Desde la Raíz

6 de marzo de 2026

Categoría: Actualidad

  • Ley Ómnibus: una regresión ambiental inconstitucional

    Ley Ómnibus: una regresión ambiental inconstitucional

    Ley Ómnibus

    El proyecto de ley denominado “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, enviado por el Poder Ejecutivo para ser tratado en las sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación, estipula lleva adelante cambios radicales en materia legislativa ambiental y profundiza algunos puntos que ya contenía el Decreto de Necesidad y Urgencia n°70/2023. En esta edición especial de Desde la Raíz explicaremos cuales son los puntos cruciales de esta encrucijada.

    En términos ambientales, activistas y organizaciones denuncian el carácter “regresivo” que tiene la Ley Ómnibus, por entre otras cosas habilitar talas y deforestaciones- antes consideradas ilegales- habilitar la explotación comercial de glaciares y habilita autorizaciones para la quema de bosques.

    “La Ley General de Ambiente 25.675 sancionada en el 2002 establece que no puede haber una regresividad en materia ambiental, por lo tanto es inconstitucional esta ley”, dijo para ARG el abogado Juan Ignacio Moreno.

    Tres leyes fundamentales para la protección del territorio argentino son modificadas: Ley de Glaciares, la Ley de Bosques y la Ley de Protección Ambiental para Control de Actividades de Quema.

    Las mismas son fundamentales en materia legislativa ambiental por ser de implementación obligatoria, por lo que las provincias tienen que aplicarlas por obligación establecida en la reforma del 94´(Antes las provincias adherían a las normas nacionales).

    Ley de Glaciares

    Con respecto a la “modificación a la Ley de Glaciares”, cambia totalmente la función de la norma promulgada en 2010 para proteger los glaciares de actividades extractivas (mineras sobre todo), modificando los artículos 1 y 2 de la Ley N°26.639.  Además, también suprime presupuestos mínimos.

    Plantea “una modificación a la Ley de Glaciares a fin de habilitar (con los informes ambientales exigidos por la normativa) la actividad económica en la zona periglacial”. Los ambientes periglaciares son las áreas geográficas que rodean a los glaciares y que resultan fundamentales para su conservación. Por eso mismo son áreas contempladas en la actual ley.

    ¿Cómo hizo esto? Redefiniendo el concepto de “periglacial”. La actual ley contempla dos geoformas dentro del periglaciar: los glaciares de roca o de escombros activos.

    La nueva ley estipula: “Asimismo, se entiende por ambiente periglacial en la alta montaña, al área con suelos congelados que actúa como regulador del recurso hídrico. En la media y baja montaña al área que funciona como regulador de recursos hídricos con suelos saturados en hielo”. Excluye así la protección de los ambientes periglaciares que no contengan glaciares de roca o escombros activos.

    Tampoco protege a las geoformas que actualmente no se encuentren incluidas en el Inventario Nacional de Glaciares, que no cuenten “con una perennidad continua de al menos 2 años o más”, que no tengan “una dimensión igual o superior a 1 hectárea” ni tampoco las que no pueda demostrarse “una función hídrica efectiva y relevante ya sea como reserva de agua o recarga de cuencas hidrológicas”.
    De esta forma, achicando el rango de protección a diferentes geoformas, se habilita la explotación de zonas de glaciares, dejando la puerta abierta a empresas que ya trataron de instalarse, pero fueron frenadas mediante esta ley aprobada en 2010.

    Multinacionales como la Barrick Gold– principal interesada en explotar dicha zona- se mostró enojada y planteó ante vías judiciales la inconstitucionalidad de la ley. Algo que le vino en contra, ya que en el 2019, la Corte Suprema falló en contra de la multinacional.

    La Ley de Glaciares frenó más de 44 proyectos de empresas como Barrick Gold- quien hizo el mayor accidente ambiental de la minería argentina con un derrame de cianuro ocurrido en Veladero en el 2015. Sin embargo, consiguió permiso para seguir operando-, Glencore, entre otras que se frenaron gracias a la constitucionalidad de esta ley.

    Debido al calentamiento global, los glaciares de la cordillera de Los Andes perdieron el 42% de su superficie en los últimos 30 años. Sus previsiones son críticas y funcionan como reservorios de agua esenciales para el equilibrio climático del planeta.

    Ley de Bosques

    La Ley de Bosques toma un rumbo completamente distinto si se llegara a sancionar la nueva ley, ya que exime su marco regulatorio sobre dichas áreas ambientales y les otorga la potestad a las provincias permitiendo que cada cual autorice desmontes en cualquier zona; reduciendo al mínimo sus fondos y flexibilizando las quemas.

    El mapa elaborado por el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), presentado recientemente ante el Consejo Asesor tras más de un año de procedimientos para acomodar las regiones aptas para el desmonte y las que no, indica en rojo que son 1.278.221 hectáreas (16,95% de los bosques nativos) en la categoría 1, de muy alto valor de conservación y por l tanto, intocables. En la categoría 2, de mediano valor de conservación y coloreadas de amarillo, se registraron 5.539.750 hectáreas, o sea el 73.48% de la superficie.

    A diferencia de la actual Ley que prohibía los desmontes en dichas áreas, la nueva Ley ómnibus, autorizaría los desmontes en las categorías I (rojo) y II (amarillo) de protección de los bosques nativos, y cada provincia dispondrá de eso.

    Mapa de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN)

    Otro cambio: modifica la forma en que se financia el fondo de bosques. En la ley original, el Art. 31 que establece los recursos para integrar el Fondo para la Conservación de Bosques Nativos; conformado por el 0,3% del presupuesto nacional y el 2% de las retenciones a las exportaciones agropecuarias (Art. 14).

    La nueva Ley Ómnibus Modifica establece que “el Fondo de bosques nativos pasará a financiarse directamente del Presupuesto, y se simplifican los procedimientos para la explotación de bosques en zonas habilitadas comercialmente a tal fin”. O sea que pierde su piso mínimo y queda a criterio del poder ejecutivo nacional

    Además, la ley plantea una modificación del artículo 26 de la Ley N°26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos en el que desaparecen las exigencias de los artículos 16, 17 y 18 de la Ley N°25.675 -Ley General del Ambiente- que establece la información que deberán proporcionar las personas físicas y jurídicas, públicas o privadas sobre la calidad ambiental y referida a las actividades que se desarrollan.

    Mecanismos como un sistema nacional integrado de información, la elaboración de un informe anual del ejecutivo presentado en el Congreso de la Nación, y el acceso a la información de los pueblos indígenas y comunidades campesinas para otorgar autorizaciones de desmontes (contemplada por Ley N°25.831 sobre el Régimen de Libre Acceso a la Información Pública Ambiental) quedan omitidas como pasos esenciales a la hora de permitir un desmonte.

    Ley de Protección Ambiental para Control de Actividades de Quema

    La realización de quemas de terrenos para el loteo inmobiliario o la realización de ganadería para exportación son mecanismos utilizados en los últimos años en territorios de la Patagonia, del Paraná y en distintos lugares del país.

    Para la protección de dichas ilegalidades existe la ley Ley 26.562 que tiene como objetivo prevenir incendios, daños ambientales y riesgos para la salud y la seguridad públicas.

    En el artículo 498 de la llamada Ley Ómnibus la misma será modificada en su artículo 3 que dice: “queda prohibida en todo el territorio nacional toda actividad de quema que no cuente con la debida autorización expedida por la autoridad local competente” y ahora pasará a decir: “dicha autorización será otorgada en forma específica en un plazo máximo de 30 días desde la solicitud de la autorización”, y en el caso de que transcurra el plazo sin que la autoridad competente se expida expresamente, “se considerará que la quema ha sido autorizada tácitamente”.

    Además “En el área de medio ambiente se sugieren cambios en la ley de quema, permitiendo a los productores a realizar cortafuegos y acciones preventivas hoy vedadas por la legislación”, es uno de los primeros puntos mencionados en la normativa.

    Además, el proyecto propicia derogar el artículo 6 de la Ley N°20.466 de Fiscalización de Fertilizantes respecto a la comercialización de fertilizantes que se efectúe a granel.

    El artículo 499 deroga el punto que establece que “se deberá comunicar con suficiente antelación al organismo de aplicación esta circunstancia, a los efectos de adoptar los recaudos necesarios para resguardar la calidad del producto hasta su destino, de acuerdo a lo que establezca la reglamentación”.

    “Esta ley atenta contra los principios del derecho ambiental; la congruencia, el principio preventivo, y la no regresividad en derecho ambiental. Le quita el objeto que es prevenir el avance de ecosistemas como los glaciares”, menciona el abogado Moreno.

    Así también “la constitución en su artículo 124 establece que los recursos naturales son de las provincias, y las leyes de presupuesto mínimo de Nación son un piso mínimo de derechos que se tiene que respetar”, concluyó Moreno.

  • Manrique desmintió los rumores de Toyota

    Manrique desmintió los rumores de Toyota

    Este sábado, luego que varios portales dieran a conocer que la empresa automotriz Toyota habría comunicado a los trabajadores y trabajadoras autónomos que iban a tener que negociar su salario de manera individual, el secretario general adjunto de la SMATA, Paco Manrique, desmintió esta versión.

    En diálogo con Frecuencia DLR (Radio La Plata FM 90.9), Manrique sostuvo que era una “opereta” que estaban dando a conocer algunos medios. “La sorpresa es que esto no existe. Nuestro gremio tampoco lo permitiría. No, eso es totalmente falso. Es una movida periodística, hay periodistas que buscan otras cosas”, describió Manrique.

    En ese sentido se refirió a las medidas que pueda llegar a tomar el eventual gobierno de Javier Milei, al que consideró que está “midiendo la temperatura, tirando del piolin”.

    paco manrique

    “Por ahora son enunciados. Hay que esperar a que asuma. No hay nada que analizar respecto a los convenios colectivos, jamas vamos a renunciar a nuestros derechos”, detalló el Secretario adjunto de SMATA.

    Recordemos que el pasado jueves, diferentes dirigentes de la Confederación General del Trabajo (CGT) se reunieron en la sede de la UOCRA para analizar el resultado electoral y los primeros anuncios del presidente electo, Javier Milei. Sobre esto Manrique detalló que “el día que muevan la pelota, empezaremos a jugar”.

    “Jamas vamos aceptar la reducción de derecho, eso quedó planteado claramente en la reunión de la CGT y espero que se cumpla. El lema que sacamos es ni un paso atras, en los derechos y la justicia social, y eso va a ser así”, agregó.

    Por último el Sindicalista sostuvo que es momento de hacer una profunda autocrítica puertas adentro, debido a que esta elección “no la ganó Milei, sino que nos castigaron a nosotros”, en relación a la performance de gestión desarrollada en estos cuatro años.

    “El pueblo se enojó con nosotros, y nos castigó a nosotros. Fue Milei, pero pudo haber sido cualquier otro candidato. Hay que analizarlo profundamente y a partir de ahí hay que unificar criterios para volver a ganarnos la confianza del pueblo. Primero el movimiento, luego los dirigentes, y parece que eso se olvidó”, concluyó Manrique. 

    Escuchá la nota completa a Paco Manrique

  • Avanza la construcción del reactor RA 10

    Avanza la construcción del reactor RA 10

    reactor RA 10

    En los últimos días se conoció que la Argentina ya lleva un 80% de avance en la construcción del novedoso reactor nuclear RA 10, ubicado en Ezeiza, provincia de Buenos Aires. El mismo permitirá entre otras tantas cosas, desarrollar un insumo industrial llamado silicio, un insumo clave en la geopolítica internacional de la transición energética, debido a que se usa para la producción de chips de autos eléctricos.

    En ese sentido, Tomás Avallone, integrante del equipo que desarrolla el RA-10 y operario de los reactores de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) contó que el proyecto comenzó a construirse a partir del año 2010, y que a partir del año que viene se estarán realizando ensayos preoperacionales y pruebas preliminares.

    En diálogo con Frecuencia DLR, explicó que tendrán la capacidad de producir más de 80 toneladas al año de silicio dopado, que se traduce en más de 10 millones de dolares anuales para la Argentina.

    “Más allá del silicio dopado. Uno de los fuertes del RA-10 es la producción de molibdeno 99, algo que comienza en el reactor RA-3, operando actualmente en Ezeiza, desde el cual podemos abastecer la demanda nacional de radioisótopos de uso medico e industrial”, sostuvo Avallone.

    Y agregó: “Los aportes de la CNEA siempre fueron en torno a la vinculación con la industria, a la industrialización del país, a desprimarizar la economía y eso lo podemos hacer siempre que tengamos una buena inversión en ciencia y tecnología”.

    Actualmente la Argentina es uno de los pocos países que tiene la capacidad de diseñar y construir un reactor de esta envergadura, posicionándose a la vanguardia de la industria nuclear en el mundo.

    “La Argentina es uno de los principales exportadores de reactores nucleares de investigación, habiendo exportado a Perú, Argelia, Egipto, Australia. Iniciando la construcción de un reactor en Holanda, trabajando en convenios con China para la exportación de tecnología de producción de radioisótopos. Pusimos una planta de producción de radioisótopos en India en Marzo del año pasado. Argentina tiene la confianza del mundo para hacerlo”, remarcó Avallone.

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  • Tronador II: Conoce como avanza el lanzador de satélites argentino

    Tronador II: Conoce como avanza el lanzador de satélites argentino

    Argentina continúa avanzando en la puesta a punto del proyecto Tronador II, el primer lanzador de satélites de Latinoamérica, ubicado en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca. El mismo permitirá poner en órbita satélites de entre 500 y 750 kg a una distancia de hasta 600 km de la Tierra, teniendo una fecha de inauguración cercana al año 2029.

    En ese sentido, el mes pasado, se realizaron pruebas para la puesta a punto de los motores que servirán como lanzadores en la plataforma. Al respecto, el gerente de acceso al espacio de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), Daniel Rocca, dialogó con Frecuencia DLR (Radio La Plata FM 90.9), donde comentó los alcances de esta medida.

    “En materia de tecnología estratégica podemos citar el caso de la energía nuclear como también de radares que posicionaron a la Argentina en un grupo selecto, y el lanzador nos ubica geopolíticamente en una posición privilegiada y nos da la capacidad propia de acceder al espacio; contribuye a la soberanía; es una tecnología estratégica, pero viene a cubrir una necesidad que tiene que ver con el plan espacial nacional y vamos a poder brindar servicios a terceros que lo requieran”, explicó Rocca.

    Además hizo hincapié en que el proyecto permitirá generar más y mejores puestos de trabajo, teniendo en cuenta que “de momento, tenemos alrededor de 150 puestos directos y 250 se completan indirectamente, relacionado con lo que son empresas, no solamente del ámbito estatal”.

    Cabe destacar que entre el 2022 y el 2023, con el ensayo realizado este martes, se llevaron a cabo un total de 28 jornadas de ensayos de motor realizadas entre el banco de ensayos ubicado en el Centro Espacial Teófilo Tabanera de la CONAE y los ejecutados en la empresa Valthe.

    El Tronador incluye a la empresa VENG como principal contratista, a la que se suman la contratación de más de 50 empresas nacionales e instituciones públicas del sistema nacional de ciencia y tecnología argentino, como la Universidad Nacional de la Plata y la Universidad Nacional de Mar del Plata, y pymes de base tecnológica, como la empresa Valthe Ingeniería, FAdeA, Inoxpla, 2G Composites, INTEMA o Kohlenia.

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  • Cannabis ¿desarrollo o persecución judicial?

    Cannabis ¿desarrollo o persecución judicial?

     

    Son las nueve menos diez de la mañana. En un campo de cannabis ubicado en la localidad de El Hoyo, en Chubut, llueve a cántaros y el frío invita a quedarse un poco más en la cama. Sebastián Severino escucha que sus perros Luk e Ivi comienzan a ladrar. “Un miércoles, ¿a esta hora?”, se pregunta mientras se levanta rápido para agarrar el primer joggin que tenía a su alcance y asomarse a la tranquera para saber qué estaba pasando.

    Allí lo esperaban un grupo de efectivos de la Policía del Chubut, que le mostraron una orden de allanamiento emitida por la Fiscalía Federal de Esquel, ordenada por el juez Guillermo Lleral, y le dijeron que venían “por una causa de narcotráfico”. “Entendí que acá había un mal entendido, y que como cualquier activista cannábico, sabía que en algún momento me podía pasar”, cuenta Sebastián.

    A él le gusta definirse como un fitomejorador, pero en la jerga del oficio cannábico, también se lo conoce como un “breeder”. Su oficio es simple y preciso: Se encarga de investigar, ensayar y producir nuevas semillas, genéticas y/o productos derivados de la planta de marihuana, con un fin determinado. 

    Hasta el momento del allanamiento, se encontraba trabajando a través de su empresa de investigación Bio Lógica, en los alcances de una nueva genética con altos índices de CBD, uno de los compuestos de la planta de cannabis que permite tratar de manera paliativa enfermedades terminales, en la cual Severino venía trabajando.  Sin embargo, la policía echó a perder todo el trabajo “de varios años”.

    No es un criminal, es un eslabón más del desarrollo nacional

    ¿Por qué el Estado desarrolla la industria del cannabis por un lado, y criminaliza el cultivo, la producción y la investigación, por otro?

    Sebastián cuenta que en ningún momento se puso nervioso. Les explicó a los oficiales que se trataba de un mal entendido. Les mostró primero su certificado de inscripción en el Instituto Nacional de Semillas (INASE), dentro de la categoría A, que legaliza la figura de fitomejorador y le permite tener un criadero cannábico. 

    Luego les facilitó el certificado del Reprocan, emitido por el ministerio de Salud de la Nación, que lo habilita como cultivador medicinal. Ambos incluyen un código QR, para que puedan ser constatados por las fuerzas de seguridad que lo requieran. “Se dieron cuenta que no se trataba de una cuestión de narcotráfico, y se sorprendieron por los permisos que les mostré. No estaban al tanto. Pero llamaron al juez, que les dijo que procedieran igual” cuenta Sebastian.

    15 oficiales se llevaron 25 kilos de flores secas, 7 kilos de hojas, 250 semillas, 8 kilos de flores verdes (en proceso de secado), una balanza (de las 3 que tenía en su laboratorio) y 4 plantas vivas, a las cuales les dejaron únicamente el tallo. 

    “En la causa nombran a un vecino de la localidad, que fue alumno mío porque yo doy talleres de cultivo, como uno de los argumentos de la fiscalía para realizar el allanamiento. Pero me llama mucho la atención porque todos saben lo que hacemos acá en el campo, hasta está declarado en la Municipalidad”, explica el Dueño de Bio Logica.

    Sebastián tiene 43 años, y desde hace 20 comenzó con sus primeras experiencias en el cultivo a raíz de ver mejoras en su salud por ser insulinodependiente. Desde hace 10 decidió firmemente dedicarse a esto y emigró de Buenos Aires a El Hoyo en Chubut, no sin antes renunciar a su trabajo en una fábrica. Allí creó Bio Lógica Labs y Farms, una empresa patagónica de investigación, desarrollo genético y breeding de Cannabis medicinal. 

    “Me levanto, y lo primero que hago es ir al jardín a ver las plantas. Siempre hay algo para hacer. Pero bueno, en esta época que no hay tareas de siembra para realizar, estoy metido en el laboratorio”, cuenta, y dice que le dedica a esta profesión entre 10 y 12 horas por días.

     
     
     
     
     
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    En la cadena productiva de la industria canábica, sin un fitomejorador no es posible avanzar en, por ejemplo; el desarrollo del cáñamo como insumo textil, el desarrollo de la terapia medicinal para tratar enfermedades terminales o nerviosas, la investigación de nuevos alcances de la planta.  Por eso, y por su gran escasez de especialistas,  varios países reclutan breeders o financian su perfeccionamiento.

    Países como Canadá, Estados Unidos e Italia, son los mayores productores de semillas y productos derivados del CBD. Argentina no cuenta con semillas de este tipo por lo que si una persona enferma necesita tratarse con este componente debe solicitar la importación de un medicamento o las semillas de una genética determinada.

    En eso se encontraba Sebastián Severino al momento del allanamiento: trabajando en una de las primeras semillas argentinas con alto índice de CBD. “Los policías se mostraron predispuestos a escuchar. Me preguntaron porque tenía un laboratorio, de qué se trataban los elementos y qué era lo que tenía anotado en el pizarrón”, recuerda. Y agrega: “Después del allanamiento, uno de los efectivos me pidió una tarjeta de contacto para hacer una capacitación”.

    ¿Qué condiciones hay para la industrialización del cannabis?

    Este año, el Gobierno nacional reglamentó la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), desde la cual pretenden impulsar el modelo de industrialización e investigación de la planta, el cual puede significarle cerca de 50 mil millones de dólares al año en materia de exportaciones, segun estimaciones oficiales.

    Sin embargo, en el proceso de investigación y producción, se están dejando de lado a miles de personas como Sebastián Severino, que vienen trabajando en el Cannabis desde hace más de 20 años, realizando lo que muchos organismos del Estado recién hoy están comenzando a implementar. 

    “Yo creo que esto que me pasó a mi es tan simple como un problema de comunicación entre los dos poderes del Estado. No creo que haya una mano negra ni una mala intención”, explica Sebastián Severino. Para él es fundamental que el Estado pueda definir, cuando se habla de marihuana, si se refiere en términos de estupefacientes o en términos medicinales/industriales. De esta manera se podría evitar la persecución a muchas personas que vienen trabajando en este ámbito desde hace muchísimo tiempo.

    “Si a las personas como yo u organizaciones que venimos laburando hace rato desde la clandestinidad, y que ahora estamos tratando de salir de eso a través de estas herramientas que nos brinda el Estado, nos persiguen y no nos dejan trabajar, es simplemente una ilusión” remarca el fundador de Bio Lógica. 

    Y concluye: “Nosotros queremos aportar al desarrollo nacional, porque fue siempre nuestro objetivo. Las personas y la calidad humana en la Argentina las tenemos, solamente necesitamos que nos convoquen o que nos dejen trabajar”. 

  • De ciruja a reciclador de la ciudad

    De ciruja a reciclador de la ciudad

    Por: Pedro Ramos

    Son casi las cuatro de la tarde en plaza Italia y en una de sus esquinas todos los días cartoneras y cartoneros agrupados en la cooperativa de trabajo “Recicladores Unidos” se encuentran para esperar los carros con los bolsones y salir a hacer su recorrido habitual en busca de papel, cartón, botellas de vidrio, latas y todo lo que tenga valor de reciclado.

    En la plaza está Santiago Zapata, 37 años, tercera generación de cartoneros, nieto de ciruja e hijo de cartonero. Ahora el se reconoce como reciclador urbano. Con el tiempo, su trabajo pasó de estar mal visto y oculto, a ser parte fundamental en la sociedad.

    Santiago nació en la provincia de Buenos Aires, en el hospital Evita Pueblo, en un entorno muy humilde. Vivió sus primeros años con su mamá, su papá y sus tres hermanos. El oficio de cartonear, lo aprendió a los ocho años.

    Cuando sus padres se separaron él quedó viviendo solo en su casa durante un año. La hermana ya había formado su propia familia y el hermano vivía en la casa de sus tíos. Santiago comía de lo que los vecinos le daban y también de lo que encontraba en la basura. Un día su abuela advirtió que estaba en situación de calle y se lo llevó a vivir a La Plata. Primero con su mamá. Después durante mucho tiempo en un terreno ocupado. Más tarde gracias al ProCrear, logra tener un terreno y una casa a su nombre. Esto para él es uno de sus mayores logros; saber que es algo que quedará para sus hijos. A pesar de las complejidades, Santiago dice que su infancia tuvo cosas lindas y que gracias al oficio de ciruja de su papá, muchas veces le traía cosas que nunca había imaginado tener como una pelota o un triciclo.

    Eso también le sucede hoy: cartonear es una forma de llevar a sus hijos cosas que otros tiran y que él nunca podría haber comprado. “Es lindo verlo en sus caras”, dice. Está orgulloso de sus hijos. Tiene dos varones de 8 y 17 años, y una niña de 14. El más grande de ellos juega en la primera en el Club de Rugby San Luis y es parte del preseleccionado de los Pumas. A ella le gusta la fotografía y gracias a su trabajo pudo comprarle una cámara para que comience a indagar en esos mundos y a hacer talleres. Al menor le gusta filmar cosas, que aún no se anima a mostrar.

    Foto: Pedro Ramos

    Convertir basura en trabajo digno

    Para Santiago cada día están mejor y nadie se arrepiente de haber formado la cooperativa. Tiene varios beneficios, como una mutual que les asegura una atención médica gratuita. Pero nada de eso fue fácil. “El municipio nunca nos acompañó”, aseguró. La peor época fue durante el gobierno de Mauricio Macri. “Ahí la pasamos mal”, dijo el cartonero, y agregó; “No existíamos para nadie. Estábamos mal vistos y nos querían expulsar prohibiéndonos realizar nuestro trabajo en la calle, persiguiéndonos y secuestrando los caballos que teníamos”. 

    Fue ese el momento en el que nació la cooperativa de cartoneros “Recicladores Unidos” que tiene presencia en La Plata, Berisso y Ensenada. Santiago está desde el día uno, al principio fue una prueba piloto para ver cómo funcionaba.

    Foto: Pedro Ramos

    Hubo cierta incertidumbre a la hora de confiar en el proyecto. Sobre todo por la forma de trabajo que proponía: los y las cartoneras no trabajan bajo patrón y desconfiaban que en la cooperativa sí sucediera. Por esa razón muchos no se quisieron sumar. Santiago se sumó.

    En la cooperativa las decisiones se toman en asamblea. Las penas por malos hábitos de trabajo se deciden por mayoría y todos los meses se hace una reunión general donde se muestra el balance del material vendido y cuánto le corresponde a cada uno. “Hoy somos 220 pero empezamos 30”, dijo el reciclador. Tienen una lista de espera para el ingreso de más de mil personas.

    Hace un tiempo, Santiago milita dentro del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), en la rama de Cartoneros y Carreros, forman parte de Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR) y están agrupados y pertenecen a Unión de Trabajadorxs de la Economía Popular (UTEP) que cuenta con la personería jurídica necesaria para ser un sindicato.

    La actual secretaria general de la FACCyR, Jackie Flores advirtió en el acto de cierre tras la movilización al congreso, para la presentación de la Ley de Envases con inclusión social el 28 de Octubre de 2021 que “no necesitamos que nos generen empleo, ya tenemos trabajo. Necesitamos que nos reconozcan los derechos laborales”.

    Nicolás Areco es encargado en un edificio en el centro de La Plata. Hace 5 años que comenzó a charlar con los vecinos y vecinas de reciclaje y la correcta separación de residuos. A Santiago lo conoció hace aproximadamente 4 años en la calle mientras juntaba material reciclable y ahí le propuso poner un punto azul en el edificio.

    La gente del edificio separa los materiales reciclables, limpios y secos que son depositados en un tacho especial en cada palier. El encargado junta y acopia esos materiales en un bolsón, y el reciclador de la zona pasa a buscarlos.

    Más allá de las tareas laborales de cada uno, entre las visitas semanales que hacía Santiago al edificio para recoger el material separado en origen que preparaba Nicolás, surgió una amistad.

    “Desde que lo conozco he aprendido a hacer mucho con poco”, admitió el encargado del edificio, “y que en todas las circunstancias ya sean buenas o malas, existe una oportunidad.”

    El trabajo de Santiago es clave en la cadena de recuperación y revalorización del material que se desecha. “Sin su trabajo y el de muchas personas como él, millones de toneladas de materiales reciclables o reutilizables irían a parar a ríos y océanos, a basurales a cielo abierto o en el “mejor” de los casos a “rellenos sanitarios”, afirmó el empleado del edificio.

    Nicolas Areco junto a Santiago Zapata, en la puerta del edificio donde Nicolas trabaja. Foto: Pedro Ramos

    Separación en origen: la organización en los consorcios de edificios Nicolás Areco es también un militante del reciclaje. Charla sobre él en cualquier lugar al que va, reparte folletería del MTE, concientiza a los vecinos, y busca que otros consorcios se sumen para poner más puntos azules. “Estas políticas deberían replicarse desde la Cámara de Consorcistas y el Sindicato de rentas y propiedad horizontal que hoy por hoy son espacios sin perspectiva ambiental”, aseguró.

    La cooperativa tiene también una estrategia para impulsar el reciclado en las cárceles, como una nueva posibilidad de inserción. Santiago cuenta que uno de sus compañeros está preso, pero no por eso dejó de trabajar. Desde la cárcel empezó a impulsar el reciclado y la cooperativa no dejó de apoyarlo; sus compañeros pasan todas las semanas en un camión a buscar el material que separa, y así sostiene su sueldo.

    “Todos pueden cometer un error”, dice Santiago en dialogo con DLR. “Y tiene que ser pagado con la justicia”, agrega. Pero también dice que no tiene que ser excusa para dejarlo sin empleo u ofrecerle un trabajo de reciclador una vez que recupere su libertad: “Todos merecen segundas oportunidades. Darles un trabajo digno y acompañarlos en ese proceso es lo que todos merecen.

     

    Foto: Pedro Ramos