La primera vez que Argentina anunció al resto del mundo el término “deuda ecológica” fue en la Carta Ambiental de Perón a la Cumbre de Estocolmo de 1972, donde plantea que la reparación del ecosistema debe hacerse de manera justa; los países que mayor daño ocasionan al planeta son los que tienen que aportar más a su reparación, y los países del Sur Global deben exigirlo.
El 12 de junio de 1992 se firmaron en Río de Janeiro las tres convenciones ambientales de la ONU (Cambio Climático, Biodiversidad y Deforestación). Fidel Castro retomó en su discurso el concepto de deuda ecológica: “El intercambio desigual, el proteccionismo y la deuda externa agreden la ecología y propician la destrucción del medio ambiente.”
Más tarde lo planteó Néstor Kirchner, cuando reclamó a los países del Norte que “salden su deuda ambiental con el resto del mundo” y que cumplan los compromisos del Protocolo de Kyoto (COP de Biodiversidad), y en 2015 el Papa Francisco acuñó el término de deuda ecológica en su última encíclica Laudato Si.
“Una salida al modelo extractivista es reclamar la deuda ecológica”, dijo el abogado ambientalista y Juez del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza, Enrique Viale. Años después, el concepto intenta avanzar en acciones concretas, y hoy el mundo discute cómo se pagará la deuda climática que tienen los países del Norte con los países del Sur Global.
"Páguese la deuda ecológica y no la deuda externa": Fidel Castro advierte del desastre ecológico de Brasil en 1992 pic.twitter.com/xDnyV4Tdgv
América Latina está sufriendo consecuencias concretas del cambio climático: sequías, inundaciones, y tornados. “Uno de los debates que se está dando, es que los países del Norte se hagan cargo de la reparación de estas catástrofes climáticas”, dijo Viale. Por ejemplo, la reciente inundación en Porto Alegre, Brasil, que llegó a 5,32 metros en mayo y afectó a más de un millón de habitantes.
Entre otros mecanismos de financiamiento que existen para reparar el daño ambiental, está el canje de deuda por la acción climática, que fue retomado por el presidente Gustavo Petro en el discurso de apertura de esta COP.
El primero en ejecutar el canje de deuda por acción climática fue Bolivia en 1987 donde cancelaron US$ 650 mil de su deuda a cambio de proteger tierras del Amazonas. El país de centroamérica Belice fue uno de los más recientes en utilizarlo. Redujo su deuda a cambio de designar el 30% de sus zonas marinas como áreas protegidas y destinar US$4 millones anuales durante las 2 próximas décadas a la conservación marina.
“Las áreas protegidas también tienen su límite, que son los pueblos. Porque muchas veces se intenta desplazar a las comunidades que viven ahí con el argumento de preservar la naturaleza. Otras veces, son cogestionadas con las comunidades locales”, dice Viale.
Hay otro tipo de herramientas que son cuestionadas por organizaciones ambientales y las denominan “falsas soluciones”, como por ejemplo los bonos de carbono; inversiones de empresas extractivas a cambio de cumplir con acciones climáticas. Por ejemplo, “deforestar un área del Amazonas para el monocultivo de madera de balsa en Ecuador, a cambio de plantar árboles en Nigeria. No son más que seguir perpetuando el extractivismo”, dijo Nury Martínez de La Vía Campesina.
“La deuda externa es un ciclo perverso que necesita más extractivismo para obtener más dólares, y que a su vez te sumerge en mayor deuda ecológica”, afirma Viale. “La deuda climática excede largamente a la deuda financiera y con cada vez más fundamentos”.
“Se necesita una transición energética justa y popular, no corporativa”, aseguró Enrique Viale. “En el norte quieren desplazar a las comunidades que viven cerca de los salares de litio, en nombre de la transición energética. En Argentina, con un presidente como Milei y con un RIGI es un escenario ideal para profundizar el extractivismo y condenarnos a que nuestro único destino sea ser exportador de naturaleza; lo que llamamos colonialismo verde”, manifestó el abogado.
Si hay algo que no cabe dudas, es que los principales impulsores de la transición energética son los países del Norte Global. ¿Por qué? “La transición energética que ellos proponen no es para reparar el planeta, es para solventar un sobreconsumo”, advierte Viale.
“Si todos los habitantes del planeta vivieran como vive un estadounidense necesitaríamos seis planetas, y como un europeo; cuatro. El norte global tiene que cuestionar su modelo de consumo”
La pregunta que se hizo Viale: ¿Vale la pena participar de esta COP? “Es fundamental primero para confrontar, porque es una gran disputa de sentido la cuestión socio ambiental, y en segundo lugar, afianzar lazos con compañeros de otros lazos, e incluso también mantener diálogos con el Norte, es necesario para fortalecer las organizaciones ambientalistas”, concluyó Viale
Estuvimos en la COP16 Biodiversidad Cali 🇨🇴 debatiendo junto a la Ministra de Ambiente de Colombia, @susanamuhamad y Presidenta de la COP ONU.
Nunca la mercantilizacion de la Naturaleza (hasta sus funciones) puede ser considerada una solución, al contrario es el eje del problema pic.twitter.com/U7UVqWiCP1
La Conferencia de las Partes (COP) de Biodiversidad número 16 es el evento ambiental más importante del mundo que comenzará este 21 de octubre en Cali, Colombia. ¿Qué importancia tiene para los países de América Latina? ¿Qué rol tendrá Argentina?
La COP: dónde los Estados Nacionales siguen siendo los protagonistas
Sus siglas en inglés se refieren a “Conferencia de las Partes” (Conference of Parts) que son reuniones de alto nivel organizadas por las Naciones Unidas que reúne a Estados, sector privado y organización civil.
Se crean en 1992 en Río de Janeiro tres convenciones frente a distintas problemáticas ambientales: la de cambio climático, la de biodiversidad y la de desertificación. La primera es la más conocida tanto por las dimensiones del problema que representa como por la necesidad de acelerar la acción de gobiernos y empresas para abordarlo. Sin embargo, este último año Colombia como anfitrión ha aportado a una gran visibilización de la COP16 de Biodiversidad.
Según el informe sobre Análisis de Política Climática de la Universidad Nacional de Rosario, la participación en las COPs de Cambio Climático-la más convocante- ha crecido notablemente con el correr de los años: de los 117 Estados y las 3969 personas registradas en la COP1 se pasó a 196 Estados y 22354 personas en la COP25. El pico se dio en la COP21 de París con 30.372 asistentes donde se firmó el Acuerdo de París, que es el que rige actualmente y obliga a los países a cumplir con objetivos y metas para mitigar el Cambio Climático, como por ejemplo la descarbonización y el incentivo a industrias de transición energética.
Sin embargo, el mayor crecimiento se registra en las delegaciones de Estados, donde la participación de delegados de países ha crecido en un 19% en la COP1 a 51% en la COP25. O sea, los países pasaron de involucrar a 757 delegados en la COP1 a 11.406 en la COP25, alcanzando un pico en la COP21 de París con 19.208 participantes de Estados Parte.
En los últimos años, dichas Convenciones han cobrado mayor visibilidad en la agenda mediática y de los países. Pese a un contexto mundial de debilitamiento de los Estados Nacionales , y frente a nuevos polos de poder concentrados en el sector privado transnacional, las COPs resultan escenarios con fuerte impronta institucional y de consensos entre actores estatales y no estatales.
Pero además, en los últimos años hubo un fuerte interés por países de América Latina o del Sur Global en dichos eventos. ¿Por qué?
Este año se realiza la COP de Biodiversidad en Cali, Colombia. El año que viene la COP29 de Cambio Climático será en Brasil. No es casualidad que ambos países son quienes lideran las discusiones ambientales en América Latina, y su apuesta en estos eventos internacionales viene de la mano de sus objetivos para el cuidado ambiental de sus territorios y la necesidad de obtener financiamiento.
Actualmente no quedan dudas que los espacios ambientales son fundamentales para el desarrollo de la vida, y a quienes se encargan de su cuidado, resultan trabajadores imprescindibles. Al mismo tiempo, en un mundo donde el capitalismo se consolidó como sistema como modo de vida, el dinero es imprescindible. Por eso, valorar espacios naturales y a quienes los protegen no solo puede quedar en un valor simbólico, también debe monetizarse.
Se trata de dar vuelta la ecuación: valorar más lo que cuida la vida, y ponerle un precio No es algo nuevo, bajo esa misma línea se piensan muchos trabajadores como los recicladores urbanos o cartoneros, los apicultores que brindan el servicio de polinización, o hasta incluso personas encargadas del cuidado de otras.
Brasil fue uno de los primeros países en trabajar el concepto de “servicio ecológico” para exigir obligaciones a otros países. Desde el 2004 existe un fondo que se encarga de financiar la protección de la Selva Amazónica, el pulmón de oxígeno más grande que tiene occidente. A pesar de haber sido pausado durante el gobierno de Jair Bolsonaro, el actual presidente Lula Da Silva volvió a activarlo y el último año Brasil recibió de ese fondo más de mil millones de dólares.
Colombia sigue los pasos de Brasil y aunque no tiene una política consolidada, esta COP pretende ser un momento clave para tratarlo. Se trata del Fondo Para la Vida, que busca la inversión de 1.200 millones dólares para la restauración de 753.783 hectáreas de ecosistemas terrestres y marinos en todo Colombia. Un compromiso que asumió el Gobierno del actual presidente, Gustavo Petro.
La necesidad de los países de recibir una compensación por ser los guardianes de los reservorios naturales más importantes, es lo que convierte como “pago” un servicio ecológico que beneficiará a todo el planeta. Pero también las exigencias son bajo el argumento de la repartición justa de quiénes son los que más daño ocasionan al planeta.
Si se reparten responsabilidades, solo entre Estados Unidos y la Unión Europea (UE) se emiten el 75% del dióxido de carbono (Co2) que daña la atmósfera. Junto a China, alcanzan un 90%. Argentina es uno de los que menos emite Co2, según un estudio publicado en Earth System Science Data, con solo un 8% de impacto en el mundo.
Argentina participa de la COP de Cambio Climático desde su primera edición, registrando un crecimiento de participación de sus delegaciones de 10 representantes a 127 en otras ediciones. Argentina fue host de dos COPs; la COP4 y la COP10, ambas realizadas en la Ciudad de Buenos Aires
En la COP10 realizada en la Ciudad de Buenos Aires la Delegación Argentina participante afirmó que “Los países pobres necesitamos que los que inciden en el cambio climático se hagan cargo del pasivo ambiental que producen.”
“Plantear al mundo la existencia de acreedores ambientales como nuestro país y el conjunto de países en igual situación y la simétrica existencia de deudores ambientales, principalmente entre los países más industrializados, y requerir justa reparaciones en el marco de ese Protocolo (de Kyoto), puede ser un camino viable para el desarrollo ambientalmente sustentable.”
Así mismo destacó tres prioridades en las que su gobierno trabajaría: “Cambio climático, protección del bosque nativo y control de agua tienen que ser los ejes principales de una política de Estado en materia ambiental, junto a provincias y municipios”.
Varios conceptos fueron luego transformados en políticas públicas, como la creación del Primer Inventario Nacional de Bosques Nativos lo que posibilitó luego en 2018 la sanción de la Ley Nº 27.431 que dio origen al Fondo Fiduciario, recientemente eliminado por el gobierno nacional mediante Decreto infligiendo las obligaciones establecidas en la Ley 26.331 o Ley de Bosques.
En su discurso Kirchner también había mencionado la fuerte inversión al Plan Nacional de Manejo del Fuego, creado en 1997 como una herramienta más de fortalecimiento de la política federal, y sancionada como Ley en 2012. Se trata de un instrumento de transferencia de fondos a provincias para la distribución de medios aéreos (helicópteros y aviones hidrantes), insumos para combatir incendios.
En la actualidad, donde varias provincias sufren las consecuencias de terribles incendios, el gobierno nacional subejecutó el presupuesto de la Ley de Manejo del Fuego, ya que entre abril y agosto de 2024 se ejecutó solo un 40% de los fondos para combatir y prevenir los incendios.
Durante la gestión del ex presidente Alberto Fernández, estuvieron los intentos de involucrarse más en este tipo de eventos con el fin de conseguir financiamiento específicamente del “canje de deuda por naturaleza” o “por acción climática” que consiste en una reducción de los compromisos de deuda a pagar por los países del Sur con la condición de que esos recursos sean utilizados con fines de preservación del ambiente o creación de áreas protegidas.
A pesar de haber hecho el intento para la construcción de la planta de hidrógeno verde en Río Negro, finalmente Argentina no logró ingresar a este tipo de “financiamiento verde”
Actualmente no se conoce públicamente el nombre del funcionario perteneciente a Cancillería Argentina que será enviado para representar al país en el evento ambiental más importante del mundo. Mientras tanto, la provincia de Buenos Aires tendrá su representación en Cali, con la presencia de la ministra de Ambiente Daniela Vilar convocada por el gobierno colombiano.
Estos dos minutos de Milei resumen su performance en el debate: posiciones extremistas y electoralmente insignificantes al pedo (negacionista del cambio climático y antivacunas), tartamudeo y nerviosismo notorio. Lo llevaron a donde quisieron y lo neutralizaron. pic.twitter.com/cXx0y6Z613
Tras años de expectativas y escasos avances, el desarrollo de esta fuente de energía en América Latina llega a un momento crucial
El desarrollo de la energía eólica marina está entrando en un momento decisivo en América Latina, tras años de expectativas que han despertado esperanzas en esta fuente de energía, pero que aún no se han traducido en la puesta en funcionamiento de una sola turbina frente a las costas de la región.
Este mes de agosto, el Senado de Brasil tiene previsto votar un marco regulador de la energía eólica marina que será esencial para el avance del sector, mientras que Colombia espera en septiembre ofertas de empresas que quieran explorar su zona marítima.
Los expertos afirman que la expansión de la energía eólica marina podría contribuir a reducir el uso de combustibles fósiles e incluso impulsar el empleo y las economías locales, ya que para ello será necesario tanto construir parques eólicos marinos como modernizar infraestructuras terrestres como los puertos.
En los países que están ampliando su sector eólico marino, las inversiones pueden ser “palancas de desarrollo económico e industrial enormes”, dijo a Dialogue Earth Ramón Fiestas, director para América Latina del Consejo Global de la Energía Eólica (GWEC por sus siglas en inglés).
Sin embargo, el nivel de inversión que requiere el sector es muy elevado. Según un estudio de la consultora Centro Brasileño de Infraestructuras (CBIE), debido a los costos de construcción en el mar, el costo por megavatio de la energía eólica marina puede ser tres veces más caro que el de las instalaciones eólicas terrestres. Si se tienen en cuenta los costos de las nuevas líneas de transmisión submarinas, la cifra se multiplica por diez.
Además, los expertos afirman que faltan pruebas de relevancia local sobre los riesgos socioambientales de los parques eólicos marinos. “No existe ningún estudio sobre los impactos de estos proyectos en el hemisferio sur”, afirma Adryane Gorayeb, coordinadora del Observatorio de Energía Eólica de la Universidad Federal de Ceará, en el noreste de Brasil.
Gorayeb señala que, en general, los estudios sobre la costa latinoamericana son escasos, “tanto en términos geofísicos como biológicos, ecológicos y sociales”, lo que genera preocupación por los posibles impactos marinos del desarrollo de infraestructuras energéticas en alta mar.
El potencial offshore de Brasil
En el mar, los vientos son más constantes e intensos que en tierra, y la superficie es más amplia para los parques eólicos, lo que ofrece un mayor potencial de generación de energía. “Eso es algo enormemente valioso en el sistema eléctrico”, afirma Fiestas.
Brasil ya es el mayor productor de energía eólica terrestre de América Latina, y tiene potencial técnico para generar más de 1.200 gigavatios (GW) de energía eólica marina, según un informe del Banco Mundial publicado en julio. Esto representaría una gran expansión de la capacidad total instalada del país en todas las fuentes de electricidad, que superó los 200 GW en julio. El documento también afirma que el sector podría generar 516.000 puestos de trabajo de aquí a 2050 y aportar al menos 168.000 millones de dólares a la economía brasileña.
Turbinas eólicas en el delta del Parnaíba, noreste de Brasil. La mayoría de los parques eólicos marinos propuestos se sitúan en las regiones sur y noreste del país, debido a la fiabilidad y constancia de la velocidad del viento (Imagen: Dordo Brnobic / Alamy)
El potencial eólico marino de Brasil es “vigoroso, consistente, geográficamente diverso y situado cerca de los centros de demanda”, según el informe. Por todo ello, “la eólica marina podría ocupar un lugar destacado en la combinación energética a largo plazo del país”, añaden sus autores.
Esto ha atraído a muchos interesados. Hasta abril, se habían presentado 97 solicitudes de licencia para proyectos eólicos marinos ante Ibama, la agencia medioambiental del gobierno brasileño, que abrió un registro incluso antes de que se haya promulgado un marco regulador para el sector.
Según datos de Ibama, la mayoría de los proyectos propuestos se sitúan en el estado más meridional de Brasil, Rio Grande do Sul (27), y en Ceará (25), en el noreste, a una distancia de entre 10 y 40 kilómetros de la costa. Se espera una capacidad instalada de 234 GW con todos los proyectos propuestos en el país.
Los datos de la agencia muestran que las solicitudes se han acelerado desde 2022, cuando se promulgó un decreto que regulaba la transferencia de zonas marinas del gobierno al sector. Pero el establecimiento del marco regulador sigue siendo un obstáculo clave.
“El primer paso es disponer de un marco jurídico. Sin él, no pasará nada, porque el mar es un bien federal”, afirma Elbia Gannoum, presidenta de la Asociación Brasileña de Energía Eólica (Abeeólica), que agrupa a más de 150 empresas activas en el sector.
El proyecto de ley de este marco iba a ser votado este mes de agosto por el Senado, aunque los impasses políticos están obstaculizando su avance. La Cámara de Representantes, la cámara baja del Parlamento, lo aprobó en noviembre de 2023. Gannoum calcula que, si se aprueba este año, permitiría subastar zonas en 2025, conceder licencias en 2028 y que las centrales eléctricas empezarán a funcionar entre 2031 y 2032.
Su aprobación es considerada prioritaria por el gobierno federal y forma parte de un paquete de medidas vinculadas a la transición energética, entre ellas el marco jurídico del hidrógeno verde, que entró en vigor a principios de agosto.
“Brasil tiene un gran potencial para producir hidrógeno verde barato, y la energía eólica marina contribuirá significativamente a ello”, afirmó Gannoum. “Vemos esto como una oportunidad para industrializar la economía a partir de una matriz energética renovable”.
Subastas offshore colombianas
Con más de 3.000 kilómetros de costa, Colombia quiere acelerar su sector eólico marino desde 2022, para lo que ha aprobado un plan de acción y una resolución que establece las directrices para las subastas.
A diferencia de Brasil, Colombia no pretende aprobar una ley específica para regular las empresas de energía eólica marina y se basa en la normativa existente sobre generación de electricidad. Pero este vacío normativo podría presentar riesgos, agravados por una crisis institucional. Las directrices legales dicen que el presidente del país tiene la responsabilidad de nombrar a seis expertos a tiempo completo para apoyar a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), pero este organismo pasó recientemente casi un año con solo expertos provisionales en el cargo, y hoy solo cuenta con un funcionario nombrado y tres que prestan servicio en calidad de temporales.
“Estos son proyectos [offshore] que son de largo plazo, entonces se requieren unas reglas claras que permitan a la gente hacer sus inversiones”, dijo Santiago Arango, investigador en energía y profesor de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia en Medellín.
En octubre de 2023, el gobierno colombiano lanzó la primera subasta de América Latina para proyectos eólicos marinos, cuyo plazo se ha ampliado hasta este mes de septiembre. Los interesados competirán por licencias temporales de ocho años para evaluar la viabilidad de las zonas marinas. Posteriormente, los contratos podrán convertirse en concesiones para construir y explotar parques eólicos marinos durante un máximo de 30 años, con una prórroga opcional de 15 años.
Los ganadores deberán ser elegidos en agosto de 2025, y se espera que las licencias se concedan en diciembre del mismo año.
Colombia tiene una capacidad total instalada de 20 GW en todas las fuentes de electricidad, con unos objetivos de capacidad eólica marina de 7 GW para 2040 y 13 GW para 2050. Según el plan de acción, el potencial técnico de esta fuente de energía se sitúa entre 50 GW y 100 GW.
Pero no todos confían en este progreso. “Son unas metas supremamente ambiciosas”, afirma Arango. “Dudo que se logren”.
Otros países latinoamericanos también están invirtiendo en el sector, pero de forma más incipiente. En marzo, el gobierno chileno anunció la elaboración de su plan de acción y, en agosto, un consorcio británico-chileno manifestó su interés por construir un parque eólico marino en el país. Uruguay, por su parte, lanzó un plan para el sector en 2022 y se espera que anuncie una convocatoria de inversores a finales de este año.
Los retos socioambientales a futuro
A pesar de las grandes ambiciones y expectativas del sector eólico marino, Adryane Gorayeb y otros expertos advierten que si se apresuran los estudios para acelerar la instalación de proyectos, esto podría destruir los ecosistemas marinos, perjudicando a la pesca, el turismo y la navegación.
Gorayeb cita las posibles repercusiones en la biodiversidad marina y las corrientes oceánicas de la construcción y el funcionamiento de las empresas eólicas marinas. También hay que tener en cuenta las posibles repercusiones ambientales a lo largo de la cadena de suministro, por ejemplo, en la extracción de madera para la construcción de turbinas.
Las comunidades empiezan a temer los cambios que estos proyectos podrían traer a su territorio, como la especulación inmobiliaria y el aumento de los precios
Adryane Gorayeb, coordinadora del Observatorio de Energía Eólica de la Universidad Federal de Ceará
La instalación de las turbinas podría preocupar a las poblaciones costeras, añadió Gorayeb. “Las comunidades empiezan a temer los cambios que estos proyectos podrían traer a su territorio, como la especulación inmobiliaria y el aumento de los precios”, dijo.
En Colombia, preocupa especialmente la Alta Guajira. Esta región septentrional ha estado en el punto de mira del sector eólico y el gobierno la ha considerado el “epicentro” de la transición energética del país, pero también alberga a muchas comunidades indígenas.
“Es importante llevar a cabo una buena gestión social de estos proyectos, más allá de las consultas previas que exige la ley”, dijo Santiago Arango.
Con respecto a estas preocupaciones en Brasil, Elbia Gannoum, de Abeeólica, sugirió que el proceso de concesión de licencias será suficiente para evitar cualquier impacto perjudicial.
“Una vez que el titular tenga el título, realizará los estudios necesarios y, basándose en ellos, solicitará la autorización del Ibama”, dijo. “Los estudios incluyen la evaluación de la población marina, las actividades de los pescadores y los impactos del petróleo”.
Ramón Fiestas, de GWEC, afirmó que hay mucha experiencia acumulada en torno a la tecnología offshore, y las mejores prácticas internacionales la avalan.
“Entre las comunidades de pescadores y los desarrolladores de proyectos se generan normalmente unos vínculos donde los problemas se resuelven; generalmente, habilitando zonas de pesca que son compatibles con la existencia de los aerogeneradores”, afirma.
Sin embargo, el historial hasta la fecha de los parques eólicos terrestres en toda América Latina, incluidos Brasil, Colombia y México, sugiere que la concesión de licencias y la experiencia acumulada no siempre han sido suficientes para evitar impactos perjudiciales sobre la biodiversidad y las comunidades en determinados casos.
Infraestructura y lobby
Otra fuente de incertidumbre que rodea la entrada de los países latinoamericanos en el sector eólico marino, señalada por los expertos, es la capacidad actual para integrar las instalaciones en sus sistemas energéticos. Según Fiestas, hasta que no se disponga de infraestructuras maduras, la eólica marina requiere la construcción a gran escala, normalmente de parques con una capacidad instalada superior a 500 MW.
“En esa escala es donde se pueden encontrar sinergias y economías de escala, fundamentalmente en costos, y también racionalizar la cadena de suministro”, afirma Fiestas.
Pero esta escala sería más difícil de alcanzar en los países pequeños de la región, donde cada proyecto puede aumentar significativamente su capacidad de generación de electricidad.
Fiestas citó el ejemplo de Uruguay, donde la capacidad instalada de todas las fuentes de electricidad era de 5,3 GW en 2022. Desarrollar un proyecto de 1 GW representaría alrededor del 20% de su sistema eléctrico. “En un país pequeño como Uruguay, un gran proyecto de energía eólica marina puede representar un enorme desafío tecnológico”, añadió.
Por último, hay impasses políticos. La energía eólica marina es resistida por sectores vinculados a los combustibles fósiles. En Brasil, cuando el proyecto de ley sobre el sector pasó por la Cámara Baja del Congreso, incluía incentivos para beneficiar a las centrales termoeléctricas, una inclusión que paralizó la votación, que aún no se ha acordado.
La resistencia de estos sectores y la preferencia por opciones de producción de energía más baratas y familiares podría repetirse en otros países. En marzo, durante una sequía provocada por el fenómeno de El Niño, Colombia maximizó la producción de sus centrales termoeléctricas.
A pesar de los discursos a favor de la transición energética, los gobiernos pueden mostrarse reticentes ante las elevadas inversiones y el riesgo de apagones que a menudo afectan a países de la región, como Venezuela, Chile y Ecuador.
“Muchas veces, los gobiernos tienen un discurso en una línea, pero a la hora de la verdad necesitan garantizar la seguridad”, dijo Santiago Arango. “Ningún gobierno quiere pagar el coste político de tener un país apagado. Entonces, puede haber conflicto con el papel predominante de los combustibles fósiles”.
A medida que las renovables aumentan, crece la necesidad de almacenar energía. Chile está a la cabeza en América Latina y tiene más proyectos en cartera, pero sigue habiendo obstáculos
Las energías renovables son el presente y el futuro de América Latina.
En 2023, la región generó el 64% de su electricidad a partir de fuentes limpias, muy por encima de la media mundial del 39%. A medida que aumenta la producción, crece también la necesidad de almacenar esta energía.
“En pocas palabras, la razón para almacenar energía eléctrica es que se puede decidir cuándo utilizarla”, explica Claudio Seebach, decano de la Facultad de Ciencias e Ingeniería de la Universidad Adolfo Ibáñez de Santiago de Chile. “Se puede almacenar energía para cuando la demanda sea mayor: resuelve el desequilibrio natural entre los momentos de oferta y demanda”.
Esto es especialmente importante en el sector de las energías renovables, donde la generación solar y eólica proporciona energía limpia, pero intermitente: cuando el sol no brilla o el viento baja, la generación se detiene.
Chile, cuyo mix energético tiene una de las mayores cuotas de energía eólica y solar de la región, ofrece un claro ejemplo de los desafíos que pueden plantear estas caídas.
El país se beneficia de una geografía y un clima únicos: en el norte, el desierto de Atacama cuenta con los mayores niveles de radiación solar de la Tierra y, en el extremo sur, en la Patagonia, Chile tiene algunos de los vientos más fuertes del planeta.
Pero estas características también le han jugado en contra a Chile. Durante la mitad del año, el sol se pone a la misma hora en toda la delgada extensión de tierra que ocupa en la costa de Sudamérica, lo que crea una necesidad inmediata de almacenamiento de energía. El país ya está avanzando en este sector, con el lanzamiento de ambiciosos objetivos, estrategias para incentivar la inversión en tecnología, y múltiples proyectos ya activos y otros en preparación.
Opciones de almacenamiento de energía
Hoy en día, la energía puede almacenarse de múltiples maneras, entre ellas utilizando bancos de baterías a gran escala, que pueden almacenar electricidad antes de inyectarla de nuevo en las redes nacionales. Aunque las baterías de iones de litio son las más eficientes del mercado, el uso generalizado de alternativas de plomo o sodio podría estar a la vuelta de la esquina.
Técnicos de Tesvolt, la primera ‘gigafábrica’ de baterías de Europa, con sede en Alemania, especializada en soluciones de almacenamiento para sistemas eléctricos alimentados por energía solar y eólica (Imagen: Waltraud Grubitzsch / dpa / Alamy)
“El almacenamiento en baterías es eficiente, pero a muy corto plazo”, afirma Enzo Sauma, profesor de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Pontificia Universidad Católica de Chile. “Si almacenas energía en una batería un mes y quieres utilizarla al siguiente, no habrá nada porque la energía se disipa. Pero puedes usar la energía de forma muy eficiente almacenándola en un día en el que haya mucha luz solar y liberándola durante la noche”.
Las opciones a más largo plazo han resultado ser más caras. La energía hidroeléctrica de bombeo, que consiste en bombear agua hasta un embalse antes de devolverla al subsuelo mediante una turbina, es actualmente la solución más utilizada en todo el mundo. Lleva décadas aplicándose en la industria minera, pero los proyectos ocupan mucho espacio y requieren diferencias de altitud. Otras alternativas más recientes son el almacenamiento en sales fundidas ―que utiliza la sal como medio para la energía térmica― y los gases producidos a partir de fuentes renovables, como el hidrógeno verde y el amonio verde. Estos procesos son menos eficientes, pero permiten almacenar energía durante meses o años.
El fuerte crecimiento de la producción de energías renovables y la búsqueda del cumplimiento de ambiciosos objetivos mundiales de nueva capacidad renovable plantean un reto importante, junto con un enorme potencial para la expansión del mercado del almacenamiento. Actualmente este mercado está valorado en unos 246.000 millones de dólares, y se calcula que para 2030 se habrán añadido 387 GW de nueva capacidad de almacenamiento de energía en todo el mundo, según un informe del bufete estadounidense Morgan Lewis. Esto supone un aumento de 15 veces en comparación con finales de 2021.
Chile, el ejemplo a seguir en la región
Para 2030, Chile quiere abastecer el 70% de su consumo energético total con fuentes de energía renovables y alcanzar la neutralidad de carbono en 2050. Aunque su escasez de energía solar nocturna se cubre actualmente con generación a partir de combustibles fósiles, el país se ha comprometido a cerrar las centrales eléctricas de carbón que le quedan para 2040. Para alcanzar sus ambiciosos objetivos en materia de energías renovables, es imperativo desarrollar el almacenamiento de energía. Chile ya ha hecho grandes progresos y se está convirtiendo rápidamente en el ejemplo a seguir de este tipo de tecnologías en América Latina.
Tras lanzar en 2023 una estrategia nacional de almacenamiento que fija objetivos y pretende atraer inversiones al sector, y con una amplia cartera de proyectos en marcha, la capacidad de almacenamiento instalada en Chile podría superar pronto a la de Estados Unidos.
Paneles solares en la carretera entre Punta Arenas y Puerto Natales, en el sur de Chile. Para 2030, el país pretende abastecer el 70% del consumo total de energía con fuentes renovables (Imagen: Ashley Cooper / Alamy)
Los primeros proyectos de almacenamiento de energía en baterías de Chile se pusieron en marcha en 2009, y todas menos dos de sus 16 regiones administrativas tienen instalaciones en funcionamiento, en construcción o en fase de planificación. La mayor capacidad instalada se encuentra en las regiones de Antofagasta y Tarapacá, las potencias solares del país, en el norte.
“Estamos viviendo una verdadera revolución del almacenamiento de energía en Chile”, dijo a Dialogue Earth un vocero del Ministerio de Energía de Chile. “En este momento, hay proyectos de almacenamiento en funcionamiento con una capacidad total de 387 megavatios, y otros en distintas fases de desarrollo que nos permitirán alcanzar una capacidad total de 2 gigavatios en 2026”.
El gobierno espera una inversión total de 2.000 millones de dólares en los próximos dos años, añadió el portavoz. “Esto es clave para nuestra transición energética. Nos proporcionará una mayor flexibilidad en nuestro sistema eléctrico y reactivará la economía en el norte del país para mejorar la calidad de vida de sus habitantes”.
Chile añadirá 1 GW más de capacidad de aquí a 2026, con terrenos públicos reservados por el gobierno para proyectos de almacenamiento de energía en una licitación al parecer inminente. El portavoz del Ministerio de Energía declaró a Dialogue Earth que el organismo de evaluación medioambiental del país está valorando actualmente la viabilidad de otros 300 proyectos de almacenamiento, con una capacidad total de 16 GW. Según algunas proyecciones, entre 2026 y 2032, la capacidad total de almacenamiento de Chile podría duplicarse hasta alcanzar los 4 GW.
Por el momento, las cuatro mayores empresas de generación de energía del país lideran la inversión en almacenamiento: Engie, Enel, Colbún y AES Andes.
Por otra parte, el fabricante chino de baterías BYD ha firmado un acuerdo con la empresa española Grenergy para suministrar sus baterías a una instalación de almacenamiento de energía de 1.400 millones de dólares en el desierto de Atacama, que, según afirman, será la mayor de su clase a escala mundial. Se espera que el proyecto entre en funcionamiento en un plazo de tres años. BYD se negó a hacer comentarios al respecto.
Además, en 2023, la canadiense Innergex, la tercera mayor generadora de energía renovable de Chile, inauguró su primera central eléctrica en el país, con un sistema de almacenamiento de energía en baterías (BESS, por sus siglas en inglés) de 50 MW. Engie Chile, por su parte, tiene en funcionamiento dos sistemas de almacenamiento en baterías de iones de litio, con una capacidad total de 141 MW. A principios del próximo año, la empresa inaugurará una instalación de 264 megavatios hora y 96 baterías, con lo que su cartera total de BESS en Chile ascenderá a 371 MW.
Un vocero del Grupo Engie dijo a Dialogue Earth que Chile es considerado como uno de sus países estratégicos para apoyar la transición energética, “con una inversión de 1.800 millones de dólares hasta 2027. Nuestro plan en Chile considera incorporar 1,4 GW para llegar a 2 GW de capacidad instalada en energías limpias, incluyendo 2 GWh en sistemas de almacenamiento”.
Gabriel Boric dando un discurso en la inauguración de una planta de almacenamiento de energía en Antofagasta, gestionada por la filial local de la empresa francesa Engie, en abril de 2024. La compañía planea abrir su tercera planta en Chile a principios del próximo año (Imagen: Ximena Navarro / Dirección de Prensa, Presidencia de la República de Chile)
Junto a sus ventajas geográficas, los analistas han destacado cómo la actitud abierta de Chile a la inversión extranjera ―tiene acuerdos de libre comercio con países que representan casi el 90% de la economía mundial― y un entorno empresarial competitivo han propiciado la rápida adopción de innovaciones. Aunque ha progresado, los expertos siguen señalando la necesidad de regulación y de seguir mejorando las condiciones para la adopción de la tecnología de almacenamiento de energía, que requiere grandes inversiones de capital.
“Es probable que en cinco años tengamos 3 GW de capacidad de almacenamiento de energía en Chile”, afirma Sauma. “Si la tecnología de baterías sigue bajando de precio, esto puede seguir creciendo. El potencial del sector en Chile es muy, muy alto”. Los costos de las baterías han bajado un 90% en los últimos quince años, y se prevé que el costo de los proyectos de almacenamiento a escala de servicios públicos descienda un 40% de aquí a 2030, según un reciente informe de la Agencia Internacional de la Energía.
Es una carrera increíblemente rápida, y se necesita una regulación que genere confianza para la inversión
Claudio Seebach, decano de la Facultad de Ciencias e Ingeniería de la Universidad Adolfo Ibáñez
Seebach señala que “esta es una carrera increíblemente rápida, y se necesita una regulación que genere confianza para la inversión. Eso es lo primero que hemos aprendido del caso de Chile”.
En este sentido, el gobierno chileno ha intentado estimular el sector.
En octubre de 2022, el Congreso aprobó un proyecto de ley para incentivar el desarrollo del almacenamiento de energía y el transporte eléctrico. La legislación permite a las empresas energéticas optar a una remuneración por la energía que almacenan y luego inyectan de nuevo en el sistema. Sin embargo, la Comisión Nacional de Energía de Chile aún está debatiendo la regulación detallada del funcionamiento del proyecto de ley. A falta de una normativa que regule la aplicación real de dicha remuneración, “la gente está aplazando la inversión en baterías”, afirma Sauma.
El papel de China en el almacenamiento en baterías
Las empresas chinas son los principales productores mundiales de baterías de litio, y han mostrado un interés creciente en las vastas reservas de litio de América Latina ―incluidas las de Chile―para abastecer a las pujantes industrias de energías limpias del país, que son clave para la transición energética en China y en el extranjero.
En su país, el presidente Xi Jinping ha impulsado activamente el desarrollo de la generación de energía renovable, en un momento en que China se apresura a cumplir su promesa de alcanzar el punto máximo de emisiones de dióxido de carbono en 2030 y lograr la neutralidad de carbono en 2060. Y ya está avanzando: en junio de 2023, la capacidad total instalada de generación de energía a partir de combustibles no fósiles superó por primera vez a la de los combustibles fósiles.
Fabricación de paneles solares en una fábrica de Sihong, en la provincia china de Jiangsu, en diciembre de 2023. Las empresas chinas producen la mayoría de los paneles solares del mundo, así como las piezas necesarias para fabricarlos (Imagne: Fang Dongxu / FeatureChina / AP / Alamy)
La industria china de almacenamiento de energía también ha experimentado un rápido crecimiento en los últimos años, con una capacidad instalada acumulada que se ha disparado de 32,3 GW en 2019 a 59,4 GW en 2022. Para 2027, se espera que alcance los 97 GW.
China también se está desarrollando rápidamente en tecnología de almacenamiento a varios niveles, afirma el profesor Yulong Ding, de la Escuela de Ingeniería Química de la Universidad de Birmingham, Reino Unido. “A nivel nacional, tienen muchas políticas para fomentar el almacenamiento, y se está desarrollando tecnología en todos los niveles de la cadena de suministro”, señala. Además, informa que “las universidades chinas han creado programas específicos de almacenamiento de energía para formar a la próxima generación de ingenieros en la materia”.
La creación de estos conocimientos específicos se está convirtiendo en una prioridad, en la que cada vez se comparten más experiencias, incluso entre China y Chile. La empresa china Tianqi Lithium ―uno de los mayores productores de litio del mundo y propietaria de aproximadamente una quinta parte de la empresa minera chilena SQM― puso en marcha el año pasado un programa de intercambio para apoyar el desarrollo y la capacitación de investigadores chilenos en el sector del litio. La iniciativa ofrecía un viaje de un mes de duración a la ciudad de Chengdu, así como oportunidades de prácticas, talleres y contacto con la industria china del litio, incluso en relación con el almacenamiento de energía.
Tianqi se ha enfrentado a complicaciones desde que adquirió su participación en SQM en 2018, y actualmente está inmersa en disputas legales relacionadas con las medidas del gobierno chileno para ejercer un mayor control sobre los recursos de litio. Pero estos desafíos específicos no han disuadido a China de realizar inversiones más amplias en nuevas áreas energéticas, y es probable que el país siga siendo un socio clave para que la transición energética de Chile sea un éxito. En los últimos años, empresas chinas han construido, o anunciado planes para construir, la línea eléctrica más larga de Chile, plantas solares y parques eólicos, mientras que en almacenamiento de baterías, el gigante solar Trina ha puesto en marcha tres proyectos en el país.
Artículo originalmente publicado en Dialogue Earth por John Bartlett
Artículo publicado originalmente por Isabella Kaminski en Dialogue Earth
Ha transcurrido más de una década desde que se iniciaron las conversaciones sobre el Acuerdo de Escazú, el histórico tratado medioambiental de América Latina y el Caribe que pretende mejorar el acceso a la información, hacer frente a la impunidad generalizada de los delitos contra los defensores del medioambiente y reforzar los derechos de consulta de las comunidades sobre los impactos de los grandes proyectos de desarrollo e infraestructura.
El tratado entró finalmente en vigor en 2021 y hasta la fecha ha sido ratificado por 16 países de la región. Dominica fue el último en hacerlo, en abril de 2024.
Aunque el acuerdo solo está en su cuarto año, y su aplicación es un trabajo en curso, ya se está utilizando en litigios para reforzar los argumentos y, a veces con éxito, para defender los derechos de los ciudadanos.
El año pasado, por ejemplo, la Corte Suprema de Panamá declaró inconstitucional una ley que otorgaba a una empresa canadiense una concesión de 20 años para extraer cobre. El tribunal declaró que la aprobación de la concesión se había basado en una evaluación de impacto ambiental que estaba desactualizada, por lo que incumplía el objetivo del Acuerdo de Escazú de facilitar el acceso a la información ambiental.
En algunos países, los tratados internacionales pasan automáticamente a formar parte de la legislación nacional, por lo que son inmediatamente demandables. Uno de esos países es México, donde el más alto tribunal detuvo un importante proyecto de ampliación portuaria en la costa del Golfo, en Veracruz, al fallar a favor de los defensores de la comunidad y del medioambiente que pretendían proteger los arrecifes.
En Argentina, el tribunal federal de la ciudad de Mar del Plata ordenó detener las actividades de exploración de combustibles fósiles en 2022, en un caso presentado por Greenpeace. Lo hizo basándose explícitamente en la falta de participación e información públicas exigidas por el Acuerdo de Escazú. Sin embargo, apelaciones posteriores anularon esta sentencia. Los jueces argentinos también rechazaron una solicitud de Greenpeace de una medida cautelar sobre la exploración, a pesar de una declaración de apoyo del fiscal, que subrayaba que los procesos en torno a las actividades no se habían ajustado debidamente a Escazú.
Casos clave en el Caribe
En el Caribe, el Acuerdo de Escazú se está utilizando para desafiar los intentos de los gobiernos de protegerse del escrutinio legal.
Una sentencia clave en esta línea forma parte de una batalla legal en curso en Antigua y Barbuda iniciada por dos antiguanos para bloquear la construcción de un aeropuerto privado que da servicio a complejos turísticos de lujo en la isla. Jacklyn Frank y John Mussington afirman que el proyecto, que se ha visto implicado en acusaciones de acaparamiento de tierras, está destruyendo los bosques de su isla, así como ecosistemas de humedales vitales para prevenir la erosión.
El recurso inicial de los demandantes, que alegaba que no se había consultado a los ciudadanos de Antigua y Barbuda sobre el proyecto, fue desestimado. Sin embargo, el Consejo Privado de Londres ―el tribunal supremo de apelación para los miembros de la Commonwealth― no estuvo de acuerdo y dictaminó en febrero que Frank y Mussington tenían derecho a presentar dicha demanda, lo que en términos jurídicos se conoce como “legitimación activa”, en consonancia con las obligaciones internacionales de Antigua y Barbuda en virtud del Acuerdo de Escazú.
Su batalla legal volverá ahora a los tribunales locales, donde recientemente presentaron una nueva demanda.
Mussington dice que la decisión del Consejo Privado expuso a Antigua y Barbuda, uno de los primeros países en firmar el Acuerdo de Escazú el 27 de septiembre de 2018, por no seguir sus propias reglas. “Mientras llevábamos este asunto al gobierno [en 2020], estaban ratificando Escazú”, señala. “Creo que en eventos futuros, no será probable que vuelvan a cometer ese error”.
Prince Harry takes a boat tour through mangroves on the island of Barbuda to see one of the largest colonies of frigate birds in the world, as he continues his tour of the Caribbean.
La sentencia también abre la puerta a que otras personas de la región impugnen decisiones gubernamentales que afectan al medioambiente. Muchas de estas demandas, como la de Mussington, cuentan con el apoyo de la ONG Global Legal Action Network (GLAN).
Junto con George Jeffery, pescador y guía de aves antiguano, GLAN presentó recientemente una demanda contra la Autoridad de Desarrollo y Control de Antigua y Barbuda por aprobar una residencia privada de lujo para un millonario inglés con “conexiones reales” ahora desacreditadas en Cedar Tree Point, una urbanización situada dentro de una zona protegida. Afirman que el proyecto amenaza el lugar de anidamiento de tortugas marinas poco comunes y la zona de cría de la fragata, el ave nacional.
Mientras tanto, Grenada Land Actors (GLA), una red de ONG, organizaciones comunitarias y particulares que buscan una gestión sostenible de la tierra, ha demandado al departamento de planificación de Granada por el proceso de aprobación de tres proyectos de “megaturismo”. La organización afirma que las obras en estos lugares han deforestado humedales y manglares, perjudicado a especies protegidas y restringido o denegado el acceso tradicional de las comunidades. La audiencia está prevista para octubre.
Sarah O’Malley, abogada de GLAN, afirma que el gobierno granadino se había basado anteriormente en sentencias judiciales que desestimaban el caso de Barbuda: “El caso de John [Mussington] significa que todos esos argumentos de legitimación contra los que GLA iba a tener que luchar desaparecen por completo, y pueden centrarse más en los fundamentos”.
Una demanda similar está prevista en Dominica, donde se está construyendo un aeropuerto internacional en una zona ecológicamente sensible.
Cumplimiento e influencia internacional
Escazú tiene también una creciente dimensión internacional.
Tras negarse inicialmente a firmar el acuerdo, Chile se convirtió finalmente en parte de pleno derecho en junio de 2022. Apenas cinco meses después, la Corte Interamericana de Derechos Humanos castigó al país por violar el derecho a la libertad de expresión de Carlos Baraona Bray, un abogado que fue condenado penalmente por difamación tras acusar a un senador chileno de presionar políticamente a las autoridades públicas para que permitieran la tala ilegal de cipreses patagónicos.
Reunión entre defensoras ambientales indígenas y el nuevo gobierno guatemalteco. El año pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos mencionó el Acuerdo de Escazú en un caso relativo a las comunidades mayas del país (Imagen: Gobierno de Guatemala, PDM)
En su decisión, el tribunal destacó la garantía del Acuerdo de Escazú de “un entorno seguro y propicio” para los defensores del medioambiente y los requisitos estatales para protegerlos.
El acuerdo también se mencionó brevemente en dos sentencias de la Corte Interamericana contra gobiernos: Perú, por violar el derecho a un medioambiente sano de los habitantes de la ciudad minera andina de La Oroya; y otra que reconocía los derechos de los pueblos indígenas en Guatemala. Todo ello a pesar de que estos dos países no han ratificado el acuerdo.
Viviana Krsticevic, directora ejecutiva del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), dijo a Dialogue Earth que el Acuerdo de Escazú tiene poder por sí mismo, pero se están haciendo esfuerzos para fortalecerlo utilizándolo junto con otros instrumentos jurídicos internacionales.
Es probable que se haga referencia al acuerdo en la próxima opinión consultiva de la Corte Interamericana sobre cambio climático y derechos humanos, en la que CEJIL ha desempeñado un papel clave. Aunque la Corte se encarga principalmente de defender la Convención Americana ―el pacto de derechos humanos ratificado por 24 Estados del hemisferio occidental―, el Acuerdo de Escazú se ha mencionado muchas veces en las presentaciones escritas y orales sobre esta opinión. “Esperamos que esto proporcione a los Estados de las Américas un conjunto de obligaciones claras basadas en una interpretación integrada de la Convención Americana y Escazú”, afirma Krsticevic.
La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), una ONG con sede en Argentina, también tiene un caso pendiente en la Corte Suprema de Justicia del país, que pretende aunar Escazú y el Acuerdo de París sobre cambio climático. FARN busca una orden cautelar que impida a las autoridades nacionales consentir la exploración sísmica y la explotación de combustibles fósiles en alta mar hasta que se evalúen adecuadamente los impactos ambientales.
Cristian Fernández, coordinador jurídico de FARN, sugiere que las demandas basadas en el acceso a la información son relativamente sencillas. Pero añade que hacer cumplir otras partes del Acuerdo de Escazú podría ser más difícil, incluido el principio de no regresión ―que los Estados se comprometan a mantener, como mínimo, los niveles actuales de las normas reguladoras correspondientes―que FARN está tratando de defender en su demanda en curso.
Una limitación clave del Acuerdo de Escazú es que no cuenta con un tribunal propio para juzgar los casos, afirma Krsticevic. Se ha creado un comité de apoyo al cumplimiento, con normas básicas sobre cómo recibirá las consultas y emitirá recomendaciones acordadas en la última conferencia de las partes del tratado.
En cuanto a la aplicabilidad directa y a que los tribunales utilicen realmente el acuerdo, sigue habiendo una enorme laguna
Natalia Gómez, asesora de políticas de cambio climático de EarthRights International
Natalia Gómez, asesora de políticas de cambio climático de EarthRights International y ex representante pública oficial del Acuerdo de Escazú, añade que el comité de cumplimiento entra en funcionamiento en un país dos años después de que lo ratifique. Y aunque todavía no parece que se haya presentado ninguna reclamación ante el comité, algunas fuentes dijeron a Dialogue Earth que los grupos de la sociedad civil están dispuestos a hacerlo.
Gómez afirma que algunos países se habían resistido a la creación de un comité de cumplimiento para Escazú, recelosos de nuevos mecanismos que pudieran declarar responsabilidades estatales. Pero aunque el comité no podrá sancionar a los gobiernos por incumplimiento, cree que tendrá cierto peso político y jurídico, y señala las experiencias de acuerdos internacionales similares, como la Convención europea de Aarhus sobre el acceso a la información medioambiental: “Según tengo entendido, lo que ha ocurrido en Aarhus y en los comités de cumplimiento de otros tratados es que muchas veces esas decisiones son seguidas por los tribunales en su interpretación”.
Gómez añade que aún queda trabajo por hacer para educar a los jueces sobre el Acuerdo de Escazú, una cuestión en la que, al parecer, están trabajando grupos de la sociedad civil de algunos países. Además, a pesar de que el acuerdo anima a las partes a crear tribunales especializados en medioambiente, pocos países de América Latina y el Caribe cuentan con ellos. “En cuanto a la aplicabilidad directa y a que los tribunales utilicen realmente el acuerdo, sigue habiendo una enorme laguna”, afirma Gómez.
Mientras el nuevo presidente de Paraguay, Santiago Peña, tomaba posesión de su cargo en 2023, se alcanzaba otro hito en la frontera oriental del país con Brasil. El acuerdo bilateral que creó la gigantesca represa de Itaipú ―la tercera central hidroeléctrica más grande del mundo, compartida por los dos países― cumplía 50 años, lo que desencadenó una renegociación de sus términos.
Este plazo, acordado con Brasil hace medio siglo, puede haber llegado en un momento oportuno para el país: mejorar sus condiciones y el acceso a la energía renovable de la represa “podría ser una llave mágica para la transición energética de Paraguay”, afirma Guillermo Achucarro, investigador paraguayo de política climática.
Al otro lado de la frontera, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, está de vuelta: volvió al poder en 2022 por tercera vez, 12 años después de su último mandato. Fue durante el anterior gobierno de Lula, en 2009, cuando se alcanzó un acuerdo histórico para triplicar la cantidad que Brasil paga a Paraguay por la energía de Itaipú.
Según los términos del tratado original, Paraguay ha vendido gran parte de la energía que le correspondía ―la mitad de la producción de la represa― a Brasil a un precio preferencial. El acuerdo es polémico en Paraguay, ya que, al día de hoy, sigue teniendo que ceder a Brasil toda la energía que no utiliza en el país.
Varios factores han amenazado las perspectivas de la renegociación, entre ellos los desacuerdos sobre el precio de la energía procedente de la represa, las presiones del cambio climático ―que probablemente afectarán a la producción futura― y la posibilidad cada vez mayor de que Paraguay necesite retener todo su derecho a la energía para su propio consumo.
Una de las entradas a la represa de Itaipú, situada en el río Paraná, en la frontera entre Brasil y Paraguay. Al ser una entidad binacional, con su propio tratado, estatuto diplomático y marco jurídico, opera sobre su propia base legal (Imagen: Pulsar Imagens / Alamy)
Un “sueño” nacido del conflicto
El presidente Peña ha hablado de la creación de Itaipú como el fruto de brasileños y paraguayos que “se atrevieron a soñar”. En la práctica, la historia de la represa ha sido algo menos idílica.
El historiador latinoamericano Jacob Blanc ha detallado cómo el tratado de Itaipú de 1973 surgió de una desavenencia diplomática por las diferentes interpretaciones de la frontera entre Brasil y Paraguay, ya que había sido demarcada al final de la Guerra de la Triple Alianza (1865-1870), en la que ambos países habían sido adversarios. En junio de 1965, fuerzas de la dictadura militar brasileña ocuparon la zona, donde había identificado potencial hidroeléctrico una década antes. Cuatro meses después, guardias armados detuvieron a una delegación paraguaya que visitaba el lugar, entre los que se encontraban aliados del entonces presidente de Paraguay, el dictador Alfredo Stroessner.
Lo que siguió fue un año de activo conflicto diplomático regional, incluidas amenazas de guerra, con la mediación de Estados Unidos. En 1966, Paraguay y Brasil firmaron el Acta de Iguazú, en la que acordaban explorar conjuntamente el potencial hidroeléctrico de la zona. Posteriormente, el tratado de 1973 declaró a Itaipú “entidad binacional”. El territorio en disputa sería embalsado e inundado, con lo que el conflicto quedaría formalmente zanjado.
El tratado forjó una “división equitativa de la energía y la administración”, señala Tomaz Espósito Neto, analista de las relaciones Brasil-Paraguay. Pero también creó una controversia: aunque Paraguay asumió su parte de los costos de construcción de la represa, la falta de infraestructura hidroeléctrica del país en aquel momento le llevó a ceder a Brasil toda la energía no utilizada de su derecho al 50% de la producción de la represa.
En 1975, cuando el proyecto se puso en marcha, Brasil y Paraguay se endeudaron conjuntamente por algo más de 3.500 millones de dólares, incluidos préstamos a través de la empresa estatal brasileña de servicios públicos Electrobras. Analistas independientes estiman que esta deuda había crecido hasta los 79.000 millones de dólares en el momento de su amortización total en 2023: la cifra se disparó en medio de acusaciones de sobrefacturación por la construcción y la refinanciación de los préstamos iniciales con Brasil. Además, los bancos prestamistas elevaron el costo del reembolso para recuperar sus pérdidas por una tarifa energética por debajo del costo utilizada entre 1985 y 1997, que había beneficiado a las industrias brasileñas que utilizaban la mayor parte de la energía de Itaipú.
Algunas organizaciones sociales y partidos políticos de Paraguay han cuestionado lo que se ha calificado de deuda “espuria”. Un informe de 2013 supervisado por el Columbia Center on Sustainable Investment, con sede en EE.UU., también concluyó que Paraguay ya había pagado su parte, sobre todo porque “una contabilidad cuidadosa de todos los costos y precios mostraría que Brasil le ha pagado muy mal a Paraguay durante décadas”.
El estatus de Itaipú como entidad binacional, con su propio tratado, estatus diplomático y marco, significa que opera sobre su propia base legal. Como tal, los cálculos de la deuda del proyecto nunca fueron auditados oficialmente. Debido a sentencias judiciales que declaraban que Itaipú no tenía obligación de rendir cuentas a nadie más allá de su consejo de administración, durante décadas ni Paraguay ni Brasil pudieron controlar las finanzas de la represa: sus deudas se pagaban en última instancia repercutiendo sobre los clientes de electricidad de ambos países, explica Mercedes Canese, investigadora paraguaya y miembro de la Causa Nacional Itaipú, un grupo que lucha por una renovación justa y transparente del tratado.
El presidente paraguayo Santiago Peña (izq.) y su homólogo brasileño Luiz Inácio Lula da Silva en el Palacio de Itamaraty en Brasilia, en enero de 2024. Los analistas afirman que las relaciones entre ambos presidentes han sido hasta ahora “extremadamente positivas” (Imagen: Ricardo Stuckert / Palácio do Planalto, CC BY-ND)
Renegociaciones: algo más que aranceles
Una vez pagada la deuda y transcurridos los 50 años estipulados, en octubre pasado se inició formalmente el proceso de revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú. El Anexo C determina los costos de generación hidroeléctrica de Itaipú, que, en teoría, deberían estar disminuyendo. Pero varios factores se oponen a ello.
Una de ellas es la tarifa que la empresa Itaipú cobra a los proveedores ―y, en última instancia, a los consumidores― por la energía que produce. Un determinante clave del costo de la energía en la represa ha sido históricamente su deuda, pero a medida que ésta se convierte en una preocupación menor, Brasil ha propuesto una reducción de esta tarifa. Según el informe anual de Itaipú de 2022, Brasil consumió el 75% de la energía que la represa produjo ese año, mientras que Paraguay utilizó el 25% restante de la generación hidroeléctrica para cubrir el 86% de su demanda de electricidad de 2022. Como vendedor de gran parte de su parte, Paraguay desea aumentar la tarifa.
La analista de política exterior y escritora paraguaya Julieta Heduvan afirma que las relaciones entre los presidentes Peña y Lula han sido hasta ahora “extremadamente positivas”. Sin embargo, también reconoce que las negociaciones internacionales “siempre tienen ganadores y perdedores”.
“Paraguay está en desventaja por su posición relativa en el mundo y las enormes asimetrías que tiene en relación con Brasil”, añade Heduvan.
Después de una reunión bilateral con Peña en enero de 2024, Lula reconoció sus puntos de vista divergentes sobre la tarifa cobrada por Itaipú; el presidente brasileño se habría mostrado “molesto” por no estar preparado, ya que Paraguay presionó a Brasil para que la subiera.
El 7 de mayo, con el ministro de Energía de Brasil Alexandre Silveira en Asunción, el diario brasileño O Glóbo informó que finalmente se había llegado a un acuerdo sobre la tarifa, que ascendería a 19,28 dólares por kilovatio en 2026, una cifra mucho más cercana a las propuestas originales de Paraguay. Medios paraguayos y brasileños habían informado alternativamente que las dos cifras que se planteaban desde Asunción eran de 20,75 ó 22,23 dólares por kilovatio. Según Espósito, Brasil quería mantener la tarifa más cerca de su nivel actual, 16,70 dólares por kW, pero ha habido “mucha presión para bajarla a entre 12 y 14 dólares para favorecer a su industria local”.
La cantidad también es superior a lo que fuentes cercanas al Ministerio de Asuntos Exteriores brasileño habían dicho a Espósito: que la tarifa máxima que Brasil consideraría es de 18 dólares por kW.
El acuerdo final, de firmarse, sería una victoria para Paraguay, que podría recibir 600 millones de dólares adicionales de Itaipú para 2026.
Amaro Pereira, economista especializado en energía de la Universidad Federal de Río de Janeiro, declaró que el sistema energético brasileño “puede mantenerse sin el excedente de energía de Paraguay. La cuestión es que la energía de Itaipú es más barata y, sin este excedente, podría haber un impacto en los precios de la energía”.
Antes del anuncio, Espósito había considerado que un monto similar al acordado “generaría tensiones políticas” en Brasil por el posible impacto en los consumidores. Sin embargo, según O Glóbo, fuentes del Ministerio de Energía brasileño argumentaron que no sería así y que la diferencia entre la tarifa actual y la nueva se cubriría con fondos de la represa.
¿Una cuestión decisiva?
Itaipú “desempeña un papel político, económico y simbólico mayor en Paraguay que en Brasil”, explica Sara Costa, investigadora de la campaña paraguaya Itaipú Ñane Mba’e (Itaipú Nuestro Patrimonio).
Las cuestiones en torno a la represa han sido claves para varios presidentes paraguayos: Fernando Lugo (2008-2012) fue elegido con la promesa de una mayor compensación de Brasil; en 2019, el predecesor de Peña, Mario Abdo Benítez, estuvo en peligro de destitución después de que se lo vinculara a un acuerdo opaco con una empresa llamada Leros, que tenía vínculos con el entonces presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. El acuerdo permitía a la empresa comprar el excedente de energía de Itaipú en Paraguay a un precio subvencionado, antes de venderlo en el mercado brasileño con un sobreprecio.
La represa complementa los ingresos fiscales de Paraguay, que, según Canese, tiene la proporción impuestos/PBI más baja de Sudamérica. Los cánones que recibe el Estado por el uso del río Paraná, sobre el que se sitúa la represa, financian desde la construcción de escuelas y centros de salud hasta investigaciones científicas y municipios enteros.
Un ejemplo de ello es la nueva política del gobierno de Peña de canalizar los ingresos de Itaipú hacia un ambicioso proyecto de alimentación escolar denominado “Hambre Cero“. La creación de este plan, sin embargo, supuso desviar dinero de otras políticas, como la gratuidad en las universidades, un fondo para tratamientos contra el cáncer, otro para la salud mental y la financiación de la investigación científica. Esto desencadenó una serie de huelgas y una toma de las universidades de todo el país durante dos semanas por parte de los estudiantes, antes de que el gobierno accediera a entablar conversaciones con los representantes universitarios para conseguir más fondos.
Costa y Canese coinciden en que el deseo de Peña de obtener una tarifa alta de Brasil busca garantizar la disponibilidad de fondos que el gobierno obtiene a través de los ingresos de Itaipú. Pero ambos señalan que esta posición podría ser ilegal, ya que el Convenio de Itaipú establece que el costo de la tarifa debe ser igual a los costos operativos. Costa dice que, legalmente, Itaipú no puede generar beneficios.
“Se está confundiendo la discusión del arancel con la revisión del Anexo C, que es algo mucho más amplio”, dice Costa, algo reconocido en el propio anuncio de Brasil y Paraguay del 7 de mayo. Si bien se alcanzó un acuerdo sobre el arancel, las discusiones sobre el Anexo C aún no han avanzado. Afirma que si bien esta discusión más amplia debe incluir la cuestión de por qué se debe aumentar o disminuir la tarifa, “detrás de esta cuestión está el tema del desarrollo, para el cual Itaipú es un activo estratégico”.
Costa agrega: “Si lo que quiero es utilizar la energía para industrializar o electrificar [Paraguay], entonces lo que quiero es que la energía sea barata, no que suba, como quiere el gobierno de Peña”. El arreglo que impulsa Paraguay significa que retiraría la totalidad de la energía que le corresponde. Aunque esto eliminaría los ingresos de la concesión a Brasil, podría permitir a Paraguay vender libremente energía a otros compradores a un mejor precio.
Espósito dice que si Paraguay utilizara todo su derecho, “aumentaría mucho el costo de la electricidad en Brasil”. Cree que Paraguay no tiene la red de distribución para hacerlo, aunque el Estado afirme lo contrario.
En cualquier caso, puede que solo sea cuestión de tiempo que Paraguay necesite utilizar toda la energía a la que tiene derecho de Itaipú para el mercado nacional. El consumo de electricidad del país está aumentando, debido en parte al crecimiento de industrias que consumen mucha energía, como la minería de criptomonedas, y a la perspectiva de la producción de hidrógeno verde. Según un informe gubernamental de 2021, es probable que el consumo nacional supere a la capacidad de generación entre 2028 y 2033. Sin embargo, Canese señala que los cálculos del informe no incluyen el impacto del cambio climático en el consumo, que probablemente aumentará aún más el uso de electricidad.
El río Paraná y la represa de Itaipú. Tanto Brasil como Paraguay se ven afectados por los cambios en los niveles de agua de este río transfronterizo (Imagen: Alan Santos / Palácio do Planalto, CC BY)
Amenazas y oportunidades del cambio climático
A pesar de la disponibilidad de energía renovable en Paraguay, con la hidroeléctrica cubriendo ya casi todo el consumo eléctrico, el país sigue dependiendo de los combustibles fósiles y la biomasa para sus sectores de transporte e industrial: en 2021, los combustibles fósiles representaban el 29% del mix energético total del país, mientras que los biocombustibles cubrían el 33%. Si se logra “una negociación justa”, dice el investigador Achucarro, Itaipú “podría ser un camino hacia la descarbonización, y un cambio profundo en el mix energético paraguayo”.
Espósito, sin embargo, advierte que la misma energía que podría utilizarse para descarbonizar la economía paraguaya impide actualmente que Brasil necesite explorar la cuenca amazónica por su potencial de petróleo y gas. Sin acceso a la barata hidroelectricidad paraguaya, dice, Brasil probablemente supliría el déficit a corto plazo con combustibles fósiles.
El consumo de energía de Paraguay también se está viendo impulsado por el aumento de las olas de calor, mientras que una oleada de inversiones en hidrógeno verde aumentan las perspectivas de una mayor demanda de electricidad. Uno de los inversores en hidrógeno que quiere aprovechar la electricidad relativamente barata de Paraguay es la empresa de fertilizantes Atome Energy, que necesita hidrógeno para fabricar el amoníaco de sus productos. El presidente de Atome, James Spalding, fue director de Itaipú en Paraguay desde 2013 hasta 2018.
Organizaciones se han quejado de este posible conflicto de intereses, y de que Atome se beneficie de una tarifa baja que no tiene en cuenta la naturaleza intensiva en electricidad de la producción de hidrógeno.
Una queja formal presentada por el grupo de campaña Causa Nacional Itaipú afirma que el Estado paraguayo perderá 117 millones de dólares al cobrar una tarifa desfasada a Atome. Spalding rechaza estas acusaciones y afirma que las operaciones de Atome en el país significarán que “Paraguay utilizará cada vez más la energía limpia y renovable disponible para su propio desarrollo industrial sostenible.”
El aumento del consumo de energía no es el único reto al que se enfrenta Paraguay. En 2021, la cuenca del Paraná, de la que depende Itaipú, sufrió una de sus peores sequías registradas. Esto causó problemas al sector eléctrico, dice Saulo de Souza, ingeniero brasileño y coordinador de cambio climático de la Agencia Nacional de Agua y Saneamiento (ANA). El informe anual de 2021 de la represa registró sus ingresos más bajos desde que Itaipú comenzó a operar en 1984.
Souza, autor de un estudio de 2024 sobre el impacto del cambio climático en los recursos hídricos, concluye que el sector hidroeléctrico tendrá que hacer frente a más inundaciones y sequías, “lo que provocará mayores dificultades operativas”.
Una de las medidas para mitigar las inundaciones ha sido proteger los bosques de las riberas del río Paraná. Para ello, dice Canese, es importante saldar otra de las deudas históricas de la represa de Itaipú: la que tiene con los pueblos indígenas de la zona, como el pueblo Ava Guaraní, que fueron expulsados de sus tierras por las dictaduras estatales con el pretexto de construir la central.
Una investigación del diario paraguayo Última Hora reveló que las tierras ancestrales fueron, en muchos casos, cedidas a agroindustrias y organizaciones privadas durante la construcción de la represa en la década de 1980. Cuando los Ava Guaraní intentaron regresar a su territorio en 2017, Itaipú presentó una demanda de desalojo, que los tribunales paraguayos rechazaron en 2023. “Los Ava Guaraní nos están haciendo un favor al querer volver a su territorio”, dice Canese. “Si no tenemos un ecosistema restaurado, no tenemos agua”. Aunque el caso fue rechazado, los Ava Guaraní siguen luchando por sus tierras.
Para que Paraguay renegocie el tratado de Itaipú de una manera que considere exitosa, Julieta Heduvan cree que “debe generar una nueva estrategia… apostar a una mayor integración regional que permita beneficios comunes”.
Espósito, por su parte, cree que Brasil podría sortear los posibles desacuerdos proponiendo un período de transición de 10 años con tarifas energéticas variables, lo que podría adaptarse al aumento del consumo de energía en Paraguay a medida que este país se vuelve cada vez más industrial y urbanizado.
Pero, Heduvan concluye: “Para llegar a un acuerdo, alguien tiene que dar más”.
En un contexto donde el ambiente está en el centro de los problemas que atraviesa el mundo, los encuentros internacionales en donde distintos países se reúnen para negociar y establecer acuerdos sobre cómo avanzar en la mitigación del cambio climático como la COP 28, comienzan a cobrar mayor relevancia.
La Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP) es el evento global donde se desarrollan actividades, reuniones, negociaciones y eventos entre los Estados Naciones, la sociedad civil y el sector privado, con el objetivo de avanzar en acciones que frenen el cambio climático.
Los países que participan son clasificados en dos grandes grupos: los “industrializados,” o también llamados como los países del Norte Global, y los que “están en desarrollo” o del Sur Global. Técnicamente los primeros tienen una mayor exigencia en su aporte a frenar el cambio climático, y los otros buscan estos espacios para exigir una equidad a la hora de cumplir con la reparación de daños ambientales al planeta.
Para poner un ejemplo, solo entre Estados Unidos y la Unión Europea (UE) se emite el 75% del dióxido de carbono (Co2) que daña la atmósfera. Junto a China, alcanzan un 90%. Argentina, al igual que el resto de los países del Sur Global, es uno de los que menos emite Co2, según un estudio publicado en Earth System Science Data, con solo un 8% de impacto en el mundo.
De esta forma, las responsabilidades frente a la mitigación del cambio climático están repartidas.
En el 2015, en el marco de una COP21, se firmó el Acuerdo de París, un acuerdo en común para países desarrollados y en desarrollo para que reduzcan sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEIs) -algo que no había ocurrido hasta el momento- e implementar políticas de adaptación a los efectos ya presentes del cambio climático.
Con el Acuerdo y cada cinco años, los países deben presentar sus contribuciones determinadas a nivel nacional. Se trata de compromisos en materia de mitigación y adaptación. La idea es que la suma total de todos los compromisos asumidos por los países involucrados, se traduzca en los grados que son necesarios para reducir la temperatura actual de la tierra, que se encuentra por encima de los 2°C, según análisis de Climate Tracker. El objetivo de este Acuerdo es llegar a 1,5°C.
El Acuerdo de París fue un hecho histórico en términos ambientales. El mismo que es continuamente retomado a la hora de implementar políticas de transición energética. Como en el norte argentino,
La semana pasada, los mandatarios del Norte argentino reclamaron por un crédito de 2.500 millones de dólares para financiar la construcción de plantas solares con energía renovable. Los mismos cuentan con el respaldo internacional del Acuerdo de París, ya que esto contribuirá a la reducción de los gases de efecto invernadero, equivalentes a dos millones de toneladas de dióxido de carbono al año.
Canje de deuda: el grito del sur global
El impacto diferenciado de la crisis de deuda y climática entre los países del Sur y el Norte Global, aceleró la necesidad de encontrar mecanismos que puedan proveer algún tipo de alivio. Desde la COP26 que algunos países se unieron y posicionaron con un reclamo concreto: mecanismos de financiación.
La arquitectura financiera internacional también impacta a la hora de llevar adelante acciones climáticas, y los países que se encuentran en desventaja económica- por endeudamientos- y climática, exigen que se revean, re piensen o incorporen nuevos instrumentos de financiamiento. De ahí surge el canje de deuda por acción climática, algo en lo que Argentina durante la actual gestión de gobierno tuvo una postura muy activa.
Los canjes de deuda consisten en una reducción de los compromisos de deuda a pagar por los países, con la condición de que esos recursos sean utilizados con un fin ambiental. En los 90′ países como Bolivia, Ecuador, Perú, Chile, Colombia, Uruguay, Costa Rica, y Nicaragua acudieron a este canje. Argentina se unió por primera vez, en abril de 2021, cuando el Ministro de Ambiente Juan Cabandié expresó durante el G20 en Italia; “exigimos canje de deuda por acción climática, como por ejemplo, parques solares y eólicos que beneficiarán al mundo y traerán inversiones en el marco del desarrollo sostenible”.
El presidente Alberto Fernández dijo en la COP26 que, “debemos crear mecanismos de pagos por servicios ecosistémicos, canje de deuda por acción climática e instalar el concepto de deuda ambiental”.
Referencias en América Latina como Gustavo Petro o Lula da Silva en Brasil también mantienen posturas proactivas con respecto al canje de deuda por acción climática.
Petro reafirmó el compromiso que tiene Colombia con el Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) el cual financia a los países amazónicos con 200 millones de dólares con el objetivo de proteger la selva.
¿Pero qué hay detrás de los canjes de deuda o préstamos por acción climática?
Desde FARN sostienen que tanto el canje de deuda o préstamos por acción climática no viene a resolver la situación de endeudamiento externo de los países del Sur. “Muchos de esos préstamos vienen con condiciones que terminan atando eternamente a los países endeudados a una obligación de pago”, dijo Julia Gerlo, investigadora de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) en un diálogo directo con ARG MEDIOS.
En agosto de 2021, el Directorio del FMI aprobó la reasignación de USD 650.000 millones en derechos especiales de giro (DEG) a distintos países para hacer frente a los desafíos de la pandemia y el cambio climático. Sin embargo, los países del norte recibieron el 60% de esos fondos (CADTM, 2021).
Por otro lado, el mismo organismo que financia acciones climáticas es quien le pidió a la Argentina un aumento de las exportaciones y una reducción del déficit fiscal, para un mayor flujo de divisas, lo que profundiza las actividades primarias extractivas del país como la minería y la industria hidrocarburífera.
Como estas, hay muchas contradicciones en el universo climático geopolítico. Sin ir más lejos el país que presidirá esta COP28 es Emiratos Árabes Unidos, el cuarto país más emisor de CO2 por su actividad principal: la explotación de combustibles fósiles.
Sin embargo, la presencia de los países en estos eventos aumenta, y cada vez Latinoamérica demuestra mayor interés en formar parte de esas mesas de discusión que luego impactarán en aspectos políticos y económicos en cada uno de los países.
A pesar de ser el canje de deuda por acción climática, un mecanismo apoyado y promovido por bloques como el CELAC, también es una demanda reveer las condiciones de préstamos y obligaciones de los países del Sur con los del Norte, un tema que será puesto sobre la mesa en noviembre durante la próxima COP.
Escrita por Fermín Koop y originalmente publicada en Diálogo Chino
Argentina aspira a generar el 57% de su energía eléctrica a partir de fuentes renovables para finales de la década, según un plan oficial de transición energética presentado a finales de junio. El país también se propone construir 5.000 kilómetros de nuevas líneas de transmisión, reducir en un 8% la demanda total de energía y generar un gigavatio (GW) de energía distribuida. El gobierno calcula que el costo del plan asciende a 86.600 millones de dólares.
Estos objetivos representan un cambio potencialmente significativo para la combinación energética de Argentina. Los combustibles fósiles representan hoy aproximadamente el 60% de la generación de electricidad, porcentaje que se pretende reducir al 35% para 2030 mediante la expansión de las energías renovables, incluida la hidroeléctrica, y en particular la eólica y la solar. De los 14 GW de capacidad adicional previstos en el plan de transición, casi 10 GW corresponden a fuentes limpias, y el resto a gas natural, energía nuclear e hidrógeno.
“Es la primera vez que Argentina pone en cifras la transformación necesaria en su sector energético para cumplir los compromisos climáticos del país”, dijo a Diálogo Chino Juan Carlos Villalonga, consultor en energías renovables y ex diputado nacional. Agregó que lo ideal sería que el plan se discutiera “al más alto nivel, pero la atención está centrada en la campaña electoral presidencial” antes de las primarias de agosto y la votación general del 22 de octubre.
En su compromiso con el Acuerdo de París sobre cambio climático, conocido como contribuciones nacionalmente determinadas (NDC, por sus siglas en inglés), Argentina se comprometió a limitar sus emisiones netas en 2030 a 349 millones de toneladas equivalentes de CO2. Gestionar el papel del sector energético será un desafío clave para cumplir este objetivo, al ser responsable del 53% de las emisiones del país, según la última actualización de su inventario de gases de efecto invernadero en 2019.
Sin embargo, hasta la fecha, la transición hacia el abandono de los combustibles fósiles ha sido un objetivo difícil de alcanzar para Argentina. El gobierno tiene grandes esperanzas de explotar Vaca Muerta, una formación geológica que alberga algunos de los mayores yacimientos de gas y petróleo de esquisto del mundo, mientras que la expansión de las energías renovables se ha estancado en gran medida desde la crisis económica del país entre 2018 y 2019.
El nuevo plan pretende abordar esto al darle prioridad a las renovables frente a los fósiles, aunque éstos seguirán desempeñando un papel importante. Está previsto que la producción de gas aumente de los 133 millones de metros cúbicos diarios actuales a 174 millones de metros cúbicos diarios en 2030, un aumento del 30% que le permitiría a Argentina prescindir de las importaciones de gas y aumentar las exportaciones mediante una serie de proyectos de infraestructura, como plantas de gas natural licuado (GNL) y gasoductos.
“Es un plan realista basado en las dificultades sociales y económicas de Argentina”, dijo a Diálogo Chino Ignacio Sabatella, investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). “Llegó al final del mandato del gobierno porque llevó tiempo alinear todas las áreas gubernamentales, como los ministerios de ambiente y energía”.
Baches en el camino
El nuevo plan reconoce que Argentina se enfrentará a numerosos obstáculos para cumplir sus objetivos. La transición energética “no debe aislarse de la realidad macroeconómica y del complejo escenario externo comprometido por la deuda en moneda extranjera”, dice el documento, destacando la necesidad de acceder a créditos a tasas bajas y mejorar la economía en general.
Para Juan Ignacio Arroyo, economista y consultor energético independiente, una cosa es que el plan sea ambicioso y otra muy distinta es ser capaz de cumplir esa ambición. “En ciertas ocasiones, hay tensiones entre la velocidad y la sostenibilidad de una transición energética”, dijo a Diálogo Chino. “Cuanto más ambicioso seas, más necesitás invertir en la red de transporte de electricidad y en las importaciones para instalar los parques solares y eólicos”.
Argentina lleva años teniendo un acceso limitado o nulo a los mercados financieros internacionales, una situación que probablemente perdure, debido a su elevado nivel de deuda externa. El país está renegociando actualmente sus acuerdos de deuda con el Fondo Monetario Internacional, y recientemente firmó un acuerdo para renovar su swap de divisas con China y duplicar la cantidad a la que puede acceder hasta casi 10.000 millones de dólares.
Según el plan, el aumento de las exportaciones de gas permitiría destinar más fondos a proyectos de energías renovables. Sin embargo, no propone la creación de un mecanismo específico a través del cual esos ingresos se canalizarían directamente hacia las renovables. El año pasado se escucharon propuestas similares durante los debates sobre la ampliación de las perforaciones petrolíferas en alta mar, pero los planes de reinvertir parte de los ingresos en renovables finalmente se archivaron.
Para Arroyo, una preocupación clave es: “¿Cómo nos aseguramos de que la transición energética no profundice las restricciones económicas del país?”. En esta línea, el plan subraya la importancia de que la transición sirva de catalizador para las capacidades tecnológicas, industriales y científicas de Argentina, y para desarrollar cadenas de valor nacionales. Sin embargo, esto parece contradecirse con la última licitación del país para proyectos de energías renovables, que no exigía ni incentivaba la integración de suministros locales por parte de las empresas solicitantes.
La construcción de los 5.000 kilómetros de nuevas líneas de transmisión también será una tarea complicada. Argentina no ha realizado inversiones significativas en su red de transporte de electricidad en los últimos 25 años, lo que está afectando a su capacidad para construir y conectar nuevos parques solares y eólicos. Las empresas también han advertido de que la infraestructura existente tiene problemas por falta de mantenimiento.
El pasado mes de octubre, el gobierno relanzó un plan para invertir 1.400 millones de dólares en seis líneas de transmisión de energía, un plan que se anunció por primera vez hace seis años pero que no se llevó a cabo. China Electric Power Equipment and Technology (CET) también acordó el año pasado invertir 1.100 millones de dólares en la red energética del área metropolitana de Buenos Aires.
No solo grandes proyectos de energías renovables
Al mismo tiempo que propone instalar parques eólicos y solares a escala comercial, el plan también destaca el potencial de la generación distribuida: sistemas locales y a pequeña escala que permiten producir electricidad a partir de fuentes cercanas al punto de uso, en lugar de fuentes más centralizadas como las centrales eléctricas. Esto permite que los compradores tradicionales de electricidad, desde los propietarios de viviendas hasta las plantas industriales, se conviertan en productores.
El último informe sobre generación distribuida en Argentina, publicado en mayo, mostraba 23,2 megavatios de capacidad instalada. El plan de transición energética fija como objetivo que esta cifra alcance el gigavatio. Sabatella dijo que el objetivo puede alcanzarse, destacando que los proyectos distribuidos de menor escala no dependen tanto de la importación de equipos como los grandes parques solares y eólicos. “Es especialmente relevante para quienes no pueden acceder a la red de gas”, añadió.
Los sistemas de generación distribuida y a pequeña escala también forman parte de los planes de Argentina para impulsar las energías renovables. El plan prevé inversiones de 2.700 millones de dólares en energía solar para 2030, lo que podría proporcionar 3,1 GW de capacidad adicional (Imagen: Alamy)
El plan también destaca el papel del hidrógeno verde, frecuentemente llamado el “combustible del futuro” y fabricado con energías renovables. El objetivo es generar 20.000 toneladas anuales de aquí a 2030, una meta modesta, según Villalonga.
“En la actualidad, la demanda local de hidrógeno, en su mayor parte ‘gris’ [producido a partir de combustibles fósiles], es de 400.000 toneladas anuales”, escribió Villalonga en un posteo en su blog en el que analizaba el plan. “Se puede suponer que a 2030 esa demanda crecerá a 500.000 toneladas anuales. Es decir que la demanda de hidrógeno bajo en emisiones representaría el 4% del total”.
En mayo, el gobierno sometió a consideración del Congreso un proyecto de ley destinado a regular e incentivar el crecimiento de la incipiente industria del hidrógeno verde, pero es probable que sus avances sean lentos a corto plazo, ya que la atención se centra en las elecciones.
El plan de transición energética también establece el objetivo de que los vehículos eléctricos representen el 2% del parque total a finales de la década.
La “transición justa” -concepto que se refiere a garantizar que la transición a una economía neutra en carbono sea justa e inclusiva para todos- también se menciona como objetivo clave. Para el gobierno, esto significa equilibrar los aspectos económicos, sociales y medioambientales de una transición que abandone los combustibles fósiles, y prestar atención a la velocidad a la que se produce.
Una transición energética “justa” también implica abordar las desigualdades previas en el sector energético, crear empleos dignos, garantizar que toda la población tenga un acceso razonable a la energía a un precio asequible, que los costos de la transición sean competitivos y que se incluya a los grupos vulnerables, según el plan.
Para Arroyo, la mención de estos conceptos es un paso adelante: “Aunque no es la más moderna de las definiciones de transición justa, ya que no habla mucho de conceptos como gobernanza o democratización del sector energético, sí incorpora otros elementos importantes como la reducción de la pobreza energética, la creación de empleos verdes en todo el país y la descentralización de las cadenas de valor.”
Además de lanzar el plan, el gobierno también publicó un documento con lineamientos para el sector energético a 2050. Incluye tres escenarios, del menos ambicioso al más ambicioso. En 2050, las energías renovables, incluida la hidroeléctrica, podrían representar al menos el 80% de la generación de electricidad, mientras que los vehículos eléctricos podrían constituir al menos el 29% del parque automotor, pero incluso este escenario menos ambicioso requeriría una inversión de al menos 264.000 millones de dólares, según las previsiones del propio documento.
Escrita por Lucía Cuberos y originalmente publicada en Diálogo Chino
Debido a la escasez de precipitaciones que afecta a Uruguay desde hace tres años, las reservas de agua dulce de la planta de Aguas Corrientes que abastece al 100% del área metropolitana, se quedó sin reservas suficientes, y hoy el país atraviesa una de las peores crisis hídricas jamás registradas.
Ante ese panorama el gobierno decidió acudir a medidas extremas y comenzar a mezclar agua del Santa Lucía con agua salada del Río de la Plata para poder brindar servicio a la población; esto, sin embargo, elevó los niveles de sodio y cloruros en el proceso de potabilización, algo que ha sido cuestionado tanto por el espectro político como por la academia, debido a los riesgos para la salud que la salinidad podría traer aparejados.
Es así que en medio de movilizaciones sociales, reclamos sindicales y una creciente demanda de compra de agua embotellada por parte de la población, las autoridades buscan una salida viable para asegurar el abastecimiento de agua potable y monitorean –casi minuto a minuto– los niveles de reservas con el objetivo de contar con un poco más de tiempo.
FBECAY Small sailboats and fishing boats resting in the water of Santa Lucia river in the outside of Montevideo in Uruguay.
“Bebible pero no potable”
“La mayor parte de las acciones que se hicieron en la cuenca en las últimas décadas [producción agrícola, ganadera e industrial] conducen a la disminución de su rendimiento hídrico”, dijo Marcel Achkar, geógrafo de la Universidad de la Republica. Lo que adjudica el actual escenario de crisis hídrica a dos factores: por un lado, el cambio climático, y por otro, la ausencia de un ordenamiento territorial que permita maximizar la producción de agua de la cuenca del río Santa Lucía, la principal fuente de agua potable de Montevideo.
Frente a este contexto, el presidente uruguayo Lacalle Pou autorizó recientemente un aumento temporal de los límites de los niveles de sodio y cloruro permitidos en el suministro de agua, y desde el pasado mes de mayo, el agua corriente que reciben más de 1,7 millones de habitantes de Montevideo y el área metropolitana de Uruguay contiene más del doble de sodio permitido en la normativa local.
También ha aumentado la presencia de trihalometanos, un subproducto que surge de la desinfección con cloro del agua tratada para consumo humano. En ese sentido, el Ministerio de Salud Pública autorizó a OSE a quintuplicar el índice permitido de este elemento, algo que causó mucha controversia por los posibles efectos que este compuesto podría generar en etapas precoces del embarazo.
El ministro de Ambiente de Uruguay, Robert Bouvier dijo semanas atrás que el agua de OSE a la que se le aumentó la salinidad, “no es potable en la definición perfecta de la potabilidad, pero es bebible y consumible”. Así, se hizo eco de las declaraciones de la ministra de Salud Pública, Karina Rando, quien si bien aseguró que “no hay riesgo para la salud” al consumir agua de la canilla, igualmente recomendó a las personas hipertensas, con problemas renales o insuficiencias cardíacas y embarazadas disminuir su consumo.
“Tenemos que tomar agua salada del Río de la Plata y abastecer a la población con lo que el gobierno denomina ‘agua bebible pero no potable’”, dijo a Diálogo Chino Edgardo Ortuño, el director de Obras Sanitarias del Estado (OSE) por el Frente Amplio, el principal partido opositor en Uruguay
La ineficiencia del sistema hídrico uruguayo
Para el geógrafo Achkar las causas que llevaron a la crisis hídrica son: el cambio climático, y la ausencia de un ordenamiento territorial que permita maximizar la producción de agua de la cuenca del río Santa Lucía, la principal fuente de agua potable de Montevideo.
El embalse de Paso Severino contaba en junio con solo 3,5 millones de metros cúbicos de agua, cuando su capacidad normal es de 67 millones, siendo el menor nivel de reservas de la historia del país hasta ese momento, explicó Ortuño. El 10 de julio, el gobierno informó que el nivel del embalse había descendido a menos de 1,9 millones de metros cúbicos, rompiendo un nuevo récord.
Ortuño afirmó además que “lejos de ser una situación excepcional, la variabilidad climática ha llegado para quedarse”, lo que determina que las sequías sean cada vez más recurrentes, con mayor extensión territorial y más duración temporal. Ante ese panorama, lo importante es impulsar una “política de Estado de mediano y largo plazo” que sea construida como un acuerdo nacional por el agua, agregó, que permita mejorar la gestión de los recursos hídricos de Uruguay.
Actualmente la planta que abastece la zona metropolitana es “Aguas Corrientes” y trabaja a tiempo completo produciendo 650 mil metros cúbicos diarios. Ortuño dijo que lo que debería encararse con urgencia es la instalación de nuevos represamientos de embalse de agua bruta para su potabilización, como es la construcción de la represa en Casupá. Este proyecto, también ubicado en el río Santa Lucía, está en el radar del gobierno uruguayo desde 2013 y permitiría represar 118 millones de metros cúbicos adicionales.
Casupá es “la única alternativa” para el abastecimiento de agua potable y “no haberla construido todavía ha sido un disparate”, sostuvo Ortuño. En cambio, el proyecto Neptuno, la iniciativa privada que impulsa el gobierno de Lacalle Pou y en el que participan asesores de la compañía nacional de aguas de israel Mekorot, es “la peor de las alternativas” y un “negocio económico” agregó. Neptuno propone construir una planta potabilizadora y una toma de agua en el Río de la Plata, en la zona de Arazatí. Y si bien la inversión corre por parte del consorcio de empresas privadas, OSE deberá pagarle una cuota fija de US$ 41 millones anuales por la operación.
Daniel Greif, ingeniero civil y exdirector del primer Plan Nacional de Aguas, también criticó la decisión del actual gobierno nacional de seguir adelante con ese proyecto en lugar de construir Casupá, de la que ya existían abundantes estudios que confirmaban su eficacia.
“Neptuno, que ni es nuevo ni bueno, y que ya había sido desechado por los técnicos de OSE en el plan director del área metropolitana, fue una solución que se descartó por compleja, por costosa y porque tampoco resuelve los problemas de abastecimiento, porque incrementa la producción pero no el almacenamiento”, dijo Greif.
Luego de la segunda usurpación a Malvinas en 1982, el archipiélago del Atlántico Sur se convirtió en lugar de inversiones para millonarias empresas que apuestan al potencial de la isla en la explotación de sus recursos naturales, mientras que el cuerpo militar para la “defensa” y el control de las rutas marítimas se fortalece y avanzan día a día sobre territorio argentino
Desde entonces, los ingleses se han extendido más de millón y medio de kilómetros sobre el área ocupada, coartando un tercio de todo el territorio continental argentino. En la ilegalidad y en silencio se desarrollan mega emprendimientos hidrocarburíferos. O millonarios montos provenientes de la pesca ilegal que posicionan a las Malvinas entre los diez países con el PBI más alto del planeta
“Argentina se levanta todos los días con un 20% de su territorio ocupado a solo 500 km de nuestras costas”, considera Hubo Robert vicepresidente del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM). Las causas de su usurpación siempre estuvieron planificadas y giran en torno al manejo de los recursos naturales.
El archipiélago del sur del continente cuenta con varios pozos hidrocarburíferos en la plataforma continental. Uno de ellos, ubicado en la Cuenca Norte, estuvo en etapa de exploración en 2010 y estipuló una producción de 80.000 barriles de petróleo por día, la mitad de lo que produce Vaca Muerta.
La estadounidense Sea Lion fue la encargada de realizar las operaciones. Aunque en 2010 fue denunciada internacionalmente por realizar cuatro exploraciones de manera ilegal (en 1998, 2010-2013 y 2015-2016), sin licencias del Gobierno Argentino, tal como indica la actual ley 26.915 (anteriormente 26.659).
Desde ese momento el proyecto avanza y se vuelve a frenar por confiabilidad empresarial, dadas las precarias condiciones legales en las que está sujeta. Así sucedió en 2020 cuando se anunció la suspensión del proyecto y empresas como Premier Oil y Chrysaor Holdings, la minera BHP, BillitonNoble Energy y Edison Internacional, se retiraron del proyecto (las últimas dos por inhabilitación).
Desde 1996 a 2008, el ilegítimo gobierno isleño otorgó unilateralmente un total de 34 licencias de explotación: 7 en 1996, 10 en 2001, 14 en 2004, 2 en 2005 y 1 en 2008, según la Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, de la Cancillería argentina.
Lo mismo sucede con la pesca, actividad que representa el 40% de su PBI, y que se realiza en la ilegalidad. Hasta la actualidad ya van 131 licencias otorgadas por el Gobierno británico, a través de su administración pesquera en las Islas Malvinas, para barcos de nacionalidad taiwanesa, coreana y española. Solo con el otorgamiento de licencias de pesca ilegales, el gobierno isleño inglés recauda 13 millones de libras aproximadamente.
Los problemas de esta actividad silenciosa tienen que ver con el control ambiental, laboral, y de seguridad a la navegación. Los impactos ambientales, económicos y sociales de esta actividad no están regulados, y afectan el futuro de la pesca en la región, así como también el balance de todo el ecosistema del Atlántico Sud-Occidental. Por otro lado, muchos de los barcos licenciados- la lista no es de acceso público- han sido sancionados por otros países y organizaciones internacionales, por actividades de sobrepesca, esclavitud y tortura a bordo.
Los destructores de ayer. Los silenciosos de hoy
El primer instrumento constitucional a mediados de los 90´ que inició a un proceso de “entrega de soberanía” fue la Declaración Conjunta de Cooperación sobre actividades costa afuera en el Atlántico Sudoccidental, el cual Argentina y el Reino Unido junto a Irlanda del Norte se suscribieron. Este mismo indicaba la cooperación bilateral entre ambos Estados con respecto a exploración y explotación de los recursos naturales.
En 2007, Argentina denunció internacionalmente la Declaración Conjunta suscripta en 1995, lo que le permitió jugar en otro escenario a la hora de reclamar por la soberanía de las islas y sus recursos naturales. Su consecuencia fue la denuncia en 2010 del descubrimiento del yacimiento de hidrcarburos en Cuenca Norte- el primero con potencial para ser comercialmente viable- «en el marco de las campañas ilegales de exploración”.
El panorama cambió durante el macrismo, con la firma del Acuerdo Foradori- Duncan, donde la Argentina se comprometía a “levantar todos los obstáculos que impidan el desarrollo económico y sustentable en las Malvinas en lo referente a pesca, comercio e hidrocarburo”.
“Fue firmado de forma brutal”, sostuvo Hugo Robert, ex combatiente y referente del CECIM. “Este pacto indicaba que de soberanía no se iba a hablar. Entonces sentarse con los británicos bajo el cumplimiento de los acuerdos y bajo el paraguas de soberanía, era perder siempre”, añadió.
El ilegitimo acuerdo Foradori-Duncan, que no fue ratificado por el Congreso Nacional tal como lo indica la Constitución, quedó sin efecto recién el 2 de marzo de este año al pedido de los funcionarios de la Cancillería, como el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Guillermo Carmona, y el Ministro de Relaciones Exteriores Santiago Cafiero.
De todas formas, el ex combatiente sostiene que este gobierno tuvo la acertada postura de sostener el reclamo por la Soberanía de las Islas Malvinas a través de las existentes vías constitucionales e internacionales. Sin embargo asegura que, “no existe una verdadera voluntad política de poner en agenda el amplio concepto de Soberanía”.
“Recuperar las islas solamente por decir que le ganamos a los británicos nos parece poco. La soberanía es un concepto mucho mas amplio y es deber de todos los argentinos pelearla con las herramientas de la democracia y en paz”, dijo Robert. “Esta idea de soberanía que el CECIM impulsa se trata de recuperar nuestro mar, nuestro alimento ictícola y nuestros recursos naturales. Eso también es en memoria de nuestros compañeros caídos en Malvinas”, menciona el ex combatiente, quien afirma que las verdaderas razones de la ocupación giran en torno a los recursos naturales estratégicos.
“En las excusas siempre están los deseos de los isleños, pero a los británicos eso no les importa. Están por el Atlántico Sur”, afirmó Robert, mientras resaltó la característica bioceánica de Malvinas que resulta una puerta de entrada al otro lado del mundo a través del Canal de Beagle y el Estrecho de Magallanes. “El 80% de lo que pasa por el Canal de Panamá- el principal canal bioceánico del comercio- va para los países del norte. Solo el 20% viene para acá”, dice Hugo Robert. “Por lo que, si el Canal de Panamá se bloquea, el único paso es por el Canal de Beagle, estrecho de Magallanes”, asegura el ex combatiente.
