Etiqueta: Agroquimicos

  • Vivir envenenados 

    Vivir envenenados 

    | Por Mariano Valdez*

    Un par de fin de semanas atrás, fui a Córdoba. El objetivo era ver amistades, descansar, pasear, desconectar de la cotidianeidad que nos da Buenos Aires. Jamás pensé que me iba a topar con la novedad de que mis amigos, junto a otros vecinos, debieron iniciar acciones legales porque las fumigaciones en el campo lindante al Barrio Universitario de Horizonte, a cero metros de las viviendas, habían causado intoxicaciones en al menos diez niños. Incluso, debieron retirar varias plantas de las casas porque fueron afectadas por los venenos del agro. Todo solo a 20 minutos de Córdoba Capital. 

    Córdoba, una provincia que esconde paraísos en cada rincón, que se vuelven muchas veces un refugio -hasta para quienes deciden instalarse definitivamente- de cordobeses y bonaerenses que habitan estos barrios construidos por cooperativas que garantizan la posibilidad de acceder a la vivienda propia. Sin embargo, una provincia con un riesgo asociado que muchos ignoran y con el que deben lidiar: Córdoba es la capital sojera de nuestro país. 

    Barrio Horizonte, Córdoba. Fumigaciones
    La Cooperativa Horizonte garantiza la posibilidad de acceder a una vivienda propia a miles de cordobeses. 

    Amparados en la Ley Provincial 9164, supuestamente diseñada para cuidar a los ciudadanos de las aplicaciones peligrosas, los dueños de -o quienes administran- los campos lindantes al barrio, fumigan hasta el último centímetro cuadrado de tierra productiva con sus mosquitos. La ley plantea que en un radio de 500 metros de barrios o zonas urbanas solo se pueden aplicar productos químicos o biológicos de uso agropecuario pertenecientes a las clases Toxicológicas I y II.  Mientras que los clase III y clase IV se pueden aplicar sin distancias mínimas, a pesar de que no dejan de ser venenos. Este marco legal, les permite aplicar otras cosas en su lugar, lo cuál, lamentablemente, es una práctica habitual.

    Pero ¿Qué son estas clases toxicológicas? Solo quienes lo aplican lo saben, no es una información que circule abiertamente salvo que uno se vea afectado de alguna manera por este sistema que busca optimizar, y maximizar, sus ganancias, incluso si ello ocasiona que niños se intoxiquen con las aplicaciones de productos que, según la propia ley, deberían almacenarse fuera del alcance de los niños. 

    Tan irónica como la parábola que finaliza el párrafo anterior, resulta la escena de siempre: una vez más, los grandes dirigentes de la política quedan pegados en estos casos. Particularmente uno de los firmantes de esta ley es el ex gobernador Juan Schiaretti, quien se candidateó a diputado nacional bajo lemas tales como “El futuro sustentable nace en Córdoba”, “Retenciones cero para siempre”, o “Apoyar al hombre y a la mujer de campo es apoyar a la Argentina”, una serie de ironías, para sorpresa de nadie. 

    De la clasificación de los fitosanitarios, déjenme decirles que quedan todos cordialmente invitados a buscar, con nombre y apellido, un producto químico o biológico Clase III en su casa. Verán que es imposible conocer de manera directa qué quiere decir eso. Lo que demuestra una vez más que las leyes están escritas para la comprensión de quienes se benefician de ellas y, con suerte, para abogados que atienden casos en torno a ellas. 

    Veámoslo en detalle

    La clasificación que suele tomarse como referencia para analizar los productos domésticos es una determinada por la OMS, la cual influye los rótulos de: extremadamente peligroso, altamente peligroso, moderadamente peligroso, ligeramente peligroso y no presenta peligro en el uso. ¿Qué significan? Veámoslo en el siguiente cuadro:

    Clasificación toxológica y etiquedato de plaguicidas.
    Fuente: Pina, Juan Ignacio. Clasificación Toxicológica y Etiquetado de Productos Fitosanitarios. Criterios Regulatorios Locales e Internacionales. ILSI.

    Resulta interesante, entonces, que una ley regularice la aplicación de productos químicos que solo tendrían efectos negativos, en tal caso, si se absorbe más de 2g por kilo de peso, vía oral o dermal. En un niño de 8, 9, 10 años -que pesa en promedio 32kg en Argentina según datos del Hospital Garrahan- significaría 64g de producto absorbido. Producto que, en este caso, debe atravesar nada más que una línea de árboles y una calle, antes de llegar a las puertas de las casas de las familias del barrio Universitario de Horizonte. 

    Por lo tanto, hay cuatro opciones para entender el uso que hace en el campo lindante la empresa Mahuen S.A: o hace una mala aplicación de sus fitosanitarios, o utiliza productos que en realidad corresponden a otra clasificación, o utiliza otras dosis a las correspondientes, o una combinación de las anteriores. 

    Parece ser que los Quesada, titulares de Mahuen SA, son un ejemplo más de cómo el agronegocio se lava la cara. En una nota publicada por La Nación en 2019, afirmaban trabajar bajo las pautas de las Buenas Prácticas Agrícolas, mientras envenenan a niños que viven a las afueras de Córdoba Capital. Familias que se mudaron allí buscando un entorno más ameno para sus crianzas, hoy descubren que ese ambiente “mejor” está realmente lejos de ser seguro. 

    Los hermanos Norberto y Nestor Quesada, titulares de la empresa agropecuaria Mahuen SA.

    *

    El fin de semana transcurrió y yo termino de escribir este texto en mi sillón, al calor del conurbano, y no puedo evitar pensar no solo en la fantasía, hoy puesta en jaque, que tenía de irme a vivir al interior, si no en todo lo asociado a estas nuevas lógicas de descentralizar que siguen las y los de mi generación buscando establecerse en “mejores” lugares para vivir. En muchos casos porque buscan un estilo de vida, en términos de tiempo, calidad de vida, desarrollo profesional; en otros casos porque la imposibilidad de adquirir una vivienda en el marco de la centralidad de Buenos Aires, el AMBA, empuja a buscar opciones que son más económicas en el interior mismo de la provincia o del país en general. 

    Un cóctel de mala planificación urbana, un modelo económico que se centraliza en la producción de commodities para la exportación y una legislación armada a medida de las grandes corporaciones, gana, una vez más, ante la salud del pueblo. Hoy ya no solo comemos veneno cuando nos alimentamos, a pesar de que nos ponen en la vidriera la inocuidad como respuesta -como puede leerse en mi informe ¿Qué comemos cuando comemos? si no que hoy la búsqueda de vivir lejos del hacinamiento, o la búsqueda de alternativas para adquirir la vivienda propia a precios más acordes a los salarios de miseria que cobramos los argentinos, nos enfrenta a mayores peligros, con el riesgo de ser fumigados mientras tomamos unos mates y vemos a nuestros hijos andar en bicicleta. 

    Barrio Horizonte, Córdoba, fumigaciones

    ¿Qué opciones tenemos? 

    La pregunta que a uno lo aqueja, tal vez directamente ligada al involucrarse  con estos temas, no deja de ser qué otras opciones tenemos.

    Por un lado estamos invadidos de dirigentes funcionales a la oligarquía nacional, o a las grandes corporaciones multinacionales. Por el otro, de la vereda de enfrente, tenemos al pseudo-peronismo que solo ofrece un “lo de enfrente es peor” hace ya 6 elecciones como mínimo; quienes además, estando en el poder, lo más cerca que han estado de cambiar la matriz productiva nacional fue armar terminales de ensamblaje de electrodomésticos, en vez de levantar una industria real en nuestro país. 

    Lejos de pecar de trosko, la invitación más bien tiene que ver con pensar qué dirigentes o clases de dirigentes queremos en el poder. Si la voluntad es la resignación acompañada de administrar la injusticia, la respuesta debe ser: dejenle el lugar a otros que sí tienen ganas de discutir estrategias para salir de la dependencia que, por el ala de derecha o por el ala progresista, se viene sosteniendo por incapacidad o por omisión. 

    Personalmente considero que el hecho de que un expresidente del PJ Cordobés sea quien firma esta ley que permite que las fumigaciones afecten a, al menos, dos barrios, debería hacernos ruido. Sin dudas merece la discusión de los espacios que funcionan cerrados de facto manteniendo a los mismos personajes anclados desde hace ya demasiado tiempo. 

    Al fin y al cabo ya lo decía Scalabrini Ortiz: “Todo lo que no se legisla explícita y taxativamente en favor del más débil, queda implícitamente legislado en favor del más fuerte. No es el poderoso el que necesita el amparo legal. El tiene su propia ley, que es su propia fuerza.” 

    Por último y a modo de cierre, me parece que nos merecemos aprender de las familias del barrio Universitario de Horizonte, quienes ante la injusticia tomaron la posta entendiendo que tienen derecho a vivir sin riesgo de intoxicaciones simplemente porque un empresario quiere ganar un centímetro cuadrado de tierra más para sembrar, dejando de lado las individualidades y las diferencias que muy probablemente existan entre ellos. 

    Este es un claro ejemplo de que lo macro tiene mayor orden de relevancia frente a lo micro y que hay discusiones de mayor complejidad que uno puede dar, por más de que haya otros problemas paralelos, una vez que el techo ya está garantizado. Como país nos merecemos aprender de su experiencia: organizarse en pos del bien común.

    *Mariano Valdez: Técnico en Tecnología de los alimentos. Integrante del voluntariado universitario PRODEAGRO (UNLu-INTA), consultor en sistemas de gestión de los alimentos, integrante del medio El Aluvión.

  • Avanza un proyecto de ley que permite fumigaciones pegadas a las casas

    Avanza un proyecto de ley que permite fumigaciones pegadas a las casas

    Los diputados Atilio Benedetti (UCR- Entre Ríos) -presidente de la Comisión de Agricultura en la Cámara de Diputados- y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica- CABA) presentaron un proyecto de ley para regular la aplicación de agroquímicos. A fines de octubre, avanzó a la Cámara de Diputados.

    El proyecto propone la sanción de una “Ley Nacional de presupuestos mínimos de protección ambiental para la aplicación de productos fitosanitarios”. Fue escrito por la Red de Buenas Prácticas Agrícolas, que integra más de 80 instituciones y camaras empresariales vinculadas con el agronegocio. Se trata de una norma que ampliaría las posibilidades del uso de estas sustancias, de forma contraria a lo que hace mucho tiempo advierte la ciencia y las comunidades. 

    El punto crucial del proyecto se resume en dos artículos. En el artículo 7, se delimita una zona de exclusión en donde no se podrán realizar fumigaciones con agrotóxicos. Pero en el artículo 9, se establece que esa zona de exclusión deberá ser solo de 10 metros.

    Es decir, desde el límite exterior de la zona productiva habrá solo diez metros de distancia con una vivienda, barrio o escuela, por ejemplo, para el caso de las fumigaciones terrestres, con vehículos aéreos no tripulados, aeronaves pilotadas de manera remota o drones. En el caso de las fumigaciones aéreas, la distancia se extiende a 45 metros: menos de media cuadra.

    La iniciativa apunta a la consolidación y perpetuación del modelo de producción extensiva, dominante y químico-dependiente. Se ampara en las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), prácticas que regulan éticamente el uso de agroquímicos, pero que en la práctica real no se respetan ni sirven para evitar afecciones en la salud por contacto y consumo de las sustancias tóxicas que habilita. 

    La norma ya cuenta con el acompañamiento de 32 legisladores, entre diputados de La Libertad Avanza, Unión por la Patria, UCR, PRO, Coalición Cívica, Encuentro Federal, entre otros colores.

    Maximiliano Ferraro ha expresado que “el proyecto no tiene una mirada sectorial” y que “nace de un diálogo”. Sin embargo, en la comisión conjunta realizada entre Agricultura y Ganadería, y Recursos Naturales y Conservación de Ambiente Humano, solo participaron personas a favor de la ley. Entre ellas, entidades gubernamentales, de productores, de ingenieros agrónomos, de acopiadores, de empresas de tecnología agropecuaria y ONGs, todas con intereses directamente vinculados al agronegocio.

    Las únicas dos ponencias que no se alinearon al lobby fueron el diputado Juan Carlos Giordano (Izquierda Socialista- FIT Unidad) y Blanca Osuna (Unión por la Patria). Giordano manifestó: “Deben darle espacio a quienes estamos en contra de esta ley. Hay una lista de un montón de organizaciones que quieren venir a exponer las barbaridades que ocurren por el uso de agrotóxicos. Fumigar a 10 metros de ninguna manera puede ser una buena práctica agropecuaria”. 

    Por su parte, Osuna dijo: “Es indispensable escuchar voces de otros sectores, estamos en falta si no. Los expertos científicos deben estar acá, están ausentes en este proyecto. Primero debe estar la salud, luego la producción”.

    Sin un verdadero diálogo y comprobaciones científicas claras, sus conclusiones de que 10 y 45 metros son suficientes para las derivas de agrotóxicos quedan infundadas e inválidas. Además, es inconstitucional porque atenta contra el derecho de las personas a vivir en un ambiente que no ponga en riesgo su salud. También contraria de forma directa los convenios internacionales en materia de cambio climático suscriptos por la Argentina.

    El médico y referente del Instituto Nacional de Salud Socioambiental (Inssa), Damián Verzeñassi, denunció: “¿Existen las ‘Buenas Prácticas’ si se usan productos cancerígenos? 107 son los productos agrotóxicos prohibidos en otros países, que en Argentina están permitidos: 32 son probablemente cancerígenos, 7 están comprobados y 24 son disruptores endocrinos. ¿Podemos hablar de Buenas Prácticas Agrícolas con 107 productos prohibidos en otros países? Creemos que no, y por eso queremos que se frene el proyecto que permitiría fumigar a 10 metros”.

  • De Suiza a Ituzaingó: Andrés Carrasco, el hombre que transformó la ciencia

    De Suiza a Ituzaingó: Andrés Carrasco, el hombre que transformó la ciencia

    Hay una semilla dando vueltas entre los movimientos sociales campesinos, indígenas y de lucha contra el agronegocio. Una semilla aún más resistente que la transgénica: es la que sembró el Doctor Andrés Carrasco, con compromiso y valentía. Su bandera la levantan las organizaciones sociales, las maestras rurales, las cátedras universitarias de soberanía alimentaria, los militantes agroecológicos y, también, los científicos del CONICET. 

    Graduado de la facultad de Medicina de la UBA a principio de los ‘70, Andrés se especializó en embriología molecular. Fue docente de la carrera que lo formó y militante de la juventud peronista hasta que, en 1981, viajó a Suiza como becario postdoctoral. Fue parte de un equipo de investigación que realizó el descubrimiento del gen homeobox, un gen fundamental en el desarrollo embrionario de los animales. 

    Ese estudio genético le permitió acercarse a grandes grupos científicos y laboratorios, quienes le ofrecieron un lugar principal en ese campo de investigación. Si se hubiese quedado en los países del norte, habría tenido su propio laboratorio, con talentosos becarios a su cargo. Sin embargo Andrés y su esposa decidieron volver, criar sus hijos en Argentina, hacer ciencia acá y aportar a la educación pública. 

    En los años 90 volvió a su Buenos Aires natal e ingresó como investigador en CONICET. Entre 2000 y 2001 se desempeñó como presidente del mismo Consejo científico nacional. A su vez, fue docente en la carrera de medicina y creó el Laboratorio de Embriología de la UBA. Por esos años, se interesó en los efectos de las fumigaciones con glifosato, el veneno más utilizado en el modelo agroindustrial. Decidió dedicarse a estudiar su impacto sobre embriones anfibios.

    Para 2009 su investigación ya tenía conclusiones muy claras y no pudo quedarse en silencio.

    ***

    Eran las 8 de la noche de un día frío de 2009. Sofía Gatica estaba en su casa en el barrio Ituzaingó Anexo, en las afueras de Córdoba Capital, cuando escuchó sonar la puerta. Se asomó y allí había un hombre esperándola.

    —¿Usted es Sofía Gatica? 
    —Si, soy yo.
    —¿Cómo está señora? Vengo a hablar con usted. Soy médico e investigador del CONICET. He investigado sobre los efectos del glifosato en anfibios. Encontré que en pequeñas dosis produce malformaciones en los embriones, igual que podría hacerlo en embriones humanos. He venido hasta acá a decírselo porque esto lo hice por ustedes. Lo hice porque escuché el reclamo de ustedes.

    El barrio cordobés Ituzaingó Anexo, contenía en ese entonces unas 30 manzanas, que limitaban con campos hacia el norte, el este y el sur. La vida de Sofía dió un giro en 2001, luego de que, a minutos de nacer, su bebé muriera por una malformación. 

    Fue entonces que pensó que el suyo no era un caso aislado: decidió investigar la situación sanitaria del barrio y los casos de cáncer que no eran una novedad, con la ayuda de otras madres. En un lapso de 9 años, el colectivo Madres del Barrio Ituzaingó encontró 193 casos de cáncer sólo entre los vecinos del barrio, además de otras malformaciones como labio leporino o manchas en la piel.

    —¿Usted se animaría a decir esto mismo frente a médicos, frente a un periodista y a otras familias?— le preguntó Sofía al médico. 
    —Si, claro. El que diga que mi investigación no es cierta que lo compruebe científicamente en un laboratorio. 

    La lupa sobre el glifosato

    “Un agroquímico es una sustancia que mata, mata plantas que no son deseables. En el caso del glifosato, está asociado a la semilla transgénica, que es parte de un paquete tecnológico producido por una sola empresa –Monsanto– que permite un modo de producción a gran escala gracias a que el glifosato extermina todo lo que haya vivo en la tierra por excepción de la semilla modificada genéticamente”, desarrolló Carrasco en el programa de TV Pública, Científicos Industria Argentina, cuyo recorte se encuentra en el documental del 2019 ‘Andrés Carrasco: Ciencia disruptiva’. 

    Podés leer más sobre la introducción de este modelo en nuestro país en esté artículo:
    | Nueva condena para Bayer-Monsanto por provocar cáncer

    El primer medio en publicar la noticia del hallazgo de Andrés Carrasco fue Página/12. El tóxico de los campos fue el titular de tapa de diario de un lunes de abril de 2009. Él mismo  llamó a Darío Aranda, un periodista del medio, y le pidió que escuche lo que tenía para contar. “No descubrí nada nuevo, digo lo que ya dicen las familias que son fumigadas, sólo lo confirmé en un laboratorio”, le dijo.

    “Se utilizaron embriones anfibios -modelo tradicional de estudio- para determinar concentraciones que pueden alterar mecanismos fisiológicos que produzcan perjuicio celular y/o trastornos durante el desarrollo”, explicaba la investigación. La misma comprobó que concentraciones ínfimas de glifosato, incluso 1500 veces inferiores respecto de las utilizadas en fumigaciones agrícolas, son capaces de producir efectos nocivos en la morfología del embrión, como trastornos intestinales y cardíacos, malformaciones y alteraciones neuronales. “Debido a la conservación de los mecanismos que regulan el desarrollo embrionario de los vertebrados, los resultados son totalmente comparables con lo que sucedería con el desarrollo del embrión humano, aseguró Andrés Carrasco.

    Un año más tarde, su investigación fue publicada en una revista científica, lo cual le dió mayor legitimidad. Sin embargo, él mismo ya se había encargado de hacer público su trabajo, difundiéndolo en medios de comunicación, congresos, asambleas y denuncias públicas. Al instante, organizaciones sociales, activistas, campesinos, familias y pueblos fumigados, tomaron la evidencia como una prueba de lo que padecían y denunciaban hace años.

    Como consecuencia, Carrasco también se ganó amenazas, intimidaciones y difamaciones. Su denuncia lo puso en contra del establishment científico, económico y político, en un contexto en el que la soja era el producto estrella de la Nación Argentina y las tensiones por la Resolución N°125 seguían latentes.

    Los diarios Clarín y La Nación lanzaron una campaña en su contra. Dijeron que era una operación del gobierno, una represalia contra el campo por la fallida 125. También el Ministro de Ciencia, Lino Barañao, dijo que la investigación no existía y que el glifosato era tan dañino como “agua con sal”

    “Creen que pueden ensuciar fácilmente 30 años de carrera. Son hipócritas, cipayos de las corporaciones, pero tienen miedo”, respondió Andrés, en diálogo con Página/12. Y continuó: “Las empresas del agro, los medios de comunicación, el mundo científico y la dirigencia política son hipócritas respecto de las consecuencias de los agrotóxicos. Protestan y descalifican una simple investigación pero no son capaces de observar las innumerables evidencias médicas y reclamos en Santiago del Estero, Chaco, Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe.”

    Ciencia para las comunidades y no para las corporaciones

    A pesar de ser uno de los investigadores principales de CONICET, Andrés Carrasco fue muy crítico del modelo científico hegemónico. Desde adentro del sistema, puso en discusión el para qué de la ciencia, el por qué se investiga un tema, para quiénes y con quiénes.

    Antes que nada, Carrasco escuchaba a los pueblos: “Ellos son la prueba viva de la emergencia sanitaria”, dijo a Página/12

    “Cada creación tecnológica y científica está destinada a un propósito y los propósitos no siempre son virtuosos. La ciencia no es neutral y, si los científicos piensan que lo es, están cometiendo no solamente un error, sino una irresponsabilidad”. se lo escuchó decir en una charla en Entre Ríos. Ese día estuvo junto a Fabián Tomasi​, un trabajador rural que fue banderillero de aviones fumigadores, enfermó de cáncer y se volvió emblema de la lucha. 

    Andrés fue invitado a cada encuentro que se organizó en torno a agrotóxicos. Viajó e intentó participar en cada lugar.  Desde su perspectiva, la ciencia se debía a las comunidades, a la gente, y no a las ganancias, y esa visión debía redefinir las líneas, las metodologías y las preguntas científicas.

    “Habría que preguntar ciencia para quién y para qué. ¿Ciencia para Monsanto y para transgénicos y agroquímicos en todo el país? ¿Ciencia para Barrick Gold y perforar toda la Cordillera? ¿Ciencia para el fracking y Chevron? Hay un claro vuelco de la ciencia para el sector privado y el CONICET promueve esa lógica. En la década del 90 estaba mal visto. Hoy aplauden de pie que la ciencia argentina sea proveedora de las corporaciones”, expresó en torno a la complicidad científica en el modelo económico (Ciencia para quien y para qué ANRed).

    Andrés fue parte de un debate en torno a dos modelos de ciencia: una ciencia que se acomoda al poder, y otra que es bandera de los pueblos. 

    Respecto a una perspectiva de ciencia argentina, que piense desde el sur y apueste a nuestro propio desarrollo, Carrasco manifestó en una nota con Mu Lavaca «La tendencia de la comunidad científica argentina es ser legitimada por el exterior, está subordinada a las lógicas de los grandes centros científicos. Queremos ser del primer mundo, y entonces creemos que hay que imitar al primer mundo. El verdadero primer mundo, en cambio, piensa en sus propias necesidades, sus propios proyectos“.

    Su legado sigue siendo semilla

    Desde el 2009, Andrés Carrasco tuvo la posibilidad de dar argumento científico a las denuncias de las comunidades. Fue un científico que decidió vincularse con el territorio, aprendiendo, escuchando y reconociendo los saberes campesinos. 

    Andrés visitó Mar del Plata, Saladillo, Bragado, Los Toldos, Famatina, Chilecito, Esquel, barrios de Chaco, de Entre Ríos y Córdoba… entre muchos otros. 

    Su investigación fue clave para el levantamiento en Malvinas Argentinas de 2013, la localidad de Córdoba que impidió que Monsanto emplazara una planta de secado de semillas transgénicas. Una pequeña comunidad, se convenció de que no querían que esa industria funcionara en su territorio y, luego de enfrentar represiones e intimidaciones, logró bloquear la continuidad de la obra. Ahí también estuvo Carrasco: “Monsanto representa lo que no queremos en este país, que se hagan dueños de las tierras y las semillas, que impongan modelos productivos de los cuales los únicos benefician son ellos”, testimonió a un noticiero en ese entonces.

    Sus palabras y su mirada crítica siguen alumbrando el camino. “Para nosotros, los afectados, fue un ídolo prácticamente”, supo decir Fabián Tomasi. El respeto y el cariño entre ellos era mutuo.

    Para el campo científico, también. A partir de su partida en 2014, su camino adoptó la consigna de “Ciencia Digna”. Su estímulo fue la semilla para la creación de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL). Él fue una luz para los múltiples colectivos que se organizaron en la última década, como la Red de Docentes Por La Vida y la Red Federal de Médicos.

  • Nueva condena para Bayer-Monsanto por provocar cáncer

    Nueva condena para Bayer-Monsanto por provocar cáncer

    El glifosato -el herbicida más utilizado en Argentina- fue declarado ‘cancerígeno’ en un nuevo fallo de Estados Unidos, mientras que la empresa Bayer- Monsanto fue condenada a pagar 2 mil millones de dólares por ocultar la peligrosidad de su producto.

    El jurado determinó que Bayer, la multinacional alemana que compró a Monsanto en 2018, no advierte a los usuarios sobre la evidencia científica que demuestra que la exposición al Round up puede causar cáncer. El fallo habla de “mala conducta” y otorgó al demandante 2.000 millones de dólares en daños punitivos y 65 millones de dólares en daños compensatorios.

    Nueva condena para Bayer-Monsanto por provocar cáncer con glifosato

    El litigio, es parte de una serie de juicios a los que se viene enfrentando la corporación en torno al Round up desde el 2018. Hasta el momento, Bayer ha perdido 12 juicios millonarios por el agrotóxico y acumula 54.000 demandas, sólo en Estados Unidos. A pesar de que sostiene que sus productos son seguros, según el diario ambiental The New Lade, ha destinado millones de dólares para evitar demandas de miles usuarios que alegaban que el Round up causaba el tipo de cáncer linfoma no Hodgkin (NHL).

    La gran indemnización del jurado fue justificada en la evidencia científica que comprueba la conexión entre el glifosato y el cáncer (como como por ejemplo este estudio de 2023). Además, el jurado alegó a la manipulación de Monsanto sobre los riesgos del Round up. “La comunidad no va a tolerar este tipo de tratos secretos, manipulando la ciencia y las revistas científicas para promover sus propias productos”, dijo el abogado Kyle Findley, “Monsanto sabía que el uso de Round up podía causar cáncer, pero no reflejó ese conocimiento en las etiquetas”.

    .

    El Round Up, comercializado por Bayer-Monsanto

    Round up es el nombre con el que se comercializa el glifosato, introducido al mercado por la empresa estadounidense Monsanto desde los años ‘80. Es el herbicida más utilizado en el mundo, tanto en agricultura y jardinería, realmente, estamos saturados de glifosato. 


    Específicamente, el Roundup Ready fue esencial para la instalación del modelo de cultivo transgénico, que consiste en un veneno capaz de matar todas las plantas, en excepción de las semillas genéticamente modificadas para resistirlo.

    Argentina fue el primer país de Latinoamérica donde Monsanto logró introducir su paquete tecnológico. Fue aprobado en 1996 en tiempo récord y bajo información científica aportada únicamente por la empresa (incluso, sin traducir al español), bajo el gobierno de Carlos Menem. Una vez instalado, el avance del modelo transgénico fue arrasador. Argentina, contaba con 6 millones de hectáreas de soja en 1996. Para 2015, el pico de cultivo llegó a los 20 millones y medio de hectáreas de soja transgénica, según datos recabados en el Atlas del agronegocio transgénico en el Cono Sur.

    Según la investigación científica Antología toxicológica del glifosato, en 1997 Argentina utilizaba 35 millones de litros de glifosato, que para 2017 llegaron a 240 millones (lo que significa 5,4 litros por habitante). Esto sin contabilizar otros tipos de agrotóxicos, como la atrazina, también muy utilizada y cuestionada. 

    Este veneno, fue calificado en 2015 como “probable cancerígeno para los seres humanos” por la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer, de la OMS. Esta clasificación, es aceptada por Bayer, que la incluye en las fichas técnicas de sus productos. Por ejemplo, en la ficha de seguridad del Round up TOP aclara que “El componente glifosato de potasio está clasificado como carcinógeno humano probable (grupo 2A) por la IARC, año 2017″. Otra institución que ratifica la peligrosidad del glifosato, con numerosos estudios, es la OEHHA  (Oficina de Evaluación de Peligros para la Salud Ambiental) de California.

    .

    Cultivo de soja en provincia de Buenos Aires.

    Para la evaluación de los herbicidas, existen cuatro bandas según el grado de toxicidad: verde, amarilla, azul y roja. El glifosato es de los productos de banda verde, lo que indica que no representa peligro.

    En Argentina, la SENASA es el organismo gubernamental que habilita el uso del producto para ciertos cultivos, siempre y cuando se utilicen respetando lo que se llama las ‘Buenas Prácticas Agrícolas’, que es un manual para los técnicos y agrónomos. La pregunta es ¿Quién controla el uso ‘eficiente y correcto’? ¿Cómo podría controlarse la dosis aplicada o las medidas de seguridad por cada productor o arrendatario del país?

    En esta línea, Anabel Pomar, periodista e investigadora especializada en la temática, menciona: “Ellos sostienen que bien aplicado no hace nada, pero, ¿Se puede controlar un veneno? ¿Puede ser una política de estado ‘usar poquito’?”.

    Si bien el glifosato no es de venta libre y debería comercializarse sólo mediante matricula, eso rara vez se controla. El manual de las Buenas Prácticas es, en teoría, una metodología de uso, sin embargo, la práctica está llena de vacíos. 

    “La ciencia sin conflictos de interés ha demostrado que el glifosato está en todos lados, desde la lluvia, los alimentos, los ríos, los suelos y dentro de muchísimas personas”, asegura Anabel Pomar,  quien vive en la localidad de Exaltación de la Cruz y asegura vivir entre fumigaciones. Allí la comunidad organizada realizó análisis en los que encontraron 6 agrotóxicos presentes en el agua y 14 en los suelos.

    Los principales cultivos para los que se utiliza el Round up en Argentina son: la soja, de cuya producción se exporta el 87% a China; el maíz y el algodón. Los resabios de este veneno llegan a los alimentos que cotidianamente ingerimos, tanto por consumo directo como por aditivos como la lecitina de soja o el jarabe de alta fructosa de maíz, o en productos como el algodón, las toallitas y tampones. 

    En zonas rurales, es común encontrar bidones de glifosato desechados sin el tratamiento adecuado. 

    En zonas rurales, es común encontrar bidones de glifosato desechados sin el tratamiento adecuado. 

    Foto: Nicolas Pousthomis

    A pesar de que hay sectores, especialmente productivos, que sostienen que el uso de glifosato no es peligroso, cada vez es mayor la evidencia científica y judicial que dice lo contrario.

    Fitosanitario, biocida, plaguicida, agroquímico, agrotóxico… Son distintas formas de nombrar lo mismo: un veneno, una sustancia que tiene por objeto matar insectos, hongos o plantas no deseadas.  

    Esta condena a Bayer deja un nuevo precedente para futuros juicios relacionados al glifosato y vuelve a abrir el debate sobre su uso y sus necesarias regulaciones gubernamentales.

  • Luján lideró el Primer Congreso de Agroecología de Buenos Aires

    Luján lideró el Primer Congreso de Agroecología de Buenos Aires

    Bajo la organización del Ministerio de Desarrollo Agrario, el pasado viernes 8 y sábado 9 de noviembre se realizó el primer Congreso Provincial de Agroecología. La Universidad de Luján, en colaboración con el municipio, recibió a cientos de productores, investigadores y estudiantes que se acercaron a compartir sus propias experiencias.

    Con gran éxito, el congreso tuvo más de 2000 participantes inscriptos y se presentaron más de 250 trabajos de múltiples ámbitos. El eje giró en torno al fortalecimiento de la agricultura familiar y agroecológica como una práctica que no sólo ya existe en el campo argentino, sino que además es rentable y tiene potencialidad.

    El acto de apertura, estuvo marcado por la presencia del gobernador de la provincia, Axel Kicillof, el Ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, el intendente municipal Leonardo Boto, y el rector de la UNLU, Walter Panessi. Los cuatro, plantearon el debate en torno a un progreso que es colectivo y social y que necesita de las manos del estado y el sector público para proyectarse. “El mercado funciona, pero tiende a la concentración”, remarcó Axel, “Por eso las políticas públicas de acceso y financiamiento son necesarias”, continuó.

    Por su parte, Javier Rodríguez expresó: “Este Congreso muestra los resultados de una política pública que articula con el sector privado para generar desarrollo, trabajo, cuidar de nuestros suelos y avanzar cada vez más hacia la soberanía alimentaria, tecnológica y productiva”. Además, destacó que Buenos Aires fue pionera con el Programa de Promoción de la Agroecología, generando una batería de acciones para promoverla y la certificación de 700 productores.

    I Congreso Provincial de Agroecología. En el micrófono, Javier Rodriguez. A su izquierda, Eduardo Cerdá.

    El evento fue un gran espacio para el encuentro y el intercambio, fortaleciendo redes y difundiendo estrategias frente a los desafíos del campo agroecológico. Contó con una variedad de mesas de debate y talleres, paneles con referentes de Argentina y Latinoamérica, una feria y una exposición de maquinarias diseñadas particularmente para la agricultura familiar.

    Desde la Raíz pudo conversar con Eduardo Cerdá, quien es sin dudas uno de los difusores más importantes de la agroecología en nuestro país. Hasta el año pasado, estuvo a cargo de la Dirección Nacional de Agroecología, hoy ya desarticulada. “El hecho de que exista una Dirección Nacional de Agroecología nos dio a todos entidad”, remarca Eduardo.

    Pero fundamentalmente, estuvo en territorio, conoce el campo del que habla. En 2016, se creó la RENAMA (Red de Municipios y Comunidades que fomentan la Agroecología) desde donde se fomentaron cientos de experiencias agroecológicas. 

    La jornada del viernes, cerró con la proyección estreno de ‘La Aurora, el principio del camino’, un documental realizado por la RENAMA en el que se registra la vida del agricultor agroecologico Juan Kiehr. La Aurora, es el nombre de un campo de Benito Juárez donde, durante más de 30 años, Juan desarrolló una producción agrícola ganadera a gran escala sin agroquímicos, abriendo las tranqueras para compartir e inspirar a otros con sus prácticas.

  • Ley Ómnibus: Un texto a medida del agronegocio

    Ley Ómnibus: Un texto a medida del agronegocio

    Ley Ómnibus: Un texto a medida del agronegocio

    La famosa “Ley Ómnibus” o “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” contiene diferentes puntos que pretenden “desregular” las normativas ya vigentes en el país en materia de actividad agrícola y conceder garantías al sector del agronegocio. En esta edición especial de Desde la Raíz explicaremos cuales son los puntos cruciales de esta encrucijada.

    Muchos de ellos fueron conseguidos a través de la organización de trabajadoras/es campesinos, ONG’s y asambleas vecinales que resisten las fumigaciones en sus comunas. El artículo 241, en la sección 2 del capítulo Bioeconomía, hace referencia a la “adhesión a la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) ¿Qué significa esto?

    La UPOV es una organización fundada en el año 1961, pero que fue reformada por última vez en la década de los 90 a medida de las grandes empresas semilleras del mundo. A través de la teoría del “paquete tecnológico” tuvo un primer ingreso en nuestro país con el boom del agronegocio y la llamada “revolución verde”.

    La misma facilita los mecanismos para la llegada y/o desarrollo de nuevas semillas transgénicas, que cuentan con mayores litros de fertilizantes, insecticidas y fungicidas.

    Sin embargo, la normativa justifica el ingreso a la UPOV a fin de “incorporar mejores prácticas internacionales que estimulen grandes inversiones para la modernización del sector agrícola, generen incentivos para la innovación, promuevan el comercio internacional, mejoren el acceso a variedades mejoradas para los consumidores, incrementen la productividad agrícola, apoyen la investigación”.

    ¡Alto ahí! muéstreme la licencia de su semilla

    Asimismo otra de las consecuencias que trae el artículo 241 de la Ley Ómnibus, es la apertura a la creación de “patentes” de semillas, o en otras palabras, la privatización de las genéticas en toda la República Argentina.

    Durante el gobierno de Mauricio Macri habían intentado sancionar la famosa “Ley de Semillas” que buscaba garantizar las condiciones para que Bayer y Syngenta se hagan del 90% de las patentes de las semillas. Con la adhesión a la UPOV los derechos sobre las semillas pasarían íntegramente a las corporaciones semilleras.

    Por ejemplo, si actualmente un pequeño/mediano productor/chacarero desea volver a utilizar parte de sus semillas de la cosecha de Soja y re plantarlas, estaría incurriendo en un delito. Actualmente esto se encuentra respaldado como el “derecho del agricultor” en la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas (1976).

    Esto atenta contra el desarrollo y la conservación de las semillas que han sido producidas de manera ancestral por las diferentes organizaciones indígenas y campesinas del país. No sólo por la pérdida de “diversidad biológica” debido al avance del monocultivo sino por la apropiación de la materia prima del alimento, que impactará en toda la cadena productiva y de comercialización.

    Vale recordar que el gobierno de Javier Milei ya había dado un paso en esa línea, cuando designó al frente del Instituto Nacional de Semillas (INASE) a Claudio Dunan, el ex gerente de Estrategia de Bioceres, la compañía que logró varios de los primeros cultivos transgénicos de la Argentina. Además al frente de la “secretaría de Bioeconomía” se encuentra Fernando Vilella, un nombre ligado a diferentes organizaciones del agronegocio e histórico decano de la Facultad de Agronomía de la UBA entre 1998 y 2006.

    Esta perjudica el trabajo de familias productoras de la Agricultura Familiar y permite mayor concentración en gigantes del agronegocio. Además, fomenta la extinción de variedades locales que han sido conservadas y circuladas por vecinos, y pequeños agricultores, como el tomate platense o el “duraznito de la Quebrada” en Jujuy, y cientos de variedades que se elaboran con el apoyo de Universidades Públicas y organismos estatales para la Agricultura Familiar.

  • Exaltación de la Cruz: Vivir con las fumigaciones a cuestas

    Exaltación de la Cruz: Vivir con las fumigaciones a cuestas

    En Exaltación de la Cruz existe una zona donde se registra un promedio de 46 casos de cáncer en 30 manzanas . Muchos saben las causas, pero los responsables acostumbran a callar: Desde hace 3 años duermen varias causas penales por fumigaciones que se realizaron sobre diversas escuelas del Partido, y que hasta ahora, no ha tenido avances en su investigación. En el medio, la vida de 29 mil vecinos y vecinas.

    A tan sólo 90 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, núcleo de los Tribunales y Estamentos judiciales más importantes del país, se encuentra Exaltación de la Cruz, un partido emplazado en el medio rural bonaerense, que se dedica a la explotación agropecuaria como principal fuente productiva.

    De 60 mil hectáreas que se destinan a la producción, 30 mil están dedicadas al cultivo de cereales y oleaginosas, de las cuales el 80% es la soja. Como sucede en la gran mayoría de los municipios bonaerenses, la actividad productiva no se condice con la calidad de vida de las comunidades: En el 2019, se realizó una encuesta en 280 hogares, de los cuales en 1 de cada 3, se presentaba un problema de salud en uno o más de sus miembros.

    Desde allí, hace tres años que pasea por diferentes fiscalías, una causa penal por una fumigación que se realizó en el año 2019 en la Escuela Primaria N°5 – Manuel Belgrano, ubicada en Parada La Lata y que todavía no ha tenido la instrucción pertinente para iniciar la investigación.

    Como si esto fuera poco, la escuela volvió a tener reiterados hechos de fumigaciones en sus inmediaciones, afectando seriamente la salud de alumnos y alumnas, docentes, directivos y vecinos de la comunidad. Además se han reiterado fumigaciones en diferentes localidades como Los Cardales, Capilla del Señor, Parada Robles, Etchegoyen, Parada La Lata.

    Hace un mes se volvió a repetir una nueva fumigación: Tuvieron que suspender las clases para evitar la intoxicación de la comunidad educativa. “Sabemos que desde el Municipio hay gente que dijo que habían exagerado y realmente no sé cómo tienen el tupé de siquiera opinar cuando no están haciendo nada para que esas pulverizaciones cesen”, sostuvo Anabel Pomar, vecina e integrante de Exaltación Salud a Desde La Raíz.

    A pesar de las normas, en Exaltación todo sigue igual

    Actualmente en Exaltación de la Cruz rige un amparo presentado por vecinos y vecinas, hartos de que su calidad de vida se deteriore día a día producto de las prácticas agrícolas. Allí, en 2019, la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Campana actuó y ratificó la medida presentada debido a que no estaban dadas las condiciones para vivir en un territorio sano.

    Es por eso que ordenó prohibir las fumigaciones, de manera terrestre, a 1000 metros de  todas las viviendas, escuelas, cursos de agua y algunas zonas de protección, y también se decidió prohibir las fumigaciones aéreas en todo el Municipio.

    Sin embargo el control se quedó en una simple acta: “Lo que estamos viendo es que hay productores que desconocen esa medida cautelar o le hacen caso omiso, como se registran en los videos que subimos”, explicó Pomar.

    Y agregó: “Realmente no se tendría que necesitar de una medida que especifique que no necesitas tirar veneno a los niños ni a las niñas. Pero si bien ellos lo necesitan, tampoco lo cumplen”.

    Asimismo, como sucede en otras comunas de la provincia de Buenos Aires, la comunidad exaltacrucense se organizó bajo el sello de Exaltación Salud para realizar un estudio de impacto ambiental de agua y suelo que les permita tener una precisión sobre la contaminación que se encuentran sufriendo debido a la exposición de las fumigaciones. Los mismos fueron realizados en los laboratorios de la Universidad Nacional de La Plata, con resultados catastróficos. 

    Allí se detectaron 6 agrotóxicos en el agua de red y de pozo; 14 en los suelos, entre los que se destacan la presencia de los químicos 2,4D (El cual afecta al sistema neurológico del ser humano), Glifosato (cancerígeno y perjudicial para el genoma humano), Atrazina (perjudicial para el sistema nervioso) y Cipermetrina (Agente endócrino), entre otros. Una de las muestras fue obtenida del suelo de la vereda de la Escuela Primaria N° 5.

    A su vez se realizó un cuestionario denominado “encuesta de desesperación”, el cual dio cuenta de las consecuencias que genera el modelo productivo en la salud de la gente. De 280 familias, en uno de cada tres hogares, había un problema de salud en uno o más de sus miembros. Como si esto fuera poco, se detectaron 46 casos de cáncer en un radio de 30 manzanas, una cifra promedio que al día de hoy aumentó a 50. 

    “Esta fue una encuesta que realizaron dos vecinas del lugar cansadas de enterarse que la gente se enfermaba y moría de cáncer. Fueron casa por casa, y fue presentado a la Municipalidad. Pero no pasó nada” contó Anabel Pomar. Mientras tanto, la vida continúa como si no pasara nada.

    Despertando a la justicia

    En los últimos meses el poder judicial acaparó la discusión pública en torno a su funcionamiento: Según una encuesta realizada por Proyección Consultores, el 78% de los y las ciudadanas consultadas evaluaron que el desempeño de la justicia es malo/muy malo. 

    En Exaltación no sólo consideran que su desempeño es muy malo sino que también es ineficiente. A la causa por la fumigación en la escuela Manuel Belgrano, se suma otro episodio, en Parada La Lata.

    Allí, una avioneta fumigó sobre la Escuela primaria 4 y la Secundaria técnica n° 1. Ese día, el fiscal  Juan Manuel Esperante de la Unidad Fiscal Descentralizada del Partido, no le quiso tomar la denuncia a Tania Medina, una de las madres de los niños y niñas que fueron afectados por las pulverizaciones. A esta, se sumaron otras denuncias penales por fumigaciones irregulares, sin tener algún avance concreto, por lo que el fiscal Esperante fue denunciado por mal desempeño de funcionario público. Todo siguió como si nada.

    La causa fue sorteada y recayó sobre el Departamento Judicial de Zárate-Campana, UFI nro. 1,a cargo del fiscal Jorge Gutiérrez, quien también durmió el procedimiento y fue denunciado por la misma irregularidad que Esperante. 

    Es por eso que el expediente fue a parar a manos de los fiscales Alejandro Irigoyen y José Luis Castaño, de la misma UFI, quienes hasta el momento no han logrado avances significativos en la investigación.

    “Queremos que entiendan estos fiscales, que esos delitos no son contra esa persona sola, sino que son delitos contra toda la sociedad, contra toda la comunidad, porque lo que están afectando es la salud colectiva del suelo, del agua”, explicó Pomar.

    Debido a esta situación, desde Exaltación Salud iniciaron una campaña de firmas para exigir que el Departamento Judicial de Zárate-Campana, UFI nro. 1, tomen cartas en el asunto y se pueda determinar, de una vez por todas, los culpables y sentar precedentes penales para evitar futuros ilícitos.

    Mediante la campaña se juntaron cerca de mil firmas de organizaciones y personas de todo el país, las cuales fueron anexadas a un petitorio que fue entregado en mano a los Fiscales, esperando que la causa llegue a buen puerto. 

    Aunque las causas no tuvieron avances significativos en la justicia, con el paso del tiempo, muchos vecinos y vecinas tomaron conciencia sobre lo que implican estas prácticas agrícolas para su salud. Exaltación Salud ya cumplirá 10 años desde su creación, y muchos integrantes destacan que su irrupción dentro de la comunidad, fue para bien.

    “La mayoría de la gente ya es consciente de lo que esto implica. En los pueblos como estos nos conocemos todos y todas, y acá si hay algo que se sabe es la cantidad de chiquitos y chiquitas que salen a buscar plata para pagar su tratamiento oncológicos o de leucemia. Ya hay bastante gente movilizada y esto va a seguir creciendo” concluyó Pomar.

  • Agroquímicos: Otro Municipio bonaerense detectó la presencia en suelo y agua

    Agroquímicos: Otro Municipio bonaerense detectó la presencia en suelo y agua

    La Convocatoria Ambiental de General Belgrano presentó el primer informe de impacto ambiental del distrito, en donde se recabaron muestras de suelo y agua que arrojaron la presencia de diferentes agroquímicos.

    El día viernes, la Convocatoria Ambiental de General Belgrano dio a conocer el primer informe de impacto ambiental del distrito, en el cual se recabaron muestras de suelo y agua que arrojaron la presencia de diferentes agroquímicos, tanto pesticidas como herbicidas, que atentan contra la salud de la comuna.

    En un trabajo coordinado desde hace un año, desde la Convocatoria se realizó un muestreo general en distintos puntos del partido, en coordinación con el INTA de Balcarce, y con certificación de una escribana pública, para demostrar ” procesos de movilización de plaguicidas en el ambiente por fuera de los sitios de aplicación”.

    “Desde la Convocatoria venimos peleando por el tema de las distancias y la reglamentación de las multas, que pueda entrar en funcionamiento, porque actualmente hay una ordenanza aprobada pero que todavía no se encuentra en vigencia” sostuvo Maximiliano Fourcade, integrante de la Convocatoria.

    Y agregó: “El Municipio siempre nos vio como un grupo de gente que les quiere complicar la vida, cuando nosotros siempre hemos sido lo más abierto posible. Nunca han querido colaborar con nosotros, ni se han abierto a poder armar cosas en conjunto. Muy pocas veces nos han dado un espacio, muchas veces porque se han visto obligados”.

    Plaguicidas detectados en el suelo y agua Belgranense

    Justamente desde la Organización plantearon, en primera medida, articular con la gestión de Osvaldo Mario Dinápoli para la realización del estudio, que pueda servir como un diagnóstico de la situación actual para atender problemáticas relacionas con la salud pública. “La carta que les enviamos nunca fue respondida. En base a eso comenzamos analizar las formas que podíamos tener de juntar fondos para llevar a cabo el estudio”, comentó Fourcade.

    De esta manera los vecinos y vecinas de General Belgrano se organizaron a través de rifas, colectas, y el aporte de una organización de Alemania que les permitió llegar a solventar los 120 mil pesos que costó la realización del estudio.

    Los agroquímicos detectados afectan a la salud

    A lo largo de un año, la comunidad organizada en la Convocatoria Ambiental, se dedicó a recabar la toma de 13 muestras de diferentes matrices ambientales (agua superficial, agua subterránea, suelo, sedimento y aire), las cuales fueron extraídas de sitios que no tienen relación alguna con la producción agropecuaria de la zona, destacando lugares como jardines de infantes, plazas públicas, balnearios públicos y escuelas.

    Los resultados fueron determinantes: En los muestreos se detectaron una variedad de 34 moléculas de plaguicidas en el total, en el cual 31 moléculas estuvieron presentes en muestras de agua, 12 en muestras de suelo/sedimento, y 6 en muestras de material vegetal.

    Una de las muestras recavadas en la Escuela de Mariano Moreno

    “Las muestras de agua representan la matriz ambiental en la que se detectó una mayor variedad de las moléculas de plaguicidas. La mayor parte de las moléculas detectadas corresponden a herbicidas, siguiendo en menor medida insecticidas y fungicidas”, indica el informe difundido por la Convocatoria Ambiental de General Belgrano.

    En ese sentido, los agroquímicos que se detectaron en mayor medida, fueron el glifosato y su principal producto de degradación, el metabolito AMPA, aunque también se registró la presencia de Atrazina (69%) (agua y suelo/sedimento), Epoxiconazol (54%) (agua, suelo/sedimento y aire), Glifosato (54%) (agua, suelo/sedimento y aire), AMPA (54%) (agua, suelo/sedimento y aire) y Pirimicab (54%) (agua y suelo/sedimento), Atz-OH (46%) (agua y suelo/sedimento), y Acetoclor (46%) (agua y suelo/sedimento).

    Estos químicos al exponerse al contacto o relación con el ser humano pueden ser causantes de graves daños en el sistema nervioso, por lo que se anunció con gravedad la presencia de estos elementos en lugares que son de uso común para toda la comunidad de General Belgrano.

    Una realidad que afecta a toda la Provincia

    Desde la Convocatoria aclararon que “los límites de exposición representan cantidades debajo de las cuales es posible estar expuestos a determinada sustancia sin sufrir efectos adversos”, sin embargo advirtieron que existen “inconvenientes con los límites críticos de exposición”.

    “No existen límites definidos para evitar la exposición y toxicidad crónica a largo plazo, es decir la que produce enfermedades que se desarrollan con el tiempo luego de que el organismo fue expuesto una o repetidas veces al plaguicida. Numerosos plaguicidas son capaces de generar efectos nocivos a la salud a muy bajas dosis. Puede decirse que no hay dosis mínima debajo de la cual haya seguridad de no desarrollar una enfermedad cuando se está expuesto a estos agroquimicos”, indicaron en el informe.

    Esta es una de las tantas realidades que están aquejando a los distritos bonaerenses de la Provincia, que luego de casi 30 años de implementación del paquete tecnológico y el corrimiento de actividades económicas primarias (principalmente el reemplazo de la ganadería por el cultivo de soja y maíz), está comenzando a presentar consecuencias para la salud de sus comunas.

    Además, en conjunto con la comunidad de Baradero, General Belgrano se transformó en uno de los primeros Partidos en generar su propio estudio de impacto ambiental, una iniciativa que en todos los lugares fueron motivadas y movilizadas por la comunidad en su conjunto.

  • Es hora de rever la ley provincial de agroquímicos

    Es hora de rever la ley provincial de agroquímicos

    Actualmente, la ley provincial Nº 10699 que regula el uso y la aplicación de agroquímicos contiene algunos puntos que se encuentran desactualizados. Mientras tanto, en los últimos 34 años la situación en el interior de la Provincia atenta contra la salud de millones de bonaerenses.

    Articulo publicado en CodigoBAIRES

    La ley provincial 10699 contiene un carácter de regulación en el uso, aplicación y receta de los agroquímicos para la producción que es “bastante abarcativo” según precisiones de diferentes ingenieros agrónomos. Y aunque tiene algunos artículos que se encuentran bien planteados, el paso de estos 34 años y la expansión del modelo del agronegocio, hacen que la situación actual sea un contexto de urgencia para rediscutir sus reglamentaciones.

    En principio hay que destacar que la provincia de Buenos Aires tiene un régimen de exportación de granos muy importante para la matriz productiva del país: Es la tercera provincia exportadora de granos, por detrás de Santa Fé y Córdoba.

    Asimismo, según el censo agropecuario del INDEC realizado en el 2018, el 27% de la superficie de la Provincia se encuentra abocado a la siembra de todo tipo de granos y oleaginosas, entre las que se destacan la Soja, el Maíz y el Trigo, y de los cuales más del 90% de los cultivos se ven expuestos al uso de químicos para el control de plagas, malezas y hongos.

    Datos relevados del Censo Agropecuario 2018 del INDEC

    Además hay que tener en cuenta que el modelo de producción de granos en el territorio bonaerense ha ido avanzando en territorios donde antes primaba otro tipo de producción económica, como lo es la ganadería, sobre todo en la zona centro y sur de la Provincia.

    Actualmente, el contexto socio económico del país invita al desarrollo de las actividades económicas primarias, teniendo en cuenta que el ingreso de divisas es la mayor necesidad que tiene el Gobierno, y que el agronegocio, es la vía más fácil para obtenerlo.

    Si a eso le sumamos que el 24 de febrero de este año, tropas Rusas irrumpían en territorio ucraniano lo que daría inicio a la guerra entre los países balcánicos, que afectaría entre otras cosas, al mercado mundial de alimentos, se presenta para el país una oportunidad única de posicionarse en el mercado global de granos. ¿Pero a costa de quién?.

    En los últimos meses, diferentes asambleas locales de los distintos partidos del interior bonaerense han alzado su voz en un carácter de hartazgo, advirtiendo que la exposición al uso de agroquímicos se ha incrementado y “que no se aguanta más”.

    El caso más emblemático de los últimos meses se dio en la ciudad de Baradero, que casualmente es una de las ciudades de Buenos Aires que no cuenta con una reglamentación local para la aplicación de agroquímicos, en donde se observó la presencia de glifosato en la orina de 8 chicos, chicas y docentes de la Escuela Rural Nº 8.

    “Hemos vivido situaciones donde han fumigado mientras los chicos están en el recreo. Yo ya hice varias denuncias, pero no pasó nada, nada les importa, es como si nosotros fuéramos los loquitos anti veneno y la verdad que da bronca porque está a la vista la situación”, describió a este portal la docente e integrante de la Red Federal de Docentes por la Vida, Paola Kruger.

    ¿Qué pasa con la ley actual?

    La ley provincial Nº 10699 faculta al ministerio de Desarrollo Agrario a regular “la elaboración, formulación, fraccionamiento, distribución, transporte, almacenamiento, comercialización o entrega gratuita, exhibición, aplicación y locación de aplicación” de los diferentes agroquímicos, en articulación con otras carteras, como el ministerio de Salud.

    Esta fue una ley reglamentada en el año 1988, previo a la llegada e instalación del paquete tecnológico (en 1994), que intensificó el uso prolongado de pesticidas: Según la ONG Naturaleza de Derechos, en 1996 se comenzó a utilizar 4 lt de herbicida por hectárea, mientras que en 2018 se utilizaron 13 lts por hectárea, teniendo un aumento de más del 300% en dos décadas.

    En el artículo 38 del decreto reglamentario de la ley, se establece que las empresas aplicaderas “deberán operar a una distancia no menor de 2000 metros de centros poblados, no pudiendo sobrevolarlos aun después de haber agotado su carga”. Sin embargo, es una mera formalidad.

    “Los municipios como el Estado en su gran mayoría no cumplen porque no tiene suficiente capacidad de poder de policía, no tiene un suficiente volumen de personas que puedan reglamentar ese uso”, sostuvo la ingeniera agrónoma Carmela Di Leo, quien además comentó que muchas veces el Colegio de Ingenieros Agrónomos oficia de ayuda para el Estado Provincial, pero “no se da abasto” con la situación.

    Aquí hay que tener en cuenta un dato central: Las ordenanzas municipales pueden contrarrestar la reglamentación provincial, y establecer un límite de aplicación mucho mayor o menor, según las condiciones del ecosistema local. Por ejemplo, el municipio de Tres Lomas estableció una zona de exclusión para la aplicación aérea de 1500 mts, mientras que en zona terrestre, existe una limitación de 300 mts al rededor del ejido urbano de la localidad.

    Actualmente existe una ley de envases vacíos en la Provincia que no se respeta, lo que hace que se arrojen residuos químicos por cualquier lugar.
    Actualmente existe una ley de envases vacíos en la Provincia que no se respeta, lo que hace que se arrojen residuos químicos por cualquier lugar.

    Sin embargo, muchas veces se corre de lado a los profesionales encargados de la materia, para la sanción y aplicación de los químicos. Como cuenta Di Leo, en muchos lugares de la provincia, son las cámaras de aplicadores y productores de insumos químicos las que delimitan su uso, llegando a permitir la aplicación de un herbicida sin receta agronómica ni matrícula vigente.

    “Estamos hablando de empresas grandes que se dedican a la aplicación de agroquímicos que no contemplan. Las personas que están capacitadas y formadas para el trabajo en la producción agropecuaria, no están al frente de esto”, sostuvo Di Leo.

    A esto se suma la idiosincrasia de las localidades, en las cuales conviven en armonía el poder municipal con los productores de granos, la Sociedad Rural o los pooles de siembra, que hace que sea una discusión prohibida la reglamentación de la actividad.

    Es urgente incluir en la ley una perspectiva de salud pública

    Todos los integrantes de las asambleas de vecinos denuncian un mismo modus operandi: Con el correr de los años, crecen las consultas con los profesionales de la salud que tratan enfermedades en el sistema nervioso. No es casualidad: En la receta de los agroquímicos se describe como efecto adverso que la constante exposición produce daños irreversibles a la salud.

    “Lo que si vemos, y personalmente me da la sensación, que están falleciendo personas de edad por debajo de los 60 años, de manera que me llama la atención. Hay una situación sanitaria que merece ser estudiada”, denunció el presidente de la Alianza Clima, Vida y Salud de Lobos, Marcelo Vasaro, quien hace 3 meses informó que detectaron 17 tipos de agroquímicos en el agua de lluvia de la ciudad de Lobos.

    Hasta ahora, desde el ministerio de Salud no existe un programa que vaya en esta línea y esté apuntado de lleno a involucrarse en la atención primaria en el interior de la Provincia, y por el contrario, queda a merced de los distritos locales. Un caso testigo es lo que sucede en Pergamino.

    Actualmente hay una ordenanza que se encuentra cajoneada, que insta al municipio a realizar un registro de tumores en el partido, mediante la articulación con el HIGA San José de Pergamino, y que no se pone en funcionamiento “por temor a que se conozca la realidad”.

    La abogada Sabrina Ortiz, integrante del colectivo Paren de Fumigar Pergamino, comentó que existe un barrio en la Ciudad que tiene “50 casos de cáncer alrededor de 8 manzanas”. “Este tipo de relevamiento lo ha hecho una docente que es querellante en la causa federal inicial que es la primera que se dio en Pergamino, donde ella y todos sus integrantes, los cuatro integrantes de la familia tenían cáncer”, mencionó la Abogada.

    En esa línea, Carmela Di Leo insistió en que el debate se tiene que dar, no priorizando un interés sobre otro, sino propiciando una articulación de todos los sectores que involucran el tratamiento de los agroquímicos.

    “En los distintos actores de la aplicación, si están linderos a las ciudades, interviene el actor humano. ¿Y quién es responsable del humano?, un médico y el sistema de salud pública que puede detectar lo que le pasa a una persona en relación a los agroquímicos”, argumentó la Ingeniera agrónoma.

    Si al análisis sumamos que el modelo del agronegocio está en expansión, es imprescindible fomentar un nuevo debate sobre una ley provincial de agroquímicos, que primero obligue a los municipios a establecer sus propias ordenanzas de aplicación, pero que además incluya una perspectiva de salud pública.

    Es ideal que la salud sea abordada desde la prevención, y no desde la atención en su segundo y tercer nivel de complejidad, porque en la gran mayoría de los casos, llega tarde. Y mientras tanto la gente, en el interior bonaerense, está acortando su nivel de vida.

     

  • Detectaron 17 tipos de agroquímicos en el agua de lluvia de Lobos

    Detectaron 17 tipos de agroquímicos en el agua de lluvia de Lobos

    El INTA informó que se detectaron 17 moléculas de agroquímicos en el agua de lluvia de la ciudad bonaerense de Lobos. El presidente de la Alianza Clima, Vida y Salud, Marcelo Vasaro, sostuvo que la situación es preocupante.

    El viernes por la tarde, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), informó que se detectaron 17 moléculas de diferentes agroquímicos en el agua de lluvia de la ciudad bonaerense de Lobos. Las muestras fueron recabadas por diferentes organizaciones políticas y de la sociedad civil, que participan en el estudio.

    Al respecto, el presidente de la Alianza Clima, Vida y Salud de Lobos, Marcelo Vasaro, indicó que estos datos no hacen más que confirmar, científicamente, que el efecto “deriva” existe y que hay una situación de salud pública en la localidad, que merece ser atendida.

    “Aquello que siempre nos dijeron de que ‘no teníamos que preocuparnos porque los productos que se usaban en el campo quedaban en el campo’, no es así. Hoy (los agroquímicos) están en la planta urbana de cualquier ciudad de las provincias donde la producción agropecuaria se practique” explicó Vasaro.

    Hay que tener en cuenta que, desde diciembre de 2021, diferentes organizaciones civiles, sociales y políticas se nuclearon bajo el sello de Aporte Por el Ambiente de Lobos (APAL), desde donde vienen impulsando diferentes estudios socioambientales de la zona para recabar datos científicos.

    En este caso, ya habían realizado dos muestreos previos, donde lograron confirmar la existencia de diferentes tipos de agroquímicos tanto en el agua de red, como en los pozos de agua comunes, lagunas aledañas, sedimentos, suelo y materia vegetal.

    El dato más alarmante es que se detectó, en el pozo de agua de la red pública, una presencia importante del químico 24D, que se utiliza en el ámbito del agronegocio como herbicida para combatir las malezas en los monocultivos de soja. Este químico, fue el que entre otras cosas, utilizó Estados Unidos en la guerra con Vietnam, para la quema de los campos de cultivo de arroz, algo que fue denominado como “crimen de lesa humanidad” por las consecuencias que causó en las comunidades vietnamitas.

    “En el segundo muestreo no obtuvimos los mismos niveles de presencia en los agroquímicos debido a que no pudimos muestrear el pozo de agua de la red pública donde fue hallado el alto nivel de 24D, ya que el Municipio nos imposibilitó la habilitación para volver a tomar las muestras” detalló Vasaro.

    Cabe destacar que el intendente de la localidad de Lobos, Jorge Etcheverry, es ingeniero agrónomo y además fue presidente de la Sociedad Rural de Lobos, una zona que desde la llegada del paquete tecnológico en la década de los 90, destinó el 50% de su producción agrícola a la cosecha de soja.

    Entre las moléculas detectadas en el agua de lluvia, se encuentran los herbicidas Acetoclor, Atrazina, Imazetapir, que en la exposición a grandes dósis, producen serios deterioros en el sistema nervioso del ser humano. Además se encontraron moléculas de Carbaril, Pirimicarb y Acilalanina, entre otras.

    Los agroquímicos son una cuestión de salud pública

    Vasaro comentó que, desde APAL, comenzaron a reunirse luego de que el Colegio de Ingenieros Agrónomos haya presentado dos proyectos de ordenanza, para establecer un límite geográfico para la aplicación de agroquímicos y una “transición del Municipio hacia la agroecología”.

    “El Concejo Deliberante tomó una iniciativa de convocar a las organizaciones o a los vecinos de Lobos que le interesara este tema, para generar unas reuniones de consulta. Lo que allí propusimos desde las organizaciones fue suspender, de alguna manera y por un tiempo, el tratamiento de las ordenanzas y avanzar en los estudios y monitoreo para tener datos concretos sobre la situación y no legislar sobre supuestos” explicó el presidente de la Alianza Clima, Vida y Salud de Lobos.

    Detectaron 17 tipos de agroquímicos en el agua de lluvia de Lobos
    Vecinos nucleados en APAL, tomaron las muestras de manera voluntaria

    A partir de allí, el Concejo suspendió la aprobación del paquete de leyes, aunque tampoco se mostró plausible a atender la demanda de la sociedad civil. Es por eso que, mediante diferentes mecanismos de autogestión, pudieron reunir los fondos necesarios para pagar los estudios de impacto ambiental orientado en la presencia de agroquímicos.

    En ese sentido, no existe actualmente, una intervención por parte del sistema de salud público, que permita comenzar a recabar información sobre el impacto que tiene la presencia de los químicos en la salud de los y las lobenses.

    “Lo que si vemos, y personalmente me da la sensación, que están falleciendo personas de edad por debajo de los 60 años, de manera que me llama la atención. Hay una situación sanitaria que merece ser estudiada” comentó Vasaro al respecto.

    Y sentenció: “Ni hablar en los casos de hipotiroidismo que, son muchísimos los casos que se han producido en los últimos años”.