La falta de información sobre quiénes concentran el litio en nuestro país y cómo lo extraen, son algunas de las respuestas que piden las comunidades originarias de las zonas andinas. Una reciente resolución de la Corte Suprema solicitó información sobre todas las exploraciones de litio de Salta y Jujuy ante la amenaza ambiental.
De forma silenciosa, los avances en proyectos de extracción de litio en Argentina, son una realidad. En la actualidad existen 40 proyectos: dos en estado de producción- el Proyecto Fénix en el salar del Hombre Muerto y Sales de Jujuy en el salar de Olaroz Cauchar- seis proyectos en estado de construcción, y el resto en distintos grados de evaluación, avance o exploración.
La concentración del litio en manos extranjeras, y apenas unas pocas empresas multimillonarias radicadas en el país, dan cuenta de un negocio que crece de forma desigual sin dejar siquiera ganancias por retenciones. De hecho, en comparación con la soja, a la que se le aplica un 35% retenciones, las del litio apenas son del 4,5%.
Además, el carente monitoreo sobre su explotación sustentable es una grave preocupación de las comunidades aledañas a los salares, lo que provocó en un amparo ambiental en el 2019, al que recién reacciona la Corte Suprema con un llamado de atención hacia las empresas operadoras del litio, que todavía se encuentran flojas de papeles.
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¿Quiénes son los dueños del litio?
La composición accionaria de los dos proyectos que operan en Argentina es extranjera casi en su totalidad. El proyecto de Livent en Catamarca es 100% de capitales estadounidenses, siendo Blackrock Inc y Vanguard Group Inc sus principales socios, dos de los fondos de inversión más grandes del mundo, radicados ambos en Estados Unidos.
En el caso de Sales de Jujuy, un 25% de las acciones las tiene la japonesa Toyota Tsusho y un 66,5% la australiana Allkem (en realidad quienes integran la empresa son la financiera JP Morgan de EE.UU. y el grupo HSBC de Reino Unido). En tanto, apenas un 8, 5% queda para la estatal Jeamse, perteneciente al Gobierno de Jujuy.
Además, tal como detalla el informe de la Fundación Fundeps, gran parte de estos fondos son tenedores de bonos de la deuda externa argentina, como el caso de JP Morgan Investment Management, HSBC Investment Funds y BNP Paribas Asset Management: los tres propietarios de acciones de Allkem. Lo mismo para las 7 firmas que operan en el proyecto Livent de Catamarca: Blackrock y Vanguard, Wellington MGMT, Morgan Stanley Investment, Invesco Multi Asset Income, Federated Hermes Emerging Market Debt Fund y Northern Multi Manager Emer MKT Debt Opportunit.
En Argentina no existe una política uniforme ni una legislación única relativa a la solicitud, identificación y difusión de personas beneficiarias finales, a pesar de canales públicos de los cuales extraer información relativa a estas personas. Sin embargo, el nombre de José Luis Manzano ha aparecido últimamente en varios portales y medios nacionales como “el hombre del litio” en Argentina.
El multimillonario empresario pasó de ex ministro del interior de Menem a dueño de un imperio financiero, siendo propietario de una parte de Edenor, Metrogas, petroleras, mineras como Minera Aguilar; principal productora de estaño, plomo y plata de Argentina, y medios de comunicación como el canal América, Radio la Red y El Cronista Comercial.
José Luis Manzano es dueño hoy de 243.000 hectáreas de Catamarca y Jujuy, específicamente en los salares Antofalla y Paso de San Francisco, a través de la empresa Lithium, con la que el multimillonario logró traspasar la frontera y llegó a Brasil. Allí introdujo el proyecto de extracción de litio en el Estado brasileño de Minas Gerais. Luego de eso, amplió su participación en la minera australiana Latin Resources al 13,40% del total, convirtiéndose en su accionista individual más grande. La compañía es una de las principales inversoras en el que se asoma como el próximo proyecto de producción de litio en Salinas Grandes, Jujuy.
Manzano se presenta ante sus acreedores como “el hombre del litio en Argentina”, siendo uno de los tantos rostros incógnitos dueños del mineral extraído en suelo andino, que ha tejido relaciones políticas con gobernadores como Gerardo Morales (Jujuy) y Raúl Jallil (Catamarca). De todas formas, Manzano juega en el tablero mundial junto a empresarios extranjeros.
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Daños ambientales, corrupción y falta de transparencia
El 4 de febrero de 2023 un camión de la empresa Minera del Altiplano SA-Livent que trasportaba ácido clorhídrico con destino a la Minera de Catamarca volcó a 2 km del control policial en el límite del Salar del Hombre Muerto en Catamarca con la provincia de Salta.
Según un informe al que se pudo acceder dos meses luego del accidente, fueron 1032 litros de ácido clorhídrico los que se derramaron en suelo del departamento de Antofagasta de la Sierra, provocando un problema de contaminación importante por ser éste líquido uno de los ácidos más peligrosos que se utilizan para la disolución de metales.
Daños ambientales, corrupción y falta de transparencia, son las tres preguntas que le hace la comunidad a las empresas y los gobiernos provinciales que gestionan la extracción del recurso natural y que pareciera aún no dar respuestas.
La información que hay disponible sobre los dos proyectos actuales de extracción de litio, resultan de difícil comprensión debido al lenguaje técnico que utilizan las mineras y al volumen de los estudios e informes. Tampoco se conocen los nombres de quienes representan el paquete accionario (menos de 1% sumando todos los nombres, en todas las empresas analizadas), ni tampoco hay registro de cómo se distribuyen los dividendos entre los principales propietarios, cuáles son esos grandes fondos de inversión y las empresas que operan.
La reciente iniciativa EITI de Transparencia para las Industrias Extractivas, en la que Argentina adhirió en el 2019, aún esperan la adhesión de provincias como Jujuy, en el que no es posible acceder al contrato de concesión con Allke o Toyota para la extracción de litio en el Salar de Olaroz. Catamarca sí adhirió a dicha iniciativa, en marzo de 2022, junto a Santa Cruz, Salta y San Juan.
El incidente de hace menos de dos meses, más la falta de información constante se transformaron en denuncias de las comunidades que en el 2019, concluyeron en un amparo ambiental por las comunidades de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, así como por parte de la Fundación Ambiente y recursos Naturales (FARN), frente a la posible afectación “irremediable” del medio ambiente y el recurso del agua.
La respuesta se la dieron el último 28 de marzo, cuando la Corte Suprema le ordenó al Estado Nacional y a las provincias de Jujuy y Salta que entreguen al tribunal “toda la información relativa a las autorizaciones de exploración y explotación minera de litio y borato otorgados”, además de “la información sobre la participación ciudadana, denuncias e impugnaciones contra dichos permisos”, “copia de los aspectos ambientales relevados en esas autorizaciones” e información sobre las actuaciones del Ejecutivo vinculadas a la exploración y/o explotación de litio y borato en estas dos provincias, las empresas involucradas y las proyecciones económicas de tal actividad.
Las provincias y la Nación tienen 30 días para presentar la información requerida para resolver sobre el amparo, que solicita frenar la actividad minera en la zona.
Las comunidades originarias de Salinas Grandes. Imagen: Gentileza Fundación Ambiente y Recursos Naturales
