Frente a un escenario nacional marcado por el retroceso de políticas públicas, distintas organizaciones cannábicas de la provincia de Buenos Aires comenzaron a tejer una red para fortalecer su alcance territorial y organizarse de manera colectiva. La iniciativa es impulsada por Cannabis Medicinal Bahía Blanca, RESET -Política de Drogas y Derechos Humanos- y Madres Cultivadoras Argentinas, quienes llaman a otras agrupaciones a sumarse a través de un formulario online.
“Sabemos que somos muchas organizaciones en la provincia y que juntas podremos construir una red lo suficientemente fuerte para resistir y seguir luchando”, expresaron desde la cuenta de Instagram de Madres Cultivadoras, organización que nació cuando un grupo de familias encontraron la posibilidad de “fabricar” su propia medicación. El objetivo que tienen con esta red es conocer otras organizaciones de la provincia, reunirse y defender el acceso a la planta como medicina, en un contexto de ajuste estatal y latente criminalización.
Esta convocatoria surge también como respuesta al reciente cambio normativo en el Reprocann. En mayo, el Ministerio de Salud endureció los requisitos para el cultivo de cannabis con fines medicinales mediante la Resolución 1780/2025, lo cual, según denuncian las organizaciones, obstaculiza el cultivo en red y solidario al que asisten a personas que no pueden autoabastecerse.
Daniel Loza, cultivador solidario de La Plata, murió en 2018, dos meses después de que la justicia allane su casa.
Desde hace al menos un año, los trámites de Reprocann estaban frenados y había más de 100 mil personas esperando ser autorizadas para poder cultivar cannabis con fines medicinales en sus casas. A partir de la nueva normativa, los usuarios deberán volver a iniciar el trámite respetando los nuevos requisitos, los cuales son en muchos casos inalcanzables. Mientras tanto, quienes tienen el permiso vigente pueden seguir utilizándolo hasta que el mismo se venza, aunque muchos temen entonces poder renovarlo.
Entre las nuevas exigencias, se incluye contar con un Director técnico de cultivo y un Director Médico con formaciones específicas, así como también análisis y trámites jurídicos, aumentando significativamente el valor económico del proceso e imposibilitando el acceso comunitario.
Además, a esto se suma el vencimiento de las licencias de las semillas argentinas otorgadas por el INASE, el Instituto Nacional de Semillas, y la posterior disolución del organismo, dificultando aún más el acceso legítimo a la medicina cannábica y dejando a miles de usuarios sin tratamiento.
Las organizaciones insisten en que esta red no es más ni menos que una comunidad que intenta proteger lo conquistado, defender una medicina que favorece enormemente la calidad de vida y garantiza el derecho a la salud.
Conocé la historia de Madres Cultivadoras haciendo clik en esta nota:
Suena el despertador a las seis y media. Lucía se destapa sin abrir los ojos. Sale de la cama, se viste con movimientos rápidos. Ya no hay tiempo para desayunar: cinco minutos más de sueño valen más que un café caliente.
Afuera, la calle está fría, el auto también. A esa hora, Bariloche todavía está congelado, apenas hay autos en la avenida y del lago se levanta un vapor helado. Maneja al centro con un sueño que no es de hoy, lleva meses y meses acumulado.
En el hospital, prepara el mate y atiende el pase. Ese es el primer momento del día: las médicas que estuvieron toda la noche cuentan cómo estuvo la guardia. Relatan cambios, síntomas, signos, mientras los niños todavía duermen. Las que recién ingresaron anotan la historia clínica, en papel y con velocidad. La burocracia de los papeles le lleva dolor de muñeca y media jornada, a veces incluso, más tiempo que la atención del caso.
Lo que sigue es avisar a enfermería los cambios de medicación, despertar a los niños, actualizar las planillas, dejar programada la tarde para el pase que se hará cuando se vaya. Al mediodía, se cruza al consultorio, la mayoría de las veces sin haber llegado a almorzar. Ahí la espera otra agenda: controles de salud, niños sanos y otros no tanto, gripe, tos, vacunaciones. Atiende sus propias consultas pediátricas, con turnos cada media hora que siempre se extienden.
—A veces, nos vamos más tarde porque viene un hermanito más y lo atiendo porque el boleto de colectivo es demasiado caro y hace demasiado frío para pedirles que vuelvan otro día.
Lucía y sus compañeras cubren toda la demanda del hospital público de Bariloche con turnos de 8 horas y guardias de 24.
—Es difícil aguantar. Este año, hay menos pediatras que cuando empecé.
A las tres y media empieza la actividad académica. Son las clases que se dictan y preparan entre residentes. Lucía a veces prepara las clases, otras las escucha. Es parte de su formación, y lo hacen incluso mientras terminan de escribir la historia clínica de los últimos pacientes. Si no hay guardia y es un buen día, la jornada termina cerca de las cinco.
Vuelve a su casa y mientras cocina revisa las anotaciones de ese nene que llegó tan mal, de esa nena que en su casa no come, de las gemelitas que tienen piel de mariposa. A veces intenta estudiar un poco más, otras veces cae dormida, no sin antes ponerse la alarma, lista para volver a empezar.
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El 1º de julio, mientras cientos de médicos graduados realizaban el Examen Único -una instancia fundamental para acceder a un contrato de residencia-, el gobierno nacional oficializó un nuevo golpe a la salud pública. La resolución 2109/2025, firmada por el Ministerio de Salud, modificó el Sistema Nacional De Residencias y convirtió los contratos laborales en esquemas de becas.
Esta medida afecta residencias médicas en hospitales nacionales y conlleva la pérdida de derechos laborales elementales como aportes jubilatorios, aguinaldo, antigüedad, paritarias, obra social y límite de horas en las guardias.
Aunque el ajuste recae ahora con fuerza sobre hospitales de gran importancia como el Garrahan, los contratos de becas no son una novedad en muchas provincias. En Río Negro, por ejemplo, hace muchos años que los residentes son becarios de la provincia, lo cual deja a merced de cada servicio los regimenes de horarios, guardias y postguardias.
Así lo cuenta Lucía Santamaría, residente de pediatría de segundo año del Hospital Zonal de Bariloche: “Cobramos un ‘’Bono Aguinaldo’’, según voluntad del gobernante, pero trabajamos jornadas extensísimas que en otras profesiones -policías, pilotos, choferes- serían ilegales. Trabajamos 24 o 36 horas, en tareas críticas, sin reconocimiento’’.
Los residentes no son pasantes ni practicantes: son médicos recibidos que eligen especializarse en hospitales públicos tras rendir un examen nacional y ser seleccionados bajo un órden de mérito. Dentro de un hospital, son la primera línea de atención en diferentes áreas, realizando trabajos fundamentales para el engranaje del sistema de salud y cuya falta deja en evidencia un sistema colapsado. Sus conocimientos se aplican en trabajos asistenciales, tanto preventivos, prehospitalarios, como en servicios de demanda, internación, quirófano y terapias intensivas. Por ejemplo, en el Hospital Garrahan, una de las instituciones de mayor complejidad pediátrica de Latinoamérica, o en el Hospital Sor Maria Ludovica de La Plata, el mayor de la región, la atención implica muchas veces estar frente a personas con patologías poco frecuentes y cuadros clínicos complejos que requieren de constante actualización y disposición tanto en horario laboral como en no laboral.
La Ley N° 22.127, que hasta ahora regía el Sistema Nacional de Residencias, tenía como objeto garantizar la formación de los profesionales ejercitando su desempeño en actos de progresiva complejidad y responsabilidad. La nueva resolución desmonta esa estructura: sin límites de tiempo, sin salarios dignos ni derechos mínimos, los residentes en se exponen, en pos de su aprendizaje, a más exigencias, más cansancio y mayor riesgo de colapso, retrocediendo a un sistema obsoleto de trabajo. ‘’Las tareas laborales de un residente no terminan cuando se va del hospital’’, expresó Lucía.
El vaciamiento no es tema nuevo, pero ahora se profundiza. En todo el país, los hospitales se están vaciando. Cada vez menos residentes quieren ingresar al sistema público porque no pueden sostener jornadas interminables con salarios que no se justifican en el proporcional por hora. A su vez, quienes ya trabajaban en los hospitales deciden abandonar por la misma razón. En el último año, se registraron 220 renuncias de trabajadores del Garrahan, según fuentes de ATE, de los cuales 20 sucedieron en los últimos días ante la falta de escucha y respuesta de las autoridades. Esas vacantes no son puestos que puedan cubrirse fácilmente ya que requieren conocimiento y formación. En consiguiente, las residencias de algunos hospitales provinciales y municipales están cerrando, dejando baches y necesidades poblaciones desatendidas.
Trabajadores del Hospital Garrahan en defensa de la salud pública. Mayo 2025
La política sanitaria del gobierno de Javier Milei parece ser enemiga de la salud pública, tal como lo definió ATE. Desde el inicio de la gestión, el Ministerio de Salud (primero con Mario Russo a la cabeza, reemplazado luego por Mario Lugones), despidió al 40% del personal del Hospital Bonaparte. Más tarde, avanzó sobre el resto de los hospitales nacionales, como el Baldomero Sommer, el Posadas y el propio Ministerio, cerrando programas sanitarios y despidiendo trabajadores. En la última semana, el Estado Nacional disolvió el Instituto del Cáncer y el Instituto de Enfermedades Cardiovasculares. “No todo el mundo tiene derecho a todo, es todo una mentira y hay que dejarla de lado”, declaró Lugones en la Cámara de Comercio de los Estados Unidos AmCham.
Hoy, el Garrahan es el foco del conflicto. Allí, los residentes cumplen jornadas de hasta 70 horas semanales, percibiendo un salario de $797.000 mensuales para el primer año, es decir $2840 la hora, que equivale a un kilo de arroz por hora. Frente a los reclamos, los trabajadores recibieron amenazas de sanciones y despidos, y otros amedrentamientos, presiones y supervisiones que buscan disciplinar el reclamo en lugar de resolverlo.
Pan para hoy, hambre para mañana
Los reclamos no se limitan solo a la recomposición salarial y la restitución de derechos laborales, sino que apuntan también a la defensa de un sistema reconocido mundialmente, en términos de prevención, por ejemplo, como lo es el Sistema Nacional de Vacunación obligatorio.
La falta de prevención, de administración y la desatención de sectores, conllevan a un mayor gasto futuro. ‘‘Pan para hoy, hambre para mañana”, expuso Lucía Santamaría. “La falta de vacunación de hoy, es la meningitis de mañana. La falta de ESI, serán embarazos adolescentes y estudios sin finalizar. Cuando mañana no haya médicos y le tengan que pagar a extranjeros para cubrir, también les va a salir más caro. Es ahora: hay que evitar que los profesionales se vayan”, concluyó.
Ahora mismo, en el Centro de Salud 34 Hectáreas, en el barrio El Frutillar de Bariloche, no hay heladera para conservar vacunas. El equipo de salud, de uno de los centros de mayor demanda de la ciudad, se vio obligado a recurrir a las redes sociales para pedir públicamente la donación de una heladera. Es una postal de abandono estatal en un barrio popular donde la salud pública es esencial, que, lamentablemente, es una de las tantas situaciones que enfrentan los servicios de salud en todo el país.
Residentes de Bariloche. Marzo 2024
Por parte del gobierno, el sector no ha recibido ningún tipo de respuesta, a pesar de que las medidas de fuerza se siguen sosteniendo. En el Garrahan, de tres audiencias convocadas, los funcionarios asistieron sólo a la primera, en la que han tenido el tupé de preguntar, descaradamente, ¿Cuál es el reclamo?. “Eran funcionarios de segundo o tercer rango y no tenían ánimos de dialogar nada. A partir de ahí impulsamos más medidas de fuerza, porque ellos exigen que los trabajadores sean dialoguistas pero nos revolean con todo lo que pueden”, sostuvo Gerardo ‘Pino’ Oroz, secretario gremial de ATE Garrahan.
Las renuncias y los despidos se producen en medio de un reclamo salarial y de denuncias de un colapso institucional sin precedentes. Hace meses que se realizan paros, movilizaciones y festivales. Lo que sigue es una medida de fuerza nacional: se está convocando a un paro y movilización el 17 de julio desde el Congreso hacia Plaza de Mayo a las tres de la tarde.
“De ellos no tenemos nada que esperar porque realmente ya han demostrado que su política es destrucción. Pero tenemos muchas expectativas para el 17, en el conjunto de la sociedad. Queremos que se entienda esto como una lucha que excede el problema salarial del Garrahan. Es la defensa misma de la salud pública”, determinó Gerardo Oroz.
El último jueves uno de los ñoquis VIP devenido en ministro, Federico Sturzenegger, anunció con bombos y platillos que decidieron “desregular” las funciones del INTI, en particular la Ley 26.184 que establece la obligatoriedad de un certificado de un organismo técnico nacional para toda pila utilizada en el país.
¡CHAU INTI OBLIGATORIO! Hace unos meses me viene a ver mi colaborador @sebaeinstoss sugiriendo, por comentarios recibidos en Reportá la Burocracia, un decreto delegado para cambiar la ley 26.184 de Néstor Kirchner que imponía la obligatoriedad de un certificado del INTI… pic.twitter.com/4V7Kl6bcUu
Esta ley exige que las pilas y baterías tengan bajos niveles de metales contaminantes y cumplan ciertos estándares de calidad, tiempos de duración y descarga, además de establecer topes máximos para sus componentes.“Yo me pregunto, ¿qué le importa al Estado cuánto dura una pila? En todo caso será un tema de preocupación para quien la compre”, escribió Sturzenegger en X.
Una de las grandes alarmas que se encienden con esta decisión es la posibilidad de que ingresenpilasde diferentes orígenes, las cuales aumenten las cantidades de un residuo electrónico tóxico y no controlado.
Estos residuos, como toda la basura en general, son gestionados por los estados municipales. Su destino final depende de la capacidad presupuestaria y la estructura productiva de cada localidad. En municipios donde estas políticas son deficientes, las pilas podrían terminar en un basural a cielo abierto, como terminan otros residuos, generando graves consecuencias ambientales.
Los aparatos eléctricos y electrónicos son una mezcla compleja de cientos de materiales. Contienen metales pesados como plomo, mercurio y cadmio, químicos peligrosos y PVC (policloruro de vinilo), un tipo de plástico muy tóxico.
A pesar de que pueden reemplazarse por pilas recargables, la realidad es que las pilas descartables son utilizadas cotidianamente para el funcionamiento de muchos electrodomésticos y dispositivos como relojes, linternas, juguetes, controles, instrumentos, y un largo etcétera de objetos comunes.
También es muy común que en muchos hogares las pilas ya gastadas se guarden en frascos o bidones viejos, dado que se sabe que es un residuo que debe tener un tratamiento especial. Son fuentes de energía fabricadas con una mezcla compleja de muchos materiales, entre ellos, por ejemplo, metales pesados, como Cadmio, Plomo y Mercurio, tres metales con efectos muy nocivos para el ambiente.
Cuando las pilas se descartan en la basura común, no solo tardan cientos de siglos en degradarse, sino que en el camino liberan sus tóxicos en el suelo, llegando a las napas y contaminando el agua que tomamos. Pero si además, el Estado Nacional no efectúa sus controles correspondientes, la situación empeora.
Sin embargo, el trabajo regulador que realiza el INTI, Instituto Nacional de Tecnología Industrial, es, para el actual gobierno “una barrera de costos innecesarios e inútiles”.
“La suma de costos y costitos es lo que encarece los productos y de a poco nos va empobreciendo” señaló Federico Sturzenegger. Quedará entonces en la suerte del consumidor comprar pilas que sean buenas y duren lo que uno paga.
La decisión de desregular el control sobre las pilas no sólo es un guiño al libre mercado, es sobretodo una retirada más del Estado como garante de derechos. En un país donde el destino de los residuos depende de municipios con recursos limitados, dar “libre albedrío” es, como mínimo, riesgoso.
“Hemos puesto toda la carne al asador”, aseguró el secretario de Turismo de la CAME. Gregorio Werchow se refirió al esfuerzo que hicieron las provincias argentinas para preparar una temporada de invierno que, esperan, reactive el movimiento interno. Paquetes con promociones, financiación en cuotas y estrategias regionales que apuntan a viajes cortos y cercanos. Sin embargo, en un país donde casi la mitad de la población vive bajo la línea de pobreza, vacacionar se vuelve un lujo.
Las vacaciones de verano dejaron un sabor amargo para el sector hotelero, gastronómico y turístico en general. A diferencia de esas fechas, el receso de invierno es más breve y suele activar viajes más localizados: escapadas de pocos días hacia provincias vecinas.
De acuerdo a un informe publicado por INDEC el 25 de junio, la cantidad de turistas internacionales que ingresaron al país cayó un 10,1% interanual, mientras que el número de argentinos que salieron al exterior aumentó un 48,9%. Desde hace un tiempo que es innegable que el turismo externo se ha llevado por delante el interno. Los números son alarmantes: sólo en lo que va de los primeros tres meses del año, han salido más de U$S 5000 millones únicamente por turismo.“El factor cambiario favorece más el turismo emisivo que el turismo receptivo. Los costos internos que atravesamos nos tornan poco competitivos frente a los países vecinos”, asintió el referente del sector en diálogo con Desde la Raíz.
Los datos del último informe del INDEC sobre turismo internacional.
Cabe recordar que el peso argentino fue la moneda que más se apreció en el mundo durante 2024, con un incremento del 40,1% según el BIS. Este fenómeno de atraso cambiario, favorece las salidas al exterior y retrae al turismo nacional, afectando fuertemente a todas las economías locales vinculadas a este sector.
A pesar del escenario desfavorable, todas las provincias realizaron sus lanzamientos de temporada y armaron propuestas regionales con foco en movilidad terrestre con distancias cortas y promociones familiares. Este es el caso de las seis provincias del NOA: Tucumán, Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, las cuales promocionan en conjunto sus destinos apuntando a turistas locales.
“Tenemos la esperanza de que las vacaciones de julio sean medianamente positivas”, sostuvo Werchow, quien además destacó el lanzamiento del plan Cuotas MiPyme impulsado por la CAME. Desde julio, el nuevo financiamiento incluirá gastos de transporte, gastronomía, hotelería y espectáculos. “El pago en cuotas es clave para que muchas familias puedan pensar en viajar, aunque sea por pocos días”, señaló.
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) lleva casi quince años ofreciendo una radiografía federal del movimiento turístico y comercial en todo el país. Según un informe reciente sobre los últimos dos fines de semanas largos de junio, más de dos millones de personas viajaron por la Argentina, con un gasto total de $412.372 millones en alimentos, bebidas, alojamiento, transporte y recreación.
Sin embargo, en comparativa con el año pasado, el gasto total de estos feriados resultó un 27,9% más bajo y también disminuyó el promedio de estadía por persona. Esto refleja un turista más austero, aseguraron desde la Confederación. “En julio, es posible que la gente disminuya sus días de pernoctación, pero que lo mismo salga, se mueva un poco”, comentó Gregorio.
Fotos/Pedro Ramos
¿Quienes pueden vacacionar hoy?
La pregunta que se impone es: ¿alcanza con promociones para que un país se mueva? Las ofertas que impulsan pagos en cuotas requieren tarjetas de crédito, trabajos registrados y salarios fijos. ¿A qué parte de la población alcanzarán estas medidas?
FOTO/Pedro Ramos
En este contexto, se vuelve inevitable recordar al PreViaje, la política pública que funcionó con preventa y reintegros de servicios turísticos en la reactivación de la actividad tras la pandemia. Aunque Werchow considera que “fue una herramienta muy buena que cumplió su ciclo”, su ausencia se nota en un escenario de ajuste en el que millones de trabajadores -docentes, médicos, científicos y tantos otros- perciben sueldos bajo la línea de la pobreza.
“Ahora, hay que esperar los resultados”, asegura el Secretario del área de Turismo de CAME. Esta temporada, más que nunca, funcionará como termómetro de consumo, pero también de desigualdad. Por su parte, el 92% de las empresas turísticas son pequeñas y medianas empresas. Con ellas, el gobierno nacional también tiene sus deudas en todo el territorio nacional.
En un país con una desigualdad y un atraso cambiario tan grande, aquellos que se pueden permitir viajar, deciden por conveniencia no conocer destinos nacionales, y terminan siendo nuestras diversas economías locales las más afectadas por estas decisiones políticas.
El gobierno nacional busca modificar nuevamente la Ley 26.639 que protege los glaciares y el ambiente periglacial, con una clara intención de favorecer al sector extractivista y megaminero. Según confirmaron fuentes del Ministerio de Economía, el objetivo es avanzar por decreto -sin debate legislativo- para habilitar la actividad en zonas resguardadas por su valor hídrico, pero todavía no hay consenso.
La ley contempla la preservación de los glaciares y suelos congelados como zonas estratégicas de agua. Además, protege su biodiversidad, su valor científico y turístico. En su artículo 6, se prohíbe expresamente la minería, la instalación de industrias y cualquier actividad que libere sustancias contaminantes o altere el ecosistema glaciar. La modificación buscada apunta a este último artículo.
“Desde el día de su sanción, esta ley tiene una presión fuertísima por parte de las empresas mineras”, explicó Sofia Nemenmann, subdirectora de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas. No es la primera vez que desde organizaciones ambientalistas advierten los intereses del lobby minero y el peligro de la modificación por intereses empresariales. “Esta modificación tiene nombre y apellido”, agregó Nemenmann.
Sofia Nemenmann, subdirectora de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas.
En 2024, los primeros borradores de la Ley Bases,buscaban avanzar con las inversiones y proyectos mineros, pero el Ejecutivo Nacional no logró el apoyo legislativo necesario y debió quitar el artículo del proyecto. Para eso fue importante la labor del sector ambiental y científico, y el informe de la ONU que denunció la contaminación de cianuro, arsénico, mercurio en la zona periglaciar de la mina Veladero,en San Juan, operada por Barrick Gold. La presión social fue indispensable para romper el posible acuerdo.
¿Por qué es importante la Ley de Glaciares?
Los glaciares son la principal fuente de agua de nuestro país y almacenan el 70% del agua dulce del planeta. En Argentina hay aldededor de 14.500 glaciares distribuidos a lo largo de la Cordillera de los Andes. Se ubican en lugares de gran altura y mucha humedad, en donde la nieve se apila hasta que su propio peso hace que la base se transforme en hielo.
Fotos: Pedro Ramos
El más conocido es el Perito Moreno, que funciona como un tapón de hielo que aísla el Lago Argentino, y que fue descubierto por Carlo Moyano y Francisco Moreno a fines de 1879. Esa enorme masa de hielo ilimitada ya existía hace millones de años, siendo la principal fuente de agua de los ríos andinos y las cuencas hídricas de las que dependen al menos 12 provincias.
Pero estas masas de hielo no se quedan quietas, sino que están en constante movimiento. De hecho, su retroceso es alarmante: desde 1990 que vienen perdiendo superficie, de forma acelerada por el calentamiento global. La ONU declaró el 2025 como el Año Internacional de la Preservación de los Glaciares y advirtió: “El deshielo acelerado de los glaciares corre el riesgo de desatar una avalancha de impactos en cascada sobre las economías, los ecosistemas y las comunidades, no solo en las regiones montañosas sino a nivel mundial”.
La reducción de las superficies blancas, encargadas de absorber el calor de la tierra, representa un punto de no retorno para el ciclo del agua. En este contexto de crisis hídrica, el lobby minero encuentra en el gobierno nacional un aliado para avanzar sobre nuestro territorio.
Soberanía en la cordillera
Además de lo ambiental, la modificación de la Ley también podría tener implicancias geopolíticas. Muchos de nuestros glaciares se alzan en zonas fronterizas con Chile, donde los límites no están definidos -tal como sucede con el Campo de Hielo Patagónico Sur, el más grande del hemisferio Sur después de la Antártida-. “El glaciar se mueve como un río, muy lentamente, pero se mueve. Entonces, no sabemos qué parte es de Argentina y qué de Chile”, explicó Andrea Torres,ex brigadista del Parque Nacional ‘El Chaltén’, en la provincia de Santa Cruz, que fue despedida en diciembre de 2024 por su posición política frente a la gestión del parque.
Andréa Torres, ex brigadista de El Chaltén.
¿Qué significa, entonces, que se habilite el avance en la modificación de esta ley? “Nosotros tenemos que proteger nuestra identidad, nuestra soberanía, nuestra historia y nuestro futuro. Porque si no tenemos agua, nuestras generaciones venideras no van a tener nada. Es imposible pensar una vida sin agua potable”, expresó Andrea.
Una ley históricamente perseguida
La Ley de Presupuestos Mínimos para la Preservación de Glaciares y del Ambiente Periglacial se sancionó el 30 de septiembre de 2010, al calor de la militancia socioambiental, hace 14 años. Incluso antes de ser promulgada, ya era una ley molesta para las empresas y los gobiernos.
Foto: Pedro Ramos
En 2008 el congreso había aprobado una primera versión. Esta fue presentada por la diputada radical Marta Maffei, con respaldo político, académico y científico. Sin embargo, a través del decreto 1837/2008, la entonces presidenta Cristina Fernandez de Kirchner la vetó, bajo presión de la empresa minera Barrick Gold que explota yacimientos de oro en Veladero, San Juan, y proyectaba avanzar sobre Pascua Lama.
En 2010, gracias a la organización de las comunidades, asambleas y colectivos ambientales y científicos, finalmente se sancionó la ley que conocemos actualmente. Desde entonces, ha sido perseguida por el lobby minero y distintos gobiernos buscaron flexibilizarla.
En 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri, se intentó modificar la Ley para favorecer al sector minero. Detrás de esta ofensiva estuvieron empresarios como Eduardo Elsztain (Austral Gold y Grupo Irsa), Carlos Miguens (Patagonia Gold), Fernando Giannoni (Barrick Gold) y la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM). Al año siguiente, varios ex funcionarios -entre ellos, tres exsecreatarios de Ambiente- fueron procesados por no proteger el ambiente glaciar en la región sanjuanina.
A lo largo de los años, la intención de vaciar la ley ha sido constante. Las consecuencias siguen siendo las mismas: pérdida de reservas naturales y aumento de sequía en un territorio árido como es el nuestro, mientras que el único favorecido es el negocio minero.“Si esta modificación se concreta, nos encontraremos en la calle. El movimiento social es nuestro modo y habrá que salir a defender la ley de glaciares”, concluyó Sofia Nemenmann.
En los próximos días, el gobierno nacional publicaría un nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que reorganice áreas del Estado. Según fuentes internas, incluiría la disolución del Instituto Nacional de Semillas (INASE), organismo clave para el mercado semillero.
Creado en 1991 y reconstituido en 2004, el INASE es la autoridad de aplicación de la Ley de Semillas. Su función es garantizar la calidad genética y sanitaria de las semillas utilizadas en la producción agropecuaria del país. También regula el comercio, registra variedades y evita la propagación de enfermedades.
Aunque menos conocido que el INTA o el SENASA, el INASE tiene un rol estratégico: es el primer eslabón de la cadena agroalimentaria. Controla semillas tanto de cultivos extensivos, como de plantas de vivero, tubérculos como la papa y bulbos ornamentales. Regula tanto a multinacionales biotecnológicas como a viveros, laboratorios y productores de variedades transgénicas.
“La ensalada que comemos empieza en una semilla que controla el INASE. Si el instituto desaparece, los controles se van a relajar y se compromete la seguridad alimentaria”,advirtió Silvana Babbit, quien fue exdirectora nacional del organismo durante más de dos décadas.
De organismo autárquico a dirección dependiente
El DNU en preparación plantea transformar el instituto en una simple Dirección Nacional de Semillas, bajo la órbita de la Secretaría de Agricultura. Esto implicaríaquitarle autarquía, achicar su planta (la cual no alcanza actualmente a 250 personas) y reducir su capacidad operativa.
“Un organismo que tiene poder de policía, como Inase o Senasa, tiene que poder dar una respuesta inmediata. Si pasa a ser una dirección, cualquier operativo deberá pasar por múltiples niveles jerárquicos. Se pierde agilidad y operatividad y eso va a afectar a todo el agro”, explicó Babbit en diálogo con Desde La Raíz.
Ante una emergencia, los trabajadores e inspectores deberán aguardar una cadena de respuestas, que empieza con un director regional, luego al nacional, luego al subsecretario de Agricultura, al secretario, hasta Caputo como Ministro de Economía. Recién entonces los inspectores comenzarían el operativo.
Por qué el Inase no representa un ‘gasto’
A diferencia de otros entes estatales, el INASE no depende del presupuesto nacional. Se autofinancia con recursos propios -y, de hecho, es considerado superavitario- a través de aranceles cobrados al sector semillero, estampillas que certifican calidad y multas por incumplimientos. “Ese dinero se usa para pagar desde la luz de la oficina hasta los sueldos y capacitaciones. Y, además, si sobra plata del ejercicio anual, se destina al tesoro de la Nación. Es decir, el famoso déficit fiscal cero acá no mueve la aguja: Inase no chupa de las arcas del Estado, todo lo contrario, le aporta” afirmó Babbit, con la misma convicción con la que da clases en la Universidad y apuesta por las políticas públicas de semillas en todo el país.
En 2023, Inase manejó un presupuesto de aproximadamente 10 millones de dólares, de los cuales el 50% se destinó al pago de haberes. En 2024 ese presupuesto se duplicó, aunque los haberes representaron apenas el 25% de ese total.
¿Qué está en juego?
El Inase es, relativamente, un organismo pequeño. Actualmente, cuenta con 235 personas, presididas por Claudio Dunan, a las que hace unas semanas se les informó la situación. El Poder Ejecutivo nacional, llamará a un régimen de retiros voluntarios. Sin embargo, la ex directora Silvana Babbit, aseguró en una entrevista que en el instituto nadie sobra, ya que ella misma se encargó durante su gestión de “sanear” el organismo y hacerlo eficiente.
Entre sus proyectos actuales, el instituto vería desarrollando herramientas tecnológicas claves para impulsar al sector, como la digitalización de lotes de producción de semillas, actas digitales y el uso de inteligencia artificial para registros de variedades.
Pero su función no se limita al agro de gran escala: en los últimos años, INASE hizo un trabajo de reconocimiento de las semillas criollas utilizadas por pequeños productores.“Recuerdo muy bien que un día de muchísimo frío en Gaiman, Chubut, le entregamos a la comuna el título de semilla criolla del citrón, una fruta parecida a la sandía.También en Salta, certificamos títulos a variedades de porotos, y en San Juan a la semilla de alfalfa”, recordó orgullosa Babbit y aseguró que ese trabajo no se cuidaría en la Dirección “por el propio perfil de productor”.
En otra escala, Silvana también recuerda como Inase actuó en 2020 ante la peor sequía de la historia de la Argentina de los últimos 70 años: “Hicimos todos los mecanismos legales necesarios para que no falte la semilla de soja, de trigo, de girasol, para que la sequía no afecte la productividad de la siguiente temporada”.
En un país productor por excelencia como el nuestro, el INASE desempeña un rol fundamental en el abastecimiento de semillas, así como también en la prevención de enfermedades, bacterias y hongos en los cultivos, como por ejemplo, la rabia del garbanzo, el huanglongbing de los cítricos o el virus rugoso del tomate. Todos casos en los que Inase tuvo agencia, tal como asegura Silvana Babbit, quien además es fitopatóloga.
La disolución del INASE se inscribe en una serie de embates más amplios sobre el sistema científico-técnico argentino, que ya afectó al INTA, CONICET y otras instituciones de importancia.
Aunque el INASE no es el más conocido, su desaparición afectaría directamente la calidad de los cultivos, la seguridad sanitaria y la soberanía alimentaria. El Estado dejaría de tener un organismo técnico con capacidad real de controlar el inicio mismo de la cadena agroalimentaria.
Los trabajadores del Instituto de Tecnología Agropecuaria anunciaron este martes que el cierre de la Estación Experimental Agropecuaria región AMBA está muy cerca. El anuncio fue difundido en un comunicado donde advierten que esta medida dejará sin asistencia técnica al cinturón frutihortícola más grande del paísy expondrá a todo el personal al pase a disponibilidad.
El cierre se espera en el marco de un proceso de intervención del INTA impulsado por el Poder Ejecutivo, que va camino a una reestructuración profunda de una institución con casi 70 años de trayectoria. Tal como expresan los trabajadores, se trata de un plan de desguace que incluye despidos, venta de patrimonio y la posibilidad de fusionar al instituto con otros organismos del sistema científico, como el INTI y el CONICET.
La Estación Experimental Agropecuaria AMBA está ubicada en Ituzaingó, Buenos Aires, aunque su alcance se extiende por toda la región. Cuenta con 9 agencias de extensión, emplazadas en las localidades de La Plata, Avellaneda, Escobar, Ituzaingó, Luján, Marcos Paz, Moreno, San Martín y San Vicente. También cuenta con 5 oficinas de desarrollo local ubicadas en Berisso, Exaltación de la Cruz, Florencio Varela, Lomas de Zamora y La Matanza.
En total, la experimental da cobertura a40 municipios, incluyendo CABA. Sus tareas están enfocadas en la agricultura urbana y periurbana, brindando asistencia técnica a productores en una región altamente poblada, la cual alberga a más de 16 millones de habitantes. “En febrero de este año se había definido el cierre de la unidad, pero todavía no tenía resolución. Hoy vemos que la resolución oficial del cierre de la experimental está muy cerca”, anunciaron en el comunicado, asegurando que, a pesar de la gran incertidumbre, en ningún momento se han abandonado las líneas de trabajo en los territorios.
Puntualmente, está experimental tiene contacto con productores agrícolas del cinturón hortícola del Gran La Plata. Además, su trabajo tiene incidencia entre actores productivos de la agroindustria que se desarrolla en las cercanías a los grandes centros de consumo. En este sentido, es una estación que acompaña las demandas de la producción, asi como también los circuitos de comercialización y consumo de alimentos de origen agrícola.
Esta estación es una dentro de la red de estaciones experimentales que el INTA contiene en toda la provincia de Buenos Aires. Las mismas forman parte de su política territorial para la promoción del desarrollo agropecuario y la agricultura familiar. “La situación particular de AMBA no escapa a los planes que tienen Milei y Sturzenegger con el resto del sistema de extensión del INTA”, denunciaron.
Aseguran que se proyecta además el cierre de unas 300 oficinas de extensión distribuidas en todo el país, y que el gobierno nacional busca trasladar esa responsabilidad a las provincias. Frente a este escenario, continúan en estado de alerta y movilización, convocando a distintas acciones en defensa de la institución y del sistema público de ciencia y técnica.
El miércoles 28 por la mañana, Cristian Larsen publicó su carta de renuncia en redes sociales. En ella, el funcionario celebró una gestión por la que, justamente, los trabajadores de Parques Nacionales vienen manifestándose en desacuerdo, caracterizada por despidos, precarización, pérdida de capacidades técnicas y desregulación del turismo en áreas protegidas.
Recordado por gastar 300 mil pesos en un almuerzo mientras la Patagonia se prendía fuego, Larsen se despidió con la “firme convicción de continuar aportando a las ideas de la libertad desde otro lugar”, tal como expresó en su carta. Ese ‘otro lugar’ parece ser el campo electoral. Después de un año y medio al frente de APN -sin experiencia ni capacitación en gestión ambiental-, Cristian Larsen, participará en el armado de listas de La Libertad Avanza (LLA) en Santiago del Estero, de cara a las elecciones de octubre.
En verdad, su renuncia no fue sorpresa para nadie. El ex-funcionario coordinó su salida en una reunión en Casa Rosada mientras que entre los trabajadores se esperaba tarde o temprano la renuncia de un director más comprometido por seguir la línea del gobierno nacional que por propulsar y mejorar su organismo. Lo que queda tras su paso es un retroceso: debilitamiento del cuerpo de guardaparques, desarticulación de equipos técnicos y una política ambiental subordinada a los negocios privados.
Cristian Larsen junto a Javier Milei y Karina Milei. Foto posteada en su Instagram.
Ahora bien, ¿Cuál fue la política de Larsen en APN?
En el verano, los incendios forestales en Río Negro, Chubut y Neuquén lo pusieron a prueba. Estuvo al frente del organismo durante el peor ciclo de incendios en la región de las últimas tres décadas. En total, en estas provincias se quemaron casi 32.000 hectáreas entre octubre de 2024 y marzo de 2025, según un relevamiento de Greenpeace. Esto es cuatro veces más que en el mismo periodo del año anterior. Mientras los brigadistas denunciaban falta de recursos y respuestas tardías, Larsen apuntó contra las “falsas organizaciones mapuches” como responsables del fuego.
Pero si hubo una decisión que marcó su gestión fue la desregulación del turismo en 39 parques nacionales. En marzo, junto con el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y el presidente Javier Milei, Larsen firmó las resoluciones 61/25 y 62/25.
Bajo la bandera de “la libertad”, flexibilizaron los permisos para operar servicios turísticos dentro de las áreas protegidas y eliminaron los requisitos para ejercer como guía oficial. Desde adentro del organismo, los trabajadores advierten que esta apertura es explícitamente una retirada del Estado que pone en riesgo tanto la conservación de los parques, la seguridad de visitantes y el control ambiental. “No estamos en contra de incentivar el turismo, pero sí de abrir los parques al negocio sin controles. Lo que llaman ‘trabas’ son análisis técnicos para evitar daños ambientales. Por algo son parques nacionales y no parques de diversiones”, explicó en diálogo con este medio Alejo Fardjoume, delegado de ATE Parques Nacionales.
Fardjoume anunció que desde marzo del año pasado se han despedido 150 trabajadores, se han estancado los salarios y desfinanciado estudios técnico científicos. “En los parques no sobran trabajadores, faltan. Siempre faltan más brigadistas, guardaparques, técnicos, administrativos y científicos. Sin ellos, no hay conservación posible”. Pero, principalmente, destacó que lo que está en juego no es solo el empleo, sino la labor de Parques Nacionales en los territorios.
“La visión es generar negocios”… para unos pocos
La desregulación no llega sola. Se acompaña de un discurso que promueve “abrir los parques a más gente”, pero que -según denuncian desde adentro- esconde otros intereses. “Detrás del discurso de ‘abrir los parques’ se esconde la habilitación de negocios para sectores privados, incluso para quienes ya tienen propiedades dentro de áreas protegidas que, en muchos casos, son parte del 1% más rico de la Argentina”, asegura Fardjoume.
Uno de los ejemplos más concretos es el caso de la Isla Victoria, en el Parque Nacional Nahuel Huapi, donde se barajan proyectos para habilitar desarrollos de pesca, casas privadas y hoteles. “La visión es generar negocios. La posibilidad de hacer de parques una oportunidad de lucro para los mismos de siempre, a costa de los trabajadores, la biodiversidad y el sentido público de los parques”, señala.
¿Para qué existen los Parques Nacionales?
Sin dudas, los parques tienen un sentido ambiental y de conservación ecológica. Pero también su sentido corre en términos de soberanía territorial y proyecto nacional. Es decir, cuando hay proyectos de otros, de afuera, sin control del estado nacional, Argentina pierde poder de decisión, de autonomía y de proyección a futuro.Tal como dice Alejo: “Atrás de los negocios, se esconde una pérdida de soberanía y del control territorial que tiene que tener Parques”, dice Alejo Fardjoume. “Vamos a quedar abiertos a que venga cualquier fundación, ONG, con quienes está buenísimo trabajar pero no que sean quienes llevan el mando. Eso se debe definir como política pública, desde APN y con otros organismos como el CONICET, el INTA, las universidades, las provincias, los municipios y las comunidades locales”.
La lógica del recorte presupuestario choca de lleno con los tiempos de las políticas de conservación. “Los efectos de desarmar áreas técnicas no se ven hoy, pero en unos años vamos a lamentarlo”, advierte el delegado. Por ejemplo, en abril de este año, tras 30 años de trabajo científico, se logró reintroducir al huemul en el Parque Nacional Lanín, una especie de ciervo emblema de la Patagonia.
Además, en todo el país, los Parques Nacionales y las áreas protegidas generan desarrollo en las economías regionales, impulsan emprendimientos y son clave para el turismo local y nacional.
Quizás, antes de firmar resoluciones que profundizan la concentración de riquezas, sería oportuno que quienes ocupan cargos de este estilo agudicen su mirada no sobre el horizonte político, sino sobre el organismo que tienen a su cargo.
Este es un gobierno que llegó al poder prometiendo combatir privilegios, ‘ñoquis’ y castas enquistadas en el Estado. Sin embargo, es inevitable preguntarse si no hay algo profundamente contradictorio en ocupar un cargo clave durante menos de dos años, renunciar sin rendir cuentas, y reorientar esa experiencia política hacia la proyección personal dentro de un armado electoral.
Durante el primer cuatrimestre de 2025, la importación de productos alimenticios se disparó, a partir de decretos y medidas de apertura comercial impulsadas por el gobierno de Javier Milei. Lejos de traducirse en una baja de precios al consumidor, muchos alimentos muestran grandes aumentos, acompañados de una creciente crisis en sectores productivos de todo el país.
En enero de este año, el gobierno nacional firmó el Decreto 35/2025, que modificó el Código Alimentario Argentino (CAA) para facilitar la importación de alimentos y envases desde otros países. Esta desregulación, definida por Federico Sturzenegger como ‘revolucionaria’ libera ciertos controles técnicos y trámites que el CAA exigía en pos de resguardar y controlar los productos que llegan a góndola.
En ese momento, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado aseguró que la medida se traduciría en alimentos más baratos para los argentinos. Sin embargo, cuatro meses después, esto no es exactamente lo que ocurrió.
Productos tales como la carne, la manteca, el limón, la yerba mate -todos con una producción local consolidada- se han incrementado significativamente en importación en el último año. Veamos en detalle:
La calidad de la carne argentina es mundialmente reconocida. Sin embargo, en 2025, Argentina llegó al punto de importar cortes populares, como el asado. El Instituto para el Desarrollo Agroindustrial, informó que actualmente las importaciones de carne vacuna alcanzan las 1.200 toneladas mensuales, mientras que en el sector porcino ya se importan 5.700 toneladas al mes.
Según CESOP, en el último año la importación de carne vacuna (nalga) aumentó un 2.091%. Lo mismo ocurre con productos como la manteca y la yerba mate, cuyas importaciones crecieron un 1.225% y 580%, respectivamente.
Además, entre los productos que más crecieron se destacan las zanahorias (con un aumento del 2.182%), importadas principalmente desde Brasil, y el limón (un aumento del 2.013%). También se registra un alza de importación del 562% para el tomate envasado.
No obstante, la apertura comercial no se tradujo a precios más bajos. Las zanahorias aumentaron en el último año un 41,99% y el limón un 108,64%. La carne vacuna subió un 62,97%, la manteca un 42%, la yerba un 9% y el tomate envasado un 27%.
Impacto en la producción y el trabajo
Estos aumentos de precios se dan incluso en un contexto de fuerte recesión del consumo y caída de ventas. Además, esta política afecta directamente los mercados de producción y las economías regionales.
Según los gremios del sector de la carne y derivados, al menos 120 trabajadores fueron despedidos en 2025, como consecuencia del desplome del consumo interno y la baja de las exportaciones. Mientras tanto, en la zona sur de Mendoza, productores de tomate declararon que esta última temporada tuvieron que desechar toneladas de tomate, al no poder competir con los tomates importados.
En Río Negro, los productores del valle, denuncian que los precios se mantien congelados respecto a la temporada anterior, lo que reduce notablemente su poder adquisitivo. En Misiones, por su parte, los trabajadores de la yerba mate cobran con cheques a 60/90 días.
“En consecuencia, podemos afirmar que el actual plan económico no solo ha sido ineficaz para contener el alza de los precios de los alimentos, sino que además comienza a generar un daño estructural en el entramado productivo nuestro país”, informó CESOP.
De este modo, mientras crecen las importaciones, se debilita la producción local y se precariza el empleo en sectores clave para la soberanía alimentaria de nuestro país.
Un recorte de un diario impreso circula en redes sociales el sábado 17 de mayo. La imagen se replica una y otra vez en las pantallas. Son cientos de usuarios los que, ahora, comentan y comparten en simultáneo el titular que los tiene absortos: nadie lee nada. “Páguenle a Leticia”; “La aplaudo de pie”; “No pagar es un ataque al periodismo y las leyes laborales”; “En unas horas casi 800 mil personas la leímos”, escriben algunos. No fue una metáfora ni algo pasajero. Efectivamente los únicos que no estaban leyendo eran las autoridades del medio.
Leticia Martin es la protagonista de esta historia y la mente audaz detrás de la última columna publicada en el diario Perfil. Escritora, editora y licenciada en comunicación, Leticia supo poner en palabras su propia situación laboral y develó las condiciones de precarización salarial que actualmente enfrentan los y las trabajadores de prensa en todo el país. Luego de que el recorte circulara en grupos de WhatsApp de colegas, la bronca comenzó a acrecentarse. Y, con el correr de las horas, los teclados del home office y los pasillos de las redacciones se agitaban en un enemigo común: los dueños de sus caracteres.
“Yo envié la columna el jueves con ese título ‘canchero’ señalando que ‘hay que leer’, pensando, bueno, es una invitación a que me paguen rápido y me digan, ‘Mañana escribí la columna boluda’. Había un día más, esperaba que me digan ‘Mandá la buena, esto es un juego’. Pero en algún lugar inconsciente yo sabía que esto podía pasar, ¿no?”, contó en diálogo con Desde la Raíz.
La asfixia llegó con letargo 12 horas después para las autoridades del diario, y la nota fue bajada del portal web antes del mediodía. Sin embargo, los impresos sabatinos del diario Perfil ya circulaban. Su columna se había hecho viral. En ella denunció que el medio de comunicación de Jorge Fontevecchia le adeuda seis meses de pago, el cual es apenas de $50.000 mensuales y hace un año no percibe aumento:
“Ya hace más de un año que escribo esta columna semanal para PERFIL; un trabajo que implica compromiso, un deadline, tener palabra y encontrar una forma. Que también creí implicaba cierta trayectoria. Pero hace seis meses que no recibo el pago por mis servicios. Ni el pago ni un aumento, como si los servicios o el costo de vida no hubieran aumentado”.
Ese sábado, Leticia Martín fue tendencia en X.
“Se viralizó, ¡cumpliste tu objetivo!”, es la frase con la que la autora comienza su texto. En medio del revuelo, la columna fue resubida al sitio web –no sea cosa de perderse el clickbait o ser acusados de censura por FOPEA–. Después de todo, sin embargo, hay algo que Leticia comprueba: el éxito de la viralización no paga los sueldos.
“Yo pensé, ‘bueno, en el peor de los casos me quedo sin este laburo, van a llegar otros lugares donde publicar’. La verdad es que ya lo estaba haciendo solo por prestigio, estaba trabajando gratis y ya tengo otros lugares donde trabajo gratis”.
Pero el martes Leticia recibió una llamada.
—¿Vas a mandar la columna para el sábado? No te vamos a castigar por esto, el espacio lo tenés —apuntó del otro lado de la línea el director de uno de los diarios con mayor prestigio en nuestro país.
—¿Ustedes revisaron algo respecto a lo que la columna decía? ¿o me estás pidiendo que siga trabajando en las mismas condiciones?
—Bueno, vos sabés que acá plata no hay, no puedo asegurarte las fechas de pago.
En esa charla no hubo nada nuevo. Leticia ya lo había escrito en la columna: “Pero acá estoy, y si escribo columnas que tal vez no me paguen, las escribo como si a alguien le importara leerlas, como si fueran un trabajo y recibiera a tiempo la remuneración por ser eficiente y responder, como si no me hicieran sentir que les da igual, que cualquiera estaría dispuesto a reemplazarme mañana mismo”.
En este diario de la Capital Federal, hay 2500 caracteres libres para Leticia. Hay un espacio condecorado de honor y prestigio al que cuesta llegar, pero al que no se lo puede llamar ‘trabajo’ porque no comprende lo que necesita para serlo: un salario digno. Así, la figura del colaborador o colaboradora externa de un medio es funcional a un modelo que reduce costos, mientras se sostiene con el pluriempleo y la precarización.
Paritaria para los trabajadores de prensa: afuera
La denuncia de Leticia Martín puso en evidencia que su realidad no era un caso aislado, sino una problemática de muchos profesionales del ámbito. Agustín Colombo, periodista y delegado de SiPreBA en Perfil, amplió en sus redes: “Ahora es Leticia, pero son decenas los que cobran mal y tarde. No es solo una cuestión salarial, es algo más profundo: condiciones de laburo terribles, multitareas sin recursos y sin tiempo porque todos tenemos tres, cuatro o cinco trabajos”.
Los datos del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBa) revelaron, en 2023, que el 71% de los trabajadores de prensa estaban precarizados. Por su parte, en la ciudad de La Plata y alrededores, el Sindicato de Prensa Bonaerense (SiPreBo), expuso en 2022 que 8 de cada 10 trabajadores de prensa tenían salarios por debajo de la línea de pobreza. Además, para ese entonces, 3 de cada 10 trabajadores percibían salarios por debajo de la línea de indigencia.
Respecto a la pluralidad de empleo e informalidad, el Relevamiento de Condiciones Laborales de SiPreBo indicó que el 68% de los y las laburantes necesita tener más de un trabajo y un 26% desempeña su labor de manera no registrada. “Si bien los datos son de hace tres años, la situación no varió demasiado, en todo caso empeoró. Los datos más salientes de nuestra actividad siguen siendo el pluriempleo y los salarios bajos”, expresó David Barresi, Secretario General del gremio.
La columna de Leticia llega en un álgido momento de reclamo salarial de los trabajadores de prensa, y en particular, de los trabajadores de Editorial Perfil. En un contexto de ataques a la prensa por parte del gobierno de Javier Milei, la saña fue explícita contra el periodista y propietario del diario Perfil Jorge Fontevecchia.
La primera semana de mayo, durante la presentación del libro “Fontevecchia vs. Milei” en la Feria del Libro, un grupo de trabajadores de prensa irrumpió para reclamar mejoras salariales y exigir la firma de paritarias. “Necesitamos que la prensa escrita se siente en la Secretaría de Trabajo a firmar las paritarias. Están hambreando al periodismo”, expresaron alzando carteles. Frente a ellos estaba el mismísimo Fontevecchia, y el editor general del diario Clarín, Ricardo Roa.
Foto: Rolando Andrade / SiPreBA
Actualmente el salario básico de un trabajador de prensa es de $521.000, con colaboraciones de $13.000 por nota. Con esos salarios, los trabajadores de prensa están obligados a desdoblarse en dos, tres y hasta cinco empleos para poder garantizar un ingreso que les permita superar la canasta básica alimentaria, hoy en $1.100.266.
Hace una semana, desde SiPreBa resolvieron rechazar la última oferta salarial de La Asociación de Editores de Diarios de la ciudad de Buenos Aires (AEDBA), integrada por los principales medios de prensa escrita como Clarín, La Nación, El Cronista, Página/12, Perfil y Crónica. Además, se convocó al cese de tareas en las redacciones del 21 al 23 de mayo para visibilizar la situación a la que se enfrentan sus trabajadores.
No es favor, es trabajo
“No pensé que iba a tener semejante repercusión. Sí puertas adentro, entre los columnistas que igual que yo reclaman por mail que cobramos una miseria y cuando se les canta. Entre nosotros se contaba mucho la anécdota de que Rodolgo Fogwill cuando escribía su columna y no le pagaban, llamaba por teléfono y decía: ‘Hijos de put*, si no me pagan, no les mando la columna y que se cagen’. Ahí le pagaban sobre el filo y él mandaba la columna que ya tenía escrita. Siento que un poco ese espíritu del viejo irreverente me habitó”.
Como si el espíritu “viejo e irreverente” de Fogwill la hubiese habitado por un rato, Leticia escribió su columna para Perfil sin siquiera pensar en que podía ser la última. Adjuntó la nota al mail de los editores y pidió la actualización de sus honorarios que seguían estancados desde marzo de 2024.
“Llegué a esta instancia por hartazgo de sentir que el trabajo de las mujeres, o de los trabajadores en general, no se considera trabajo, sino un favor o una gauchada”.
Figuras como Beatriz Sarlo, Pedro Mairal o Rafael Spregelburd –al que Leticia suplanta– habían ocupado el mismo espacio de opinión en el diario. Para ellos, la situación no había sido diferente. En los pasillos de la redacción, algunos periodistas alcanzaron a presenciar desde sus cubículos a Beatriz agitando sus manos en el aire con vehemencia en la oficina del director de la empresa. Exigía, como muchos otros, el pago atrasado por sus colaboraciones.
El caso de Leticia Martin no es una excepción, sino un síntoma de la precarización estructural que atraviesa el periodismo argentino. Visibilizó lo que muchos viven y aguantan día a día: salarios congelados, pagos demorados, pérdida del valor de la palabra, deslegitimación del trabajo periodístico, desprotección para quienes ponen en circulación todos los días la información y las ideas.
Si escritoras con prestigio no cobran sus chirolas, ¿Qué queda entonces para un colaborador incipiente? ¿Quién puede seguir haciendo periodismo en estas condiciones? Hoy son cincuenta mil pesos de honorarios por mes con seis meses de demora.
