Hace 80 años el general Manuel Nicolás Aristóbulo Savio presentaba el Plan Siderúrgico Nacional, eje fundamental para el desarrollo de la industria pesada en nuestro país, la defensa nacional y la soberanía.
El 10 de junio de 1944, el entonces coronel Juan Domingo Perón, ministro de Guerra, dio una conferencia en el marco de la inauguración de la Cátedra de Defensa Nacional de la Universidad Nacional de La Plata. Habían pasado apenas cuatro días del desembarco de Normandía, el mundo seguía inmerso en la Segunda Guerra Mundial y la Argentina sostenía todavía su posición de neutralidad.
Lejos de limitarse a una concepción estrictamente militar, Perón planteó allí que la Defensa Nacional involucraba al conjunto de la sociedad y abarcaba todas las dimensiones del desarrollo del país: las riquezas naturales, la industria y la producción, los medios de transporte, las vías de comunicación. En esa intervención —que puede leerse como uno de los momentos fundacionales del ideario justicialista— sostuvo que la defensa efectiva de la Nación se asentaba en el fomento de una poderosa industria pesada, con un Estado activo capaz de orientarla y desarrollarla. La base de este pensamiento estaba en la articulación entre la sociedad civil, las fuerzas militares y la industria.
En esa misma línea se encontraba el general Manuel Nicolás Aristóbulo Savio, nacido en Buenos Aires en 1892. Descendiente de inmigrantes genoveses, fue parte de una generación de militares intelectuales que pensó en profundidad los problemas nacionales. Savio encontró probablemente en la década del cuarenta el momento más estimulante de su carrera, cuando su persistente obsesión por el desarrollo de una industria metalúrgica como motor de la industrialización y del autoabastecimiento militar dejó de ser una convicción personal para comenzar a transformarse en una realidad.
Al igual que Perón, Savio tuvo en un viaje a Europa durante la década del veinte una experiencia decisiva. Desde el corazón del mundo industrial pudo observar, en Francia y Alemania, no solo el despliegue militar, sino el entramado productivo que lo sostenía. Allí comprendió que la fortaleza de las potencias no residía únicamente en sus ejércitos, sino en la capacidad industrial que los respaldaba. Fue un estudioso destacado, el mejor de su clase, y dedicó buena parte de su carrera a la formación de ingenieros en el ámbito militar. El historiador Fermín Chávez lo definió como un “temático obsesivo”, de esos que, gracias a sus tercas fijaciones nacionales, contribuyen a la toma de conciencia sobre cuestiones básicas para el destino del país.
El Plan Savio
Fruto de esa tenacidad y de un contexto histórico excepcional surgió el Plan Siderúrgico Nacional. Desde comienzos de la década del cuarenta, Savio desempeñó un rol central en la planificación de la industria pesada argentina. En 1941 fue designado director de la Dirección General de Fabricaciones Militares, creada ese mismo año por el presidente Ramón Castillo ante la necesidad de garantizar el abastecimiento de armamento en un mundo atravesado por la guerra.
Los conflictos bélicos que sacudían a Europa desde la década del treinta y las crecientes dificultades para importar insumos estratégicos habían puesto en evidencia la vulnerabilidad del país. A ello se sumaban la posibilidad concreta de que la Argentina se viera arrastrada a un conflicto internacional, la necesidad de profundizar la sustitución de importaciones y el descubrimiento de yacimientos mineros, que en 1943 ya había permitido la creación de los Altos Hornos de Zapla, bajo la órbita de la Dirección de Fabricaciones Militares. Todo ese escenario abrió una oportunidad histórica para impulsar el crecimiento de la industria pesada y diversificar la matriz productiva nacional.
Para Savio, la industria del acero era el pilar de ese proceso. “Sin ella seremos vasallos”, advertía.
El Plan Siderúrgico Nacional fue presentado como proyecto de ley el 24 de enero de 1946 y aprobado por el Congreso bajo la Ley 12.987, sancionada en junio de 1947. En su elevación al Poder Ejecutivo, Savio dejaba en claro el objetivo que se perseguía: “Entendemos que la industrialización del país es imprescindible e impostergable como factor de equilibrio económico-social y de afianzamiento de nuestro progreso general, en una medida adecuada en relación con nuestra fuente de vital riqueza”.
El Plan Savio establecía entre sus principales lineamientos la producción de acero y el abastecimiento a las industrias del país a precios que se aproximaran, en lo posible, a los vigentes en los principales centros de producción extranjeros. Asimismo, propiciaba la acción directa del Estado en la etapa de terminado solo para materiales destinados a la Defensa Nacional y los servicios públicos, dejando el resto del mercado libre para el desarrollo de la iniciativa privada. Finalmente, el plan dio nacimiento a la Sociedad Mixta Siderurgia Argentina (SOMISA), una alianza estratégica entre la Dirección General de Fabricaciones Militares y los industriales siderúrgicos, en la que el Estado retenía el control estratégico, pero abría el juego al capital privado.
SOMISA y el rol del capital privado
La creación de la Sociedad Mixta Siderurgia Argentina supuso, en la mirada del general Manuel Savio, un paso importante para el desarrollo nacional, puesto que el plan aprobado era el camino para que el país alcanzara su independencia económica. La planta de SOMISA fue instalada en Punta Argerich, sobre el río Paraná, cerca de la ciudad de San Nicolás, y estuvo conformada inicialmente por un 80 % de capital estatal y un 20 % privado. Este esquema, habilitado por la Ley 12.987, permitía la participación del capital privado hasta un 49 % de la sociedad mixta, quedando el 51 % siempre en manos del Estado.
La Dirección General de Fabricaciones Militares ejercía de este modo la supervisión del programa siderúrgico, que incluía también la participación de empresas privadas y mixtas. El Estado planificaba la acción a largo plazo, pero se consideraba imprescindible la participación del capital privado para liberar ese proceso de toda influencia burocrática.
El despegue de la industria nacional
Gracias a la gestión de Savio al frente de la Dirección General de Fabricaciones Militares, en menos de siete años el organismo llegó a contar con doce plantas industriales equipadas con tecnología de avanzada para la época. Se establecieron fábricas de armas y municiones de artillería en Río Tercero y una planta de producción de tolueno sintético en Campana, lo que marcó el inicio de la industria petroquímica en la Argentina.
Si bien en sus comienzos Fabricaciones Militares estuvo orientada principalmente a abastecer al Ejército, para 1953 el 80 % de su producción correspondía a bienes de consumo general. Ese proceso permitió que el país comenzara a producir rieles, chapas navales, perfiles para la construcción y carrocerías, sentando las bases del desarrollo de la industria automotriz y de la fabricación de aviones como el Pulqui I y el Pulqui II.
Toda esta obra nacional se llevó a cabo a pesar de la falta de afinidad personal que existió en ciertos momentos entre Perón y Savio; de hecho, este último llegó a alinearse en la vereda opuesta durante los sucesos de octubre de 1945. Sin embargo, ello no impidió que, una vez en la presidencia, Perón apoyara fervientemente el Plan Siderúrgico, incluso contra la opinión de algunos de sus propios ministros. Ambos entendían que el interés del país estaba por encima de cualquier inquina personal.
SOMISA llegó a convertirse en la planta siderúrgica integrada más grande de la región, aunque Savio no alcanzó a verla en funcionamiento. Murió en 1948, doce años antes de su inauguración oficial, realizada el 25 de julio de 1960 durante la presidencia de Arturo Frondizi. Durante décadas, la empresa fue la columna vertebral de la industria nacional, hasta su privatización total en los años noventa, cuando pasó a manos del grupo Techint. Con ello se perdió un eslabón fundamental en la concepción de un país capaz de sostener su desarrollo sobre la base de su propia producción.
Los incendios se multiplican en la Comarca Andina. Intencionales o provocados por un rayo, las llamas en Puerto Patriada, Epuyén y Lago Menendez desataron el hartazgo de una comunidad chubutense golpeada. Mientras las autoridades provinciales se abocan a responder, sin éxito, quiénes están detrás del fuego, los brigadistas, bomberos y vecinos autoconvocados batallan otra vez cuerpo a cuerpo contra el único combustible que hace que los focos se multipliquen: el abandono estatal.
Puerto Patriada: la señal de alerta —¿Eso es humo?
A las dos de la tarde, en los dormis del complejo Punto Puerto Patriada, donde viven Francisco Bennett y su familia, un turista señala la columna de humo gris que asciende desde el bosque sobre la Primera Cantera, a pocos kilómetros de donde se encuentran ellos. Es 5 de enero de 2026. Pero a esa hora de la tarde, con 30 grados inaugurando la temporada turística, el escenario catastrófico todavía no está ni cerca.
—Pensamos que no era nada —dice Francisco, agitado, a cuatro días de haberse desatado el incendio. De fondo el ruido de un motor acompaña la cadencia de sus palabras. La motobomba permanece activa para abastecer a todo el complejo que sigue aislado, sin luz ni agua.
Una hora después, una llamarada roja en la montaña se avista desde la orilla del lago. Enseguida dan aviso a los bomberos, que llegan en minutos a la zona. La sirena a lo lejos se mezcla con el murmullo del agua que golpea las piedras en la costa. Las preguntas de los turistas empiezan a sucederse como un huracán: qué hacer, a dónde ir, qué pasa si llega el fuego hasta ellos. La policía llega a la zona más tarde y cierra la única vía de acceso que conecta con El Hoyo, ubicado a 14 kilómetros de distancia.
De Puerto Patriada, a las cuatro de la tarde, nadie entra y nadie sale.
—Había gente de El Hoyo, vecinos, que querían subir a ayudarnos, a traer una parte más de la manguera, y no los dejaron pasar —explica Zoe Horiszny, novia de Francisco. En su voz se yergue la adrenalina de la soledad que los rodeaba en aquel momento y que aún persiste.
—Tratamos de calmar a la gente. Preparamos la motobomba, para tenerla ya por las dudas.
Las chispas avanzan con violencia sobre el pasto reseco. Devoran raíces, ramas, troncos, hasta convertirse en llamas de más de 20 metros de altura. La brigada comienza a actuar sobre la ladera, pero el fuego es más rápido. Francisco corre de un lado a otro para ayudar a su familia a cargar agua en lo que encuentran a mano: un balde, un bidón, o la manguera de emergencia. Zoe es la encargada de grabar con su celular cada pieza de ese escenario como una cineasta nata. Cuando las chispas se arriman a uno de los dormis, la luz se apaga y el tanque deja de cargar. Francisco corre a prender la motobomba con la que cargan el tanque australiano, una especie de pileta de metal con la que abastecerse con agua del lago. Lo único que tienen a mano.
Para la noche, el fuego ya se había acercado a la confitería y las chispas saltaban sobre uno de los techos, donde la resina del pino acumulado se encendía con rapidez. A escasos centímetros, junto a las mesas de pino barnizadas, las raíces de un viejo coihue se aferran a la tierra como garras. “Era el coihue o la confitería”, recuerda Zoé.
Cuando el fuego deja la zona, el escenario es devastador. Algunos árboles ennegrecidos caen al suelo. Las cenizas se acumulan sobre el pasto reseco. El viento no ayuda. La familia socorre a sus vecinos para salvar las tres casas y la estancia que se encuentran en medio del bosque, justo hacia dónde se encamina el fuego. Nuevos focos encienden la señal de alerta que, dos días después, acabarán por alcanzar el cerro Pirque y rodearlo hasta llegar a Epuyén.
Una montaña encendida, un pueblo incomunicado. Información que viaja y se distorsiona. El escenario se vuelve caótico.
Epuyén: un pueblo hecho cenizas.
Es jueves 8 de enero y el fuego rodea la localidad de Epuyén. Los bomberos y brigadistas siguen trabajando, con sueldos de casi $860 mil que no alcanzan a cubrir la canasta básica según datos del INDEC. El incendio se expande en tres direcciones sobre el Cerro Pirque, Epuyén y valle del arroyo Minas. El aire quema, el suelo tiembla, el humo borra el horizonte. El personal operativo de casi 560 personas no da a basto y los vecinos se organizan para salir a ayudar con lo que tienen.
El avión hidrante de la provincia carga agua en el lago Epuyén y sobrevuela la zona de El Pedregoso. Pero a las nueve de la noche las llamas se descontrolan con las fuertes rafagas de casi 50km/h, y cruzan la Ruta Nacional 40 entre El Hoyo y Epuyén, a la altura de Los Paredones. Desde la municipalidad extienden el comunicado de una posible evacuación. “Es angustiante ver cómo se quema todo loco, todo. Ver llorar a los brigadistas, te destruye”, dice Maxi Jonas, fotógrafo de Puerto Madryn de Chubut, en la cobertura que está haciendo desde su instagram.
A esa hora ya son más de 4.000 hectáreas las afectadas, y no hay forma de detener el ritmo frenético de ese fuego rebelde.
A pocos kilómetros, el panorama se encrudece en el aserradero de madera nativa de Gustavo Alfredo Franco. Las llamas empiezan a tomar parte del terreno de El Coihue, uno de los cerros que se ubica en la ruta 70 de ingreso de El Maitén. Desde el aserradero piden ayuda a través de las redes sociales, para evitar que el fuego avance sobre las líneas de energía cercanas que abastecen a las localidades de Puerto Patriada, Epuyén, El Hoyo y Cholila. Un día después, el pueblo quedaría aislado.
Jairo Rayel, de 30 años, no duda al ver ese anuncio: de inmediato prepara sus botas, su mochila con frutos secos y algún abrigo, y sale con lo puesto de su casa en El Maitén, donde vive con su pareja y su hija de 3 años. Apenas se acercan al kilómetro 6 a las 10 de la mañana del viernes 9, la señal se pierde. Jairo agarra su handy y escucha con claridad: piden totem, contenedores de agua que caben justo en la caja de una camioneta 4×4, y más personas para ayudar a armar cortafuegos alrededor de las viviendas.
Al llegar al lugar, los frentes ya se habían expandido sobre la chacra de la ruta 70, hacia atrás cerca de la laguna Mercedes, y cruzando el río Epuyén que nace en el lago con el mismo nombre.
—Había focos por todos lados. Nosotros nos encontrábamos con distintas personas y nos juntabamos en grupos para ayudar a la gente que ya estaba ahí. Con abastecimiento, mangas o simplemente metiéndonos dentro del fuego para contenerlo.
Con 11 años de experiencia como bombero voluntario, Jairo recuerda la sensación que lo recorría ese fin de semana. “Nunca vi un incendio de tal magnitud”, dice, y no solo por lo que ve con las llamas ya extintas, sino también por lo que se vive en medio de la noche sin luz y sin señal.
Con pocas horas de descanso, trabajando día y noche frente a un incendio que no da tregua, una vianda con comida y una botella de agua llegan a sus manos. En los relevamientos, alguien se acerca y les ceba un mate. “Es un incendio que nos va a marcar a todo el sur completo”, recuerda.
Después de la lluvia de la tarde del domingo 11, la ruta 40 era un campo de cenizas.
Cristina Lucha sale al patio de su casa a buscar a su marido cuando escucha la sirena de los bomberos acercarse al barrio. Su marido, Oscar Marquez, está podando el césped con las orejeras puestas.
—Negro, me parece que hay incendio. Mirá el humo.
La columna de humo negro se instala detrás de la escuela N°9 Mariano Moreno de Epuyén. Cristina y Oscar alcanzan a verlo desde el patio de su casa, cerca de la avenida Los Retamos, y a escasos metros de una montaña que, hora después, irradiará de calor.
Un año después, lo que más recuerda Cristina son los ruidos.
—Yo nunca había escuchado el bramar del fuego. Le decía a mis hijas: “chicas, ¿qué es eso?”. Porque el avión no andaba a esa hora. Y era el fuego que cuando toma esa cantidad de pinos hace un ruido muy fuerte. Horrible.
Era el rugido del fuego consumiendo cipreses, ñires, y demás especies de bosque nativo, los chispazos de las piñas de los pinos que saltaban en el suelo, las sirenas de los Vehículos que iban y venían, el canto de los pájaros que huían. Cristina pensó que perdían todo. Lloraba antes de salir con sus hijas para El Bolsón. Ninguna estaba preparada para una evacuación. ¿Qué guardar en la camioneta? ¿Qué recuerdos entran en una valija? Oscar, por su parte, aún tenía esperanza, y fue esa la fortaleza que lo hizo quedarse con su cuñado en la casa que lo vio crecer. Llevan 46 años de casados, pero en tanto tiempo jamás habían visto un incendio tan cerca.
—Estábamos tapados de humo y con ceniza. No podíamos respirar bien.
La irregularidad con la que avanzaba el fuego llamaba la atención de Oscar y Cristina. Como un tablero de ajedrez, las chispas saltaban descontinuadas, y dejando atrás sectores ardiendo y otros libres. Ese verano, un conocido de Oscar y Cristina salvó su casa gracias a la fila de álamos que no habían cortado. Arrojados a la suerte, y porque el viento iba en dirección opuesta, justo hacia arriba en la montaña, el fuego se alejó y la pareja logró salvar su casa.
Pero hay una sensación que queda latente en el cuerpo. Una señal de alarma, como dormir con un ojo abierto cada verano.
—Es la sensación de perder algo, porque vos sabes que eso después no va a estar —dice Cristina, que está por cumplir 70 años dentro de poco.
El 15 de enero de 2025, 72 familias de Epuyén quedaron con lo puesto. Dos semanas después, la localidad de Mallín Ahogado fue afectada por otro incendio, que reforzó las sospechas de la intencionalidad detrás del fuego en la cordillera de Chubut. El gobernador, Ignacio Torres, gestionó ante Nación $7 mil millones para la reconstrucción de Epuyén. Durante ese año, vecinos y vecinas de la asamblea Reconstruyendo Epuyén viajaron a Rawson en varias oportunidades para denunciar que el monto apenas les alcanzaba para cubrir el gasto en materiales de una construcción mínima, sin incluir mano de obra.
Después de la lluvia, el alivio
—No alcanzamos a reponernos del incendio de 2025 cuando se desata este que fue peor —cuenta Jesica Santana desde la oficina de servicios públicos de la localidad afectada.
La combinación de la sequía, con cerros prácticamente sin nieve acumulada, con precipitaciones escasas, con plaga de pinos altamente inflamables, entre otros factores, forman parte de una lista interminable de posibles causas que podrían haber desatado el incendio.
Según explica Javier Grosfeld, biólogo, técnico del CONICET, y exsecretario de bosques de la provincia de Rio Negro en esta nota, “con los incendios de los últimos años, se fue generando un desierto verde de pino radiata, que crece a muy altas densidades, a 100 mil especies por hectárea. Es enorme. Tiene dinámica de invasión de una especie que se adapta muy bien al fuego”.
¿Se podría haber evitado esta catástrofe?
—Los brigadistas, bomberos y gente que se sumó al combate hizo lo que más pudo. Pero lamentablemente depende también de las órdenes jerárquicas —confirma Jesica sobre lo que se comenta entre vecinos de la zona no solo sobre Epuyén, sino también sobre el Parque Nacional Los Alerces.
Se habla entre los pobladores que se podría haber evitado. Según datos oficiales analizados por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), en 2025 el gobierno nacional dejó sin ejecutar el 25% del presupuesto asignado al manejo del fuego, lo que equivale a casi $20.000 millones. La comunidad reclama más prevención, concientización y presencia del Estado. Porque con un posteo de agradecimiento al trabajo de los brigadistas hecho con inteligencia artificial por parte del presidente no alcanza cuando el presupuesto nacional prevé un recorte del 53% del programa para el Manejo del Fuego.
La especulación sobre un posible negocio inmobiliario o un proyecto de sionistas o judios se acrecienta con el correr de los días. A la vez, empieza la persecución por parte del gobernador de Chubut para encontrar los culpables, y que no logra aliviar la situación de los vecinos y vecinas. Autoridades especulan sobre un posible atentado de pueblos originarios o grupos radicalizados. Pero la hipótesis cae con la primera investigación: “Descartaría lo que está dando vueltas, que habría algún grupo radicalizado, que en este caso no tendrían nada que ver con el inicio del fuego”, expresó Carlos Díaz Mayer, el fiscal general chubutense, en diálogo con el periodista Ignacio Ortelli en Radio Rivadavia AM 630.
En el mientras tanto, los brigadistas y bomberos llegan con sus manos y sus rostros manchados de hollín, con los trajes y las botas pasados de tierra y de olor a humo, con el sudor recorriendo debajo de sus cascos amarillos. Cuerpos cansados, ojos rojos, gargantas secas. Horas sin dormir, días sin volver a casa, para cuidar a otra gente. Gente que se queda sin techo, sin recursos, a merced de la solidaridad del pueblo que logra saltar cualquier burocracia para alcanzar un plato de comida.
Vecinos organizados
Es miércoles 14 de enero. Son las siete de la tarde y en la escuela n°9 de Epuyén las camionetas de brigadistas y bomberos entran y salen del predio. Del otro lado de las rejas, Federico grita: “si tienen donaciones, entren”.
—Acá lo que necesitamos son manos. Gente que venga a pelar papas. Mirá, ¿ves esas pilas de ropa? Es lo que más recibimos, y estamos mandando a otros lugares. Un poco para El Bolsón. El vestido de verano ahora no nos sirve. Lo que necesitamos es ropa y botas de trabajo, mantas para el frío también.
El joven de 30 años habla despacio, eligiendo cada palabra con el mismo cuidado que acomoda las viandas en la caja para los brigadistas. A veces parece estar a punto de quebrarse, aunque el cansancio de responder preguntas también lo agobia. Pero sigue caminando por esa aula donde acomodan viandas en cajas y ropa en pilas junto a los niños y niñas que esperan a sus madres, a sus padres, y miran a los que colaboran para poner en marcha esa cocina.
—Si te querés quedar, sos bienvenida —dice antes de despedirse, juntando sus palmas como si rezara, y se pierde entre medio de la gente que separa alimentos sobre los pupitres.
Las vías de comunicación son escasas. La información viaja con lentitud, en un boca a boca interminable. Entre vecinos, fotógrafos, ambientalistas, recopilan los datos de las diferentes zonas en las que se reciben donaciones, de las familias que necesitan reconstruir sus casas y que quedaron con lo puesto. Pero todo se diluye a cada hora que pasa, cuando la necesidad se vuelve cada vez más grande y no hay cuerpo voluntario que de a basto para responder.
Mientras tanto, la ropa se sigue amontonando en ese banco de madera sin saber a dónde ir a parar.
A una hora y cuarto de distancia de Epuyén, los vecinos y vecinas de Esquel también se organizan para ayudar a las familias del Parque Nacional Los Alerces. El fuego está cada vez más cerca de los pobladores que habitan el parque desde mucho antes de su fundación en 1937.
—Cuando se supo que el fuego estaba tan cerca, la mamá de mí pareja, Silvina, puso a disposición el kiosco para recibir donaciones desde la asociación de pobladores. Y de ahí nos movimos un poco para que se escuche este pedido de solidaridad.
Delfina Rosas habla con soltura a las doce de la noche del lunes 12 de enero. Viene de jornadas muy largas, de ir y venir del Parque con provisiones de agua y alimento para los combatientes del fuego y las familias afectadas. También de salir a marchar junto a los vecinos, y de volver a su casa muy tarde hace una semana. Desde Esquel, la logística se arma para ayudar a las familias Neira, Alarcón y Coronado. Familias que viven de la ganadería y que, tras este último incendio, perdieron miles de hectáreas de campo, alimento para los animales que acumulaban hasta el invierno, e infraestructura como alambrados y tranqueras. Además, se hallaron muchos animales muertos y otros tantos lastimados.
El sábado 10, vecinos y vecinas de la localidad convocan a una marcha por los bosques y los brigadistas en la Plaza San Martín de Esquel, y también para seguir juntando donaciones. Tres cuadras de gente circulan por la ciudad desde la avenida principal, pasando por el centro y desembocando nuevamente en la histórica plaza de la ciudad que le dijo que no a la megaminería. En la glorieta esperan Camilia, Cristina y Daniela, que reciben cajas con alimentos secos, bidones con agua, y medicamentos para llevar a los pobladores.
—La comunidad es siempre solidaria —dice Cristina, que trabaja como docente para personas sordas.
—Si no es por los vecinos que se organizaron, que unos hacen viandas, que otros están ahí al pie de las casas organizadas… —comenta Daniela, mientras ve a Camila que acomoda más bidones de agua junto al resto de las donaciones.
Delfina se para en una de las esquinas de la calle 25 de mayo del centro de Esquel. Reparte un mapa impreso en donde señala las familias afectadas por el incendio en el parque.
—Una de las periodistas me dice que utilicé la frase “Esquel es solidario” y yo la dije sin creerla realmente. No porque desconfiara, sino porque nunca me lo había preguntado. Cada vez que llegaba alguien y bajaba una caja de leche o un bidón de agua me reafirmaba esa frase y descubrí que había mucha gente con ganas de ayudar.
Incendio en paralelo: Alerzal milenario en peligro en el Parque Nacional Los Alerces.
Las señales de alarma también se desataron ese lunes 5 de enero en la portada norte del Parque Nacional Los Alerces.
Hace un mes se había detectado un foco de incendio en una zona intangible a la altura del Lago Menendez, a causa de un rayo tras una tormenta eléctrica. Las llamas avanzaron con rapidez en una zona intangible a la altura del Lago Menendez y no había cuerpo técnico ni recursos que lograran contenerlo. En cuestión de horas, el fuego había consumido gran parte del bosque nativo de toda la isla grande del lago.
Brigadistas y bomberos trabajaron conteniendo el incendio, realizando guardias de ceniza, aún en el estado de precariedad laboral en el que se encuentran y con la escasez de equipamiento y de aviones hidrantes. Hernán Mondino, quien forma parte de la Brigada de Incendios, Comunicaciones y Emergencia (ICE) del Parque Nacional Los Alerces, aclara que ninguno de los brigadistas que dependen del estado nacional forman parte de la planta permanente. “Las respuestas que necesitamos es la respuesta a los planteos que ya hicimos: salario digno, estabilidad laboral y jubilación acorde”, dice.
La agonía continuaba el martes 6 de enero: las llamas estaban a 5 kilómetros en línea recta del Alerce Milenario, uno de los árboles más antigüos, con una edad estimada superior a los 2.600 años, y que está dentro del Parque declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO en 2017. El fitzroya cupressoides es un ejemplar único de alerce patagonico, una especie protegida y extremadamente vulnerable al fuego. A pocos kilómetros está el glaciar Torrecillas, que cumple un rol clave en el sistema hídrico del parque.
Miguel Rosales es la cuarta generación de su familia que habita el parque. Son dueños del complejo Rincón del Sol, donde se realiza la excursión a los túneles de hielo de 4 a 5 horas caminando desde el complejo. Este año, ante la sequía del invierno, es decir que no se acumuló nieve en el cerro La Torta, los túneles no se formaron.
—¿Cómo hacemos nosotros, los pobladores que vivimos acá, con un sustento económico que lo hacemos a fuerza de pulmón? Con el acompañamiento del estado, que tendría que estar presente acá no solo cuando hay fuego, sino durante todo el año.
El malestar de los vecinos y vecinas del parque llega a su punto cúlmine. Desde la asociación civil de pobladores rurales de la reserva los alerces enviaron una nota a la administración de Parques Nacionales, pidiendo la renuncia de las autoridades: el intendente Danilo Hernandez Otaño, la jefa de cuerpo de guardaparques Maria Laura Fenoglio, el jefe de la Central de incendios, comunicaciones y emergencias (ICE) Mario Cárdenas, “por considerar que su desempeño no ha mostrado resultados mínimamente esperables en sus funciones”, sobretodo por los antecedentes que atraen desde hace años que llevaron a la destrucción de enormes superficies de bosques nativos, infraestructura, viviendas y bienes de pobladores, “como así también, la destrucción de un motor de la economía regional a través de la sana explotación del turismo”. Además aclara que “el accionar de las autoridades del Parque Nacional Los Alerces no muestra conciencia del valor del bien natural que se encuentra bajo su custodia, ni de las implicancias que su destrucción genera”.
—Queríamos dar un mensaje. Porque cada vez que pedimos de manera independiente que se trabaje en prevención, que se tomen ciertas medidas, nunca lo hicieron —afirma Miguel, que forma parte de la asociación.
Mientras tanto, los pobladores esperan con paciencia una respuesta, pero no les quita el sueño. Hace años que no descansan, que no están tranquilos, porque no saben qué les deparará la temporada. Pero ahora lo importante —para todos— es apagar el fuego.
Las cosas que perdimos en el fuego.
—Es un cuento de terror lo que se puede ver hoy.
Después de 3 días combatiendo el fuego y con la llegada de las precipitaciones, Jairo está de nuevo en su casa en El Maitén. Pero la realidad golpea cuando la vegetación que veían semanas atrás hoy ya no existe. “Todo lo que tocó el fuego, lo destruyó”, afirma, tras una breve pausa, como buscando el recuerdo de lo que alguna vez fue. Y que jamás volverá a ser igual.
—Vos te levantás y ya estás, bueno… estabas rodeada de verde —dice Cristina, remarcando el tiempo pasado de la acción.
—Nos da mucha tristeza. Porque nosotros ya no lo vamos a ver, o sea, no vamos a volver a ver esa montaña verde de vuelta. Un bosque nativo tarda en regenerarse casi 50 años —comenta Oscar, que ya tiene casi 70 años.
En el otro extremo, en Puerto Patriada, las juventudes que la habitan responden con hartazgo.
—Me genera impotencia, me agarra bronca. Porque sé que no fue un accidente. Y todos los años son iguales —dice Francisco que, además de salvar el complejo familiar, el resto del año estudia para ser guardaparque porque lo que más le gusta es la naturaleza.
Delfina continúa caminando por las calles de Esquel junto a una muchedumbre que avanza, lento, al ritmo de la batucada que exige “basta de quemar nuestros bosques”.
—Esta pérdida es tremenda. A nivel pobladores, más allá de la pérdida material, la pérdida es histórica y cultural. Hay una parte de la biografía de ese lugar que está totalmente enterrada en cenizas. ¿Y ahora? ¿cómo hacen ahora que perdieron todos sus recuerdos de vida? Si este fuego se atacaba con esta intensidad cuando comenzó, entonces no estaríamos hablando de tales pérdidas naturales, económicas y culturales.
En el complejo Rincón del Sol, de espaldas al Lago Futalaufquen, Miguel Rosales habla rápido, como una ráfaga de viento, porque sabe de primera mano que el verdadero desastre viene cuando todo se apaga:
—El tema más complicado es el después. Vos podés salvar unos animales, tratás de tenerlos cerca de la casa y protegerlos lo más que puedas. Y después, ¿dónde los largas? No hay campo. Cuesta mucho recuperarse de esto.
En una nueva entrevista para LN+, el presidente aseguró que la Argentina atraviesa un “máximo histórico de consumo”. Esta semana, en diálogo con Luis Majul, Javier Milei insistió: “El consumo es el máximo de los últimos 8 años. Está cambiando la forma en la cual consumen las personas. La economía ha cambiado y algunos indicadores han dejado de ser relevantes, frente a otros que sí funcionan”.
Sin embargo, los datos del cierre de 2025 muestran una realidad muy distinta en los hogares. En la antesala a las fiestas, el consumo masivo vuelve a caer, se profundiza el endeudamiento y aumentan los recortes en compras básicas, como alimentos y medicamentos.
El consumo masivo cayó en noviembre
Según el último informe de la consultora Scentia, el consumo masivo registró en noviembre una baja mensual, cortando una racha de ocho meses consecutivos de mejora. El retroceso se explicó principalmente por la caída en supermercados y farmacias, dos canales clave en el consumo cotidiano.
La consultora Scentia mide el consumo masivo en Argentina a partir de las ventas en volumen -no en pesos- en supermercados, almacenes y farmacias. Es decir, mide cuántas unidades se venden, no cuánto dinero se factura, lo que permite aislar el efecto de la inflación.
Si bien el dato del acumulado anual, difundido por muchos portales, muestra una leve recuperación cercana al 2,2%, el relato pierde fuerza cuando se observa la serie larga, donde el consumo masivo todavía no logra recuperar los niveles previos al ajuste,
Según Scentia, en noviembre se vendieron 14,7% menos unidades de productos (alimentos, bebidas, limpieza, higiene, farmacia) que en enero de 2023.
En térmnos de índice, el consumo se ubicó en el 85,3% respecto del nivel de enero de 2023, lo que implica una caída acumulada de casi el 15% en volumen.
Ajuste y endeudamiento
Por otro lado, la baja en el consumo también aparece reflejada en las encuestas a hogares. La consultora Moiguer presentó un estudio correspondiente al cuarto trimestre del año en el que señala que el 62% de las personas redujo gastos, el 50% se quedó sin dinero antes de terminar el mes, mientras que el 57% de los hogares está endeudado.
Los recortes se concentran en áreas tradicionalmente asociadas al ocio y la vida social. El 70% de los encuestados redujo gastos en salidas y transporte, el 69% bajó el consumo de bebidas alcohólicas y golosinas, y el 67% recortó asados y encuentros sociales.
El “máximo histórico” para pocos
En paralelo, el aumento de tarifas de servicios básicos y los rezagos del salario real profundizan la fragmentación del consumo. Los costos fijos avanzaron a mayor velocidad, obligando a los hogares a priorizar gastos esenciales. El resultado genera dos economías, por un lado un sector minoritario que sostiene y expande consumos de mayor valor, como viajes, bienes importados o ahorro, mientras una mayoría reduce la compra de alimentos o medicamentos.
En ese contexto, el “máximo histórico de consumo” al que refiere Javier Milei, aparece distante y desconectado de la experiencia cotidiana, especialmente cuando se habla de productos básicos.
Los datos muestran que el fin de año nos encuentra consumiendo menos y con menos margen de disfrute, incluso para las fiestas. La distancia entre el relato oficial y la vida diaria vuelve a ampliarse, y el consumo masivo lo deja en evidencia
El Gobierno nacional terminó una de las etapas clave en la privatización del sector energético al preadjudicar la gestión de cuatro centrales hidroeléctricas ubicadas en la región del Comahue, en las provincias de Neuquén y Río Negro, por un monto que supera los 706 millones de dólares.
La decisión es parte de la ya conocida intención del gobierno de reducir el peso de la participación estatal en empresas estratégicas y, mediante su privatización, obtener divisas para las arcas públicas.
La medida fue publicada oficialmente por el Ministerio de Economía -Resolución 2059/2025-.En la misma, Luis Caputo aprobó el resultado de la segunda etapa del concurso público para la venta del 100% del capital accionario de las sociedades que operan las represas.
Las centrales involucradas son Piedra del Águila, El Chocón, Alicurá y Cerros Colorados, actualmente bajo la órbita de las empresas estatales ENARSA y Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA). La firma de los contratos está prevista para el 22 de diciembre en Cipolletti.
El embalse de Alicurá es el primero de cinco diques sobre el río Limay en el noroeste de la región del Comahue, unos 100 km de Bariloche.
Quiénes serán los nuevos operadores
Las cuatro hidroeléctricas preadjudicadas fueron asignadas de la siguiente manera:
Piedra del Águila: quedó en manos de Central Puerto S.A., quién presentó la oferta más alta por 245 millones de dólares.
El Chocón: será asignada a un consorcio conformado por BML Inversora S.A.U. y MSU Energy, con una propuesta económica de 235,7 millones de dólares.
Alicurá: fue preadjudicada al grupo liderado por Edison Inversiones S.A.U. junto al Consorcio de Empresas Mendocinas para Potrerillos por 162 millones de dólares.
Cerros Colorados: también se adjudicó a Edison Inversiones S.A.U. por 64,1 millones de dólares tras una instancia de mejora de ofertas.
El Embalse Piedra del Águila es el segundo de cinco embalses sobre el río Limay al noroeste de la región del Comahue, entre las provincias de Río Negro y del Neuquén en Argentina.
De esta forma, la venta de los paquetes accionarios de las cuatro represas patagónicas supondrá para el Estado un ingreso de más de 706 millones de dólares, cifra que esperan que ingrese antes de finalizar el año.
Estos contratos entrarán en vigencia una vez que se publique la resolución de adjudicación definitiva en el Boletín Oficial, luego del acto oficial de firma de contratos de transferencia y concesión, que se realizará el 22 de diciembre en Río Negro.
La Represa de El Chocón, es el cuarto embalse sobre el Río Limay.
Un cambio estructural en el manejo y el control de la energía
Estas centrales, que fueron construidas por el Estado en la década de 1970, generan el 15% de la energía de todo el país, con una potencia combinada cercana a 4.170 megavatios.
Pese a que se trata de una re-privatización, porque desde 1993 fueron vendidas a distintas empresas, se conformaría como las primeras privatizaciones de Javier Milei, como parte del plan de apertura al sector privado de infraestructura y activos estratégicos del Estado.
A fines de 2023, las concesiones otorgadas en la década de 1990 vencieron y el gobierno de Alberto Fernandez retomó de manera transitoria la operación de las represas del Comahue. La administración quedó en manos de empresas estatales como ENARSA y Nucleoeléctrica Argentina, que asumieron el control operativo para garantizar la continuidad del servicio eléctrico mientras se definía el futuro de los activos. Hasta ese momento, los complejos fueron gestionados por compañías privadas nacionales y extranjeras, entre ellas Enel, AES y Central Puerto.
El Ejecutivo también está preparando otras licitaciones, como la de la Hidrovía Paraná-Paraguay, que concentra el mayor movimiento logístico portuario del país. Mediante la resolución 2059, el Gobierno lanzó el llamado a licitación para la concesión de la Hidrovía para el viernes 27 de febrero de 2026 a las 13 horas.
El Complejo Hidroeléctrico Cerros Colorados, Está ubicado sobre el Río Neuquén, aguas arriba de la confluencia con el río Limay.
La petrolera inglesa Rockhopper Exploration confirmó esta semana la Decisión Final de Inversión (DFI) para la fase 1 del proyecto Sea Lion (León Marino), un yacimiento offshore ubicado a unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas, zona en la que Argentina reclama su soberania.
La iniciativa prevé una inversión inicial de alrededor de 1.800 millones de dólares y el inicio de la producción de crudo en 2028, con un volumen estimado de hasta 55.000 barriles diarios.
Rockhopper posee el 35% de participación y lleva adelante este proyecto junto a la petrolera israelí Navitas Petroleum, que controla el 65% restante y aporta la mayor parte del financiamiento. Navitas ingresó al emprendimiento en 2022. La Decisión Final de Inversión representa un punto de inflexión, ya que implica el compromiso concreto de las empresas para avanzar hacia la producción de hidrocarburos.
Esta es la primera vez que se anuncia formalmente una decisión para producir petróleo en Malvinas, en un territorio que permanece bajo ocupación británica y se encuentra en disputa por la soberanía. Según informaron las compañías, el plan de desarrollo contempla la perforación de 11 pozos en el lecho marino durante la primera etapa.
El alcance del proyecto es significativo. Sea Lion concentra recursos estimados en más de mil millones de barriles de petróleo, lo que lo convierte en uno de los desarrollos offshore más importantes de la región. Los planes de mediano y largo plazo prevén escalar la producción a 80.000 barriles diarios en la fase 2 y hasta 200.000 en la fase 3, con una explotación proyectada por al menos 35 años.
El mensaje de Cancillería
Lo cierto es que el anuncio no generó gran controversia política. El Gobierno argentino manifestó únicamente una declaración de la Cancillería en la que rechazó el proyecto y consideró “ilegítimos” los derechos de explotación otorgados por el gobierno de las islas. Tras la presión del gobierno de Tierra del Fuego, el Ministerio de Relaciones Exteriores recordó que toda exploración y explotación unilateral de recursos naturales en áreas en disputa viola las resoluciones 2065 y 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Rockhopper y Navitas ya habían sido sancionadas por el Estado argentino en 2021 por realizar actividades ilegales de exploración en el Atlántico Sur. En el caso de Navitas, incluso fue inhabilitada en 2022 por 20 años para operar en territorio argentino. Cuatro años después de aquellas sanciones, las mismas empresas anuncian el inicio de una explotación petrolera que se extendería por décadas.
Desde el gobierno fueguino advirtieron que el avance de estos proyectos no sólo consolida el control económico británico en Malvinas, sino también su poder político en el territorio.
Con esta noticia, no está en juego solo la apropiación de un recurso estratégico, sino que además contrapone a nuestra histórica demanda de soberania sobre las Islas Malvinas e Islas del Atlántico Sur, sobre los territorios insulares y marítimos circundantes. También implica para nosotros la pérdida de oportunidades de desarrollo, soberanía energética y autonomía tecnológica.
Arenaza es un pequeño pueblo del noroeste de la provincia de Buenos Aires que, como tantos otros, creció alrededor de una estación de ferrocarril. Pertenece al partido de Lincoln, tiene menos de 1500 habitantes y es conocido por haber sido el lugar donde un ingeniero, llamado Osvaldo Mendizábal, creó el queso Mendicrim.
Con una gran tradición láctea, el pueblo tenía su propio motor industrial: la planta de ARSA empleaba a 200 trabajadores y trabajadoras de forma directa, y movía toda la economía local. Hoy, las máquinas paradas.
A fines de octubre de este año, la Justicia declaró la quiebra de Alimentos Refrigerados Sociedad Anónima (ARSA). La planta elaboraba productos que había adquirido a SanCor -comoYogs, Vida, Shimy, Sublime y Sancorito-, yogures y postres que durante décadas ocuparon las heladeras de supermercados argentinos.
Además, en Córdoba, funcionaba un centro de distribución, donde trabajaban otras 200 personas, dentro de una red logística que alcanzaba 165 distribuidores y 70.000 comercios en todo el país.
“Era la fuente de trabajo industrial privada más grande de Arenaza. Todavía no hemos encontrado trabajo en otro lado, así que el impacto socioeconómico local y en la salud mental de los trabajadores fue muy grande”, señaló a Desde la Raíz Luciano Asad, secretario general de Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra), seccional Junín, y trabajador de la planta.
Foto: Guillermina Medina.
“Todos tenemos algun conocido que trabajó en la fábrica. Es parte de nuestro ADN y por eso el cierre es un golpe al corazón porque cada litro de leche procesado significaba movimiento en el pueblo. Hoy ese motor está apagado”, comentó el medio local Radio Zoom de Arenaza.
ARSA había nacido en 2016, cuando el grupo Vicentin compró el negocio de yogures de SanCor por unos 100 millones de dólares. En 2019, tras el default de la gran cerealera, la empresa buscó un socio para ARSA, hasta que en 2022 entregó la gestión a los empresarios venezolanos Manuel y Alfredo Fernández, quienes también están a cargo de La Suipachense, otra histórica firma láctea que hoy atraviesa exactamente en la misma situación de quiebra.
Desde ATILRA, sostienen que el cierre de ARSA era evitable: “No es que no pudieron sostenerla más, sino que adrede la fueron vaciando hasta declarar la quiebra. Nosotros detectamos esa intención en agosto de 2021, lo intentamos frenar, pero no fue suficiente”, contó Luciano Asad, quien trabaja en el sector hace más de 20 años.
El gremio comenzó denunciando incumplimientos, y pagos atrasados e irregulares a pesar de que realizaban jornadas completas. Con el cierre definitivo, son 550 trabajadores los que quedaron en la calle.
Cerró la planta de la láctea ARSA, que producía etiquetas como Yogs, Vida, Shimy, Flan Casero y Sublime,y quedaron 550 trabajadores en la calle.
El libre mercado que cierra fábricas
Sin embargo, el caso de ARSA no es una excepción. En la Argentina de Milei, el cierre de empresas ha tomado un ritmo galopante.
Son 30 empresas por día las que bajan sus persianas. Entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025, cerraron un total de 20.134 empresas, y se destruyeron 276.000 puestos de trabajo registrados, de acuerdo a información de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), dependiente del Min. de Capital Humano, y del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).
El modelo económico que impulsan Javier Milei y Toto Caputo, bajo la premisa de la “libertad” de los mercados, sin regulaciones ni protecciones estatales, ya tiene sus efectos tangibles en la vida de miles de trabajadores y en la industria nacional.
El nuevo esquema, que prioriza mantener el tipo de cambio barato, con apoyo estadounidense, logra abaratar los productos importados, pero mata, poco a poco, la producción local y la deja sin competitividad. “La apertura de las importaciones claramente perjudica a la industria nacional, y la lechería no es un caso aislado. Tenemos un gobierno que odia a los trabajadores y que no tiene ninguna solución para la industria nacional”, advirtió el dirigente gremial de ATILRA.
En estos dos años de gestión libertaria, los datos oficiales confirman una tendencia sumamente negativa para el tejido empresarial. Lejos de generar nuevas oportunidades, la apertura irrestricta de importaciones, el derrumbe del consumo interno y atraso cambiario, empujan a empresas grandes y pymes a reducir turnos, suspender personal o cerrar definitivamente.
La Argentina productiva atraviesa una de las oleadas de cierres más grandes de los últimos años, a contracara del crecimiento que promete el gobierno. Las consecuencias tienen un profundo impacto en las economías locales.
Informe del Centro de Estudios Políticos de Argentina
Desarma y sangra: oleada de despidos
Lamentablemente, en los últimos tres meses de 2025, se registró una gran oleada de cierres y suspensiones que intensifican los números dispuestos por la SRT. La planta de Whirlpool en Pilar despidió a 220 trabajadores; Textilana, en Mar del Plata, a 250; La Suipachense a 150; Electrolux, en Rosario, a 400; la textil Luxo, de La Rioja, a 40; la autopartista DANA, en San Luis, a 50; la planta de YPF, en Concepción del Uruguay, a 60; y la mueblería Color Living, a 40. Y la lista es mucho más extensa de lo que podríamos enumerar acá.
A su vez, hay una gran lista de empresas que resisten todavía, frenando una parte de la producción, reduciendo turnos o achicando personal. Este es el caso de la industria del juguete, por ejemplo, cuyas fábricas están trabajando sólo con el 40% de su capacidad productiva, según declaró la Cámara Argentina de la Industria del Juguete. La fábrica Mondelez, dueña de marcas como Milka, Oreo, Terrabusi y Beldent, paralizó su producción en su planta de General Pacheco al menos durante diciembre para lograr vender stock.
Así, otras empresas también redujeron plantas o cerraron sucursales. Georgalos suspendió a 600 trabajadores; Essen de Venado Tuerto redujo a 35 empleados; Newsan en Tierra del Fuego, a 150; Mabe-Ex-Drean, a 200; Ualá a 135; el mayorista Caromar, a 115; la cadena Cencosud, a más de 100; Fravega, a 300.
En este contexto, muchas firmas abandonan la producción propia y giran hacia la venta de productos importados. Este es el caso de Viamo, que apuntó a ser distribuidora de zapatos y carteras importadas de Brasil, como así también de las empresas Whirlpool y SKF.
Algo parecido denuncian los trabajadores del neumático que, a través del SUTNA, reclaman regulaciones frente a las importaciones que Pirelli y Bridgestone realizan desde otras filiales de la región. En la industria láctea, el panorama también es crítico: han quebrado o se han frenado firmas reconocidas como La Suipachense, SanCor, ARSA, Lácteos Verónica y Lácteos Vidal, un golpe directo a un sector históricamente muy productivo y, al mismo tiempo, muy atravesado por la concentración empresarial. Para el trabajador Luciano Asad, la crisis tiene un componente particular: “Los trabajadores lecheros aman la actividad que hacen, tienen un compromiso muy grande con su trabajo, y cuando pasan estas cosas la tristeza es igual de enorme”, describió.
Reforma laboral
En paralelo, el Congreso se prepara para votar una reforma laboral, que el oficialismo presenta como un incentivo para la creación de empleo. Desde Atilra, la lectura es la opuesta: “Lejos está esta reforma laboral de solucionar el problema de crisis económica y repuntar el poder adquisitivo de los trabajadores para activar el consumo. Por el contrario, va a terminar de destruir el entramado productivo porque van a echar gratis. Lejos de generar empleo, está más cerca de generar una ola de despidos masivos”, advirtió Asad.
La reforma laboral se impone en un contexto de profunda recesión industrial y la gran reducción de indemnizaciones y flexibilizaciones propuestas, aparenta profundizar la grave situación laboral que atraviesa el país.
En este contexto, ATILRA va a unirse a la marcha que convocó la CGT para el 18 de diciembre. “Creo que lo único que tenemos los trabajadores cuando nos atacan es la lucha, la resistencia, y esa convicción de no volver a los 90”, concluyó Luciano Asad, secretario general de la sección de Junin.
Mientras se prepara el debate legislativo, en Arenaza la fábrica ya está cerrada y los trabajadores siguen sin respuestas. El caso de ARSA sintetiza el escenario que atraviesa buena parte de la industria nacional: empresas cerradas, puestos de trabajo formal perdidos y economías regionales desarticuladas.
Para muchos empresarios y trabajadores, el problema no es “el costo laboral”, sino la caída del consumo y la ausencia de una política industrial que proteja el mercado interno.
Trabajadores de ARSA Arenaza, reunidos frente al Ministerio de Trabajo de la Provincia, para la reincorporación de 21 trabajadores en 2019. Foto: Guillermina Medina.
Ayer, martes 9 de diciembre de 2025, la legislatura provincial de Mendoza aprobó definitivamente la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto PSJ Cobre Mendocino -antes “San Jorge”-, un megaemprendimiento de explotación de cobre en la zona de Uspallata, con emplazamiento sobre la cuenca hídrica más importante de la provincia, el Río Mendoza.
La votación en el Senado fue de 29 votos a favor, 6 en contra y 1 abstención. La aprobación de San Jorge, fue parte de un paquete de proyectos mineros a los que también se les dió luz verde, y que terminan por conformar una obra de saqueo explícito: por un lado, una Ley de Regalías para establecer un nuevo.
Por otro lado, un proyecto de creación de un fondo compensación ambiental, que destina parte del dinero de las regalías cobradas por la provincia para compensar los daños ambientales que puedan ocasionar estos proyectos extractivos. Por último, también se aprobaron los permisos para la exploración en dos distritos más en Malargüe.
Aunque el gobierno asegura que el 90% del agua se utilizará en circuito cerrado, las organizaciones sostienen que los controles son insuficientes y que el proyecto podría afectar de manera irreversible la cuenca del río Mendoza.
Impacto en los rios y el agua
El proyecto PSJ Cobre Mendocino contempla la explotación a cielo abierto en el cerro San Jorge, a unos 37 kilómetros de Uspallata. Según el proyecto presentado, la mina tendrá una extensión de 1.700 metros de largo, 950 metros de ancho y una profundidad de entre 330 y 350 metros. El concentrado de cobre se extraerá con el método de flotación, para el cual se abastecerán de agua del arroyo El Tigre.
Este es el principal cuestionamiento de las asambleas y los vecinos mendocinos: El proyecto agotaría el acuífero del arroyo El Tigre y podría contaminar los acuíferos subterráneos que se vinculan con el río Mendoza. Este rio, no solo es el principal suministro de agua de la provincia, sino que además es uno de los afluentes de la Cuenca del Desaguadero: la cual nutre desde Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, San Luis, hasta La Pampa, por lo que la contaminación de este río puede traer complicaciones a las provincias aguas abajo, entre ellas La Pampa.
La Gesta Libertadora por el Agua
Sin embargo, no fue una aprobación tranquila. Estuvo llena de irregularidades y nunca tuvo aprobación social. Hubo miles de personas movilizadas. Hubo grupos de personas que caminaron 90 kilómetros hacia la ciudad de Mendoza, en una gran caravana que inició el lunes 8 desde el pueblo de Uspallata, y se iba agrandando a medida que atravesaban otros pueblos y se unían más pies y más bocinas.
Hubo gente que anduvo más de 325 km en auto desde Malargûe. Hubo personas que prendieron un fuego en la ruta y cocinaron un guiso para esperar a los caminantes con un plato que les de energía para seguir. Hubo otros que repartieron agua, fruta, sostuvieron las banderas y dieron aliento.
Hubo caravanas de autos desde el norte, el sur, el este y el oeste. Todas confluyeron en Plaza Independencia, en el centro de la ciudad de Mendoza, durante la mañana y tarde del martes. Hubo otros que pasaron la noche entera ahí, en vigilia, frente a la legislatura, gritando sin parar “El agua de Mendoza, no se negocia”. Durante el día martes, la caminata por la ciudad de Mendoza duró más de
A este movimiento lo han llamado La Nueva Gesta Libertadora por el Agua. Fue organizada desde las asambleas, bajo el manto de banderas celestes y blancas y el espíritu del General San Martín. Es el comienzo del nuevo Mendozazo del que nos habló Ana Llanos, vecina de Uspallata, hace unas semanas.
Si bien la marcha de esta semana fue histórica y ha dado de qué hablar a la provincia entera, no fue nota de tapa de ninguno de los diarios mendocinos, así como tampoco ha sido mostrado en los canales de televisión, según denuncian los vecinos. Este hecho da cuenta de la presión que ejercen los políticos y el empresariado minero sobre la opinión pública.
La Marcha del Agua de 2019
El pueblo de Mendoza es un pueblo profundamente relacionado con el agua. Es un pueblo que comprende la vitalidad de este recurso, porque históricamente lo han defendido y porque es un bien más que escaso en la provincia.
Hace algunos años ocurrió una situación muy similar. Fue también durante diciembre, en 2019, cuando Mendoza gestó una de las movilizaciones más masivas de su historia, con caravanazos, protestas replicadas en los pueblos y una marcha impresionante desde el Valle de Uco. Miles de mendocinos defendieron la Ley 7722 y lograron frenar una reforma que habilitaba el uso de cianuro en la minería.
Aquella vez, la caravana partió desde San Carlos, Valle de Uco, el 22 de diciembre. Miles de sancarlinos llegaron a pie a Casa de Gobierno y fueron sumando columnas de vehículos y caminantes a lo largo del trayecto.
Allí fueron recibidos con un fuerte operativo represivo por el gobernador Rodolfo Suarez, que incluyó balas de goma, gases y detenciones. Pero la presión popular fue tan contundente que empujó a los aliados del acuerdo minero, incluido el PJ, a pedirle al gobernador que no modificara la ley. Luego de esta victoria, la 7722 se consolidó como un símbolo excepcional en defensa del agua para la provincia y todo el movimiento socioambiental de Argentina.
El escenario que vive hoy Mendoza es parte de una tradición de resistencia. La gente ha demostrado que el interés por el agua pura y limpia sigue vivo y que la lucha no va a achicarse pese a una amplia victoria (70%) de viva en las calles, tal como ocurrió en diciembre de 2019.
¿Qué sigue?
Luego de la ratificación legislativa, ahora resta que el Ejecutivo la promulgue para iniciar la ingeniería de detalle y, más adelante, la construcción de la mina, que podría extenderse hasta 2027.
Mientras el gobierno celebra un logro político, las asambleas ambientales siguen anunciando puntos de protesta, encuentro y organización. Prometen seguir luchando y enfrentando el proyecto minero hasta que el gobierno escuche y entienda que no tiene el permiso de su pueblo.
Durante la mañana del martes 9, pequeños y medianos agricultores realizaron una jornada de protesta en la intersección de Ruta 36 y 520, con el objetivo de visibilizar la crítica situación que están atravesando, que aseguran es “una de las crisis más graves de las últimas décadas”.
Hay varios factores que están poniendo en jaque la continuidad del trabajo de miles de familias productoras de la región: entre ellas, la fuerte caída del consumo, el incremento de los costos de producción y el impacto de las importaciones.
Los productores y productoras, apoyados por las organizaciones MTE Rural, Organización 25 de mayo, ASOMA, Frente Agrario Evita y Federación Rural, se manifestaron con un feriazo de frutas, verduras y flores, que entregaban a los autos que transitaban por la ruta. Hubo carteles, banderas y tractores, y además expusieron los precios reales que reciben los productores por cada cajón que venden, muy distantes a los precios que los consumidores abonamos en los comercios.
“Los precios que recibimos se derrumbaron y, en muchos casos, los intermediarios se niegan a trasladar la mercadería por falta de demanda”, anunciaron en el comunidad, haciendo énfasis en la brutal caída del poder adquisitivo que desplomó las ventas de verduras, frutas y flores.
Maritza Puma, productora de la zona de Abasto, comentó a DLR que la producción convencional que se comercializa a través de camiones e intermediariosha caído enormemente. “La gente no está consumiendo verduras. Se ve en los mercados, en las verdulerías y en las ferias que nosotros hacemos: antes había filas, ahora viene muy poca gente”.
La caída de ventas en los grandes mercados, se traduce no sólo menores ventas para los productores, sino también en una baja de precios. Así, por ejemplo, les terminan pagando eltomate a $2000 un cajón de 20 kilos; un cajón de 10 kilos de remolacha a $4000; un cajón de 10 kilos de perejil a $2000; o un atado de 25 rosas a $4000. Esto provoca que toneladas de alimentos terminen en la basura, en un país en el que millones de personas pasan hambre.
El cinturón hortícola platense en crisis.
A esta situación se suma el ingreso indiscriminado de productos de Paraguay, Chile y Brasil, habilitado por el Gobierno Nacional. La apertura de importaciones “empuja a la ruina a las economías regionales”, aseguran los productores.
“En los mercados se ve el tomate de Paraguay, vienen en cajitas de cartón. Son productos hortícolas que nosotros hacemos acá mismo”, resalta Maritza Puma. “Esa competencia nos afecta mucho”.
Mientras tanto, los costos básicos no dejan de subir, alquileres y servicios, combustible, herramientas, plantines e insumos. Es “una combinación explosiva” que obliga a muchos trabajadores a buscar otras changas para sobrevivir e, incluso, abandonar sus quintas.
La situación no sorprende, en un país en el que la política económica dista mucho de proteger el mercado interno, por el contrario, encrudece las condiciones de vida y trabajo de la mayoría de los argentinos, generando despidos masivos y una desregulación del sistema laboral en donde los trabajadores de la economía popular se encuentran completamente afectados.
En agosto de este año, en una nota realizada por Desde La Raíz a Maritza Puma, evidenciamos que muchos productores del cordón estaban dejando de cultivar porque ya no podían sostener la rentabilidad. Para entonces, Maritza advirtió que si la situación no mejoraba el cordón productivo platense se iba a vaciar cada vez más, quedando las quintas en manos de inmobiliarias y barrios privados.
Maritza subraya que, si bien esta no es particularmente la situación que vive ella gracias a que produce agroecológicamente y este tipo de producción ha encontrado formas más justas de comercializar, sí es el caso de la mayoría de los productores del cinturón del Gran La Plata.
Las medidas que exigen y proponen para mejorar la situación
En el documento difundido, las familias productoras detallan un conjunto de demandas urgentes para evitar el quiebre definitivo del sector, donde buscan abrir un camino de recuperación económica, acceso a derechos y defensa del territorio productivo.
En primer lugar, proponen un subsidio a la producción para reducir el costo de gasoil, electricidad e insumos esenciales para sostener el trabajo en las quintas. En segundo lugar, respecto al acceso a la tierra, exigen que las primeras 1000 hectáreas del cordón hortícola sean para la agricultura familiar, poniéndole un freno a los negocios inmobiliarios, y protegiendo el cordón un sector estratégico para la región.
Respecto a la comercialización, piden que el Estado sea el primero en comprar de forma justa: las compras que hagan, por ejemplo, las escuelas, hospitales o instituciones de verduras, frutas y flores, las realicen de manera directa con los productores.
A nivel jurídico, proponen dos Leyes. Una Ley de Arrendamientos Rurales, que proteja a pequeños productores, establezca contratos de largo plazo y permita descontar del alquiler las mejoras realizadas en las quintas. Por otro lado, una Ley Provincial y Nacional de Protección de los Cordones Flori-Fruti Hortícolas, que funcione como un marco legal para garantizar el ordenamiento de estos territorios productivos, brindar apoyo técnico y fortalecer la agricultura familiar y local.
Por último, piden una solución urgente a las fallas del servicio eléctrico en el Parque Pereyra y en todo paraje rural que no tenga un suministro eficiente.
La Asociación de Trabajadores del Estado en la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (ATE CONAE) repudió los recientes despidos en la empresa VENG S.A., firma clave de lo que supo ser el Plan Espacial Nacional, y advirtió que el sector atraviesa un proceso de vaciamiento y destrucción como consecuencia de las políticas aplicadas por el gobierno de Javier Milei.
En el marco del fuerte desfinanciamiento, al igual que todo el sistema científico nacional, ATE denunció que el proyecto de Vehículo Espacial Nueva Generación (VENG), la empresa a cargo del desarrollo del cohete lanzador de satélites Tronador II, “está muerto” y sin sus trabajadores.
Según los datos de dotación del INDEC la empresa perdió el 17% de su personal, lo que significa un total de 80 trabajadoras y trabajadores solo hasta septiembre, sin contabilizar los despidos y renuncias del último mes. Esto conforma un gran retroceso frente a los esfuerzos y la inversión que el sector científico nacional ha brindado en, al menos, los últimos 25 años por desarrollar la industria espacial argentina.
Entre las bajas más críticas se incluye la renuncia de casi todo el equipo de la sección de propulsión del proyecto Tronador II, completamente desfinanciado por la actual gestión junto con el resto de los proyectos de la CONAE.
La nueva gestión de VENG
En el comunicado emitido ayer 28 de noviembre, el deterioro institucional comenzó poco después del cambio de gestión, cuando “comenzaron a repartirse la empresa como botín de guerra, hasta llegar a la conformación actual”.
La conducción de VENG fue reorganizada y se designó a Laureano Quiroga como gerente general, Alberto Jaure como gerente de Recursos Humanos y Administración, y a Roberto Yasielsky como presidente, cargo que por primera vez en la historia de la empresa pasó a ser rentado.
Estas designaciones, señalan, surgieron en medio de la falta de respuestas oficiales ante pedidos de información al entonces Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, sobre posibles ampliaciones de la planta política y salarios de los nuevos funcionarios. De acuerdo con información interna no oficial, la planta política habría aumentado.
Desde ATE advierten que este éxodo del personal implica una pérdida directa de capacidades estratégicas que aportan estos profesionales para el desarrollo espacial. “Nos solidarizamos con las compañeras y compañeros de VENG y repudiamos este nuevo ataque a la Ciencia y la Tecnología argentinas”, expresaron desde ATE CONAE.
Encontrá más información sobre la historia del desarrollo espacial en nuestro país, acá:
Con un gobierno decidido a atraer dólares a cualquier costo, la minería volvió al centro de la agenda económica nacional. En Mendoza, el cobre pareciera ser la nueva promesa: lo llaman el “oro verde”, el “mineral clave para la transición energética”. Los funcionarios y empresarios repiten que para que Argentina salga de la crisis, es necesario sacar provecho de los minerales que tenemos, y para ello se necesitan inversiones de grandes empresas capaces de generar exportaciones rápidas.
Hoy, miércoles 26 de noviembre, la Cámara de Diputados de Mendoza aprobó el Proyecto megaminero San Jorge, a instalarse en Uspallata. La Legislatura discutió la Declaración de Impacto Ambiental y le dió vía libre con 31 votos contra 13.
“No hay muchas esperanzas. Tienen los votos positivos en las cámaras y no quieren escuchar al pueblo”, había declarado a Desde la Raíz la semana pasada Ana Llanos, integrante de Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata. “Se viene otro Mendozazo”, manifestó, en referencia a aquella enorme protesta social ocurrida en 1972.
Este mes, impulsado por el 55% de los votos en las últimas elecciones, el gobierno mendocino presentó en su Legislatura un paquete de leyes para promover la minería a gran escala. Además de San Jorge, incluyó una nueva Ley de Regalías, un Fondo Compensador Ambiental -que apunta a que el Estado se haga cargo de daños y desastres ambientales cuando los responsables se declaren “insolventes”- y la creación de los distritos mineros Malargüe II y III.
“Hay una ventana de oportunidades y no debemos dejarla pasar”, afirmó el gobernador Alfredo Cornejo en la Argentina Mining 2025, “Podemos generar riqueza, elevar salarios y mejorar la calidad de vida”, aseguró. Sin embargo, la situación es bastante más compleja. En un contexto de alianzas con Estados Unidos, presión internacional por minerales para la transición energética, la promesa presidencial de derogar la Ley de Glaciares y la alineación de los gobernadores a la llamada Mesa del Cobre, lo que se discute no es sólo la explotación en un yacimiento (que ya fue rechazada hace 14 años) sino el rumbo de la política minera en todo el país.
A pesar de que la narrativa oficial celebra la reactivación de la actividad minera como un signo de desarrollo, las decisiones están lo suficientemente condicionadas por intereses externos como para dudar si generará un desarrollo provechoso para nuestro propio país.
Una bandera flamea en la calle principal de Uspallata.
El resurgimiento de San Jorge y el riesgo ambiental
La reactivación ocurre en paralelo a los beneficios extraordinarios que ofrece el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y las libertades que otorgaría la derogación de la Ley de Glaciares. Ahora bien: ¿Qué quedará para las provincias y para el pueblo si las mayores ventajas son para las empresas?
Históricamente, la tierra de los cultivos de la vid le ha negado el ingreso a los proyectos mineros. Es la provincia conocida por lograr la 7722, la emblemática ley en defensa del agua, sancionada en 2007. También lograron gran repercusión en 2019, cuando la Legislatura aprobó una modificación pero luego de masivas movilizaciones, el gobernador, por entonces, Rodolfo Suárez, tuvo que derogar. Esta historia quedó registrada en el documental HAM, Historia del Agua de Mendoza.
“Ahora estamos en una realidad muy distinta. Hay más hambre, muy poco trabajo y realmente tenemos un gobernador que es mucho más psicópata que el anterior. No escucha a nadie, te mete preso”, definió Ana Llanos desde Uspallata.
Rebautizado como PSJ Cobre Mendocino, San Jorge fue aprobado y va directo al Senado con todo el viento a su favor. La sesión fue realizada con protestas en la calle y amplio descontento popular, que busca impedir la construcción de la mina a sólo 37 kilómetros del pueblo de Uspallata, y a 97 de Mendoza capital.
San Jorge es un proyecto de minería a cielo abierto, para la exploración y explotación de cobre en un yacimiento a más de 2500 mts de altura. La firma está integrada por capitales suizos (Zonda Metals) y el Grupo Alberdi de Argentina. La minería metalífera (cobre, oro, plata o litio en roca dura) a cielo abierto, suele ser la más contaminante. Este tipo de explotación requiere remover enormes volúmenes de roca mediante excavaciones y uso intensivo de explosivos. Uno de los mayores riesgos ambientales es el polvo tóxico que genera, cargado de metalales y particulas tóxicas que se dispersan con el viento. Además, el cuando los minerales sulfúricos se exponen al aire y al agua, reaccionan produciendo ácido sulfúrico, que termina contaminando rios y acuíferos durante décadas.
Amparándose en que la separación de los minerales -para la que se utilizan millones de litros de agua y sustancias tóxicas como el cianuro- se hará posterior a la extracción, el proyecto asegura estar dentro del marco de la Ley 7722. Sin embargo, Jorge Difonso, opositor entre los diputados, dijo: “Hay medidas judiciales pendientes contra este proyecto. Hay dudas sobre las medidas de contención en las rutas. Este proyecto no cumple con la 7722 porque no se consultó a las comunas río abajo de la cuenca”.
Minería a cielo abierto en El Jachal, San Juan.
El engaño de la promesa laboral
Uno de los argumentos más repetidos por el Gobierno provincial y nacional es el del empleo. Aseguran que San Jorge generaría alrededor de 3.900 puestos de trabajo directos e indirectos durante la etapa de construcción y, una vez en marcha, unos 2.400 puestos en la fase de operación.
“Son números inventados, si pudieran decirlos de verdad redondearían a 4000, pero saben que están muy alejados de eso”, asegura Ana Llanos, asambleísta de Uspallata, quien confiesa además haber tenido que estudiar muchísimo desde que decidió oponerse a la minería.
En el valle, el trabajo escasea y estas cifras funcionan como un anzuelo. “La falta de trabajo es real, pero es una necesidad que la fueron creando, de a poco, desfinanciando otros sectores y ahogando las economías locales”, menciona Ana.
La industria minera no se caracteriza justamente por dar trabajo. Según un informe reciente del Ministerio de Economía, la minería representa el 0,6% del empleo del sector privado en Argentina. A nivel mundial, la minería representa menos del 0,5% de la fuerza laboral, según un informe de la Organización Internacional del Trabajo. Una mina puede mover millones de dólares sin requerir una gran cantidad de trabajadores.
Sea el número que sea, de ningún modo los puestos de trabajo podrían garantizar un cambio estructural en la economía local. Muchos de ellos son puestos temporales, duran lo que demora la construcción de la mina, trabajos en la mejora de caminos, por ejemplo, perforaciones, tendido eléctrico y alambrado, mientras que los trabajos necesarios para la operación de la mina son altamente especializados y, por ende, ocupados en su mayoría por profesionales que no son de Uspallata ni de la zona. Por eso, la discusión no es sólo por la cantidad de empleos, sino por la calidad: quiénes los ocupan y por cuánto tiempo.
En este contexto es preciso pensar: ¿Qué pasará con la economía local una vez que la mina se retire? ¿Qué es lo que se entrega y a cambio de qué con proyectos así? En un valle y en una provincia donde el agua es realmente muy escasa y delimita sin exagerar la vida misma, no puede arriesgarse por falsas promesas.
Persecusión y criminalización
Hace meses que vecinos, asambleístas y militantes exponen las consecuencias sociales y ambientales del proyecto. Además, denuncian persecución judicial y violencia policial por participar de movilizaciones y marchas. La situación ha ido escalando el nivel de violencia y de conflicto social. “Se viene otro Mendozazo”, dijo Ana Llanos.
Todo comenzó el 24 de enero de este año, cuando el intendente del departamento de Las heras, organizó en Uspallata un acto para la apertura de una sede de la Cámara de Proveedores Mineros. Su presencia contó con la participación de un grupo de trabajadores de la UOCRA, lo que fue interpretado por los vecinos como un acto de prepotencia y no tardó en generar conflictos.
“El intendente no viene nunca. De pronto llegó con 120 muñecos, armó un escenario en medio de la calle. La gente se empezó a amontonar, no entendíamos nada. En seguida nos atacaron, nos golpearon, a un compañero le rompieron el tabique en tres partes, casi lo matan a piñas. Lo salvé yo con un matafuegos que pude rescatar de mi negocio”, contó Mauricio Cornejo, integrante de la asamblea Valle de Uspallata, quien comparte con el gobernador, únicamente, su apellido.
Un mes más tarde, a Mauricio lo fueron a buscar a su casa y lo detuvieron durante 23 días. También fue detenido Federico Soria. “Nos acusan de ecoterrorismo, de pertenecer a una agrupación dedicada a la coerción ideológica mediante el miedo y el terror”, contó en diálogo con DLR Mauricio.
A la única agrupación que pertenece Mauricio, es a una asamblea en su comunidad que, en defensa del agua, se oponen a los proyectos mineros. Desde entonces hasta la fecha, han sido criminalizados, acusados en base a un artículo del Código Penal incorporado por la dictadura militar y que jamás se había utilizado antes en la provincia de Mendoza.
Sin embargo, este no fue el único evento de violencia que vivieron los vecinos. Hace un mes, el 23 de octubre, fueron detenidos dos manifestantes durante una protesta en la Legislatura. Liza Rule Larrea y Martín Iglesias fueron imputados por “resistencia a la autoridad y daños agravados”.
Martín fue arrastrado por la policía 40 metros hacia dentro la Legislatura, donde lo golpearon y lo dejaron tirado en un rincón. Por su parte, Rule pasó más de 50 horas en la Comisaría Séptima “en condiciones infrahumanas”, según declaró. “El jefe del operativo argumenta que empujamos una valla que le hizo un rasguño de 1 cm del dedo anular de la mano izquierda. Están buscando pruebas de eso”, contó Liza, una bailarina de Mendoza que meses atrás se había hecho conocida por realizar un baile a 60 metros de altura ondeando la bandera argentina, en los festejos por el 25 de mayo.
“Vamos a seguir peleando por defender el agua y nuestros pueblos, porque ya tenemos muchos ejemplos donde la minería no sirvió para nada, muy por el contrario. El caso del pueblo Jáchal en San Juan, es uno, o el caso de Chuquicamata, una de las minas más grandes de cobre en Chile”, insistió Mauricio Cornejo, entendiendo que hoy en la provincia él y sus compañeros son presos políticos.
La ley de Glaciares
Mientras que el Proyecto San Jorge espera entrar a la Cámara de Senadores, el presidente avanza con la modificación la Ley de Glaciares (26.639), que prohíbe la minería en zonas glaciares y en sus perímetros circundantes. Tal como anunció hace unas semanas en un congreso en Corrientes, el Presidente sostiene que la norma responde a “una actitud bien primitiva” de los ambientalistas que “prefieren que uno se muera de hambre y no tocar nada”.
“Lo que permite esta ley es devolverle el federalismo a las provincias y que cada una determine cuál es la zona periglaciar protegida”, definió el presidente, algo muy parecido a lo expresado hace un tiempo por Peter Lamelas, embajador de Estados Unidos en Argentina. Esta medida permitiría la explotación en territorios que hoy son reservas hídricas naturales.
En este clima, la flexibilización de la Ley de Glaciares pareciera ser una condición implícita en la relación de Argentina con Estados Unidos. Esta ley ha puesto un freno a proyectos en la cordillera que no atendían límites sobre zonas sensibles.
Milei atribuyó directamente esta iniciativa a Alfredo Cornejo, sin dudas un gran interesado. La discusión en Mendoza no puede leerse por fuera de una batalla geopolítica en torno a minerales y recursos estratégicos. Un tablero en el que Argentina tiene mucho por defender, pero no tiene al frente las mejores fichas.
