Desde la asunción de gobierno libertario que encabeza Javier Milei, las relaciones con el magnate multimillonario Elon Musk han sido uno de los hiperfocos presidenciales. De hecho uno de sus primeros actos de gobierno, en febrero de 2024, fue reglamentar la aparición de Starlink, una de las principales empresas de Musk, para que pueda operar en suelo argentino.
La novedad es que se ha oficializado un nuevo contrato entre el Gobierno Nacional, a través del ENACOM, y Starlink para proveer a 6000 escuelas rurales de conectividad digital. El mismo tiene algunos grises en torno a su modo de contratación.
Starlink proveerá 6000 kits completos de conectividad satelital —equipos, accesorios, logística y dos años de servicio prioritario— por un valor estimado en u$s 10 millones. El Fondo del Servicio Universal, administrado por el Enacom, aportará otros u$s 12 millones para financiar la instalación, el soporte técnico, el monitoreo de la red y el tercer año del servicio; contabilizando casi u$s 22 millones.
Pero finalizado este período de entrega, las provincias y municipios que adhieran al Programa, deberán afrontar el costo del servicio corporativo de Starlink, que hoy se estima en u$s 160 mensuales por establecimiento.
Lo más polémico de esto es que, el mismo servicio ya lo brindaba la empresa estatal ARSAT y tenía un costo de 60 dólares. Es decir que el estado pagará casi tres veces más a una empresa norteamericana sin algún tipo de justificativo.
Incluso a contramano de ser una propuesta, la iniciativa del contrato fue acercada por Starlink Argentina según contó Irina Sternik en Letra P.
La empresa expresó su intención de “cooperar en el cierre de la brecha digital del sistema educativo argentino, ofreciendo donar, con cargo al Fondo de Servicio Universal (FSU), el monto equivalente a seis mil kits de conectividad satelital y sus accesorios, junto con 24 meses de servicio de internet de alta velocidad y baja latencia, destinados a establecimientos educativos de todos los niveles y modalidades, de gestión estatal o de gestión privada con cuota cero, de la República Argentina”.