“Los femicidios son las expresiones más extremas de las violencias de género y en los contextos de narcocriminalidad, una descarnada y feroz expresión de la deshumanización, crueldad y descarte”, expresa el comunicado emitido por el Ministerio de Mujeres y Diversidades de PBA tras la noticia del triple femicidio de Morena Verdi (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Gutierrez (15). Las tres fueron encontradas sin vida debajo de un contrapiso de una casa en Florencio Varela en la madrugada del miércoles 1 de octubre.
La búsqueda había empezado posterior a la noche del viernes 19 de septiembre. Las tres se habían subido a una camioneta Chevrolet Tracker blanca, en una esquina, a unas cuadras de la Rotonda de La Tablada —entre Ruta Provincial 4 y Ruta 21-— para asistir “como acompañantes” a una fiesta privada. Estuvieron desaparecidas cuatro días. La camioneta fue encontrada incendiada en un descampado del barrio Mayol en Villa Vatteone, Florencio Varela. Días después, los cuerpos de las tres aparecieron bajo tierra a menos de diez cuadras de ahí. Torturadas salvajemente, mutiladas, e incluso, una de ellas, con una bolsa en la cabeza.
Los femicidios no son cosa del pasado
Según el reporte del Observatorio Nacional “Mujeres, Disidencias, Derechos” de Mumalá —colectivo de mujeres, travestis, trans y lesbianas—, 1 mujer es asesinada cada 36 horas. Ya son 182 femicidios y travesticidios contabilizados en el país en lo que va del año. El 9% ocurrieron en contextos de narcocriminalidad.
Dentro de ese 9% están Morena, Brenda y Lara. Tres jóvenes, mujeres, asesinadas y descartadas como basura. Por diversos motivos, habían dejado otros trabajos: ferias de ropa barata, un lavadero de autos en el caso de Morena, o un kiosco 24 horas como Brenda.
La principal hipótesis que circula es la del ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, quien en conferencia de prensa aseguró que se trataba de una venganza de una organización transnacional de narcotráfico dirigida desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El avance del narcotráfico en el barrio ya era alarmante para los vecinos de Flores, quienes habían hecho denuncias por violencia, escándalo, y explotación sexual de menores desde hacía tiempo. Pero la justicia no había hecho nada.
El centro de la opinión pública cambia de rumbo. La responsabilidad de las muertes recae en las madres, las feministas, y las propias víctimas. Menos en los femicidas, y mucho menos en el Estado.
El cuerpo de la mujer, marcaciones del poder
Mientras tanto, en la Rotonda de La Tablada el tránsito se detiene cada día a partir de las tres de la tarde. Son las familias de las víctimas que entre lágrimas arrastran neumáticos y restos de troncos sobre el asfalto. Una llama negra y espesa cubre la ruta vacía. A un costado, sobre el guardarrail, flamea una pancarta blanca con los nombres de las chicas. Los mismos que llevan impresos en las remeras cada familiar que exige justicia.
“Nos mataron tres pibas de una manera muy cruel”, expresa Corina González, referente de Vientos de libertad, una de las ramas del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) que aborda la problemática de consumo en los 90 centros barriales y 13 casas convivenciales que componen la organización a lo largo y ancho del país. Desde que en 2018 atravesó su rehabilitación en el espacio, Cori nunca se fue. Hoy brinda acompañamiento y contención a pibes y pibas en situación de consumo que llegan de manera voluntaria o por las familias, como hizo su mamá con ella.
El caso del triple femicidio la moviliza, no solo por la crueldad sino también por todo lo que ve y escucha cada día. “Sus cuerpos terminan siendo objeto para mostrarle lo que podría pasarle a otros. Porque grabaron, descuartizaron, y mataron a tres pibas pobres, tres pibas de los barrios”, dice, ahora, con miedo por lo que podría estar ocurriendo a otras mujeres.
“No es un hecho aislado porque vivimos en el marco de una estructura patriarcal que hasta el día de hoy se sostiene, con un Estado que mercantiliza cada día más nuestras vidas, vendiendo no solo nuestros territorios sino nuestros propios cuerpos”, afirma Sofía Paleo, docente y socióloga de la Dirección de Intervención en Violencias por Razones de Género de la Municipalidad de La Plata. Desde allí no solo realizan un trabajo con el equipo interdisciplinario compuesto por psicólogas, trabajadoras sociales, abogadas y sociólogas, sino que articulan con organizaciones sociales para brindar asistencia a personas en situación de violencia.
Así como Corina y Sofia, esto mismo ya lo anticipaba la antropóloga feminista Rita Segato en su libro La violencia contra las mujeres: el cuerpo de la mujer se vuelve territorio de disputa, no en pos de una conquista apropiadora sino de su destrucción total. Para Segato, “la tortura de las mujeres hasta la muerte es la destrucción del enemigo en el cuerpo de la mujer”. Allí acontece la violencia narco, que opera simbólica y físicamente.
Políticas del descarte: el Estado que profundiza la desigualdad
“Muchas de las víctimas que sufren estas situaciones son de sectores populares, y son personas que en general también tienen sus redes institucionales totalmente debilitadas y desarmadas”, expresa Sofía frente a un estado que eliminó 13 programas de políticas de género, y que desde su asunción redujo hasta un 85% el presupuesto nacional para las principales políticas de prevención y atención a la violencia de género. En 2024, el gobierno de Javier Milei recortó las partidas presupuestarias del Programa Acompañar y la Línea 144.
Entre los principales programas que se cerraron se encuentran las diseñadas para intervenir en situaciones críticas, como el Programa de Apoyo Urgente e Integral ante Casos de Violencias Extremas y el Programa de Fortalecimiento de Dispositivos Territoriales de Protección, orientados a prevenir y acompañar situaciones de violencia de género.
“El estado se va retirando de los barrios, de los espacios comunitarios. ¿Y qué aparece? Lamentablemente un narco, porque es el que termina dando una respuesta. Si vos no llegás con un trabajo digno a esas pibas, llega el narco”, cuenta Rocío Malén Jara, referente de la rama de Liberados del MTE. Rocío estudia la licenciatura en Trabajo Social en La Plata y trabaja en la dirección de Acompañamiento Universitario en Cárceles (DAUC) de la Secretaría de Derechos Humanos y Políticas de Igualdad de la Universidad Nacional de La Plata (DDHH UNLP).
Según un informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), unas 15 millones de personas se encontraban debajo de la línea de pobreza en los primeros 6 meses de 2025, de los cuales 3,2 millones eran indigentes. Sin embargo, las condiciones de vida no cambiaron. Para Rocio y tantas otras mujeres de los barrios, aunque el presidente Javier Milei se muestra optimista con haber sacado de la pobreza a 12 millones de argentinos (y argentinas), en los barrios hay cada vez más hambre.
Leopoldo Tornarolli del Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (CEDLAC), afirma que la mayoría de las personas siguen viviendo en los mismos lugares y realizando los mismos trabajos precarios. Si ser mujer es difícil, mucho más lo es ser mujer y pobre. A este dato se suma que 1 de cada 5 mujeres jóvenes que busca trabajo no lo consigue. Esto equivale al 19,2% de la población censada (INDEC).
¿Quiénes caen en manos de la violencia narco?
¿Qué oportunidades hay para las mujeres jóvenes actualmente? Ya lo evidenciaban dos manteras del barrio de Once a principios de 2024, cuando un periodista de C5N se acercó a hablarles. Las dos mujeres de no más de 25 años, se arrimaron al único cordón que la policía dejó libre en un operativo para “limpiar la calle de manteros”.
―¿Cuánto tiempo podrían estar sin trabajar? ―preguntó el periodista.
―Un día, más no ―respondió una de las chicas a pleno sol. Detrás de ella, las camionetas de la policía bonaerense bloqueaban las veredas.
―Perdón esta pregunta, pero ¿y mañana qué vas a hacer?
―Y mañana voy a tener que trabajar de puta, otra no me queda.
Esa mañana supieron que no tendrían un plato de comida al día siguiente.
¿Qué propone el mercado para quienes no pueden acceder a trabajos formales?
“El gobierno no ofrece otras puertas a las mujeres. Que elijan vender [droga] en un pasillo, prostituirse, y todo eso, es por no tener para comer, no tener plata para su casa, para su hijo”. Lo dice Cori, quien ve cómo en los barrios hay cada vez menos trabajo, se desfinancian clubes y centros barriales, y se trabaja con lo poco que pueden recibir de la comunidad organizada.
“Es un estado ausente que habilita que se desarrolle el narcotráfico más que a pensar una salida para los pibes y las pibas”, dice Corina. En los barrios populares, donde el estado se retira, las soluciones caen en manos de los espacios de organización social. Espacios que también han sido recortados por el gobierno nacional, como el cierre de 32 Casas de Atención y Acompañamiento Comunitario de Sedronar.
El MTE propone, como forma de subsistencia, organizar el trabajo de forma colectiva en cooperativas y unidades productivas que permitan dignificar las condiciones de vida. Se agrupan en ocho ramas que nuclean diferentes actividades: cartoneros; textil; rural; construcción; espacios públicos; liberados, liberadas y familiares; sociocomunitario; Vientos de Libertad. Dentro de ellas funcionan de manera transversal las áreas de Mujeres y Diversidades, Salud y Formación.
Las personas que fueron privadas de su libertad, una vez fuera de la cárcel se encuentran con una realidad que golpea. Ante la falta de trabajo, se las rebuscan vendiendo en la calle, en ferias, o trabajando dentro de las organizaciones de los barrios, como en el MTE. Una de las compañeras de Rocio, que fue liberada recientemente, sale todos los días a vender empanadas a la calle. “Otra no le queda”, dice y remarca que la verdadera preocupación es tener un plato de comida para ellas y sus hijos e hijas.
Para Rocio, y para otras mujeres con las que visita los pabellones de las cárceles de La Plata y alrededores, la llegada de Javier Milei al gobierno nacional implicó un retroceso en discusiones que hasta el día de hoy creían saldadas. “Estábamos peleando por el salario básico universal, que obviamente seguimos con esa lucha, pero en paralelo tenés que volver a pelear por alimentos cuando era algo que tenías garantizado”.
El triple femicidio puso en evidencia no sólo la precariedad laboral que se vive en los barrios populares, sino también la ruptura del tejido social cada vez más deshumanizado e individual. Cuando se recortan las oportunidades y la posibilidad de proyectar tu vida, como dice Rocio, es necesario reforzar la organización colectiva.
“Necesitamos que los pibes y las pibas tengan un proyecto de vida digno”, concluye Cori, en su voz hay bronca y una fuerza que recuerda a las tres pibas asesinadas y torturadas en un barrio de Varela. Sus barrios, sus pibas. Un hecho que prueba, una vez más, las razones de sus luchas: es que para las compañeras, el único proyecto de vida posible es con derechos garantizados.