El Gobierno nacional está agravando la situación de los organismos como el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS Malbrán). Con el argumento de “la reestructuración de estos organismos”, se generan fuertes consecuencias sus funciones científicas, tecnológicas y sanitarias.
Entre 2023 y 2026, el sistema científico registró una reducción del 14% en la planta de investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet). La cantidad de personas dedicadas a la investigación en ese organismo pasó de 11.079 en noviembre de 2023 a 9.500 en febrero de 2025 (13,6%). A ese dato se suma personal que se encuentra trabajando en universidades del exterior con licencia de hasta dos años, sin renuncia formal.
En el mismo período, el presupuesto en ciencia y técnica se redujo 95% en términos reales y el financiamiento de becas cayó 39%. Se registra salida de profesionales formados en el sistema público.
En el SMN se registraron 140 despidos de personal técnico, incluidos meteorólogos y especialistas en monitoreo y pronóstico.
Asimismo en el INTI se dieron de baja más de mil servicios industriales vinculados a certificaciones, asistencia técnica, ensayos y control de calidad. También se cerró el área de Metrología Legal y se dispuso su transferencia al sector privado.
Por su parte se aplicaron recortes en la CNEA en becas de investigación y desarrollo que derivaron en la paralización de proyectos en áreas nuclear, energética y médica. La situación fue señalada por 94 jefes del organismo junto a gremios del sector.
En la ANLIS Malbrán se implementó una reestructuración con cierre de áreas, fusión de dependencias y disolución de institutos, incluido el Instituto Nacional de Medicina Tropical. También se registraron despidos de personal en distintas provincias.
Desde la Mesa Federal de CyT, explicaron que a esto “se suma el ataque a las Universidades Nacionales, encabezado por el Secretario de Políticas Universitarias Alejandro Álvarez. El gobierno nacional ha demostrado una actitud irresponsable y obstructiva al incumplir la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente, sancionada originalmente por el Congreso en 2024, vetada en su totalidad mediante el Decreto 879/2024 y luego reafirmada por el Congreso de la Nación durante 2025”.
Y agregaron: “El Poder Ejecutivo promulgó la ley de manera condicionada, subordinándola a la disponibilidad presupuestaria y alegando metas fiscales inexistentes. La resistencia del Gobierno Nacional a cumplir con la Ley, a pesar del fallo en su contra por la Justicia Federal en marzo de 2026 que ordenó su ejecución plena, refleja un desprecio deliberado por la educación pública, priorizando ajustes fiscales sobre el sostenimiento de las universidades nacionales”.