La ley de Tierras es, probablemente, uno de los debates más cruciales que está por enfrentar nuestro país. En medio de un fuerte despertar del interés por la causa Malvinas, la posibilidad de tratar una apertura total, desde Nación a la compra de tierras por parte de extranjeros, pone en tensión el microclima de la política con el microclima de las redes sociales. En el medio está la calle que promete, para el próximo 6 de agosto, ser uno de los escenarios de síntesis entre los dichos y la praxis.
Sin embargo, cabe preguntarse: ¿Qué países realmente promueven una extranjerización tan clara? ¿Es una ley sobre como queremos o como quieren que sea el acceso a la tierra?. Para eso, repasemos algunos casos y argumentos que sus defensores utilizan pero que esconden diversas trampas a considerar.
La RDC, tierras al remate
La República Democrática del Congo se ubica en el puesto 11 entre los países más grandes del mundo, cuenta con una naturaleza única con grandes selvas, un río madre (el Congo) y decenas de afluentes, además de un número incalculable de riquezas minerales en distintos puntos de su territorio.
Sin embargo la historia lo ha puesto víctima de un feroz saqueo desde que fue colonizado por los belgas en el siglo XIX. Una realidad que continúa hasta la actualidad, cambiando su forma pero manteniendo la vulnerabilidad en las estructuras centrales del país. En ese escenario las grandes potencias y corporaciones que responden a ellas, aprovecharon esa debilidad para extraer la tierra al precio más vil.
De esta manera se llevaron a cabo varias modificaciones en sus leyes de tierra, intentando flexibilizar su acceso para “atraer inversiones”, sobre todo en sectores rurales del Este del país, uno de los más complejos por la actividad de organizaciones armadas paralelas al poder estatal.
Aunque se desarrollaron proyectos muchas veces ligados a la minería sobre las tierras compradas, el famoso “derrame” nunca llegó al Congo. Apenas números ínfimos de regalías y sujetos siempre a que no ocurriera la pérdida de influencia directa sobre esa zona por algún actor paraestatal.
Más de 9 millones de hectáreas fueron vendidas en la RDC a actores externos como estadounidenses, chinos, franceses, británicos, belgas, árabes, etc. Sin ir muy lejos, hace pocos meses el medio Bloomberg comentó sobre el borrador para crear un ejército paramilitar, con apoyo de Estados Unidos y Emiratos Árabes, para vigilar zonas mineras bajo control foráneo y con el supuesto visto bueno gubernamental. Sin embargo el Estado no consiguió beneficios de inversiones para aumentar sus arcas como prometía la ley y por el contrario cedió soberanía directa a actores externos: En términos comparativos, RDC cedió el tamaño de Corea del Sur o Islandia, representando casi diez millones de hectáreas cedidas oficialmente.
Muchos países que adoptaron este tipo de flexibilidad sobre sus tierras lo hicieron por razones desesperadas, guerras civiles o infraestructura devastada por alguna tragedia. La necesidad de dinero rápido, bajo la promesa de inversiones, que representó la ley de tierras fue clave para entender cómo estos países cedieron soberanía de esa forma.
Luego tenemos casos en África, como el de Namibia, dónde la extranjerización de tierras es alta pero por una herencia colonial, es decir, los períodos en los que el colonialismo europeo facilitó compras irrisorias de tierras para sus conciudadanos y algunos Estados no se animaron a revertir. En el caso de Namibia, independizada en 1990, se dio en un contexto histórico del colapso del bloque comunista y el avance del Consenso de Washington, que le impidió revisar esa política a tiempo.
Las trampas discursivas
Uno de los contraargumentos que los defensores de la ley utilizan cuando se traen a tierra los ejemplos poco exitosos de África, que están ubicados en el Sur Global y pueden tener más cercanía por el extractivismo, es que existen otros países que también aplican leyes de tierras más flexibles. Eso, sin embargo, esconde algunas trampas.
Desde Rusia, China e Irán, hasta Polonia, India e Israel; el proceso para adquirir tierras, siendo extranjero, está muy limitado o directamente prohibido. Esto revela un amplio abanico de países, lo que excluye la idea o el relato de que el rechazo es solo un fetiche de las autocracias, como a veces han mencionado.
Al igual que ocurre con otras discusiones globales que aún no llegaron a nuestro país, como la Ley de Agentes Extranjeros que exige a ONGs extranjeras a declarar el origen completo de sus fondos o dejar de operar, dejan en evidencia como hasta países antagónicos en lo geopolítico pueden aplicar leyes o medidas similares para priorizar su interés nacional.
Por otro lado, los defensores de la ley dicen que la misma bloquea compras por parte de Estados pero nuevamente hacen una omisión fatal: en los tiempos actuales, de capitalismo de Estado, no necesitas alguien que compré a título de un Estado necesariamente. El miembro de una familia real, o alguien ligado directamente a las élites económicas de esa familia real, puede adquirir tierras a título personal pero en verdad lo está haciendo gracias a los fondos de un Estado y, casi con seguridad, ese espacio responderá al interés de esa familia del poder. La compra de tierras por parte de un jeque emiratí o de un lord británico no es ajena a los Estados que representan. Esto ha pasado hace poco con un caso en nuestro propio país, cuando un jeque, mediante un testaferro local, avanzó en operaciones de compra de tierras en la provincia de Río Negro. Por eso decimos que esto es algo que ya ocurre y que, con la nueva ley, tenderá a agravarse aún más.
Esto aplica a empresarios estadounidenses, israelíes, franceses o rusos que quieran adquirir tierras y que, por ejemplo, gozan de exenciones o rebajas fiscales en sus países, porque el “capitalismo de amigos” existe en todos lados. Lo mismo aplica a un empresario chino que opera, necesariamente, bajo la dirección del PCCh (Partido Comunista Chino).
El ¿Sueño americano?
“Esto se aplica en Estados Unidos”, es uno de los argumentos más rimbombantes por parte de la afición libertaria para impulsar de lleno este proyecto, omitiendo grandes diferencias. Primero, el modelo de aplicación es distinto: En Estados Unidos, la decisión final es de los estados pero, aún así, la nación baja línea sobre quiénes no deberían poder comprar “por razones de seguridad nacional”.
Así, en Texas, aunque hay una ley que habilita la compra de tierras para los extranjeros, tiene sus salvedades: rusos, chinos e iraníes, por ejemplo, tienen determinadamente prohibido comprar tierras en el estado. Incluso en espacios donde la ley se muestra más flexible, existen barreras que ellos adjudican a la seguridad nacional. Cómo este caso, existen cincuenta.
¿Y entonces?
Volviendo al plano local, ¿está ley tiene algún punto que busca, por ejemplo, restringir el acceso a tierras a empresarios británicos por considerarse quizá ciudadanos de un país que ocupa parte de nuestra superficie nacional ilegalmente y con quién el litigio por Malvinas continúa? No, no existe esa sugerencia, ni mención, ni nada. Entonces nuevamente queda al descubierto cómo, aún en Texas, hay una mirada proteccionista sobre ciertos actores y en Argentina nada de eso aparece.
Ocurre que si algo ha quedado en evidencia, al menos en el último tiempo, es que está ley no responde bajo ningún punto de vista al interés nacional. No presenta garantías de inversiones en ningún punto, tampoco pone límites sobre determinados ciudadanos ni contempla la agenda geopolítica del país, ni garantiza que un miembro de cierta familia real o un empresario amigo del poder en su país, no pueda adquirir. El marco es tan amplio como difuso y está hecho así adrede.
Por lo pronto, el 6 de agosto, la población argentina tendrá la posibilidad de pasar de las consignas en redes a los hechos. De movilizar y tratar de hacer sentir el rigor a quiénes han asumido funciones representativas y suelen darle las espaldas a quiénes dicen representar. El debate en el Congreso está a punto de comenzar y, sea cuál sea el resultado, lo único que no debe ocurrir es que se bajen los brazos. Son tiempos que requieren no descuidarse y hacer un esfuerzo por traspasar las ideas de soberanía del plano digital al plano material.