Durante la mañana del martes 9, pequeños y medianos agricultores realizaron una jornada de protesta en la intersección de Ruta 36 y 520, con el objetivo de visibilizar la crítica situación que están atravesando, que aseguran es “una de las crisis más graves de las últimas décadas”.
Hay varios factores que están poniendo en jaque la continuidad del trabajo de miles de familias productoras de la región: entre ellas, la fuerte caída del consumo, el incremento de los costos de producción y el impacto de las importaciones.
Los productores y productoras, apoyados por las organizaciones MTE Rural, Organización 25 de mayo, ASOMA, Frente Agrario Evita y Federación Rural, se manifestaron con un feriazo de frutas, verduras y flores, que entregaban a los autos que transitaban por la ruta. Hubo carteles, banderas y tractores, y además expusieron los precios reales que reciben los productores por cada cajón que venden, muy distantes a los precios que los consumidores abonamos en los comercios.
“Los precios que recibimos se derrumbaron y, en muchos casos, los intermediarios se niegan a trasladar la mercadería por falta de demanda”, anunciaron en el comunidad, haciendo énfasis en la brutal caída del poder adquisitivo que desplomó las ventas de verduras, frutas y flores.
Maritza Puma, productora de la zona de Abasto, comentó a DLR que la producción convencional que se comercializa a través de camiones e intermediariosha caído enormemente. “La gente no está consumiendo verduras. Se ve en los mercados, en las verdulerías y en las ferias que nosotros hacemos: antes había filas, ahora viene muy poca gente”.
La caída de ventas en los grandes mercados, se traduce no sólo menores ventas para los productores, sino también en una baja de precios. Así, por ejemplo, les terminan pagando eltomate a $2000 un cajón de 20 kilos; un cajón de 10 kilos de remolacha a $4000; un cajón de 10 kilos de perejil a $2000; o un atado de 25 rosas a $4000. Esto provoca que toneladas de alimentos terminen en la basura, en un país en el que millones de personas pasan hambre.
A esta situación se suma el ingreso indiscriminado de productos de Paraguay, Chile y Brasil, habilitado por el Gobierno Nacional. La apertura de importaciones “empuja a la ruina a las economías regionales”, aseguran los productores.
“En los mercados se ve el tomate de Paraguay, vienen en cajitas de cartón. Son productos hortícolas que nosotros hacemos acá mismo”, resalta Maritza Puma. “Esa competencia nos afecta mucho”.
Mientras tanto, los costos básicos no dejan de subir, alquileres y servicios, combustible, herramientas, plantines e insumos. Es “una combinación explosiva” que obliga a muchos trabajadores a buscar otras changas para sobrevivir e, incluso, abandonar sus quintas.
La situación no sorprende, en un país en el que la política económica dista mucho de proteger el mercado interno, por el contrario, encrudece las condiciones de vida y trabajo de la mayoría de los argentinos, generando despidos masivos y una desregulación del sistema laboral en donde los trabajadores de la economía popular se encuentran completamente afectados.
En agosto de este año, en una nota realizada por Desde La Raíz a Maritza Puma, evidenciamos que muchos productores del cordón estaban dejando de cultivar porque ya no podían sostener la rentabilidad. Para entonces, Maritza advirtió que si la situación no mejoraba el cordón productivo platense se iba a vaciar cada vez más, quedando las quintas en manos de inmobiliarias y barrios privados.
Maritza subraya que, si bien esta no es particularmente la situación que vive ella gracias a que produce agroecológicamente y este tipo de producción ha encontrado formas más justas de comercializar, sí es el caso de la mayoría de los productores del cinturón del Gran La Plata.
Las medidas que exigen y proponen para mejorar la situación
En el documento difundido, las familias productoras detallan un conjunto de demandas urgentes para evitar el quiebre definitivo del sector, donde buscan abrir un camino de recuperación económica, acceso a derechos y defensa del territorio productivo.
En primer lugar, proponen un subsidio a la producción para reducir el costo de gasoil, electricidad e insumos esenciales para sostener el trabajo en las quintas. En segundo lugar, respecto al acceso a la tierra, exigen que las primeras 1000 hectáreas del cordón hortícola sean para la agricultura familiar, poniéndole un freno a los negocios inmobiliarios, y protegiendo el cordón un sector estratégico para la región.
Respecto a la comercialización, piden que el Estado sea el primero en comprar de forma justa: las compras que hagan, por ejemplo, las escuelas, hospitales o instituciones de verduras, frutas y flores, las realicen de manera directa con los productores.
A nivel jurídico, proponen dos Leyes. Una Ley de Arrendamientos Rurales, que proteja a pequeños productores, establezca contratos de largo plazo y permita descontar del alquiler las mejoras realizadas en las quintas. Por otro lado, una Ley Provincial y Nacional de Protección de los Cordones Flori-Fruti Hortícolas, que funcione como un marco legal para garantizar el ordenamiento de estos territorios productivos, brindar apoyo técnico y fortalecer la agricultura familiar y local.
Por último, piden una solución urgente a las fallas del servicio eléctrico en el Parque Pereyra y en todo paraje rural que no tenga un suministro eficiente.