“Tampoco hay posibilidad de un espíritu nacional en una colectividad de hombres cuyos lazos económicos no están trenzados en un destino común.”
Scalabrini Ortiz
Argentina y Estados Unidos lanzaron el Corredor Andes-Atlántico, una iniciativa que busca movilizar inversiones en minerales críticos, energía, transporte e infraestructura digital. Mientras Washington lo inscribe en su estrategia para asegurar cadenas de suministro, se define qué lugar ocupará nuestro país en ese nuevo mapa económico
“¿Para quién trabaja el pueblo argentino? El hombre de campo argentino trabaja afanosamente para alimentar a la cruel sanguijuela de la Nación, que es el ferrocarril inglés” reclamaba un panfleto pegado en la estación de Roberts, un pueblo rural de la Provincia de Buenos Aires en la década del 30. Raúl Scalabrini Ortiz rescató este archivo como señal del descontento popular en su libro Política Británica en el Río de La Plata, donde se dedicó a desmenuzar la relación asimétrica, los términos de intercambio y la influencia política del Reino Unido en la Argentina. El precursor de FORJA plasmó como el esfuerzo productivo argentino quedaba inserto en una arquitectura de frigoríficos, ferrocarriles, comercio exterior, finanzas, donde actores externos ocupaban posiciones decisivas para apropiarse de una parte importante de la renta. El índice de su publicación muestra esos elementos como un sistema de subordinación para el abastecimiento británico.
En mayo de 1933, cuenta Scalabrini, la Cámara de los Comunes discutía, en el marco del conocido Pacto Roca-Runciman, la posible incorporación de Argentina al Commonwealth (en aquel momento la Mancomunidad Británica de Naciones, que implicaba la sumisión a la corona). Si bien lo último quedó descartado, el primero pasó a la historia como la humillación que las élites gobernantes impusieron al pueblo argentino, es que desde su firma, el 85% de las exportaciones de carne debían realizarse a través de empresas frigoríficas de capital extranjero y en su mayoría británico, mientras que a las empresas argentinas se les reservaba sólo un 15%. Es decir, un costo absurdo para una inserción primaria exportadora en la economía mundial.
Además Gran Bretaña exigía el control de la moneda argentina, el control de los créditos, el transporte automotor, el control de la electricidad, entre otras cosas. El precursor de FORJA agregaba que en esas cifras económicas latían también la geografía, las características de una sociedad y hasta “esa casi inasible pulsación que los pueblos tienen en su esperanza”.
Casi un siglo después, otros lápices dibujan el mapa argentino, pero ahora lo anuncian en una declaración conjunta. El gobierno nacional y la embajada estadounidense formalizaron El Corredor Andes-Atlántico, un proyecto que ya nos entrega una integralidad económico-logística y, en parte, tecnológica y financiera.
En ella, explicaron que el proyecto “busca facilitar la inversión pública y privada en transporte, energía e infraestructura digital a largo plazo, consolidando a los Estados Unidos como un socio fundamental en infraestructura e inversión para Argentina”.
Y mencionan que “las exportaciones de minerales, petróleo y gas aumentarán a través de inversiones estadounidenses e inversiones respaldadas por los Estados Unidos en ferrocarriles, vías navegables, puertos, oleoductos e infraestructura de generación y transmisión de energía, construidas sobre una base de tecnología confiable que busca garantizar una eficiencia óptima y máxima ciberseguridad”.
Las piezas del corredor
Para llevar esas intenciones al terreno de las inversiones, Washington prevé combinar distintas herramientas públicas con capital privado. El principal instrumento es el U.S-Argentina Build the Future Framework, firmado con el Export-Import Bank de Estados Unidos (EXIM), que habilita a explorar hasta 7.000 millones de dólares de financiamiento para proyectos elegibles (cada operación deberá ser evaluada y aprobada) hasta 2027. EXIM puede intervenir mediante préstamos directos, garantías y seguros orientados a financiar exportaciones estadounidenses; la DFC (Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de los EE. UU.) suma deuda, participación accionaria, seguros contra riesgo político y desarrollo de proyectos; y la USTDA (Agencia de Comercio y Desarrollo) puede financiar los estudios de factibilidad, asistencia técnica y proyectos piloto necesarios para volver financiables determinadas obras.
Es decir, una maquinaria estatal que prepara, financia y protege inversiones alineadas con los intereses estratégicos de Estados Unidos. El esquema se completa con inversión privada y con el compromiso argentino de ofrecer marcos regulatorios y concesiones que faciliten la participación de empresas y financistas estadounidenses
En términos de transporte, el corredor se monta sobre procesos que ya estaban avanzados. La nueva concesión de la Vía Navegable Troncal Paraná-Paraguay fue adjudicada en junio a Jan de Nul–Servimagnus y el contrato se firmó en julio; por esa vía circula alrededor del 80% del comercio exterior argentino. Un mes antes del lanzamiento del Andes-Atlántico, el Gobierno también había llamado a licitación para concesionar por 50 años los 7.594 kilómetros de las líneas de carga Belgrano, San Martín y Urquiza, con acceso abierto y obras obligatorias durante los primeros cinco años. El corredor propone identificar y financiar nuevas obras en los mencionados ferrocarriles, vías navegables y puertos, con participación de empresas estadounidenses.
La propuesta más concreta, se da en el campo de la energía: El proyecto más avanzado y con una participación financiera estadounidense concreta es Argentina LNG (Gas Natural Licuado). YPF, la italiana Eni y la árabe XRG proyectan una inversión total de unos US$51.000 millones para desarrollar una cadena integrada desde Vaca Muerta hasta la producción y exportación de GNL, con dos unidades flotantes de licuefacción y una capacidad inicial de hasta 12 millones de toneladas anuales. En septiembre, US EXIM presentó una propuesta de financiamiento de hasta US$6.000 millones para este proyecto.
También aparece bajo el paraguas del corredor el proyecto AMBA I, cuya licitación había sido lanzada en agosto: Una obra de aproximadamente US$800 millones, 270 kilómetros de líneas de alta tensión y unos 2.000 MW adicionales de capacidad para el área metropolitana, con una garantía del BID todavía en estructuración. Allí US EXIM se propone poner otros porotos en el marco de generación de tecnología considerada “confiable”, ciberseguridad y protección de plataformas e infraestructura frente a China. Además el jueves 22 el Canciller Quirno anunció que Estados Unidos comprometió un aporte no reembolsable de USD 15 millones para contribuir a la creación de un Centro Nacional de Operaciones de Ciberseguridad.
En cuanto a los minerales, la distancia entre la ambición del anuncio y los proyectos concretos todavía es mayor. El acuerdo establece como objetivo identificar inversiones en minería y procesamiento de minerales críticos para diversificar cadenas de suministro, pero hasta ahora las fuentes públicas no muestran una mina determinada con financiamiento estadounidense adjudicado dentro de Andes-Atlántico. Aunque después del anuncio del Corredor, una delegación estadounidense recorrió Salta para estudiar oportunidades en minería, energía, transporte y conectividad. De esa visita sí surgieron propuestas territorialmente concretas, aunque todavía sin financiamiento aprobado: entre ellas, Salta presentó una nueva troncal de fibra óptica entre la capital provincial y el Paso de Sico, integrada a la red federal de ARSAT y destinada también a localidades y proyectos productivos de la Puna. Otro proyecto que busca proteger la ciberseguridad alrededor del corredor Andes-Atlántico.
Qué quiere Estados Unidos
No es que los intereses estadounidenses recién arriben al país, todo lo contrario. Hay una historia de competencia con otros imperios e injerencia que comenzó en la Doctrina Monroe. Lo novedoso de este caso es que se presentan formalmente, con sus intenciones, algo que no ocurría desde la Iniciativa para las Américas (Enterprise for the Americas Inpolítice) o, anteriormente, la Alianza para el Progreso, ambos claramente enmarcados en su tiempo histórico.
Si la Alianza para el Progreso se fundamentó en impulsar el desarrollo económico continental para evitar que crezca el comunismo en sectores postergados durante la Guerra Fría, y la Iniciativa para las Américas tuvo lugar durante el Consenso de Washington; el Corredor-Andes Atlántico se da en el marco de una creciente multipolaridad y competencia económica con China, donde adquiere especial valor la energía, y los minerales críticos.
En ese sentido se expresó el investigador en Relaciones Internacionales, Gabriel Merino, al ser consultado por DLR: “El corredor está en el esquema de subordinación a Estados Unidos. O sea va de la mano del “Escudo de las Américas” en materia de seguridad, la Pax Sílica, impulsada por Estados Unidos para asegurar en el centro de cadena de suministro, ligada a inteligencia artificial, la tecnología avanzada, y bueno asegurarse acá obviamente minerales y petróleo. Se trata de que la infraestructura ligada al transporte de esos minerales y petróleo quede bajo la órbita occidental y bajo el dominio estadounidense”
No hace falta buscar demasiado entre líneas. Durante los últimos años, distintos documentos y funcionarios estadounidenses fueron explicitando cuáles son sus intereses estratégicos en la región. Mientras estuvo al frente del Comando Sur, durante la gestión de Biden, la generala Laura Richardson señaló la importancia de los recursos naturales sudamericanos, el litio, el petróleo y la infraestructura crítica en el marco de la creciente presencia china.
La actual administración Trumpista llevó esa doctrina un paso más allá: la intervención militar en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro fueron presentadas por Washington como parte de una política destinada a recuperar capacidad de decisión sobre su hemisferio, mientras el propio Presidente vinculó posteriormente el acceso al petróleo venezolano con la “dominancia energética” estadounidense; el Departamento de Defensa no teme en anunciar que garantizará acceso militar y comercial estadounidense a territorios estratégicos de la región y evitará que adversarios establezcan capacidades que puedan amenazar esos intereses.
Así también se explica en la declaración conjunta del Corredor: “El Corredor forma parte de la Asociación del G7 para la Infraestructura y la Inversión Global, y se basa en el respaldo de los Estados Unidos a corredores económicos estratégicos a nivel mundial que aseguran las cadenas de suministro estadounidenses y crean oportunidades para las empresas de los Estados Unidos. Entre los corredores existentes se encuentran el Corredor Económico India-Medio Oriente-Europa, la Ruta Comercial Transcarpiana en Asia Central y el Cáucaso, el Corredor de Lobito en el África subsahariana, y el Corredor Económico de Luzón en Filipinas”.
¿Qué país dibuja esta infraestructura?
El corredor prioriza una Argentina proveedora de minerales y energía, conectada mediante infraestructura logística, energética y digital con mercados internacionales, particularmente occidentales. El actual gobierno expresa explícitamente la voluntad de que Argentina sea un proveedor confiable de “energía, alimentos y minerales” para el mundo libre. Sus medidas económicas, como el RIGI, y sus resultados hasta el momento, coinciden con esta voluntad. Ahora el gobierno pretende que el anuncio del Corredor funcione como catalizador de inversiones.
Precisamente ese rumbo venía tomando forma antes de que apareciera el Corredor Andes-Atlántico. En septiembre, Luis Caputo definió al modelo económico como uno que “empuja las exportaciones” y está “basado en su crecimiento”. El RIGI fue diseñado para acelerar esa orientación: estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria por treinta años, beneficios para grandes proyectos y exigencias reducidas de integración local, según un informe del CESO, entre los beneficios del RIGI se encuentra la libre disponibilidad del 100% de las divisas a partir del cuarto año. Además el régimen establece un piso de solo el 20% para proveedores nacionales sobre el monto destinado a bienes y obras, sujeto además a que exista oferta competitiva, y no fija un porcentaje obligatorio de empleo argentino.
Los flujos recientes de inversión extranjera ofrecen otra señal sobre esa orientación. En el primer trimestre de 2026 ingresaron US$1.794 millones netos de IED y US$1.181 millones (casi dos tercios) tuvieron como destino la explotación de minas y canteras, el principal sector receptor del período. En ese mismo trimestre, Estados Unidos fue además el principal origen de los flujos de inversión extranjera, con US$809 millones. El informe del CESO señala además que, entre 2025 y 2026, el sector de hidrocarburos generó una demanda de US$4.832 millones por motivos financieros, vinculados a inversiones, utilidades e intereses, advirtiendo un fenómeno de puerta giratoria (si entran divisas por exportaciones y rápidamente vuelven a ser demandadas para salir del país, el efecto sobre las reservas y la sustentabilidad externa puede ser pequeño).
El mapa de la infraestructura argentina, también expresa la orientación mencionada, con la nueva concesión de la Vía Navegable Troncal y las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza. Sumado a ello, DLR también viene siguiendo la privatización de Transener, responsable de más de 12.600 kilómetros de líneas de alta tensión que constituyen la columna vertebral del sistema eléctrico. Las represas del Comahue habían seguido el mismo camino a fines de 2025. El intento de flexibilizar la Ley de Tierras (por ahora concreto) muestra la ecuación completa: atraer capital sobre recursos, territorio e infraestructura estratégica con menos condiciones previas y mientras la participación estatal se concentra en habilitar, regular y garantizar el marco de negocios.
Una inevitable comparación con las inversiones chinas, el otro gran competidor por abastecimiento, permite analizar de otro modo la disputa por infraestructura y recursos. Durante los últimos años, bancos y empresas estatales chinas financiaron y construyeron obras de gran escala en la Argentina, desde los parques solares de Cauchari ubicados en el departamento de Susques, Jujuy, hasta la modernización del Belgrano Cargas.
En Cauchari, el Exim Bank de China financió el 85% del contrato y la ingeniería y provisión de los parques quedaron en manos de Shanghai Electric y PowerChina. Algo similar ocurrió con el Belgrano Cargas, donde bancos y empresas chinas financiaron y abastecieron buena parte de la modernización ferroviaria. Pero aquel acuerdo también muestra que las condiciones podían disputarse: en la renegociación de 2017, la Argentina elevó del 40% al 65% la participación de trabajo e insumos nacionales y excluyó de las importaciones materiales que podían fabricarse localmente, como los durmientes. La diferencia relevante estaba en cuánto de esa inversión el Estado conseguía convertir en obra, proveedores, producción y capacidades propias.
Con el esquema actual, algunas zonas del país pueden consolidarse como economías de enclave articuladas alrededor de la exportación de minerales, hidrocarburos y otras materias primas, como indica Gabriel Merino. Eso puede generar divisas que la Argentina necesita, además de empleo e infraestructura allí donde efectivamente se materialicen los proyectos. La cuestión aparece al observar qué herramientas conserva el país para conducir ese proceso. Los requisitos de integración local del RIGI son reducidos, infraestructura estratégica pasa a manos privadas, capacidades estatales y científico-productivas fueron recortadas y la política exterior profundizó su alineamiento con Washington. Si esas piezas avanzan juntas, la demanda extranjera encuentra cada vez menos mediaciones capaces de incorporarla a una estrategia propia de desarrollo. El riesgo de la economía de enclave reside, justamente, en que una actividad pueda crecer, exportar y producir riqueza mientras el país pierde capacidad para decidir qué construye alrededor de ella y hacia dónde orienta los recursos que esa actividad moviliza.
Es necesario, como en su momento lo hizo Scalabrini, preguntarse sobre la distribución de la renta entre quien produce y quien controla los eslabones decisivos de comercialización. ¿Qué arquitectura económica dibuja la realidad que los argentinos vivimos hoy? Las potencias buscan asegurar energía, minerales y cadenas de suministro de acuerdo con sus necesidades estratégicas. La cuestión argentina es si esa demanda externa será incorporada a un proyecto propio de desarrollo o si el territorio terminará organizado principalmente alrededor de necesidades decididas fuera de él.
“La libertad, el bienestar y la riqueza se conquistan. Ni se solicitan ni se piden. Y la cuestión, para nosotros, no es cambiar de amo, sino ser una nación fuerte, segura de sí y henchida de salud como corresponde a un pueblo inteligente que habita en un suelo feraz. Reconquistar el dominio político y económico de nuestra propia tierra es, pues, nuestro deber para con nosotros mismos, para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos”.