Con el bombardeo y la posterior captura de Nicolas Maduro por parte del gobierno de Estados Unidos, se abre una nueva etapa de injerencia en Latinoamérica, que tiene un principal objetivo: El petróleo.
En la conferencia de prensa que llevó a cabo Donald Trump, dejó explícita su intención de que “nuestras grandes compañías petroleras estadounidenses, las más grandes del mundo, entren, inviertan miles de millones de dólares, reparen la infraestructura petrolera”.
Lejos de levantar las banderas de la lucha contra el narcotráfico, los yankees intentarán quedarse con el control absoluto de una de las mayores reservas petroleras del mundo. Según un informe realizado por la OPEP, Venezuela cuenta con la capacidad de explotar 303.000 millones de barriles de petróleo, casi siete veces más que las reservas de Estados Unidos.
“Como todos saben, el negocio petrolero en Venezuela ha sido un fracaso, un fracaso total, durante mucho tiempo. No estaban extrayendo casi nada, en comparación con lo que podrían haber extraído y lo que podría haber sucedido”, agregó Trump en la conferencia de prensa.
Dejando de lado el debate o la pregunta de por qué Estados Unidos puede proclamarse la potestad para intervenir un país sin mayores represalias, la preocupación más grande que existe para nuestro país es como puede impactar el control norteamericano en la producción de Vaca Muerta.
A priori como la estructura de crudo venezolana se encuentra bastante deteriorada y todavía con la imposición de sanciones norteamericanas, los efectos no se darán de manera inmediata. Pero esto abrirá una “carrera” de producción de crudo que podría reducir el precio del barril de petróleo y hacer derrumbar las ganancias que hasta ahora viene produciendo el yacimiento argentino.
Actualmente la balanza energética argentina se volvió superavitaria y es un factor clave para la generación de dólares en los próximos años. Hasta noviembre el saldo fue de casi USD 7.000 millones, un 45% más que el año anterior.
En el plazo medio, por el aumento de la oferta de crudo venezolana, el país podría sufrir un menor valor de las exportaciones del petróleo liviano de Vaca Muerta y el pesado de Chubut (el que usan las refinerías de Estados Unidos y es más parecido al crudo venezolano), con un golpe sobre las inversiones (por menor disponibilidad de fondos) y la entrada de dólares al país.
Asimismo esto podría influir en la decisión de que YPF (empresa referencia) decline el porcentaje de operaciones de exportación, y dedique la gran mayoría de su producción al mercado interno haciendo bajar el precio de los combustibles.
Hoy por hoy la urgente intervención de Donald Trump tiene dos objetivos en claro: Uno es la impronta que le puede dar puertas adentro de Estados Unidos. El abastecimiento de este crudo ayudará a mantener bajo control el precio de la nafta norteamericana, en un año que es electoral y que además impactará en la estabilidad de precios.
Pero también tiene la intención de reducir el abastecimiento a China y proveer petróleo a otras economías que, hasta ahora, tenían plena dependencia de Rusia.
Este 16 de abril, la revista TIME publicó su famoso listado anual de Las 100 Personas más Influyentes del 2025. Dentro del segmento ‘Innovators’, se encuentra una investigadora del CONICET y profesora en la Universidad Nacional de Córdoba: Sandra Díaz, la única argentina incluida en la lista además del presidente Javier Milei.
En la revista, escribe sobre ella Elizabeth Maruma Mrema, subdirectora del Programa de Medio Ambiente de la ONU. Ella nos dice que en un contexto donde una de las ocho millones de especies de plantas y animales se encuentran en peligro de extinción, “el mundo necesita más líderes como Sandra”, siendo ella “una incansable diplomática de primera línea de la triple crisis planetaria del cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la polución”.
Ampliamente reconocida en el campo científico a nivel mundial, Sandra ha recibido prestigiosos premios y condecoraciones a lo largo de su trayectoria. En febrero de este año, fue galardonada con el Premio Tyler al Logro Ambiental (comúnmente llamado ‘Nobel de Ambiente’). Junto con el investigador brasilero Eduardo Brondízio, fueron los primeros sudamericanos en recibirlo.
Además, en 2023 recibió el premio Konex de Brillante, el máximo premio que otorga esta fundación, y el reconocimiento de la Sociedad Linneana de Londres. En 2019, recibió el Premio Princesa de Asturias en Investigación Científica y Técnica.
Aún más, co-presidió el grupo de investigación del Panel Intergubernamental por la Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos (IPBES) galardonado en 2007 con el premio Nobel de la Paz por el enorme aporte del Marco Conceptual, el cua esl, en pocas palabras, la hoja de ruta global para abordar las problemáticas entre la sociedad y la naturaleza.
Pero ¿Quién es Sandra Díaz?
Luego del premio Princesa de Asturias, Sandra visitó su ciudad natal y dio una charla en su colegio para alumnos y para vecinos. (Foto: José Hernández)
Sin embargo, la historia de Sandra se remonta mucho antes de los grandes escenarios internacionales. Su ciudad natal se llama Bell Ville, una localidad cordobesa que se encuentra sobre la Ruta Nacional 9, que históricamente unió Córdoba, Rosario y Buenos Aires. Nació en 1961 y pasó su infancia rodeada de los árboles de algarrobo, chañar, espinillo y tala que se encontraban a la rivera del río Ctalamochita (o Río tercero).
Fue una chica estudiosa en la Escuela Normal Superior José Figueroa Alcorta, y se enamoró del ceibo de ese patio escolar. Hoy en día, el salón escolar lleva su nombre y un mural la ilustra junto a un benteveo, un yaguareté y una flor de pasionaria.
Sandra estudió Biología en la Universidad Nacional de Córdoba. Realizó la carrera de grado durante los años del proceso dictatorial y pudo recibirse en 1984. Luego, se doctoró en 1989 en la misma casa de estudios y comenzó su carrera como investigadora en CONICET y como docente en la misma facultad que la formó.
Su trabajo se centra en una rama de la biología denominada “diversidad funcional”, que, explicado sencillamente, trabaja sobre las características, los roles y las funciones que las plantas cumplen para sí mismas y para su entorno. No busca enumerar o nombrar especies, sino, identificar qué cosas tienen en común entre sí y en qué se diferencian. Esto fue disruptivo de otros tipos de enfoques, al prestar atención a los ecosistemas y a las comunidades como algo más complejo. Ella nos demuestra que la genética puede influir, pero no determinar nuestros rasgos.
La trama y el tapiz de la vida
“¿Con cuántas especies de plantas te has encontrado hoy? Lo más probable es que te hayas cruzado con, al menos, 10 especies, pero es muy posible que no lo hayas notado.” Así empezaba Sandra Diaz una conferencia que tituló ‘De Plantas y pueblos’ en Donostia, España, 2023. “Para la gran mayoría de la gente las plantas son un telón de fondo de su vida cotidiana -o de sus selfies-, y esto es tan común que se lo llama síndrome de la ceguera vegetal, una gran ignorancia y arrogancia de nuestra parte”.
Sandra Díaz piensa en la biodiversidad como el tejido de la vida, considerando a todo el mundo viviente como un gran tapiz tejido por la naturaleza a lo largo de toda la historia, y fundamentalmente, tejido en conjunto con los humanos durante miles de años: “Nuestra influencia en el mundo viviente es innegable: dependemos de la naturaleza, la moldeamos, la utilizamos en todos los aspectos de nuestra vida y, a su vez, la naturaleza nos moldea a nosotros” (Artículo de Díaz en la revista Nature, 2022). Dentro de ese tapiz, nosotros solo somos un pequeño hilo.
“Además de ser un gran marco para las selfies, la mayoría de la gente cree que las plantas sirven para producir el oxígeno que necesitamos para vivir. Sin embargo, la mayor parte del oxígeno del planeta, no lo producen las plantas que nos rodean sino que ya fue generado hace miles de millones de años atrás”, explica Sandra en la conferencia de Donostia. Entonces, ¿para qué necesitamos las plantas? Si pensamos la vida como un tapiz sobre la tierra, las plantas son fuente de muchísimas contribuciones, como ella las nombra, al bienestar humano, y su pérdida implica igual pérdida de nuestro bienestar.
Este punto es uno de sus principales aportes a la discusión ecológica y climática: Dejar de pensar los “servicios” o “utilidades” que la naturaleza nos hace -del tipo ‘el servicio que nos dan los bosques al retener agua, que impide que en invierno se sequen los ríos’- si no, por el contrario, pensar en términos de ‘contribuciones de la naturaleza a las personas’, teniendo en cuenta tanto los beneficios como los perjuicios que se obtienen con y de la naturaleza, contemplando los contextos sociales y ecosistemas.
¿Y si la UNC no fuese pública?
Sobre las baldosas de la plaza Vélez Sarsfield, en el centro de la ciudad de Córdoba, hay hojas y fibrones. ‘¿Y si la UNC no fuese pública?’, escribieron los estudiantes en letras rojas. Debajo, una fila de hojas en blanco invita a esbozar respuestas. Es 2018 y las universidades del país están revueltas. Hace poco se cumplió un siglo de la gran Reforma Universitaria de 1918, sin embargo, la realidad del sistema científico universitario es adversa. El segundo semestre de clases empezó con tomas en la mayoría de las universidades del país, marchas, manifestaciones culturales y un contundente paro docente.
Es una mañana de sol y la UNC se ha hecho visible en el centro de la ciudad. A sólo una cuadra del Patio Olmos, un grupo de personas sostiene una pancarta sobre la senda peatonal. Frente a las escalinatas del edificio de la Facultad de Cs. Exactas, Físicas y Naturales, hay un parlante y un micrófono, un cúmulo de sillas y decenas de personas. Es una clase pública, un paro activo que busca concientizar sobre la situación de la educación pública en detrimento de las medidas de ajuste del gobierno de Mauricio Macri. Entre los docentes y estudiantes que toman el micrófono, se encuentra una investigadora de renombre mundial. Su nombre es Sandra Diaz.
“Todo lo que se sabe sobre los bosques de Argentina y sus beneficios; el conocimiento sobre enfermedades como el Chagas; los efectos de sustancias como los pesticidas, provienen de las universidades públicas”. La mujer de pelo corto explica, con voz clara, los costos que tiene desfinanciar la universidad pública. “Estamos tratando de salvar la ciencia y la educación, que son un patrimonio común para todos los argentinos. La ciencia y la educación pública tardan mucho tiempo en formarse, pero en muy poco tiempo se pueden destruir”, expresó en esa tarde de 2018 en el centro cordobés.
Foto: Radio Nacional
Siete años después, la situación no es para nada diferente. El contexto nacional está marcado por un descenso total del 48% en términos reales del presupuesto nacional dedicado a la Ciencia y Tecnología en los últimos dos años, y se encuentra atravesando la peor crisis en 52 años, incluso perforando los pisos de los años 1976 y 2002 -de acuerdo al último informe del Grupo EPC-. Es entonces que pensar en figuras de relevancia mundial como la de Sandra Díaz nos lleva a revalorar (una vez más) la inmensa capacidad e importancia de nuestras universidades públicas.
La cuestión del “Fin del Mundo” pareciera ser hoy en día un tema bastante normalizado en nuestra vida contemporánea. Los escenarios de crisis climáticas, políticas, económicas, bélicas y sanitarias que atravesamos en los tiempos que vivimos llegan acompañados de una proliferación de producciones políticas, organizativas, culturales y artísticas que intentan imaginar, proponer y construir un mundo viable y deseable.
Documentales de National Geographic, hilos de Twitter, videojuegos, reuniones científicas, blogs, congresos internacionales, cumbres mundiales. Películas y series como Mad Max, The Last of Us, Don´t Look Up, o El Día Después de Mañana, intentan pensar cómo sería aquel mundo acabado o a punto de acabarse, y las tramas siempre giran alrededor de lo mismo: Catástrofes naturales, pandemias, guerras nucleares, eventos astronómicos, profecías mayas, invasiones alienígenas, tecnologías descontroladas, entre tantas otras cosas locas y no tan locas.
Lo interesante de estas narrativas hollywoodenses, es que de ellas emana una idea de “salvar el mundo”, una fantasía de superhéroe que tiene la misión y la posibilidad de salvar el planeta. La ecuación siempre es la misma: salvar el mundo significa salvar la humanidad ¿Son acaso la misma cosa?
Recordando la antigua maldición china, se puede decir que realmente vivimos tiempos interesantes. La aceleración descontrolada puede ser vista como una de las características más importantes de esta época: Auges de gobiernos de extrema derecha, conflictos bélicos en todas las latitudes, catástrofes climáticas por doquier, aumento de la temperatura de los océanos, contaminación en exceso, pérdida de biodiversidad. Nunca antes para nosotros un “Fin del mundo” había estado objetivamente tan cerca.
Sin embargo, la verdad es que a lo largo de la historia de la humanidad ya hemos pasado por algún que otro “Fin del Mundo”. Sin ir más lejos, los pueblos originarios de América hace 500 años vieron a su mundo acabarse, y sin embargo ellos siguen aquí caminando. Se nos vuelve necesario recordar las palabras de Donna Haraway y comprender que los pueblos amerindios, que se han negado a darse por finalizados, fin del mundo tras fin del mundo, tienen algo que decirnos sobre la necesaria subsistencia del futuro.
La respuesta somos nosotros
La semana pasada, del 7 al 10 de abril, se realizó en Brasil el Acampamento Terra Livre (ATL), un evento que organizan, desde 2004, los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB). Este año, con la consigna de “La respuesta somos nosotros”, más de 8.000 indígenas se movilizaron a participar de un acampe masivo frente a los edificios institucionales de Brasilia en defensa de sus derechos ancestrales.
Foto: Renan Belmiro
El evento reúne a representantes y grupos pertenecientes a, al menos, 135 etnias de diferentes territorios de la amazonia brasileña, ecuatoriana y colombiana. En una carta oficial expresaron: “Celebramos los 20 años de la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB), como un organismo nacional de articulación y referencia del movimiento indígena”, y continuaron: “APIB y ATL se han convertido en expresiones vivas de movilización y resistencia en la lucha por los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Federal de 1988”.
La carta, la organización remarcó: “En un escenario global y nacional marcado por el avance de la extrema derecha y por los ataques sistemáticos a nuestros derechos, reafirmamos la importancia de la resistencia y de la lucha colectiva. Fue con esta que logramos conquistas históricas”. La movilización pone énfasis en defender los principios democráticos y los derechos constitucionales indígenas, tales como el derecho originario al territorio, a la autodeterminación y gobernanza, a la identidad y a la cultura, así como políticas públicas para la salud y la educación indígenas. A su vez que reivindica la presencia de funcionarios indígenas en altos cargos del gobierno de Lula, como en el el Ministerio de los Pueblos Indígenas (MPI), la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (FUNAI) y la Secretaría Especial de Salud Indígena (SESAI).
Además, esta manifestación se centra en la importancia de respetar las tierras indígenas y las demarcaciones territoriales. En este sentido, exigen no sólo la protección efectiva de sus tierras sino también el fin de las leyes que legitiman proyectos extractivistas en tierras indígenas, promulgados por una legislatura federal de mayoría conservadora. “Con sabiduría ancestral, articulación política y coraje histórico, el movimiento indígena muestra al mundo que no hay salida a la crisis climática sin la demarcación de las tierras indígenas”, afirmaron en la carta del APIB.
Foto: Natalia Ramirez.
Entre música y cantos, bailes y vestimentas originarias repletas de colores, demostraron la gran presencia que tienen los pueblos del amazonas y la importancia de la resistencia colectiva.
Uno de los hechos más relevantes de la ATL 2025 fue el lanzamiento de la Comisión Internacional Indígena para la COP-30 (Conferencia de la ONU sobre Cambio Climático), la cuál tendrá lugar en noviembre de este año en su 30° edición, en la ciudad de Belém, Brasil, en el corazón de la selva amazónica. De acuerdo a la Carta Oficial, esta comisión significa el “reconocimiento de un movimiento que hace siglos que resiste, que es la contribución indígena para el equilibrio de la Tierra”. Más que un espacio institucional, esta es una conquista histórica de los propios pueblos indígenas que hace años reclaman por un mayor reconocimiento y espacios de participación efectiva en las cumbres mundiales.
Formada por organizaciones indígenas representativas de diferentes regiones del mundo y alianzas globales, la comisión es impulsada con el compromiso de garantizar que “los pueblos indígenas no estén en el margen, sino en el centro del debate climático”.
La comisión es una iniciativa que integrará organizaciones indígenas internacionales y brasileñas bajo la coordinación del Ministerio de los Pueblos Indígenas y con liderazgo de la ministra Sonia Guajajara, quien también presidirá el círculo temático indígena de la cumbre climática.
“Siempre hemos luchado para que los pueblos indígenas estén en el centro de este debate. Y hemos luchado para que los pueblos indígenas sean una parte importante de este debate porque, está demostrado, los territorios indígenas funcionan como una barrera contra el avance de los monocultivos, la minería y el agronegocio”, afirmó la ministra de Pueblos Indígenas, Sonia Guajajara.
Sonia Guajajara, Ministra de Pueblos Indígenas. Foto: Mre Gaviao. Campamento Tierra Libre 2025
“Las crisis climáticas, ambientales, alimenticias y civilizatorias tienen en nuestros modos de vida, saberes y prácticas tradicionales el camino para la regeneración del planeta”, expresa la Carta del ATL 2025. Los pueblos indígenas habitan los mismos territorios hace miles de años, y no existe pueblo más indicado para hablar de ambiente, de su cuidado y de su futuro.
En este contexto de crisis, se torna esperanzadora la mirada de la filósofa y antropólogo Deborah Danowski y Viveiros de Castro, quienes afirman que “Hablar del Fin del Mundo es hablar de la necesidad de imaginar, antes que un nuevo mundo en el lugar de este mundo presente nuestro, un nuevo pueblo; el pueblo que falta. Un pueblo que crea en el mundo que deberá crear con lo que le dejamos de mundo”.
La selva amazónica del sur de Colombia se extiende exuberante y verde en el horizonte, pero bajo su denso follaje se esconde una realidad cambiante. La provincia de Putumayo ―una remota región fronteriza con Ecuador, en los bordes de la Amazonía colombiana― ha estado dominada durante mucho tiempo por las plantaciones de coca y bajo la persistente sombra del conflicto armado del país.
Con su terreno fértil para la coca ―materia prima de la cocaína―, la remota zona ha fomentado una red de actividades ilegales que impulsa tanto las economías locales como la violenta dinámica de los grupos armados que se disputan el control.
Para muchos en Putumayo, la coca ha seguido siendo un pilar económico, un ingreso garantizado en un lugar donde las alternativas legales son escasas, la infraestructura es limitada y la presencia del Estado es intermitente en el mejor de los casos.
En las últimas décadas, los sucesivos gobiernos nacionales han intentado frenar el cultivo de coca, pero los esfuerzos de erradicación han tenido un éxito limitado y la producción aumentó en 2023.
El costo humano y medioambiental de este cultivo ilícito es enorme: los homicidios, las continuas violaciones de los derechos humanos, la explotación infantil, la deforestación, la degradación del suelo y la contaminación del agua dejan cicatrices duraderas en el tejido social del Putumayo, así como en su exuberante ecosistema, amenazando la biodiversidad de la Amazonía.
En medio de este paisaje, un pequeño grupo a las afueras de la ciudad de Puerto Caicedo ha trazado un rumbo diferente. La Asociación de Mujeres Piscicultoras y Productoras Agropecuarias El Progreso (ASOPPAEP) es un colectivo de mujeres ex cultivadoras de coca que están orientando sus recursos hacia una alternativa legal y más ecológica: la piscicultura.
“Antes teníamos una mayor fluidez económica, pero vivíamos con el miedo de saber que era algo ilícito, que si te encontrabas con el ejército o con un grupo armado iba a ser un problema”, cuenta a Dialogue Earth Aura Ruiz, representante de la ASOPPAEP, mientras permanece a la sombra junto a una de las numerosas piscinas del colectivo.
Las doce miembros del grupo limpiaron su terreno de las plantaciones de coca que antes salpicaban las colinas de la zona. Donde antes florecía la coca, ASOPPAEP explota ahora una serie de estanques de piscicultura que albergan miles de peces tambaqui y tilapia, y producen casi 4.000 kilos cada seis meses.
“Ahora podemos cultivar nuestros productos sin que ninguna ley o entidad nos lo impida. Nos fortalece, nos da tranquilidad y, además, sabemos que estamos contribuyendo a la economía familiar”, explica Ruiz.
El costo medioambiental de la coca
El rico suelo del Putumayo y su ubicación aislada lo hacen ideal para las plantaciones de coca. Aunque la coca ha sido una fuente de ingresos vital para las comunidades rurales a falta de otras opciones, el costo medioambiental es devastador. Los campesinos talan franjas de selva tropical para hacer sitio a las plantas de coca, despojando la tierra de vegetación autóctona y de las especies que dependen de ella, intensificando así la deforestación en la zona.
“El cultivo de coca es a menudo una economía de subsistencia, que atrae la violencia de los grupos armados y las duras medidas represivas del Estado”, afirma Bram Ebus, consultor del grupo de expertos International Crisis Group. “No podemos afirmar que las plantaciones de coca enriquezcan a las comunidades locales o que sean realmente deseadas por ellas, pero debido a la falta de otros medios de subsistencia, la gente se ve a menudo obligada a participar porque necesita llegar a fin de mes”.
El acaparamiento de tierras e industrias como la ganadería también contribuyen en gran medida a la deforestación en toda la región, y se sabe que tienen vínculos con economías ilícitas y con los grupos armados presentes en la zona.
Además, la transformación de la coca en cocaína libera sustancias químicas tóxicas, que a menudo se vierten en los ríos y arroyos cercanos, envenenando las fuentes de agua de la zona.
Para las comunidades del Putumayo, la deforestación y la contaminación asociadas al cultivo de coca significan algo más que un daño medioambiental: señalan la erosión de recursos locales fundamentales para su supervivencia.
Una niña corre bajo la lluvia en la Amazonía colombiana. Muchas zonas boscosas del país son extremadamente remotas y están controladas por grupos armados, lo que dificulta la prestación de servicios estatales básicos (Imagen: N. Mazars / European Civil Protection and Humanitarian Aid, CC BY NC ND)
En este contexto, la apuesta de ASOPPAEP por la piscicultura sirve como alternativa sostenible que no requiere la destrucción de bosques y da lugar a niveles más manejables de residuos químicos. A través de la acuicultura, se está creando un nuevo modelo de uso de la tierra que da prioridad a la salud ecológica al tiempo que ofrece una fuente de ingresos viable a las familias rurales.
“Intentamos aprovecharlo todo para ayudar a conservar la naturaleza, los árboles y el agua. Queremos proteger sin destruir ni arrasar con todo, porque sabemos que el Putumayo es parte de la Amazonía y, por lo tanto, también parte de los pulmones del mundo”, dice Ruiz.
La cooperativa es consciente del impacto que su trabajo tiene en el medioambiente circundante, y afirma haber puesto en marcha protocolos para limitar sus residuos y maximizar las oportunidades de producción. Sus miembros reutilizan las escamas de pescado para producir colágeno y convierten las vísceras en abono orgánico para los cultivos de la zona.
Aprovechando al máximo sus recursos, los miembros de ASOPPAEP intentan minimizar su impacto medioambiental, con el objetivo de establecer una economía circular que beneficie tanto a la comunidad como a la tierra. Al dar prioridad a la autosuficiencia y a los ingresos legales, están desafiando el dominio económico de la coca en el Putumayo y dando una oportunidad de recuperación al dañado medio ambiente de la región.
Una batalla cuesta arriba
Sin embargo, la piscicultura no está exenta de dificultades. El trabajo conlleva un alto grado de riesgo financiero, y la ASOPPAEP no puede pasar totalmente por alto los riesgos de seguridad inevitablemente entrelazados con el trabajo rural en una zona como el Putumayo.
“En la transición hacia una economía que mejore la conservación de la biodiversidad, no existe una fórmula mágica”, explica a Dialogue Earth Luz Ángela Florez, coordinadora de la región amazónica de WWF Colombia. “En términos de alternativas económicas, no hay ninguna que iguale los ingresos producidos por la coca. Las transiciones para dejar la coca siempre estarán relacionadas no con un tema económico, sino con una cuestión de riesgo”.
Además, la cooperativa se basa en un ciclo de producción de seis meses durante el cual las poblaciones de peces maduran antes de poder ser cosechadas y vendidas.
Esta prolongación de los plazos significa que los miembros a menudo buscan ingresos suplementarios a través de la agricultura a pequeña escala u otros trabajos secundarios para cubrir los gastos entre cosechas. La cooperativa también ha tenido dificultades para acceder a mercados más grandes, ya que la infraestructura rural del Putumayo sigue estando subdesarrollada, lo que limita su capacidad de ampliación.
El Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) del gobierno colombiano, introducido en 2017, fue diseñado para ayudar a los agricultores en la transición de la coca a alternativas legales. Sin embargo, su aplicación ha sido inconsistente, dejando a muchas comunidades sin los recursos que necesitan para romper con la economía ilícita.
“En esta región amazónica periférica históricamente hay menos, o ninguna, presencia estatal”, explica Ebus. “Si nos fijamos en el Putumayo, descubrimos que tiene que haber una estrategia regional para aumentar la seguridad de las poblaciones amazónicas y los ecosistemas que habitan, pero no desde una perspectiva militar, porque, especialmente en el Putumayo, una mayor presencia militar significa un aumento de las violaciones de los derechos humanos”.
En este vacío, iniciativas locales como la de ASOPPAEP han surgido como ejemplos de las posibilidades que ofrece la acción dirigida por la comunidad, incluso en zonas donde el apoyo gubernamental es limitado.
Pero Flórez ofrece una nota de cautela: “Para promover la transición a otras economías, debe haber una forma de minimizar el riesgo que asumen las comunidades rurales cuando deciden pasar de la coca a otro medio de vida”.
En el futuro, ASOPPAEP también espera utilizar sus tierras para cosechar otros cultivos, como frutas y verduras, e incluso está considerando desarrollar un proyecto de ecoturismo local en sus tierras.
“Estoy muy enamorada de la piscicultura”, dice Ruiz. “Aunque a veces la recompensa económica ha sido muy baja, es algo que hay que mantener en el tiempo porque es un trabajo muy bonito y nos ha enseñado a tener nuestra propia autonomía. No pienso volver atrás”.
Artículo publicado originalmente en Dialogue Earth por Fermín Koop
La primera semana de negociaciones en Bakú se caracterizó por la escasa participación de los líderes, la retirada de Argentina y las diferencias entre las exigencias de los bloques sobre un nuevo objetivo de financiación
La COP29, la cumbre de Naciones Unidas sobre cambio climático, comenzó esta semana en Bakú, Azerbaiyán. En medio de olor a petróleo de las refinerías en la ciudad, representantes de casi 200 países tratarán de acordar una nueva meta para financiar la reducción de emisiones y la adaptación al cambio climático en todo el mundo.
En 2009, los países desarrollados acordaron que para 2020 movilizarían colectivamente 100.000 millones de dólares anuales para apoyar la acción climática de los países en desarrollo, un objetivo que no se cumplió hasta 2022, según laOrganización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) .
El nuevo objetivo que los países pretenden adoptar en la COP29 reemplazará a esta cifra de 100.000 millones de dólares. Sin embargo, tras la primera semana de negociaciones de la cumbre, sigue habiendo un abismo entre las posturas de los países desarrollados y los países en desarrollo sobre dónde debe fijarse el llamado Nuevo Objetivo Cuantificado Colectivo (NCQG, por sus siglas en inglés), y los primeros borradores del texto de financiamiento dejan múltiples opciones abiertas.
El G77 más China, un grupo de negociación de países en desarrollo que agrupa a gran parte de los países de América Latina, pidió 1,3 billones para la nueva meta y que esta tenga fondos específicos para reducción de emisiones, adaptación y pérdidas y daños. Además, los fondos deben ser donaciones y no préstamos con el fin de no generar más deuda para unas economías ya sometidas a tensiones.
Del mismo modo, la Asociación Independiente de América Latina y el Caribe (AILAC), un grupo negociador de ocho países latinoamericanos, pidió que del número que finalmente se acuerde haya un porcentaje específico para la región. Otros bloques fuera de América Latina hicieron el mismo pedido, incluso sugiriendo montos específicos: la Alianza de Pequeños Estados Insulares (AOSIS), integrada por 39 países, pide al menos 39.000 millones de dólares al año.
“Los países de América Latina están velando por los intereses de la región, pidiendo que los fondos sean públicos, previsibles y transparentes y que cubran a todos los sectores”, sostuvo Sandra Guzmán, fundadora del Grupo de Financiamiento Climático para América Latina y el Caribe (GFLAC).
Los principales deudores climáticos del Norte Global deben canalizar financiamiento justo, accesible y libre de deuda para los paísesdel sur
La nueva meta apoyará la reducción de emisiones en sectores como energía y agricultura y también la adaptación a los efectos del cambio climático, desde sequías a inundaciones. Además, al aumentar la financiación, permitiría a los países en desarrollo llevar a cabo acciones más ambiciosas en sus contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC, por sus siglas en inglés) actualizadas, sus planes climáticos como parte del Acuerdo de París, cuya presentación está prevista para 2025.
Estudios han demostrado que los países en desarrollo necesitan billones de dólares anuales para apoyar la acción por el clima. Según un informe, la aplicación de sus planes climáticos nacionales costará entre 5 y 6,8 billones de dólares acumulados de aquí a 2030. Otras fuentes estiman este costo en 7,8 billones de dólares para el mismo periodo.
“La meta debe ser fijada en el marco de la justicia climática, garantizar que los principales deudores climáticos del Norte Global canalicen financiamiento justo, accesible y libre de deuda para los países del sur”, sostuvo Carola Mejía, coordinadora del área de Justicia Climática, Transiciones y Amazonía en la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (LATINDADD).
Poca presencia de América Latina en la COP29
Las largas horas de vuelo a Azerbaiyán y prioridades domésticas llevaron a que pocos presidentes de América Latina y el Caribe estén presentes en la COP29. A pesar de emerger como undestacado defensor de la eliminación progresiva de los combustibles fósiles en las últimas COPs, el presidente de Colombia Gustavo Petro canceló su viaje por las inundaciones en Colombia y el presidente de Brasil Lula da Silva para estar en la cumbre del G20 en Brasil.
Geraldo Alckmin, vicepresidente de Brasil, y la ministra de Ambiente, Marina Silva, viajaron a Bakú para presentar el nuevo plan climático del país. El gobierno se comprometió a reducir emisiones entre 59% y 67% para el 2035, una meta que sostienen que está alineada con el Acuerdo del París pero ONGs lo cuestionan.
“Es mucho más que un simple objetivo de reducción de emisiones, refleja la visión de un país decidido a ser protagonista en la nueva economía global”, sostuvo Alckim. Para Marina Silva, el plan forma parte de un “nuevo paradigma de desarrollo para Brasil”, con impulso a la bioeconomía y la transición energética.
La delegación brasileña de la COP29, encabezada por el vicepresidente Geraldo Alckmin y la ministra de Medioambiente y Cambio Climático Marina Silva, presentó las nuevas Contribuciones Nacionalmente Determinadas del país, que han recibido una respuesta desigual (Imagen: UN Climate Change, CC BY-NC-SA)
El nuevo plan climático de Brasil era muy esperado en vísperas de la cumbre, ya que el paísse prepara para acoger la COP30 en la ciudad amazónica de Belém en 2025. Pero sus NDC han tenido una respuesta desigual, y muchos han criticado la aparente contradicción que supone para el país tratar de reducir las emisiones al tiempo que planea aumentar su producción y exportación de petróleo.
Romain Ioualalen, coordinador de campañas de Oil Change International, sostuvo que Brasil desperdició la oportunidad de demostrar un liderazgo climático. “Brasil no puede decir que su plan está alineado con el Acuerdo de París mientras planea incrementar la producción de gas y petróleo 36% para 2035”, agregó.
En un análisis del plan de Brasil, la ONG Observatório do Clima cuestionó la decisión de presentar una meta en una franja de emisiones ya que no garantiza cuál será la reducción de emisiones. El gobierno debe explicar cómo llegará a deforestación cero y cómo abordará las emisiones de energía, agregó.
Brasil, como parte del grupo de negociación BASIC que integra con Sudáfrica, India y China, pidió al comienzo de la COP incorporar en la agenda un ítem sobre “medidas comerciales restrictivas unilaterales” en relación a impuestos al carbono de la Unión Europea. Finalmente el ítem no fue incluido en la agenda, que se aprobó a última hora del primer día tras horas de retrasos y desacuerdos entre los países.
La ministra de Ambiente de Colombia Susana Muhamad llegó al cierre de la semana a Bakú, al igual que la ministra de Ambiente de Chile Maisa Rojas. En conferencia de prensa, Rojas pidió por una reforma del sistema financiero y por un aumento del financiamiento para subir la ambición en los países en desarrollo.
Muhamad declaró a Dialogue Earth que, si bien podrían considerarse nuevas fuentes de financiación como el sector privado, para cumplir el nuevo objetivo los países desarrollados deben aumentar “sustancialmente” su financiación pública. También pidió que se tenga en cuenta la “crisis de la deuda” del mundo en desarrollo, y se hizo eco de los llamamientos para que se asigne un porcentaje específico del nuevo objetivo de financiación a América Latina.
Argentina, en una decisión no tan sorpresiva considerando el rechazo del presidente Milei al cambio climático, decidió retirar su delegación de la COP a mitad de semana sin detallar los motivos. Argentina presidía el G77 más China en las negociaciones de financiamiento, pero se retiró del rol no bien comenzó la COP29.
Anabella Rosemberg, asesora principal de Climate Action Network International, subrayó que Argentina se retiraba únicamente de la COP29 en sí, y no de la Convención de la ONU sobre el Cambio Climático o del Tratado de París. “Por lo tanto, se trata de algo simbólico y lo único que hace es apartar al país de las conversaciones críticas sobre la financiación de la lucha contra el cambio climático”, afirmó. “Es difícil entender cómo un país vulnerable al clima como Argentina se apartaría del apoyo crítico que se está negociando aquí en la COP29”.
La sala VIP de la COP29, donde se reúnen numerosas autoridades de alto nivel para continuar las negociaciones sobre clima y finanzas iniciadas en las salas de reuniones (Imagen: Kiara Worth / UN Climate Change, CC BY-NC-SA)
Transición energética justa y minerales, en el foco de la COP29
En la COP28, celebrada el año pasado en los Emiratos Árabes Unidos, los países acordaron realizar una transición “de forma justa y ordenada” de los combustibles fósiles mucho antes o alrededor de 2050. Este año, las discusiones sobre la transición energética continúan en Azerbaiyán, con un foco adicional en los minerales críticos para la transición, como el litio.
El presidente de Azerbaiyán Ilham Aliyev dijo en la apertura de la COP que el petróleo y el gas son “un regalo de dios” y cuestionó las críticas a su país por su dependencia de la producción y la exportación de los combustibles fósiles. Marina Silva respondió al decir que “el azúcar también es un regalo de dios, pero si lo comemos en exceso seremos diabéticos”.
Para Gaston Browne, primer ministro de Antigua y Barbuda, hace falta reducir la dependencia en los fósiles y reducir sus subsidios. “Muchos países que dependen de ellos no quieren una transición acelerada y ponen al planeta en riesgo. La única manera de evitar cruzar el límite de 1,5 grados es una transición”, agregó.
El Secretario General de las Naciones Unidas Antonio Guterres sostuvo que si bien los minerales críticos son “una gran oportunidad para traer prosperidad y eliminar la pobreza” en los países desarrollados, pueden también llevar a “violar derechos humanos y ambientales sin generar cadenas de valor agregado”.
Guterres presentó en la COP un informe sobre minerales críticos realizado para la ONU por un panel de expertos en septiembre. El informe contiene un conjunto de siete principios para sustentar la extracción responsable, justa y sostenible de minerales críticos para las cadenas de suministro de energía limpia.
“La meta de financiamiento de la COP29 debe incluir financiación en condiciones favorables para que los países del Sur Global productores de minerales en transición logren un valor añadido significativo y aborden los cuellos de botella energéticos, de infraestructuras y de mano de obra calificada”, declaró Suneeta Kaimal, autora del informe de la ONU y presidenta del Natural Resource Governance Institute.
La COP29 concluirá el próximo viernes 22 de noviembre, y la segunda semana se dedicará a las negociaciones sobre los acuerdos y textos finales de la cumbre.
La provincia de Buenos Aires tuvo una gran participación en la COP16 en Colombia: se creó el Frente Ambiental Latinoamericano, se trabajó en proyectos de financiamiento de “canje por deuda climática”, y su Ministra participó en eventos con primeras y segundas líneas del gobierno colombiano.
La Ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar es la funcionaria pública que mayor participación ha tenido en la COP16 de Biodiversidad. La primera en representar a la provincia en una una COP de Biodiversidad, y quien por primera vez menciona que desde su cartera trabajan “el canje de deuda por acción climática”
En el estallido en Colombia el 2021, Argentina envió una delegación oficial de la cámara de diputados a acompañar a los distintos representantes del Partido del Pacto Histórico. Entre ellos estaba Vilar, quien forjó estrechos vínculos con políticos colombianos por ejemplo la Senadora del Pacto Isabel Cristina Zuleta Lopez, con la que actualmente caminan un nuevo espacio regional: el frente ambiental latinoamericano, integrado también por los diputados colombianos María Fernanda Carrascal y Alejo Toro, y la diputada de Ecuador Jahiren Noriega Donoso.
“Este frente es una una red de trabajo compartida para abordar cuestiones ambientales que se viene charlando desde esta COP, para ponerla en marcha de acá en adelante”, dijo para ARG la ministra de ambiente bonaerense
Esta vez, la invitación a la COP16 llegó directamente desde el gobierno de Colombia a la provincia de Buenos Aires. A falta de una representación político-institucional del gobierno nacional en el evento sobre Biodiversidad más importante del mundo, la provincia de Buenos Aires tuvo por primera vez participación, en donde se compartieron distintas acciones que lleva adelante su gestión desde hace tres años cuando el gobernador Axel Kicillof decidió crear dicha cartera.
“Vinimos a escuchar las diferentes experiencias que hay en los territorios en pos de defender el ambiente y el buen vivir de las comunidades”, dijo la Ministra Vilar, “pero también vinimos a contar las experiencias que tiene la provincia de Buenos Aires en cuanto a su gestión ambiental”, mencionó.
La provincia de Buenos Aires es una de las más biodiversas del país; tiene cinco ecoregiones, el 30% de los humedales del país, y mil hectáreas de costa argentino. Desde hace apenas tres años tiene su Ministerio y cuenta con grandes desafíos en cuanto a su gestión ambiental.
Por ejemplo, la gestión de residuos es una de las políticas que mayores avances ha tenido en la provincia de Buenos Aires junto con organizaciones sociales que han reclamado mayores derechos para los cartoneros y recicladores urbanos de las ciudades.
🌿La humanidad se encuentra ante un gran desafío. El cambio climático ya no es una amenaza distante sino una realidad que azota nuestras comunidades, destruye ecosistemas y profundiza las desigualdades sociales.
Canje de deuda por acción climática en la provincia de Buenos Aires
La mirada de la cartera de ambiente de la provincia de Buenos Aires va en consonancia con lo que plantea el presidente de Colombia Gustavo Petro y el presidente de Brasil Lula Da Silva; exigir la reparación del daño ambiental que ocasiona el Norte Global, a través del financiamiento.
“El discurso de Petro de apertura fue un posicionamiento completamente soberano “, dijo Vilar. El presidente de Colombia en su discurso dejó sentado su posicionamiento con respecto al canje de deuda por acción climática como un mecanismo de reparación del daño ambiental que causan los países del Norte. Sin embargo, en Argentina hay pocos e inconclusos ejemplos sobre la adhesión a este mecanismo financiero.
Durante la gestión de Alberto Fernández se anunciaron una serie de inversiones como la planta de hidrógeno verde en Río Negro, que su financiamiento provendría del canje de deuda por acción climática. Sin embargo, la negociación quedó inconclusa y la planta nunca se llevó adelante.
“En la provincia de Buenos Aires tenemos un trabajo realizado respecto al canje de deuda por biodiversidad”, dijo Vilar. “Es algo que no habíamos contado hasta ahora pero el año pasado habíamos logrado un proyecto junto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que ya se había aprobado la garantía para hacerlo. Pero este gobierno no quiso aprobarlo”, afirmó.
El proyecto se trataba de una línea de crédito destinada a crear y fortalecer reservas naturales en la provincia de Buenos Aires que ya cuenta con un millón 600 mil hectáreas que están dentro del sistema de áreas protegidas. Desde la creación del ministerio se crearon dos nuevas áreas; el Islote de la gaviota cangrejera en Bahía Blanca y Centinela del Mar en Lobería. “Y estamos trabajando en crear otras dos más”, afirmó Daniela Vilar.
La provincia de Buenos Aires fue la única representación político-institucional que tuvo Argentina en esta COP16 y que reivindica el ambientalismo desde una mirada popular y de reparación histórica hacia el Sur Global. Mientras que el actual presidente Javier Milei niega el cambio climático y se aleja cada vez más de la mirada de los gobiernos progresistas de América Latina, la provincia de Buenos Aires intenta ocupar ese espacio.
El tema central en esta COP16 fue la regulación de los recursos genéticos digitalizados para terminar con la biopiratería. Se definieron históricos acuerdos en camino hacia su regulación que empiezan por el reconocimiento de las comunidades indígenas y su mayor participación en el Convenio de Diversidad Biológica.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), hasta un 75 % de los fármacos que se venden en Estados Unidos tienen como base, sustancias naturales que provienen de países con una gran biodiversidad biológica. “El 95% de los recursos no llegan ni a los territorios ni a las comunidades”, dice para ARG Oscar Forero, investigador del Comercio Internacional y antropólogo de la Universidad Nacional de Colombia.
La extracción de recursos biológicos sin autorización ni compensación por su uso, se denomina biopiratería, y es la base fundacional por la cual cientos de empresas se hicieron millonarias.
Como la empresa Merker que fabrica píldoras anticonceptivas elaboradas con el barbasco, una planta originaria de México. O el Pozol, la bebida ancestral consumida por los mayas que está patentada por una empresa trasnacional holandesa y por una universidad estadounidense. O incluso el frijol mexicano de variedad Mayocoba, que la empresa POD-NERS L.C.C. de los Estados Unidos de América (EUA) lo patentó en 1994.
También, el caso de la famosa empresa Coca Cola, con la ‘stevia’, un ingrediente fundamental para la fabricación de su producto y que fue extraída de territorios guaraníes. O variedades del algodón con la que se hacen prendas de las marcas como Levi’s, Esprit,y Patagonia .
Hoy en el mundo solo 10 transnacionales de origen estadounidense, inglés y suizo controlan gran parte de los recursos genéticos, agricultura e industria farmacéutica. Luego de identificar los genes extraídos, solicitan inmediatamente la patente y hoy son las que poseen más del 50% de todas las patentes sobre biotecnologías agrícolas. Algunas de estas empresas son Bayer, Pfizer, Monsanto, Syngenta, entre otras.
Lo mismo con las semillas. Solo cuatro transnacionales están controlando el 60% de todas las semillas patentadas en el mundo. También controlan la producción de agrotóxicos, fertilizantes, agroquímicos, e incluso los mercados alimentarios.
Representantes indígenas en la aprobación del órgano subsidiario 8J
La regulación de los Recursos Genéticos Digitales
El primer Convenio de Diversidad Biológica en 1993 puso el tema sobre la mesa. Fue en 2010 que se aprobó la implementación de la carta que estableció finalmente un marco legal: el Protocolo de Nagoya.
Este acuerdo internacional, firmado en Japón, marcó las bases para compartir los beneficios utilizados de los recursos genéticos entre países del Norte y del Sur global a través de una repartición equitativa. También fue reforzado con la decisión Andina N. 391, que establece un régimen común sobre acceso a los recursos genéticos ratificado por los países de la región Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador, y Perú)
Con el correr del tiempo y el avance de la tecnología, ya no solo se habla de recursos genéticos sino de “información digital sobre secuencias” (Digital Sequence Information) ¿Por qué? Mucha información genética ya está extraída de los territorios y se encuentran digitalizadas en megabases de datos en el mundo. Con distintos mecanismos tecnológicos como la inteligencia artificial, se pueden cruzar y obtener nuevas fórmulas.
Por lo tanto, aquel marco regulatorio construido en el anterior Convenio de Diversidad Biológica quedó obsoleto, y en este nuevo Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal (2022), es necesario regular también en el plano digital. Por eso ya no solo se habla de “recursos genéticos” sino también de “conocimientos”, o sea el recurso intangible (Decisión 15/9)
Pero la discusión sobre la obligatoriedad del pago de regalías como un derecho que les pertenece a los pueblos indígenas está lejos de parecer una realidad.
El primer paso para lograrlo es obtener la información de origen (Discloser) para fortalecer los monitoreos sobre la información extraída; dónde, cuándo, para qué, y crear nuevos que permitan sumar todos esos datos al registro de patente (Intelectual Properly)
“La pelea es más bien, de donde salen los recursos para que los pueblos originarios puedan hacer ese monitoreo, y también para que los países en desarrollo puedan hacerlo porque no tienen todo el hardware que se necesita para hacerlo“, dijo el investigador.
A través del Convenio de Biodiversidad se han hecho muchas cosas en términos de transferencias de capacidades y competencias: mapeo satelital, desarrollo de software. “Pero eso es solo para garantizar un correcto discloser- información de origen-”, afirma Forero.
Sin embargo, el investigador entiende que sin un órgano subsidiario del 8J como un grupo sólido en el que participan comunidades indígenas, que vigile el cumplimiento de los acuerdos, no podría existir una información de origen eficiente ni tampoco un pago de regalías.
Para el Plan de Vida Global de @AisoMovimiento y para @MPCindigena la aprobación del órgano subsidiario para el Artículo 8J de @UNBiodiversity es fruto de la lucha histórica de los pueblos originarios en el mundo, nos lo merecemos por que protegemos el 80% de la biodiversidad… pic.twitter.com/nhuIz0qIYa
— Edgar Alberto Velasco Tumiña /VOTA SENADO #62 (@EdgarVelascoT) November 2, 2024
¿Qué es lo que cambiará a partir de la COP16?
Las negociaciones lograron tener una mayoría para concretar acuerdos claves para la regulación de la información de secuencias digitales en una discusión que se extendió hasta las 3am del viernes, y donde finalmente estos fueron los acuerdos más importantes:
Creación de un Órgano Subsidiario del 8J: Después de 26 años se alcanzó el consenso para crear un órgano subsidiario que permitirá la participación activa de los pueblos indígenas y las comunidades locales.
Se trata de un grupo especializado con un trabajo más enfocado y expedito, que asista, controle y garantice el cumplimiento del artículo 8J para que efectivamente los recursos de biodiversidad le lleguen a sus custodios, tal como pasó con la regulación sobre los Recursos biológicos en el Tratado de Nogoyá de la anterior Convención de Diversidad Biológica. Lo llamativo es que ese grupo estará conformado por pueblos indígenas.
“Este es un momento sin precedentes en la historia de los acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente”, declaró Camila Romero, representante indígena de Chile.
Aporte voluntario: El gobierno de Colombia está impulsando la propuesta de crear el Fondo Cali, un fondo voluntario para que las empresas contribuyan si así lo requieren al pago del 1% de los beneficios que extraen de la biodiversidad. Además, se definió que al menos la mitad de ese fondo vaya para las comunidades originarias e indígenas.
Sin embargo, el ex ministro de Ambiente de Colombia Manuel Rodriguez Becerra aseguró que, “Sería mejor que no se firmara nada, porque hacerlo de manera voluntaria deja abierta la puerta a la biopiratería”
Además de los pueblos indígenas que históricamente vienen reclamando la regulación de los recursos genéticos, varios países también estaban interesados en que la discusión avance, sobre todo Colombia, por ser uno de los territorios más megadiversos del mundo.
¿Pero por qué existe casi una unanimidad en el avance de estos procesos de transparencia?
“Al estamento científico no le interesa que funcione mal”, dice el investigador. “La innovación se debe desarrollar de la manera en que el planeta lo requiera y estamos en capacidad de hacerlo. “Va a pasar porque es interés de todo el mundo”, agrega Forero.
Con respecto al fondo voluntario, desde la empresa Common Initiative indicaron que “La eficacia dependerá de la voluntad de la comunidad mundial de apoyarlo y de que las empresas reconozcan el valor de participar para ganar reputación”
La Conferencia de las Partes (COP) de Biodiversidad número 16 que comenzó el pasado 21 de octubre, se encuentra en la recta final. Si hay algo en lo que no quedaron dudas es que fue una COP histórica; la más masiva de Biodiversidad y la que mayor participación social tuvo.
La Conferencia de las Partes (COP) de Biodiversidad número 16 que comenzó el pasado 21 de octubre, se encuentra en la recta final. Si hay algo en lo que no quedaron dudas es que fue una COP histórica; la más masiva de Biodiversidad y la que mayor participación social tuvo.
Es la primera COP que organiza dos formatos; la Zona Azul, el lugar tradicional donde se llevan adelante las negociaciones, reuniones y firmas de acuerdos, y la Zona Verde; un nuevo formato propuesto por el gobierno de Colombia en donde participaron más de medio millón de personas en propuestas académicas, educativas, culturales y artísticas
En el Centro de Cali se encuentra el Bulevar del Río, un amplio espacio de plazas y parques rodeado de gran vegetación y atravesado por el río Cali que se extiende hacia el noreste de la ciudad. Allí se desarrolla la “COP de la gente”, como le dicen. Son aquellas actividades políticas, sociales y culturales que están sucediendo en el mientras tanto se llega a acuerdos globales en la Zona Azul.
“Esta es una COP histórica, que convirtió el escenario de estas cumbres en un escenario popular”, dice el Juan David Correa, Ministro de Cultura de Colombia, quien desde su asunción al frente del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes de la República de Colombia, trabaja junto a los “territorios bioculturales”.
“La cultura no solo es una práctica artística. La megadiversidad también se puede comprender en términos culturales. La verdadera diversidad de Colombia es la que radica en su cultura”, asegura el ministro.
Cali, una ciudad que megadiversa
La ciudad de Cali es la tercera más importante de Colombia. Cuenta con una fuerte impronta industrial, estudiantil y turística. Fue una de las ciudades que mayor protagonismo tuvo en el estallido social de 2001, con varios movimientos sociales y políticos que se manifestaron frente a las pésimas condiciones del gobierno de Ivan Duque, y el anuncio del proyecto de reforma tributaria.
No solo Cali es una ciudad biodiversa en su paisaje urbano-ecológico, sino también por su gran confluencia cultural. “Para la gente del pacífico colombiano Cali es su Capital”, afirma Correa.
En la ciudad se reúnen personas de distintos lados de Colombia que llegan en busca de mejores oportunidades. Cali es el reflejo de una Colombia heterogénea en su cultura y diversidad. En el país hay 115 comunidades indígenas entre palenqueras y raizales, Rron, gitanas, negras, afrocolombianas, campesinas. “Todas esas expresiones son Colombia, pero es un país muy centralista y con políticas cerradas desde el centro”, admitió el ministro.
Cali hizo una gran apuesta al hospedar el evento de Biodiversidad más importante del mundo en donde participaron más de 30 mil personas de distintos países, lo que trajo un gran movimiento económico en la ciudad, y sobre todo una gran visibilización.
“La gente de la ciudad comenzó a entender de qué se trata una COP gracias a su participación”, aseguró el responsable de la cartera de cultura.
La cultura en la Colombia profunda
Desde la puesta en marcha de la cartera de cultura con la nueva gestión, “el ministerio tomó la decisión de destinar el 70% de sus recursos hacia procesos territoriales excluidos del país”, aseguró Correa, como en el litoral pacifico, el Amazonas, la Orinoquía, la Guajira, el sur del caribe, y los barrios excluidos de la ciudades. Son las llamadas economías 5 y 6- en Colombia se caracterizan del 1 (siendo la más alta) al 6 (siendo la más baja)
“Son culturas que han vivido los mayores conflictos del país: extractivismo, ambiente y guerrilla”, aseguró el ministro.
El extractivismo es la principal amenaza de varias comunidades de la Colombia profunda; como la megaminería, la deforestación y plantación de monocultivo como coca o caña de azúcar. Pero además, los grupos armados que tienen el control territorial de Colombia radican en los “territorios excluidos”
La exclusión hacia dichos territorios alejan cada vez más a la Colombia profunda de los centros del país. El olvido estatal permite la extinción de las comunidades rurales, o la convivencia con ellos aún cuando está en riesgo su vida. “Por eso estamos participando de la Reforma Agraria que se está impulsando en Colombia”, asegura el ministro.
Lo histórico de esta COP es que esos espacios de toma de decisiones también le pertenecen a la gente, porque es necesario que también sean parte de la negociación global biocultural”, manifestó el ministro, y agregó; “si seguimos encerrados en centros de convenciones con esta suerte de geopolítica donde el Norte Global siga mandando a su manera no vamos a conseguir transformación real.
En cuanto a lo distinto de esta COP, el ministro destaca que, “ya no se trata de una lógica de resistencia desde los pueblos del Sur Global, sino de mostrar nuestros poderes culturales y diversos de la belleza, de la generosidad, de que otro mundo no solo es posible sino necesario”
Ministro de Cultura, Arte y Saberes de Colombia David Correa junto a referentes de la sociedad civil en la Zona Verde de la COP16 Biodiversidad
En la COP16 se habla de financiamiento. El concepto de Deuda Ecológica que plantearon líderes políticos como Perón, el Papa o Néstor Kirchner vuelve a ponerse en el centro de la escena. “La deuda ecológica es mayor que la deuda externa”, dijo para ARG el abogado ambientalista Enrique Viale.
Se escucha deuda ecológica hace 50 años
La primera vez que Argentina anunció al resto del mundo el término “deuda ecológica” fue en la Carta Ambiental de Perón a la Cumbre de Estocolmo de 1972, donde plantea que la reparación del ecosistema debe hacerse de manera justa; los países que mayor daño ocasionan al planeta son los que tienen que aportar más a su reparación, y los países del Sur Global deben exigirlo.
El 12 de junio de 1992 se firmaron en Río de Janeiro las tres convenciones ambientales de la ONU (Cambio Climático, Biodiversidad y Deforestación). Fidel Castro retomó en su discurso el concepto de deuda ecológica: “El intercambio desigual, el proteccionismo y la deuda externa agreden la ecología y propician la destrucción del medio ambiente.”
Más tarde lo planteó Néstor Kirchner, cuando reclamó a los países del Norte que “salden su deuda ambiental con el resto del mundo” y que cumplan los compromisos del Protocolo de Kyoto (COP de Biodiversidad), y en 2015 el Papa Francisco acuñó el término de deuda ecológica en su última encíclica Laudato Si.
“Una salida al modelo extractivista es reclamar la deuda ecológica”, dijo el abogado ambientalista y Juez del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza, Enrique Viale. Años después, el concepto intenta avanzar en acciones concretas, y hoy el mundo discute cómo se pagará la deuda climática que tienen los países del Norte con los países del Sur Global.
"Páguese la deuda ecológica y no la deuda externa": Fidel Castro advierte del desastre ecológico de Brasil en 1992 pic.twitter.com/xDnyV4Tdgv
América Latina está sufriendo consecuencias concretas del cambio climático: sequías, inundaciones, y tornados. “Uno de los debates que se está dando, es que los países del Norte se hagan cargo de la reparación de estas catástrofes climáticas”, dijo Viale. Por ejemplo, la reciente inundación en Porto Alegre, Brasil, que llegó a 5,32 metros en mayo y afectó a más de un millón de habitantes.
Entre otros mecanismos de financiamiento que existen para reparar el daño ambiental, está el canje de deuda por la acción climática, que fue retomado por el presidente Gustavo Petro en el discurso de apertura de esta COP.
El primero en ejecutar el canje de deuda por acción climática fue Bolivia en 1987 donde cancelaron US$ 650 mil de su deuda a cambio de proteger tierras del Amazonas. El país de centroamérica Belice fue uno de los más recientes en utilizarlo. Redujo su deuda a cambio de designar el 30% de sus zonas marinas como áreas protegidas y destinar US$4 millones anuales durante las 2 próximas décadas a la conservación marina.
“Las áreas protegidas también tienen su límite, que son los pueblos. Porque muchas veces se intenta desplazar a las comunidades que viven ahí con el argumento de preservar la naturaleza. Otras veces, son cogestionadas con las comunidades locales”, dice Viale.
Hay otro tipo de herramientas que son cuestionadas por organizaciones ambientales y las denominan “falsas soluciones”, como por ejemplo los bonos de carbono; inversiones de empresas extractivas a cambio de cumplir con acciones climáticas. Por ejemplo, “deforestar un área del Amazonas para el monocultivo de madera de balsa en Ecuador, a cambio de plantar árboles en Nigeria. No son más que seguir perpetuando el extractivismo”, dijo Nury Martínez de La Vía Campesina
“La deuda externa es un ciclo perverso que necesita más extractivismo para obtener más dólares, y que a su vez te sumerge en mayor deuda ecológica”, afirma Viale. “La deuda climática excede largamente a la deuda financiera y con cada vez más fundamentos”
“Se necesita una transición energética justa y popular, no corporativa”, aseguró Enrique Viale. “En el norte quieren desplazar a las comunidades que viven cerca de los salares de litio, en nombre de la transición energética. En Argentina, con un presidente como Milei y con un RIGI es un escenario ideal para profundizar el extractivismo y condenarnos a que nuestro único destino sea ser exportador de naturaleza; lo que llamamos colonialismo verde”, manifestó el abogado.
Si hay algo que no cabe dudas, es que los principales impulsores de la transición energética son los países del Norte Global. ¿Por qué? “La transición energética que ellos proponen no es para reparar el planeta, es para solventar un sobreconsumo”, advierte Viale.
“Si todos los habitantes del planeta vivieran como vive un estadounidense necesitaríamos seis planetas, y como un europeo; cuatro. El norte global tiene que cuestionar su modelo de consumo”
La pregunta que se hizo Viale: ¿Vale la pena participar de esta COP? “Es fundamental primero para confrontar, porque es una gran disputa de sentido la cuestión socio ambiental, y en segundo lugar, afianzar lazos con compañeros de otros lazos, e incluso también mantener diálogos con el Norte, es necesario para fortalecer las organizaciones ambientalistas”, concluyó Viale
El lunes 21 comenzó la COP16 de Biodiversidad, el evento ambiental más importante del mundo que se está desarrollando en Cali, Colombia. Los objetivos principales que tiene el país anfitrión: Financiamiento y Regulación de Recursos Genéticos ¿Qué dicen las organizaciones sociales?
El lunes 21 comenzó la COP16 de Biodiversidad, el evento ambiental más importante del mundo que se está desarrollando en Cali, Colombia. Los objetivos principales que tiene el país anfitrión: Financiamiento y Regulación de Recursos Genéticos ¿Qué dicen las organizaciones sociales?
Financiamiento
Desde hace algunos años América Latina está cobrando un papel más protagónico en las discusiones ambientales. Hoy se posiciona como un actor que exige a los países del Norte Global la reparación de los daños al ambientales causados, y una justa reparación que deba ser equitativa.
En su discurso de apertura de la COP, el presidente de Colombia Gustavo Petro dijo que uno de los mecanismos de financiación podría ser el cambio de deuda por acción climática. “Solo cambiando el riesgo país por acción climática, podremos financiar el plan Marshall que detenga en el planeta la crisis climática”, y agregó; “no puede existir el riesgo como criterio de medida de la tasa de interés, ni así tasar los préstamos. Rebajar el riesgo en la deuda del tercer mundo es hoy sustancial, vital, para superar la crisis climática”.
El “canje de deuda por acción climática” es uno de los mecanismos y consiste en una reducción de los compromisos de deuda a pagar por los países del Sur con la condición de que esos recursos sean utilizados con un fin acordado. Nació en los 80 cuando la mayoría de los países de América Latina estaban muy endeudados, y resurgió en los últimos 2 años.
El primero que lo ejecutó fue Bolivia en 1987 donde cancelaron US$ 650 mil de su deuda a cambio de proteger tierras del Amazonas. El país de centroamérica Belice fue uno de los más recientes en utilizarlo. Redujo su deuda a cambio de designar el 30% de sus zonas marinas como áreas protegidas y destinar US$4 millones anuales durante las 2 próximas décadas a la conservación marina.
Uno de los objetivos de Colombia como anfitrión de un evento de esta talla, es cerrar financiamientos. Así fue. El segundo día de la COP, el Banco de Desarrollo de los países de América Latina y el Caribe y el gobierno de Colombia anunciaron una inversión de 300 millones de dólares para proteger la biodiversidad de la región.
Desde la zona verde de la COP16 denominada “la COP de la gente”, la Senadora por el Pacto Histórico de Colombia Isabel Cristina Zuleta denunció ayer que “quieren que la plata para restaurar la naturaleza venga del fondo de quienes se llevan nuestras propiedades genéticas”, y agregó; “hay que empezar por la plata que ya está. Tenemos un montón de dinero que proviene del impuesto al carbono”
Hoy, como parlamentarios, hemos decidido involucrarnos en un tema crucial en la #COP16Colombia: la biodiversidad de nuestras semillas. Durante años, quienes legislan han estado alejados de estas discusiones, generando leyes que ignoran la realidad de nuestro entorno. Es momento… pic.twitter.com/woxJlcSLxC
Uno de los puntos más importantes a tratarse en esta COP16 de biodiversidad tiene que ver con los recursos genéticos; secuencias genéticas digitalizadas almacenadas en bancos genéticos de donde luego se extraen y se producen distintas cosas como alimentos, medicamentos, cosmética o incluso se utilizan para fabricar curas para las enfermedades.
Se intentó regular la industria de la genética con el anterior Convenio de Biodiversidad firmado en 1993 en donde se reconocían la biodiversidad de cada territorio, impidiendo que sea extraída por cualquier particular o empresa sin antes pagar las regalías correspondientes.
Tal como explica el medio colombiano La Silla Vacía en una nota de Natalia Arbelaez Jaramillo, “Antes de este convenio cualquier persona podía venir a Colombia, por ejemplo, u otro país, tomar un lulo u otra especie, llevársela para estudiarla y crear a partir de ella una vacuna sin pedir permiso. Después Colombia tenía que pagar regalías para usar esa vacuna sin tener ningún beneficio por ser el “dueño” del lulo. En otras palabras se consideraba que los recursos naturales eran patrimonio de la humanidad sin importar dónde estuvieran ubicados.
El problema es que luego del 2000 mucha de esa información genética de las especies se digitalizó en secuencias de códigos genéticos almacenados en bases de datos, y con inteligencia artificial se han creado muchas más. Dicho mecanismo no está regulado y queda fuera del tratado de Nagoya porque no implica tocar un ser vivo.
Es por eso, que el desafío para esta COP está en la regulación de los recursos genéticos digitalizados, algo que beneficiaría a los países multidiversos como Colombia, que resultan ser grandes semilleros de recursos genéticos, y que exigen que la industria mundial de la información digital del ADN de las plantas, animales, microorganismos, y otras creaciones a partir de esto, paguen lo que les corresponde.
♻️ #COP16, día 2: del acceso justo a los recursos genéticos a la importancia de los pueblos indígenas.
⌚️La hora de los pueblos indígenas. Pueblos que a menudo han sido marginalizados por sus propios Estados ven reconocido su papel en el Convenio de la Diversidad Biológica. Por… pic.twitter.com/Jpx7Oygydp
La COP en Colombia resultó ser un escenario biodiverso en actores y participantes; por un lado están las negociaciones y reuniones bilaterales llevadas adelante en la Zona Azul. Por otro, las comunidades y organizaciones que impulsan distintos paneles, charlas y talleres en la Zona Verde, con la participación del resto de la sociedad.
Pero además, existe otro conjunto de organizaciones territoriales que cuestionan el desarrollo de la COP16. En su comunicado oficial La Vía Campesina (LVC) manifestó que “el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD) tiende a ignorar el papel del campesinado o pescadores, en la gestión sostenible de los bienes comunes naturales, adoptando una perspectiva utilitarista, economicista y antropocéntrica, que no aborda de manera integral la pérdida de biodiversidad
Por otro lado, LVC aseguró que se oponen a la “modificación de los organismos vivos mediante el desarrollo de tecnologías de ingeniería genética y biología sintética, así como la instrumentalización de la información digital sobre secuencias genéticas (DSI) para patentar la naturaleza y controlar la agricultura y la Soberanía ALimentaria.
