Con un gobierno decidido a atraer dólares a cualquier costo, la minería volvió al centro de la agenda económica nacional. En Mendoza, el cobre pareciera ser la nueva promesa: lo llaman el “oro verde”, el “mineral clave para la transición energética”. Los funcionarios y empresarios repiten que para que Argentina salga de la crisis, es necesario sacar provecho de los minerales que tenemos, y para ello se necesitan inversiones de grandes empresas capaces de generar exportaciones rápidas.
Hoy, miércoles 26 de noviembre, la Cámara de Diputados de Mendoza aprobó el Proyecto megaminero San Jorge, a instalarse en Uspallata. La Legislatura discutió la Declaración de Impacto Ambiental y le dió vía libre con 31 votos contra 13.
“No hay muchas esperanzas. Tienen los votos positivos en las cámaras y no quieren escuchar al pueblo”, había declarado a Desde la Raíz la semana pasada Ana Llanos, integrante de Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata. “Se viene otro Mendozazo”, manifestó, en referencia a aquella enorme protesta social ocurrida en 1972.
Este mes, impulsado por el 55% de los votos en las últimas elecciones, el gobierno mendocino presentó en su Legislatura un paquete de leyes para promover la minería a gran escala. Además de San Jorge, incluyó una nueva Ley de Regalías, un Fondo Compensador Ambiental -que apunta a que el Estado se haga cargo de daños y desastres ambientales cuando los responsables se declaren “insolventes”- y la creación de los distritos mineros Malargüe II y III.
“Hay una ventana de oportunidades y no debemos dejarla pasar”, afirmó el gobernador Alfredo Cornejo en la Argentina Mining 2025, “Podemos generar riqueza, elevar salarios y mejorar la calidad de vida”, aseguró. Sin embargo, la situación es bastante más compleja. En un contexto de alianzas con Estados Unidos, presión internacional por minerales para la transición energética, la promesa presidencial de derogar la Ley de Glaciares y la alineación de los gobernadores a la llamada Mesa del Cobre, lo que se discute no es sólo la explotación en un yacimiento (que ya fue rechazada hace 14 años) sino el rumbo de la política minera en todo el país.
A pesar de que la narrativa oficial celebra la reactivación de la actividad minera como un signo de desarrollo, las decisiones están lo suficientemente condicionadas por intereses externos como para dudar si generará un desarrollo provechoso para nuestro propio país.
El resurgimiento de San Jorge y el riesgo ambiental
La reactivación ocurre en paralelo a los beneficios extraordinarios que ofrece el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y las libertades que otorgaría la derogación de la Ley de Glaciares. Ahora bien: ¿Qué quedará para las provincias y para el pueblo si las mayores ventajas son para las empresas?
Históricamente, la tierra de los cultivos de la vid le ha negado el ingreso a los proyectos mineros. Es la provincia conocida por lograr la 7722, la emblemática ley en defensa del agua, sancionada en 2007. También lograron gran repercusión en 2019, cuando la Legislatura aprobó una modificación pero luego de masivas movilizaciones, el gobernador, por entonces, Rodolfo Suárez, tuvo que derogar. Esta historia quedó registrada en el documental HAM, Historia del Agua de Mendoza.
“Ahora estamos en una realidad muy distinta. Hay más hambre, muy poco trabajo y realmente tenemos un gobernador que es mucho más psicópata que el anterior. No escucha a nadie, te mete preso”, definió Ana Llanos desde Uspallata.
Rebautizado como PSJ Cobre Mendocino, San Jorge fue aprobado y va directo al Senado con todo el viento a su favor. La sesión fue realizada con protestas en la calle y amplio descontento popular, que busca impedir la construcción de la mina a sólo 37 kilómetros del pueblo de Uspallata, y a 97 de Mendoza capital.
San Jorge es un proyecto de minería a cielo abierto, para la exploración y explotación de cobre en un yacimiento a más de 2500 mts de altura. La firma está integrada por capitales suizos (Zonda Metals) y el Grupo Alberdi de Argentina. La minería metalífera (cobre, oro, plata o litio en roca dura) a cielo abierto, suele ser la más contaminante. Este tipo de explotación requiere remover enormes volúmenes de roca mediante excavaciones y uso intensivo de explosivos. Uno de los mayores riesgos ambientales es el polvo tóxico que genera, cargado de metalales y particulas tóxicas que se dispersan con el viento. Además, el cuando los minerales sulfúricos se exponen al aire y al agua, reaccionan produciendo ácido sulfúrico, que termina contaminando rios y acuíferos durante décadas.
Amparándose en que la separación de los minerales -para la que se utilizan millones de litros de agua y sustancias tóxicas como el cianuro- se hará posterior a la extracción, el proyecto asegura estar dentro del marco de la Ley 7722. Sin embargo, Jorge Difonso, opositor entre los diputados, dijo: “Hay medidas judiciales pendientes contra este proyecto. Hay dudas sobre las medidas de contención en las rutas. Este proyecto no cumple con la 7722 porque no se consultó a las comunas río abajo de la cuenca”.
El engaño de la promesa laboral
Uno de los argumentos más repetidos por el Gobierno provincial y nacional es el del empleo. Aseguran que San Jorge generaría alrededor de 3.900 puestos de trabajo directos e indirectos durante la etapa de construcción y, una vez en marcha, unos 2.400 puestos en la fase de operación.
“Son números inventados, si pudieran decirlos de verdad redondearían a 4000, pero saben que están muy alejados de eso”, asegura Ana Llanos, asambleísta de Uspallata, quien confiesa además haber tenido que estudiar muchísimo desde que decidió oponerse a la minería.
En el valle, el trabajo escasea y estas cifras funcionan como un anzuelo. “La falta de trabajo es real, pero es una necesidad que la fueron creando, de a poco, desfinanciando otros sectores y ahogando las economías locales”, menciona Ana.
La industria minera no se caracteriza justamente por dar trabajo. Según un informe reciente del Ministerio de Economía, la minería representa el 0,6% del empleo del sector privado en Argentina. A nivel mundial, la minería representa menos del 0,5% de la fuerza laboral, según un informe de la Organización Internacional del Trabajo. Una mina puede mover millones de dólares sin requerir una gran cantidad de trabajadores.
Sea el número que sea, de ningún modo los puestos de trabajo podrían garantizar un cambio estructural en la economía local. Muchos de ellos son puestos temporales, duran lo que demora la construcción de la mina, trabajos en la mejora de caminos, por ejemplo, perforaciones, tendido eléctrico y alambrado, mientras que los trabajos necesarios para la operación de la mina son altamente especializados y, por ende, ocupados en su mayoría por profesionales que no son de Uspallata ni de la zona. Por eso, la discusión no es sólo por la cantidad de empleos, sino por la calidad: quiénes los ocupan y por cuánto tiempo.
En este contexto es preciso pensar: ¿Qué pasará con la economía local una vez que la mina se retire? ¿Qué es lo que se entrega y a cambio de qué con proyectos así? En un valle y en una provincia donde el agua es realmente muy escasa y delimita sin exagerar la vida misma, no puede arriesgarse por falsas promesas.
Persecusión y criminalización
Hace meses que vecinos, asambleístas y militantes exponen las consecuencias sociales y ambientales del proyecto. Además, denuncian persecución judicial y violencia policial por participar de movilizaciones y marchas. La situación ha ido escalando el nivel de violencia y de conflicto social. “Se viene otro Mendozazo”, dijo Ana Llanos.
Todo comenzó el 24 de enero de este año, cuando el intendente del departamento de Las heras, organizó en Uspallata un acto para la apertura de una sede de la Cámara de Proveedores Mineros. Su presencia contó con la participación de un grupo de trabajadores de la UOCRA, lo que fue interpretado por los vecinos como un acto de prepotencia y no tardó en generar conflictos.
“El intendente no viene nunca. De pronto llegó con 120 muñecos, armó un escenario en medio de la calle. La gente se empezó a amontonar, no entendíamos nada. En seguida nos atacaron, nos golpearon, a un compañero le rompieron el tabique en tres partes, casi lo matan a piñas. Lo salvé yo con un matafuegos que pude rescatar de mi negocio”, contó Mauricio Cornejo, integrante de la asamblea Valle de Uspallata, quien comparte con el gobernador, únicamente, su apellido.
Un mes más tarde, a Mauricio lo fueron a buscar a su casa y lo detuvieron durante 23 días. También fue detenido Federico Soria. “Nos acusan de ecoterrorismo, de pertenecer a una agrupación dedicada a la coerción ideológica mediante el miedo y el terror”, contó en diálogo con DLR Mauricio.
A la única agrupación que pertenece Mauricio, es a una asamblea en su comunidad que, en defensa del agua, se oponen a los proyectos mineros. Desde entonces hasta la fecha, han sido criminalizados, acusados en base a un artículo del Código Penal incorporado por la dictadura militar y que jamás se había utilizado antes en la provincia de Mendoza.
Sin embargo, este no fue el único evento de violencia que vivieron los vecinos. Hace un mes, el 23 de octubre, fueron detenidos dos manifestantes durante una protesta en la Legislatura. Liza Rule Larrea y Martín Iglesias fueron imputados por “resistencia a la autoridad y daños agravados”.
Martín fue arrastrado por la policía 40 metros hacia dentro la Legislatura, donde lo golpearon y lo dejaron tirado en un rincón. Por su parte, Rule pasó más de 50 horas en la Comisaría Séptima “en condiciones infrahumanas”, según declaró. “El jefe del operativo argumenta que empujamos una valla que le hizo un rasguño de 1 cm del dedo anular de la mano izquierda. Están buscando pruebas de eso”, contó Liza, una bailarina de Mendoza que meses atrás se había hecho conocida por realizar un baile a 60 metros de altura ondeando la bandera argentina, en los festejos por el 25 de mayo.
“Vamos a seguir peleando por defender el agua y nuestros pueblos, porque ya tenemos muchos ejemplos donde la minería no sirvió para nada, muy por el contrario. El caso del pueblo Jáchal en San Juan, es uno, o el caso de Chuquicamata, una de las minas más grandes de cobre en Chile”, insistió Mauricio Cornejo, entendiendo que hoy en la provincia él y sus compañeros son presos políticos.
La ley de Glaciares
Mientras que el Proyecto San Jorge espera entrar a la Cámara de Senadores, el presidente avanza con la modificación la Ley de Glaciares (26.639), que prohíbe la minería en zonas glaciares y en sus perímetros circundantes. Tal como anunció hace unas semanas en un congreso en Corrientes, el Presidente sostiene que la norma responde a “una actitud bien primitiva” de los ambientalistas que “prefieren que uno se muera de hambre y no tocar nada”.
“Lo que permite esta ley es devolverle el federalismo a las provincias y que cada una determine cuál es la zona periglaciar protegida”, definió el presidente, algo muy parecido a lo expresado hace un tiempo por Peter Lamelas, embajador de Estados Unidos en Argentina. Esta medida permitiría la explotación en territorios que hoy son reservas hídricas naturales.
En este clima, la flexibilización de la Ley de Glaciares pareciera ser una condición implícita en la relación de Argentina con Estados Unidos. Esta ley ha puesto un freno a proyectos en la cordillera que no atendían límites sobre zonas sensibles.
Milei atribuyó directamente esta iniciativa a Alfredo Cornejo, sin dudas un gran interesado. La discusión en Mendoza no puede leerse por fuera de una batalla geopolítica en torno a minerales y recursos estratégicos. Un tablero en el que Argentina tiene mucho por defender, pero no tiene al frente las mejores fichas.
