Cerca de las 3 de la mañana del jueves, y luego de 11 horas de debate, con 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones, se aprobó en la Cámara Baja la modificación de La Ley de Glaciares, obteniendo sanción definitiva dado que ya contaba con la aprobación del Senado. La Libertad Avanza logró imponerse con el respaldo del PRO, la UCR y diversas bancadas provinciales.
La jornada había comenzado tempranito, la madrugada del día anterior, cuando fueran valladas las inmediaciones del Congreso en el marco de un fuerte operativo policial. Lo que se iba a desplegar en la jornada no era ni más ni menos que la crónica de un saqueo anunciado. En el debate abundaron falsas promesas, se omitió las alertas científicas y se desataron los operativos policiales y episodios de represión (como lo ocurrido en Mendoza). La cabecera Cuyana donde retumbó con más fuerza esta modificación, contó con 8 detenciones arbitrarias. Ganó el loby. Durante la jornada quedó en evidencia la falta de argumentos, y la presencia de relatos que dictaban las corporaciones mineras.
La norma aprobada modifica la Ley de Glaciares sancionada en 2010, una legislación pionera en Latinoamerica. Esta reforma implica un enorme retroceso al trasladar la potestad de decisiones a las provincias, eliminando un umbral de protección común y habilitando una peligrosa asimetría regulatoria. Mendoza tiene la potestad de decidir sobre el Rio Colorado que es donde se encuentra la naciente y afectar la producción de 516,641 hectáreas de 4 provincias distintas.
En este escenario, las provincias quedan empujadas a competir entre sí mediante la flexibilización de los criterios ambientales para atraer inversiones. Es una pedagogía de la balcanización a los referentes provinciales que lejos están de pensar un proyecto de pais bajo el juego de captar inversiones.
La fotografía de nuestra época es entonces, una subasta a las corporaciones mineras y lo que se va cantando son los recrudecimientos de las flexibilizaciones ambientales. Así las bancas ceden ante el lobby minero frente a la endulzada propuesta de captar inversiones en un contexto de reducción de la coparticipación. Algo que suena bastante irrisorio: de la mano del RIGI, las empresas no están obligadas a tributar en el país lo que lejos esta de traducirse en el desarrollo industrial que cantaron muchos diputados que acompañaron esta ley.
Como si esto fuese poco, en paralelo a la apertura de esta sesión, Federico Sturzenegger, presentó en la cámara alta la modificación de la Ley de Tierras. Con esto busca habilitar márgenes exorbitantes de venta de tierra para entidades extranjeras permitiendo hasta la compra de cuerpos de agua. La agenda actual del gobierno es explícita: debilitar los controles de los sectores más estratégicos de nuestro país.
No es un pedazo de hielo
La modificación de la ley de glaciares no es un debate escueto sobre cambios de uso del suelo ni sobre quién los decide. Mucho menos se reduce a la industria minera. Se nos presenta como una discusión sobre menos del 1 % del territorio nacional.
Pero esas áreas coordinan el funcionamiento de alrededor del 70 % del país. Es una paradoja territorial y una estrategia discursiva para quienes esperaron con ansias esta aprobación. La dimensión geográfica no es equivalente a la importancia estratégica. Por su parte el 30 % restante, fuera de la influencia andina, corresponde a sistemas como la Cuenca del Plata o cuencas endorreicas como las de Córdoba.
Las áreas glaciares y periglaciares constituyen el primer eslabón de soberanía y funcionamiento de país. Un sinfín de circuitos socioeconómicos nacionales dependen de ese punto de partida y de los innumerables servicios ecosistémicos que allí se reproducen.
Son reguladores hídricos y climáticos de enormes cuencas, destancando el Sistema del Desaguadero en Cuyo (Rios: Mendoza, Diamante, Tunuyan, San Juan, Atuel, Vinchina,Guandacol, Bermejo, Jachal), incluyendo a su vez la cuenca del Rio Colorado, Negro, Chubut, Senguer y Deseado. Estos últimos suman más de 20 ríos y no llegamos a mencionar los sistemas andinos-serrano, Sistema de Puna e Independientes que incrementa el número de ríos con influencia Glaciar, porque estos sectores no alimentan ríos aislados sino que estructuran redes hidrográficas completas.
En estas redes hidrográficas se establecen alrededor de siete millones de argentinos. Y ese número aumenta considerablemente si incorporamos vectores indirectos: la población que consume la producción frutihortícola y ganadera que se despliega en los valles de las primeras 4 cuencas mencionadas, muchas veces evitando las cadenas internacionales de abastecimiento; o quienes dependen de sistemas hidroeléctricos como El Chocón o el Comahue, entre otras.
Cuando se observa esta trama territorial en su conjunto, el debate deja de ser técnico y se vuelve profundamente político. Es incalculable la cantidad de estructuras económicas, sociales y territoriales que dependen del funcionamiento de estas cuencas. Ni hablar de que hasta ahora hemos pensado principalmente en las cuencas bajas, sin detenernos en lo que ocurre en las cuencas altas: circuitos turísticos, áreas protegidas, territorios ancestrales de pueblos originarios, flora, fauna y el paisaje que ancla y conmueve a una comunidad nacional.
Estamos ante un debate sobre la patria misma: sobre los cimientos materiales que posibilitan la autodeterminación como pueblo. Porque cuando se discute el control sobre territorios estratégicos, inevitablemente también se discute condiciones de posibilidad para posicionarnos en el juego internacional.
¿Estamos debatiendo una ley?
Este debate se da en una Argentina atravesada por urgencias sociales profundas. Hablar de glaciares en contextos donde los índices de seguridad alimentaria en argentina alcanzaron niveles críticos es profundamente incómodo. Según datos del Observatorio de la Deuda Social Argentina el 83% de los trabajadores asalariados saltean una comida o resignan la calidad nutricional para reducir costos. Este escenario se ve acompañado de un imaginario que penetra con fuerza y retumba hasta en las unidades básicas: que las agendas ambientales son de chetos.
Sigue instalado todavía el discurso que pretende oponer ambiente y desarrollo como si fueran intereses irreconciliables, hijo natural de la modernidad y el patriarcado. Ambiente, trabajo y dignidad de la vida misma son aristas de un mismo modelo socioeconómico. Por una razón simple: cualquier actividad parte de la tierra.
Incluso en un contexto de creciente virtualidad, existe un sinfín de materialidades territoriales que sostienen las infraestructuras de esas virtualidades. Lo que nos habilita a revisar este debate es: desde qué escalas espaciales y temporales imaginamos los proyectos políticos y desde qué puntos de partida se nos imponen los relatos de urgencia y desarrollo. Este nudo en la trama de la historia de nuestro país era bastante predecible ¿Hace cuánto que buscan reprimarizar nuestra economía?, pero llega como una avalancha de urgencias deslocalizadas.
Estas dinámicas se sostienen sobre realidades conflictivas que se repliegan en lo local: proyectos de vida sometidos al desarraigo cuando ya no llega agua para el cultivo; crecimiento de periferias urbanas empobrecidas; cuerpos contaminados; despoblamiento rural; pérdida de sentidos locales en los rincones de la patria; aumentos en las tarifas de luz, agua y alimentos; deterioro del derecho a un ambiente sano, pérdida de diversidad nativa, entre miles de otras problemáticas que generaría los cambios de usos de suelo en zona glaciar.
Para entender integralmente la agenda de problemáticas es fundamental ampliar la escala de análisis; a esta altura de integración mundial, lo local no se explica por sí solo. Incorporar entendimiento geopolítico no es simplemente seguir una agenda de sucesos en la escena internacional entre estados. También es un ejercicio pedagógico: aprender a correrse de los tiempos apresurados que se nos imponen y volver a imaginar proyectos de país en escalas espacio-temporales amplias, no en los ritmos empresariales cortoplacistas que difunde el neoliberalismo.
Hoy nos insertamos en un contexto creciente de verdaderas guerras verdes, donde los ecosistemas lejos están de ser solo naturaleza, se convierten en garantías de modelos, en estrategias; donde lo geográfico es, ante todo, proyección política.
En ese tablero global, los minerales se convierten en una variable privilegiada para entender el shock de sucesos que están aconteciendo a lo largo y ancho del planeta.
Quién gana con lo nuestro
El primer actor que pidió esta modificación de ley fue el secretario del Tesoro de los Estados Unidos Scott Bessent quien solicitó un trato privilegiado para sus corporaciones.
Los actores privados que hoy pujan por esta ley, lejos están de ser proyectos mineros aislados. Detrás de ellos aparece una articulación cada vez más estrecha entre las grandes corporaciones extractivas y el entramado empresarial de las Big Tech, consolidando nuevas formas de concentración del poder supraestatal. La minería atraviesa un proceso acelerado de digitalización (con inteligencia artificial, automatización y análisis masivo de datos aplicados desde la exploración hasta la explotación) mientras que la digitalización, a su vez, depende de una base material de minerales estratégicos: Cobalto, litio, níquel, manganeso, grafito y otras tierras raras se vuelven piezas clave tanto para la infraestructura tecnológica como para la llamada transición energética.
En ese escenario, los territorios donde se encuentran estos recursos pasan a convertirse en nodos estratégicos del sistema internacional. El despliegue de conflictos internacionales en los últimos años (Ucrania, el Sahel africano, Oriente Medio o Venezuela) difícilmente pueda leerse como una simple sucesión de coyunturas regionales. Hay un hilo conductor que remite a la disputa por energía, minerales críticos y reservas de agua dulce.
Allí es donde se inscribe el debate argentino. El mundo y las grandes empresas nos miran atentamente para ver si somos un país digno de sus bienes comunes o si nos vamos a seguir reduciendo a la maldición de los recursos. Donde aquellos países con recursos están condenados al sometimiento y dependencia de los juegos internacionales de poder.
Pero no todo está perdido. Estamos presenciando momentos históricos de nuestra acción popular. La Argentina dejó una marca sin precedentes: La audiencia pública más masiva que se tenga registro a nivel internacional. Más de 100 mil personas se inscribieron, consolidando un hito de participación colectiva. Se trata de un derecho a la participación consagrado tanto en la constitución nacional como en el acuerdo de Escazú, que sin embargo fue limitado en su implementación: el gobierno habilitó apenas a 200 personas en dos jornadas, mediante listas de participantes que presentaron irregularidades.
Aún así, 100 mil argentinos entregaron sus datos personales para poder ser parte de este debate y dar cuenta de la ilegitimidad social de este proyecto. Y lo hicieron en un país que no ofrece garantías a quienes se oponen al avance minero presentando alta persecución política; que carga en su historia reciente con la muerte de Lautaro Martinez de 21 años (hace exactamente un año atrás) luego de recibir la condena por participar en el Chubutazo y movilizaciones contra el avance de la megaminería.
Sin embargo, algo se está moviendo. Pese a la decisión legislativa de dar por cerrado el debate, la voluntad del pueblo no se dirime. A menos de 24hs de la votación en diputados, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) y GreenPeace comenzaron a planificar la demanda colectiva más grande de la historia.
Lo mismo realizó el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, quién presentó una acción de amparo colectivo por el que solicita declarar la inconstitucionalidad y nulidad absoluta de la reforma, junto con una medida cautelar para suspender su aplicación en todo el país.
En distintos rincones del país, asambleas, organizaciones, vecinos, científicos, vuelven a mirar la cordillera para pensar qué futuro queremos construir. Cuando se discuten los territorios que sostienen el agua lo que está en juego no es meramente ecosistémico, son las condiciones mismas de posibilidad de vida colectiva.
Tal vez este momento de pausa, este paréntesis en el tiempo donde la historia parece haberse congelado, está abriendo también posibilidades. La posibilidad de que una sociedad entera vuelva a preguntarse desde qué lugar quiere habitar su territorio y qué límites está dispuesta a trazar frente a las presiones de un mundo cada vez más voraz en su demanda de recursos.
En ese frío de la cordillera que regula el pulso de nuestros ríos y de nuestras economías, se sostiene también una pregunta política fundamental: qué país queremos ser y qué destino estamos dispuestos a defender como comunidad nacional.