El 5 de septiembre el Consejo Federal Pesquero estableció las nuevas capturas de pesca de merluza Polaca, Merluza Negra y Merluza de Cola que se destinarán a empresas pesqueras por 15 años. Días después estalló una polémica por supuestas “coimas” para direccionar las capturas de merluza hubbsi a la provincia de Santa Cruz.

El escándalo dio tela para cortar desde el gobierno para apuntalar cañones contra la industria de la pesca argentina, y no es la primera vez que el sector es atacado por la gestión de Javier Milei. Ya estuvo el intento de modificar el Régimen Federal Pesquero dentro del proyecto de ley ómnibus que envió el Ejecutivo al Congreso, y que no obtuvo ni un solo voto positivo.

Desde algunos sectores de la industria pesquera nacional advierten que podría ser una maniobra más del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, para intervenir al sector. El objetivo: abrir las aguas a flotas extranjeras a través de licitaciones internacionales, algo prohibido hoy por la Constitución Nacional. “No van a poder con la pesca argentina”, dijo el Secretario General de la Asociación Argentina de Capitanes, Pilotos y Patrones de Pesca, Jorge Frías.

Una industria pesquera desconocida es la mejor excusa para romperla

La política de explotación de recursos naturales se ha profundizado más desde el cambio de gobierno. De apostar a la industria, ahora el eje está puesto en la primarización de la economía, rebobinado décadas y aterrizando en el siglo pasado cuando Argentina se convirtió en “el granero del mundo” por la masiva exportación de materia prima y la falta de industria para generar valor agregado.

La industria de la pesca nunca fue la excepción. Alrededor de 500 flotas de bandera argentina extraen los recursos del mar y el 90% de todo lo capturado, se exporta en manos de 30 grupos del empresariado nacional- y extranjeros con empresas radicadas en Argentina- que generan alrededor de 1.700 millones de dólares.

La situación laboral en la industria es penosa y la realidad es muy desigual entre quienes trabajan y quienes invierten; de 100 mil puestos de trabajo, apenas unos 25 mil están registrados, según el Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial. Inestabilidad laboral, trabajo de riesgo y condiciones malas de trabajo que muchas veces, ponen en riesgo la vida de los tripulantes, son algunos de los problemas que tiene el sector.

Sin embargo, es un problema que la industria acarrea desde hace años y no fue debatido en ningún gobierno. De repente pareciera haber interés en debatirlo y el Ministro de Desregulación y Transformación del Estado Federico Sturzenegger, se presenta como candidato.

«La Argentina tiene un mar lleno de peces (donde) hay unas pocas empresas que pescan gratis los peces de todos nosotros, de lobbyies y de un adormecimiento de la sociedad durante cincuenta años”, dijo Sturzenegger el 14 de febrero de este año cuando ponía todas las fichas en su proyecto de Ley Ómnibus. Sin embargo, la propuesta de Sturzenegger no pareciera ir acorde a sus preocupaciones. Fiel a su estilo; propone riendas sueltas para cualquier empresa extranjera que quiera venir a pescar al mar argentino.

“Si avanzaba el planteo de Sturzenegger, la industria pesquera iba a desaparecer, y con ella también los capitanes de barco, empresarios, trabajadores, biólogos y estudiantes. De querer avanzar con esto va a haber un frente de defensa. No lo vamos a permitir fácilmente”, aseguró Frías. El panorama de 500 barcos navegando por el río Paraná no es un escenario que descarta Frías como medida de fuerza si se llega a “agotar el diálogo”.

¿De qué se trata el esquema de licitaciones internacionales?

En 1997 surge el Régimen Federal Pesquero que funcionó como ordenamiento para toda la industria pesquera. Dentro de algunas cosas que estableció el régimen está la de la representatividad del Consejo Federal Pesquero, y la administración del recurso a través de Cuotas Transferibles Individuales de Captura (CITC). Las mismas deben ser repartidas entre empresas radicadas en territorio nacional. Mediante las CITC el objetivo es “garantizar la sostenibilidad de la especie, distribuyendo las cuotas de captura de manera equitativa entre los buques que tienen antecedentes en la explotación de esta especie.” ( Resolución CFP Nro. 21/2009

Las cuotas las estipula la Ley Federal de Pesca, lo resuelve el Consejo Federal Pesquero compuesto por el Poder Ejecutivo y las cinco provincias del litoral marítimo, y lo controla la autoridad de aplicación que es la Subsecretaría de Pesca de la Nación. La modificación principal que intenta hacer el gobierno en el Régimen Federal Pesquero es la asignación de cuotas de captura por licitaciones y no por historia (el antecedente de pesca y lo que invierte en la economía argentina) que es el modelo actual por el cual se ordena la industria pesquera.

Las licitaciones permitirán a cualquier flota de cualquier nacionalidad ingresar a la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA) para extraer los recursos ictícolas del mar argentino, violando la Constitución Nacional, la Convemar (Convención sobre Derecho del Mar) y el artículo 25º del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales, Culturales, Civiles y Políticos (16/12/1966).

Además, la figura de las licitaciones rompería con las condiciones que establecen las cuotas como: el desembarco de capturas en puertos argentinos, el procesamiento en plantas radicadas en el país ( o en el mismo buque para el caso de los pesqueros factoria), las regalías y tributos a las arcas nacionales, la obligatoriedad de exportar el producto al cambio oficial, la contratación de tripulación argentina.

Algunos dicen que es absurdo el planteo de Sturzenegger. Incluso el rechazo del modelo de licitaciones fue a nivel mundial: de los 22 países pesqueros que utilizan cuotas individuales 20 realizaron la asignación por la historia y solo dos licitaron (Rusia y Estonia), pero fue tal el fracaso de ese sistema que lo eliminaron.

En el caso de Chile, actualmente el 85% de las licencias se otorgan basándose en criterios históricos, y un 15% mediante licitaciones. Esta práctica ha sido criticada desde el mundo artesanal por no incorporar criterios técnicos adecuados, lo que ha contribuido a la sobreexplotación y al colapso de muchas pesquerías, con un alarmante 53% en esta situación según el último informe de la Subsecretaría de Pesca.

¿Quién defiende lo que no conoce?

De lo que va del año ya se cuotificaron tres especies distintas. En los próximos días se reasignará la cuota de la especie más importante para el sector por los próximos 15 años: la merluza hubbsi. “El gobierno se equivocó”, cuestionó Frías. “No era necesario que se genere este escenario de terror contra la industria. Si (Sturzenegger) entendía que el pago por la cuota de pesca de cierto recurso era baja tenía que discutir eso y punto”, aseguró.

Sus planteos pusieron en duda el rol del Consejo Federal Pesquero, el órgano que regula dónde, cuándo y cómo se pesca. Si se modifica el artículo 8 de la ley de pesca, como el oficialismo propone, éste queda absuelto de autoridad de aplicación frente a la administración, monitoreo y ejercicio de cumplimiento de las cuotas de captura.

Sin embargo, el órgano requiere de mayores grados de representatividad de ciertos sectores. “Hay representantes de las provincias pero no de trabajadores, sólo a través de la figura consultiva pero que no alcanza”, dice Frias. “Muchas veces los subsecretarios de pesca han operado directamente para las empresas”, cuestionó.

La informalidad en la industria, la radicación de empresas internacionales en suelo argentino para recibir cuotas de pesca, o el nulo interés de que el pescado sea un consumo accesible para los argentinos, son algunos de los problemas que se callaron muchos años.

Pareciera que la estrategia del gobierno es apuntar los errores que la industria pesquera argentina viene acarreando hace años, con gobiernos que hicieron oídos sordos y un empresariado nacional que se acomodaba de acuerdo a sus beneficios de forma sigilosa. El hermetismo de esta industria le jugará en contra a la hora de defenderla?