La demanda explosiva del litio en el mundo, es -por ahora- una mala noticia para la Argentina. Pero el Estado nacional puede avanzar con una ley clave para el país
El litio se está convirtiendo en el corazón de la transición energética global, debido al agotamiento de los combustibles fósiles y a las peligrosas consecuencias ambientales que acarrea su extracción y uso. La tecnología del litio se ha consolidado en los últimos meses, y las baterías utilizadas en la automovilidad no son el futuro, sino el presente.
De hecho, es una de las preocupaciones que acarrean las actuales potencias mundiales China y EEUU, y su tenencia, una disputa por el futuro liderazgo mundial. Esto posicionaría a Argentina en un lugar de alianza geopolítica, al mismo tiempo que podría condenarla a mayor dependencia. La suerte ya jugó su carta y ahora le toca el turno a la política. En el discurso de ayer, Cristina Fernández tiró otra de las tantas señales a sus funcionarios: «Vienen por esto (por el litio). Esto hay que mirar», dijo.
«Cuando todos nos ponemos contentos porque tenemos alimentos energía y litio, no nos pongamos contentos solamente. Pongámonos atentos además», dijo la vicepresidenta en el Senado. “Porque se lo van a querer llevar sin darnos nada», aseguró.
Les dejo el video completo mi intervención en el encuentro. https://t.co/PhPQFTvdTf
— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) August 30, 2022
Cristina no anticipó demasiado, pero generó alarma. La salvaje extracción de litio ya empezó, y sucede en una de las más grandes reserva del mundo ubicada en el sistema de salares andinos de la región sudamericana denominada “triángulo del Litio”, de la cual forman parte las provincias de Jujuy, Salta, Catamarca, y La Rioja.
Si miramos la foto regional, Bolivia con 21 millones de toneladas de litio, cuenta con una empresa estatal y un marco regulatorio específico. Chile, con 9 millones de toneladas, deja un 40% de la ganancia al Estado y anunció recientemente una inversión de 25 millones a la investigación científica. En tanto, México acaba de crear hace una semana una empresa pública. Mientras tanto, Argentina con 19 millones de toneladas, sólo se queda con el 3% de las ganancias, de las cuales las mismas pertenecen a las arcas provinciales.
A pesar que el precio del litio aumentó más del 400% en los últimos meses, autores aseguran que la Ley de Inversiones Mineras de 1993 llevó a la Argentina a ser el país de la región con menor control y apropiación pública de la renta minera asociada al litio.
El no hacer nada genera el problema más grande de todos. “Hay 2 proyectos en actual concesión y 10 que están a punto de empezar”, dice para ARG MEDIOS, Bruno Fornillo, investigador del CONICET, y Doctor en geopolítica. Sin embargo Argentina aún no tiene un marco regulatorio para el litio, ni un plan estratégico para su administración nacional. “Hay una cobertura mediática que intenta mostrar que Argentina está haciendo algo por el litio, y eso no es cierto”, afirmó el investigador para ARG.
Sales de Jujuy/ Olaroz
Los Piratas del primer mundo
Actualmente, los negocios con las empresas transnacionales interesadas en la extracción de litio en Argentina se dan en las provincias del NOA. Gracias a la reforma de la Constitución del 94, las provincias tienen el dominio y la administración de sus recursos naturales. En el caso de Jujuy , la empresa Sales de Jujuy S.A. extrae salmueras del salar de Olaroz y exporta 12.000 toneladas anuales de carbonato de litio que luego refina y transforma en el exterior, dejando a cambio regalías provinciales por debajo del 2% de las ventas declaradas. El Estado Nacional directamente no participa.
En Catamarca por ejemplo, la empresa Livent (ex FMC), que explota el Salar del Hombre Muerto desde 1997, protagonizó un nuevo escándalo por la subfacturación equivalente al 121%. La misma fue denunciada reiteradas veces por La Asamblea Pucará, por ser la responsable de la sequía del río Trapiche en los 24 años que lleva instalada en el territorio, generando saqueo de elementos esenciales y destrucción de los ecosistemas. «Esta empresa, acusada de estafas millonarias, ha construido un acueducto para extraer agua del río Los Patos, y de esta manera poder continuar con la extracción de litio”, declaró la Asamblea en un comunicado reciente.
Pero, ¿Por qué se habilita el libre albedrío? La producción y comercialización de litio se encuentra regulada bajo el Código Minero (Ley 24.498), modificada en 1995 “que garantiza la propiedad y el dominio a las empresas privadas”, aclaró Fornillo. “Incluso manejan la tenencia como si fuese un inmueble que cotiza en bolsa”, aseguró.
La estrategia de los grupos empresariales es exportar de una filial a otra (dentro del mismo grupo), y se venden lo más barato posible, con menor grado de procesamiento y, por ende, tributando menos en nuestro país. Luego, completan este procesamiento en otra filial, por ejemplo en Japón o Estados Unidos.
¿Por dónde se empieza?
El Foro Interuniversitario de Especialistas en Litio de la Argentina se constituyó en 2019 y está integrado por 30 líneas de investigación especializadas en el tema. Este considera que para generar una mayor soberanía y recursos al país, “el primer paso es declarar al litio como recurso estratégico”. De esta manera, el Estado Nacional pasaría a tener participación en su regulación, y ya no quedaría únicamente en manos de las provincias.
Hay varios proyectos de ley, pero aún ninguno está resuelto. Para Fornillo, “no hay voluntad política”, porque entre otras cosas, “este gobierno no quiere enfrentarse a las provincias”, y por ahora, el debate “se esconde bajo el discurso de un falso federalismo”.
Con todos los proyectos que hay en mira, Argentina pasaría a ser una de las principales exportadoras de litio en el mundo. “Sin embargo, aún no hay control y las empresas están llegando”, puntualiza el especialista, quien agrega que Argentina “tiene que empezar a tener participación en los proyectos que están por venir”.
La propuesta de los Especialistas argentinos en Litio sigue el ejemplo de varios países latinoamericanos como Bolivia y Chile, con la creación de una Mesa de Litio cogobernada por varios actores.
“La idea que proponemos es que haya una retribución económica del 26% al Estado, 25% a la provincia y 49% a los privados. Esto se podría llevar adelante con la creación de una empresa pública reguladora como podría ser YPF”, asegura el investigador. Un modelo similar al que adoptó Chile, con la presencia de un Convenio que establece que el 3,5% de lo recaudado en las ventas de carbonato de litio se destina a las comunidades indígenas que se encuentran en los territorios.
Bajo la legislación vigente, en Argentina las empresas no tienen ninguna obligación de agregar valor a su producción a nivel local. Livent Corp. exporta casi la totalidad de carbonato y cloruro de litio extraído en Catamarca a otras filiales de la propia Livent Corp. en EE.UU., China, India y Gran Bretaña, en donde procesa estas sales elaborando otros productos derivados de mayor valor agregado.
“Es súper importante la cadena de valor del litio”, dice Fornillo, y asegura que se generarían muchos puestos de trabajo. Sobre todo en un país que cuenta con industrias como YTEC, Fabricaciones Militares, IEASA, Astilleros Río Santiago. “Eso generaría más industria y mayor defensa de recurso”, concluyó.
Nota publicada originalmente en ARG Medios
