El cierre de la Agencia Nacional de Seguridad Vial no es ahorro: es poner en riesgo la vida

Con el argumento de que se trataba de una reestructuración en el área de transporte y vialidad, el 8 de julio el Gobierno nacional dispuso la disolución de tres organismos: la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) fue creada en 2008 bajo la Ley Nacional 26.363, con la misión de reducir la tasa de siniestralidad en el territorio nacional, a partir de la promoción, coordinación y control de las políticas de seguridad vial, nacionales e internacionales.

Si bien se ubica bajo el ala del Ministerio de Interior, es un organismo descentralizado y con autarquía económica financiera, por lo que no depende del presupuesto nacional. Es decir, la Agencia Nacional de Seguridad Vial no significa un gasto para el Estado sino que se financia con el 1% de los seguros y, por el contrario, evita accidentes y salva vidas. 

Sin embargo, el Decreto 461/2025 del gobierno de Javier Milei, publicado en el boletín oficial el 8 de julio de 2025, dispone su disolución sin razones ni explicaciones que lo justifiquen.

No es un gasto, es una inversión en vidas. El cierre sería un retroceso institucional gravísimo. Rompe la coordinación federal, deja sin control rutas críticas, y reemplaza a personal civil calificado por fuerzas sin formación en seguridad vial”, señalaron los trabajadores en un comunicado emitido esta semana.

Además, la ANSV es la encargada de, por ejemplo, realizar controles de alcoholemia y velocidad con tecnología homologada, fiscalizar vehículos en todo el país, coordinar operativos con municipios y provincias, y gestionar campañas de concientización. A través de la Línea 149, los trabajadores del organismo también asisten gratuitamente a víctimas y familiares de accidentes y siniestros. 

Según el informe de la Dirección de Estadística Vial, desde su creación, la ANSV logró disminuir las muertes por siniestros viales, destacando que la cifra ha ido en descenso cada año. Solo en 2024, se controlaron más de 3 millones de vehículos, se realizaron  70.000 operativos y se retuvieron 18 mil licencias por alcoholemia.

Durante este año, hubo varias medidas para fortalecer la seguridad vial. El Decreto 196/2025 introdujo restricciones y controles para conductores principiantes y adultos mayores, incorporando elementos de identificación, límites horarios y médicos más estrictos. 

Además, se intensificaron las campañas nacionales de control de alcoholemia y de velocidad, así como los operativos federales coordinados y el uso de radares móviles. El Plan Estratégico Nacional de Seguridad Vial 2024–2027 puso especial énfasis en la protección de motociclistas, que encabezan el porcentaje de víctimas fatales, así como también infraestructura segura y programas de concientización.

“Cerrar la ANSV no es una medida de ahorro. Es poner en riesgo la vida de miles de personas”, remarcaron sus trabajadores. Por su parte, la medida también fue rechazada por la CGT, que denunció que “el cierre de estos organismos y su abandono derivará en más accidentes y peligro para millones de personas que transitan día a día las rutas”.

A través de un comunicado, firmado por el Consejo Directivo que encabeza Héctor Daer, la central obrera calificó la medida como “un ataque directo al modelo de país federal que defendemos” y advirtió que su implementación deja en vilo a miles de trabajadores cuyas funciones y tareas en cada una de las rutas de la Argentina son fundamentales para la prevención de accidentes automovilísticos, una de las principales causas de muerte en nuestro país”.

Asimismo, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, que es el organismo que controla el transporte automotor y ferroviario en Argentina y depende del Ministerio de Transporte, cambiará su estructura y su nombre, llamándose ahora “Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte”. De igual manera se dispone la reestructuración de la Junta De Seguridad en el Transporte, la cual se denominará “Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación”.