Suena el despertador a las seis y media. Lucía se destapa sin abrir los ojos. Sale de la cama, se viste con movimientos rápidos. Ya no hay tiempo para desayunar: cinco minutos más de sueño valen más que un café caliente.
Afuera, la calle está fría, el auto también. A esa hora, Bariloche todavía está congelado, apenas hay autos en la avenida y del lago se levanta un vapor helado. Maneja al centro con un sueño que no es de hoy, lleva meses y meses acumulado.
En el hospital, prepara el mate y atiende el pase. Ese es el primer momento del día: las médicas que estuvieron toda la noche cuentan cómo estuvo la guardia. Relatan cambios, síntomas, signos, mientras los niños todavía duermen. Las que recién ingresaron anotan la historia clínica, en papel y con velocidad. La burocracia de los papeles le lleva dolor de muñeca y media jornada, a veces incluso, más tiempo que la atención del caso.
Lo que sigue es avisar a enfermería los cambios de medicación, despertar a los niños, actualizar las planillas, dejar programada la tarde para el pase que se hará cuando se vaya. Al mediodía, se cruza al consultorio, la mayoría de las veces sin haber llegado a almorzar. Ahí la espera otra agenda: controles de salud, niños sanos y otros no tanto, gripe, tos, vacunaciones. Atiende sus propias consultas pediátricas, con turnos cada media hora que siempre se extienden.
—A veces, nos vamos más tarde porque viene un hermanito más y lo atiendo porque el boleto de colectivo es demasiado caro y hace demasiado frío para pedirles que vuelvan otro día.
Lucía y sus compañeras cubren toda la demanda del hospital público de Bariloche con turnos de 8 horas y guardias de 24.
—Es difícil aguantar. Este año, hay menos pediatras que cuando empecé.
A las tres y media empieza la actividad académica. Son las clases que se dictan y preparan entre residentes. Lucía a veces prepara las clases, otras las escucha. Es parte de su formación, y lo hacen incluso mientras terminan de escribir la historia clínica de los últimos pacientes. Si no hay guardia y es un buen día, la jornada termina cerca de las cinco.
Vuelve a su casa y mientras cocina revisa las anotaciones de ese nene que llegó tan mal, de esa nena que en su casa no come, de las gemelitas que tienen piel de mariposa. A veces intenta estudiar un poco más, otras veces cae dormida, no sin antes ponerse la alarma, lista para volver a empezar.
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El 1º de julio, mientras cientos de médicos graduados realizaban el Examen Único -una instancia fundamental para acceder a un contrato de residencia-, el gobierno nacional oficializó un nuevo golpe a la salud pública. La resolución 2109/2025, firmada por el Ministerio de Salud, modificó el Sistema Nacional De Residencias y convirtió los contratos laborales en esquemas de becas.
Esta medida afecta residencias médicas en hospitales nacionales y conlleva la pérdida de derechos laborales elementales como aportes jubilatorios, aguinaldo, antigüedad, paritarias, obra social y límite de horas en las guardias.
Aunque el ajuste recae ahora con fuerza sobre hospitales de gran importancia como el Garrahan, los contratos de becas no son una novedad en muchas provincias. En Río Negro, por ejemplo, hace muchos años que los residentes son becarios de la provincia, lo cual deja a merced de cada servicio los regimenes de horarios, guardias y postguardias.
Así lo cuenta Lucía Santamaría, residente de pediatría de segundo año del Hospital Zonal de Bariloche: “Cobramos un ‘’Bono Aguinaldo’’, según voluntad del gobernante, pero trabajamos jornadas extensísimas que en otras profesiones -policías, pilotos, choferes- serían ilegales. Trabajamos 24 o 36 horas, en tareas críticas, sin reconocimiento’’.
Los residentes no son pasantes ni practicantes: son médicos recibidos que eligen especializarse en hospitales públicos tras rendir un examen nacional y ser seleccionados bajo un órden de mérito. Dentro de un hospital, son la primera línea de atención en diferentes áreas, realizando trabajos fundamentales para el engranaje del sistema de salud y cuya falta deja en evidencia un sistema colapsado. Sus conocimientos se aplican en trabajos asistenciales, tanto preventivos, prehospitalarios, como en servicios de demanda, internación, quirófano y terapias intensivas. Por ejemplo, en el Hospital Garrahan, una de las instituciones de mayor complejidad pediátrica de Latinoamérica, o en el Hospital Sor Maria Ludovica de La Plata, el mayor de la región, la atención implica muchas veces estar frente a personas con patologías poco frecuentes y cuadros clínicos complejos que requieren de constante actualización y disposición tanto en horario laboral como en no laboral.
La Ley N° 22.127, que hasta ahora regía el Sistema Nacional de Residencias, tenía como objeto garantizar la formación de los profesionales ejercitando su desempeño en actos de progresiva complejidad y responsabilidad. La nueva resolución desmonta esa estructura: sin límites de tiempo, sin salarios dignos ni derechos mínimos, los residentes en se exponen, en pos de su aprendizaje, a más exigencias, más cansancio y mayor riesgo de colapso, retrocediendo a un sistema obsoleto de trabajo. ‘’Las tareas laborales de un residente no terminan cuando se va del hospital’’, expresó Lucía.
El vaciamiento no es tema nuevo, pero ahora se profundiza. En todo el país, los hospitales se están vaciando. Cada vez menos residentes quieren ingresar al sistema público porque no pueden sostener jornadas interminables con salarios que no se justifican en el proporcional por hora. A su vez, quienes ya trabajaban en los hospitales deciden abandonar por la misma razón. En el último año, se registraron 220 renuncias de trabajadores del Garrahan, según fuentes de ATE, de los cuales 20 sucedieron en los últimos días ante la falta de escucha y respuesta de las autoridades. Esas vacantes no son puestos que puedan cubrirse fácilmente ya que requieren conocimiento y formación. En consiguiente, las residencias de algunos hospitales provinciales y municipales están cerrando, dejando baches y necesidades poblaciones desatendidas.
La política sanitaria del gobierno de Javier Milei parece ser enemiga de la salud pública, tal como lo definió ATE. Desde el inicio de la gestión, el Ministerio de Salud (primero con Mario Russo a la cabeza, reemplazado luego por Mario Lugones), despidió al 40% del personal del Hospital Bonaparte. Más tarde, avanzó sobre el resto de los hospitales nacionales, como el Baldomero Sommer, el Posadas y el propio Ministerio, cerrando programas sanitarios y despidiendo trabajadores. En la última semana, el Estado Nacional disolvió el Instituto del Cáncer y el Instituto de Enfermedades Cardiovasculares. “No todo el mundo tiene derecho a todo, es todo una mentira y hay que dejarla de lado”, declaró Lugones en la Cámara de Comercio de los Estados Unidos AmCham.
Hoy, el Garrahan es el foco del conflicto. Allí, los residentes cumplen jornadas de hasta 70 horas semanales, percibiendo un salario de $797.000 mensuales para el primer año, es decir $2840 la hora, que equivale a un kilo de arroz por hora. Frente a los reclamos, los trabajadores recibieron amenazas de sanciones y despidos, y otros amedrentamientos, presiones y supervisiones que buscan disciplinar el reclamo en lugar de resolverlo.
Pan para hoy, hambre para mañana
Los reclamos no se limitan solo a la recomposición salarial y la restitución de derechos laborales, sino que apuntan también a la defensa de un sistema reconocido mundialmente, en términos de prevención, por ejemplo, como lo es el Sistema Nacional de Vacunación obligatorio.
La falta de prevención, de administración y la desatención de sectores, conllevan a un mayor gasto futuro. ‘‘Pan para hoy, hambre para mañana”, expuso Lucía Santamaría. “La falta de vacunación de hoy, es la meningitis de mañana. La falta de ESI, serán embarazos adolescentes y estudios sin finalizar. Cuando mañana no haya médicos y le tengan que pagar a extranjeros para cubrir, también les va a salir más caro. Es ahora: hay que evitar que los profesionales se vayan”, concluyó.
Ahora mismo, en el Centro de Salud 34 Hectáreas, en el barrio El Frutillar de Bariloche, no hay heladera para conservar vacunas. El equipo de salud, de uno de los centros de mayor demanda de la ciudad, se vio obligado a recurrir a las redes sociales para pedir públicamente la donación de una heladera. Es una postal de abandono estatal en un barrio popular donde la salud pública es esencial, que, lamentablemente, es una de las tantas situaciones que enfrentan los servicios de salud en todo el país.
Por parte del gobierno, el sector no ha recibido ningún tipo de respuesta, a pesar de que las medidas de fuerza se siguen sosteniendo. En el Garrahan, de tres audiencias convocadas, los funcionarios asistieron sólo a la primera, en la que han tenido el tupé de preguntar, descaradamente, ¿Cuál es el reclamo?. “Eran funcionarios de segundo o tercer rango y no tenían ánimos de dialogar nada. A partir de ahí impulsamos más medidas de fuerza, porque ellos exigen que los trabajadores sean dialoguistas pero nos revolean con todo lo que pueden”, sostuvo Gerardo ‘Pino’ Oroz, secretario gremial de ATE Garrahan.
Las renuncias y los despidos se producen en medio de un reclamo salarial y de denuncias de un colapso institucional sin precedentes. Hace meses que se realizan paros, movilizaciones y festivales. Lo que sigue es una medida de fuerza nacional: se está convocando a un paro y movilización el 17 de julio desde el Congreso hacia Plaza de Mayo a las tres de la tarde.
“De ellos no tenemos nada que esperar porque realmente ya han demostrado que su política es destrucción. Pero tenemos muchas expectativas para el 17, en el conjunto de la sociedad. Queremos que se entienda esto como una lucha que excede el problema salarial del Garrahan. Es la defensa misma de la salud pública”, determinó Gerardo Oroz.