Categoría: Alimentos

  • Se realizará una nueva edición de la Feria del Tomate Platense

    Se realizará una nueva edición de la Feria del Tomate Platense

    Este sábado 7 de febrero de 10 a 18, el sabor y la tradición se adueñarán de la Estación Experimental Gorina, perteneciente al ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense, ubicada en las calles 148 y 501 de La Plata. En su 21ª edición, la propuesta invita a recorrer, conocer y disfrutar una producción emblemática de la región a través de talleres, feria, recorridas guiadas y actividades culturales, con entrada libre y gratuita.

    Durante la jornada, el público podrá participar de talleres de cocina, huerta y agroecología, recorrer las parcelas productivas de tomate platense, en producciones al aire libre y en estructuras protegidas, visitar la Planta Procesadora de Alimentos, y disfrutar de una feria de productos regionales, propuestas culturales, música en vivo y actividades pensadas para las infancias.

    ¿Qué es el tomate platense?

    El tomate platense es una variedad tradicional reconocida por su sabor intenso, aroma característico y pulpa carnosa, que durante gran parte del siglo XX fue uno de los pilares productivos del actual Cinturón Hortícola Platense, una de las principales regiones proveedoras de hortalizas frescas del país. Hacia fines del siglo pasado, el avance de semillas híbridas orientadas a la resistencia al transporte y a una mayor duración comercial provocó una fuerte retracción de su presencia en las quintas de la región.

    A pesar de ese proceso, un grupo de familias productoras logró preservar semillas propias y sostener la producción, sentando las bases para su recuperación. En ese camino, la Fiesta del Tomate Platense se consolidó, por más de 20 años, como un espacio de encuentro entre productores, instituciones y la comunidad, orientado a rescatar y valorizar un patrimonio productivo, cultural y genético de la región.

  • El ajuste en las mesas navideñas

    El ajuste en las mesas navideñas

    En una nueva entrevista para LN+, el presidente aseguró que la Argentina atraviesa un “máximo histórico de consumo”. Esta semana, en diálogo con Luis Majul, Javier Milei insistió: “El consumo es el máximo de los últimos 8 años. Está cambiando la forma en la cual consumen las personas. La economía ha cambiado y algunos indicadores han dejado de ser relevantes, frente a otros que sí funcionan”.

    Sin embargo, los datos del cierre de 2025 muestran una realidad muy distinta en los hogares. En la antesala a las fiestas, el consumo masivo vuelve a caer, se profundiza el endeudamiento y aumentan los recortes en compras básicas, como alimentos y medicamentos.

    El consumo masivo cayó en noviembre

    Según el último informe de la consultora Scentia, el consumo masivo registró en noviembre una baja mensual, cortando una racha de ocho meses consecutivos de mejora. El retroceso se explicó principalmente por la caída en supermercados y farmacias, dos canales clave en el consumo cotidiano.

    La consultora Scentia mide el consumo masivo en Argentina a partir de las ventas en volumen -no en pesos- en supermercados, almacenes y farmacias. Es decir, mide cuántas unidades se venden, no cuánto dinero se factura, lo que permite aislar el efecto de la inflación.

    Si bien el dato del acumulado anual, difundido por muchos portales, muestra una leve recuperación cercana al 2,2%, el relato pierde fuerza cuando se observa la serie larga, donde el consumo masivo todavía no logra recuperar los niveles previos al ajuste,

    Según Scentia, en noviembre se vendieron 14,7% menos unidades de productos (alimentos, bebidas, limpieza, higiene, farmacia) que en enero de 2023.

    En térmnos de índice, el consumo se ubicó en el 85,3% respecto del nivel de enero de 2023, lo que implica una caída acumulada de casi el 15% en volumen.

    Ajuste y endeudamiento

    Por otro lado, la baja en el consumo también aparece reflejada en las encuestas a hogares. La consultora Moiguer presentó un estudio correspondiente al cuarto trimestre del año en el que señala que el 62% de las personas redujo gastos, el 50% se quedó sin dinero antes de terminar el mes, mientras que el 57% de los hogares está endeudado.

    Los recortes se concentran en áreas tradicionalmente asociadas al ocio y la vida social. El 70% de los encuestados redujo gastos en salidas y transporte, el 69% bajó el consumo de bebidas alcohólicas y golosinas, y el 67% recortó asados y encuentros sociales.

    El “máximo histórico” para pocos

    En paralelo, el aumento de tarifas de servicios básicos y los rezagos del salario real profundizan la fragmentación del consumo. Los costos fijos avanzaron a mayor velocidad, obligando a los hogares a priorizar gastos esenciales. El resultado genera dos economías, por un lado un sector minoritario que sostiene y expande consumos de mayor valor, como viajes, bienes importados o ahorro, mientras una mayoría reduce la compra de alimentos o medicamentos.

    En ese contexto, el “máximo histórico de consumo” al que refiere Javier Milei, aparece distante y desconectado de la experiencia cotidiana, especialmente cuando se habla de productos básicos.

    Los datos muestran que el fin de año nos encuentra consumiendo menos y con menos margen de disfrute, incluso para las fiestas. La distancia entre el relato oficial y la vida diaria vuelve a ampliarse, y el consumo masivo lo deja en evidencia

  • Un fin de año con las persianas bajas

    Un fin de año con las persianas bajas

    Arenaza es un pequeño pueblo del noroeste de la provincia de Buenos Aires que, como tantos otros, creció alrededor de una estación de ferrocarril. Pertenece al partido de Lincoln, tiene menos de 1500 habitantes y es conocido por haber sido el lugar donde un ingeniero, llamado Osvaldo Mendizábal, creó el queso Mendicrim.

    Con una gran tradición láctea, el pueblo tenía su propio motor industrial: la planta de ARSA empleaba a 200 trabajadores y trabajadoras de forma directa, y movía toda la economía local. Hoy, las máquinas paradas.

    A fines de octubre de este año, la Justicia declaró la quiebra de Alimentos Refrigerados Sociedad Anónima (ARSA). La planta elaboraba productos que había adquirido a SanCor -comoYogs, Vida, Shimy, Sublime y Sancorito-, yogures y postres que durante décadas ocuparon las heladeras de supermercados argentinos.

    Además, en Córdoba, funcionaba un centro de distribución, donde trabajaban otras 200 personas, dentro de una red logística que alcanzaba 165 distribuidores y 70.000 comercios en todo el país. 

    “Era la fuente de trabajo industrial privada más grande de Arenaza. Todavía no hemos encontrado trabajo en otro lado, así que el impacto socioeconómico local y en la salud mental de los trabajadores fue muy grande”, señaló a Desde la Raíz Luciano Asad, secretario general de Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra), seccional Junín, y trabajador de la planta. 

    Foto: Guillermina Medina.

    “Todos tenemos algun conocido que trabajó en la fábrica. Es parte de nuestro ADN y por eso el cierre es un golpe al corazón porque cada litro de leche procesado significaba movimiento en el pueblo. Hoy ese motor está apagado”, comentó el medio local Radio Zoom de Arenaza.

    ARSA había nacido en 2016, cuando el grupo Vicentin compró el negocio de yogures de SanCor por unos 100 millones de dólares. En 2019, tras el default de la gran cerealera, la empresa buscó un socio para ARSA, hasta que en 2022 entregó la gestión a los empresarios venezolanos Manuel y Alfredo Fernández, quienes también están a cargo de La Suipachense, otra histórica firma láctea que hoy atraviesa exactamente en la misma situación de quiebra.

    Desde ATILRA, sostienen que el cierre de ARSA era evitable: No es que no pudieron sostenerla más, sino que adrede la fueron vaciando hasta declarar la quiebra. Nosotros detectamos esa intención en agosto de 2021, lo intentamos frenar, pero no fue suficiente”, contó Luciano Asad, quien trabaja en el sector hace más de 20 años. 

    El gremio comenzó denunciando incumplimientos, y pagos atrasados e irregulares a pesar de que realizaban jornadas completas. Con el cierre definitivo, son 550 trabajadores los que quedaron en la calle. 

    Cerró la planta de la láctea ARSA, que producía etiquetas como Yogs, Vida, Shimy, Flan Casero y Sublime,y quedaron 550 trabajadores en la calle.

    El libre mercado que cierra fábricas

    Sin embargo, el caso de ARSA no es una excepción. En la Argentina de Milei, el cierre de empresas ha tomado un ritmo galopante. 

    Son 30 empresas por día las que bajan sus persianas. Entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025, cerraron un total de 20.134 empresas, y se destruyeron 276.000 puestos de trabajo registrados, de acuerdo a información de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), dependiente del Min. de Capital Humano, y del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

    El modelo económico que impulsan Javier Milei y Toto Caputo, bajo la premisa de la “libertad” de los mercados, sin regulaciones ni protecciones estatales, ya tiene sus efectos tangibles en la vida de miles de trabajadores y en la industria nacional.

    El nuevo esquema, que prioriza mantener el tipo de cambio barato, con apoyo estadounidense, logra abaratar los productos importados, pero mata, poco a poco, la producción local y la deja sin competitividad. “La apertura de las importaciones claramente perjudica a la industria nacional, y la lechería no es un caso aislado. Tenemos un gobierno que odia a los trabajadores y que no tiene ninguna solución para la industria nacional”, advirtió el dirigente gremial de ATILRA.

    En estos dos años de gestión libertaria, los datos oficiales confirman una tendencia sumamente negativa para el tejido empresarial. Lejos de generar nuevas oportunidades, la apertura irrestricta de importaciones, el derrumbe del consumo interno y atraso cambiario, empujan a empresas grandes y pymes a reducir turnos, suspender personal o cerrar definitivamente. 

    La Argentina productiva atraviesa una de las oleadas de cierres más grandes de los últimos años, a contracara del crecimiento que promete el gobierno. Las consecuencias tienen un profundo impacto en las economías locales. 

    Informe del Centro de Estudios Políticos de Argentina

    Desarma y sangra: oleada de despidos

    Lamentablemente, en los últimos tres meses de 2025, se registró una gran oleada de cierres y suspensiones que intensifican los números dispuestos por la SRT. La planta de Whirlpool en Pilar despidió a 220 trabajadores; Textilana, en Mar del Plata, a 250; La Suipachense a 150; Electrolux, en Rosario, a 400; la textil Luxo, de La Rioja, a 40; la autopartista DANA, en San Luis, a 50; la planta de YPF, en Concepción del Uruguay, a 60; y la mueblería Color Living, a 40. Y la lista es mucho más extensa de lo que podríamos enumerar acá. 

    A su vez, hay una gran lista de empresas que resisten todavía, frenando una parte de la producción, reduciendo turnos o achicando personal. Este es el caso de la industria del juguete, por ejemplo, cuyas fábricas están trabajando sólo con el 40% de su capacidad productiva, según declaró la Cámara Argentina de la Industria del Juguete. La fábrica Mondelez, dueña de marcas como Milka, Oreo, Terrabusi y Beldent, paralizó su producción en su planta de General Pacheco al menos durante diciembre para lograr vender stock. 

    Así, otras empresas también redujeron plantas o cerraron sucursales. Georgalos suspendió a 600 trabajadores; Essen de Venado Tuerto redujo a 35 empleados; Newsan en Tierra del Fuego, a 150; Mabe-Ex-Drean, a 200; Ualá a 135; el mayorista Caromar, a 115; la cadena Cencosud, a más de 100; Fravega, a 300.

    En este contexto, muchas firmas abandonan la producción propia y giran hacia la venta de productos importados. Este es el caso de Viamo, que apuntó a ser distribuidora de zapatos y carteras importadas de Brasil, como así también de las empresas Whirlpool y SKF.

    Algo parecido denuncian los trabajadores del neumático que, a través del SUTNA, reclaman regulaciones frente a las importaciones que Pirelli y Bridgestone realizan desde otras filiales de la región.
    En la industria láctea, el panorama también es crítico: han quebrado o se han frenado firmas reconocidas como La Suipachense, SanCor, ARSA, Lácteos Verónica y Lácteos Vidal, un golpe directo a un sector históricamente muy productivo y, al mismo tiempo, muy atravesado por la concentración empresarial. Para el trabajador Luciano Asad, la crisis tiene un componente particular: “Los trabajadores lecheros aman la actividad que hacen, tienen un compromiso muy grande con su trabajo, y cuando pasan estas cosas la tristeza es igual de enorme”, describió.

    Reforma laboral

    En paralelo, el Congreso se prepara para votar una reforma laboral, que el oficialismo presenta como un incentivo para la creación de empleo. Desde Atilra, la lectura es la opuesta:  “Lejos está esta reforma laboral de solucionar el problema de crisis económica y repuntar el poder adquisitivo de los trabajadores para activar el consumo. Por el contrario, va a terminar de destruir el entramado productivo porque van a echar gratis. Lejos de generar empleo, está más cerca de generar una ola de despidos masivos”, advirtió Asad. 

    La reforma laboral se impone en un contexto de profunda recesión industrial y la gran reducción de indemnizaciones y flexibilizaciones propuestas, aparenta profundizar la grave situación laboral que atraviesa el país.

    En este contexto, ATILRA va a unirse a la marcha que convocó la CGT para el 18 de diciembre. “Creo que lo único que tenemos los trabajadores cuando nos atacan es la lucha, la resistencia, y esa convicción de no volver a los 90”, concluyó Luciano Asad, secretario general de la sección de Junin. 

    Mientras se prepara el debate legislativo, en Arenaza la fábrica ya está cerrada y los trabajadores siguen sin respuestas. El caso de ARSA sintetiza el escenario que atraviesa buena parte de la industria nacional: empresas cerradas, puestos de trabajo formal perdidos y economías regionales desarticuladas. 

    Para muchos empresarios y trabajadores, el problema no es “el costo laboral”, sino la caída del consumo y la ausencia de una política industrial que proteja el mercado interno.

    Trabajadores de ARSA Arenaza, reunidos frente al Ministerio de Trabajo de la Provincia, para la reincorporación de 21 trabajadores en 2019. Foto: Guillermina Medina.
  • Los productores del cordón hortícola declararon EMERGENCIA PRODUCTIVA

    Los productores del cordón hortícola declararon EMERGENCIA PRODUCTIVA

    Durante la mañana del martes 9, pequeños y medianos agricultores realizaron una jornada de protesta en la intersección de Ruta 36 y 520, con el objetivo de visibilizar la crítica situación que están atravesando, que aseguran es “una de las crisis más graves de las últimas décadas”.

    Hay varios factores que están poniendo en jaque la continuidad del trabajo de miles de familias productoras de la región: entre ellas, la fuerte caída del consumo, el incremento de los costos de producción y el impacto de las importaciones.

    Los productores y productoras, apoyados por las organizaciones MTE Rural, Organización 25 de mayo, ASOMA, Frente Agrario Evita y Federación Rural, se manifestaron con un feriazo de frutas, verduras y flores, que entregaban a los autos que transitaban por la ruta. Hubo carteles, banderas y tractores, y además expusieron los precios reales que reciben los productores por cada cajón que venden, muy distantes a los precios que los consumidores abonamos en los comercios. 

    “Los precios que recibimos se derrumbaron y, en muchos casos, los intermediarios se niegan a trasladar la mercadería por falta de demanda”, anunciaron en el comunidad, haciendo énfasis en la brutal caída del poder adquisitivo que desplomó las ventas de verduras, frutas y flores. 

    Maritza Puma, productora de la zona de Abasto, comentó a DLR que la producción convencional que se comercializa a través de camiones e intermediariosha caído enormemente. “La gente no está consumiendo verduras. Se ve en los mercados, en las verdulerías y en las ferias que nosotros hacemos: antes había filas, ahora viene muy poca gente”.

    La caída de ventas en los grandes mercados, se traduce no sólo menores  ventas para los productores, sino también en una baja de precios. Así, por ejemplo, les terminan pagando eltomate a $2000 un cajón de 20 kilos; un cajón de 10 kilos de remolacha a $4000; un cajón de 10 kilos de perejil a $2000; o un atado de 25 rosas a $4000. Esto provoca que toneladas de alimentos terminen en la basura, en un país en el que millones de personas pasan hambre.

    El cinturón hortícola platense en crisis.

    A esta situación se suma el ingreso indiscriminado de productos de Paraguay, Chile y Brasil, habilitado por el Gobierno Nacional. La apertura de importaciones “empuja a la ruina a las economías regionales”, aseguran los productores. 

    “En los mercados se ve el tomate de Paraguay, vienen en cajitas de cartón. Son productos hortícolas que nosotros hacemos acá mismo”, resalta Maritza Puma. “Esa competencia nos afecta mucho”.

    Mientras tanto, los costos básicos no dejan de subir, alquileres y servicios, combustible, herramientas, plantines e insumos. Es “una combinación explosiva” que obliga a muchos trabajadores a buscar otras changas para sobrevivir e, incluso, abandonar sus quintas.

    La situación no sorprende, en un país en el que la política económica dista mucho de proteger el mercado interno, por el contrario, encrudece las condiciones de vida y trabajo de la mayoría de los argentinos, generando despidos masivos y una desregulación del sistema laboral en donde los trabajadores de la economía popular se encuentran completamente afectados. 

    En agosto de este año, en una nota realizada por Desde La Raíz a Maritza Puma, evidenciamos que muchos productores del cordón estaban dejando de cultivar porque ya no podían sostener la rentabilidad. Para entonces, Maritza advirtió que si la situación no mejoraba el cordón productivo platense se iba a vaciar cada vez más, quedando las quintas en manos de inmobiliarias y barrios privados.

    Maritza subraya que, si bien esta no es particularmente la situación que vive ella gracias a que produce agroecológicamente y este tipo de producción ha encontrado formas más justas de comercializar, sí es el caso de la mayoría de los productores del cinturón del Gran La Plata. 

    Las medidas que exigen y proponen para mejorar la situación

    En el documento difundido, las familias productoras detallan un conjunto de demandas urgentes para evitar el quiebre definitivo del sector, donde buscan abrir un camino de recuperación económica, acceso a derechos y defensa del territorio productivo.

    En primer lugar, proponen un subsidio a la producción para reducir el costo de gasoil, electricidad e insumos esenciales para sostener el trabajo en las quintas. En segundo lugar, respecto al acceso a la tierra, exigen que las primeras 1000 hectáreas del cordón hortícola sean para la agricultura familiar, poniéndole un freno a los negocios inmobiliarios, y protegiendo el cordón un sector estratégico para la región. 

    Respecto a la comercialización, piden que el Estado sea el primero en comprar de forma justa: las compras que hagan, por ejemplo, las escuelas, hospitales o instituciones de verduras, frutas y flores, las realicen de manera directa con los productores.

    A nivel jurídico, proponen dos Leyes. Una Ley de Arrendamientos Rurales, que proteja a pequeños productores, establezca contratos de largo plazo y permita descontar del alquiler las mejoras realizadas en las quintas. Por otro lado, una Ley Provincial y Nacional de Protección de los Cordones Flori-Fruti Hortícolas, que funcione como un marco legal para garantizar el ordenamiento de estos territorios productivos, brindar apoyo técnico y fortalecer la agricultura familiar y local. 

    Por último, piden una solución urgente a las fallas del servicio eléctrico en el Parque Pereyra y en todo paraje rural que no tenga un suministro eficiente. 

  • Avanza un proyecto de ley que permite fumigaciones pegadas a las casas

    Avanza un proyecto de ley que permite fumigaciones pegadas a las casas

    Los diputados Atilio Benedetti (UCR- Entre Ríos) -presidente de la Comisión de Agricultura en la Cámara de Diputados- y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica- CABA) presentaron un proyecto de ley para regular la aplicación de agroquímicos. A fines de octubre, avanzó a la Cámara de Diputados.

    El proyecto propone la sanción de una “Ley Nacional de presupuestos mínimos de protección ambiental para la aplicación de productos fitosanitarios”. Fue escrito por la Red de Buenas Prácticas Agrícolas, que integra más de 80 instituciones y camaras empresariales vinculadas con el agronegocio. Se trata de una norma que ampliaría las posibilidades del uso de estas sustancias, de forma contraria a lo que hace mucho tiempo advierte la ciencia y las comunidades. 

    El punto crucial del proyecto se resume en dos artículos. En el artículo 7, se delimita una zona de exclusión en donde no se podrán realizar fumigaciones con agrotóxicos. Pero en el artículo 9, se establece que esa zona de exclusión deberá ser solo de 10 metros.

    Es decir, desde el límite exterior de la zona productiva habrá solo diez metros de distancia con una vivienda, barrio o escuela, por ejemplo, para el caso de las fumigaciones terrestres, con vehículos aéreos no tripulados, aeronaves pilotadas de manera remota o drones. En el caso de las fumigaciones aéreas, la distancia se extiende a 45 metros: menos de media cuadra.

    La iniciativa apunta a la consolidación y perpetuación del modelo de producción extensiva, dominante y químico-dependiente. Se ampara en las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), prácticas que regulan éticamente el uso de agroquímicos, pero que en la práctica real no se respetan ni sirven para evitar afecciones en la salud por contacto y consumo de las sustancias tóxicas que habilita. 

    La norma ya cuenta con el acompañamiento de 32 legisladores, entre diputados de La Libertad Avanza, Unión por la Patria, UCR, PRO, Coalición Cívica, Encuentro Federal, entre otros colores.

    Maximiliano Ferraro ha expresado que “el proyecto no tiene una mirada sectorial” y que “nace de un diálogo”. Sin embargo, en la comisión conjunta realizada entre Agricultura y Ganadería, y Recursos Naturales y Conservación de Ambiente Humano, solo participaron personas a favor de la ley. Entre ellas, entidades gubernamentales, de productores, de ingenieros agrónomos, de acopiadores, de empresas de tecnología agropecuaria y ONGs, todas con intereses directamente vinculados al agronegocio.

    Las únicas dos ponencias que no se alinearon al lobby fueron el diputado Juan Carlos Giordano (Izquierda Socialista- FIT Unidad) y Blanca Osuna (Unión por la Patria). Giordano manifestó: “Deben darle espacio a quienes estamos en contra de esta ley. Hay una lista de un montón de organizaciones que quieren venir a exponer las barbaridades que ocurren por el uso de agrotóxicos. Fumigar a 10 metros de ninguna manera puede ser una buena práctica agropecuaria”. 

    Por su parte, Osuna dijo: “Es indispensable escuchar voces de otros sectores, estamos en falta si no. Los expertos científicos deben estar acá, están ausentes en este proyecto. Primero debe estar la salud, luego la producción”.

    Sin un verdadero diálogo y comprobaciones científicas claras, sus conclusiones de que 10 y 45 metros son suficientes para las derivas de agrotóxicos quedan infundadas e inválidas. Además, es inconstitucional porque atenta contra el derecho de las personas a vivir en un ambiente que no ponga en riesgo su salud. También contraria de forma directa los convenios internacionales en materia de cambio climático suscriptos por la Argentina.

    El médico y referente del Instituto Nacional de Salud Socioambiental (Inssa), Damián Verzeñassi, denunció: “¿Existen las ‘Buenas Prácticas’ si se usan productos cancerígenos? 107 son los productos agrotóxicos prohibidos en otros países, que en Argentina están permitidos: 32 son probablemente cancerígenos, 7 están comprobados y 24 son disruptores endocrinos. ¿Podemos hablar de Buenas Prácticas Agrícolas con 107 productos prohibidos en otros países? Creemos que no, y por eso queremos que se frene el proyecto que permitiría fumigar a 10 metros”.

  • “Es una enorme vergüenza el hambre en nuestro país”

    “Es una enorme vergüenza el hambre en nuestro país”

    El 30 de octubre se proyectó en La Plata el documental Empresa Nacional de Alimentos, una respuesta soberana”, estrenado en septiembre. La proyección se hizo en el centro cultural El aluvión y contó con la presencia de Javier Rodríguez, Ministro de Desarrollo Agrario de la provincia, quien, en posterior, compartió con los presentes la charla debate. 

    El documental, fue un trabajo pensado en pos de ampliar el debate sobre la producción e industrialización de alimentos en Argentina, preguntarse acerca de la soberanía alimentaria y la problemática del hambre, buscando generar espacios de discusión entre distintos sectores del campo popular abocados a esta temática. 

    En esa línea, el audiovisual plantea la posibilidad de construir una herramienta para democratizar al alimento como un derecho humano y no una mercancía, a través de la creación de una Empresa Nacional de Alimentos, que nuclee y comercialice alimentos de las economías populares y regionales de distintas partes del país.

    “Si nosotros trabajamos y clasificamos la producción de alimentos en búsqueda de la seguridad y soberanía alimentaria, ideando un sistema en el que cada localidad del país provea un alimento, dos o tres, según la estacionalidad de su región, y lo integramos en una red de empresas públicas, provinciales o municipales, encontraríamos una una sucesión de productos de alimentos acorde a la canasta, a nuestro a nuestro gusto y necesidad”, explica el documental. 

    Con la dirección del cineasta Juan Pablo Lepore, y la producción del Movimiento Popular La Dignidad y el Centro de Estudios por la Soberanía Popular Mariano Moreno, el equipo recorrió distintas provincias, conociendo diferentes experiencias productivas, como por ejemplo la empresa provincial Agroandina, de La Rioja, productora de la marca Sabores del Valle.

    “En un país, como es la Argentina, que produce alimentos, que produce materias primas, es un país que hay hambre y eso es humillante”, expresó Javier Rodríguez. Sin embargo, desarrolló que los problemas de acceso a la alimentación no tienen que ver con la cantidad de volúmenes producidos, sino con cómo se distribuyen. 

    “Cabe preguntarse ¿Cómo es nuestra estructura productiva? ¿Cuáles son las empresas que concentran y en qué niveles? Tiene que ver con una estructura económica, con la propiedad de la tierra, la estructura en la industria y la comercialización, con las grandes cadenas de supermercado marcando quién entra en góndola y discutiendo los precios. Porque muchas veces la comercialización es el factor que permite que alguien sea o no productor. Por más que tengas condiciones, industria, un sistema… si no tenés lugar en una góndola, estas al horno”, argumentó Javier. 

    En Argentina, diez corporaciones controlan el 90% del mercado de alimentos; en muchos casos, fijan precios privativos y condicionan la calidad de lo que la mayoría de la población come. Productos como el azúcar (con un aumento del 208% en 2024) o la harina (147% de aumento en 9 meses) están controlados por 2-3 empresas. Mientras tanto, 16 millones de habitantes no logran cumplir con una alimentación básica, según un informe de la FAO de 2021.

    En este sentido es que el documental agranda la discusión, para dejar de pensar el problema del hambre únicamente desde el momento de la producción y la industrialización de alimentos, sino también desde las complejidades de comercialización que enfrentan miles de productores y pymes para poder vender adecuadamente y hacer escalar su productividad. 

    Ante ello, el documental plantea una pregunta concreta: ¿Podría una empresa de alimentos, articulada nacionalmente, garantizar comida accesible para todos? 

    “Este es un modelo que acortaría cadenas, esquivaría la concentración empresarial, debilitaría el poder oligopólico, aseguraría precios justos a productores y vendería alimentos sanos en ferias federales”, apunta Rafael Klejzer dirigente del Movimiento Popular La Dignidad y uno de los promotores de la iniciativa. 

    La Empresa Nacional de Alimentos es una propuesta soberana que podría generar sus marcas propias, gestionar sus puntos de acopio y trabajar en alianza con cooperativas y pymes que ya tienen una estructura regional y una actividad productiva. 

    Asimismo, junto al ministro participó Javier Cernadas, Jefe de Gabinete de la Subsecretaría de Desarrollo Agrario y director de Mercados Bonaerenses, una política que busca generar un cambio en la estructura de comercialización a través de mercados fijos y ferias en distintos puntos de la provincia.

    “La alimentación de nuestro pueblo no puede quedar librada a su suerte”, expresó el MInistro en la inauguración del Mercado Fijo en La Plata.

    Javier Rodríguez también apuntó al nivel de exigencia en la sanidad que tiene nuestro país y la necesidad de allanar el camino. “Los niveles que existen de sanidad tienen que ver con las políticas de exportación, son realmente imposibles de cumplir para un pequeño o mediano productor y no son necesarias para los productos de consumo interno.” 

    Sin duda, de esta película pueden salir muchas líneas de acción y nuevas políticas de gobierno. El film es una herramienta que sirve como puntapié para desarrollar nuevas ideas, programas y proyectos tanto estatales como comunitarios y de organización social. 

    Por ahora, el documental se encuentra circulando por ferias, universidades, espacios comunitarios y sindicatos, con el objetivo de organizar proyecciones abiertas a la comunidad. Si querés verlo o transmitirlo en tu evento, podés escribirle a Rafael Klejzer por sus redes sociales. 

  • Rebelde como el viento, fuerte como los yuyos: la historia de Elena Senattori

    Rebelde como el viento, fuerte como los yuyos: la historia de Elena Senattori

    A un costado de las vías del tren Roca, un cartel dice Huerta Santa Elena. Detrás, los perros juegan y se muerden y, más allá, una mujer le da de comer a las gallinas. Tiene 74 años y lleva toda una vida cultivando la misma tierra que sus padres recibieron del Estado Provincial hace más de 75 años. Defendiéndola, también.

    A Elena Senattori le dicen Bety. Su familia llegó desde Entre Ríos con las migraciones que ampliaron el conurbano bonaerense a mitad del siglo XX. Sus padres, don Luis y doña Rosa, llegaron al Parque Pereyra de la mano de su tío Emilio Senatori, quien había solicitado la tenencia de una finca que el gobierno ofrecía a chacareros, a condición de cultivar alimentos. El terreno formaba parte de lo que había sido la estancia San Juan de los Pereyra Iraola. 

    Durante exactamente un siglo, los Pereyra Iraola fueron dueños de más de 10.000 hectáreas ubicadas entre La Plata y la Capital Federal. En 1949, el gobernador Domingo Mercante, junto al presidente Juan Domingo Perón, dispusieron su expropiación, como parte de una política de Estado destinada a recuperar ‘tierras ociosas’ en la provincia y distribuirlas entre familias trabajadoras.

    Fotos | Pedro Ramos DLR

    En tren desde Entre Ríos, los hermanos Senattori llegaron al lugar que hoy conocemos como Parque Pereyra Iraola, aunque en principio con la expropiación se llamó Parque Derechos de la Ancianidad. Poco a poco se instalaron en ese parque boscoso y deshabitado de la vieja estancia, aquel predio que los peones llamaban ‘el parque de diversiones de los Pereyra’ por su amplitud, y construyeron familia. 

    En el año 1956, la familia de Otto y Ana Kiss, que habían sido encargados de producir la tierra para las niñas pupilas del Colegio María Teresa, se iban del sector J, lote 61-64, y le ofrecieron a Luis y Rosa, hacer el trámite para pasarles la tenencia de la tierra. 

    «Acá aprendimos con mi hermana Rosa y mis hermanos Humberto y Carlos a cultivar la tierra», recuerda Elena, la más grande de los cuatro, todos nacidos en esa casa de Pereyra. Ella tendría un rol importantísimo para el proyecto familiar y para la historia productiva del parque provincial. 

    Hoy, pegada a las vías del tren Roca -el cual se nacionalizó en aquellos mismos años-, una pequeña tranquera y un cartel indican: Huerta Ecológica Santa Elena. Es su huerta pero, también, un espacio comunitario donde participan muchas personas. Al pasar, los perros son los primeros en recibirte. 

    Fotos | Pedro Ramos DLR

    Entre el tren y las flores

    Es viernes a las once de la mañana. Llego en tren a Pereyra. El día está hermoso: la primavera estalla en el parque. El verde brilla por todos lados y pareciera que la luz del sol rebotara en cada hoja nueva, brillante y lisa. Cruzo las vías y entro a la huerta. El caminito de tierra está rodeado de pasto fresco y de flores violetas. Cientos de abejas y abejorros revolotean entre ellas. Un pony mastica tranquilo más allá. Aprecio un rato este paisaje que parece una película de animación japonesa y sigo el camino. Esta vez ninguno de los perros viene a buscarme, así que adivino que Elena y el grupo deben andar por ahí con ellos. Paso la casa, doblo en el gran cedro, rodeo el gallinero y los veo sentados a la sombra del paraíso, coronados con sus pequeñas flores lilas.

    Fotos | Pedro Ramos DLR

    Esa tarde le pregunté a Elena cómo es que la bautizaron Santa Elena.

    —Fue el cura de la capilla Santa Elena del parque, Leonardo Belderrain —me cuenta—, durante el tiempo de la lucha contra los desalojos, allá en el ‘98. Incluso a él también lo amenazaron: le decían que se dejara de arengar gente. Yo le conté mi historia de los tres matrimonios. Entonces me dice, «Bueno, sos Elena, tu huerta se va a llamar Santa Elena, porque hay que ser una santa para sobrevivir a tres matrimonios».

    Una santa, de las que también pelean y ponen el pecho con tal de defender lo suyo. Elena nunca fue una mujer de silencios. Es irreverente, fuerte como el campo vuelve a su gente y rebelde como los vientos. Una mujer demasiado independiente como para que alguien le diga cómo hacer las cosas. 

    Desde los años cincuenta, la Huerta Santa Elena ha sido, ininterrumpidamente, una granja de producción familiar. Tras la muerte de su padre y con la vejez de su madre, Elena se puso al frente y orientó la producción hacia la agroecología. En las 5 hectáreas de la finca, se producen hortalizas, huevos, pollos y miel que se reparten en canastas todas las semanas con un sistema de abonados mensuales. Un trabajo que realiza junto a sus hijas, Jorgelina y Maria Fernanda. 

    Fotos | Pedro Ramos DLR

    ***

    Era 1981, todavía año militar. Elena, que se había ido a Rosario con su marido, regresó sola con sus cuatro hijos, después de que su matrimonio se quebrara. Volvió a vivir al campo junto a sus padres, a Pereyra, de donde —dice— nunca debería haberse ido.

    Tenía 30 años. Sin marido, sin casa, sin trabajo. Tenía que volver a empezar. 

    —Don Luis, si a usted le parece, mande a su hija, ya que está separada, a vendernos alfajores —le ofreció a su padre un día el capitán del cuartel de infantería que funcionaba al lado de su quinta. 

    En las tierras que el peronismo expropió, la dictadura dió lugar, por un lado, a la escuela de Policía Juan Vucetich y, por el otro, al Centro de Formación de Infantería Naval (Cifin).

    —Y yo les iba a vender alfajores. No tenía noción de lo que estaba pasando. Los compraba y se los vendía a ellos, un montón. Con eso y con mi propia producción de flores en la huerta me compré mi primer autito.

    Elena nos cuenta esto mientras toma un mate, dulce le gusta, y las gallinas corren y cacarean alrededor. Detrás suyo, está la misma casa en la que pasó su infancia y vió morir a los suyos. A su espalda, el cuarto en el que su madre durmió hasta los 85 años, el mismo donde ahora se comparten almuerzos. 

    Fotos | Pedro Ramos DLR

    ***

    —Otro día estaba con mi mamá, allá en la tierra, yo con mis caléndulas y ella con sus verduras. 

    Los cuatro nenes estaban en la casa solos. 

    —A mi hija Jorgelina le gustaba mucho la costura, ella se hacía sus blusas. De pronto escucho los gritos. Se habían puesto Mari y Seba, los dos chiquitos, a jugar con la máquina y la aguja había atravesado de lado a lado el dedo de Mari. Así como estaba, en patas, con un short y una remera vieja, manotié la yegua y cargué a la piba que gritaba como una descosida —recuerda Elena riéndose del doble sentido—. Salí galopando para el cuartel porque ¿dónde más iba a ir? No había más nada —, dice del lugar donde hoy funciona la base de Guardaparques.

    —¿Qué clase de mujer viene vestida así a un lugar donde hay más de tres mil soldados? —desdeñó el guardia cuando la vió llegar.

    —¡Qué me importa! yo quiero que le saquen la aguja a mi hija. —gritó Elena, levantando la mano de Mari.

    El oficial pegó un grito al ver el dedo. Y la llevó a la casilla de enfermería, donde la operaron para sacarle la aguja. 

    Muchas manos en el plato hacen injusto el garabato

    Esa mujer que se fue casada y volvió sola al campo, tuvo que hacerse la sorda con los comentarios que la gente hacía, mientras se la rebuscaba para ganarse el pan. 

    Lo que cultivaban junto a su padre lo vendían en el Mercado Abasto, siempre a través de intermediarios. Intermediarios que, como sigue ocurriendo hoy, pagan con suerte un tercio de lo que luego cobran.

    Fotos | Pedro Ramos DLR

    La Navidad de 1987, un Mercedez Benz estacionó del otro lado de la vía. El consignatario con el que estaban trabajando bajó del auto con una botella grande de champagne y tocó la puerta.

    —Papi, pero qué caro va a costar eso. —se preocupó Elena cuando vió la botella.

    —No, don Luis, se equivoca su hija —respondió el hombre—. Esto es un obsequio que le mandamos nosotros desde el Mercado Abasto. 

    La semana anterior, ese mismo consignatario había vendido cientos de cajones de tomate de la familia Senattori a dos pesos por cajón. A don Luis le había pagado apenas 50 centavos pero la diferencia se arreglaba con un champagne.

    —«Cambiamos de puestero» dijo mi papá. «Cambiamos de puestero, hijos, pero no de chorro».

    Y con sobradas razones lo decía don Luis. El siguiente consignatario fue un vecino, en quien confiaron porque era también un hombre de campo, alguien que —como dice Elena— «conocía el sufrimiento». El arreglo parecía más justo. 

    Un día, Elena fue a buscar la boleta del mercado. En la casa vecina, la esposa acomodaba los papeles mientras el marido le daba las indicaciones. Entre risas, los escuchó hablar. Y lo que escuchó le hirvió la sangre. 

    Ese día se calló la boca. Otra vez, la misma historia, un intermediario que le tira al productor las chirolas.

    Salir del mercado, volver a lo que sabían los viejos

    Fue ahí que Elena le dijo a don Luis:

    —Papi, hay que abrirnos de esto. Hay que empezar a vender por nuestra cuenta. 

    Entonces empezó a salir con la bicicleta, vendiendo flores y verduras en la zona.

    —Ahí me hice de vender. Hasta que en el ‘93 me falló mi papá. Murió y se me terminó su compañía. Yo creo que después de eso perdí el empuje. Todo me ha costado un poco más. 

    Aún así, aunque ella crea que le ha faltado fuerza, nunca descuidó la huerta, no ha dejado de tomar decisiones, de buscar las maneras ni de seguir apostando por el trabajo en el campo. 

    A fines de los ‘90, Elena se convenció de que tenían que dejar de cultivar convencionalmente, con agroquímicos. 

    —Eran años muy difíciles para nosotros. De pronto un ingeniero agrónomo, Lalo Botessi, nos dijo que el futuro era hacer agroecología

    En definitiva, no era nada nuevo: era volver a lo que sus padres hacían cuando llegaron a Buenos Aires, lo que hacían en Entre Ríos y lo que ella misma había aprendido de chica. Desde la llegada del paquete agrotecnológico, a mediados de los ‘80, habían pasado poco más de diez años, las cuentas no cerraban y ellas quedaban cada vez más atadas a los proveedores. 

    —Nos llevó 5 años la transición agroecológica —dice—, hasta el 2004 que empezamos a ver los primeros frutos.

    Fotos | Pedro Ramos DLR

    Mientras charlamos, vamos caminando por la quinta, viendo la nueva siembra de zapallo y maíz. Hace poco pudieron comprarse un tractor que les permite cultivar parcelas más extensas. «Quién me manda a meterme en una compra así a esta edad, ¿no? pero bueno, yo quiero que acá se siga trabajando», dice.

    Esta semana ha explotado en el campo una flor amarilla, de un yuyo silvestre que se alza hasta un metro de altura. El sol está poniéndose y el momento es ideal para sacarle una foto. Elena se ríe porque dice que tiene puesta la misma remera que en unas fotos que le sacó la Cátedra de Soberanía Alimentaria (CALISA) UNLP hace al menos diez años. Sigue siendo una mujer sencilla y su remera le gusta porque es bien fresca. Además, lleva un sombrero de paja con un lazo floreado que le perteneció a su amiga Leda Giaunuzzi, doctora en ciencias químicas, especialista en toxicología de los alimentos y miembro de la CALISA.

    —La verdad que nunca me imaginé posando para las fotos. Pero acá estoy. Lo hago porque quiero que todo esto quede guardado ¿viste? tanto trabajo… 

    Defender la tierra y construir comunidad

    Con la muerte de su hijo, Sebastián, Elena estuvo a punto de dejar el campo. Sin embargo, volvió a mirar los cielos amplios, las tierras tan fértiles, el verde, las moras que les teñían sus manos de pequeña, los talas y sus frutitos naranjas, el paraíso. Escuchó el silencio, escuchó el tren corriendo por la vía. Y volvió a confiar, otra vez. 

    Además de trabajar la tierra, las mujeres como Elena en el campo son en general las que construyen redes y vínculos, casi invisibles, entre la familia, los vecinos y los espacios cercanos. Hacen reuniones, comparten una comida, abren las puertas, resisten y conversan.

    Fotos | Pedro Ramos DLR

    Como en 1998, cuando las políticas neoliberales buscaron recuperar aquellos espacios que el Estado había cedido. Los quinteros del Parque Pereyra Iraola -productores y habitantes, descapitalizados y sin recursos, en total 211 familias registradas- se enfrentaron al gobierno provincial que intentó desalojarlos. El operativo, encabezado por el fiscal de Estado Ricardo Szelagowski, fue muy violento. 

     El primer desalojo se hizo en octubre de 1998 con un gran despliegue escénico: 10 patrulleros, carros, personal de infantería con cascos, palos y lanzagases, oficiales de la división Halcón de la Policía, ambulancias y camionetas del ministerio de la Producción en las que se llevaron las pertenencias de las familias. Los desalojados fueron productores antiguos, muchos de ellos asentados en el Parque desde 1950.

    —Murieron dos mujeres en esta lucha —me contó Elena una de las primeras veces que la vi—. Éramos cinco las que íbamos al frente y no era la primera vez que frenabamos un desalojo. Fuimos a la gobernación de La Plata a protestarle a Duhalde. Una de ellas era muy irreverente, se llamaba Estela García, no se callaba, les gritaba a los oficiales; nosotras le decíamos que pare pero ella tenía mucha rabia. Estaba tan enojada. Murió poco después de que termine el conflicto. Y a Delia Cerdiuk, se le disparó un cáncer terrible, también enseguida después de todo eso. Esos enfrentamientos no son gratis. Yo seguí, por suerte. 

    Aunque tuvo gran repercusión y apoyo social, el conflicto duró años con cortes, tractorazos y campamentos en la unión de los caminos Centenario y Belgrano. Para 1999 ya se habían efectivizado 40 desalojos y había 80 más en curso judicial. Una de las banderas de ese momento era “Somos la Argentina sin tierra”

    Finalmente, en 2001 el conflicto se dio por ‘solucionado’ cuando la Legislatura bonaerense creó una Comisión Bicameral para evaluar la situación del Parque a cargo de la Universidad Nacional de La Plata, con suspensión de desalojos por prórroga ininterrumpida, es decir, hasta tanto se solucione el conflicto y la situación quedó estancado.

    Fotos | Pedro Ramos DLR

    Fue por aquellos años que Elena conoció a docentes e investigadores de la UNLP. El primero fue Gabriel Soler, en una jornada de Productos Típicos Locales en la facultad de ciencias agrarias, junto a Mariana Marasas e Irene Velarde, con los viñateros de la costa. También en esos años apareció Gustavo Tito -biólogo, docente y luego Director del INTA IPAF de la agricultura familiar- que con el programa Cambio Rural Bonaerense llevó a Elena a visitar productores de distintas provincias. Además, compañeros como Fernando Glenza y Leda Gianuzzi, comenzaron a visitar la huerta e intervenir en ella. Bety me encomienda que escriba cada uno de sus nombres. 

    En 2003, la huerta comenzó a abrirse como espacio educativo. Luego,  se conformó oficialmente el Centro Comunitario de Extensión Universitaria N°10 ‘Parque Pereyra’, con el impulso de la CALISA UNLP.

    De este modo, se alzaron nuevos vientos: estudiantes, docentes, investigadores de distintas disciplinas comenzaron a visitar el primer centro rural de la universidad. Encontraron allí un territorio de estudio, aprendizaje y militancia. En la Huerta Santa Elena se entreteje, año a año, un aula viva de la Agroecología y la Soberanía Alimentaria.

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    La comercialización 

    Particularmente, la Huerta Santa Elena tiene un sistema de comercialización característico: una venta por abono mensual, que se paga por adelantado. Con esta forma han conseguido afrontar los gastos de la producción y asegurarle al cliente una canasta de verduras frescas todas las semanas. 

    Otra forma de venta es a pedido, mediante un listado que envía Elena con los productos, que se compra por kilo. 

    Fotos | Pedro Ramos DLR

    —Cada consumidor elige lo que lleva a su mesa. A este sistema le llamamos  ‘Agricultura Sostenida por la Comunidad’.

    Con sus dos hijas, toman los pedidos, los organizan y luego los reparten a domicilio. La galería de su propia casa desborda cada viernes de verduras y cajones que arman personalmente para cada cliente, según gustos y preferencias, mientras charlan y alguno de los nietos más pequeños les ceba mates. 

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  • El cinturón que alimenta la región: entre el éxodo y la resistencia

    El cinturón que alimenta la región: entre el éxodo y la resistencia

    El cinturón que alimenta la región 

    A pocos kilómetros del centro de La Plata, la vista satelital se vuelve inconfundible: son cientos de invernáculos y parcelas cultivadas los que componen el cinturón fruti-flori-hortícola del Gran La Plata. Esta es la franja productiva más grande del país, que abastece a más de 14 millones de personas en la provincia de Buenos Aires y otras regiones, con más de 70 tipos de cultivos, según un informe del 2020 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. 

    La gran mayoría de estas quintas son de familias que producen el 60 % de los alimentos frescos que se consumen en Argentina. Pero hoy un éxodo silencioso avanza sobre ellos. Sin electricidad, sin agua corriente, sin caminos, sin señal, en las afueras de La Plata, la presión inmobiliaria está empujando a los productores a lugares sin servicios, sin caminos, sin escuelas.

    “Muchos están dejando de cultivar porque ya no lo pueden sostener”, explicó a Desde la Raíz Maritza Puma, productora de la zona de Abasto. El aumento de los insumos dolarizados, los precios de venta que imponen los intermediarios y las pérdidas por las condiciones climáticas, están obligando a los productores a cambiar su forma de producir: trabajar como jornaleros, para patrones, cultivar menos o abandonar el campo.

    “Nosotros, quienes vivimos y trabajamos en el campo, normalmente lo hacemos en familia. Alquilamos un pedazo de tierra, organizamos el trabajo, tomamos roles y decisiones en familia”, comentó  Maritza, quien además es técnica en agroecología. Según el Registro Nacional de la Agricultura Familiar (RENAF), de SENASA, en Argentina existen actualmente más de 88.433 unidades productivas familiares, un número que de todos modos no es exacto dado que muchas familias no están registradas.

    Además de las hortalizas, en estas quintas también se hace floricultura, apicultura, cría de animales de corral, producción de semillas y plantines. La diversidad productiva es parte del cinturón hortícola, sobre todo, en producciones agroecológicas. “Una quinta agroecológica genera más trabajo y más tareas, mayor diversificación y posibilidades para los jóvenes”, aseguró la técnica agroecológica. Sin embargo, la precariedad de servicios básicos y la inestabilidad de ingresos son parte de la realidad.

    El cordón ocupa cerca de 8.000 hectáreas de cultivo (tanto a campo como bajo cubierta), según un estudio de mapas satelitales realizado por la Universidad Nacional de La Plata. El último Censo Provincial Hortícola fue en 2005, el cual reveló la existencia de aproximadamente 1100 productores, de los cuales el 85% residía en las quintas. 

    Una producción cada vez más difícil de sostener

    El conflicto empieza desde la base: gran parte de los productores son migrantes no capitalizados, con una relación muy inestable con la tierra en la que trabajan y también viven. Según  el Consultorio Técnico Popular (CoTePo), el 80% de quienes producen alimentos en el cinturón platense no posee tierras y debe alquilar sus parcelas.

    El arrendamiento es, en la mayoría de los casos, un contrato precario y anual, tiempo que para el desarrollo de un cultivo se queda muy corto. Además, es muy común que tengan restricciones para la construcción de infraestructuras permanentes, es decir, casas, baños y pozos de agua. No sólo no pueden mejorar su vivienda, tampoco pueden cultivar árboles o diseñar a largo plazo la siembra. Esta falta de acceso a la tierra es el principal condicionante de la precariedad rural.

    A eso se le suman los costos de producción: infraestructura, semillas, insumos, maquinaria. En un modelo convencional, gran parte de la inversión se va en fertilizantes, pesticidas y plantines que rara vez dan semillas fértiles. Los productores quedan atrapados en un círculo dependiente de insumos dolarizados y redes de comercialización sumamente injustas.

    Sin infraestructura ni transporte propio para la comercialización, la venta se hace a “culata de camión”, como dicen los productores locales. Los intermediarios buscan la verdura en las quintas y pagan precios bajísimos. “La mayoría de las veces lo que te pagan por la cosecha, no cubre ni el costo de la semilla. Por más trabajo que hagas, la familia sigue en la misma situación. No hay ganancia y además quedás endeudado”, explicó Maritza. 

    Además, la presión inmobiliaria añade otra capa de tensión. Las zonas fértiles cercanas a La Plata suelen buscarse y venderse para desarrollar barrios privados, desplazando la producción hacia áreas más alejadas, sin servicios, caminos o escuelas. 

    El negocio inmobiliario no sólo encarece los alquileres, también vuelve imposible para este sector la compra de la tierra. “En Abasto, por ejemplo, ya no se alquilan tierras para producir porque están vendiendo”, aseguró Maritza. El avance de los barrios, generalmente privados, ocupa tierras fértiles, con agua disponible, y todas las condiciones para producir alimentos. “Avanza la urbanidad y nosotros nos vamos desplazando… Ahora, el cordón ya está llegando al municipio de Magdalena”, agregó. 

    Este también es un sector muy afectado por el cambio climático: inundaciones, olas de calor, sequías, granizos, que ponen en riesgo la actividad. Para dar solo dos ejemplos, en abril de este año el granizo destruyó invernáculos enteros y, en mayo, las inundaciones ahogaron los cultivos. 

    La consecuencia son las cientos de familias que están dejando el campo porque apenas pueden juntar para comer. La paradoja es brutal: son productores de alimentos. Muchos vuelven a sus países o provincias, migran a empleos urbanos, o se vuelcan al trabajo jornalero para otras quintas. En todos los casos, se pierde diversidad productiva y capacidad de abastecimiento local.

    Sin embargo, un halo de esperanza, a veces más firme, a veces más liviano, se interpone. Las familias y comunidades agricultoras tienen la certeza de que todo está en las semillas y su potencia milenaria para la reproducción de la vida, sin sistemas asfixiantes, sin agregados tóxicos o mercados que impongan precios. Es la agroecología autónoma y colectiva la posibilidad de, no sólo cuidar la tierra y el ambiente, sino también construir un sistema alimentario justo y soberano, dónde la dignidad prime por sobre todas las cosas, con  con la memoria puesta en el pasado y la esperanza en un futuro mejor.

    Foto: Minga, fotos libres para la soberanía alimentaria y el buen vivir.

    Agroecología y organización para una vida digna

    Es una mañana de sábado, en el cruce de ruta 36 y calle 448, Villa Urquiza, La Plata. Dentro de un invernadero, un par de palas remueven la tierra, mientras otras manos cargan baldes y algunos niños corren al sol. Unos diez o quince productores trabajan sobre una pila de bokashi: un abono natural que devuelve fertilidad a los suelos.

    Afuera, Zaira revisa las semillas de tomate que hace unos meses puso a secar: eligió los mejores cherrys de la cosecha, extrajo sus semillas, las lavó, las limpió y las dejó en cajones al sol. Serán estas las semillas de la próxima temporada. Mientras tanto, Natalia prepara un purín de paraíso: machaca los frutos redondos y amarillos del árbol Paraiso que luego pondrá en un tacho con agua, lo dejará fermentar y así obtendrá un insecticida capaz de salvar un cultivo entero con plagas.

    En la biofábrica de CoTePo hay estantes con bidones, botellas y frascos. Abonos y preparados con distintas funciones: “En una producción agroecológica hacemos nuestros propios biopreparados, abonos, nuestro propio banco de semillas y plantines. Lo que antes nosotros dejábamos en una agroquímica ahora nos queda para nosotros”, contó Maritza.

    En este escenario, la agroecología más que una utopía, es una realidad para el buen vivir rural. No se trata de una cuestión meramente ambiental, sino, sobre todas las cosas, de una práctica que le hace justicia y le da autonomía al productor.  Maritza afirmó que para ellos la agroecología fue realmente una solución a muchas problemáticas.

    En 2017, cuando Maritza Puma terminó el secundario, ya sabía que quería producir la tierra de otra manera. Empezó a formarse en organizaciones y encuentros rurales, hasta que en 2019 se unió al COTEPO, una cooperativa de 20 familias productoras que, además de cultivar, brindan acompañamiento para la transición agroecológica. Además, en su biofábrica, elaboran bioinsumos, los venden y coordinan encuentros donde compartir las recetas, las experiencias y estrategias.

    ”Lo que sale bien se comparte, y lo que no también”, contó Maritza y añadió: ”no saber qué hacer cuando algo sale mal es lo que más te lleva a abandonar todo”. 

    La organización se extiende a más de 100 productores del cinturón hortícola platense, distribuidos en localidades como Lisandro Olmos, Colonia Urquiza, Abasto, El Pato y Echeverry. La conformación del grupo les permitió no solo abordar las problemáticas vinculadas a la producción y la comercialización, sino también comenzar a formarse entre ellos en agroecología. Así empezaron a poner en práctica los saberes adquiridos en sus campos, en otros talleres, y en encuentros con demás productores de la zona. En otras palabras, les da más control sobre su trabajo y más capacidad para decidir qué, cómo y a qué precio producir.

    Maritza Puma. Foto de la colección Quinteros del Cordón de Gustavo Bezzolo

    Una resistencia que se teje a través de una técnica productiva ancestral para hacerle frente a un modelo agroindustrial que los excluye. 

    Ese es el motor que mueve cada taller, cada reunión o jornada. La construcción colectiva es ese brazo donde sostenerse y apostar por un modelo que produzca alimentos sanos y defienda la vida en el campo como un derecho, con dignidad y libertad.

  • Punto para la soberanía alimentaria: abrió un Mercado Bonaerense en La Plata

    Punto para la soberanía alimentaria: abrió un Mercado Bonaerense en La Plata

    Amanda Velasco abre el puesto temprano por la mañana. Esta vez, los muchachos no tienen que cargar ni descargar el camión. Tampoco hay que volver a acomodar los cajones. Las verduras ya están ordenadas desde ayer, cuando el mercado inauguró sus puertas.

    Amanda forma parte de la Cooperativa 197 de La Plata, integrada por familias productoras de la localidad de Abasto. Cultivan hortalizas de estación en sus quintas, que durante años salieron a vender por las esquinas de la ciudad. Ese fue su primer vínculo con la venta: en contacto directo con vecinos y vecinas.

    La articulación con el Ministerio de Desarrollo Agrario, en las ferias de 13 y 32, fue un punto de inflexión.

    —Fue un paso clave para la formalización de la venta de nuestras verduras,— cuenta Amanda —porque pudimos acceder al descuento con la Cuenta DNI.

    La Coope sigue creciendo. Ahora, integra, además, uno de los puestos del nuevo Mercado Bonaerense que ya funciona de martes a domingo de 8 a 16 hs.

    —Cuando supimos que iba a abrir un mercado fijo, recibimos la noticia con muchísima alegría. Por fin íbamos a tener un lugar donde comercializar nuestras verduras, con precios justos y razonables para el pueblo, de la mano de las propias familias productoras.

    En el puesto de Amanda hay verduras frescas de estación, también plantas aromáticas, flores, semillas, aceites. Detrás, sobre una de las paredes, cuelga una bandera de la CoTePo (Consultorio Técnico Popular), una iniciativa de la UTT. Al lado, un cartel con una sola palabra: Agroecología.

    —La mayoría de las familias trabajan vendiendo sus verduras a culata de camión. Todos queremos comercializar con otras redes.

    Amanda Velasco junto a Axel Kicillof, Javier Rodríguez y Julio Alak en la inauguración del jueves.

    La Plata tiene un nuevo mercado. Esta semana, en un amplio galpón pegado al predio del mercado regional mayorista, abrió sus puertas un punto fijo de Mercados Bonaerenses. Allí, decenas de pequeños y medianos productores ofrecen frutas, verduras, panificados, lácteos, carnes, conservas y más, sin intermediarios y a precios accesibles. 

    El mercado, que cuenta con quince puestos variados, se enmarca dentro del programa provincial Mercados Bonaerenses, un programa de ferias itinerantes y mercados fijos de la provincia de Buenos Aires. Impulsado por el Ministerio de Desarrollo Agrario, tiene el objetivo de crear otros circuitos de venta y consumo, no convencionales, para la economía popular. 

    Hasta ahora el programa en la ciudad funcionaba en ferias, pero con esta apertura se suma un punto fijo. Puntualmente, se emplaza en avenida 520 y 116, en Tolosa. Abrirá de martes a domingo, desde las 8 de la mañana hasta las 16 hs, no solo con precios accesibles sino además con promociones especiales. 

    La propuesta apunta tanto al bolsillo de los consumidores como a mejorar las condiciones de comercialización de quienes producen alimentos en la región. El objetivo es acortar los circuitos de comercialización, evitar los aumentos de precios y fortalecer las economías locales. 

    El mercado está pensado para garantizar una canasta básica completa: hay puestos de almacen, verduleria, dietética, carnicería, congelados, granja, lácteos, agricultura familiar, limpieza, panadería, bebidas y productos regionales.

    Todos, con un gran beneficio: un descuento del 40% con Cuenta DNI todos los días, con un tope de reintegro de $6.000 semanales por persona, el cual se alcanza con una compra de $15.000. Una articulación con el Banco Provincia fundamental para impulsar el comercio interno.

    La apertura contó con una inversión total de 130 millones de pesos, financiada por el gobierno bonaerense y el Mercado Regional de La Plata. Se inauguró con un acto encabezado por el gobernador Axel Kicillof, el intendente Julio Alak, y el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez. 

    Un programa sin antecedentes en la provincia

    El nuevo mercado de 520 se suma a otros 10 Mercados Bonaerenses que ya existen distribuidos por toda la provincia. MB, es un programa que surge en el 2020, ya con la gestión de Javier Rodríguez. Lo que empezó como una red de ferias, cuenta ahora con el 90% de los municipios adheridos, 123 de los 135 totales en la provincia. 

    ‘’Mercados Bonaerenses surge para abordar la cuestión de la producción y el acceso a la alimentación de manera integral. Nuestros mercados tienen como objetivo brindar un espacio de comercialización, por un lado, y garantizar el acceso a una canasta variada, por el otro’’, explicó Javier Cernadas, Director Provincial de Comercialización y Alimentos del Ministerio. 

    Desde entonces, se han realizado más de 34.000 ferias, con la participación de 2400 productores y un estimativo de 11,5 millones de usuarios, un número que demuestra el impacto y el despliegue territorial que tiene del programa, según un estudio de la FAO que analizó la experiencia en 10 municipios.

    En 2022, la provincia se comprometió con la FAO a impulsar la producción sustentable de alimentos. Contemplando distintas herramientas y acciones, ferias, nodos y aplicaciones digitales, el circuito de trabajo y alimento creció por toda la provincia y construyó 10 mercados fijos, para darles a los productores la posibilidad de aumentar en escala de producción y vender sus productos todos los días del año. 

    Javier Cernadas, aseguró que ‘’Después de décadas de concentración del mercado, la intermediación se come gran parte del esfuerzo de los pequeños y medianos productores. Acortando la cadena, el productor cobra más y el consumidor paga menos.’’

    Sumado a esto, la promoción con Cuenta DNI hace realmente la diferencia. El beneficio del 40% constituye una apuesta del BAPRO pero también un gran trabajo de parte del Ministerio, que lejos de acordar con 5 o 6 cadenas de supermercados, coordina más de 2000 productores, uno por uno, la formalización y la aplicación del descuento. 

    Puestos De Alimentos Regionales Bonaerenses

    La diversidad productiva se expande más allá de los límites de nuestra ciudad. Entre los diferentes puestos de productores, cooperativas y emprendimientos, se encuentra uno particular. El Puesto de Alimentos Regionales Bonaerense, es un puesto cuyas góndolas estan repletas de productos elaborados en la provincia.

    Este sector reúne a las PUPAs, Pequeñas unidades de producción alimenticia, y les ofrece un punto de venta fijo. De esta forma, las producciones familiares, domiciliarias, se evitan tener que frenar su producción para estar en una feria a su vez que se les garantiza la ganancia completa.

    Sin dudas, detrás del nuevo Mercado Bonaerense, se hace presente un trabajo mucho más grande. Según analizó Javier Cernadas, ‘’Esto es parte de una política integral. Para fortalecer la producción y el trabajo, es clave capacitar, habilitar, dar financiamiento, pero también hay que dar canales de comercialización’’.

    En un contexto económico complejo, donde el acceso a alimentos está cada vez más restringido, este tipo de políticas públicas intentan ser un alivio para miles de familias.

    En 520 y 116 hay un mercado que realmente vale la pena recorrer. Un supermercado como los que no conocemos: 100% real, nacional, popular y regional. Un espacio que hace justicia. Un sueño de la soberanía alimentaria. 

  • Sturzenegger redacta otro DNU: ahora va por el Instituto Nacional de Semillas 

    Sturzenegger redacta otro DNU: ahora va por el Instituto Nacional de Semillas 

    En los próximos días, el gobierno nacional publicaría un nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que reorganice áreas del Estado. Según fuentes internas, incluiría la disolución del Instituto Nacional de Semillas (INASE), organismo clave para el mercado semillero. 

    Creado en 1991 y reconstituido en 2004, el INASE es la autoridad de aplicación de la Ley de Semillas. Su función es garantizar la calidad genética y sanitaria de las semillas utilizadas en la producción agropecuaria del país. También regula el comercio, registra variedades y evita la propagación de enfermedades.

    Aunque menos conocido que el INTA o el SENASA, el INASE tiene un rol estratégico: es el primer eslabón de la cadena agroalimentaria. Controla semillas tanto de cultivos extensivos, como de plantas de vivero, tubérculos como la papa y bulbos ornamentales. Regula tanto a multinacionales biotecnológicas como a viveros, laboratorios y productores de variedades transgénicas.

    “La ensalada que comemos empieza en una semilla que controla el INASE. Si el instituto desaparece, los controles se van a relajar y se compromete la seguridad alimentaria”, advirtió Silvana Babbit, quien fue exdirectora nacional del organismo durante más de dos décadas.

    De organismo autárquico a dirección dependiente

    El DNU en preparación plantea transformar el instituto en una simple Dirección Nacional de Semillas, bajo la órbita de la Secretaría de Agricultura. Esto implicaría quitarle autarquía, achicar su planta (la cual no alcanza actualmente a 250 personas) y reducir su capacidad operativa.

    “Un organismo que tiene poder de policía, como Inase o Senasa, tiene que poder dar una respuesta inmediata. Si pasa a ser una dirección, cualquier operativo deberá pasar por múltiples niveles jerárquicos. Se pierde agilidad y operatividad y eso va a afectar a todo el agro, explicó Babbit en diálogo con Desde La Raíz.

    Ante una emergencia, los trabajadores e inspectores deberán aguardar una cadena de respuestas, que empieza con un director regional, luego al nacional, luego al subsecretario de Agricultura, al secretario, hasta Caputo como Ministro de Economía. Recién entonces los inspectores comenzarían el operativo.

    Por qué el Inase no representa un ‘gasto’

    A diferencia de otros entes estatales, el INASE no depende del presupuesto nacional. Se autofinancia con recursos propios -y, de hecho, es considerado superavitario- a través de aranceles cobrados al sector semillero, estampillas que certifican calidad y multas por incumplimientos. “Ese dinero se usa para pagar desde la luz de la oficina hasta los sueldos y capacitaciones. Y, además, si sobra plata del ejercicio anual, se destina al tesoro de la Nación. Es decir, el famoso déficit fiscal cero acá no mueve la aguja: Inase no chupa de las arcas del Estado, todo lo contrario, le aporta” afirmó Babbit, con la misma convicción con la que da clases en la Universidad y apuesta por las políticas públicas de semillas en todo el país.

    En 2023, Inase manejó un presupuesto de aproximadamente 10 millones de dólares, de los cuales el 50% se destinó al pago de haberes. En 2024 ese presupuesto se duplicó, aunque los haberes representaron apenas el 25% de ese total.

    ¿Qué está en juego?

    El Inase es, relativamente, un organismo pequeño. Actualmente, cuenta con 235 personas, presididas por Claudio Dunan, a las que hace unas semanas se les informó la situación. El Poder Ejecutivo nacional, llamará a un régimen de retiros voluntarios. Sin embargo, la ex directora Silvana Babbit, aseguró en una entrevista que en el instituto nadie sobra, ya que ella misma se encargó durante su gestión de “sanear” el organismo y hacerlo eficiente.

    Entre sus proyectos actuales, el instituto vería desarrollando herramientas tecnológicas claves para impulsar al sector, como la digitalización de lotes de producción de semillas, actas digitales y el uso de inteligencia artificial para registros de variedades.

    Pero su función no se limita al agro de gran escala: en los últimos años, INASE hizo un trabajo de reconocimiento de las semillas criollas utilizadas por pequeños productores. “Recuerdo muy bien que un día de muchísimo frío en Gaiman, Chubut, le entregamos a la comuna el título de semilla criolla del citrón, una fruta parecida a la sandía.También en Salta, certificamos títulos a variedades de porotos, y en San Juan a la semilla de alfalfa”, recordó orgullosa Babbit y aseguró que ese trabajo no se cuidaría en la Dirección “por el propio perfil de productor”.

    En otra escala, Silvana también recuerda como Inase actuó en 2020 ante la peor sequía de la historia de la Argentina de los últimos 70 años: “Hicimos todos los mecanismos legales necesarios para que no falte la semilla de soja, de trigo, de girasol, para que la sequía no afecte la productividad de la siguiente temporada”. 

    En un país productor por excelencia como el nuestro, el INASE desempeña un rol fundamental en el abastecimiento de semillas, así como también en la prevención de enfermedades, bacterias y hongos en los cultivos, como por ejemplo, la rabia del garbanzo, el huanglongbing de los cítricos o el virus rugoso del tomate. Todos casos en los que Inase tuvo agencia, tal como asegura Silvana Babbit, quien además es fitopatóloga.

    La disolución del INASE se inscribe en una serie de embates más amplios sobre el sistema científico-técnico argentino, que ya afectó al INTA, CONICET y otras instituciones de importancia.

    Aunque el INASE no es el más conocido, su desaparición afectaría directamente la calidad de los cultivos, la seguridad sanitaria y la soberanía alimentaria. El Estado dejaría de tener un organismo técnico con capacidad real de controlar el inicio mismo de la cadena agroalimentaria.