La famosa “Ley Ómnibus” o “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” contiene diferentes puntos que pretenden “desregular” las normativas ya vigentes en el país en materia de actividad agrícola y conceder garantías al sector del agronegocio. En esta edición especial de Desde la Raíz explicaremos cuales son los puntos cruciales de esta encrucijada.
Muchos de ellos fueron conseguidos a través de la organización de trabajadoras/es campesinos, ONG’s y asambleas vecinales que resisten las fumigaciones en sus comunas. El artículo 241, en la sección 2 del capítulo Bioeconomía, hace referencia a la “adhesión a la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) ¿Qué significa esto?
La UPOV es una organización fundada en el año 1961, pero que fue reformada por última vez en la década de los 90 a medida de las grandes empresas semilleras del mundo. A través de la teoría del “paquete tecnológico” tuvo un primer ingreso en nuestro país con el boom del agronegocio y la llamada “revolución verde”.
La misma facilita los mecanismos para la llegada y/o desarrollo de nuevas semillas transgénicas, que cuentan con mayores litros de fertilizantes, insecticidas y fungicidas.
Sin embargo, la normativa justifica el ingreso a la UPOV a fin de “incorporar mejores prácticas internacionales que estimulen grandes inversiones para la modernización del sector agrícola, generen incentivos para la innovación, promuevan el comercio internacional, mejoren el acceso a variedades mejoradas para los consumidores, incrementen la productividad agrícola, apoyen la investigación”.
¡Alto ahí! muéstreme la licencia de su semilla
Asimismo otra de las consecuencias que trae el artículo 241 de la Ley Ómnibus, es la apertura a la creación de “patentes” de semillas, o en otras palabras, la privatización de las genéticas en toda la República Argentina.
Durante el gobierno de Mauricio Macri habían intentado sancionar la famosa “Ley de Semillas” que buscaba garantizar las condiciones para que Bayer y Syngenta se hagan del 90% de las patentes de las semillas. Con la adhesión a la UPOV los derechos sobre las semillas pasarían íntegramente a las corporaciones semilleras.
Por ejemplo, si actualmente un pequeño/mediano productor/chacarero desea volver a utilizar parte de sus semillas de la cosecha de Soja y re plantarlas, estaría incurriendo en un delito. Actualmente esto se encuentra respaldado como el “derecho del agricultor” en la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas (1976).
Esto atenta contra el desarrollo y la conservación de las semillas que han sido producidas de manera ancestral por las diferentes organizaciones indígenas y campesinas del país. No sólo por la pérdida de “diversidad biológica” debido al avance del monocultivo sino por la apropiación de la materia prima del alimento, que impactará en toda la cadena productiva y de comercialización.
Vale recordar que el gobierno de Javier Milei ya había dado un paso en esa línea, cuando designó al frente del Instituto Nacional de Semillas (INASE) a Claudio Dunan, el ex gerente de Estrategia de Bioceres, la compañía que logró varios de los primeros cultivos transgénicos de la Argentina. Además al frente de la “secretaría de Bioeconomía” se encuentra Fernando Vilella, un nombre ligado a diferentes organizaciones del agronegocio e histórico decano de la Facultad de Agronomía de la UBA entre 1998 y 2006.
Esta perjudica el trabajo de familias productoras de la Agricultura Familiar y permite mayor concentración en gigantes del agronegocio. Además, fomenta la extinción de variedades locales que han sido conservadas y circuladas por vecinos, y pequeños agricultores, como el tomate platense o el “duraznito de la Quebrada” en Jujuy, y cientos de variedades que se elaboran con el apoyo de Universidades Públicas y organismos estatales para la Agricultura Familiar.
