Desde la Raíz

7 de marzo de 2026

Autor: Bianca Coleffi

  • Deuda ecológica: ¿Cómo se paga y quiénes deben hacerlo?

    Deuda ecológica: ¿Cómo se paga y quiénes deben hacerlo?

    La primera vez que Argentina anunció al resto del mundo el término “deuda ecológica” fue en la Carta Ambiental de Perón a la Cumbre de Estocolmo de 1972, donde plantea que la reparación del ecosistema debe hacerse de manera justa; los países que mayor daño ocasionan al planeta son los que tienen que aportar más a su reparación, y los países del Sur Global deben exigirlo.

    El 12 de junio de 1992 se firmaron en Río de Janeiro las tres convenciones ambientales de la ONU (Cambio Climático, Biodiversidad y Deforestación). Fidel Castro retomó en su discurso el concepto de deuda ecológica: “El intercambio desigual, el proteccionismo y la deuda externa agreden la ecología y propician la destrucción del medio ambiente.”

    Más tarde lo planteó Néstor Kirchner, cuando reclamó a los países del Norte que “salden su deuda ambiental con el resto del mundo” y que cumplan los compromisos del Protocolo de Kyoto (COP de Biodiversidad), y en 2015 el Papa Francisco acuñó el término de deuda ecológica en su última encíclica Laudato Si.

    “Una salida al modelo extractivista es reclamar la deuda ecológica”, dijo el abogado ambientalista y Juez del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza, Enrique Viale. Años después, el concepto intenta avanzar en acciones concretas, y hoy el mundo discute cómo se pagará la deuda climática que tienen los países del Norte con los países del Sur Global.

    ¿Cómo se paga la deuda ecológica?

    América Latina está sufriendo consecuencias concretas del cambio climático: sequías, inundaciones, y tornados. “Uno de los debates que se está dando, es que los países del Norte se hagan cargo de la reparación de estas catástrofes climáticas”, dijo Viale. Por ejemplo, la reciente inundación en Porto Alegre, Brasil,  que llegó a 5,32 metros en mayo y afectó a más de un millón de habitantes.

    Entre otros mecanismos de financiamiento que existen para reparar el daño ambiental, está el canje de deuda por la acción climática, que fue retomado por el presidente Gustavo Petro en el discurso de apertura de esta COP.

    El primero en ejecutar el canje de deuda por acción climática fue Bolivia en 1987 donde cancelaron US$ 650 mil de su deuda a cambio de proteger tierras del Amazonas. El país de centroamérica Belice fue uno de los más recientes en utilizarlo. Redujo su deuda a cambio de designar el 30% de sus zonas marinas como áreas protegidas y destinar US$4 millones anuales durante las 2 próximas décadas a la conservación marina.

    “Las áreas protegidas también tienen su límite, que son los pueblos. Porque muchas veces se intenta desplazar a las comunidades que viven ahí con el argumento de preservar la naturaleza. Otras veces, son cogestionadas con las comunidades locales”, dice Viale.

    Hay otro tipo de herramientas que son cuestionadas por organizaciones ambientales y las denominan  “falsas soluciones”, como por ejemplo los bonos de carbono; inversiones de empresas extractivas a cambio de cumplir con acciones climáticas. Por ejemplo, “deforestar un área del Amazonas para el monocultivo de  madera de balsa en Ecuador, a cambio de plantar árboles en Nigeria. No son más que seguir perpetuando el extractivismo”, dijo Nury Martínez de La Vía Campesina.

    Transición energética o sobreconsumo

    “La deuda externa es un ciclo perverso que necesita más extractivismo para obtener más dólares, y que a su vez te sumerge en mayor deuda ecológica”, afirma Viale. “La deuda climática excede largamente a la deuda financiera y con cada vez más fundamentos”.

    “Se necesita una transición energética justa y popular, no corporativa”, aseguró Enrique Viale. “En el norte quieren desplazar a las comunidades que viven cerca de los salares de litio, en nombre de la transición energética. En Argentina, con un presidente como Milei y con un RIGI es un escenario ideal para profundizar el extractivismo y condenarnos a que nuestro único destino sea ser exportador de naturaleza; lo que llamamos colonialismo verde”, manifestó el abogado.

    Si hay algo que no cabe dudas, es que los principales impulsores de la transición energética son los países del Norte Global. ¿Por qué? “La transición energética que ellos proponen no es para reparar el planeta, es para solventar un sobreconsumo”, advierte Viale.

    “Si todos los habitantes del planeta vivieran como vive un estadounidense necesitaríamos seis planetas, y como un europeo; cuatro. El norte global tiene que cuestionar su modelo de consumo”

    La pregunta que se hizo Viale: ¿Vale la pena participar de esta COP? “Es fundamental primero para confrontar, porque es una gran disputa de sentido la cuestión socio ambiental, y en segundo lugar, afianzar lazos con compañeros de otros lazos, e incluso también mantener diálogos con el Norte, es necesario para fortalecer las organizaciones ambientalistas”, concluyó Viale

  • ¿Cómo se prepara Argentina para la COP16; el evento ambiental más importante del mundo?

    ¿Cómo se prepara Argentina para la COP16; el evento ambiental más importante del mundo?

    La Conferencia de las Partes (COP) de Biodiversidad número 16 es el evento ambiental más importante del mundo que comenzará este 21 de octubre en Cali, Colombia. ¿Qué importancia tiene para los países de América Latina? ¿Qué rol tendrá Argentina?

    La COP: dónde los Estados Nacionales siguen siendo los protagonistas

    Sus siglas en inglés se refieren a “Conferencia de las Partes” (Conference of Parts) que son reuniones de alto nivel organizadas por las Naciones Unidas que reúne a Estados, sector privado y organización civil.

    Se crean en 1992 en Río de Janeiro tres convenciones frente a distintas problemáticas ambientales: la de cambio climático, la de biodiversidad y la de desertificación. La primera es la más conocida tanto por las dimensiones del problema que representa como por la necesidad de acelerar la acción de gobiernos y empresas para abordarlo. Sin embargo, este último año Colombia como anfitrión ha aportado a una gran visibilización de la COP16 de Biodiversidad.

    Según el informe sobre Análisis de Política Climática de la Universidad Nacional de Rosario, la participación en las COPs de Cambio Climático-la más convocante- ha crecido notablemente con el correr de los años: de los 117 Estados y las 3969 personas registradas en la COP1 se pasó a 196 Estados y 22354 personas en la COP25. El pico se dio en la COP21 de París con 30.372 asistentes donde se firmó el Acuerdo de París, que es el que rige actualmente y obliga a los países a cumplir con objetivos y metas para mitigar el Cambio Climático, como por ejemplo la descarbonización y el incentivo a industrias de transición energética.

    Sin embargo, el mayor crecimiento se registra en las delegaciones de Estados, donde la participación de delegados de países ha crecido en un 19% en la COP1 a 51% en la COP25. O sea, los países pasaron de involucrar a 757 delegados en la COP1 a 11.406 en la COP25, alcanzando un pico en la COP21 de París con 19.208 participantes de Estados Parte.

    En los últimos años, dichas Convenciones han cobrado mayor visibilidad en la agenda mediática y de los países. Pese a un contexto mundial de debilitamiento de los Estados Nacionales , y frente a nuevos polos de poder concentrados en el sector privado transnacional, las COPs resultan escenarios con fuerte impronta institucional y de consensos entre actores estatales y no estatales.

    Pero además, en los últimos años hubo un fuerte interés por países de América Latina o del Sur Global en dichos eventos. ¿Por qué?

    Este año se realiza la COP de Biodiversidad en Cali, Colombia. El año que viene la COP29 de Cambio Climático será en Brasil. No es casualidad que ambos países son quienes lideran las discusiones ambientales en América Latina, y su apuesta en estos eventos internacionales viene de la mano de sus objetivos para el cuidado ambiental de sus territorios y la necesidad de obtener financiamiento.

    https://twitter.com/susanamuhamad/status/1845870882335432966?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1845870882335432966%7Ctwgr%5E2794fb48791dbabc75d9c6e2625dc355261e1549%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fargmedios.com.ar%2Fcomo-se-prepara-argentina-para-cop16%2F

    Poner como activo a la naturaleza

    Actualmente no quedan dudas que los espacios ambientales son fundamentales para el desarrollo de la vida, y a quienes se encargan de su cuidado, resultan trabajadores imprescindibles. Al mismo tiempo, en un mundo donde el capitalismo se consolidó como sistema como modo de vida, el dinero es imprescindible. Por eso, valorar espacios naturales y a quienes los protegen no solo puede quedar en un valor simbólico, también debe monetizarse.

    Se trata de dar vuelta la ecuación: valorar más lo que cuida la vida, y ponerle un precio No es algo nuevo, bajo esa misma línea se piensan muchos trabajadores como los recicladores urbanos o cartoneros, los apicultores que brindan el servicio de polinización, o hasta incluso personas encargadas del cuidado de otras.

    Brasil fue uno de los primeros países en trabajar el concepto de “servicio ecológico” para exigir obligaciones a otros países. Desde el 2004 existe un fondo que se encarga de financiar la protección de la Selva Amazónica, el pulmón de oxígeno más grande que tiene occidente. A pesar de haber sido pausado durante el gobierno de Jair Bolsonaro, el actual presidente Lula Da Silva volvió a activarlo y el último año Brasil recibió de ese fondo más de mil millones de dólares.

    Colombia sigue los pasos de Brasil y aunque no tiene una política consolidada, esta COP pretende ser un momento clave para tratarlo. Se trata del Fondo Para la Vida, que busca la inversión de 1.200 millones dólares para la restauración de 753.783 hectáreas de ecosistemas terrestres y marinos en todo Colombia. Un compromiso que asumió el Gobierno del actual presidente, Gustavo Petro.

    La necesidad de los países de recibir una compensación por ser los guardianes de los reservorios naturales más importantes, es lo que convierte como “pago” un servicio ecológico que beneficiará a todo el planeta. Pero también las exigencias son bajo el argumento de la repartición justa de quiénes son los que más daño ocasionan al planeta.

    Si se reparten responsabilidades, solo entre Estados Unidos y la Unión Europea (UE) se emiten el 75% del dióxido de carbono (Co2) que daña la atmósfera. Junto a China, alcanzan un 90%. Argentina es uno de los que menos emite Co2, según un estudio publicado en Earth System Science Data, con solo un 8% de impacto en el mundo.

    https://twitter.com/Itamaraty_ES/status/1826014650049171828

    ¿Y Argentina?

    Argentina participa de la COP de Cambio Climático desde su primera edición, registrando un crecimiento de participación de sus delegaciones de 10 representantes a 127 en otras ediciones. Argentina fue host de dos COPs; la COP4 y la COP10, ambas realizadas en la Ciudad de Buenos Aires

    En la COP10 realizada en la Ciudad de Buenos Aires la Delegación Argentina participante afirmó que “Los países pobres necesitamos que los que inciden en el cambio climático se hagan cargo del pasivo ambiental que producen.”

    Ese mismo año, el entonces presidente Néstor Kirchner retomó la COP10 en su Discurso de Apertura de Sesiones del Congreso, y remarcó la importancia del cuidado del ambiente.

    “Plantear al mundo la existencia de acreedores ambientales como nuestro país y el conjunto de países en igual situación y la simétrica existencia de deudores ambientales, principalmente entre los países más industrializados, y requerir justa reparaciones en el marco de ese Protocolo (de Kyoto), puede ser un camino viable para el desarrollo ambientalmente sustentable.”

    Así mismo destacó tres prioridades en las que su gobierno trabajaría: “Cambio climático, protección del bosque nativo y control de agua tienen que ser los ejes principales de una política de Estado en materia ambiental, junto a provincias y municipios”.

    Varios conceptos fueron luego transformados en políticas públicas, como la creación del Primer Inventario Nacional de Bosques Nativos lo que posibilitó luego en 2018 la sanción de la Ley Nº 27.431 que dio origen al Fondo Fiduciario, recientemente eliminado por el gobierno nacional mediante Decreto infligiendo las obligaciones establecidas en la Ley 26.331 o Ley de Bosques.

    En su discurso Kirchner también había mencionado la fuerte inversión al Plan Nacional de Manejo del Fuego, creado en 1997 como una herramienta más de fortalecimiento de la política federal, y sancionada como Ley en 2012. Se trata de un instrumento de transferencia de fondos a provincias para la distribución de medios aéreos (helicópteros y aviones hidrantes), insumos para combatir incendios.

    En la actualidad, donde varias provincias sufren las consecuencias de terribles incendios, el gobierno nacional subejecutó el presupuesto de la Ley de Manejo del Fuego, ya que entre abril y agosto de 2024 se ejecutó solo un 40% de los fondos para combatir y prevenir los incendios.

    Durante la gestión del ex presidente Alberto Fernández, estuvieron los intentos de involucrarse más en este tipo de eventos con el fin de conseguir financiamiento específicamente del “canje de deuda por naturaleza” o “por acción climática” que consiste en una reducción de los compromisos de deuda a pagar por los países del Sur con la condición de que esos recursos sean utilizados con fines de preservación del ambiente o creación de áreas protegidas.

    A pesar de haber hecho el intento para la construcción de la planta de hidrógeno verde en Río Negro, finalmente Argentina no logró ingresar a este tipo de “financiamiento verde”

    Actualmente no se conoce públicamente el nombre del funcionario perteneciente a Cancillería Argentina que será enviado para representar al país en el evento ambiental más importante del mundo. Mientras tanto, la provincia de Buenos Aires tendrá su representación en Cali, con la presencia de la ministra de Ambiente Daniela Vilar convocada por el gobierno colombiano.

  • Puerto Rosales, la promesa petrolera que hoy todos están mirando

    Puerto Rosales, la promesa petrolera que hoy todos están mirando

    Kicillof lleva “la obra en curso más grande del país”, a Puerto Rosales y lo reafirma como potencia petrolera a nivel mundial

    El gobernador Axel Kicillof anunció una batería de inversiones para “la obra en curso más grande del país”, en el distrito de Coronel Rosales. Se trata de la ampliación de la planta Otamérica y de un muelle de dos mil metros para operaciones offshore. Ambas aumentarán la capacidad de exportación del crudo proveniente de Vaca Muerta. ¿Puerto Rosales se planta como el puerto petrolero argentino?

    Hace más de media década que por Puerto Rosales pasa el 70% del crudo de hidrocarburos del país que se dirige para exportación y al interior del país para consumo interno. El incremento de producción del shale de Vaca Muerta tuvo que ver directamente con la nacionalización de YPF donde la exploración y explotación de yacimientos petrolíferos fue uno de los objetivos para la gestión en 2012.

    La red de gasoductos que transporta el crudo neuquino a distintos puntos del país recorre una distancia de 513 kilómetros hasta llegar a la planta de almacenamiento de Coronel Rosales, con 82 mil metros cúbicos diarios de hidrocarburo.

    El objetivo es duplicarlo y para eso las inversiones de 500 millones de dólares que anunció el gobernador bonaerense están destinadas en gran parte a la ampliación de la planta de almacenamiento de crudo y la construcción de un muelle para operaciones offshore que aumentaría el volumen de carga para los barcos de exportación de crudo, dirigidos principalmente a Estados Unidos.

    De base militar a socio comercial

    “El Puerto de Rosales está cobrando el protagonismo que nunca debería haber perdido”, dice para ARG, el intendente de Coronel Rosales Rodrigo Aristimuño. Su profundo calado natural lo convirtió en una gran promesa durante el siglo pasado , lo que rápidamente se retrotrajo con la segunda guerra mundial y el cambio de inversionistas terminaron haciendo la apuesta fuerte en el puerto vecino de Ingeniero White, Bahía Blanca.

    Los comienzos del puerto de Rosales fueron principalmente como un complemento cerealero de la ciudad aledaña, y más tarde con el traspaso de gestión estatal durante el gobierno de Perón se convirtió en la principal base militar del país.

    El hito que marcó profundamente el curso del puerto de Rosales y que lo perfiló como el puerto petrolero del país, fue la nacionalización de YPF. El puerto llegó a aportar el 50% del PBI de la ciudad de Punta Alta, y desde hace algunos años, con la anterior gestión de Aristimuño al frente del consorcio, anteriormente prescindiendo la zona franca y ahora como intendente del partido, las vistas están puestas en transformar su perfil portuario y convertirlo en un actor comercial más.

    Las recientes inversiones anunciadas por la pesquera Conarpesa van en ese sentido; un puerto que empieza a perfilarse también como zona pesquera estratégica y es el primero que recibe a la pesquera por fuera de la Patagonia; con el objetivo de ampliar el negocio del langostino y sumar otras especies que cada vez más cotizan en el mercado internacional como la merluza.

    La inversión recientemente anunciada tiene que ver con dos cámaras de frío donde se centralizará el pescado. No hay proceso, solo retención y posterior exportación, con barcos que ahora se duplicarán; de 100 toneladas de pescado que sacan en una jornada normal, ahora serán barcos de 400 toneladas que involucran mayor cantidad de mano de obra. “Los marineros, estibadores y pescadores que ahora se emplearán son todos de la región”, asegura el intendente de Rosales.

    Puerto Rosales opera offshore

    Actualmente la carga de buques con el crudo extraído en Neuquén, o la carga del removido provenientes de Caleta Olivia o Caleta Córdova, y que se dirigen a los puertos de Bahía Blanca, Dock Sud, o puerto La Plata para abastecer el consumo interno, se operan con un mecanismo de monoboyas; islas flotantes que están conectadas con gasoductos que atraviesan el lecho marino y se conectan a la principal planta de almacenamiento.

    Actualmente existen dos; una en Punta Cigüeña y otra en Punta Ancla. La decisión de la ampliación estuvo a punto de resolverse con una tercera monoboya, pero debido al aporte de la industria nacional y a las implicancias medioambientales, se decidió finalmente por remover las mismas y construir una plataforma offshore.

    Las monoboyas no se fabrican en Argentina. Se importan directamente de países como Alemania. En cambio, la plataforma offshore se construye con mano de obra 90% nacional; “desde el cemento hasta los mil trabajadores de la construcción que tenemos actualmente en el sistema”, dice Aristimuño. La obra que tiene el 60% de avance duplicará  la mano de obra estructural para operararla, lo que diversifica el empleo que involucra a trabajadores de gremios como UOCRA, SUPA, SOMU, estibadores, capitanes y patrones.

    En cuanto a lo medioambiental, el muelle se presenta como una alternativa más ecológica frente al sistema actual de monoboyas. Los recientes episodios de pérdida de crudo en el estuario de Bahía Blanca provinieron de una de las monoboyas de Puerto Rosales operadas actualmente por la empresa Oiltanking.

    A pesar de haber un sumario en curso, los desperfectos fueron grandilocuentes y la cantidad de crudo esparcido por la Bahía hizo que el Ministerio de ambiente suspenda las actividades de la empresa hasta maximizar las condiciones de seguridad y restablecer su plan de contingencias que tuvo grandes fallas previo al derrame.

  • Qué planes tiene el Gobierno para la industria pesquera argentina

    Qué planes tiene el Gobierno para la industria pesquera argentina

    El 5 de septiembre el Consejo Federal Pesquero estableció las nuevas capturas de pesca de merluza Polaca, Merluza Negra y Merluza de Cola que se destinarán a empresas pesqueras por 15 años. Días después estalló una polémica por supuestas “coimas” para direccionar las capturas de merluza hubbsi a la provincia de Santa Cruz.

    El escándalo dio tela para cortar desde el gobierno para apuntalar cañones contra la industria de la pesca argentina, y no es la primera vez que el sector es atacado por la gestión de Javier Milei. Ya estuvo el intento de modificar el Régimen Federal Pesquero dentro del proyecto de ley ómnibus que envió el Ejecutivo al Congreso, y que no obtuvo ni un solo voto positivo.

    Desde algunos sectores de la industria pesquera nacional advierten que podría ser una maniobra más del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, para intervenir al sector. El objetivo: abrir las aguas a flotas extranjeras a través de licitaciones internacionales, algo prohibido hoy por la Constitución Nacional. “No van a poder con la pesca argentina”, dijo el Secretario General de la Asociación Argentina de Capitanes, Pilotos y Patrones de Pesca, Jorge Frías.

    Una industria pesquera desconocida es la mejor excusa para romperla

    La política de explotación de recursos naturales se ha profundizado más desde el cambio de gobierno. De apostar a la industria, ahora el eje está puesto en la primarización de la economía, rebobinado décadas y aterrizando en el siglo pasado cuando Argentina se convirtió en “el granero del mundo” por la masiva exportación de materia prima y la falta de industria para generar valor agregado.

    La industria de la pesca nunca fue la excepción. Alrededor de 500 flotas de bandera argentina extraen los recursos del mar y el 90% de todo lo capturado, se exporta en manos de 30 grupos del empresariado nacional- y extranjeros con empresas radicadas en Argentina- que generan alrededor de 1.700 millones de dólares.

    La situación laboral en la industria es penosa y la realidad es muy desigual entre quienes trabajan y quienes invierten; de 100 mil puestos de trabajo, apenas unos 25 mil están registrados, según el Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial. Inestabilidad laboral, trabajo de riesgo y condiciones malas de trabajo que muchas veces, ponen en riesgo la vida de los tripulantes, son algunos de los problemas que tiene el sector.

    Sin embargo, es un problema que la industria acarrea desde hace años y no fue debatido en ningún gobierno. De repente pareciera haber interés en debatirlo y el Ministro de Desregulación y Transformación del Estado Federico Sturzenegger, se presenta como candidato.

    «La Argentina tiene un mar lleno de peces (donde) hay unas pocas empresas que pescan gratis los peces de todos nosotros, de lobbyies y de un adormecimiento de la sociedad durante cincuenta años”, dijo Sturzenegger el 14 de febrero de este año cuando ponía todas las fichas en su proyecto de Ley Ómnibus. Sin embargo, la propuesta de Sturzenegger no pareciera ir acorde a sus preocupaciones. Fiel a su estilo; propone riendas sueltas para cualquier empresa extranjera que quiera venir a pescar al mar argentino.

    “Si avanzaba el planteo de Sturzenegger, la industria pesquera iba a desaparecer, y con ella también los capitanes de barco, empresarios, trabajadores, biólogos y estudiantes. De querer avanzar con esto va a haber un frente de defensa. No lo vamos a permitir fácilmente”, aseguró Frías. El panorama de 500 barcos navegando por el río Paraná no es un escenario que descarta Frías como medida de fuerza si se llega a “agotar el diálogo”.

    ¿De qué se trata el esquema de licitaciones internacionales?

    En 1997 surge el Régimen Federal Pesquero que funcionó como ordenamiento para toda la industria pesquera. Dentro de algunas cosas que estableció el régimen está la de la representatividad del Consejo Federal Pesquero, y la administración del recurso a través de Cuotas Transferibles Individuales de Captura (CITC). Las mismas deben ser repartidas entre empresas radicadas en territorio nacional. Mediante las CITC el objetivo es “garantizar la sostenibilidad de la especie, distribuyendo las cuotas de captura de manera equitativa entre los buques que tienen antecedentes en la explotación de esta especie.” ( Resolución CFP Nro. 21/2009

    Las cuotas las estipula la Ley Federal de Pesca, lo resuelve el Consejo Federal Pesquero compuesto por el Poder Ejecutivo y las cinco provincias del litoral marítimo, y lo controla la autoridad de aplicación que es la Subsecretaría de Pesca de la Nación. La modificación principal que intenta hacer el gobierno en el Régimen Federal Pesquero es la asignación de cuotas de captura por licitaciones y no por historia (el antecedente de pesca y lo que invierte en la economía argentina) que es el modelo actual por el cual se ordena la industria pesquera.

    Las licitaciones permitirán a cualquier flota de cualquier nacionalidad ingresar a la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA) para extraer los recursos ictícolas del mar argentino, violando la Constitución Nacional, la Convemar (Convención sobre Derecho del Mar) y el artículo 25º del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales, Culturales, Civiles y Políticos (16/12/1966).

    Además, la figura de las licitaciones rompería con las condiciones que establecen las cuotas como: el desembarco de capturas en puertos argentinos, el procesamiento en plantas radicadas en el país ( o en el mismo buque para el caso de los pesqueros factoria), las regalías y tributos a las arcas nacionales, la obligatoriedad de exportar el producto al cambio oficial, la contratación de tripulación argentina.

    Algunos dicen que es absurdo el planteo de Sturzenegger. Incluso el rechazo del modelo de licitaciones fue a nivel mundial: de los 22 países pesqueros que utilizan cuotas individuales 20 realizaron la asignación por la historia y solo dos licitaron (Rusia y Estonia), pero fue tal el fracaso de ese sistema que lo eliminaron.

    En el caso de Chile, actualmente el 85% de las licencias se otorgan basándose en criterios históricos, y un 15% mediante licitaciones. Esta práctica ha sido criticada desde el mundo artesanal por no incorporar criterios técnicos adecuados, lo que ha contribuido a la sobreexplotación y al colapso de muchas pesquerías, con un alarmante 53% en esta situación según el último informe de la Subsecretaría de Pesca.

    ¿Quién defiende lo que no conoce?

    De lo que va del año ya se cuotificaron tres especies distintas. En los próximos días se reasignará la cuota de la especie más importante para el sector por los próximos 15 años: la merluza hubbsi. “El gobierno se equivocó”, cuestionó Frías. “No era necesario que se genere este escenario de terror contra la industria. Si (Sturzenegger) entendía que el pago por la cuota de pesca de cierto recurso era baja tenía que discutir eso y punto”, aseguró.

    Sus planteos pusieron en duda el rol del Consejo Federal Pesquero, el órgano que regula dónde, cuándo y cómo se pesca. Si se modifica el artículo 8 de la ley de pesca, como el oficialismo propone, éste queda absuelto de autoridad de aplicación frente a la administración, monitoreo y ejercicio de cumplimiento de las cuotas de captura.

    Sin embargo, el órgano requiere de mayores grados de representatividad de ciertos sectores. “Hay representantes de las provincias pero no de trabajadores, sólo a través de la figura consultiva pero que no alcanza”, dice Frias. “Muchas veces los subsecretarios de pesca han operado directamente para las empresas”, cuestionó.

    La informalidad en la industria, la radicación de empresas internacionales en suelo argentino para recibir cuotas de pesca, o el nulo interés de que el pescado sea un consumo accesible para los argentinos, son algunos de los problemas que se callaron muchos años.

    Pareciera que la estrategia del gobierno es apuntar los errores que la industria pesquera argentina viene acarreando hace años, con gobiernos que hicieron oídos sordos y un empresariado nacional que se acomodaba de acuerdo a sus beneficios de forma sigilosa. El hermetismo de esta industria le jugará en contra a la hora de defenderla?

  • La Antártida, de no ser nombrada a estar en boca de todos

    La Antártida, de no ser nombrada a estar en boca de todos

    Desde 1959 con la creación del Tratado Antártico, los reclamos territoriales se dejaron a un lado para construir el emblema al unísono de la “ciencia y paz”. Dicho acuerdo internacional que establece un marco legal para regular las actividades en la Antártida y promover la cooperación científica y pacífica en la región dejaría a un lado los reclamos soberanos por la ocupación territorial, y pasarían a estar más vinculados con otros ejes.

    Argentina construyó su primer Instituto Antártico en 1951 durante el gobierno de Perón con el objetivo de desarrollarse en el ámbito científico y tecnológico, el cual fue pionero a nivel internacional en el desarrollo de la investigación antártica.

    “La falla más grande que encontré en los medios es que para hablar de la Antártida citan a medios ingleses y no argentinos”, cuenta Soledad Falco, Licenciada en Comunicación e investigadora de distintos proyectos que la llevaron a embarcarse en el barco “Almirante Irziar” para la campaña antártica del año pasado.

    La investigadora afirma que no se reconoce el conocimiento argentino desarrollado en la Antártida, y que es necesario “construir sentido sobre la soberanía Antártica”. “Sabemos que no somos los dueños de esa tierra, pero es necesario construir ese -ser nacional- también con el territorio antártico”, expresó la licenciada en el programa de radio Frecuencia DLR.

    El rol Estratégico de la Antártida

    Los recursos naturales que tiene la Antártida son innumerables. Hay alimento, calidad en el aire, en el agua, las algas, e incluso el fondo marino que es el verdadero pulmón del planeta. Sin embargo, según el tratado antártico se prohíbe cualquier tipo de actividad relacionada con la explotación de los recursos naturales de la Antártida, como la pesca comercial o la minería, hasta que se alcance un acuerdo internacional para regular estas acciones

    El con­ti­nen­te tie­ne el 90% de masa de hie­lo y el 70% de agua dul­ce, y su porción fría es lo que hace que se regule la temperatura de la Tierra. Si el hie­lo de la An­tár­ti­da dis­mi­nu­ye, au­men­ta la tem­pe­ra­tu­ra del planeta pro­vo­can­do se­quías más in­ten­sas, desas­tres na­tu­ra­les más fre­cuen­tes y olas de ca­lor insoportables. Algo que ha ocurrido los últimos años.

    “El fondo marino de la Antártida es el verdadero pulmón de oxígeno del planeta, incluso más que el Amazonas o el Desierto de Sahara”, aseguró Falco. El proceso de descomposición de las algas en el fondo del mar es el generador de oxígeno y dióxido de carbono que aporta al planeta. “La Antártida tiene un rol fundamental para lo que es el ciclo de la vida del planeta”, afirmó la investigadora.

    El continente blanco cuenta con la presencia de más de 18 especies pesqueras entre los que están los peces, kril, calamar, centolla y merluza negra. Hasta ahora, solo 8 de las que se han encontrado tienen valor comercial, según especialistas e investigadores del CONICET.

    Una de las razones por las que el Reino Unido lleva ocupadas 1 millón 800 mil km2 de territorio marítimo argentino (y tienen una pretensión de más de 2 millones sobre la plataforma) es por el recurso pesquero, lo que vuelve a las Islas Malvinas como uno de los PBI más altos del planeta, provenientes en un 60% de la pesca que deja 193 millones de dólares por exportaciones al año.

    “Hasta que no entendamos a la pesca social como productora de alimentos y gran fuente de trabajo, va a ser muy difícil que los argentinos se enamoren del mar”, dijo Hugo Robert, ex presidente del CECIM para ARG Medios.

    Por último, su importancia geopolítica le da la funcionalidad de ser también un paso internacional para el comercio en transporte de barcos

    Argentina en la Antártida

    Argentina es el país con mayor permanencia en cantidad y año en la Antártida con 13 bases administradas en la Antártida; siete son permanentes (operativas todo el año) y el resto, temporarias (operativas sólo en verano). Dentro de ellos, la Base Marambio es una de las más conocidas por tener una presencia casi turística para quienes desean conocer las actividades que se realizan en la Antártida.

    La Base Carlini, el polo de generación de conocimientos argentinos en la Antártida, cuenta con 27 personas invernando -personal militar, científicas del IAA, informáticos y un logístico de la DNA-. En sus instalaciones se encuentran laboratorios, alojamientos, una cocina y comedor principal, un acuario, una sección de buceo, instrumental del Servicio Meteorológico Nacional, tanques de almacenamiento de combustible, sensores geotérmicos, paneles solares y un sismógrafo.

    Los reclamos de soberanía por parte de la Argentina son justificados por su Permanencia, el Desarrollo científico, la Continuidad geológica, y en menor medida; territorial- en el caso argentino los territorios heredados del virreinato-

    La identidad bicontinental argentina no es algo que esté instalado entre los y las argentinas pero “nuestra plataforma marina también es nuestro territorio”, afirmó Falco.

    En el 2016 Argentina obtuvo una gran victoria diplomática concretando un proyecto que se había gestado en el 2009; extender el límite del mar territorial. La Plataforma Continental Argentina que ponía su fin en las 200 millas, se extendió hasta las 350 millas, incorporándose 1.782.500 kilómetros cuadrados; cinco veces y media la provincia de Buenos Aires.

    Sin embargo, quedaron exceptuadas las Zonas circundantes de las Islas Malvinas, Georgia y Sandwich del Sur, por conflicto internacional entre Argentina y el país usurpador.

    Esto ha permitido que el Gobierno Británico otorgue licencias de pesca y de explotación de hidrocarburos offshore en el Archipiélago del Atlántico Sur durante decenas de años. Y que se han acentuado con la política del gobierno de Javier Milei, quien le cedió una base científica en Tierra del Fuego.

    Meses después de dicha operación, el gobierno británico anunció la construcción del puerto más grande en América del Sur instalado en las Islas Malvinas que será destinado a la explotación petrolera, pesca, turismo, ciencia e investigación, y defensa.

    Soledad Falco en Frecuencia DLR

  • Ley GNL: lo único que podría frenar al RIGI.

    Ley GNL: lo único que podría frenar al RIGI.

    El Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI) es una propuesta extrema de incentivo a las inversiones que algunos denominan un “industricidio”, o como lo describió la ex vicepresidenta Cristina Fernández: “la vuelta a un colonialismo del siglo XXI”

    Una serie de beneficios aduaneros e impositivos como la libre importación de insumos, deteriorará a las pymes, medianas y hasta grandes empresas nacionales que no podrán competir con el mejor postor de precios internacionales.

    Algunos la describieron como el punto más peligroso de todo el paquete de leyes de la Ley Bases, que modificaría por 30 años el ADN de la Argentina. ¿Qué planes tiene el peronismo en el recinto? Votar en contra del RIGI y proponer la Ley GNL.

    Se trata de un proyecto impulsado durante la presidencia de Alberto Fernández que solo obtuvo media sanción y no llegó a convertirse en ley. Abarca beneficios similares a empresas inversoras como propone el RIGI, pero direccionado únicamente al sector hidrocarburífero.

    Todo comienza en Vaca Muerta

    No existe un inicio sincero de esta historia si no nos remontamos a la recuperación del yacimiento Vaca Muerta en 2012 por parte de YPF, la construcción del Gasoducto Néstor Kirchner (GNK) para transportar el crudo hasta el centro del país que se hizo en gran medida con el aporte a las grandes fortunas, y la entonces idea de crear una planta de GNL en Bahía Blanca. La más grande de América Latina.

    Dicha planta se encargará de la licuefacción del gas en un proceso que requiere bajas temperaturas, y comercializarlo a través del transporte marítimo, en el mercado internacional. Lo que traerá en exportaciones anuales USD 30.000 millones (gas y también crudo).

    El proyecto fue firmado en 2022 por YPF y la estatal malaya Petronas (Petroliam Nasional Berhad), en donde la petrolera argentina tendrá el 51% de las acciones y la malaya el 49%. La propuesta prevé la construcción de tres oleoductos específicos y una planta con una capacidad anual de 25 millones de toneladas.

    No es el único proyecto sobre GNL que se espera para Argentina. Según un artículo de la revista Dialogue Earth que se publicó en marzo pasado, hay otros dos proyectos diferentes de GNL en Argentina en etapa de estudio de prefactibilidad.

    En 2023 el entonces Ministro de Economía Sergio Massa impulsó el Régimen de Promoción del Gas Natural Licuado con el objetivo de darle un guiño al sector inversor petrolero y a la empresa inversora Petronas quien demandaba seguridad legal a la hora de invertir 50 mil millones de dólares para avanzar en el proyecto.

    Sin embargo, el proyecto no llegó a votarse en el Senado y con el cambio de gobierno la apuesta se redobló con el RIGI. Ahora, los dos proyectos están en la misma situación; falta el pulgar arriba de la Cámara Alta.

    El RIGI es una medida extrema que consiste en un programa a 30 años, de beneficios fiscales, cambiarios y aduaneros, para atraer inversiones extranjeras en los sectores minero, petrolero y gasífero y agropecuario. Algunos de sus beneficios son: reducción de impuesto a las ganancias en un 10%, retenciones cero a las exportaciones de las empresas inversoras, sin impuesto por la libre importación de maquinarias (nuevas y usadas) y bienes de capital, ningún requisito de compre nacional, sin requisitos para liquidación de divisas en el tercer año de la inversión.

    Por otra parte, la Ley de GNL plantea algunos de estos beneficios solo para el sector hidrocarburífero. Con la diferencia de invertir no 200 millones, sino un mínimo de 1000 millones de dólares, y con una producción de un millón de toneladas por año.

    Otras diferencias están en la regulación cambiaria que tendrá acceso hasta el 50% de las divisas obtenidas en las exportaciones vinculadas al proyecto de inversión. Además, las empresas de gasoductos dedicados a la exportación, tendrán suministro y transporte de gas natural asegurado y autorización de exportación en firme.

     

    Castigo a Kicillof y Río Negro pasa al frente

    Antes de la llegada de Milei el plan era claro: la planta de GNL se instalaría en Bahía Blanca, centro industrial del país que cuenta con uno de los puertos más grandes y eficientes, con una larga experiencia en la operación del recurso, infraestructura, recursos humanos de excelencia por la proximidad de dos universidades nacionales, disponibilidad de medios sanitarios y de emergencia adecuados, y sobretodo una larga tradición petrolera y petroquímica.

    Sin embargo, el recambio de autoridades en YPF con Horacio Marín en la presidencia, comenzó a evaluar la posibilidad de que la planta se levante en Punta Colorada, Río Negro, además de la plataforma offshore que incluye el proyecto. Esta idea cuenta con el apoyo del gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa como parte de su alianza entre gobernadores patagónicos.

    En la era de Milei el castigo a quien comienza a ordenar el peronismo y encabezar la oposición, el gobernador bonaerense Axel Kicillof, es quitarle la posibilidad de una de las inversiones más grandes de los últimos años en su provincia.

    Ante esta encrucijada, el intendente de Bahía Blanca Federico Susbielles ha extendido sus alianzas y hasta logró que senadores bonaerenses libertarios propusieran declarar a Bahía Blanca como Plataforma de Exportación y Producción de Gas Natural Licuado (GNL) a través de su puerto.

    Por ahora, la obra se encuentra haciendo los primeros fondeos con buques para acondicionar las entradas de los barcos que transportaran el crudo. Luego, se continuará con las restantes etapas del proyecto como el tendido de gasoductos, instalación de dos buques licuefactores y finalmente, la construcción de una planta terrestre que aún no tiene lugar confirmado pero que según aproximaciones estará lista para 2026-2027

     

     

    Artículo publicado originalmente en ARG Medios

  • How have countries prepared for COP29?

    How have countries prepared for COP29?

    The next November is going to develop in Azerbaiyán the Cop29. How have countries arrived at this COP? Wich are the Sur Global countries that stand out? Which role Argentina is going to have?

     

    What is the COP? Which is their funtions?

    The Convention on Climate Change (COP) is the most important event about this topic. In there, it has developed activities, meetings and negotiating between countries, the civil society and the private sector, with the objective to advance in actions that stop the climate tracker.

    Only the United States and the European Union, emits the 75% of carbon dioxide that damages the atmosphere, and with China it grows to 90%. Argentina, as the same to others south global countries is one of that generate the lest Co2 emissions with only 8% of impact in the world according to a public study in Earth System Science Data.

    In 2015 in COP21 it was signed the Paris Agreement: an agreement between North and South Global countries for reducing greenhouse emissions and implement adaptation politics for this reality.

    This agreement was the first of this type in the history of COPs.

    With the agreement, every five years the countries must show up theirs national contributions for mitigations and adaptation compromises. The main goal is that the total sum of all the commitments assumed by the countries are necessary to reduce the current temperature of the earth which is above 2°C according to an analysis by Climate Tracker. The Agreement´s final objective is to reach 1.5°C.

    The actual host in COP29 and the next one in COP30

    This year the COP29 is going to be chaired by the Ecology and Enviromental Resources Minister of Azerbaiyán, Mukhtar Babayev. The next COP is going to develop in Bakú between the 11th and 22nd of November.

    At the age of 56, Mukhtar Babayev follows their predecessor steps who was the previous COP28´s president in Dubai the Sultán al-Jaber. He presided the last climate conference at the same time he was the director of  Maximum Energy Minimum Emissions (ADNOC), the principal oil company in the Emiratos Árabes.

    The azerbaijan Minister will play the same role the next November because he worked 16 years for the national company of petroleum and gas in Socar.

    The country that going to be the host in the next COP, developed big deposits of petroleum and gas in the Mar Caspio since 1990. Now at days, the gas is more important than the petroleum in Azerbaiyán, because its exports to Europe.

    “The country have dependent of hydrocarbons that represent a few at 50% of their PIB, more than the 50% of their budgest incomes, and more than the 90% of their income exportation”, Saied Francis Perrin, specialist of energy at the Institute of Internacional and Estrategic Relations.

    A few of the critical in the COP28 that developed the last year in Dubai, was the hypocrisy of developed in petroleum country while the principal compromise of the countries are the decarbonization

    In the other hand, Brasil is one of the undisputed environmental leader in Latin América, because the last year was one of the biggest delegations and it called the attention for their progress and results in environmental mattery, that is positioners like one of the principal fighters against the climate tracker in the Lula Da Silva gestion.

    The decrease deforestation in Amazon jungle- fell 49% in the first night month of the year- the reactivation of the Amazonia Found composed by the contributions of the most riches countries, and the creation of new protected areas, were some of the environmental politics in Brasil, that took a radical flight to de environmental politics that toke in the previous gestion of Bosonaro.

    Also, is getting on others politics like the creation of a carbon market and a ecological plan of transformation for the country. Brazil was driving alliances whit others tropical countries like Republic Democratic to Congo, whit the same objective in common; protect the Amazonia jungle.

    Because of that, Brazil won a place to bee the next host in the COP30 in 2025.

    https://twitter.com/RTVCnoticias/status/1730609357098758510?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1730609357098758510%7Ctwgr%5E1e880bb35f6518b5d348dd5635f3dae746f87de7%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fargmedios.com.ar%2Fbrasil-lider-indiscutido-en-la-cop28%2F

    Which place made have Argentina in the next COP?

    By other way, Argentina stills without finding a place in the COPs. The last year it hasn´t had an important rol because it was in a transitional moment by the national elections.

    However, the gestion of the actual president Javier Milei, considerates the environmental topics are not a priority. In the first place, because the Environmental Minister was cut off. In second place, cause the words of the pressident were: “the climate tracker doesn´t exist and it  is a socialist invent”. This words were said by him in a presidencial speech.

    But the critical point was in the new project denominated “Ley de Bases”, that had a half of sanction in Deputies and it hopes to be approved in Senators by the next week. That project includes polemic politics that unprotect the environment, as transforming the budget clauses for native forest´s law (26.331) glacier´s law (26.639), and fire managements politic´s law.

    The modification in the hydrocarbon law, the new Regiment for Incentivizing the Big Inversions (RIGI), has got tax benefits for extractivist Companies. Also, it carries the modification in the Administrative proccediment´ s law (19.549) that refers to the people participation.

    By the way, the famous president´s “chainsaw” that tries to empty all the public organisms and institutions and the firing of essencial staff as the Nacional Park´s brigadiers, and ACUMAR staff  wich are some of the people in charge of puting out fire, and cleaning the Río Matanza- Riachuelo.

    All of those modifications breach the Escazú agreement, which Argentina adheres, and by other way the country is not complaining the Paris Agreement for not collaborating with the climate tracker mitigations.

  • Ex combatientes lograron dejar sin efecto el artículo del DNU que deroga la Ley de Tierras

    Ex combatientes lograron dejar sin efecto el artículo del DNU que deroga la Ley de Tierras

    El 21 de diciembre el presidente Javier Milei anunció los aspectos centrales incluidos en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2003 titulado “Bases para la reconstrucción de la economía argentina”, en el que se establecía, entre otras cosas, la derogación de la Ley 26.736, de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras, o popularmente conocida como Ley de Tierras, con el fin de “promover las inversiones”.

    El DNU fue publicado en el Boletín Oficial y entró efectivamente en vigencia el 29 de diciembre, aún cuando debía ser validado por el Congreso. A partir de ese momento, la Justicia nacional daría o no lugar a los recursos de amparo que diversas organizaciones presentaron contra el DNU. La Corte Suprema lo analizaría recién en febrero, al regreso de la feria. Mientras tanto, el DNU está vigente.

    Ayer, el juez de feria del Juzgado Federal Nº 4 de La Plata, Ernesto Kreplak, decretó una medida cautelar que suspende el artículo 154 del DNU, el cual deja sin efecto la actual Ley de Tierras.

    ¿Qué es y para qué sirve la Ley de Tierras?

    La norma derogada, que se conoce como Ley de Tierras, se aprobó en 2011 y su objetivo fue limitar la extranjerización de las tierras, un fenómeno mundial que se expandió a partir de 2008.

    Para esto, se estableció que las personas foráneas no pueden ser titulares de más del 15% del total de los suelos rurales a nivel nacional, lo que se replica en cada provincia y municipio.

    Además, establecía que no podían poseer más de 1.000 hectáreas en la zona núcleo y en las zonas declaradas equivalentes, ni tampoco habilita la compra de inmuebles ribereños de cuerpos de agua (ríos, lagos o cuencas) y de zonas de seguridad de frontera.

    La ley creó el Registro Nacional de Tierras Rurales (RNTR) -dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación-, que por primera vez permitió conocer la cantidad de suelo en manos extranjeras.

    Según información oficial, el 5,57% del territorio nacional está en manos de extranjeros (12.520.826 hectáreas).

    La provincia de Salta es la que tiene el mayor porcentaje de tierra extranjerizada (11,56% del total), seguido de Misiones (11,7% de la superficie total), San Juan (10.48 %), Corrientes (9.87 % del total) y quinta la provincia de Mendoza (9,11% del total)

    “La Ley de Tierras está bien hecha. Fue muy consensuada y trabajada en el Congreso, que es donde se deben trabajar las leyes. Y si hay que mejorarla, es allí donde hay que hacerlo. No a través de un DNU”, dijo a DLR Hugo Robert, ex combatiente y anterior presidente del Centro de Ex Combatientes de Malvinas (CECIM)

    Según un artículo de Verónica Gordillo escrito para Unidiversidad y publicado en otras Universidades como la de UNCUYO, la aprobación de la Ley de Tierras en el país, se produjo en un escenario global donde las inversiones extranjeras giraron hacia el sur, en búsqueda de “inversiones seguras”.

    Entre el 2008 y 2010, la crisis de especulación inmobiliaria y financiera que se registró primero en Estados Unidos y luego en Europa, llevó a invertir en fondos especulativos en países del Sur Global específicamente en la compra de recursos naturales (tierra, agua, bosques, derechos mineros).

    En este contexto se aprobó la ley de limitación de tierras a extranjeros no solo en Argentina, sino en otros países de la región como Bolivia, Colombia y Brasil.

    “La derogación de la Ley de Tierras produciría nuevamente un caso como el de Lewis que es dueño de un lago, o Benetton, quién llegó a comprar 1 millón de hectáreas y nadie le preguntó para qué”, mencionó el ex combatiente.

    Ex combatientes defendiendo la Soberanía Nacional, una vez más

    El amparo al que da lugar el Juez fue realizado por el CECIM, quienes cuestionaron el decreto ante los tribunales federales de la capital bonaerense. En su presentación, sostuvieron que la derogación de la ley libera el mercado de tierras, “habilitando la extranjerización de las mismas, con dinámicas latifundistas, que ponen en crisis los principios de integridad territorial y la soberanía nacional, condicionando no sólo la disponibilidad del suelo argentino, sino también los cursos de aguas dulces”.

    Además agrega que, “el DNU importa una clara intromisión por parte del Poder Ejecutivo en el ámbito de atribuciones del Poder Legislativo, más si se tiene en cuenta que dicha norma contradice abiertamente la voluntad que los legisladores plasmaran al sancionarlas”.

    Por ello, solicitaron además, una medida cautelar para que se suspenda la aplicación del DNU 70/2023, así como toda otra normativa dictada en su consecuencia, hasta tanto se resuelva el fondo.

    Dicho pedido fue entregado personalmente por integrantes del CECIM en casa de Gobierno. Días después de ser recibido, el Ejecutivo Nacional requería “se rechace la medida precautoria solicitada por la contraria, por no encontrarse acreditados los supuestos necesarios para la procedencia de la misma”, tal como lo detalla el Fallo de la Justicia Federal. O sea, la parte demandada (Ejecutivo Nacional) no reconocía la representatividad del CECIM para solicitar el pedido de amparo.

    “Si alguna vez el Estado Nacional nos mandó en el 82 a defender nuestra integridad territorial con las armas, ¿cómo no vamos a estar autorizados hoy a defender nuestra integridad territorial que está en peligro con la derogación de la Ley de Tierras?”, dijo Robert a DLR.

    “Este DNU atenta contra la integridad territorial, que es algo que está establecido en nuestro estatuto de ex combatientes. Kreplak hace una muy buena lectura de este estatuto y nos da la admisibilidad diciendo que tenemos la representación suficiente”, explica Robert.

    El Fallo del Juez detalla que el reclamo del CECIM “excede un interés jurídico meramente individual” y se presenta más bien como “un bien colectivo indivisible -posible pérdida de soberanía sobre el territorio nacional y sus cursos de agua- sobre el que no existe posibilidad de apropiación particular dada la cotitularidad común del derecho -considerando 11°de Fallos 332

    Leer relacionado al tema: Malvinas y la disputa por los recursos naturales

  • Ley Ómnibus: una regresión ambiental inconstitucional

    Ley Ómnibus: una regresión ambiental inconstitucional

    Ley Ómnibus

    El proyecto de ley denominado “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, enviado por el Poder Ejecutivo para ser tratado en las sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación, estipula lleva adelante cambios radicales en materia legislativa ambiental y profundiza algunos puntos que ya contenía el Decreto de Necesidad y Urgencia n°70/2023. En esta edición especial de Desde la Raíz explicaremos cuales son los puntos cruciales de esta encrucijada.

    En términos ambientales, activistas y organizaciones denuncian el carácter “regresivo” que tiene la Ley Ómnibus, por entre otras cosas habilitar talas y deforestaciones- antes consideradas ilegales- habilitar la explotación comercial de glaciares y habilita autorizaciones para la quema de bosques.

    “La Ley General de Ambiente 25.675 sancionada en el 2002 establece que no puede haber una regresividad en materia ambiental, por lo tanto es inconstitucional esta ley”, dijo para ARG el abogado Juan Ignacio Moreno.

    Tres leyes fundamentales para la protección del territorio argentino son modificadas: Ley de Glaciares, la Ley de Bosques y la Ley de Protección Ambiental para Control de Actividades de Quema.

    Las mismas son fundamentales en materia legislativa ambiental por ser de implementación obligatoria, por lo que las provincias tienen que aplicarlas por obligación establecida en la reforma del 94´(Antes las provincias adherían a las normas nacionales).

    Ley de Glaciares

    Con respecto a la “modificación a la Ley de Glaciares”, cambia totalmente la función de la norma promulgada en 2010 para proteger los glaciares de actividades extractivas (mineras sobre todo), modificando los artículos 1 y 2 de la Ley N°26.639.  Además, también suprime presupuestos mínimos.

    Plantea “una modificación a la Ley de Glaciares a fin de habilitar (con los informes ambientales exigidos por la normativa) la actividad económica en la zona periglacial”. Los ambientes periglaciares son las áreas geográficas que rodean a los glaciares y que resultan fundamentales para su conservación. Por eso mismo son áreas contempladas en la actual ley.

    ¿Cómo hizo esto? Redefiniendo el concepto de “periglacial”. La actual ley contempla dos geoformas dentro del periglaciar: los glaciares de roca o de escombros activos.

    La nueva ley estipula: “Asimismo, se entiende por ambiente periglacial en la alta montaña, al área con suelos congelados que actúa como regulador del recurso hídrico. En la media y baja montaña al área que funciona como regulador de recursos hídricos con suelos saturados en hielo”. Excluye así la protección de los ambientes periglaciares que no contengan glaciares de roca o escombros activos.

    Tampoco protege a las geoformas que actualmente no se encuentren incluidas en el Inventario Nacional de Glaciares, que no cuenten “con una perennidad continua de al menos 2 años o más”, que no tengan “una dimensión igual o superior a 1 hectárea” ni tampoco las que no pueda demostrarse “una función hídrica efectiva y relevante ya sea como reserva de agua o recarga de cuencas hidrológicas”.
    De esta forma, achicando el rango de protección a diferentes geoformas, se habilita la explotación de zonas de glaciares, dejando la puerta abierta a empresas que ya trataron de instalarse, pero fueron frenadas mediante esta ley aprobada en 2010.

    Multinacionales como la Barrick Gold– principal interesada en explotar dicha zona- se mostró enojada y planteó ante vías judiciales la inconstitucionalidad de la ley. Algo que le vino en contra, ya que en el 2019, la Corte Suprema falló en contra de la multinacional.

    La Ley de Glaciares frenó más de 44 proyectos de empresas como Barrick Gold- quien hizo el mayor accidente ambiental de la minería argentina con un derrame de cianuro ocurrido en Veladero en el 2015. Sin embargo, consiguió permiso para seguir operando-, Glencore, entre otras que se frenaron gracias a la constitucionalidad de esta ley.

    Debido al calentamiento global, los glaciares de la cordillera de Los Andes perdieron el 42% de su superficie en los últimos 30 años. Sus previsiones son críticas y funcionan como reservorios de agua esenciales para el equilibrio climático del planeta.

    Ley de Bosques

    La Ley de Bosques toma un rumbo completamente distinto si se llegara a sancionar la nueva ley, ya que exime su marco regulatorio sobre dichas áreas ambientales y les otorga la potestad a las provincias permitiendo que cada cual autorice desmontes en cualquier zona; reduciendo al mínimo sus fondos y flexibilizando las quemas.

    El mapa elaborado por el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), presentado recientemente ante el Consejo Asesor tras más de un año de procedimientos para acomodar las regiones aptas para el desmonte y las que no, indica en rojo que son 1.278.221 hectáreas (16,95% de los bosques nativos) en la categoría 1, de muy alto valor de conservación y por l tanto, intocables. En la categoría 2, de mediano valor de conservación y coloreadas de amarillo, se registraron 5.539.750 hectáreas, o sea el 73.48% de la superficie.

    A diferencia de la actual Ley que prohibía los desmontes en dichas áreas, la nueva Ley ómnibus, autorizaría los desmontes en las categorías I (rojo) y II (amarillo) de protección de los bosques nativos, y cada provincia dispondrá de eso.

    Mapa de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN)

    Otro cambio: modifica la forma en que se financia el fondo de bosques. En la ley original, el Art. 31 que establece los recursos para integrar el Fondo para la Conservación de Bosques Nativos; conformado por el 0,3% del presupuesto nacional y el 2% de las retenciones a las exportaciones agropecuarias (Art. 14).

    La nueva Ley Ómnibus Modifica establece que “el Fondo de bosques nativos pasará a financiarse directamente del Presupuesto, y se simplifican los procedimientos para la explotación de bosques en zonas habilitadas comercialmente a tal fin”. O sea que pierde su piso mínimo y queda a criterio del poder ejecutivo nacional

    Además, la ley plantea una modificación del artículo 26 de la Ley N°26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos en el que desaparecen las exigencias de los artículos 16, 17 y 18 de la Ley N°25.675 -Ley General del Ambiente- que establece la información que deberán proporcionar las personas físicas y jurídicas, públicas o privadas sobre la calidad ambiental y referida a las actividades que se desarrollan.

    Mecanismos como un sistema nacional integrado de información, la elaboración de un informe anual del ejecutivo presentado en el Congreso de la Nación, y el acceso a la información de los pueblos indígenas y comunidades campesinas para otorgar autorizaciones de desmontes (contemplada por Ley N°25.831 sobre el Régimen de Libre Acceso a la Información Pública Ambiental) quedan omitidas como pasos esenciales a la hora de permitir un desmonte.

    Ley de Protección Ambiental para Control de Actividades de Quema

    La realización de quemas de terrenos para el loteo inmobiliario o la realización de ganadería para exportación son mecanismos utilizados en los últimos años en territorios de la Patagonia, del Paraná y en distintos lugares del país.

    Para la protección de dichas ilegalidades existe la ley Ley 26.562 que tiene como objetivo prevenir incendios, daños ambientales y riesgos para la salud y la seguridad públicas.

    En el artículo 498 de la llamada Ley Ómnibus la misma será modificada en su artículo 3 que dice: “queda prohibida en todo el territorio nacional toda actividad de quema que no cuente con la debida autorización expedida por la autoridad local competente” y ahora pasará a decir: “dicha autorización será otorgada en forma específica en un plazo máximo de 30 días desde la solicitud de la autorización”, y en el caso de que transcurra el plazo sin que la autoridad competente se expida expresamente, “se considerará que la quema ha sido autorizada tácitamente”.

    Además “En el área de medio ambiente se sugieren cambios en la ley de quema, permitiendo a los productores a realizar cortafuegos y acciones preventivas hoy vedadas por la legislación”, es uno de los primeros puntos mencionados en la normativa.

    Además, el proyecto propicia derogar el artículo 6 de la Ley N°20.466 de Fiscalización de Fertilizantes respecto a la comercialización de fertilizantes que se efectúe a granel.

    El artículo 499 deroga el punto que establece que “se deberá comunicar con suficiente antelación al organismo de aplicación esta circunstancia, a los efectos de adoptar los recaudos necesarios para resguardar la calidad del producto hasta su destino, de acuerdo a lo que establezca la reglamentación”.

    “Esta ley atenta contra los principios del derecho ambiental; la congruencia, el principio preventivo, y la no regresividad en derecho ambiental. Le quita el objeto que es prevenir el avance de ecosistemas como los glaciares”, menciona el abogado Moreno.

    Así también “la constitución en su artículo 124 establece que los recursos naturales son de las provincias, y las leyes de presupuesto mínimo de Nación son un piso mínimo de derechos que se tiene que respetar”, concluyó Moreno.

  • Argentina será el primer país en América Latina en producir baterías de litio nacionales

    Argentina será el primer país en América Latina en producir baterías de litio nacionales

    En febrero del 2020, con el recambio de autoridades en Y-TEC (49% YPF y 51% CONICET) comenzó a gestarse la idea -junto a la Universidad Nacional de La Plata– de montar una fábrica de celdas para baterías de litio. 

    Hasta ese entonces, en la región se importaban las celdas con las que se construían las baterías. Esta será la primera vez en producir baterías de litio 100% nacionales.

    Luego de dos años, la planta UniLib está casi lista y solo falta ponerla en marcha. Su capacidad será de 900 celdas por día con tres turnos de trabajo. Lo que equivale en un año a las baterías necesarias para abastecer el consumo energético de 2400 casas o 300 automóviles.  

    El destino de las primeras baterías serán para el Ministerio de Defensa de Nación que las utilizará en radares, y para paneles solares en localidades donde la energía eléctrica escasea, con el fin de mejorar la calidad de vida de sus habitantes, como en la Isla Paulino, ubicada en Berisso.

    Pero el mayor propósito que tiene la UniLib no es quizás su escala productiva, sino dar el primer paso para que el país potencie su industria litífera, y quienes fabriquen autos, motos, computadoras u otros artefactos tecnológicos no tengan que importar baterías elaboradas con el litio que se extrae en suelo argentino.

     

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    El proceso

    “Esta planta solo es posible porque hay actividades de investigación y desarrollo que tienen más de 50 años”, afirmó para ARG MEDIOS y DLR el Jefe de productos tecnológicos de Y-TEC Juan Aiub. Hace 15 o 20 años cuando el mundo empezó a hablar de litio, el Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas (INIFTA) comenzó a estudiarlo. “Uno de esos grupos de investigación luego se traslada a Y-TEC, donde más tarde se hará la primera prueba piloto de baterías de litio”, cuenta Aiub.

    El primer financiamiento para montar la fábrica llegó del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, y el segundo paso fue buscar proveedores internacionales que puedan afrontar el costo de montar una planta de grandes avances tecnológicos. Quedó seleccionada la empresa China TIMAX, que garantizó la planificación y acondicionamiento de la planta, la instalación de maquinaria y la compra de insumos.

    “Esta planta es la versión número 35 que le mandamos a la empresa que nos asesoraba”, contó también para nuestros medios, el Secretario de Vinculación e Innovación Tecnológica de la UNLP, Javier Díaz, quien recuerda que el proceso no solo tuvo grandes desafíos técnicos sino también culturales. El instituto Confucio tuvo un gran aporte en la traducción de conceptos específicos en los que había que ser muy precisos. “Nos mandaban los balances que debíamos presentar en YPF en Chino y el instituto nos ayudó a destrabar muchas cosas que si no, hubiesen sido muy difíciles”, aseguró Diaz.

     

    Juan Aiub y Javier Díaz- Pedro Ramos, DLR

    Una vez avanzado el proceso de montaje de la planta, desde el CONICET y la Escuela de Oficios de la UNLP se capacitaron a los 15 operarios que comenzaron con la primera prueba. “De todas formas, aún no sabemos con exactitud cuántos empleados contará la fábrica con todos los turnos completos”, adelantó el Secretario de la UNLP.

    En la planta ya se hicieron algunas pruebas para demostrar que la elaboración de celdas funciona correctamente. El mismo consiste en un proceso escalonado donde intervienen máquinas de alta complejidad para lograr la carga correspondiente que tiene que tener cada una de las celdas.

    Una celda es una serie de papeles de aluminio (Positivo) y cobre (Negativo) comprimidos en una bolsa sellada a presión- en forma de pouch- que le transmitirá la energía a la batería. Para que una batería funcione debe tener un número determinado de celdas que dependerá de la energía que tenga que producir (automóvil, el consumo de un domicilio, bicicleta, etc.)

    “Estamos trabajando con Aluar para que pueda proveernos de aluminio y al mismo tiempo los estamos asesorando para que adapten su aluminio para estos usos y puedan exportarlo a otras fábricas como estas en el mundo”, comentó el ingeniero de Y-TEC.

    Celda para batería de litio- Pedro Ramos, DLR

    UniLib, la primer prueba de fuego

    “El objetivo de este proyecto es demostrar que es rentable y sostenible producir baterías de litio en Argentina”, mencionó el profesional de Y-TEC. “Mucha gente decía que no se iba a poder, que esto no iba a pasar nunca”, agregó.

    El antecedente que existía en la ciudad sirvió como punto de partida para montar una fábrica de gran tamaño que tenga la capacidad de producir a escala industrial. La planta piloto que existe en Y-TEC fue el primer experimento. Sin embargo, la misma nunca tuvo fines industriales, sino de investigación.

    “La existencia de esta planta va más allá de su escala productiva. Marca un antecedente importantísimo para que otras experiencias sean replicadas en nuestro país”, aseguró Díaz.

    “Estamos apadrinando la fábrica de Santiago del Estero, proveyéndolos de manuales de formación y asesoramiento en compra de maquinarias”, indicó el Secretario de la Universidad, refiriéndose a la segunda planta que se construirá en Argentina que será seis veces más grande que la de UniLib, y que producirá celdas cilíndricas y prismáticas utilizadas en bicicletas, motos y autos.

    La UniLib participará como socia del 20% de la producción de la planta de Santiago, proyecto del cual también forma parte la provincia, su Universidad Nacional y una empresa provincial. También hay otras provincias interesadas en llevar adelante esta experiencia como Catamarca y Salta.

    Máquinas para el proceso de elaboración de celdas- Pedro Ramos, DLR

     

    100% nacional y a un (gran) paso de ser soberana

    Por ahora, el carbonato de litio que se utiliza para la elaboración de celdas proviene de suelo catamarqueño y es extraído por la empresa estadounidense LIVENT. “Cuando empezamos había solo dos empresas a las que le podíamos comprar el litio, ya que eran las únicas que realizaban esa actividad en el país”, dijo Diaz.

    Sin embargo, la exploración de YPF-LITIO se encuentra en estado avanzado en los salares de Catamarca, Fiambalá. “Seguramente en dos o tres años podamos extraer el litio nosotros, mientras tanto es necesario avanzar con las experiencias de agregado de valor”, aseguró Díaz.

    Actualmente la materia prima para elaborar las celdas y baterías es comprada a empresas extranjeras que extraen en nuestro suelo. “La provincia está intermediando en el precio”, dijo Diaz, con el objetivo de que no lo paguemos al valor internacional”.

    Al mismo tiempo, se importaron algunos insumos para la elaboración de las primeras tandas,  pero aseguran que se está hablando con empresas nacionales para que puedan fabricarlo en el país.

    “Si en algún momento tenemos la oportunidad de ser competitivos en esa cadena de valor del litio, es porque hay alguna medida regulatoria del Estado, como por ejemplo que le exige a LIVENT que deje el 10% de su producción para industrializarla acá”, aseguró Aiub

    Actualmente exporta 40 mil toneladas de carbonato de litio por año, y se estima que en los próximos 5 años llegue a unas 200 mil. “La soberanía atraviesa la discusión histórica sobre que hacemos con nuestros recursos naturales. Los exportamos de manera primarizada, o le damos valor agregado, generando empleo de calidad y de forma sustentable con el ambiente”, cerró.

    Maquinas para la elaboración de celdas- Pedro Ramos, DLR

     

     

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