Tan solo tres meses luego de su privatización, los Neuss fueron descubiertos (tampoco les importaba esconderlo) en una maniobra que pone sobre la mesa el verdadero interés de los ladrones de cuellos blanco argentinos sobre las empresas estatales.
Resulta que el nuevo directorio de la transportista eléctrica aprobó distribuir $253.535.989.514 en efectivo entre los nuevos dueños. Un monto que representa casi dos tercios de los USD 356 millones que pagaron los Neuss por quedarse con la compañía estratégica, que Milei decidió vender por un número que el mercado estima estuvo bastante por debajo de su valor real, como revelan las ganancias acumuladas.
En DLR ya te habíamos contado como fue el teje maneje de esta privatización, y como los Neuss son los verdaderos ganadores del gobierno libertario, pasaron de tener una sola distribuidora eléctrica en la Patagonia (Edersa, la distribuidora que abastece a Río Negro) a operar en toda la cadena eléctrica del país: generación, transporte y distribución.
Y estuvieron desde los inicios al lado de Milei, no solo por ser amigos desde la infancia de Santiago Caputo, sino porque fueron aportantes de la Fundación Faro, el think tank que conduce Agustín Laje y que administra Francisco Caputo, hermano del asesor presidencial.
Esta maniobra financiera está directamente vinculada a una práctica corriente entre las privatizaciones de los últimos 36 años.
Por ejemplo, durante la privatización de ypf con REPSOL como contratante, se ejecuta el ingreso del grupo Petersen, de la familia Eskenazi, en 2007, quienes firmaron un acuerdo para comprar el 14,9% de las acciones de YPF a la española Repsol por 2.235 millones de dólares, la operación se estructuró con un crédito que los Eskenazi debían devolver, y para eso Repsol repartió el 90% de las ganancias en dólares entre sus accionistas en forma de dividendos, lo que Axel Kicillof calificó como una política de vaciamiento de YPF. Ese reparto de dividendos se intensificó justamente para facilitar la compra de las acciones por parte de Eskenazi, aprobándose como forma de pago del crédito que permitió la adquisición.
El rol del FGS de la ANSES y la mira sobre los funcionarios
Un dato no menor que complejiza la trama es que el Estado no se retiró por completo de Transener. A través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES, el Estado conserva directamente el 19,6% del capital (acciones Clase B).
Bajo este esquema, el propio FGS participó del millonario reparto de dividendos, percibiendo una cifra cercana a los $49.615 millones. Sin embargo, la situación pone bajo la lupa a los representantes estatales designados para tutelar el valor de las acciones previsionales —área dependiente del ministerio a cargo de Sandra Pettovello—, entre los que destaca la abogada Flavia Bevilacqua, funcionaria encargada de vigilar las inversiones del Fondo y con presencia en los directorios de varias firmas del sector. La incógnita que ahora sobrevuela el expediente es qué postura adoptaron los veedores estatales frente a una liberación de fondos que redujo sustancialmente el valor real del activo antes de que el Estado concretara su salida.