Argentina. Esta medida permitiría la explotación en territorios que hoy son reservas hídricas naturales.
En este clima, la flexibilización de la Ley de Glaciares pareciera ser una condición implícita en la relación de Argentina con Estados Unidos. Esta ley ha puesto un freno a proyectos en la cordillera que no atendían límites sobre zonas sensibles.
Milei atribuyó directamente esta iniciativa a Alfredo Cornejo, sin dudas un gran interesado. La discusión en Mendoza no puede leerse por fuera de una batalla geopolítica en torno a minerales y recursos estratégicos. Un tablero en el que Argentina tiene mucho por defender, pero no tiene al frente las mejores fichas.
Hace unos días, el prestigioso portal de noticias The Wall Street Journal informó que, dentro de la negociación que mantiene activa Estados Unidos con Argentina, se encuentra el interés directo de los yanquis por mantener una suerte de “prioridad” en el acceso y comercio del Uranio.
Luego del acuerdo de asistencia financiera pactado entre Javier Milei y Donald Trump,el diario publicó un artículo en el que afirma que el ministro de Economía, Luis Caputo, y el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, mantienen negociaciones para limitar el acceso de China a los recursos naturales de nuestro país. Además, según fuentes de este medio, también debatieron ampliar el acceso de Estados Unidos a las reservas de uranio argentinas.
Según especifica el artículo, titulado“Estados Unidos intenta abrir una brecha entre la Argentina y China”,el objetivo de los yanquis es “reducir el poder de influencia de China en América Latina, alentando a los gobiernos de la región a cerrar acuerdos con empresas estadounidenses en sectores estratégicos como las telecomunicaciones, la energía y la infraestructura”.
En ese escenario, el medio sostuvo que en la medida que China quede desplazada de los proyectos argentinos, Estados Unidos obtendría una ventaja estratégica. El WSJ insistió asegurando que fuentes cercanas al Tesoro estadounidense “le dijeron a altos funcionarios en la Argentina que quieren ver a las empresas estadounidenses como una fuente principal de la industria de telecomunicaciones e Internet de Argentina en lugar de empresas vinculadas a China”.
De acuerdo con un informe de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), la Argentina posee reservas estimadas en 33.780 toneladas de uranio, con un costo de producción de u$s 130 por kilogramo.
Actualmente los 3 puntos de explotación más importantes que posee la Argentina se encuentran en la provincia del Chubut, Mendoza y Río Negro. Teniendo en cuenta los últimos resultados de las elecciones, que sirven como un espaldarazo político de presentación, los funcionarios norteamericanos avanzarían con formalizar las “inversiones” de las empresas yanquis.
Sin embargo, tal como advirtió el diario yankee, la Constitución argentina puede ser un pequeño freno. Dado que la misma le otorga a las provincias la propiedad de los recursos minerales, cualquier compromiso directo del gobierno nacional con la administración del gobierno de Trump podría limitarse, de no contar con el consentimiento y la aprovación de los gobernadores.
Respecto al uranio, lo cierto es que la entrega del mineral está relacionada con la privatización de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NA-SA) y la reactivación de los proyectos de extracción directa de uranio para exportación. Dentro de este entramado, aparece el nombre de Damián Carlos Barreto, la persona que une la constitución de una UTE para la exploración de uranio, con el Grupo Pérez Companc, IRSA, y Gennia, la empresa que pretende ser la proveedora de energía renovable para el mega data center de IA anunciado estas últimas semanas, horas después de conocido el rescate norteamericano.
Desde mediados de 2024, el mapa ferroviario argentino se viene achicando. En poco más de un año, Trenes Argentinos Operaciones (SOFSE) suspendió doce servicios de pasajeros, entre regionales y de larga distancia, que unían provincias y localidades fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires.
La empresa estatal justificó los cierres con motivos de seguridad por deterioro de la infraestructura, pero lo cierto es que detrás de esta sucesión de “suspensiones temporales” se perfila un escenario conocido: el desmantelamiento progresivo del sistema ferroviario nacional.
La lista de clausuras o suspensiones ya alcanza una docena de tramos, según datos recopilados por el medio especializado En el Subte,
El cierre del servicio Buenos Aires–Bahía Blanca fue uno de los casos más resonantes. El tren, que desde 2023 se encontraba interrumpido tras un descarrilamiento en Olavarría, fue dado de baja definitivamente este mes, dejando sin conexión directa a unas quince localidades del sur bonaerense.
El servicio Retiro- Justo Daract (San Luis) que corría también hasta Palmira (Mendoza), fue el primero en suspenderse en abril del 2024 por “el estado de las vías”, con la promesa de ser “momentáneo”. Había sido reinaugurado en junio de 2023.
En la lista de servicios de larga distancia, también dejó de circular el expreso Retiro- Rosario. Este mes de octubre, circularon por última vez los trenes Retiro- Córdoba y Retiro- Tucumán (suspendidos por pedido de la concesionaria de vías por tiempo indefinido).
Además, se cancelaron varias líneas regionales. En Buenos Aires, además de Bahia Blanca, la medida ya alcanzó al tren Guido- Pinamar, Mercedes- Tomás Jofré y Once- Pehuajó. En Córdoba se cortó el tren hacía Villa María, en Santa Fé la conexión Rosario- Cañada de Gómez, en Santiago del Estero el tramo La Banda- Fernández. Además, también fue suspendido el único tren internacional: Posadas, Misiones- Encarnación, Paraguay.
En provincia de Buenos Aires, solo quedan tres servicios que conectan capital con el interior: Mar del Plata, Junín y Bragado. Entre provincias, sólo quedó en pie el tramo Rosario- Retiro.
Este método de suspensiones sin anuncio formal de cierre, mediante una reducción progresiva de la frecuencia y el abandono de infraestructura, ha sido calificada como “clausura por goteo”.
Emergencia Ferroviaria
En junio de 2024, el Gobierno nacional declaró Emergencia Ferroviaria por dos años para todo el sistema, con el argumento de revertir el deterioro de vías, material rodante y señalización. La medida habilitó contrataciones directas y reorganización administrativa de la empresa, pero también posibilitó la suspensión de servicios “por razones de seguridad”, sin intervención parlamentaria ni de las provincias.
En paralelo, la inversión estatal en mantenimiento se ha concentrado en el AMBA, mientras que los corredores del interior muestran signos de abandono: falta de locomotoras, problemas estructurales en los rieles que no permiten velocidad mayor a 30 km, señalización y personal reducido, lo que impide garantizar un servicio seguro y eficiente.
Según un relevamiento de Infobae, mediante pedido de acceso a la información, a fines de 2023 había unas 20 estaciones sin servicio, de un total de 457. Para junio de 2025, sumaban 62; triplicadas por el plan “motosierra”.
Estas decisiones también afectan en la demanda. Las estadísticas oficiales reflejan un retroceso: en la primera parte del 2025 hubo 27 millones de pasajeros menos en comparación con 2022. En los servicios de larga distancia, la retracción fue del 40%. La caída no solo tiene razones en la crisis económica, sino también en la pérdida de frecuencias y de confianza en el sistema.
Infobae elaboró un mapa con todas las lineas donde las formaciones ya no llegan.
Un patrón repetido: la “clausura por goteo”
Distintos sindicatos ferroviarios como La Fraternidad o Asociación Ferroviarios de Pie, y analistas del sector, comenzaron a describir este proceso como una “clausura por goteo”. Es decir: una retirada progresiva del Estado que evita el anuncio de un cierre general y el impacto social que ello pueda tener, pero produce el mismo efecto en los hechos. Se suspenden servicios “hasta nuevo aviso”, se deja que la infraestructura se deteriore, y, con el paso de los meses, se argumenta que no es rentable ni tiene demanda y, por ende, no hay condiciones para reanudar la operación. Es una jugada silenciosa con la que perdemos conectividad y agencia territorial.
El juego ya lo conocemos, es una técnica que antecede a procesos de privatización o concesión. En la década del ’90, el menemismo implementó un proceso similar antes de la privatización completa de Ferrocarriles Argentinos. Primero se recortaron servicios con la excusa de falta de rentabilidad; luego se despidió personal y se transfirieron los ramales “productivos” a empresas privadas. El resto fue clausurado o abandonado.
La empresa estatal Ferrocarriles Argentinos se desmembró. La reconfiguración redujo la red de pasajeros de más de 30 mil kilómetros a menos de 8 mil, concentrando el transporte en el Gran Buenos Aires y en los corredores de carga vinculados al agro y la exportación.
Ese proceso, que muchos llaman “ferrocidio”, dejó en evidencia que privatizar los trenes no solo no mejoró el servicio, sino que lo desmanteló.
Durante la gestión de Florencio Randazzo, el Estado inició una reconstrucción parcial: se reabrieron algunos ramales y se incorporó material rodante nuevo, pero sobre una infraestructura férrea que nunca fue completamente modernizada. Fue un avance en término de presencia estatal, pero no logró resolver los problemas estructurales que todavía condicionan el sistema ferroviario argentino.
¿La antesala a la privatización?
Hoy, más de tres décadas después, los paralelismos son evidentes. Esta situación, junto a la declaración de emergencia allanan el camino hacia la privatización, o de mínima, a una reducción del papel estatal. Es la antesala a un modelo de gestión privada o mixta.
El Decreto 70/2023, de desregulación económica, y la Ley Bases aprobada en 2024, habilitan la participación privada en empresas estatales “deficitarias”, entre ellas Trenes Argentinos. En declaraciones recientes, desde el Ministerio de Transporte afirmaron que “SOF S.A. se encuentra en pleno proceso de ingreso de capitales privados” bajo el argumento de mejorar eficiencia y reducir costos.
Además, las dos partes, tanto Trenes Argentinos Operaciones como Trenes Argentinos Infraestructura -que desde su creación en 2008 habían sido sociedades del Estado- fueron modificadas en el tipo figura jurídica a Sociedades Anónimas, llamándose cada una SOF SA y ADIF SA respectivamente, parte necesaria para iniciar el proceso de privatización.
Aunque no hay información oficial, la secuencia de hechos apunta en esa dirección, facilitando las condiciones para que el Estado se retire de la gestión directa. En los hechos, ya hay precedentes: la concesionaria Nuevo Central Argentino administra parte de las vías por donde circulaban los trenes a Córdoba y Tucumán, hoy suspendidos “hasta nuevo aviso”. Sin licitación, Javier Milei le extendió la concesión por diez años a Roberto Urquía, el mayor aceitero del país. En estos meses, el gobierno también invitó a Loma Negra y Techint, actuales concesionarios de otros dos ramales, a presentar sus ofertas, según LPO.
Las consecuencias sociales y territoriales
El debilitamiento de nuestros trenes tiene consecuencias que van mucho más allá de lo económico. Afecta la movilidad cotidiana de miles de personas, encarece los viajes, limita el turismo regional y debilita el tejido productivo. que los ferrocarriles ayudaron a construir durante gran parte de nuestra historia.
También tiene impactos ambientales: genera mayor transporte automotor, con mayor consumo de combustible y más emisiones de carbono, en un contexto donde la crisis climática nos exige todo lo contrario.
Además, en términos de territorialidad, el vaciamiento ferroviario acentúa la desigualdad entre regiones y liquida el poco federalismo que teníamos. Mientras el AMBA concentra la inversión y mantiene una red activa, las provincias del norte, del litoral y del sur pierden sus únicos ramales históricos. En muchos pueblos, las estaciones, que alguna vez fueron importantes polos de trabajo, hoy son edificios vacíos o museos improvisados por la comunidad.
Foto: Andres D’Elia
Andar en tren, es de lo mejor
El debate no es solo técnico ni presupuestario. En el fondo, se discute qué tipo de proyecto de país se quiere construir. El sistema ferroviario podría integrar la nación -como lo supo hacer en algún momento-, articulando provincias y regiones, vinculando industrias; o por el contrario podría ser solo un servicio de las urbes, aislado de las necesidades provinciales y nacionales, y por lo tanto detonar una gran dependencia de rutas, camiones y combustibles.
La historia reciente demuestra que la privatización del gobierno de Carlos Menem no sirvió para nada: no garantizó eficiencia ni equidad. Más aún, recuperar lo perdido demandó décadas de inversión pública y organización social.
¿Por qué no logramos hacer de la red ferroviaria sea una política de Estado cuando es un transporte que tiene todo a su favor? Si se privatiza, ¿Por qué no se le exige dividamente a las empresas el matenimiento del servicio? Si a las cerealeras, por ejemplo, les conviene transportar sus granos por tren antes que por camiones, entonces que sean ellas las responsables del mantener las vías, los coches y la señalética que utiliza. De lo contrario que sea el Estado el que las mantiene pero que cobre a las grandes industrias lo que se ahorran por utilizar el servicio.
La sucesión de cierres actuales, en un contexto en el que el gobierno nacional desprestigia continuamente todo organismo y empresa pública y nacional, permite preguntarnos: ¿estamos ante una nueva ola de privatización del sistema ferroviario nacional? La respuesta todavía no está firmada, pero los indicios son claros. Comunidades que se quedan sin tren y un Estado que abandona su presencia territorial y su gestión soberana.
Esta semana, el gobierno de Javier Milei avanzó con un decreto para la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA), la empresa estatal que opera las tres centrales nucleares activas del país: Atucha I, Atucha II y Embalse. La medida propone la venta del 44% de las acciones mediante licitación pública -nacional e internacional- mientras que el Estado conservará el 51% del capital accionario y el control de la firma. El 5% restante se otorgará a los trabajadores mediante una Propiedad Participada, con el que se los incluirá en el esquema accionario.
La iniciativa marca un giro histórico: por primera vez, capitales privados -posiblemente extranjeros- podrán involucrarse directamente en el negocio de la energía nuclear argentina. Desde la Ley de Bases aprobada en 2024, NA-SA ya había sido incluida en la lista de empresas estatales “privatizables”, y voceros oficiales sostienen que la inversión privada “permitirá asegurar los fondos necesarios para proyectos estratégicos”, como la extensión de vida útil de Atucha I, el almacenamiento en seco de combustibles nucleares gastados, la construcción del primer reactor modular argentino (CAREM) y el impulso a la minería de uranio.
“Todas las empresas públicas están sometidas a un proceso de irremediable privatización”, reafirmó Manuel Adorni. El mensaje es claro: la lógica de “todo debe venderse” se impone por sobre la agenda energética, incluso en un área tan sensible como el sector nuclear.
Una empresa estratégica y con superávit
La realidad es que los argumentos oficiales contrastan con la situación financiera de NA-SA. Según informes de gestión, durante el primer semestre de 2025 la empresa registró un resultado operativo positivo equivalente a unos 70 millones de dólares, lo que la ubica como una de las pocas empresas estatales con superávit. La firma está controlada actualmente por el Ministerio de Economía (79%), la Comisión Nacional de Energía Atómica (20%) y Energía Argentina (ENARSA) (1%).
Con las centrales Atucha I, Atucha II y Embalse, NA-SA cuenta con una potencia total instalada de 1.763 MW, que representa el 7,4% de la electricidad del país. Pero lo que la vuelve verdaderamente estratégica es que Argentina es uno de los pocos países del mundo que domina integralmente el ciclo nuclear: desde la minería de uranio hasta el diseño y operación de reactores.
Tal como alertan especialistas y trabajadores del sector, la privatización puede comprometer capacidades técnicas y de soberanía energética construidas durante décadas. El ingreso de accionistas privados podría subordinar proyectos de interés nacional a criterios de rentabilidad de corto plazo.
La Central Nuclear Atucha I cumplió 51 años desde que su reactor comenzó a funcionar. Inaugurada en 1974, no solo fue la primera central nuclear del país, sino también de toda América Latina.
Riesgos de la privatización: entre residuos y capitales especulativos
La gestión de la energía nuclear no es reducible a la lógica del mercado, ya que implica el manejo de riesgos altamente peligrosos, como la seguridad en la operación de centrales, la disposición final de residuos y la planificación de proyectos a escala de décadas.
El antecedente cercano es YPF: el Estado conserva la mayoría y el control de la empresa, pero la presión de los accionistas privados condiciona las decisiones de inversión y el rumbo estratégico. El esquema planteado para NA-SA es similar: una empresa mixta, con control estatal pero participación significativa de capital privado. En el caso nuclear, el riesgo es mayor: si los capitales que ingresan son especulativos, la prioridad pasará a ser la distribución de dividendos y no la inversión en ciencia, tecnología y formación de recursos humanos.
En paralelo, la situación plantea un dilema ambiental y de transición energética. La energía nuclear es considerada una fuente de bajas emisiones de carbono, clave para un esquema de matriz energética más limpia. Pero la experiencia internacional muestra que cuando la gestión queda en manos de privados, el incentivo para invertir en almacenamiento seguro de residuos o en nuevas tecnologías de seguridad suele ser mínimo.
Desde una vista aérea, el reactor nuclear de Atucha I se asemeja al sol de mayo o a nuestra monera de $1.
Cooperación nuclear: un ejemplo sudamericano frente a la amenaza global
Desde hace más de tres décadas, Argentina y Brasil sostienen un esquema de cooperación y control mutuo en materia nuclear que es considerado un modelo único en el mundo. Ambos países, potencias regionales con capacidad tecnológica propia, establecieron mecanismos de transparencia y verificación recíproca que les permitieron consolidar confianza mutua y estabilidad en un terreno históricamente conflictivo.
Este sistema se formalizó en 1991 con la Agencia Brasileño-Argentina de Contabilidad y Control de Materiales Nucleares (ABACC), creada por el Acuerdo Bilateral de Uso Exclusivamente Pacífico de la Energía Nuclear firmado entre ambos países, y complementado en el plano internacional con el Acuerdo Cuatripartito de Salvaguardias (Argentina-Brasil-ABACC-OIEA). En términos jurídicos, es un entramado que no tiene paralelo en el mundo: dos países con desarrollo nuclear autónomo se sometieron voluntariamente a inspecciones recíprocas y a la fiscalización de un organismo internacional, asegurando la transparencia y el uso pacífico de la energía nuclear.
Octubre 2023. La Ministra de Ciencia y Tecnología de Brasil, Luciana Santos, fue recibida hoy por su par de Ciencia argentino, Daniel Filmus, en la CNEA. A la izquierda, Adriana Serquis, ex presidenta del organismo.
La importancia de este acuerdo trasciende a la región. Mientras en otros puntos del planeta la tecnología nuclear está atravesada por disputas militares, como la guerra entre Irán e Israel en Medio Oriente, la rivalidad entre India y Pakistán en Asia del Sur, o el recrudecimiento de la confrontación nuclear entre Rusia y la OTAN en Europa, la alianza Argentina-Brasil ha logrado convertir un potencial factor de desconfianza en una política de cooperación pacífica y desarrollo conjunto.
Este esquema sudamericano constituye una alternativa superadora frente a la lógica de la “mutua aniquilación asegurada” que domina en los conflictos bélicos nucleares actuales. En lugar de escalar tensiones, Argentina y Brasil apostaron a la institucionalización de la confianza y al uso pacífico de la energía nuclear. La privatización de NA-SA abre, en este marco, una incógnita mayor: ¿cómo garantizar que accionistas privados extranjeros -cuyo interés primario será la rentabilidad- respeten los compromisos diplomáticos y de seguridad nuclear que la Argentina asumió como Estado soberano? Si se desplaza el eje del interés nacional hacia el de corporaciones transnacionales, puede debilitarse la capacidad de sostener esta política histórica de cooperación, erosionando uno de los pocos ejemplos de gobernanza nuclear pacífica y democrática a nivel global.
Todo un ecosistema científico tecnológico en jaque
El proceso privatizador se da además en un contexto de debilitamiento de todo el sector científico-tecnológico nacional. Organismos como la CNEA, INVAP, CONAE y empresas asociadas al ciclo nuclear (Dioxitek, Combustibles Nucleares Argentinos) enfrentan recortes presupuestarios, atraso en salarios y becas, y un preocupante éxodo de profesionales calificados.
“El gobierno de la Libertad Avanza y todos sus aliados políticos trabajan en conjunto en una política de destrucción de todo el sector público. Desde que empezó la gestión nos están masacrando en términos presupuestarios, las becas no se dan, los presupuestos no se actualizan: presupuestos para el funcionamiento base de los organismos”, había denunciado Emiliano Baum, delegado de ATE CONAE, el año pasado en conversación con Desde la Raíz.
Proyectos estratégicos, como el CAREM o la construcción de Atucha III con financiamiento chino, han quedado paralizados o en incertidumbre. Además, la situación financiera de la empresa también viene siendo golpeada: durante los primeros meses de 2024, el propio Ministerio de Economía decidió no pagarle a NA-SA por la energía generada, acumulando deudas que superan los 100 millones de dólares.
Sumado a esto, hay un problema técnico que aún no ha sido resuelto: la valuación de la empresa. Tal como aseguró Isidro Baschar, ex director de la Nucleoelctrica en unna entrevista en Ahora Play, el presidente del Tribunal de Tasación de la Nación reconoció que el organismo no tiene capacidad técnica para valuar un activo tan complejo, lo que abre la puerta a que consultoras internacionales lo hagan. Un informe de 2024 de la Cámara Argentina de la Construcción, estimaba que el valor de las centrales nucleares argentinas superaba los 11 mil millones de dólares. Sin embargo, el gobierno pretende vender el 44% del paquete accionario en un mercado deprimido, lo que implicaría una subvaluación significativa del activo.
Dólares inmediatos o soberanía hipotecada
En última instancia, la medida se enmarca en la necesidad urgente del gobierno de Milei de obtener divisas. Ayer, 19 de septiembre, el Banco Central vendió 678 millones de dólares de reservas -provenientes del préstamo del FMI- para sostener el precio del dólar. En ese marco, la privatización de empresas estratégicas aparece como un recurso desesperado para generar ingresos rápidos,incluso a costa de desprenderse de activos que forman parte de la infraestructura crítica y de la soberanía energética nacional.
No se trata de un debate abierto sobre “legitimidad” o “discusión estratégica”. La realidad es que la privatización de NA-SA responde de manera directa a las necesidades coyunturales de sostener artificialmente el modelo económico vigente y garantizar el flujo de dólares para alimentar la bicicleta financiera diseñada por el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo. En lugar de apuntalar la producción, la innovación científica o la soberanía tecnológica, el gobierno opta por liquidar activos estratégicos para engordar reservas destinadas a la timba financiera y la especulación cambiaria.
En este sentido, privatizar parcialmente una empresa como Nucleoeléctrica Argentina no es solo transferir acciones: es resignar la posibilidad de planificar de manera autónoma el futuro energético del país, subordinar la política de ciencia y tecnología a la lógica del mercado financiero y debilitar la posición regional en un terreno clave para la seguridad y la cooperación internacional.
Lejos de ser una medida de “modernización” o “eficiencia”, constituye el resquebrajamiento de un patrimonio que llevó décadas construir, que hipotecará el desarrollo energético argentino en pos de sostener un esquema económico de corto plazo y de dudosa sustentabilidad.
Finalizada la expedición del Smichdt Ocean Institute a cargo de científicos del CONICET, nos preguntamos:
¿Qué implicancias políticas tuvo? ¿Hay riesgo para la defensa nacional? ¿Quién financia la expedición?
La investigación, que estuvo en boca de todo el país durante julio y desencadenó reacciones de todo tipo, tuvo como protagonistas a 25 científicos argentinos y especialistas de otras nacionalidades, que a bordo del buque Falkor Too del Schmidt Ocean Institute, una empresa radicada en Estados Unidos, exploraron durante 20 días el lecho marino del Talud Continental de Mar del Plata, la misma ciudad donde se realizaron las exploraciones offshore en busca de petróleo, que finalizaron su primera etapa en abril. Terminada la exploración y ya con los científicos en tierra, surgen algunas preguntas claves que nos haremos en el desarrollo de esta nota.
La investigación cientifica no esta exenta de los recortes del Gobierno Nacional. Desde que Javier Milei arribó a la presidencia a fines de 2023, la promesa de desfinanciar y desregular el Estado golpeó de lleno al sistema científico. Becas sin ejecutar, cierre de programas, decretos de desregulación a mansalva y equipos de investigación cada vez más dependientes de financiamiento privado y extranjero conforman un escenario crítico. Un ejercicio de la soberanía cada vez más relegado a las buenas voluntades y una periferización geopolítica casi sin retorno.
¿Cómo garantizar un sistema científico soberano si se financia con fondos de privados extranjeros?
Si hay algo que no se puede negar es que la crisis agrava la dependencia. Cuando la fuga de cerebros y los programas desfinanciados son la regla, se pierde soberanía sobre el sistema científico, los recursos humanos y también el capital material y económico. En un escenario como el actual, las únicas salidas posibles para los investigadores suelen ser tres: irse del país, cambiar de rubro o buscar financiamiento privado. En nuestra argentina actual, son 7 de cada 10 becarios los que evalúan irse del país.
Si el estado nacional recorta drásticamente sus presupuestos destinados a la ciencia, como está ocurriendo hoy en día, el valor del financiamiento extranjero crece, tanto en demanda como en oferta.
Y es acá donde me interesa hacer foco: Argentina mantiene un conflicto abierto con el 30% de su territorio ocupado por Reino Unido en el Atlántico Sur, es nuestro deber aplicar un tamiz geopolítico a todo proyecto, en especial a los financiamientos extranjeros que vienen de países imperialistas, a fin de preservarnos de infiltraciones que escondan estrategias ajenas al interés nacional que faciliten la gobernanza supranacional.
En bordo el 30% del territorio argentino ocupado actualmente por Gran Bretaña
Ahora bien, existen dos tipos de financiamiento extranjero, los que provienen de Estados nacionales, que se dan en términos de cooperación, y los que son provistos por empresas privadas a individuos o entidades. En este caso, se trata de un consorcio entre un privado (Schmidt Ocean Institute) y un público (CONICET). Este tipo de acuerdos son los que pueden condicionar las investigaciones y poner en riesgo la autonomía científica. A su vez implica que las investigaciones se vean corrompidas por los intereses que pueden llegar a financiarlas, antes que atender sus propias prioridades locales. ¿Cuál es el límite entre la cooperación y el intervencionismo internacional?
Ante la escasa posibilidad de investigar que ofrece Argentina hoy en día, la oportunidad de realizar una expedición marítima a 3900 metros de profundidad adquiere un carácter onírico. Los científicos argentinos presentaron un proyecto y una vez aprobado se dispusieron a encontrar especies nuevas y ver en vivo otras que solo habían sido registradas gracias a la recolección con redes de arrastre utilizadas en las expediciones previas del programa nacional Pampa Azul, actualmente paralizado.
Juan Emilio Sala, ex Director de Pampa Azul y actualmente investigador del CONICET en el Centro Nacional Patagónico, integrante del Ministerio de Ambiente de la PBA, explicó a Desde la Raíz: “A partir de la adhesión a la agenda 2030, Argentina se comprometió ampliar del 10% al 30% las Áreas Marinas Protegidas de nuestra plataforma continental. En ese momento muchas ONGs extranjeras, con proyectos de ampliación de AMPs, sacaron provecho de la situación pero con intereses disímiles que no corresponden específicamente al ambiental. Esto se empezó a notar con fuerza ahora con esta campaña, no por los intereses de los colegas que están arriba, que claramente son genuinos, muy valiosos y es la única posibilidad que encuentran de salir a investigar en este momento, sino por los intereses que están detrás: de quién financia y presta el barco”.
El Biólogo especialista en Sistemas Socio-Ecológicos Marinos, Oceanografía y Ecología Política señaló que el vaciamiento del sistema científico limita la posibilidad de realizar campañas con un barco nacional. Teniendo en cuenta que la calidad tecnológica del Falkor Too es muy superior a la disponible en el país, participar de esta campaña “es casi como tocar el cielo con las manos”. El Falkor Too es el buque oceanográfico, anteriormente utilizado para exploraciones offshore, en el que abordaron los 30 científicos que participaron de la investigación, el mismo está actualmente radicado en el paraíso fiscal de las Islas Caimán del Reino Unido y es utilizado por la fundación para realizar estas campañas “filantrópicas”.
¿Qué fue Pampa Azul?
Resaltando el sello nacional, el ex director del programa destacó: “Pampa Azul hasta el 2019 tenía una impronta muy ambiental, cuyo objetivo era conocer el mar argentino, descubrir lo desconocido y la amplitud del territorio marítimo. El mensaje era ‘conocer para conservar’”.
Lanzada oficialmente en 2014, Pampa Azul fue una iniciativa interministerial que involucró a las carteras de Ciencia, Tecnología e Innovación; Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto; Ambiente y Desarrollo Sostenible; Economía; Turismo y Deportes; Defensa y Seguridad. Supo articular acciones de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación para proporcionar de bases científicas a las políticas oceánicas nacionales, con énfasis en el fortalecimiento de la soberanía sobre el mar, la conservación de los ecosistemas y el uso sostenible de los bienes marinos, además de la creación de Áreas marinas protegidas.
Sala aseguró que, durante su gestión, buscaron ampliar ese enfoque: “Cuando llegamos, nos dimos cuenta que debía convertirse en un vector de desarrollo sano y endógeno de un país con soberanía, en todos los niveles: tecnológica, económica, alimentaria. No podíamos limitarnos a conocer lo desconocido, teníamos que desarrollar la tecnología en Argentina. Todo eso empezó a avanzar, toda una agenda sistemática, con el gobierno en 2019”.
Si bien Pampa Azul no dejó de existir durante el gobierno de Mauricio Macri, fue desfinanciado y su línea política se alineó con la de una gobernanza supranacional. Según Sala, en ese periodo el programa quedó “más impregnado por las ideas de las ONGs que estaban dirigidas a conocer para conservar sin humanos”, restringiendo, por ejemplo, actividades de pesca en la creación de Áreas Marinas Protegidas (AMP), lo que favorece el robo de la proteína marítima por Gran Bretaña y sus socios comerciales que tienen permisos de pesca en la zona de las Malvinas y Sandwich del Sur.
“Existen AMPs donde sí se puede pescar, hay planes de manejo que regulan cuándo, dónde, en qué momento del año y qué especie. Pero la línea política de quienes coordinaban Pampa Azul en ese momento fue crear muchas áreas donde se prohibiera el desarrollo productivo en el mar, es decir la pesca, hidrocarburos, minería, etc., visión que iba a contramano de la idea originaria de Cristina Kirchner”, concluyó.
Y agrega “en las actuales tres AMP al no tener plan de manejo, no se puede pescar y mucho menos otro tipo de actividades productivas, cuando se crea una AMP pones restricciones. Analizar y programar cuando la agenda está gobernada por las ONGs internacionales es una tarea difícil. Nosotros cuando llegamos dijimos que como coordinación entendemos que con el sistema cientifico tecnologico pujante como lo teníamos podíamos establecer una planificación espacial marina para que todas las actividades puedan conciliarse, tanto la pesca como el aprovechamiento de los hidrocarburos offshore para avanzar en proyectos de desarrollo, eso se logró destrabar con mucho diálogo, en principio tanto pescadores como la Subsecretaría de Pesca pusieron el grito en el cielo porque el mar argentino era para la pesca, además se sumaba el desconocimiento de lo que implica la extracción de hidrocarburo, luego comprendieron que depende la época y la zona podían trabajar ambos.”
[En Mar del Plata al momento de presentarse y darse a conocer los proyectos de exploración offshore surgieron voces disidentes encabezadas por las ONGs extranjeras como Greenpeace, que motivó los “atlánticazos”, una movilización encabezada por marplatenses y organizaciones ambientalistas en contra de la exploración, mostrando imágenes de personas y animales empetrolados. Una construcción de sentido muy alejada de la realidad ya que los especialistas en el área explican que de haber derrames jamás llegarian a las costas, pero además, explica Sala, en las aguas profundas no se utilizan plataformas sino barcos que extraen los hidrocarburos.]
¿Y el rol de las ONGs ambientalistas extranjeras?
En toda esta historia, se corren dos riesgos. El primero vinculado a la dimensión geopolítica, una mirada de la cual la ciencia no debería desprenderse. El segundo tiene que ver con la construcción del sentido común, terreno en el que numerosas ONGs ambientalistas han operado, cada vez que les fue posible, para que Argentina no desarrolle ni amplíe su economía.
Organizaciones como Greenpeace, Rewilding, Wild Conservation Society, Sin Azul no hay Verde, todas con banderas estadounidenses o británicas, han impulsado en conjunto campañas tales como la del Agujero Azul, para crear una AMP que prohíba la pesca y cualquier tipo de desarrollo económico por parte de la Argentina. Da la casualidad que es en esta zona donde se va a realizar la segunda exploración del SOI y donde se debe realizar también la ronda dos de las exploraciones Offshore en busca de hidrocarburos. A su vez el otro proyecto que pretenden impulsar propone la creación de una OROP, una Organización Regional de Ordenación Pesquera, integrada por países con intereses pesqueros para gestionarla de manera sostenible y conservar los recursos marinos en una zona o especie determinada. Quieren que la Argentina suscriba a estos tratados internacionales que reglamenten la zona junto a Gran Bretaña, lo que vulnera nuestro reclamo de soberanía porque estaríamos reconociendo su ocupación en las Islas.
A su vez, estas fundaciones ponen palos en la rueda para que Argentina no tenga desarrollo industrial de los hidrocarburos y la pesca, pero no denuncian con la misma efervescencia la depredación marina furtiva en las Islas Malvinas y Sandwich del Sur o el proyecto de extracción de petróleo que está a punto de ejecutar el gobierno colonial en las Islas Malvinas de la mano de la empresa israeli Navitas Petroleum.
Cabe destacar que una de estas ONGs es dueña hoy de dos islotes en las Islas Malvinas. Se trata de Wild Conservation Society, que denuncia con una constancia incesante la pesca de arrastre en nuestro mar argentino sin embargo calla sobre la ilegal ocupación de Gran Bretaña y los permisos de pesca que concede para depredar el mar sin permitir ningún tipo de regeneración de las especies. La fundación es dueña de Las islas Sebaldes (Steeple Jason, Grand Jason y el Islote Clarke), que funcionan como reservas naturales privadas, donde WCS realiza actividades turísticas para quienes las pueden costear.
Las islas Sebaldes (Steeple Jason, Grand Jason y el Islote Clarke) al noroeste de la Isla Gran Malvina
Cesar Lerena, Ex Secretario de Estado y Presidente del Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana, explica en un artículo fechado en 2022, que “Estas fundaciones extranjeras a través de sus filiales se inmiscuyen en el corazón mismo de las estructuras del gobierno, definiendo las políticas del Estado Nacional. Ello es evidente a poco leer el Reporte final del “Taller de Implementación de Áreas Marinas Protegidas Nacionales, 2018” (pág. 50, 2019) donde WCS se constituye como organizadora y dice: «El diseño de un Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas (SNAMP) requiere definir ¿qué queremos conservar?, y, decidir, sobre prioridades nacionales para la biodiversidad marina en todo el Mar Argentino».”.
A su vez, los mismos integrantes de la fundación a la hora de defender su proyecto en la Cámara de Diputados, donde obtuvo media sanción para luego perder estado parlamentario, argumentaban que la Argentina no necesita esos recursos, por lo que podríamos prescindir de su industrialización. Al no lograrlo, en 2024 redoblaron la apuesta presentando de la mano del diputado Facundo Manes un proyecto con 6 áreas marinas protegidas incluyendo el Agujero Azul.
Pero no es la única que se inmiscuye directamente en las políticas del Estado Nacional, existe el caso de Rewilding, la ONG que ha denunciado a científicos del CONICET intimandolos con carta documento a retractarse por un artículo en el que cuestionan el concepto de reasilvestramiento y su implementación en el país que propone esta fundación en muchas zonas de la Argentina, en especial en el NOA. Otro ejemplo es Greenpeace, Sala explica que además del poder blando que infringen también realizaron expediciones con científicos argentinos a bordo que no estuvieron aprobadas por cancillería, “desoyendo la negativa de cancillería realizaron la exploración igual y tomaron muestras del mar con redes de plancton. Los colegas científicos tuvieron problemas con la Cancillería por haber abordado a la navegación y exploración sin los permisos debidos. Luego entre embajadas se pidieron las correspondientes disculpas por lo sucedido, lo cual es muy interesante ¿Por qué la embajada holandesa pide disculpas por un privado como Greenpeace?”
A su vez el científico del CENPAT denuncia que en muchos casos los planes científicos de ciertas regiones han sido delineados a partir de los intereses de las fundaciones y no de los intereses nacionales y finaliza “Creo firmemente en que las cosas se pueden hacer bien y que teníamos las herramientas y la herramienta se llamaba Pampa Azul. La precondición para que ahora se acelere la privatización de la plataforma continental argentina, abonada con este tipo de proyectos, es el vaciamiento del estado, una vez que se retiran los estado provinciales y nacionales del rol que deben cumplir por deber constitucional, una vez que se retiran de los temas estratégicos que además son de competencia constitucional, aparecen los privados rápidamente”.
¿Quién es el filántropo dueño de la empresa Innovation Endeavors y fundación Schmidt Ocean Institute?
Hay algunos puntos que llaman la atención en esta exploración inédita para el país. En diálogo con Desde la Raíz, David Pizarro, Licenciado en Historia y Magíster en Estrategia y Geopolítica por la Escuela Superior de Guerra de la UNDEF, explicó: “En primer lugar, cabe preguntarnos para qué financian esta investigación. Explican que Schmidt es un filántropo, que por un lado tiene estas ‘obras de caridad’ pero además tiene una empresa con la cual asesora a estatales y privados en el área de IA e inteligencia militar”.
David Pizarro, aseguró que primero como CEO de Google y luego con su empresa Innovation Endeavors, Schmidt asesoró al Estado de Israel, y en particular a Netanyahu, en el área de vigilancia masiva y detección de blancos. “Sus sistemas (Google y Innovation Endeavors) financiaron con 1.2 billones de dólares al desarrollo de IA para el ejército israeli, que sirvieron para construir ametralladoras que detectan amenazas sin que haya ningún humano. Durante su gestión como CEO de Google financió desde el 2006 a Israel y asesoró a la Unidad 8200 del ejército israeli para la colocación de bombas en los beepers que fueron detonados en 2024 en el Líbano.”
Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, junto a Eric Schmidt, Ex CEO de Google y dueño de Ocean Schmidt Institute
Según Press TV, la Unidad 8200 de Israel es un equipo secreto de espías de guerra cibernética que está desarrollando los sistemas de inteligencia artificial (IA) que habrían sido utilizados pon el régimen para cometer el genocidio contra el pueblo palestino en la Franja de Gaza.
El medio irani sostiene que esta Unidad es la responsable de escribir la programación y diseñar los algoritmos que automatizan los crímenes en Gaza y que también estuvo detrás del ataque con buscapersonas en el Líbano.
Además, Eric Schmidt es socio de Team8, el think tank de ciberseguridad más prestigioso de Israel, dedicado a desarrollar tecnologías disruptivas y crear empresas líderes en su categoría que abordan los mayores desafíos en ciberseguridad. Team8 fue fundada por los expertos Nadav Zafrir, Israel Grimberg y Liran Grinberg, todos ellos con estrechos vínculos con la famosa Unidad de Tecnología e Inteligencia 8200 de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF).
A su vez, Pizarro contó que el empresario Schmidt ha asesorado a líderes como Boris Johnson y David Cameron en Gran Bretaña. También, señaló que el Buque Falkor Too está registrado en las Islas Caimán de Reino Unido, lo que interpreta como una estrategia lógicamente tributaria.
Tal como cuentan en la página oficial del Schmidt Ocean Institute, el Falkor Too fue construido en 2011 como buque para la industria offshore y, en los últimos años, se ha utilizado para establecer parques eólicos marinos en Europa. Esto abre otro interrogante: si bien el objetivo de la expedición no fue el sondeo de recursos naturales para explotación, en el transcurso pudieron hallarlos e identificar yacimientos de valor estratégico, por ejemplo nódulos polimetálicos (concreciones minerales que se encuentran en el fondo marino y contienen metales como manganeso, hierro, cobalto, níquel y cobre) o sitios de venteo de gas. En cualquier otro país, la información sobre los recursos estratégicos son secretos, la ubicación, la dimensión y el tipo de recurso es información sensible que se debe proteger.
Nódulos polimetálicos
Durante años empresas extranjeras financiaron investigaciones en Argentina, tanto privadas como públicas o con becas a investigadores. Sin embargo las exploraciones de cooperación se hicieron directamente con otros Estados, es por eso que se pueden hallar investigaciones realizadas junto a Estados Unidos y otros países.
En este sentido, David Pizarro aclaró: “Creo firmemente en que un país tenga presencia privada para el desarrollo nacional. En la Antártida, por ejemplo, el apoyo privado ayudó a desarrollar nuestra porción del continente. Por el contrario, en este caso el SOI es un privado extranjero que asesora al enemigo histórico de Argentina que es el Reino Unido, tanto en cuestiones navales como en tecnología”.
Y continuó: “A su vez no hay un control real del Estado, dicen que las muestras quedan en el Museo de La Plata, pero no hay capacidad real de poder controlar actualmente. De hecho, la información del mapeo ya se la quedaron y nuestro Estado está en contra del control sobre los recursos naturales, aun cuando esta exploración toca temas sensibles de interés nacional como es la geografía marítima y los recursos naturales existentes de nuestro país. Los científicos no pueden controlar que no se hayan hecho copias de toda la información recabada. Es por eso que estaría bueno que esto se pueda dar en un marco de soberanía y control del estado”.
La ciencia, la educación y la ilusión
El concepto de una Argentina en la cima del mundo no debe constituirse sólo como una frase para estampar en una remera. Lo que nos dejó, además de decenas de interrogantes, la exploración en el Talud Continental es el deseo de los argentinos y argentinas de trabajar por un país integrado que contenga a todos y que ponga en lo alto nuestra bandera.
Luego de la exploración y el arribo de los científicos a tierra, se pudo observar a personas de todas las edades interesarse por la ciencia argentina, filas larguísimas en los museos, visitas de niños y niñas con deseos de ser científicos y que luego de su apogeo nos deja la pregunta más importante ¿como constituimos una ciencia al servicio de la nación?
Programa educativo, Escuelas Azules del Ministerio de Innovación, Ciencia y Tecnología
El Ex director de Pampa Azul concluye el diálogo con Desde la Raíz explicando que durante su gestión “existía un programa real de inclusión para que los niños y jóvenes interesados puedan participar de investigaciones o explorar en las escuelas los descubrimientos científicos, se llamaba “Escuelas Azules” que contaba con 80 escuelas de todo el país y casi 4000 pibes trabajaban con proyectos vinculados al mar; ahora no hay un programa nacional que dé respuesta a esta demanda que es ni más ni menos que el futuro de la Argentina. Hoy eso está siendo completamente desarticulado, como átomos liberales libres de tomar decisiones a voluntad y por intereses personales, así no funciona un sistema científico, así no se desarrolla un país, esa es mi mirada.” y cierra”la pregunta es quién quién va a decidir la agenda de lo que es importante investigar en cada país. Nosotros creemos que la justicia ambiental es parte de la justicia social y no hay forma de separar esos dos conceptos que son parte de la unidad dialéctica, por eso necesitamos una discusión sincera de cara al pueblo.”
Pizarro, por último, aclara “el conocimiento siempre es poder, hay ciertas cuestiones que atañen al interés nacional que no deberían ser públicas, no estoy en contra de la ciencia, la ciencia debería estar al servicio de la Nación y los intereses nacionales.”
En la construcción de un nuevo sentido común peligra nuestra soberanía cognitiva, la de poder decidir por nosotros mismos de la mano de un Estado presente, de qué manera gestionar nuestros recursos en la Argentina bicontinental para un sano desarrollo productivo, que contenga un balance entre el ambiente y la industria, de lo contrario la dependencia y periferización geopolítica será casi irreversible.
Son las seis de la mañana y dos hombres suben con llamas la cordillera de Catamarca. El sol comienza lentamente a morder la helada y comerse el frío, asomando por detrás de los cerros. En las alforjas, llevan una panel solar, una antena, una bobina de cable, herramientas y otros instrumentos necesarios para montar una antena que provea de internet satelital a una región con nula conectividad. El destino es una escuela rural ubicada entre la Ruta 40 y la cordillera, a la que solo se llega a pie.
Era julio del 2020 y por fuera de ese cerro se extendía el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio. Para ese año, la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales, ARSAT, había instalado un total de 18 antenas V-Sat en distintas localidades de la provincia, en escuelas y en Centros de Atención Primaria de Salud, remotos y muy aislados como Tinogasta, Palo Blanco, Medanitos, Belen, Antofagasta de la Sierra. Está actividad no se frenó incluso en la pandemia, por el contrario, siguió trabajando para que médicos y docentes reciban internet a través de las antenas conectadas al satélite ARSAT-2 en pleno Covid-19.
El Plan Argentina Conectada comenzó en 2010. De a poco y casi en silencio, cambió la vida en cientos de pueblos de Argentina. Además de la señal satelital, ARSAT expande y mantiene una Red Federal de Fibra Óptica (REFEFO) que ya alcanzó los 36.500 km de despliegue.
Ese día en Catamarca, los técnicos instalaron la antena, un panel de energía solar y el enlace con el satélite. A la tarde, en la escuela de la cordillera, los chicos vieron por primera vez el canal infantil Paka Paka. La sonrisa que tenían era impagable, recordó Ezequiel McGovern, trabajador de ARSAT. “Ese momento es el que nos da sentido a nosotros: la sensación de cambiarle la vida a la gente, sensación que los que gobiernan hoy no la tienen ni la van a tener jamás”, expresó en el programa de streaming Ramos Generales de Desde la Raíz.
ARSAT, orgullo nacional
La Empresa Argentina de Soluciones Satelitales que garantiza la conectividad y el internet literalmente en cada rincón de Argentina, está atravesando hoy una crisis presupuestaria muy fuerte.
Fue creada por el gobierno nacional de Néstor Kirchner en 2006 y hoy es -o debería ser-, para todos nosotros, una perla nacional. ARSAT trabaja con sistemas satelitales, tendido de fibra óptica y desarrollo de datacenters y con ello sostiene, ni más ni menos, que la soberanía digital argentina. Aquella que nos permite usar aplicaciones, jugar videojuegos, mirar películas y canales de streaming, entre tantas cosas más.
Esto no es algo habitual en latinoamérica. El trabajo de ARSAT es una referencia y un ejemplo respecto al modo en que Argentina puede, en su extenso territorio, autoabastecer su conexión a internet, rápida y estable, que de otro modo probablemente no estaría. Así lo explicó Ezequiel McGovern, delegado de FOETRA y trabajador de la empresa: “Muy a su pesar, el gobierno nos necesita, porque muchos de los servicios que le damos no se los puede dar un privado, porque tampoco tiene plata para pagar un servicio así”.
Sin embargo hoy atraviesa un freno político que amenaza la conectividad en el país y expulsa a sus profesionales a buscar otras alternativas laborales en el exterior.
El vaciamiento y la expulsión
Según denunció el Sindicato de las Telecomunicaciones, FOETRA, los salarios están congelados por completo desde hace un año y los trabajadores perdieron en ese periodo alrededor del 70% de su poder adquisitivo. A su vez, señalaron que la planta de personal se redujo un 25% por ‘retiros voluntarios’ que muchos trabajadores aceptaron para buscar camino por otro lado.
En diálogo con Ramos Generales, Ezequiel McGovern, denunció esto como una clara estrategia de vaciamiento y advirtió: “La forma más sencilla de destruir una empresa tecnológica es sacarle su capital humano”.
Sin embargo, ARSAT no exprime las arcas del Tesoro Nacional, al contrario, mediante la exportación de servicios tecnológicos genera ingresos propios, que luego el gobierno debería utilizar para el pago de los salarios con la gestión de empleo público. En ese sentido, desde FOETRA aseguraron que el incumplimiento salarial responde a una decisión política, no a limitaciones económicas, por ello hay una causa judicial por la vulneración de la libertad paritaria que espera resolución.
No solo como un derecho laboral, el pago que reclaman los trabajadores es un reconocimiento al servicio brindado de forma tan eficiente y exitosa. “Lo hacemos porque queremos una nación integrada y sabemos que lo podemos hacer. Hace años que todo esto está en órbita, tenemos la infraestructura dando servicios, compitiendo, brindándole servicios a Telefónica, a Telecom, a todas las empresas privadas. Lo hacemos bien porque seguimos generando plata”, afirmó Mc Govern.
Es que ARSAT no solo proveé al Estado Nacional de servicios tecnológicos, sino que genera indirectamente y en cadena una serie de pequeñas y medianas empresas de servicios de telecomunicación, que se encargan de distribuir el servicio casa a casa, generan trabajo y extiende el tendido urbano. “Tenemos más de 1200 pymes que dan servicios de internet en todo el país, de las cuales el mayorista es Arsat.”
Datacenter: alguien procesa tu jugada
Además de la red de fibra óptica que despliega la empresa y del servicio satelital con el que complementa la conectividad en lugares donde la geografía vuelve imposible tender cables, ARSAT también opera sistemas de Datacenters.
Un datacenter es, básicamente, el espacio material del internet: una gran sala con miles de computadoras que reciben conectividad, energía y refrigeración constante para el almacenar, procesar y distribuir datos, además de alojar aplicaciones y servicios digitales. Allí se procesa todo lo que se sube a la web: cada aplicación que usamos en el celular, cada streaming, cada archivo que guardamos en la nube.
No todos los países cuentan con propia infraestructura, muchos dependen de centros de datos de países vecinos o cercanos. Argentina, en cambio, tiene desde 2012 un datacenter en la Estación Terrena de Benavídez, provincia de Buenos Aires. Certificado por el sello TIER III del Uptime Institute por su diseño y construcción, es considerado uno de los más confiables y seguros de Latinoamérica.
De esto entienden bien los gamers: ellos saben bien lo que significa jugar con un servidor de Brasil, de Miami o de Argentina. La distancia aumenta el tiempo en que la información demora en ir y venir. A ese tiempo se le llama latencia y es realmente una ventaja competitiva estar cerca de un servidor, cuando unos pocos milisegundos pueden hacer la diferencia.
“Mi sueño es tener muchos data centers en todo el país, uno por provincia por lo menos. Tenemos las condiciones óptimas en el sur de Argentina para montar datacenters que consuman poca energía aprovechando el frío”, explicó Ezequiel McGovern.
Una empresa al servicio del proyecto nacional
Mucho más que una empresa de alta tecnología, ARSAT es una empresa pública con proyección nacional y una mirada puesta hacia el futuro. Desde los satélites que incluyen en su cobertura a las Malvinas y el Atlántico Sur, hasta la red de fibra que une el país de norte a sur, llegando a Tierra del Fuego con un tendido de cable submarino a través del estrecho de Magallanes, ARSAT pone al servicio del país sus capacidades técnicas y logísticas en pos de un desarrollo federal y soberano.
Además, ARSAT no trabaja sola, sino que es parte de un entramado más grande de empresas e institutos de tecnología argentina como la CONAE, el INVAP, VENG, CONICET, entre otros. Por ejemplo, el ARSAT-1 fue diseñado, financiado, ensamblado y enviádo a órbita en la Argentina, con un equipo de más de 3000 técnicos y científicos del país y con el 50% de sus piezas son de fabricación nacional. Este trabajo lo hace junto a INVAP, la empresa rionegrina de alta tecnología, para reemplazar el satélite anterior cuya vida útil había caducado y el consorcio privado que debía hacerse cargo -Nahuelsat- no estaba respondiendo. En este sentido, su política de desarrollo satelital apunta a la soberanía nacional, desempeñando un rol estratégico para el crecimiento del país en materia económica, tecnológica y científica.
A contramano de una empresa que no tiene límites y podría seguir creciendo, el gobierno pisa el freno. Satélites que ya están fabricados y no se envían por falta de presupuesto, datacenters que no abren, trabajadores sin paritarias y créditos asignados que nadie sabe dónde están. Mientras tanto, la empresa sigue generando dinero a través de la venta de sus servicios satelitales y de internet. “Hay muchos proyectos que tenían créditos internacionales que ya se cobraron pero nunca nos llegó la plata”, denunció Ezequiel.
Un caso es el del satélite SG-1, un satélite de última generación, de propulsión eléctrica y preparado para dar banda ancha a todo el país, que está siendo construido actualmente. Este proyecto obtuvo un crédito del CAF (Banco de Desarrollo de América Latina), pero cuando el dinero llegó al gobierno fue paralizado. “Se ejecutó ese crédito, pero esos dólares no nos dejan usarlos para pagar en el exterior. Entonces, ahora tenemos facturas de pago pendientes con los proveedores y eso hace que todo el proyecto se frene”, explicó.
Otro caso es el del proyecto de instalación de datacenters que, según mencionó Ezequiel, ARSAT había obtenido un crédito del Banco Mundial específicamente para el financiamiento de cuatro datacenters nuevos en el país, sin embargo este gobierno no lo asignó.
“Somos un ejemplo, y ese es el problema”, sentenció Ezequiel McGovern. “En el mapa mental que tiene el gobierno, no puede existir una empresa de capitales estatales que sea eficiente. No les entra en la cabeza y es una amenaza para su propio discurso. Por eso van a hacer todo lo posible para que dejemos de existir”, desarrolló quien además es, entre otras cosas, el responsable del diseño del streaming de la plataforma de cine argentino CineAr Play.
“Tenemos muy en claro en ARSAT que cada tramo de fibra que ponemos en cada rincón del país reafirma nuestra soberanía”, sostuvo al final de la conversación McGovern, que ya podés revivir de forma completa en el siguiente link:
