Los trabajadores del Instituto de Tecnología Agropecuaria anunciaron este martes que el cierre de la Estación Experimental Agropecuaria región AMBA está muy cerca. El anuncio fue difundido en un comunicado donde advierten que esta medida dejará sin asistencia técnica al cinturón frutihortícola más grande del paísy expondrá a todo el personal al pase a disponibilidad.
El cierre se espera en el marco de un proceso de intervención del INTA impulsado por el Poder Ejecutivo, que va camino a una reestructuración profunda de una institución con casi 70 años de trayectoria. Tal como expresan los trabajadores, se trata de un plan de desguace que incluye despidos, venta de patrimonio y la posibilidad de fusionar al instituto con otros organismos del sistema científico, como el INTI y el CONICET.
La Estación Experimental Agropecuaria AMBA está ubicada en Ituzaingó, Buenos Aires, aunque su alcance se extiende por toda la región. Cuenta con 9 agencias de extensión, emplazadas en las localidades de La Plata, Avellaneda, Escobar, Ituzaingó, Luján, Marcos Paz, Moreno, San Martín y San Vicente. También cuenta con 5 oficinas de desarrollo local ubicadas en Berisso, Exaltación de la Cruz, Florencio Varela, Lomas de Zamora y La Matanza.
En total, la experimental da cobertura a40 municipios, incluyendo CABA. Sus tareas están enfocadas en la agricultura urbana y periurbana, brindando asistencia técnica a productores en una región altamente poblada, la cual alberga a más de 16 millones de habitantes. “En febrero de este año se había definido el cierre de la unidad, pero todavía no tenía resolución. Hoy vemos que la resolución oficial del cierre de la experimental está muy cerca”, anunciaron en el comunicado, asegurando que, a pesar de la gran incertidumbre, en ningún momento se han abandonado las líneas de trabajo en los territorios.
Puntualmente, está experimental tiene contacto con productores agrícolas del cinturón hortícola del Gran La Plata. Además, su trabajo tiene incidencia entre actores productivos de la agroindustria que se desarrolla en las cercanías a los grandes centros de consumo. En este sentido, es una estación que acompaña las demandas de la producción, asi como también los circuitos de comercialización y consumo de alimentos de origen agrícola.
Esta estación es una dentro de la red de estaciones experimentales que el INTA contiene en toda la provincia de Buenos Aires. Las mismas forman parte de su política territorial para la promoción del desarrollo agropecuario y la agricultura familiar. “La situación particular de AMBA no escapa a los planes que tienen Milei y Sturzenegger con el resto del sistema de extensión del INTA”, denunciaron.
Aseguran que se proyecta además el cierre de unas 300 oficinas de extensión distribuidas en todo el país, y que el gobierno nacional busca trasladar esa responsabilidad a las provincias. Frente a este escenario, continúan en estado de alerta y movilización, convocando a distintas acciones en defensa de la institución y del sistema público de ciencia y técnica.
Durante el primer cuatrimestre de 2025, la importación de productos alimenticios se disparó, a partir de decretos y medidas de apertura comercial impulsadas por el gobierno de Javier Milei. Lejos de traducirse en una baja de precios al consumidor, muchos alimentos muestran grandes aumentos, acompañados de una creciente crisis en sectores productivos de todo el país.
En enero de este año, el gobierno nacional firmó el Decreto 35/2025, que modificó el Código Alimentario Argentino (CAA) para facilitar la importación de alimentos y envases desde otros países. Esta desregulación, definida por Federico Sturzenegger como ‘revolucionaria’ libera ciertos controles técnicos y trámites que el CAA exigía en pos de resguardar y controlar los productos que llegan a góndola.
En ese momento, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado aseguró que la medida se traduciría en alimentos más baratos para los argentinos. Sin embargo, cuatro meses después, esto no es exactamente lo que ocurrió.
Productos tales como la carne, la manteca, el limón, la yerba mate -todos con una producción local consolidada- se han incrementado significativamente en importación en el último año. Veamos en detalle:
La calidad de la carne argentina es mundialmente reconocida. Sin embargo, en 2025, Argentina llegó al punto de importar cortes populares, como el asado. El Instituto para el Desarrollo Agroindustrial, informó que actualmente las importaciones de carne vacuna alcanzan las 1.200 toneladas mensuales, mientras que en el sector porcino ya se importan 5.700 toneladas al mes.
Según CESOP, en el último año la importación de carne vacuna (nalga) aumentó un 2.091%. Lo mismo ocurre con productos como la manteca y la yerba mate, cuyas importaciones crecieron un 1.225% y 580%, respectivamente.
Además, entre los productos que más crecieron se destacan las zanahorias (con un aumento del 2.182%), importadas principalmente desde Brasil, y el limón (un aumento del 2.013%). También se registra un alza de importación del 562% para el tomate envasado.
No obstante, la apertura comercial no se tradujo a precios más bajos. Las zanahorias aumentaron en el último año un 41,99% y el limón un 108,64%. La carne vacuna subió un 62,97%, la manteca un 42%, la yerba un 9% y el tomate envasado un 27%.
Impacto en la producción y el trabajo
Estos aumentos de precios se dan incluso en un contexto de fuerte recesión del consumo y caída de ventas. Además, esta política afecta directamente los mercados de producción y las economías regionales.
Según los gremios del sector de la carne y derivados, al menos 120 trabajadores fueron despedidos en 2025, como consecuencia del desplome del consumo interno y la baja de las exportaciones. Mientras tanto, en la zona sur de Mendoza, productores de tomate declararon que esta última temporada tuvieron que desechar toneladas de tomate, al no poder competir con los tomates importados.
En Río Negro, los productores del valle, denuncian que los precios se mantien congelados respecto a la temporada anterior, lo que reduce notablemente su poder adquisitivo. En Misiones, por su parte, los trabajadores de la yerba mate cobran con cheques a 60/90 días.
“En consecuencia, podemos afirmar que el actual plan económico no solo ha sido ineficaz para contener el alza de los precios de los alimentos, sino que además comienza a generar un daño estructural en el entramado productivo nuestro país”, informó CESOP.
De este modo, mientras crecen las importaciones, se debilita la producción local y se precariza el empleo en sectores clave para la soberanía alimentaria de nuestro país.
Hay una semilla dando vueltas entre los movimientos sociales campesinos, indígenas y de lucha contra el agronegocio. Una semilla aún más resistente que la transgénica: es la que sembró el Doctor Andrés Carrasco, con compromiso y valentía. Su bandera la levantan las organizaciones sociales, las maestras rurales, las cátedras universitarias de soberanía alimentaria, los militantes agroecológicos y, también, los científicos del CONICET.
Graduado de la facultad de Medicina de la UBA a principio de los ‘70, Andrés se especializó en embriología molecular. Fue docente de la carrera que lo formó y militante de la juventud peronista hasta que, en 1981, viajó a Suiza como becario postdoctoral. Fue parte de un equipo de investigación que realizó el descubrimiento del gen homeobox, un gen fundamental en el desarrollo embrionario de los animales.
Ese estudio genético le permitió acercarse a grandes grupos científicos y laboratorios, quienes le ofrecieron un lugar principal en ese campo de investigación. Si se hubiese quedado en los países del norte, habría tenido su propio laboratorio, con talentosos becarios a su cargo. Sin embargo Andrés y su esposa decidieron volver, criar sus hijos en Argentina, hacer ciencia acá y aportar a la educación pública.
En los años 90 volvió a su Buenos Aires natal e ingresó como investigador en CONICET. Entre 2000 y 2001 se desempeñó como presidente del mismo Consejo científico nacional. A su vez, fue docente en la carrera de medicina y creó el Laboratorio de Embriología de la UBA. Por esos años, se interesó en los efectos de las fumigaciones con glifosato, el veneno más utilizado en el modelo agroindustrial. Decidió dedicarse a estudiar su impacto sobre embriones anfibios.
Para 2009 su investigación ya tenía conclusiones muy claras y no pudo quedarse en silencio.
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Eran las 8 de la noche de un día frío de 2009. Sofía Gatica estaba en su casa en el barrio Ituzaingó Anexo, en las afueras de Córdoba Capital, cuando escuchó sonar la puerta. Se asomó y allí había un hombre esperándola.
—¿Usted es Sofía Gatica? —Si, soy yo. —¿Cómo está señora? Vengo a hablar con usted. Soy médico e investigador del CONICET. He investigado sobre los efectos del glifosato en anfibios. Encontré que en pequeñas dosis produce malformaciones en los embriones, igual que podría hacerlo en embriones humanos. He venido hasta acá a decírselo porque esto lo hice por ustedes. Lo hice porque escuché el reclamo de ustedes.
El barrio cordobés Ituzaingó Anexo, contenía en ese entonces unas 30 manzanas, que limitaban con campos hacia el norte, el este y el sur. La vida de Sofía dió un giro en 2001, luego de que, a minutos de nacer, su bebé muriera por una malformación.
Fue entonces que pensó que el suyo no era un caso aislado: decidió investigar la situación sanitaria del barrio y los casos de cáncer que no eran una novedad, con la ayuda de otras madres. En un lapso de 9 años, el colectivo Madres del Barrio Ituzaingó encontró 193 casos de cáncer sólo entre los vecinos del barrio, además de otras malformaciones como labio leporino o manchas en la piel.
—¿Usted se animaría a decir esto mismo frente a médicos, frente a un periodista y a otras familias?— le preguntó Sofía al médico. —Si, claro. El que diga que mi investigación no es cierta que lo compruebe científicamente en un laboratorio.
La lupa sobre el glifosato
“Un agroquímico es una sustancia que mata, mata plantas que no son deseables. En el caso del glifosato, está asociado a la semilla transgénica, que es parte de un paquete tecnológico producido por una sola empresa –Monsanto– que permite un modo de producción a gran escala gracias a que el glifosato extermina todo lo que haya vivo en la tierra por excepción de la semilla modificada genéticamente”, desarrolló Carrasco en el programa de TV Pública, Científicos Industria Argentina, cuyo recorte se encuentra en el documental del 2019 ‘Andrés Carrasco: Ciencia disruptiva’.
Podés leer más sobre la introducción de este modelo en nuestro país en esté artículo:
El primer medio en publicar la noticia del hallazgo de Andrés Carrasco fue Página/12.El tóxico de los campos fue el titular de tapa de diario de un lunes de abril de 2009. Él mismo llamó a Darío Aranda, un periodista del medio, y le pidió que escuche lo que tenía para contar. “No descubrí nada nuevo, digo lo que ya dicen las familias que son fumigadas, sólo lo confirmé en un laboratorio”, le dijo.
“Se utilizaron embriones anfibios -modelo tradicional de estudio- para determinar concentraciones que pueden alterar mecanismos fisiológicos que produzcan perjuicio celular y/o trastornos durante el desarrollo”, explicaba la investigación. La misma comprobó que concentraciones ínfimas de glifosato, incluso 1500 veces inferiores respecto de las utilizadas en fumigaciones agrícolas, son capaces de producir efectos nocivos en la morfología del embrión, como trastornos intestinales y cardíacos, malformaciones y alteraciones neuronales. “Debido a la conservación de los mecanismos que regulan el desarrollo embrionario de los vertebrados, los resultados son totalmente comparables con lo que sucedería con el desarrollo del embrión humano”, aseguró Andrés Carrasco.
Un año más tarde, su investigación fue publicada en una revista científica, lo cual le dió mayor legitimidad. Sin embargo, él mismo ya se había encargado de hacer público su trabajo, difundiéndolo en medios de comunicación, congresos, asambleas y denuncias públicas. Al instante, organizaciones sociales, activistas, campesinos, familias y pueblos fumigados, tomaron la evidencia como una prueba de lo que padecían y denunciaban hace años.
Como consecuencia, Carrasco también se ganó amenazas, intimidaciones y difamaciones. Su denuncia lo puso en contra del establishment científico, económico y político, en un contexto en el que la soja era el producto estrella de la Nación Argentina y las tensiones por la Resolución N°125 seguían latentes.
Los diarios Clarín y La Nación lanzaron una campaña en su contra. Dijeron que era una operación del gobierno, una represalia contra el campo por la fallida 125. También el Ministro de Ciencia, Lino Barañao, dijo que la investigación no existía y que el glifosato era tan dañino como “agua con sal”
“Creen que pueden ensuciar fácilmente 30 años de carrera. Son hipócritas, cipayos de las corporaciones, pero tienen miedo”, respondió Andrés, en diálogo con Página/12. Y continuó: “Las empresas del agro, los medios de comunicación, el mundo científico y la dirigencia política son hipócritas respecto de las consecuencias de los agrotóxicos. Protestan y descalifican una simple investigación pero no son capaces de observar las innumerables evidencias médicas y reclamos en Santiago del Estero, Chaco, Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe.”
Ciencia para las comunidades y no para las corporaciones
A pesar de ser uno de los investigadores principales de CONICET, Andrés Carrasco fue muy crítico del modelo científico hegemónico. Desde adentro del sistema, puso en discusión el para qué de la ciencia, el por qué se investiga un tema, para quiénes y con quiénes.
Antes que nada, Carrasco escuchaba a los pueblos: “Ellos son la prueba viva de la emergencia sanitaria”, dijo a Página/12
“Cada creación tecnológica y científica está destinada a un propósito y los propósitos no siempre son virtuosos. La ciencia no es neutral y, si los científicos piensan que lo es, están cometiendo no solamente un error, sino una irresponsabilidad”. se lo escuchó decir en una charla en Entre Ríos. Ese día estuvo junto a Fabián Tomasi, un trabajador rural que fue banderillero de aviones fumigadores, enfermó de cáncer y se volvió emblema de la lucha.
Andrés fue invitado a cada encuentro que se organizó en torno a agrotóxicos. Viajó e intentó participar en cada lugar. Desde su perspectiva, la ciencia se debía a las comunidades, a la gente, y no a las ganancias, y esa visión debía redefinir las líneas, las metodologías y las preguntas científicas.
“Habría que preguntar ciencia para quién y para qué. ¿Ciencia para Monsanto y para transgénicos y agroquímicos en todo el país? ¿Ciencia para Barrick Gold y perforar toda la Cordillera? ¿Ciencia para el fracking y Chevron? Hay un claro vuelco de la ciencia para el sector privado y el CONICET promueve esa lógica. En la década del 90 estaba mal visto. Hoy aplauden de pie que la ciencia argentina sea proveedora de las corporaciones”, expresó en torno a la complicidad científica en el modelo económico (Ciencia para quien y para qué ANRed).
Andrés fue parte de un debate en torno a dos modelos de ciencia: una ciencia que se acomoda al poder, y otra que es bandera de los pueblos.
Respecto a una perspectiva de ciencia argentina, que piense desde el sur y apueste a nuestro propio desarrollo, Carrasco manifestó en una nota con Mu Lavaca «La tendencia de la comunidad científica argentina es ser legitimada por el exterior, está subordinada a las lógicas de los grandes centros científicos. Queremos ser del primer mundo, y entonces creemos que hay que imitar al primer mundo. El verdadero primer mundo, en cambio, piensa en sus propias necesidades, sus propios proyectos“.
Su legado sigue siendo semilla
Desde el 2009, Andrés Carrasco tuvo la posibilidad de dar argumento científico a las denuncias de las comunidades. Fue un científico que decidió vincularse con el territorio, aprendiendo, escuchando y reconociendo los saberes campesinos.
Andrés visitó Mar del Plata, Saladillo, Bragado, Los Toldos, Famatina, Chilecito, Esquel, barrios de Chaco, de Entre Ríos y Córdoba… entre muchos otros.
Su investigación fue clave para el levantamiento en Malvinas Argentinas de 2013, la localidad de Córdoba que impidió que Monsanto emplazara una planta de secado de semillas transgénicas. Una pequeña comunidad, se convenció de que no querían que esa industria funcionara en su territorio y, luego de enfrentar represiones e intimidaciones, logró bloquear la continuidad de la obra. Ahí también estuvo Carrasco: “Monsanto representa lo que no queremos en este país, que se hagan dueños de las tierras y las semillas, que impongan modelos productivos de los cuales los únicos benefician son ellos”, testimonió a un noticiero en ese entonces.
Sus palabras y su mirada crítica siguen alumbrando el camino. “Para nosotros, los afectados, fue un ídolo prácticamente”, supo decir Fabián Tomasi. El respeto y el cariño entre ellos era mutuo.
Para el campo científico, también. A partir de su partida en 2014, su camino adoptó la consigna de “Ciencia Digna”. Su estímulo fue la semilla para la creación de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL). Él fue una luz para los múltiples colectivos que se organizaron en la última década, como la Red de Docentes Por La Vida y la Red Federal de Médicos.
El Instituto de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Instituto de Tecnología Industrial (INTI) se encuentran en estado de alerta desde hace, por lo menos, un año. Con la asunción del gobierno de Javier Milei, en ambos institutos comenzó la motosierra. En las últimas semanas se avanzó con una nueva etapa de este plan de ajuste, que implica la reestructuración de ambos institutos, lo que podría derivar en la fusión en un nuevo organismo híbrido que los aglutine.
Hace unos meses se conoció la iniciativa del gobierno nacional de fusionar una serie de organismos estatales, entre los que se encontrarían INTA e INTI. Ante la situación, cada vez más crítica, los trabajadores de ambas dependencias se organizaron en conjunto para alertar sobre el riesgo de la destrucción de estos organismos que son claves para el entramado productivo del país desde los años ‘50. Se reclama, principalmente, el cierre de programas (como Pro-Huerta y Cambio Rural) y el cierre de centros regionales, despido de personal y falta negociación de paritarias.
El pasado jueves 24 de abril, trabajadores del INTA y del INTI, acompañados por sus gremios APINTA y ATE, realizaron una concentración frente al edificio central del INTA en la Capital Federal. También lo hicieron durante el 30 de abril en la movilización de la CGT. La policía reprimió, paradójicamente, usando los mismos chalecos antibalas que fueron testeados por el INTI.
Pero ¿Por qué son importantes estos organismos?
Lo que se desconoce se destruye más fácil
Ambos Institutos de tecnología fueron creados en tiempos cercanos. El INTA nació en 1956 y el INTI un año después, con los objetivos de fortalecer el desarrollo agrícola e industrial de Argentina a través de investigaciones, innovación tecnológica y vinculación con productores y empresas de todo el país. Su trabajo se potenció durante las últimas dos décadas.
Los dos son organismos públicos descentralizados con autarquía operativa y financiera, y se encuentran bajo la órbita del Ministerio de Economía de la Nación.
El INTAes un organismo de investigación y extensión agropecuaria. Desarrolla capacidades e impulsa el crecimiento del sector agropecuario, la agroindustria y también el sector de la agricultura familiar y las pequeñas producciones. Su premisa fundante de 1956 manifiesta que su objetivo es “vigorizar y coordinar el desarrollo de la investigación y extensión agropecuaria, y acelerar la tecnificación y el mejoramiento de la empresa agraria y de la vida rural”.
Por otra parte, el INTI cumple funciones primordiales para el desarrollo industrial de pequeñas y medianas empresas nacionales. Sus trabajadores realizan asistencia técnica, fortaleciendo la calidad productiva frente a la competencia internacional. Inciden en 33 áreas diferenciadas de la industria, como por ejemplo, la industria automotriz, textil, la producción de alimentos, biotecnología, minería, energía, entre otras. Además, el INTI realiza certificaciones de productos y servicios, como por ejemplo de los surtidores de la estación de servicio o las balanzas que pesan los cereales que se exportan.
Claro está que no cumplen las mismas funciones, amén de algunas tareas o áreas en las que puedan tener puntos en común. ¿Por qué hablamos de su fusión entonces?
Últimas medidas
Después de varios intentos, finalmente el martes 29 el Consejo Directivo del INTA obtuvo los votos necesarios para aprobar la reestructuración del organismo. El nuevo plan tiene dos partes: primero un cambio de estructura organizativa y administrativa (cambios en la Dirección nacional, en el manejo de los fondos, de los recursos humanos y de los bienes), y en segundo lugar, un grueso plan de ajuste.
El ajuste implica concretamente el cierre de 300 agencias de atención de todo el país; la venta de bienes y la puesta en disponibilidad de 1500 trabajadores. Se planea que la planta actual de 6100 trabajadores, se reduzca a 4500 para diciembre de 2025. “Me parece que están apuntando a que el organismo desaparezca”, definió Mario Romero, secretario general de APINTA, Asociación de trabajadores del INTA.
Por otro lado, desde diciembre del 2023, la planta de trabajadores del INTI se redujo de 3104 a 2379 en marzo de este año, de los cuáles casi 400 dejaron sus empleos por incorporarse al programa de retiros voluntarios.
Además, el gobierno manifestó la intención de fusionar el INTA y el INTI, en un organismo único que se llamaría Instituto Nacional de Convergencia Tecnológica y Desarrollo Estratégico (INCyTDE). También podrían ser parte de esta fusión otros organismos, como la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) o el Instituto Nacional de Semillas (INASE).
“Si toman esta decisión, están terminando con el INTA, el INTI, la CONAE. Dejarían de ser lo que conocemos hoy y se crearía otro organismo que no sabemos qué misión y función tendría”, asegura Mario Romero en conversación con Desde la Raíz.
Anteriormente, el Consejo Directivo del INTA ya había discutido la reestructuración, en noviembre y en febrero. De hecho, el anterior presidente, Juan Cruz Molina Hafford, renunció en octubre de 2024 manifestando su discrepancia con el plan de reestructuración. Fue reemplazado por Nicolás Bronzovich, miembro de la Sociedad Rural y de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid).
Aunque ambos institutos fueron creados por ley y su cierre debería pasar por el Congreso, el gobierno podría utilizar las facultades de la Ley Bases para fusionarlos. Esta noticia circuló por ámbitos científicos y técnicos y se trató en un encuentro entre el ministro de Economía, Luis Caputo, con la Mesa de Enlace del campo.
En este contexto, se espera que mañana, martes 6 de mayo, el vocero presidencial Manuel Adorni anuncie en conferencia de prensa los detalles de esta decisión.
El glifosato -el herbicida más utilizado en Argentina- fue declarado ‘cancerígeno’ en un nuevo fallo de Estados Unidos, mientras que la empresa Bayer- Monsanto fue condenada a pagar 2 mil millones de dólares por ocultar la peligrosidad de su producto.
El 21 de marzo pasado, el jurado de Georgia resolvió la sentencia a favor de John Barnes, un hombre que desarrolló un linfoma no Hodgkin y alegó que el uso prolongado del herbicida Roundup de Monsanto fue la causa directa de su enfermedad.
El jurado determinó que Bayer, la multinacional alemana que compró a Monsanto en 2018, no advierte a los usuarios sobre la evidencia científica que demuestra que la exposición al Round up puede causar cáncer. El fallo habla de “mala conducta” y otorgó al demandante 2.000 millones de dólares en daños punitivos y 65 millones de dólares en daños compensatorios.
El litigio, es parte de una serie de juicios a los que se viene enfrentando la corporación en torno al Round up desde el 2018. Hasta el momento, Bayer ha perdido 12 juicios millonarios por el agrotóxico y acumula 54.000 demandas, sólo en Estados Unidos. A pesar de que sostiene que sus productos son seguros, según el diario ambiental The New Lade, ha destinado millones de dólares para evitar demandas de miles usuarios que alegaban que el Round up causaba el tipo de cáncer linfoma no Hodgkin (NHL).
La gran indemnización del jurado fue justificada en la evidencia científica que comprueba la conexión entre el glifosato y el cáncer (como como por ejemplo este estudio de 2023). Además, el jurado alegó a la manipulación de Monsanto sobre los riesgos del Round up. “La comunidad no va a tolerar este tipo de tratos secretos, manipulando la ciencia y las revistas científicas para promover sus propias productos”, dijo el abogado Kyle Findley, “Monsanto sabía que el uso de Round up podía causar cáncer, pero no reflejó ese conocimiento en las etiquetas”.
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__| ¿Qué es el Round up y cómo se usa en Argentina? |__
Round up es el nombre con el que se comercializa el glifosato, introducido al mercado por la empresa estadounidense Monsanto desde los años ‘80. Es el herbicida más utilizado en el mundo, tanto en agricultura y jardinería, realmente, estamos saturados de glifosato.
Específicamente, el Roundup Ready fue esencial para la instalación del modelo de cultivo transgénico, que consiste en un veneno capaz de matar todas las plantas, en excepción de las semillas genéticamente modificadas para resistirlo.
Argentina fue el primer país de Latinoamérica donde Monsanto logró introducir su paquete tecnológico. Fue aprobado en 1996 en tiempo récord y bajo información científica aportada únicamente por la empresa (incluso, sin traducir al español), bajo el gobierno de Carlos Menem. Una vez instalado, el avance del modelo transgénico fue arrasador. Argentina, contaba con 6 millones de hectáreas de soja en 1996. Para 2015, el pico de cultivo llegó a los 20 millones y medio de hectáreas de soja transgénica, según datos recabados en el Atlas del agronegocio transgénico en el Cono Sur.
Según la investigación científica Antología toxicológica del glifosato, en 1997 Argentina utilizaba 35 millones de litros de glifosato, que para 2017 llegaron a 240 millones (lo que significa 5,4 litros por habitante). Esto sin contabilizar otros tipos de agrotóxicos, como la atrazina, también muy utilizada y cuestionada.
Este veneno, fue calificado en 2015 como “probable cancerígeno para los seres humanos” por la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer, de la OMS. Esta clasificación, es aceptada por Bayer, que la incluye en las fichas técnicas de sus productos. Por ejemplo, en la ficha de seguridad del Round up TOP aclara que “El componente glifosato de potasio está clasificado como carcinógeno humano probable (grupo 2A) por la IARC, año 2017″. Otra institución que ratifica la peligrosidad del glifosato, con numerosos estudios, es la OEHHA (Oficina de Evaluación de Peligros para la Salud Ambiental) de California.
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__| El ‘buen uso’ y las etiquetas verdes |__
Cultivo de soja en provincia de Buenos Aires.
Para la evaluación de los herbicidas, existen cuatro bandas según el grado de toxicidad: verde, amarilla, azul y roja. El glifosato es de los productos de banda verde, lo que indica que no representa peligro.
En Argentina, la SENASA es el organismo gubernamental que habilita el uso del producto para ciertos cultivos, siempre y cuando se utilicen respetando lo que se llama las ‘Buenas Prácticas Agrícolas’, que es un manual para los técnicos y agrónomos. La pregunta es ¿Quién controla el uso ‘eficiente y correcto’? ¿Cómo podría controlarse la dosis aplicada o las medidas de seguridad por cada productor o arrendatario del país?
En esta línea, Anabel Pomar, periodista e investigadora especializada en la temática, menciona: “Ellos sostienen que bien aplicado no hace nada, pero, ¿Se puede controlar un veneno? ¿Puede ser una política de estado ‘usar poquito’?”.
Si bien el glifosato no es de venta libre y debería comercializarse sólo mediante matricula, eso rara vez se controla. El manual de las Buenas Prácticas es, en teoría, una metodología de uso, sin embargo, la práctica está llena de vacíos.
“La ciencia sin conflictos de interés ha demostrado que el glifosato está en todos lados, desde la lluvia, los alimentos, los ríos, los suelos y dentro de muchísimas personas”, asegura Anabel Pomar, quien vive en la localidad de Exaltación de la Cruz y asegura vivir entre fumigaciones. Allí la comunidad organizada realizó análisis en los que encontraron 6 agrotóxicos presentes en el agua y 14 en los suelos.
Los principales cultivos para los que se utiliza el Round up en Argentina son: la soja, de cuya producción se exporta el 87% a China; el maíz y el algodón. Los resabios de este veneno llegan a los alimentos que cotidianamente ingerimos, tanto por consumo directo como por aditivos como la lecitina de soja o el jarabe de alta fructosa de maíz, o en productos como el algodón, las toallitas y tampones.
En zonas rurales, es común encontrar bidones de glifosato desechados sin el tratamiento adecuado.
Foto: Nicolas Pousthomis
A pesar de que hay sectores, especialmente productivos, que sostienen que el uso de glifosato no es peligroso, cada vez es mayor la evidencia científica y judicial que dice lo contrario.
Fitosanitario, biocida, plaguicida, agroquímico, agrotóxico… Son distintas formas de nombrar lo mismo: un veneno, una sustancia que tiene por objeto matar insectos, hongos o plantas no deseadas.
Esta condena a Bayer deja un nuevo precedente para futuros juicios relacionados al glifosato y vuelve a abrir el debate sobre su uso y sus necesarias regulaciones gubernamentales.
Empleados denuncian desmantelamiento institucional y movilizan contra una reestructuración que pone en riesgo puestos de trabajo y proyectos clave. La definición de los próximos días marcará el rumbo de una institución con 67 años de historia.
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) se encuentra en estado de alerta tras la decisión del gobierno de Javier Milei de avanzar con una reestructuración que, según denuncian sus trabajadores, busca “concretar el desguace del organismo”.
En una de las últimas reuniones, el 27 de febrero, el Consejo Directivo del INTA decidió avanzar con una serie de modificaciones estructurales del instituto, que afectaría puestos de trabajo, condiciones laborales y proyectos de investigación.
En diálogo con Radio AM750, Sebastián Fajardo, delegado de ATE INTA, señaló que “desde que asumió el Gobierno actual en el INTA hubo cambios a lo largo de todo el año pasado. Tuvimos la baja de dos programas muy importantes (Prohuerta y Cambio Rural) sobre todo para lo que es la extensión rural y el trabajo con los sectores menos capitalizados del campo”.
La tensión se ha profundizado en las últimas semanas. Los trabajadores del INTA y IPAF han organizado asambleas y concentraciones pacíficas, agrupados en la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). Mediante un comunicado oficial difundido la semana pasada, se declararon en “estado de alerta y movilización permanente”.
El jueves 27, se manifestaron en la sede central del INTA para exigir una reunión con el director nacional, Fernando Vilella, y presentar el rechazo a la nueva estructura organizativa. Por su parte, el viernes 28 concentraron frente a la Estación Experimental AMBA y el IPAF pampeano.
El conflicto con el INTA, encargado de innovación agropecuaria y apoyo a pequeños productores, es parte del contexto actual de recortes en Argentina. “Con las definiciones de ayer, la intervención del INTA por parte del Gobierno quedó completamente clara y efectivizada”, advirtió Fajardo.
El INTA es un organismo estratégico para la soberanía productiva del país y la investigación científico-técnica. Sin embargo, Fajardo asegura que los objetivos históricos del Instituto quedan ahora completamente condicionados y a merced de lo que defina el Gobierno Nacional. “Desde ATE lo venimos denunciando desde el año pasado: el INTA está en crisis para funcionar como lo venía haciendo y ahora lo que vemos es que se termina de derrumbar cualquier tipo de ilusión de que se revierta”, cerró ayer en la entrevista por AM 750.
Mientras escribo esta nota, desde la provincia de Buenos Aires, tomo mate. Probablemente vos también lo estés haciendo ahora mismo. En Argentina, el mate es la bebida más popular y más cotidiana. Nos encanta, lo amamos, nos enorgullece y representa; nos une. El mate, clave en toda figuración argenta. Sus ingredientes: un mate, una bombilla, agua caliente, yerba. Yerba y quizás algún otro yuyito.
Yerba, kilos y kilos de yerba. Toneladas. Casi tres millones de toneladas (277.332.014 kilos) de yerba envasada se produjeron en Argentina en 2019, según el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM). Millones y millones de paquetes por año: ¿De dónde los sacamos? ¿Quién los hace, cómo, bajo qué condiciones? Atrás del mate, del matezuli, mateico, matarazo, ¿qué? no pensamos cómo es que llega a casa la yerba, ¿quien la hizo, cómo se hizo? ¿o es que hay cosas que ya asumimos hace rato?
La producción yerbatera, enraizada principalmente en Misiones, se enfrenta a las leyes, filosas e injustas, del mercado, impuestas, ahora, por el gobierno liberal de Javier Milei. Lo cierto es que la precarización de los tareferos no es una novedad, es justamente por eso que no se puede hacer un país con los mismos de siempre, y por eso también es que un estado presente es necesario siempre que quieras cuidar, un poco, tu patria.
¿Quién cultiva la planta, quién la seca, la muele? ¿Quién compra, quién vende? ¿Quién impone los precios?
La producción de yerba está en el Noreste del país. También se cultiva en Paraguay y Brasil. La planta de yerba mate es un árbol nativo de la Selva Paranaense. Según el último Censo Nacional Agropecuario (INDEC, 2018), Argentina siembra 146.723 hectáreas, de las cuales Misiones representa el 90% (128.670 hectáreas) y Corrientes el 10%.
La mayoría de sus productores son agricultores familiares. En 2011, el INYM registró que el 62% de los productores cultivan menos de 10 hectáreas. En general, plantaciones de baja densidad, combinadas con otras actividades agrícolas y ganaderas, de cosecha manual, con mano de obra propia y asalariada únicamente para la cosecha o, como se le llama, la zafra. Se hace, primero, una zafra gruesa de abril a septiembre y, luego, en el verano, de diciembre a marzo.
En Misiones, la selva estuvo siempre repleta de yerba nativa. Tal es así que la segunda ciudad más grande de Misiones, después de Posadas, originalmente se llamó Yerbal Viejo. El 9 de julio de 1928, se la nombró Oberá. Oberá fue un cacique guaraní que en los años 1560 defendió a su pueblo contra las violencias de los españoles.
Hoy, la ciudad de Oberá es uno de los departamentos que más yerba produce. Su historia se vincula directamente a sus colonias vecinas, Guaraní, Campo Viera, Campo Ramón, entre otras.
En 2002, Argentina sancionó la Ley 25.564, la cual indica crear el INYM, Instituto Nacional de la Yerba Mate, como ente de derecho público con jurisdicción en toda la República. La ley otorga la función de acordar semestralmente, entre los distintos sectores de la industria, el valor de la hoja verde de yerba.
El DNU 70/23 que el Congreso validó apenas asumió Javier Milei, le quitó la potestad al INYM de fijar el precio, ya que no le designó presidente. Acéfalo el instituto regulador, las empresas monopólicas empezaron a tirar el precio abajo. Además, con la apertura de las importaciones, se habilitó la competencia con países vecinos.
“Si no es mediante unanimidad de acuerdo, el productor siempre pierde, ¿por qué? porque se arreglan entre ellos, los secaderos, el molino Las Marías (Taragüí, La Unión o La Merced), Colonia Liebig (Playadito), las empresas de Ramón Puerta (Nobleza Gaucha y Cruz de Malta), o los grupos sirios que exportan. Los productores siempre quedamos fuera”, asegura Mabel Acosta en diálogo con Desde la Raíz, desde la localidad de Oberá.
Ramón Puerta, conocido por su amistad con Mauricio Macri, por su pasión por el fútbol, el dinero, la política y “las mujeres”, fue gobernador reelecto de Misiones entre 1991 y 1999. Además, es un importante empresario yerbatero que en 2014 fue denunciado por explotación laboral luego de que la AFIP realizara una inspección en sus campos y encontrara más de 30 personas trabajando en condiciones de inhumanas, durmiendo bajo toldos de lona, en colchones infestados de bichos, sin agua, sin baños, sin herramientas de trabajo, por salarios bajísimos. Sin poder irse los fines de semana. “Algunos creen que terminó la esclavitud, pero no es así”, había denunciado uno de los trabajadores.
“No hay ni un papel, ni una ley, que le obligue a los molineros a cumplir con lo pactado con los productores”, denuncia Mabel Acosta, quien es agricultora, cooperativista y gran referente en la lucha por los derechos de los agricultores yerbateros de la región. Hace meses participa de las protestas de los campesinos de Oberá y aledaños, que organizan acampe, cortes de ruta y asambleas.
Además, agrega: “En el mejor de los casos, nosotros somos dueños de la producción, pero no somos dueños de la comercialización. Eso nos condiciona totalmente”. De familia campesina, Mabel integra el MAM (Movimiento Agrario de Misiones) y es trabajadora de la cooperativa Titraijú -Tierra, Trabajo y Justicia-.
Libre mercado o cómo se fijan los precios
El valor pactado a fin del año pasado fue de $350 por kilo de hoja verde, sin embargo ahora no llega a los $200. El precio justo sería de 50 centavos de dólar por kilo, eso es lo que piden las organizaciones agrarias como el MAM o el APAM (Asociación de Productores Agrarios de Misiones). Eso era lo que se debatía cuando el INYM funcionaba, un valor entre $400 y $500 pesos argentinos.
“El precio tiene que superar, mínimo, los $450. Solo de flete pagamos 140 pesos por kilo, si nos pagan $190, ¿qué te sobra?”, señala Mabel. Frente al bajo precio de los empresarios, los productores aguantan. Frenan la zafra, paran el trabajo primario, intentando dar vuelta la oferta y demanda. Sin embargo Mabel piensa, más bien, que la situación no es una cuestión de mercado sino más bien política que “solo puede solucionarse políticamente”.
La agricultura familiar es, en general, un sector descapitalizado y con poca espalda para aguantar: “Muchos no han cultivado otros alimentos para abastecerse y tienen que vender como sea”, menciona Mabel. No obstante, hay algunos productores y cooperativas que ya dieron inicio a la zafra bajo el acuerdo de $310 por kilo, con la promesa de llegar a $350 recién en junio y un pago que no se realizaría al contado sino mediante cheques de 60 días.
El acuerdo, que representa casi el 30% más de lo que están pagando otras industrias, fue aceptado por las cooperativas de San Pedro, la cooperativa Dos de Mayo y la molinera Don Omar, liderada por un grupo sirio.
En Siria también se toma mate
La mayoría de nosotros no lo sabemos, pero tomar mate se volvió una costumbre muy común en Siria durante las últimas décadas, resultado de las grandes inmigraciones árabes del siglo XX en nuestro país. En efecto, este país es nuestro mayor comprador de yerba.
Siria compra casi el 75% de la yerba que nuestro país envía afuera. En 2022, Argentina exportó un total de 41.300 toneladas de yerba, de las cuales 36.620 toneladas fueron solo a ese país de Medio Oriente.
La zona que rodea Comandante Andresito, entre el Parque Nacional Iguazú y la frontera con Brasil, es una región yerbatera relativamente nueva en la provincia de Misiones. Allí se emplazan dos grupos de capitales sirios: Kabour y Kassab, las cuales compran la cosecha de pequeños productores, la secan, muelen, envasan y envían en barco a Siria.
La posición y tecnificación de las empresas sirias yerbateras va en aumento, aumentando su control en el mercado de las exportaciones. “Nosotros podemos pagar siete veces más de lo que piden, pero no voy a pagar más si los otros pagan menos”, le aseguraron a Mabel. Sin embargo, fueron los primeros en ofrecer públicamente un mayor precio.
“No sé qué creen ellos que es Argentina”
“Argentina no es la tierra, somos nosotros, somos los humanos que vivimos adentro y la defendemos. No sé qué creen ellos que es Argentina, pero lo único que necesitamos es tener buenos administradores”, cierra Mabel, desde el acampe que tienen sobre la ruta 14.
Del gobierno nacional, esperan que designe un presidente para el funcionamiento del INYM, y del gobierno nacional, espera que negocie, que defienda la economía regional de su provincia, porque sino, asevera Mabel Acosta, “la producción primaria misionera va a quedar en mano de quienes más tierra tienen”.
Casi 400 milímetros de lluvia cayeron en Bahía Blanca desde la madrugada del 7 de marzo. Lo que llueve en un año en el partido del sudeste bonaerense, se precipitó en un día. En la zona rural como el paraje Sauce Chico —campo adentro desde la ruta Nacional 3, a unos 15 kilómetros de la ciudad— el panorama fue mucho peor. La marea alta en el estuario y el desborde de los arroyos Saladillo y el homónimo Sauce Chico hicieron que los productores hortícolas vivieran una película de terror que impactará en los próximos meses en su producción, su sustento de vida y en el abastecimiento local y los precios de los verduras para todos los bahienses.
Sauce Chico es una zona de quintas ubicada en la localidad de General Cerri, la más afectada por las inundaciones. En esta zona periurbana la evacuación se hizo 24 horas después de la inundación. Mientras tanto, las familias durmieron en los techos, otros esperaron la ayuda con medio cuerpo bajo el agua, algunos niños pasaron medio día arriba de los árboles y los adultos mayores sacaron fuerzas para sobrevivir. Otros, en zonas menos críticas, hicieron todo lo posible para no perder sus herramientas de trabajo. Dos días sobrevivieron en esas condiciones, hasta que el agua empezó a bajar y confirmaron que habían perdido todo.
Estos campos son los que producen las verduras que se comercializan en el Mercado de Abasto de Bahía Blanca y llegan a las mesas del partido y la región. Tras la inundación, las verduras deberán provenir de otros puntos del país y hasta dentro de tres meses no habrá nada que cosechar. Cultivos bajo el agua, invernaderos destruidos y caminos intransitables. La falta de políticas públicas para el sector que produce alimentos para el mercado interno volvieron a salir a flote en un contexto donde la crisis climática se agudiza. La organización social y vecinal, una vez más, dieron respuesta ante la desidia del gobierno nacional que retiró el Estado de las políticas para la agricultura familiar.
Los campos dos metros bajo el agua
Agustín es productor en Sauce Chico y viajaba en camioneta con un amigo por el camino de la Escuela Rural 44 hacia el Mercado de Abasto. Eran las siete de la mañana del 7 de marzo y los chaparrones caían como rayos. El padre de Agustín que se había quedado trabajando en el campo, kilómetros adentro, le avisó que el arroyo Saladillo se había desbordado. “No llegué ni a cortar el llamado y llegó un oleaje que empujó fuerte la camioneta”, cuenta Agustín.
Los arroyos Sauce Chico y Saladillo nacen en las Sierras de Ventana, atraviesan la zona de campos y confluyen para desembocar en el estuario de Bahía Blanca, pero ese día desbordaron alrededor de las ocho de la mañana. En cuestión de minutos el agua subió hasta los dos metros. Agustín y su amigo estacionaron la camioneta en una loma, los rodeó el agua y se formó una isla. Sintonizaron la única radio con señal. “Pusimos LU2 y escuchamos que las líneas de telefónicas estaban todas saturadas porque era mucha la gente que estaba tratando de comunicarse”, recuerda el productor de 28 años.
Por el camino de tierra, transformado en río, vieron pasar de todo: vacas, chanchos, gatos, perros y muchos desechos. “Personas por suerte no”, agradece. Ambos arroyos arrastraron todas los desechos que tenían estancados desde el último temporal que había sufrido Bahía Blanca el 16 de diciembre pasado. Los cauces no se habían limpiado. “Se tendría que mantener todos los años la limpieza de los arroyos, pero nunca vino nadie a hacerlo”, denuncia Fermín Castro, delegado de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra (UTT).
Foto: Horacio Culaciatti
Cuando el agua avanzó sobre los campos no hubo tiempo de pensar más que en sobrevivir. Horas después, cuando llegaron los primeros auxilios de los bomberos, hubo gente que no quiso abandonar sus casas. Agustín repasa la historia de un anciano productor y dice: “No sé de dónde sacó fuerzas, pero logró sobrevivir”. Lo encontraron sobre el techo de su vivienda. Agustín y su hermano le siguen llevando comida todos los días “porque el paisano perdió todo y no quiso evacuar ni dejar su casa. Dice que no quiere venir a molestar tampoco y no tiene familia”, cuenta.
En la zona de quintas también vive y produce alimentos Dardo, de 22 años, junto a su hermana más chica y su abuela. Dardo cuenta que aquel día no llegaron a subirse al techo. Entonces se agarraron de las vigas de la casa y se quedaron con el agua hasta el pecho. Permanecieron abrazados a la columna durante cinco horas, hasta que un vecino del campo de al lado llegó a socorrerlos con su lancha. “Menos mal que llegó, mi abuela no hubiera aguantado”, dice el joven. De resistir la correntada, la abuela quedó con las piernas marcadas por moretones y fue trasladada al Hospital Municipal para ser atendida por las lastimaduras.
Como recuerda esos momentos trágicos, Dardo también cuenta la historia de una chancha que logró parir debajo de la lluvia a menos de 30 centímetros de la corriente. Ninguna sabe cómo llegó hasta ahí. “Nadó varios metros hasta una montaña de tierra y ramas y los tuvo ahí”, dice el joven productor, mientras un lechón de su quinta desciende de otro montículo con el barro hasta el hocico. El agua ya bajó, pero todo es barro.
Foto: Horacio Culaciatti
“Hasta el invierno no vamos a tener nada para cosechar”
La zona de quintas del paraje rural de Cerri creció en volumen en quintas en los últimos años junto a las familias que llegan desde Bolivia para dedicarse a la producción hortícola. La UTT y Horticultores de Sauce Chico son las dos organizaciones que reúnen a varios de ellos, en su mayoría, arrendatarios de las tierras que trabajan. Muchos trabajan para los camiones que compran la mercadería en la tranquera y llevan al mercado de abasto, con la promesa de un pago del 40 por ciento sobre el precio final de venta.
Esa lógica está lejos del “precio justo” para los productores y las organizaciones campesinas lo denuncian desde hace años, por eso dio como resultado la creación de canales de comercialización propios y cientos de redes de comercio justo en todo el país. Por eso, también con los productores de Sauce Chico, la UTT comenzó a organizar circuitos de venta directa en las ferias locales de Cerri, Ingeniero White y Bahía Blanca.
De vuelta a campo adentro, lejos de los centros urbanos donde la verdura llega a los platos de los bahienses, solo se ve la Escuela Rural 44, las quintas y, en el camino, también se levanta la sede local de la UTT. Rodeados de barro e historias de lo ocurrido, un grupo de productores se reúne en torno a una olla popular, mientras acopian ropa, zapatillas, colchones y alimentos que llegan de la inmensa reacción solidaria que generó la catástrofe en Bahía Blanca. Lo reunido les permitirá asistir a unas 45 familias de productores.
Foto: Horacio Culaciatti
Las mujeres pelan papas para el guiso y, aunque quedaron sin nada, ríen y charlan. “Hace un año cuando fue el tornado hicimos lo mismo”, recuerda el delegado de la UTT en referencia, otra vez, al temporal que en el sudeste bonaerense ya habían padecido en 2024. “El panorama ahora es cien veces peor. Paisanos y criollos perdieron todo. Los patrones se van a Bahía Blanca o a dónde puedan irse, pero nosotros nos quedamos acá”, dice Fermín.
En las zonas más altas de Sauce Chico el agua no destrozó los ranchos de las quintas, pero ahogó todos los cultivos y los productores hicieron lo que pudieron para salvar sus herramientas de trabajo. “Agarré mi camioneta con un gancho y la até a un árbol para que no se me fuera”, cuenta un quintero en la ronda. “¡Yo metí mis 16 gallinas dentro del cuarto!”, agrega entre risas sanadoras otra de las productoras mientras sigue con el guiso.
En las zonas más críticas del paraje, donde el agua estaba dos metros arriba, la mayoría de los vecinos pasaron la noche arriba de los techos esperando que los bomberos lleguen a socorrerlos para ser evacuados. Una de las imágenes más críticas que relataron junto al guiso fue la de un matrimonio y un bebé que durmieron en el techo. La presión de la correntada era tanta que no pudieron abrir la puerta, mientras que continuaba entrando agua por las ventanas, entonces, agujerearon el techo con una garrafa para poder salir de la casa y quedarse arriba.
Foto: Fermín Castro UTT
La familia de Beatriz, con otras dos más, también habían subido al techo de la casa para no ser arrastrados por la corriente. “Eran las siete de la mañana. Me estaba por tomar el primer mate y entró un lago a la casa. No pudimos salvar nada”, recuerda Beatriz. Terminaron siendo 17 vecinos arriba de la chapa esperando que el nivel del agua bajara. Pasaron el día sin comer hasta que decidieron usar una cuerda como vía de escape. Las mujeres por su cuenta y los hombres con los niños en los hombros, se aferraron hasta llegar a la casa de unos vecinos en una zona un poco más alta del campo. Les convidaron té, lo único que el agua había dejado.
El agua del viernes tardó hasta el domingo en desagotarse naturalmente, en correr terreno abajo hacia el estuario de Bahía Blanca. La imagen después de la catástrofe fue crítica para los que viven de la tierra: un productor buscando sus 80 vacas que nadaron en la marea del día anterior, los cultivos destrozados, los invernaderos destruidos; camionetas, tractores y mangueras dañadas y cubiertas de barro.
La correntada no dejó ni berenjena ni cebolla ni zanahoria ni acelga ni zapallitos. “Hasta el invierno no vamos a tener nada para trabajar”, advierte Alcira. Ni siquiera los maíces que terminaron erguidos después de tanto diluvio. “Pensé que habían zafado, pero cuando los abrí estaban todos podridos”, graficó la productora.
La reactivación del suelo y la siembra para una nueva cosecha tardará tres meses, calculan los productores. Mientras tanto, Bahía Blanca se deberá abastecer con las frutas y verduras que lleguen desde los mercados de abasto de La Plata, Necochea o Mar del Plata. “Los precios de la verdura van a aumentar a más de la mitad”, advierte Castro.
Foto: Horacio Culaciatti
Solidaridad y proyectos colectivos ante la falta de políticas públicas
Al día siguiente de la inundación, la familia de Beatriz se fue caminando hasta la ciudad de Bahía. Hicieron 15 kilómetros hasta llegar a la ex Lanera Argentina, un galpón repleto de mercadería proveniente de las donaciones, que era seleccionada y entregada por los voluntarios de la Cooperativa Municipal de Cerri. La camioneta Ford, que Beatriz y su familia usan para los trabajos en la quinta y sus trasladados desde el campo a la ciudad, quedó en su casa con el capot abierto, no arranca.
Las inundaciones dejaron al descubierto el abandono de las políticas para el sector de la agricultura familiar, que el gobierno de Javier Milei desarticuló por completo desde marzo del año pasado. Sin infraestructura de caminos ni políticas públicas que acompañen al sector que produce alimentos, las condiciones precarias de las viviendas y la falta de acceso a créditos para sumar maquinarias de trabajo profundizan aún más la situación de las familias productoras arrendatarias de la tierra.
La Mesa Agroalimentaria Argentina lanzó tras la inundación la campaña el “Campo que alimenta” con donaciones de alimentos producidos por familias campesinas y cooperativas de todo el país, como también bioinsumos, semillas y fertilizantes para el momento de volver a trabajar la tierra. Además de poner “la solidaridad como bandera”, la Mesa Agroalimentaria exhortó a la Secretaría de Agricultura de Nación y el Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense a implementar un plan de acción para “una rápida recuperación de la dinámica productiva y la vida rural”.
Foto: Horacio Culaciatti
Con los pies en el barro y tras días de no dormir para coordinar la llegada de un camión cargado de donaciones, Fermín no deja de soñar con un proyecto a futuro para Sauce Chico. Un barrio, una plaza y una salita médica para las familias productoras. “Es mi deseo para la gente de acá”, dice el delegado de la UTT y dice que espera para ello “la apertura de catastros y que la municipalidad brinde los servicios”.
En la sede de la UTT continúan recibiendo donaciones de todos lados del país y, a través de una red de solidaridad y organización, la mercadería ingresa a lo que pareciera ser el último rincón afectado después de semejante catástrofe. Hay mercadería de la municipalidad de Bahía Blanca, de Cerri, de la propia organización, de la que fue enviada a la escuela rural y de vecinos que se acercan con sus camionetas —el único vehículo que puede entrar porque los caminos son intransitables— llenas.
El agua se fue pero dejó el miedo de que vuelva a repetirse el escenario apocalíptico si el Estado no realiza obras urgentes. ¿Será habitual convivir con ese miedo frente al cambio climático que ya no puede negarse? En 2024, las inundaciones de Río Grande do Sul (Brasil) o el fenómeno de la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) en Valencia (España), mostró que no se trata de episodios excepcionales. El agua también dejó, otra vez, la respuesta de la solidaridad: familias, escuelas y clubes que cocinan viandas. Los scouts de Cerri cargando más donaciones en las camionetas que viajarán campo adentro y los guisos comunitarios en la sede de la UTT, de mediodía y de noche, que se hicieron costumbre desde el 7 de marzo.
Producto del DNU 70/23, productores agrupados denunciaron que se está agravando la crisis yerbatera en la provincia de Misiones, en donde detallaron que la industria y los molinos están pagando precios viles por el kilo de hoja verde, diferido a 30, 60 o 90 días, lo cual tiene un impacto importante en el sostenimiento de la actividad económica.
Recordemos que este DNU fue aprobado en los comienzos de la administración libertaria por Javier Milei, y entre otras cosas, dispuso la disolución del Instituto Nacional de Yerba Mate, una institución creada con el fin de poder intermediar entre las cámaras empresarias y los trabajadores para disponer el precio justo del kilo de hoja verde.
“Así como tenemos empresas correntinas que nos pagan precios viles, tenemos molineras misioneras que nos pagan esos mismos precios viles para el sector, que están empobreciendo al sector productivo de Misiones” indicó uno de los productores al Canal 12 de Misiones.
Asimismo según informó Tiempo Argentino, la zafra del 2024 arrancó con un precio de $ 400 por kilo de hoja verde en cooperativas como El Colono, pero la importación de yerba desde Brasil y Paraguay hundió los valores hasta los $ 150 en el mercado.
Si bien en diciembre pasado, tras cortes de ruta y medidas de protesta, se había llegado a un acuerdo de precio de $ 450 por kilo con las grandes empresas y el Ministerio del Agro de Misiones, éstas incumplieron, lo cual generó nuevas protestas durante febrero.
Hay que tener en cuenta que Argentina es líder mundial en producción de yerba mate y que la crisis afecta a 15 mil tareferos, 12 mil productores y 49 cooperativas. El precio que les pagan a los productores solo abarca el 7% del valor final en góndola.
El miércoles 4 de diciembre se presentó oficialmente la Caja Cooperativa de Alimentos, que ya está a la venta a un precio más que justo para toda la comunidad bonaerense. El lanzamiento se realizó en el Edificio de Políticas Sociales de la Universidad (Avenida 60 y 130, localidad de Berisso) y contó con la presencia de las autoridades y representantes de todos los espacios de la alianza.
La caja Cooperativa de Alimentos está compuesta por un total de 16 productos de la canasta básica. ¿Cuales? Todos estos: arroz, fideos, polenta, harina, azúcar, aceite, lentejas, garbanzos, porotos, mermelada, puré de tomate, yerba mate, té y deshidratados.
La iniciativa corresponde a La Justa Comercializadora, de la Universidad Nacional de La Plata, y apunta a generar una opción económica de alimentos de calidad, cuya venta, además, fortalezca circuitos cortos de comercialización y trabajo local.
“Abrazamos la experiencia de La Justa porque entendemos que la única salida es tener una Universidad que no esté aislada”, expresó en el acto María Bonicatto, secretaria de la Secretaría de Políticas Sociales de la UNLP.
Alianza estratégica
La propuesta es fruto de una múltiple alianza. La Justa logró nuclear nodos productores de la región junto a la Federación de Cooperativas Federadas (FECOFE); la Empresa Pública de Alimentos (EPA); y el Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, con su programa Mercados Bonaerenses.
En el lanzamiento estuvo presente el Ministro Javier Rodríguez, quien sostuvo: “En esta caja se refleja el potencial de la Provincia, porque muchos de sus productos vienen de localidades como Saladillo, Tandil, Mar Del Plata, Tres Arroyos, y del cordón hortícola del Gran La Plata”.
Por su parte, EPA es una empresa pública (no estatal) de la ciudad de Rosario se dedica a la clasificación, el fraccionamiento y el envasado de productos alimenticios elaborados por distintas cooperativas, algunas de ellas integrantes de la Federación De cooperativas.
Desde su planta, se comercializan principalmente legumbres como porotos, garbanzos, lentejas; también polenta, arroz y yerba. Damaris Pacchiotti, Gerente Comercial de EPA, mencionó que su planta industrial “tiene una capacidad de 400 toneladas mensuales”.
Foto: Ana Isla
Además, acompañan el proyecto gremios a razón de que la caja pueda comercializarse también en sindicatos y organizaciones barriales. Ellos son: la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA), Asociación de Docentes de la UNLP (ADULP), la Asociación de Trabajadores de la UNLP (ATULP), la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP), la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), la Asociación Bancaria (AB), la Asociación de Docentes, Extensionistas e Investigadores de la Universidad Nacional Arturo Jauretche (ADEIUNAJ).
Menos intermediarios, menor precio
Gracias a su producción y venta directa sin intermediarios, el producto cooperativo puede mantener precios populares. El precio pre-lanzamiento de la caja completa fue de $24mil (al que además se le puede adherir el 40% de descuento por Cuenta DNI).
En esta primera tanda se entregaron 150 cajas a distintas familias de la región. A partir de ahora, la compra podrá hacerse en las rondas de venta virtual que organiza La Justa y también estará disponible en gremios, sindicatos, organizaciones barriales y mercados de cercanía.
La caja es fruto de la economía social y solidaria que trabaja por achicar las distancias entre productores y comensales. Es una iniciativa que fortalece un circuito comercial donde priman formas de producción y distribución más justas para todos.
En palabras del presidente de FECOFE, Juan Manuel Rossi: “La caja para nosotros incluye mucho más que alimentos; incluye una idea de política agraria”.
