El martes 11 de febrero, más de 300 trabajadores y trabajadoras de la Subsecretaría de Integración Socio Urbana (SSISU) fueron informados de que sus contratos serán renovados únicamente hasta el 28 de febrero, quedando sin trabajo a partir de esa fecha. Este hecho implica el desmantelamiento y virtual cierre del organismo que ejecuta la política nacional destinada a los barrios populares.
Se trata de equipos técnicos, administrativos y territoriales que planifican, supervisan y acompañan la ejecución de obras de urbanización en todo el país, y que además relevan a las familias para garantizar el acceso al Certificado de Vivienda Familiar del RENABAP.
La comisión de trabajadores/as del Organismo denunció que desde el cambio de gestión a comienzos de 2024 a cargo del Subsecretario Sebastián Pareja y bajo la órbita del Ministerio de Economía comandado por Luis Caputo, los equipos de la SSISU vienen atravesando un proceso sostenido de despidos, no renovación de contratos, caída de convenios y reducción de programas vigentes.
“A ello se suma la precarización de las condiciones laborales, la falta de estabilidad contractual (contratos trimestrales) y la pérdida de poder adquisitivo producto de paritarias estatales que corren por debajo de la inflación. Este escenario debilitó progresivamente la capacidad operativa del organismo y anticipó el vaciamiento que hoy se consolida con el despido masivo”, indicaron en un comunicado.
¿Qué hace la SISU?
La Secretaría de Integración Sociourbana (SISU) fue creada en el 2018 para implementar la Ley 27.453 y poner en marcha políticas integrales destinadas a vecinos y vecinas que forman parte del Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP).
Durante la gestión 2019-2023 se iniciaron más de 1.200 proyectos de urbanización en más de 1.000 barrios populares de todo el país, a la vez que miles de familias de barrios populares pudieron mejorar sus viviendas gracias al Programa Mi Pieza. También se desarrollaron dos programas (PISU y PISUMV) con fi nanciamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), siendo los préstamos de mejor desempeño a escala regional.
Hoy la Ex-Secretaría está en riesgo. Las autoridades anunciaron un proceso de reestructuración, con la misión de terminar de ejecutar lo poco que dejaron del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU).
A la par de los despidos masivos anunciados, la SSISU será degradada de Subsecretaría a Dirección Nacional, lo que implica un vaciamiento de contenido y recursos de la única política pública nacional destinada específi camente a los 6.467 barrios populares registrados en el país, donde viven aproximadamente 5 millones de personas.
Se trata de una decisión que además atenta con el fallo del juez federal de Pehuajó, Andrés Heim, que ordenó la continuidad de las obras de urbanización fi nanciadas por dicho fondo y exigió al Estado Nacional la presentación de un plan de acción en el marco de un amparo colectivo presentado por vecinos y organizaciones sociales.