Corrían los principios del siglo XIX, una época que auguraba riquezas “infinitas” para la república argentina bajo el manto del “granero del mundo”.
Allí llegó a nuestro país el frigorífico Swift, quien instaló su primera fábrica en el año 1907 en la ciudad de Berisso, y 20 años más tarde, lo haría en la ciudad de Rosario. Comandada por Louis Franklin Swift, la empresa había establecido instalar cerca de los polos industriales, varios campos donde los gerentes puedan disfrutar de su ocio, practicando football o golf.
Al swift golf club llegaban los gerentes de Berisso en el uso de los vagones exclusivos que se disponían en las líneas férreas para el transporte de la época. Contaba con un gran clubhouse, rodeado de senderos prolijamente podados con árboles y arbustos a su alrededor.
Crónicas de la época datan que ni los trabajadores del frigorífico ni los ferroviarios podían acercarse a estos lugares ya que lo tenían terminantemente prohibido por las autoridades.
Hasta que…. En 1949 el gobernador Domingo Mercante expropió estas tierras para crear la República de los Niños. Encomendada por Eva Perón, allí se levantó un lugar de recreación para que los niños y niñas puedan aprender sobre el rol y el funcionamiento de las instituciones.
Por esos años tambien, cuenta la leyenda que el propio Walt Disney llegó a conocerla y quedó fascinado con el concepto de una ciudad a escala, lo que luego terminaría inspirando el parque Disneyland inaugurado en el año 1951.
Además, “la repu” fue reconocida durante el desarrollo del juicio de lesa humanidad de 1 y 60, como un sitio transitorio de detencion en la ultima dictadura civico militar. Asi lo reconoció Carlos Jalaris, ex delegado de Propulsora en el juicio que aún sigue en curso.
Al dia de hoy la Republica de los niños se ha transformado en un punto de atracción y recreación muy importante para niños y adultos de todo el cordón sur del conurbano y la ciudad de la plata
Los hielos continentales o campos de hielo sur son una de las reservas de agua dulce mas grandes del mundo y están ubicadas al sur de nuestro país, en la provincia de Santa Cruz en límite con Chile.
Por su importancia estratégica, este territorio es motivo de disputa entre el país trasandino y la Argentina, principalmente por la delimitación de las fronteras.
Para que se den una idea, en el año 1965 en el Lago del Desierto, al norte del Fitz Roy, gendarmes argentinos se enfrentaron a tiros contra carabineros chilenos por la delimitación del territorio. Este es considerado como el primer acto de defensa de la soberanía en la zona.
Años más tarde, la dictadura argentina de Videla y Massera y la chilena de Pinochet estuvieron a punto de entrar en un conflicto bélico por esta zona y el estrecho de Magallanes, pero gracias a la intervención del Vaticano, no pasó a mayores.
Sin embargo la tensión fue permanente, e incluso un motivo de trazabilidad política. Para los años 90, Carlos Saúl Menem en Argentina y Patricio Aylwin en Chile intentaron ponerle un “fin” al conflicto. Allí establecieron un acuerdo donde delimitaron los límites trazando una línea poligonal.
Pero este acuerdo favorecía a Chile, e incluso le daba la potestad sobre la naciente del río Santa Cruz, del cual la Provincia obtiene su abastecimiento. Es por eso que el año 1993, el entonces gobernador de Santa Cruz, Nestor Kirchner organizó junto a toda la legislatura provincial e intendentes, una sesión extraordinaria al pie del Glaciar Perito Moreno para reafirmar el derecho argentino sobre los hielos continentales, y presionar al gobierno argentino.
Finalmente al acuerdo firmado, Menem con el presidente Eduardo Frei, firmaron un anexo al tratado en el cual establecieron un protocolo para delimitar la zona.
Al día de hoy, este conflicto aún se encuentra presto a resolverse, y en el medio han habido varios intentos, sobre todo por parte de Chile, de ir corriendo la zona de delimitación.
Un detalle clave es los recursos e importancia que le prestan estos países para la defensa de esta zona. Chile actualmente mantiene tres refugios en pie, para el cual vuelca recursos humanos y económicos, en su mantenimiento. La Argentina contaba con un sólo refugio, inaugurado en la época del peronismo, que actualmente está en ruinas.
Con el bombardeo y la posterior captura de Nicolas Maduro por parte del gobierno de Estados Unidos, se abre una nueva etapa de injerencia en Latinoamérica, que tiene un principal objetivo: El petróleo.
En la conferencia de prensa que llevó a cabo Donald Trump, dejó explícita su intención de que “nuestras grandes compañías petroleras estadounidenses, las más grandes del mundo, entren, inviertan miles de millones de dólares, reparen la infraestructura petrolera”.
Lejos de levantar las banderas de la lucha contra el narcotráfico, los yankees intentarán quedarse con el control absoluto de una de las mayores reservas petroleras del mundo. Según un informe realizado por la OPEP, Venezuela cuenta con la capacidad de explotar 303.000 millones de barriles de petróleo, casi siete veces más que las reservas de Estados Unidos.
“Como todos saben, el negocio petrolero en Venezuela ha sido un fracaso, un fracaso total, durante mucho tiempo. No estaban extrayendo casi nada, en comparación con lo que podrían haber extraído y lo que podría haber sucedido”, agregó Trump en la conferencia de prensa.
Dejando de lado el debate o la pregunta de por qué Estados Unidos puede proclamarse la potestad para intervenir un país sin mayores represalias, la preocupación más grande que existe para nuestro país es como puede impactar el control norteamericano en la producción de Vaca Muerta.
A priori como la estructura de crudo venezolana se encuentra bastante deteriorada y todavía con la imposición de sanciones norteamericanas, los efectos no se darán de manera inmediata. Pero esto abrirá una “carrera” de producción de crudo que podría reducir el precio del barril de petróleo y hacer derrumbar las ganancias que hasta ahora viene produciendo el yacimiento argentino.
Actualmente la balanza energética argentina se volvió superavitaria y es un factor clave para la generación de dólares en los próximos años. Hasta noviembre el saldo fue de casi USD 7.000 millones, un 45% más que el año anterior.
En el plazo medio, por el aumento de la oferta de crudo venezolana, el país podría sufrir un menor valor de las exportaciones del petróleo liviano de Vaca Muerta y el pesado de Chubut (el que usan las refinerías de Estados Unidos y es más parecido al crudo venezolano), con un golpe sobre las inversiones (por menor disponibilidad de fondos) y la entrada de dólares al país.
Asimismo esto podría influir en la decisión de que YPF (empresa referencia) decline el porcentaje de operaciones de exportación, y dedique la gran mayoría de su producción al mercado interno haciendo bajar el precio de los combustibles.
Hoy por hoy la urgente intervención de Donald Trump tiene dos objetivos en claro: Uno es la impronta que le puede dar puertas adentro de Estados Unidos. El abastecimiento de este crudo ayudará a mantener bajo control el precio de la nafta norteamericana, en un año que es electoral y que además impactará en la estabilidad de precios.
Pero también tiene la intención de reducir el abastecimiento a China y proveer petróleo a otras economías que, hasta ahora, tenían plena dependencia de Rusia.
“Una ciudad que se transforma y un nuevo sujeto político que conoce el mar. Hoy, en la Escuelita de Verano: los hoteles sindicales.
Hacia finales del siglo XIX, un tal Patricio Peralta Ramos decidió fundar una localidad balnearia llamada Mar del Plata. Con el arribo del ferrocarril hacia el año 1886, ‘la feliz’ se transformó en una localidad de descanso para las elites argentinas.
Esta fue una de las costumbres heredadas de la cultura inglesa, ya que 50 años atrás habían establecido a Bath y Brighton, dos ciudades inglesas, como localidades de descanso para sus elites. Aquí en Mar del Plata tuvo su auge con la inauguración del Bristol Hotel, construido por José Luro, que constituyó un acontecimiento de época.
Para darse una idea, a su bautismo asistieron figuras como Dardo Rocha, el fundador de la ciudad de La Plata; Carlos Pellegrini, quien en ese entonces era vicepresidente de la nación; Bartolomé Mitre y un tal Emilio Bunge.
Un artículo de la época publicado en el diario El Censor menciona que la sociedad congregada allí está a salvo de encuentros desagradables.
Pero y entonces, ¿qué pasó?
Casi 50 años más tarde, en el verano de 1945, un tal Juan Domingo Perón sancionaba el decreto 1740 que extendía las vacaciones remuneradas a los trabajadores y el decreto de personería gremial habilitando la figura de Institución de Previsión y Asistencia Social para los sindicatos. Ahora los trabajadores gozaban de vacaciones pagas y encima lo podían hacer a través de los beneficios de sus sindicatos.
Una medida que también fue acompañada por el Plan de Turismo Social que fue impulsado por el gobernador Domingo Mercante. Esta medida apuntó, entre otras cosas, a finalizar las concesiones precarias a particulares de 24 chalets que estaban ubicados en la franja costera de la Playa de los Ingleses para el uso de los sindicatos.
El primer hotel fue inaugurado en Playa Grande, la playa más exclusiva de Mar del Plata en esa época y que años más tarde sería conocida popularmente como ‘la Bristol’. Empleados de comercio, petroleros, mercantes y obreros de la carne serían los primeros en tener hoteles no solo en Mar del Plata, sino también en otras ciudades del país.
Para los años 60, con la modificación de la ley de asociación profesional y de obras sociales, crecería exponencialmente la instalación de hoteles sindicales, llegando a tener casi 3 millones de trabajadores veraneando en ‘la feliz’. Actualmente existen casi 90 hoteles en Mar del Plata y la plaza hotelera sindical ha crecido en varios puntos a lo largo y ancho del país, garantizando un derecho básico: el poder descansar.”
En una nueva entrevista para LN+, el presidente aseguró que la Argentina atraviesa un “máximo histórico de consumo”. Esta semana, en diálogo con Luis Majul, Javier Milei insistió: “El consumo es el máximo de los últimos 8 años. Está cambiando la forma en la cual consumen las personas. La economía ha cambiado y algunos indicadores han dejado de ser relevantes, frente a otros que sí funcionan”.
Sin embargo, los datos del cierre de 2025 muestran una realidad muy distinta en los hogares. En la antesala a las fiestas, el consumo masivo vuelve a caer, se profundiza el endeudamiento y aumentan los recortes en compras básicas, como alimentos y medicamentos.
El consumo masivo cayó en noviembre
Según el último informe de la consultora Scentia, el consumo masivo registró en noviembre una baja mensual, cortando una racha de ocho meses consecutivos de mejora. El retroceso se explicó principalmente por la caída en supermercados y farmacias, dos canales clave en el consumo cotidiano.
La consultora Scentia mide el consumo masivo en Argentina a partir de las ventas en volumen -no en pesos- en supermercados, almacenes y farmacias. Es decir, mide cuántas unidades se venden, no cuánto dinero se factura, lo que permite aislar el efecto de la inflación.
Si bien el dato del acumulado anual, difundido por muchos portales, muestra una leve recuperación cercana al 2,2%, el relato pierde fuerza cuando se observa la serie larga, donde el consumo masivo todavía no logra recuperar los niveles previos al ajuste,
Según Scentia, en noviembre se vendieron 14,7% menos unidades de productos (alimentos, bebidas, limpieza, higiene, farmacia) que en enero de 2023.
En térmnos de índice, el consumo se ubicó en el 85,3% respecto del nivel de enero de 2023, lo que implica una caída acumulada de casi el 15% en volumen.
Ajuste y endeudamiento
Por otro lado, la baja en el consumo también aparece reflejada en las encuestas a hogares. La consultora Moiguer presentó un estudio correspondiente al cuarto trimestre del año en el que señala que el 62% de las personas redujo gastos, el 50% se quedó sin dinero antes de terminar el mes, mientras que el 57% de los hogares está endeudado.
Los recortes se concentran en áreas tradicionalmente asociadas al ocio y la vida social. El 70% de los encuestados redujo gastos en salidas y transporte, el 69% bajó el consumo de bebidas alcohólicas y golosinas, y el 67% recortó asados y encuentros sociales.
El “máximo histórico” para pocos
En paralelo, el aumento de tarifas de servicios básicos y los rezagos del salario real profundizan la fragmentación del consumo. Los costos fijos avanzaron a mayor velocidad, obligando a los hogares a priorizar gastos esenciales. El resultado genera dos economías, por un lado un sector minoritario que sostiene y expande consumos de mayor valor, como viajes, bienes importados o ahorro, mientras una mayoría reduce la compra de alimentos o medicamentos.
En ese contexto, el “máximo histórico de consumo” al que refiere Javier Milei, aparece distante y desconectado de la experiencia cotidiana, especialmente cuando se habla de productos básicos.
Los datos muestran que el fin de año nos encuentra consumiendo menos y con menos margen de disfrute, incluso para las fiestas. La distancia entre el relato oficial y la vida diaria vuelve a ampliarse, y el consumo masivo lo deja en evidencia
La petrolera inglesa Rockhopper Exploration confirmó esta semana la Decisión Final de Inversión (DFI) para la fase 1 del proyecto Sea Lion (León Marino), un yacimiento offshore ubicado a unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas, zona en la que Argentina reclama su soberania.
La iniciativa prevé una inversión inicial de alrededor de 1.800 millones de dólares y el inicio de la producción de crudo en 2028, con un volumen estimado de hasta 55.000 barriles diarios.
Rockhopper posee el 35% de participación y lleva adelante este proyecto junto a la petrolera israelí Navitas Petroleum, que controla el 65% restante y aporta la mayor parte del financiamiento. Navitas ingresó al emprendimiento en 2022. La Decisión Final de Inversión representa un punto de inflexión, ya que implica el compromiso concreto de las empresas para avanzar hacia la producción de hidrocarburos.
Esta es la primera vez que se anuncia formalmente una decisión para producir petróleo en Malvinas, en un territorio que permanece bajo ocupación británica y se encuentra en disputa por la soberanía. Según informaron las compañías, el plan de desarrollo contempla la perforación de 11 pozos en el lecho marino durante la primera etapa.
El alcance del proyecto es significativo. Sea Lion concentra recursos estimados en más de mil millones de barriles de petróleo, lo que lo convierte en uno de los desarrollos offshore más importantes de la región. Los planes de mediano y largo plazo prevén escalar la producción a 80.000 barriles diarios en la fase 2 y hasta 200.000 en la fase 3, con una explotación proyectada por al menos 35 años.
El mensaje de Cancillería
Lo cierto es que el anuncio no generó gran controversia política. El Gobierno argentino manifestó únicamente una declaración de la Cancillería en la que rechazó el proyecto y consideró “ilegítimos” los derechos de explotación otorgados por el gobierno de las islas. Tras la presión del gobierno de Tierra del Fuego, el Ministerio de Relaciones Exteriores recordó que toda exploración y explotación unilateral de recursos naturales en áreas en disputa viola las resoluciones 2065 y 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Rockhopper y Navitas ya habían sido sancionadas por el Estado argentino en 2021 por realizar actividades ilegales de exploración en el Atlántico Sur. En el caso de Navitas, incluso fue inhabilitada en 2022 por 20 años para operar en territorio argentino. Cuatro años después de aquellas sanciones, las mismas empresas anuncian el inicio de una explotación petrolera que se extendería por décadas.
Desde el gobierno fueguino advirtieron que el avance de estos proyectos no sólo consolida el control económico británico en Malvinas, sino también su poder político en el territorio.
Con esta noticia, no está en juego solo la apropiación de un recurso estratégico, sino que además contrapone a nuestra histórica demanda de soberania sobre las Islas Malvinas e Islas del Atlántico Sur, sobre los territorios insulares y marítimos circundantes. También implica para nosotros la pérdida de oportunidades de desarrollo, soberanía energética y autonomía tecnológica.
La Asociación de Trabajadores del Estado en la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (ATE CONAE) repudió los recientes despidos en la empresa VENG S.A., firma clave de lo que supo ser el Plan Espacial Nacional, y advirtió que el sector atraviesa un proceso de vaciamiento y destrucción como consecuencia de las políticas aplicadas por el gobierno de Javier Milei.
En el marco del fuerte desfinanciamiento, al igual que todo el sistema científico nacional, ATE denunció que el proyecto de Vehículo Espacial Nueva Generación (VENG), la empresa a cargo del desarrollo del cohete lanzador de satélites Tronador II, “está muerto” y sin sus trabajadores.
Según los datos de dotación del INDEC la empresa perdió el 17% de su personal, lo que significa un total de 80 trabajadoras y trabajadores solo hasta septiembre, sin contabilizar los despidos y renuncias del último mes. Esto conforma un gran retroceso frente a los esfuerzos y la inversión que el sector científico nacional ha brindado en, al menos, los últimos 25 años por desarrollar la industria espacial argentina.
Entre las bajas más críticas se incluye la renuncia de casi todo el equipo de la sección de propulsión del proyecto Tronador II, completamente desfinanciado por la actual gestión junto con el resto de los proyectos de la CONAE.
La nueva gestión de VENG
En el comunicado emitido ayer 28 de noviembre, el deterioro institucional comenzó poco después del cambio de gestión, cuando “comenzaron a repartirse la empresa como botín de guerra, hasta llegar a la conformación actual”.
La conducción de VENG fue reorganizada y se designó a Laureano Quiroga como gerente general, Alberto Jaure como gerente de Recursos Humanos y Administración, y a Roberto Yasielsky como presidente, cargo que por primera vez en la historia de la empresa pasó a ser rentado.
Estas designaciones, señalan, surgieron en medio de la falta de respuestas oficiales ante pedidos de información al entonces Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, sobre posibles ampliaciones de la planta política y salarios de los nuevos funcionarios. De acuerdo con información interna no oficial, la planta política habría aumentado.
Desde ATE advierten que este éxodo del personal implica una pérdida directa de capacidades estratégicas que aportan estos profesionales para el desarrollo espacial. “Nos solidarizamos con las compañeras y compañeros de VENG y repudiamos este nuevo ataque a la Ciencia y la Tecnología argentinas”, expresaron desde ATE CONAE.
Encontrá más información sobre la historia del desarrollo espacial en nuestro país, acá:
Los diputados Atilio Benedetti (UCR- Entre Ríos) -presidente de la Comisión de Agricultura en la Cámara de Diputados- y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica- CABA) presentaron un proyecto de ley para regular la aplicación de agroquímicos. A fines de octubre, avanzó a la Cámara de Diputados.
El proyecto propone la sanción de una “Ley Nacional de presupuestos mínimos de protección ambiental para la aplicación de productos fitosanitarios”. Fue escrito por la Red de Buenas Prácticas Agrícolas, que integra más de 80 instituciones y camaras empresariales vinculadas con el agronegocio. Se trata de una norma que ampliaría las posibilidades del uso de estas sustancias, de forma contraria a lo que hace mucho tiempo advierte la ciencia y las comunidades.
El punto crucial del proyecto se resume en dos artículos. En el artículo 7, se delimita una zona de exclusión en donde no se podrán realizar fumigaciones con agrotóxicos. Pero en el artículo 9, se establece que esa zona de exclusión deberá ser solo de 10 metros.
Es decir, desde el límite exterior de la zona productiva habrá solo diez metros de distancia con una vivienda, barrio o escuela, por ejemplo, para el caso de las fumigaciones terrestres, con vehículos aéreos no tripulados, aeronaves pilotadas de manera remota o drones. En el caso de las fumigaciones aéreas, la distancia se extiende a 45 metros: menos de media cuadra.
La iniciativa apunta a la consolidación y perpetuación del modelo de producción extensiva, dominante y químico-dependiente. Se ampara en las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), prácticas que regulan éticamente el uso de agroquímicos, pero que en la práctica real no se respetan ni sirven para evitar afecciones en la salud por contacto y consumo de las sustancias tóxicas que habilita.
La norma ya cuenta con el acompañamiento de 32 legisladores, entre diputados de La Libertad Avanza, Unión por la Patria, UCR, PRO, Coalición Cívica, Encuentro Federal, entre otros colores.
Maximiliano Ferraro ha expresado que “el proyecto no tiene una mirada sectorial” y que “nace de un diálogo”. Sin embargo, en la comisión conjunta realizada entre Agricultura y Ganadería, y Recursos Naturales y Conservación de Ambiente Humano, solo participaron personas a favor de la ley. Entre ellas, entidades gubernamentales, de productores, de ingenieros agrónomos, de acopiadores, de empresas de tecnología agropecuaria y ONGs, todas con intereses directamente vinculados al agronegocio.
Las únicas dos ponencias que no se alinearon al lobby fueron el diputado Juan Carlos Giordano (Izquierda Socialista- FIT Unidad) y Blanca Osuna (Unión por la Patria). Giordano manifestó: “Deben darle espacio a quienes estamos en contra de esta ley. Hay una lista de un montón de organizaciones que quieren venir a exponer las barbaridades que ocurren por el uso de agrotóxicos. Fumigar a 10 metros de ninguna manera puede ser una buena práctica agropecuaria”.
Por su parte, Osuna dijo: “Es indispensable escuchar voces de otros sectores, estamos en falta si no. Los expertos científicos deben estar acá, están ausentes en este proyecto. Primero debe estar la salud, luego la producción”.
Sin un verdadero diálogo y comprobaciones científicas claras, sus conclusiones de que 10 y 45 metros son suficientes para las derivas de agrotóxicos quedan infundadas e inválidas. Además, es inconstitucional porque atenta contra el derecho de las personas a vivir en un ambiente que no ponga en riesgo su salud. También contraria de forma directa los convenios internacionales en materia de cambio climático suscriptos por la Argentina.
El médico y referente del Instituto Nacional de Salud Socioambiental (Inssa), Damián Verzeñassi, denunció: “¿Existen las ‘Buenas Prácticas’ si se usan productos cancerígenos? 107 son los productos agrotóxicos prohibidos en otros países, que en Argentina están permitidos: 32 son probablemente cancerígenos, 7 están comprobados y 24 son disruptores endocrinos. ¿Podemos hablar de Buenas Prácticas Agrícolas con 107 productos prohibidos en otros países? Creemos que no, y por eso queremos que se frene el proyecto que permitiría fumigar a 10 metros”.
Hace unos días, el prestigioso portal de noticias The Wall Street Journal informó que, dentro de la negociación que mantiene activa Estados Unidos con Argentina, se encuentra el interés directo de los yanquis por mantener una suerte de “prioridad” en el acceso y comercio del Uranio.
Luego del acuerdo de asistencia financiera pactado entre Javier Milei y Donald Trump,el diario publicó un artículo en el que afirma que el ministro de Economía, Luis Caputo, y el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, mantienen negociaciones para limitar el acceso de China a los recursos naturales de nuestro país. Además, según fuentes de este medio, también debatieron ampliar el acceso de Estados Unidos a las reservas de uranio argentinas.
Según especifica el artículo, titulado“Estados Unidos intenta abrir una brecha entre la Argentina y China”,el objetivo de los yanquis es “reducir el poder de influencia de China en América Latina, alentando a los gobiernos de la región a cerrar acuerdos con empresas estadounidenses en sectores estratégicos como las telecomunicaciones, la energía y la infraestructura”.
En ese escenario, el medio sostuvo que en la medida que China quede desplazada de los proyectos argentinos, Estados Unidos obtendría una ventaja estratégica. El WSJ insistió asegurando que fuentes cercanas al Tesoro estadounidense “le dijeron a altos funcionarios en la Argentina que quieren ver a las empresas estadounidenses como una fuente principal de la industria de telecomunicaciones e Internet de Argentina en lugar de empresas vinculadas a China”.
De acuerdo con un informe de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), la Argentina posee reservas estimadas en 33.780 toneladas de uranio, con un costo de producción de u$s 130 por kilogramo.
Actualmente los 3 puntos de explotación más importantes que posee la Argentina se encuentran en la provincia del Chubut, Mendoza y Río Negro. Teniendo en cuenta los últimos resultados de las elecciones, que sirven como un espaldarazo político de presentación, los funcionarios norteamericanos avanzarían con formalizar las “inversiones” de las empresas yanquis.
Sin embargo, tal como advirtió el diario yankee, la Constitución argentina puede ser un pequeño freno. Dado que la misma le otorga a las provincias la propiedad de los recursos minerales, cualquier compromiso directo del gobierno nacional con la administración del gobierno de Trump podría limitarse, de no contar con el consentimiento y la aprovación de los gobernadores.
Respecto al uranio, lo cierto es que la entrega del mineral está relacionada con la privatización de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NA-SA) y la reactivación de los proyectos de extracción directa de uranio para exportación. Dentro de este entramado, aparece el nombre de Damián Carlos Barreto, la persona que une la constitución de una UTE para la exploración de uranio, con el Grupo Pérez Companc, IRSA, y Gennia, la empresa que pretende ser la proveedora de energía renovable para el mega data center de IA anunciado estas últimas semanas, horas después de conocido el rescate norteamericano.
Desde mediados de 2024, el mapa ferroviario argentino se viene achicando. En poco más de un año, Trenes Argentinos Operaciones (SOFSE) suspendió doce servicios de pasajeros, entre regionales y de larga distancia, que unían provincias y localidades fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires.
La empresa estatal justificó los cierres con motivos de seguridad por deterioro de la infraestructura, pero lo cierto es que detrás de esta sucesión de “suspensiones temporales” se perfila un escenario conocido: el desmantelamiento progresivo del sistema ferroviario nacional.
La lista de clausuras o suspensiones ya alcanza una docena de tramos, según datos recopilados por el medio especializado En el Subte,
El cierre del servicio Buenos Aires–Bahía Blanca fue uno de los casos más resonantes. El tren, que desde 2023 se encontraba interrumpido tras un descarrilamiento en Olavarría, fue dado de baja definitivamente este mes, dejando sin conexión directa a unas quince localidades del sur bonaerense.
El servicio Retiro- Justo Daract (San Luis) que corría también hasta Palmira (Mendoza), fue el primero en suspenderse en abril del 2024 por “el estado de las vías”, con la promesa de ser “momentáneo”. Había sido reinaugurado en junio de 2023.
En la lista de servicios de larga distancia, también dejó de circular el expreso Retiro- Rosario. Este mes de octubre, circularon por última vez los trenes Retiro- Córdoba y Retiro- Tucumán (suspendidos por pedido de la concesionaria de vías por tiempo indefinido).
Además, se cancelaron varias líneas regionales. En Buenos Aires, además de Bahia Blanca, la medida ya alcanzó al tren Guido- Pinamar, Mercedes- Tomás Jofré y Once- Pehuajó. En Córdoba se cortó el tren hacía Villa María, en Santa Fé la conexión Rosario- Cañada de Gómez, en Santiago del Estero el tramo La Banda- Fernández. Además, también fue suspendido el único tren internacional: Posadas, Misiones- Encarnación, Paraguay.
En provincia de Buenos Aires, solo quedan tres servicios que conectan capital con el interior: Mar del Plata, Junín y Bragado. Entre provincias, sólo quedó en pie el tramo Rosario- Retiro.
Este método de suspensiones sin anuncio formal de cierre, mediante una reducción progresiva de la frecuencia y el abandono de infraestructura, ha sido calificada como “clausura por goteo”.
Emergencia Ferroviaria
En junio de 2024, el Gobierno nacional declaró Emergencia Ferroviaria por dos años para todo el sistema, con el argumento de revertir el deterioro de vías, material rodante y señalización. La medida habilitó contrataciones directas y reorganización administrativa de la empresa, pero también posibilitó la suspensión de servicios “por razones de seguridad”, sin intervención parlamentaria ni de las provincias.
En paralelo, la inversión estatal en mantenimiento se ha concentrado en el AMBA, mientras que los corredores del interior muestran signos de abandono: falta de locomotoras, problemas estructurales en los rieles que no permiten velocidad mayor a 30 km, señalización y personal reducido, lo que impide garantizar un servicio seguro y eficiente.
Según un relevamiento de Infobae, mediante pedido de acceso a la información, a fines de 2023 había unas 20 estaciones sin servicio, de un total de 457. Para junio de 2025, sumaban 62; triplicadas por el plan “motosierra”.
Estas decisiones también afectan en la demanda. Las estadísticas oficiales reflejan un retroceso: en la primera parte del 2025 hubo 27 millones de pasajeros menos en comparación con 2022. En los servicios de larga distancia, la retracción fue del 40%. La caída no solo tiene razones en la crisis económica, sino también en la pérdida de frecuencias y de confianza en el sistema.
Infobae elaboró un mapa con todas las lineas donde las formaciones ya no llegan.
Un patrón repetido: la “clausura por goteo”
Distintos sindicatos ferroviarios como La Fraternidad o Asociación Ferroviarios de Pie, y analistas del sector, comenzaron a describir este proceso como una “clausura por goteo”. Es decir: una retirada progresiva del Estado que evita el anuncio de un cierre general y el impacto social que ello pueda tener, pero produce el mismo efecto en los hechos. Se suspenden servicios “hasta nuevo aviso”, se deja que la infraestructura se deteriore, y, con el paso de los meses, se argumenta que no es rentable ni tiene demanda y, por ende, no hay condiciones para reanudar la operación. Es una jugada silenciosa con la que perdemos conectividad y agencia territorial.
El juego ya lo conocemos, es una técnica que antecede a procesos de privatización o concesión. En la década del ’90, el menemismo implementó un proceso similar antes de la privatización completa de Ferrocarriles Argentinos. Primero se recortaron servicios con la excusa de falta de rentabilidad; luego se despidió personal y se transfirieron los ramales “productivos” a empresas privadas. El resto fue clausurado o abandonado.
La empresa estatal Ferrocarriles Argentinos se desmembró. La reconfiguración redujo la red de pasajeros de más de 30 mil kilómetros a menos de 8 mil, concentrando el transporte en el Gran Buenos Aires y en los corredores de carga vinculados al agro y la exportación.
Ese proceso, que muchos llaman “ferrocidio”, dejó en evidencia que privatizar los trenes no solo no mejoró el servicio, sino que lo desmanteló.
Durante la gestión de Florencio Randazzo, el Estado inició una reconstrucción parcial: se reabrieron algunos ramales y se incorporó material rodante nuevo, pero sobre una infraestructura férrea que nunca fue completamente modernizada. Fue un avance en término de presencia estatal, pero no logró resolver los problemas estructurales que todavía condicionan el sistema ferroviario argentino.
¿La antesala a la privatización?
Hoy, más de tres décadas después, los paralelismos son evidentes. Esta situación, junto a la declaración de emergencia allanan el camino hacia la privatización, o de mínima, a una reducción del papel estatal. Es la antesala a un modelo de gestión privada o mixta.
El Decreto 70/2023, de desregulación económica, y la Ley Bases aprobada en 2024, habilitan la participación privada en empresas estatales “deficitarias”, entre ellas Trenes Argentinos. En declaraciones recientes, desde el Ministerio de Transporte afirmaron que “SOF S.A. se encuentra en pleno proceso de ingreso de capitales privados” bajo el argumento de mejorar eficiencia y reducir costos.
Además, las dos partes, tanto Trenes Argentinos Operaciones como Trenes Argentinos Infraestructura -que desde su creación en 2008 habían sido sociedades del Estado- fueron modificadas en el tipo figura jurídica a Sociedades Anónimas, llamándose cada una SOF SA y ADIF SA respectivamente, parte necesaria para iniciar el proceso de privatización.
Aunque no hay información oficial, la secuencia de hechos apunta en esa dirección, facilitando las condiciones para que el Estado se retire de la gestión directa. En los hechos, ya hay precedentes: la concesionaria Nuevo Central Argentino administra parte de las vías por donde circulaban los trenes a Córdoba y Tucumán, hoy suspendidos “hasta nuevo aviso”. Sin licitación, Javier Milei le extendió la concesión por diez años a Roberto Urquía, el mayor aceitero del país. En estos meses, el gobierno también invitó a Loma Negra y Techint, actuales concesionarios de otros dos ramales, a presentar sus ofertas, según LPO.
Las consecuencias sociales y territoriales
El debilitamiento de nuestros trenes tiene consecuencias que van mucho más allá de lo económico. Afecta la movilidad cotidiana de miles de personas, encarece los viajes, limita el turismo regional y debilita el tejido productivo. que los ferrocarriles ayudaron a construir durante gran parte de nuestra historia.
También tiene impactos ambientales: genera mayor transporte automotor, con mayor consumo de combustible y más emisiones de carbono, en un contexto donde la crisis climática nos exige todo lo contrario.
Además, en términos de territorialidad, el vaciamiento ferroviario acentúa la desigualdad entre regiones y liquida el poco federalismo que teníamos. Mientras el AMBA concentra la inversión y mantiene una red activa, las provincias del norte, del litoral y del sur pierden sus únicos ramales históricos. En muchos pueblos, las estaciones, que alguna vez fueron importantes polos de trabajo, hoy son edificios vacíos o museos improvisados por la comunidad.
Foto: Andres D’Elia
Andar en tren, es de lo mejor
El debate no es solo técnico ni presupuestario. En el fondo, se discute qué tipo de proyecto de país se quiere construir. El sistema ferroviario podría integrar la nación -como lo supo hacer en algún momento-, articulando provincias y regiones, vinculando industrias; o por el contrario podría ser solo un servicio de las urbes, aislado de las necesidades provinciales y nacionales, y por lo tanto detonar una gran dependencia de rutas, camiones y combustibles.
La historia reciente demuestra que la privatización del gobierno de Carlos Menem no sirvió para nada: no garantizó eficiencia ni equidad. Más aún, recuperar lo perdido demandó décadas de inversión pública y organización social.
¿Por qué no logramos hacer de la red ferroviaria sea una política de Estado cuando es un transporte que tiene todo a su favor? Si se privatiza, ¿Por qué no se le exige dividamente a las empresas el matenimiento del servicio? Si a las cerealeras, por ejemplo, les conviene transportar sus granos por tren antes que por camiones, entonces que sean ellas las responsables del mantener las vías, los coches y la señalética que utiliza. De lo contrario que sea el Estado el que las mantiene pero que cobre a las grandes industrias lo que se ahorran por utilizar el servicio.
La sucesión de cierres actuales, en un contexto en el que el gobierno nacional desprestigia continuamente todo organismo y empresa pública y nacional, permite preguntarnos: ¿estamos ante una nueva ola de privatización del sistema ferroviario nacional? La respuesta todavía no está firmada, pero los indicios son claros. Comunidades que se quedan sin tren y un Estado que abandona su presencia territorial y su gestión soberana.
