Autor: Redacción Desde La Raíz

  • ¿Servidores en la Patagonia? Qué se sabe del acuerdo con OpenAI

    ¿Servidores en la Patagonia? Qué se sabe del acuerdo con OpenAI

    En la misma semana en la que Javier Milei confirmó una nueva reunión con Donald Trump, el Gobierno anunció un “potencial” acuerdo con el gigante tecnológico OpenAI, el cual ha desarrollado el famoso ChatGPT. Y decimos potencial porque lo que se llevó a cabo fue una carta de intención, que establece en documentos formales, justamente la intención de llevar a cabo la inversión. Más allá del anuncio, no hubo mayores detalles y lo poco que se conoce, es a través de algunos medios con intereses particulares. Y esto, siembra varias dudas al respecto.

    El proyecto que llevará el nombre de Stargate Argentina, se desarrollaría bajo el Regimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), ya que se trataría de un desembolso de más de 25 millones de dólares. Sin embargo, OpenAI ingresaría a la operación como un actor offtaker, es decir, que compraría toda la potencia computacional que la instalación genere. En la carta de intención se firmó el compromiso de adquisición que sostendría y garantizaría la iniciativa aunque no sea el encargado directo de la inversión.

    Quien aparece allí como la que llevaría a cabo la instalación de infraestructura, es la firma Sur Energy, que tiene a Emiliano Kargieman cómo cofundador. Aunque es una empresa a la cual no se le conoce proyectos de inversión en tecnología, y no está declarada en el Boletín Oficial como una sociedad dedicada a las inversiones tecnológicas. Es más: Su sitio web oficial fue dado de alta durante algunas horas posteriores al anuncio y luego fue oculto.

    Asimismo de la famosa carta de intención no se conoce el lugar físico en donde se desarrollaría su instalación. Y aquí volvemos al inicio: Quién está brindando algunos datos a cuenta gotas del plan es el portal Infobae. Este lunes, y escrito en potencial, se posicionó a Tierra del Fuego como una de las beneficiarias del proyecto, aunque no para alojar el data center, sino para ser un potencial polo de fabricación de componentes clave para IA. Algo que no se dio a conocer en el anuncio inicial.

    Y esto último es muy importante ya que existe una disputa entre los Estados Unidos y China por la producción de semiconductores para el desarrollo tecnológico, una carrea que por ahora tiene al país asiático en la delantera, ya que monopoliza la producción de las “tierras raras” que proveen de minerales para la fabricación. Y, según un informe del Servicio Geológico Minero Argentino (Segemar), la Plataforma Continental Marítima contiene varios de estos minerales.

    Para otro capítulo queda el debate sobre el consumo de agua en grandes cantidades que requieren este tipo de desarrollos, y si eso se reduciría instalándolo en tierras con temperaturas bajas. Habrá que esperar a que se conozca, de manera oficial, el acuerdo y sus detalles al pie de la letra. Por ahora, es solamente IA.

  • El Gobierno avanza con la liquidación de Nucleoeléctrica

    El Gobierno avanza con la liquidación de Nucleoeléctrica

    El gobierno de Javier Milei tiene listo el decreto para avanzar con la privatización del 49% de las acciones de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA), la firma que opera Atucha I, Atucha II y Embalse.

    Para la misma se propone la venta del 44% que se pondrá a la venta en bloque mediante una licitación pública nacional e internacional, mientras que el 5% restante se les otorgará a los trabajadores a través de la organización de un Programa de Propiedad Participada.

    Actualmente, la composición accionaria de NA-SA se distribuye entre el Ministerio de Economía (79%), la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) con un 20% y Energía Argentina (Enarsa) con el 1%. Antes de concretar la venta, el decreto ordena que tanto la CNEA como Enarsa transfieran sus participaciones a la Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Economía. Una vez completadas estas transferencias, la autoridad de aplicación dictará las normas operativas y complementarias para llevar adelante la licitación, con la intervención de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria Agencia de Transformación de Empresas Públicas, dirigida por Diego Chaher.

    El aporte estratégico de estas centrales nucleares es importante para el desarrollo tecnológico de la Argentina. Actualmente, juntando las tres centrales nucleares, tiene una potencia instalada de 1763 MW, un 4,1% de la potencia bruta total instalada en el país a diciembre de 2024. No obstante, el año pasado el porcentaje de energía generada por NA-SA trepó al 7,35% del total aportado al Sistema Argentino de Interconexión Eléctrica (SADI).

  • ¿Se abre un conflicto en la industria del gas?

    ¿Se abre un conflicto en la industria del gas?

    El Sindicato de Trabajadores de la Industria del Gas (STIGAS) comenzó la semana con varios focos de conflictos abiertos producto de la flexibilización que intentan imponer las empresas empleadoras. Puntualmente en Bahía Blanca, la empresa MEGA dedicada a la separación y el fraccionamiento de los componentes del gas natural, viene incumpliendo con los acuerdos establecidos en el convenio colectivo de trabajo.

    Por eso decidieron llevar adelante un paro total de actividades a partir del martes 9 de septiembre a las 07:00 hs, por un plazo de 48 horas. Una situación que ya se había llevado a cabo durante el año 2023, llevando a cabo el mismo reclamo. MEGA es una de las empresas apuntadas, dentro del polopetroquímico, apuntadas para el agregado de valor del gas natural que se extrae de Vaca Muerta.

    Una situación similar se desató en Mar del Plata donde el STIGAS denuncia que Camuzzi mantiene planteles operativos mínimos, con tareas de mantenimiento demoradas y sin obras de infraestructura que acompañen el crecimiento de la demanda. Esta fue una de las causantes que derivó en el desabastecimiento de gas que vivió la localidad bonaerense hace un mes.

    Cada localidad depende de una red debilitada y saturada, y eso significa que lo que pasó en Mar del Plata puede pasar en Tandil, Necochea, Azul, Balcarce, Ayacucho o cualquier ciudad de la provincia”, remarcaron desde STIGAS a Mundo Gremial.

  • “Otro miembro del clan Menem maneja dinero del hospital Garrahan”

    “Otro miembro del clan Menem maneja dinero del hospital Garrahan”

    El jueves pasado, a las 7 am, comenzó un nuevo paro en el Hospital de Garrahan, que se mantuvo durante 24 horas. Dentro del intenso conflicto salarial que enfrentan médicos, residentes y trabajadores del hospital, esta vez exigieron la inmediata aplicación de la Ley de Emergencia Pediátrica recientemente aprobada, como un primer paso para frenar el vaciamiento del hospital de atención infanto-juvenil más importante del país. 

    La “Ley Garrahan”, ley que declara la emergencia en la salud pediátrica, fue aprobada con 62 votos positivos en el Senado de la Nación el 22 de agosto, pintando de verde el tablero de votación. Esta aprobación fue celebrada como un triunfo para todo el entramado que defiende el hospital. Sin embargo, no apagaron sus alarmas, no sólo porque la lucha salarial y presupuestaria continuaría sino porque bien sabían los trabajadores, los pacientes y sus familias, que la nueva Ley podría ser vetada por el presidente Javier Milei, promesa que hace tiempo viene haciendo para toda ley que “atente contra equilibrio fiscal”. 

    La nueva norma obliga al Poder Ejecutivo a inyectar fondos para financiar al Hospital Garrahan, tanto para la recomposición salarial inmediata para el personal médico y de salud, así como para la adquisición y compra de insumos crítico y básicos mediante mecanismos excepcionales, para garantizar la velocidad en la provisión de los materiales. Pero su aplicación está lejos de ocurrir. 

    “Necesitamos su aplicación ya, no podemos esperar más. Los salarios se siguen destruyendo, mientras el hospital continúa vaciándose. Todas las semanas renuncian trabajadores de distintos tramos y turnos”, afirmó Alejandro Lipcovich, secretario general de la Junta Interna de ATE.

    Además, durante el paro el trabajador del hospital agregó que el hospital tiene vastos recursos propios, más allá de la ley que implica fondos del tesoro nacional. “Estos fondos, que manejan discrecionalmente las autoridades nombradas por Milei, deberían destinarlos a recomponer al menos parcialmente los salarios del personal”. 

    En esta línea, detalló que los números de los llamados “recursos genuinos”, que representan el ítem salarial derivado de la facturación a prepagas y obras sociales, están congelados en $200.000 desde hace más de un año. “Sin embargo, los funcionarios se jactan de haber incrementado la recaudación. ¿Dónde está la diferencia? Ajustados por inflación desde la asunción de Milei deberían ser de no menos de $540.000”, denunció Lipcovich. 

    El Consejo de Administración del hospital Garrahan fue designado en 2024 por Javier Milei. Uno de sus integrantes, es el consejero Jorge Menehem, primo de Carlos Saúl y pariente de “Lule” y Martín Menem. Menehem ocupó un lugar en los altos cargos del hospital con el menemismo y también estuvo al frente durante muchos años de la Fundación Garrahan. Desde julio, asumió nuevamente el cargo de consejero con un cobro de más de 6 millones de pesos, tal como aseguran los trabajadores de ATE Garrahan. 

    Mientras cientos de profesionales están trabajando con salarios debajo de la línea de pobreza, con guardias, sobrecargo y un colapso institucional, los dirigentes gremiales señalan a las cúpulas del hospital por falta de transparencia y respuestas ante los reclamos. “Es un tema muy serio ver la completa opacidad del manejo presupuestario de este gobierno, enchastrado por escándalos de corrupción especialmente en salud. Jorge Menehem, hace décadas es la cabeza de la Fundación Garrahan, un instrumento de recaudación enorme”, señalaron en el comunicado emitido luego del paro del jueves 28.

    Por su parte,  Gerardo Oroz, secretario adjunto de ATE, resaltó que lamentablemente esperan que Milei vete la ley y que, en ese caso, se profundizará la huelga, reconociendo el enorme apoyo popular que tuvo el reclamo que se convirtió en ley. “Nos preparamos para rodear al Congreso de la Nación con una multitud en defensa de la salud y la educación públicas”, aseguró, en unión con el sector educativo, que también recibió en agosto la aprobación de ley de fondos universitarios. 

  • Lewis mantiene una represa con un guiño de Milei

    Lewis mantiene una represa con un guiño de Milei

    Esta semana la secretaría de Energía ratificó a través de la Resolución 324/2025 publicada en el Boletín Oficial, el cambio de titularidad de la Central Hidroeléctrica Río Escondido, ubicada en Río Negro. La propiedad pasó de Patagonia Energía a Hidden Lake S.A., dos empresas vinculadas al empresario británico Joe Lewis.

    La central, que tiene una potencia instalada de 7,2 megavatios (MW), está localizada en El Foyel, cerca de Bariloche. Con este cambio, la hidroeléctrica pasa a estar bajo la misma firma que administra la estancia Lago Escondido.

    El complejo se sitúa sobre la margen derecha del río Escondido, cerca del kilómetro 1.948 de la Ruta Nacional N° 40, en el departamento de Bariloche. Se conecta al Sistema Argentino de Interconexión (SADI) a través de un cable subterráneo de 33 kilovoltios (kV) que llega a la estación transformadora El Bolsón, propiedad de la Empresa de Energía de Río Negro Sociedad Anónima (EDERSA).

    La adquisición de Lewis data desde 1996, cuando durante el gobierno de Menem, compró más de 11 mil hectáreas que rodean al Lago Escondido, una zona de seguridad de frontera (Ley 15.385), situación que fue denunciada como irregular. La causa que investigaba la adquisición fraudulenta prescribió.

    La resolución que le otorga el permiso a Hidden Lake S.A señala que “el Estado por sí, o a través de cualquiera de sus entes o empresas dependientes, y a efectos de garantizar la continuidad del servicio, deberá proveer servicios de transporte o distribución en el caso en que, cumplidos los procedimientos de selección referidos en la presente ley, no existieran oferentes a los que puedan adjudicarse las prestaciones de dichos servicios”.

  • Preocupación en el turismo en estas vacaciones

    Preocupación en el turismo en estas vacaciones

    La última semana, el vicepresidente de la Asociación de Hoteles, Aldo Elías, sostuvo que la situación turística en la Argentina está “muy complicada”, y que las reservas bajaron un 25% con respecto al 2024. En esa línea cargó contra las políticas económicas del Gobierno.

    “El tipo de cambio hace que el turismo receptivo, que es el que entra al país, no llegue. Y el turismo interno, que aquel que puede salir de viaje lo hace al exterior aprovechando justamente la coyuntura de los precios muchos más accesibles en dólares que comprar las cosas acá”, indicó en una entrevista en Radio Splendid.

    La baja en el movimiento turístico repercutió fuertemente en aquellos lugares que esperan su punto álgido para las vacaciones de invierno, como en La Rioja, donde el subsecretario de Turismo, Juan Contreras, confirmó que se encuentran trabajando con un 50% menos de reservas que el año pasado.

    Lo mismo sucede en el Calafate (Santa Cruz), donde la Asociación Civil de Alojamientos Turísticos de El Calafate (ACATEC) presentó una queja a Aerolíneas Argentinas por la escases en la oferta de vuelos y el alto precio de sus pasajes (un trayecto ida y vuelta está costando casi 1.300.000).

    La misma situación acontece en Mar del Plata, donde la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica (AEHG) que reveló que durante el martes y miércoles de la semana pasada las reservas hoteleras apenas llegaron al 20%, con una leve suba al 30% durante el fin de semana último. Al respecto, su titular Hernán Szkrohal explicó que “en la gastronomía se nos ha desplomado el consumo alrededor de un 30%, que consideramos una característica a nivel nacional, no solo un fenómeno de Mar del Plata”.

  • El cierre de la Agencia Nacional de Seguridad Vial no es ahorro: es poner en riesgo la vida

    El cierre de la Agencia Nacional de Seguridad Vial no es ahorro: es poner en riesgo la vida

    Con el argumento de que se trataba de una reestructuración en el área de transporte y vialidad, el 8 de julio el Gobierno nacional dispuso la disolución de tres organismos: la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial.

    La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) fue creada en 2008 bajo la Ley Nacional 26.363, con la misión de reducir la tasa de siniestralidad en el territorio nacional, a partir de la promoción, coordinación y control de las políticas de seguridad vial, nacionales e internacionales.

    Si bien se ubica bajo el ala del Ministerio de Interior, es un organismo descentralizado y con autarquía económica financiera, por lo que no depende del presupuesto nacional. Es decir, la Agencia Nacional de Seguridad Vial no significa un gasto para el Estado sino que se financia con el 1% de los seguros y, por el contrario, evita accidentes y salva vidas. 

    Sin embargo, el Decreto 461/2025 del gobierno de Javier Milei, publicado en el boletín oficial el 8 de julio de 2025, dispone su disolución sin razones ni explicaciones que lo justifiquen.

    No es un gasto, es una inversión en vidas. El cierre sería un retroceso institucional gravísimo. Rompe la coordinación federal, deja sin control rutas críticas, y reemplaza a personal civil calificado por fuerzas sin formación en seguridad vial”, señalaron los trabajadores en un comunicado emitido esta semana.

    Además, la ANSV es la encargada de, por ejemplo, realizar controles de alcoholemia y velocidad con tecnología homologada, fiscalizar vehículos en todo el país, coordinar operativos con municipios y provincias, y gestionar campañas de concientización. A través de la Línea 149, los trabajadores del organismo también asisten gratuitamente a víctimas y familiares de accidentes y siniestros. 

    Según el informe de la Dirección de Estadística Vial, desde su creación, la ANSV logró disminuir las muertes por siniestros viales, destacando que la cifra ha ido en descenso cada año. Solo en 2024, se controlaron más de 3 millones de vehículos, se realizaron  70.000 operativos y se retuvieron 18 mil licencias por alcoholemia.

    Durante este año, hubo varias medidas para fortalecer la seguridad vial. El Decreto 196/2025 introdujo restricciones y controles para conductores principiantes y adultos mayores, incorporando elementos de identificación, límites horarios y médicos más estrictos. 

    Además, se intensificaron las campañas nacionales de control de alcoholemia y de velocidad, así como los operativos federales coordinados y el uso de radares móviles. El Plan Estratégico Nacional de Seguridad Vial 2024–2027 puso especial énfasis en la protección de motociclistas, que encabezan el porcentaje de víctimas fatales, así como también infraestructura segura y programas de concientización.

    “Cerrar la ANSV no es una medida de ahorro. Es poner en riesgo la vida de miles de personas”, remarcaron sus trabajadores. Por su parte, la medida también fue rechazada por la CGT, que denunció que “el cierre de estos organismos y su abandono derivará en más accidentes y peligro para millones de personas que transitan día a día las rutas”.

    A través de un comunicado, firmado por el Consejo Directivo que encabeza Héctor Daer, la central obrera calificó la medida como “un ataque directo al modelo de país federal que defendemos” y advirtió que su implementación deja en vilo a miles de trabajadores cuyas funciones y tareas en cada una de las rutas de la Argentina son fundamentales para la prevención de accidentes automovilísticos, una de las principales causas de muerte en nuestro país”.

    Asimismo, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, que es el organismo que controla el transporte automotor y ferroviario en Argentina y depende del Ministerio de Transporte, cambiará su estructura y su nombre, llamándose ahora “Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte”. De igual manera se dispone la reestructuración de la Junta De Seguridad en el Transporte, la cual se denominará “Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación”.

  • Un nuevo fallo judicial contra el agronegocio

    Un nuevo fallo judicial contra el agronegocio

    La Cámara Contencioso Administrativa de La Plata ordenó al Municipio de Lobos garantizar agua sin agrotóxicos y con niveles de arsénico permitidos para toda la población de Lobos. El fallo llegó luego de que en 2021, un grupo de ciudadanos presentara un recurso de amparo contra el Ejecutivo local para que el Poder Judicial garantizara el acceso al agua en condiciones aptas para el consumo humano.

    El edicto indica que deben crearse centros de distribución de agua potable, libre de agrotóxicos y con arsénico por debajo de los 10 microgramos por litro.

    Desde la multisectorial informaron que se habían encontrado 18 pesticidas pertenecientes a la actividad agrícola en análisis del agua, junto a niveles muy elevados de arsénico. “A principios de 2023, frente al desamparo y la falta de respuestas los vecinos nos volvemos a organizar y realizamos un estudio epidemiológico. Los resultados son escalofriantes: detectamos glifosato en la orina del 15% de los vecinos analizados”, mencionaron en un comunicado.

    Y agregaron: “En junio de 2024 profundizamos los estudios epidemiológicos y descubrimos que el 20% de las personas que tenían glifosato en orina presentaban daño genético. Adjuntamos toda esta información a la causa”.

    Además informaron que van a solicitar la aplicación efectiva de la multa por el incumplimiento de la entrega de agua y la falta de análisis periódicos. Propondremos que esos fondos se destinen a la construcción de una planta
    potabilizadora.

    Mientras que presentaran una apelación ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia, solicitando el
    alejamiento de las fumigaciones con agrotóxicos a más de 1095 metros de los centros poblados, “fundado en todos los estudios realizados, análisis de orina y más de 100 testimonios vecinales”.

  • Las organizaciones cannábicas se organizan en la provincia

    Las organizaciones cannábicas se organizan en la provincia

    Frente a un escenario nacional marcado por el retroceso de políticas públicas, distintas organizaciones cannábicas de la provincia de Buenos Aires comenzaron a tejer una red para fortalecer su alcance territorial y organizarse de manera colectiva. La iniciativa es impulsada por Cannabis Medicinal Bahía Blanca, RESET -Política de Drogas y Derechos Humanos- y Madres Cultivadoras Argentinas, quienes llaman a otras agrupaciones a sumarse a través de un formulario online.

    Para sumarse a la Red del Movimiento Cannábico autoconvocado sólo tenés que hacer click acá e inscribirte en el formulario.

    “Sabemos que somos muchas organizaciones en la provincia y que juntas podremos construir una red lo suficientemente fuerte para resistir y seguir luchando”, expresaron desde la cuenta de Instagram de Madres Cultivadoras, organización que nació cuando un grupo de familias encontraron la posibilidad de “fabricar” su propia medicación. El objetivo que tienen con esta red es conocer otras organizaciones de la provincia, reunirse y defender el acceso a la planta como medicina, en un contexto de ajuste estatal y latente criminalización.

    Esta convocatoria surge también como respuesta al reciente cambio normativo en el Reprocann. En mayo, el Ministerio de Salud endureció los requisitos para el cultivo de cannabis con fines medicinales mediante la Resolución 1780/2025, lo cual, según denuncian las organizaciones, obstaculiza el cultivo en red y solidario al que asisten a personas que no pueden autoabastecerse. 

    Daniel Loza, cultivador solidario de La Plata, murió en 2018, dos meses después de que la justicia allane su casa.

    Desde hace al menos un año, los trámites de Reprocann estaban frenados y había más de 100 mil personas esperando ser autorizadas para poder cultivar cannabis con fines medicinales en sus casas. A partir de la nueva normativa, los usuarios deberán volver a iniciar el trámite respetando los nuevos requisitos, los cuales son en muchos casos inalcanzables. Mientras tanto, quienes tienen el permiso vigente pueden seguir utilizándolo hasta que el mismo se venza, aunque muchos temen entonces poder renovarlo. 

    Entre las nuevas exigencias, se incluye contar con un Director técnico de cultivo y un Director Médico con formaciones específicas, así como también análisis y trámites jurídicos, aumentando significativamente el valor económico del proceso e imposibilitando el acceso comunitario.

    Además, a esto se suma el vencimiento de las licencias de las semillas argentinas otorgadas por el INASE, el Instituto Nacional de Semillas, y la posterior disolución del organismo, dificultando aún más el acceso legítimo a la medicina cannábica y dejando a miles de usuarios sin tratamiento. 

    Las organizaciones insisten en que esta red no es más ni menos que una comunidad que intenta proteger lo conquistado, defender una medicina que favorece enormemente la calidad de vida y garantiza el derecho a la salud.

    Conocé la historia de Madres Cultivadoras haciendo clik en esta nota:

  • El Gobierno “desregula” las pilas: menos controles, más residuos tóxicos

    El Gobierno “desregula” las pilas: menos controles, más residuos tóxicos

    El último jueves uno de los ñoquis VIP devenido en ministro, Federico Sturzenegger, anunció con bombos y platillos que decidieron “desregular” las funciones del INTI, en particular la Ley 26.184 que establece la obligatoriedad de un certificado de un organismo técnico nacional para toda pila utilizada en el país.

    Esta ley exige que las pilas y baterías tengan bajos niveles de metales contaminantes y cumplan ciertos estándares de calidad, tiempos de duración y descarga, además de establecer topes máximos para sus componentes. “Yo me pregunto, ¿qué le importa al Estado cuánto dura una pila? En todo caso será un tema de preocupación para quien la compre”, escribió Sturzenegger en X.

    Una de las grandes alarmas que se encienden con esta decisión es la posibilidad de que ingresen pilas de diferentes orígenes, las cuales aumenten las cantidades de un residuo electrónico tóxico y no controlado.

    Estos residuos, como toda la basura en general, son gestionados por los estados municipales. Su destino final depende de la capacidad presupuestaria y la estructura productiva de cada localidad. En municipios donde estas políticas son deficientes, las pilas podrían terminar en un basural a cielo abierto, como terminan otros residuos, generando graves consecuencias ambientales.

    Los aparatos eléctricos y electrónicos son una mezcla compleja de cientos de materiales. Contienen metales pesados como plomo, mercurio y cadmio, químicos peligrosos y PVC (policloruro de vinilo), un tipo de plástico muy tóxico.

    A pesar de que pueden reemplazarse por pilas recargables, la realidad es que las pilas descartables son utilizadas cotidianamente para el funcionamiento de muchos electrodomésticos y dispositivos como relojes, linternas, juguetes, controles, instrumentos, y un largo etcétera de objetos comunes.

    También es muy común que en muchos hogares las pilas ya gastadas se guarden en frascos o bidones viejos, dado que se sabe que es un residuo que debe tener un tratamiento especial. Son fuentes de energía fabricadas con una mezcla compleja de muchos materiales, entre ellos, por ejemplo, metales pesados, como Cadmio, Plomo y Mercurio, tres metales con efectos muy nocivos para el ambiente.

    Cuando las pilas se descartan en la basura común, no solo tardan cientos de siglos en degradarse, sino que en el camino liberan sus tóxicos en el suelo, llegando a las napas y contaminando el agua que tomamos. Pero si además, el Estado Nacional no efectúa sus controles correspondientes, la situación empeora.

    Sin embargo, el trabajo regulador que realiza el INTI, Instituto Nacional de Tecnología Industrial, es, para el actual gobierno “una barrera de costos innecesarios e inútiles”. 

    La suma de costos y costitos es lo que encarece los productos y de a poco nos va empobreciendo” señaló Federico Sturzenegger.  Quedará entonces en la suerte del consumidor comprar pilas que sean buenas y duren lo que uno paga. 

    La decisión de desregular el control sobre las pilas no sólo es un guiño al libre mercado, es sobretodo una retirada más del Estado como garante de derechos. En un país donde el destino de los residuos depende de municipios con recursos limitados, dar “libre albedrío” es, como mínimo, riesgoso.