Arenaza es un pequeño pueblo del noroeste de la provincia de Buenos Aires que, como tantos otros, creció alrededor de una estación de ferrocarril. Pertenece al partido de Lincoln, tiene menos de 1500 habitantes y es conocido por haber sido el lugar donde un ingeniero, llamado Osvaldo Mendizábal, creó el queso Mendicrim.
Con una gran tradición láctea, el pueblo tenía su propio motor industrial: la planta de ARSA empleaba a 200 trabajadores y trabajadoras de forma directa, y movía toda la economía local. Hoy, las máquinas paradas.
A fines de octubre de este año, la Justicia declaró la quiebra de Alimentos Refrigerados Sociedad Anónima (ARSA). La planta elaboraba productos que había adquirido a SanCor -comoYogs, Vida, Shimy, Sublime y Sancorito-, yogures y postres que durante décadas ocuparon las heladeras de supermercados argentinos.
Además, en Córdoba, funcionaba un centro de distribución, donde trabajaban otras 200 personas, dentro de una red logística que alcanzaba 165 distribuidores y 70.000 comercios en todo el país.
“Era la fuente de trabajo industrial privada más grande de Arenaza. Todavía no hemos encontrado trabajo en otro lado, así que el impacto socioeconómico local y en la salud mental de los trabajadores fue muy grande”, señaló a Desde la Raíz Luciano Asad, secretario general de Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra), seccional Junín, y trabajador de la planta.
“Todos tenemos algun conocido que trabajó en la fábrica. Es parte de nuestro ADN y por eso el cierre es un golpe al corazón porque cada litro de leche procesado significaba movimiento en el pueblo. Hoy ese motor está apagado”, comentó el medio local Radio Zoom de Arenaza.
ARSA había nacido en 2016, cuando el grupo Vicentin compró el negocio de yogures de SanCor por unos 100 millones de dólares. En 2019, tras el default de la gran cerealera, la empresa buscó un socio para ARSA, hasta que en 2022 entregó la gestión a los empresarios venezolanos Manuel y Alfredo Fernández, quienes también están a cargo de La Suipachense, otra histórica firma láctea que hoy atraviesa exactamente en la misma situación de quiebra.
Desde ATILRA, sostienen que el cierre de ARSA era evitable: “No es que no pudieron sostenerla más, sino que adrede la fueron vaciando hasta declarar la quiebra. Nosotros detectamos esa intención en agosto de 2021, lo intentamos frenar, pero no fue suficiente”, contó Luciano Asad, quien trabaja en el sector hace más de 20 años.
El gremio comenzó denunciando incumplimientos, y pagos atrasados e irregulares a pesar de que realizaban jornadas completas. Con el cierre definitivo, son 550 trabajadores los que quedaron en la calle.
El libre mercado que cierra fábricas
Sin embargo, el caso de ARSA no es una excepción. En la Argentina de Milei, el cierre de empresas ha tomado un ritmo galopante.
Son 30 empresas por día las que bajan sus persianas. Entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025, cerraron un total de 20.134 empresas, y se destruyeron 276.000 puestos de trabajo registrados, de acuerdo a información de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), dependiente del Min. de Capital Humano, y del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).
El modelo económico que impulsan Javier Milei y Toto Caputo, bajo la premisa de la “libertad” de los mercados, sin regulaciones ni protecciones estatales, ya tiene sus efectos tangibles en la vida de miles de trabajadores y en la industria nacional.
El nuevo esquema, que prioriza mantener el tipo de cambio barato, con apoyo estadounidense, logra abaratar los productos importados, pero mata, poco a poco, la producción local y la deja sin competitividad. “La apertura de las importaciones claramente perjudica a la industria nacional, y la lechería no es un caso aislado. Tenemos un gobierno que odia a los trabajadores y que no tiene ninguna solución para la industria nacional”, advirtió el dirigente gremial de ATILRA.
En estos dos años de gestión libertaria, los datos oficiales confirman una tendencia sumamente negativa para el tejido empresarial. Lejos de generar nuevas oportunidades, la apertura irrestricta de importaciones, el derrumbe del consumo interno y atraso cambiario, empujan a empresas grandes y pymes a reducir turnos, suspender personal o cerrar definitivamente.
La Argentina productiva atraviesa una de las oleadas de cierres más grandes de los últimos años, a contracara del crecimiento que promete el gobierno. Las consecuencias tienen un profundo impacto en las economías locales.
Desarma y sangra: oleada de despidos
Lamentablemente, en los últimos tres meses de 2025, se registró una gran oleada de cierres y suspensiones que intensifican los números dispuestos por la SRT. La planta de Whirlpool en Pilar despidió a 220 trabajadores; Textilana, en Mar del Plata, a 250; La Suipachense a 150; Electrolux, en Rosario, a 400; la textil Luxo, de La Rioja, a 40; la autopartista DANA, en San Luis, a 50; la planta de YPF, en Concepción del Uruguay, a 60; y la mueblería Color Living, a 40. Y la lista es mucho más extensa de lo que podríamos enumerar acá.
A su vez, hay una gran lista de empresas que resisten todavía, frenando una parte de la producción, reduciendo turnos o achicando personal. Este es el caso de la industria del juguete, por ejemplo, cuyas fábricas están trabajando sólo con el 40% de su capacidad productiva, según declaró la Cámara Argentina de la Industria del Juguete. La fábrica Mondelez, dueña de marcas como Milka, Oreo, Terrabusi y Beldent, paralizó su producción en su planta de General Pacheco al menos durante diciembre para lograr vender stock.
Así, otras empresas también redujeron plantas o cerraron sucursales. Georgalos suspendió a 600 trabajadores; Essen de Venado Tuerto redujo a 35 empleados; Newsan en Tierra del Fuego, a 150; Mabe-Ex-Drean, a 200; Ualá a 135; el mayorista Caromar, a 115; la cadena Cencosud, a más de 100; Fravega, a 300.
En este contexto, muchas firmas abandonan la producción propia y giran hacia la venta de productos importados. Este es el caso de Viamo, que apuntó a ser distribuidora de zapatos y carteras importadas de Brasil, como así también de las empresas Whirlpool y SKF.
Algo parecido denuncian los trabajadores del neumático que, a través del SUTNA, reclaman regulaciones frente a las importaciones que Pirelli y Bridgestone realizan desde otras filiales de la región.
En la industria láctea, el panorama también es crítico: han quebrado o se han frenado firmas reconocidas como La Suipachense, SanCor, ARSA, Lácteos Verónica y Lácteos Vidal, un golpe directo a un sector históricamente muy productivo y, al mismo tiempo, muy atravesado por la concentración empresarial. Para el trabajador Luciano Asad, la crisis tiene un componente particular: “Los trabajadores lecheros aman la actividad que hacen, tienen un compromiso muy grande con su trabajo, y cuando pasan estas cosas la tristeza es igual de enorme”, describió.
Reforma laboral
En paralelo, el Congreso se prepara para votar una reforma laboral, que el oficialismo presenta como un incentivo para la creación de empleo. Desde Atilra, la lectura es la opuesta: “Lejos está esta reforma laboral de solucionar el problema de crisis económica y repuntar el poder adquisitivo de los trabajadores para activar el consumo. Por el contrario, va a terminar de destruir el entramado productivo porque van a echar gratis. Lejos de generar empleo, está más cerca de generar una ola de despidos masivos”, advirtió Asad.
La reforma laboral se impone en un contexto de profunda recesión industrial y la gran reducción de indemnizaciones y flexibilizaciones propuestas, aparenta profundizar la grave situación laboral que atraviesa el país.
En este contexto, ATILRA va a unirse a la marcha que convocó la CGT para el 18 de diciembre. “Creo que lo único que tenemos los trabajadores cuando nos atacan es la lucha, la resistencia, y esa convicción de no volver a los 90”, concluyó Luciano Asad, secretario general de la sección de Junin.
Mientras se prepara el debate legislativo, en Arenaza la fábrica ya está cerrada y los trabajadores siguen sin respuestas. El caso de ARSA sintetiza el escenario que atraviesa buena parte de la industria nacional: empresas cerradas, puestos de trabajo formal perdidos y economías regionales desarticuladas.
Para muchos empresarios y trabajadores, el problema no es “el costo laboral”, sino la caída del consumo y la ausencia de una política industrial que proteja el mercado interno.
