Autor: Delfina Sánchez Magariños

  • Mirar el paisaje desde lejos: la ‘política’ mileísta en Parques Nacionales

    Mirar el paisaje desde lejos: la ‘política’ mileísta en Parques Nacionales

    El miércoles 28 por la mañana, Cristian Larsen publicó su carta de renuncia en redes sociales. En ella, el funcionario celebró una gestión por la que, justamente, los trabajadores de Parques Nacionales vienen manifestándose en desacuerdo, caracterizada por despidos, precarización, pérdida de capacidades técnicas y desregulación del turismo en áreas protegidas.

    Recordado por gastar 300 mil pesos en un almuerzo mientras la Patagonia se prendía fuego, Larsen se despidió con la “firme convicción de continuar aportando a las ideas de la libertad desde otro lugar”, tal como expresó en su carta. Ese ‘otro lugar’ parece ser el campo electoral. Después de un año y medio al frente de APN -sin experiencia ni capacitación en gestión ambiental-, Cristian Larsen, participará en el armado de listas de La Libertad Avanza (LLA) en Santiago del Estero, de cara a las elecciones de octubre. 

    En verdad, su renuncia no fue sorpresa para nadie. El ex-funcionario coordinó su salida en una reunión en Casa Rosada mientras que entre los trabajadores se esperaba tarde o temprano la renuncia de un director más comprometido por seguir la línea del gobierno nacional que por propulsar y mejorar su organismo. Lo que queda tras su paso es un retroceso: debilitamiento del cuerpo de guardaparques, desarticulación de equipos técnicos y una política ambiental subordinada a los negocios privados.

    Cristian Larsen junto a Javier Milei y Karina Milei. Foto posteada en su Instagram.

    Ahora bien, ¿Cuál fue la política de Larsen en APN?

    En el verano, los incendios forestales en Río Negro, Chubut y Neuquén lo pusieron a prueba. Estuvo al frente del organismo durante el peor ciclo de incendios en la región de las últimas tres décadas. En total, en estas provincias se quemaron casi 32.000 hectáreas entre octubre de 2024 y marzo de 2025, según un relevamiento de Greenpeace. Esto es cuatro veces más que en el mismo periodo del año anterior. Mientras los brigadistas denunciaban falta de recursos y respuestas tardías, Larsen apuntó contra las “falsas organizaciones mapuches” como responsables del fuego. 

    Pero si hubo una decisión que marcó su gestión fue la desregulación del turismo en 39 parques nacionales. En marzo, junto con el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y el presidente Javier Milei, Larsen firmó las resoluciones 61/25 y 62/25.

    Bajo la bandera de “la libertad”, flexibilizaron los permisos para operar servicios turísticos dentro de las áreas protegidas y eliminaron los requisitos para ejercer como guía oficial. Desde adentro del organismo, los trabajadores advierten que esta apertura es explícitamente una retirada del Estado que pone en riesgo tanto la conservación de los parques, la seguridad de visitantes y el control ambiental. “No estamos en contra de incentivar el turismo, pero sí de abrir los parques al negocio sin controles. Lo que llaman ‘trabas’ son análisis técnicos para evitar daños ambientales. Por algo son parques nacionales y no parques de diversiones”, explicó en diálogo con este medio Alejo Fardjoume, delegado de ATE Parques Nacionales.

    Fardjoume anunció que desde marzo del año pasado se han despedido 150 trabajadores, se han estancado los salarios y desfinanciado estudios técnico científicos. “En los parques no sobran trabajadores, faltan. Siempre faltan más brigadistas, guardaparques, técnicos, administrativos y científicos. Sin ellos, no hay conservación posible”. Pero, principalmente, destacó que lo que está en juego no es solo el empleo, sino la labor de Parques Nacionales en los territorios.

    “La visión es generar negocios”… para unos pocos

    La desregulación no llega sola. Se acompaña de un discurso que promueve “abrir los parques a más gente”, pero que -según denuncian desde adentro- esconde otros intereses. Detrás del discurso de ‘abrir los parques’ se esconde la habilitación de negocios para sectores privados, incluso para quienes ya tienen propiedades dentro de áreas protegidas que, en muchos casos, son parte del 1% más rico de la Argentina”, asegura Fardjoume.

    Uno de los ejemplos más concretos es el caso de la Isla Victoria, en el Parque Nacional Nahuel Huapi, donde se barajan proyectos para habilitar desarrollos de pesca, casas privadas y hoteles. “La visión es generar negocios. La posibilidad de hacer de parques una oportunidad de lucro para los mismos de siempre, a costa de los trabajadores, la biodiversidad y el sentido público de los parques”, señala.

    ¿Para qué existen los Parques Nacionales?

    Sin dudas, los parques tienen un sentido ambiental y de conservación ecológica. Pero también su sentido corre en términos de soberanía territorial y proyecto nacional.  Es decir, cuando hay proyectos de otros, de afuera, sin control del estado nacional, Argentina pierde poder de decisión, de autonomía y de proyección a futuro. Tal como dice Alejo: “Atrás de los negocios, se esconde una pérdida de soberanía y del control territorial que tiene que tener Parques”, dice Alejo Fardjoume. “Vamos a quedar abiertos a que venga cualquier fundación, ONG, con quienes está buenísimo trabajar pero no que sean quienes llevan el mando. Eso se debe definir como política pública, desde APN y con otros organismos como el CONICET, el INTA, las universidades, las provincias, los municipios y las comunidades locales”.

    La lógica del recorte presupuestario choca de lleno con los tiempos de las políticas de conservación. “Los efectos de desarmar áreas técnicas no se ven hoy, pero en unos años vamos a lamentarlo”, advierte el delegado. Por ejemplo, en abril de este año, tras 30 años de trabajo científico, se logró reintroducir al huemul en el Parque Nacional Lanín, una especie de ciervo emblema de la Patagonia.

    Además, en todo el país, los Parques Nacionales y las áreas protegidas generan desarrollo en las economías regionales, impulsan emprendimientos y son clave para el turismo local y nacional. 

    Quizás, antes de firmar resoluciones que profundizan la concentración de riquezas, sería oportuno que quienes ocupan cargos de este estilo agudicen su mirada no sobre el horizonte político, sino sobre el organismo que tienen a su cargo.

    Este es un gobierno que llegó al poder prometiendo combatir privilegios, ñoquisy castas enquistadas en el Estado. Sin embargo, es inevitable preguntarse si no hay algo profundamente contradictorio en ocupar un cargo clave durante menos de dos años, renunciar sin rendir cuentas, y reorientar esa experiencia política hacia la proyección personal dentro de un armado electoral.

    El directorio de la APN sigue vacante. 

  • Baja la inflación, también los salarios

    Baja la inflación, también los salarios

    En febrero, el IPC nacional contabilizó una suba de precios del 2,4%, el cual aumentó para marzo al 3,7%, siendo este el número inflacionario más alto desde agosto del 2024 (acrecentado por los rumores de devaluación que corrieron durante todo este mes). Ahora, el número de abril refleja una desaceleración, relevante por el contexto post apertura cambiaria. 

    En este contexto, Julia Rigueiro, historiadora y analista económica del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), sostuvo que el hecho de que la inflación no aumente o no disparen los precios por los aires, tiene que ver con dos cosas principalmente: “En primer lugar, los salarios pisados, por lo tanto el consumo que no se recupera, y por otro lado el tipo de cambio atrasado, o lo que se escucha como el dólar barato.

    Y agregó: “Desde el gobierno, están haciendo de todo para mantenerla baja, y de todas maneras se mantiene sobre el 2%. Ahí hay una incógnita, con todas estas herramientas que están usando la inflación debería estar más baja. Este 2,8% del mes pasado que acumula en lo que va al año 47,8%, no deja de ser un una inflación alta comparada con lo que se pretende y con otros países, como Chile, México, Brasil o Estados Unidos.”

    Fuente: Informe INDEC, variaciones MENSUALES de inflación.  Abril 2025

    En donde sí se refleja la desaceleración inflacionaria es en el dato interanual, siendo esta de un 47,3%, evidenciando una mejora en la ‘macro’. Así se ve en el siguiente gráfico:

    Fuente: Informe INDEC, variaciones INTERANUALES de inflación.  Abril 2025

    ¿Mejoró nuestra economía?

    Sin embargo, ¿podemos nosotros realmente afirmar que nuestra economía mejoró? La realidad es que a pesar de la celebrada mejora de la ‘macro’, los salarios reales se mantienen bajos. Estos aún no alcanzan a recuperarse de la pérdida de poder adquisitivo generada en la fuerte devaluación de comienzos del año pasado y la canasta básica no deja de aumentar. 

    Según el último dato de INDEC del mes de abril, una familia tipo necesitó $1.110.063 para no ser pobre y $502.291 para no ser indigente, registrando la Canasta Básica Alimentaria un alza del 11.8% en lo que va del año.

    En relación a la canasta básica y a la desaceleración de la inflación, Rigueiro advierte que incluso la situación podría ser más grave:

    “No se traduce en una mejora en la población. Y tiene una explicación bastante clara que es que los gastos mensuales de todas las personas adultas que trabajamos, no están fielmente representados por las mediciones actuales de la inflación. El INDEC utiliza una canasta básica que pondera, jerarquiza o distribuye los gastos que hacemos, de acuerdo a una estimación del 2004-2005. Hace 20 años nuestros gastos eran diferentes a los que son ahora. En 2004-2005 difícilmente alguien gastaba lo que gasta hoy en celulares, internet, TV y cualquier otro aparato. Si desde INDEC usaran una encuesta más actualizada, pesaría un poco más los gastos de la vivienda, de comunicaciones, y de transporte. Y en ese caso, el cálculo de la inflación daría diferente y mostraría que nuestros salarios están todavía más atrasados”.

    El dato de la Canasta Básica se vuelve particularmente inquietante al analizar la última resolución publicada en el boletín oficial que decreta el Salario Mínimo Vital y Móvil en $302.600 para los trabajadores mensualizados a jornada completa, y de $1513 por hora para los trabajadores jornalizados. 

    Es decir que, entonces, una familia tipo que se sostiene en base a dos sueldos mínimos, apenas estaría superando la vara de la indigencia. Al comparar con otros países, esta situación se vuelve completamente anormal: Una familia con dos trabajos registrados y de jornada completa necesita que su salario se duplique para apenas superar la pobreza.

    Salario Mínimo, Vital, Móvil …y bajísimo 

    Acerca de esta problemática, Rigueiro plantea que:

    Las negociaciones por Salario Mínimo, Vital y Móvil desde que asumió Milei, me dan vergüenza, me dan vergüenza por mi patria. Porque además el SMVM es una referencia para otros salarios y para otras percepciones. Tanto para las jubilaciones como para todo tipo de prestación social, que son muy necesarias y constituyen una buena parte de la economía de muchas familias. A eso se le suma la cuestión del género y la brecha salarial, de muchas familias monomarentales también. 

    Este tipo de negociaciones muestran una vez más cómo el gobierno efectivamente piensa en la libertad de mercado, pero no deja liberado al mercado la negociación de los salarios.

    “Se encargaron de apretar a los supermercados para que no aumenten el precio, también de no homologar las paritarias del Sindicato de Comercio, y recordemos que el 20% de los trabajos del empleo registrado privado son de comercio. Con esto, se vuelve a comprobar la falacia de que la inflación es siempre un fenómeno monetario. Si fuese sólo un fenómeno monetario no tendrían por qué apretar a los supermercadistas ni pisar las paritarias”, asegura Julia. 

    Después empiezan de a poco a levantar, y es esa remontada lo que el gobierno muestra como logros, pero suceden porque había bajado antes muy abrupto.”

    Estos bajísimos números, son parte de una realidad generalizada. La caída del poder adquisitivo que atraviesa la sociedad argentina es el resultado de un bajo crecimiento, una  alta volatilidad económica y una inflación crónica. 

    Esta realidad se refleja en todos los niveles, pero claro está que no impacta de igual manera en todos los sectores. Así se observa en el siguiente gráfico la evolución de ingresos diferenciado en empresarios, pymes, micropymes, sector público, trabajadores autónomos profesionales y no profesionales. 

    La pregunta que surge entonces, es hasta cuándo esta situación va a ser sostenible. A ello, Julia Rigueiro, respondió:

    “Lamentablemente, en tanto y en cuanto ellos reciban el flujo de dólares que necesitan, van a poder sostener los salarios pisados, el consumo por el piso y la inflación baja. Es una encerrona. Para ello fue el acuerdo con el FMI, el blanqueo, el levantamiento de retenciones hasta junio/julio y también esperan que la liquidación de la cosecha gruesa antes de julio les facilite la cosa.”

  • De Suiza a Ituzaingó: Andrés Carrasco, el hombre que transformó la ciencia

    De Suiza a Ituzaingó: Andrés Carrasco, el hombre que transformó la ciencia

    Hay una semilla dando vueltas entre los movimientos sociales campesinos, indígenas y de lucha contra el agronegocio. Una semilla aún más resistente que la transgénica: es la que sembró el Doctor Andrés Carrasco, con compromiso y valentía. Su bandera la levantan las organizaciones sociales, las maestras rurales, las cátedras universitarias de soberanía alimentaria, los militantes agroecológicos y, también, los científicos del CONICET. 

    Graduado de la facultad de Medicina de la UBA a principio de los ‘70, Andrés se especializó en embriología molecular. Fue docente de la carrera que lo formó y militante de la juventud peronista hasta que, en 1981, viajó a Suiza como becario postdoctoral. Fue parte de un equipo de investigación que realizó el descubrimiento del gen homeobox, un gen fundamental en el desarrollo embrionario de los animales. 

    Ese estudio genético le permitió acercarse a grandes grupos científicos y laboratorios, quienes le ofrecieron un lugar principal en ese campo de investigación. Si se hubiese quedado en los países del norte, habría tenido su propio laboratorio, con talentosos becarios a su cargo. Sin embargo Andrés y su esposa decidieron volver, criar sus hijos en Argentina, hacer ciencia acá y aportar a la educación pública. 

    En los años 90 volvió a su Buenos Aires natal e ingresó como investigador en CONICET. Entre 2000 y 2001 se desempeñó como presidente del mismo Consejo científico nacional. A su vez, fue docente en la carrera de medicina y creó el Laboratorio de Embriología de la UBA. Por esos años, se interesó en los efectos de las fumigaciones con glifosato, el veneno más utilizado en el modelo agroindustrial. Decidió dedicarse a estudiar su impacto sobre embriones anfibios.

    Para 2009 su investigación ya tenía conclusiones muy claras y no pudo quedarse en silencio.

    ***

    Eran las 8 de la noche de un día frío de 2009. Sofía Gatica estaba en su casa en el barrio Ituzaingó Anexo, en las afueras de Córdoba Capital, cuando escuchó sonar la puerta. Se asomó y allí había un hombre esperándola.

    —¿Usted es Sofía Gatica? 
    —Si, soy yo.
    —¿Cómo está señora? Vengo a hablar con usted. Soy médico e investigador del CONICET. He investigado sobre los efectos del glifosato en anfibios. Encontré que en pequeñas dosis produce malformaciones en los embriones, igual que podría hacerlo en embriones humanos. He venido hasta acá a decírselo porque esto lo hice por ustedes. Lo hice porque escuché el reclamo de ustedes.

    El barrio cordobés Ituzaingó Anexo, contenía en ese entonces unas 30 manzanas, que limitaban con campos hacia el norte, el este y el sur. La vida de Sofía dió un giro en 2001, luego de que, a minutos de nacer, su bebé muriera por una malformación. 

    Fue entonces que pensó que el suyo no era un caso aislado: decidió investigar la situación sanitaria del barrio y los casos de cáncer que no eran una novedad, con la ayuda de otras madres. En un lapso de 9 años, el colectivo Madres del Barrio Ituzaingó encontró 193 casos de cáncer sólo entre los vecinos del barrio, además de otras malformaciones como labio leporino o manchas en la piel.

    —¿Usted se animaría a decir esto mismo frente a médicos, frente a un periodista y a otras familias?— le preguntó Sofía al médico. 
    —Si, claro. El que diga que mi investigación no es cierta que lo compruebe científicamente en un laboratorio. 

    La lupa sobre el glifosato

    “Un agroquímico es una sustancia que mata, mata plantas que no son deseables. En el caso del glifosato, está asociado a la semilla transgénica, que es parte de un paquete tecnológico producido por una sola empresa –Monsanto– que permite un modo de producción a gran escala gracias a que el glifosato extermina todo lo que haya vivo en la tierra por excepción de la semilla modificada genéticamente”, desarrolló Carrasco en el programa de TV Pública, Científicos Industria Argentina, cuyo recorte se encuentra en el documental del 2019 ‘Andrés Carrasco: Ciencia disruptiva’. 

    Podés leer más sobre la introducción de este modelo en nuestro país en esté artículo:
    | Nueva condena para Bayer-Monsanto por provocar cáncer

    El primer medio en publicar la noticia del hallazgo de Andrés Carrasco fue Página/12. El tóxico de los campos fue el titular de tapa de diario de un lunes de abril de 2009. Él mismo  llamó a Darío Aranda, un periodista del medio, y le pidió que escuche lo que tenía para contar. “No descubrí nada nuevo, digo lo que ya dicen las familias que son fumigadas, sólo lo confirmé en un laboratorio”, le dijo.

    “Se utilizaron embriones anfibios -modelo tradicional de estudio- para determinar concentraciones que pueden alterar mecanismos fisiológicos que produzcan perjuicio celular y/o trastornos durante el desarrollo”, explicaba la investigación. La misma comprobó que concentraciones ínfimas de glifosato, incluso 1500 veces inferiores respecto de las utilizadas en fumigaciones agrícolas, son capaces de producir efectos nocivos en la morfología del embrión, como trastornos intestinales y cardíacos, malformaciones y alteraciones neuronales. “Debido a la conservación de los mecanismos que regulan el desarrollo embrionario de los vertebrados, los resultados son totalmente comparables con lo que sucedería con el desarrollo del embrión humano, aseguró Andrés Carrasco.

    Un año más tarde, su investigación fue publicada en una revista científica, lo cual le dió mayor legitimidad. Sin embargo, él mismo ya se había encargado de hacer público su trabajo, difundiéndolo en medios de comunicación, congresos, asambleas y denuncias públicas. Al instante, organizaciones sociales, activistas, campesinos, familias y pueblos fumigados, tomaron la evidencia como una prueba de lo que padecían y denunciaban hace años.

    Como consecuencia, Carrasco también se ganó amenazas, intimidaciones y difamaciones. Su denuncia lo puso en contra del establishment científico, económico y político, en un contexto en el que la soja era el producto estrella de la Nación Argentina y las tensiones por la Resolución N°125 seguían latentes.

    Los diarios Clarín y La Nación lanzaron una campaña en su contra. Dijeron que era una operación del gobierno, una represalia contra el campo por la fallida 125. También el Ministro de Ciencia, Lino Barañao, dijo que la investigación no existía y que el glifosato era tan dañino como “agua con sal”

    “Creen que pueden ensuciar fácilmente 30 años de carrera. Son hipócritas, cipayos de las corporaciones, pero tienen miedo”, respondió Andrés, en diálogo con Página/12. Y continuó: “Las empresas del agro, los medios de comunicación, el mundo científico y la dirigencia política son hipócritas respecto de las consecuencias de los agrotóxicos. Protestan y descalifican una simple investigación pero no son capaces de observar las innumerables evidencias médicas y reclamos en Santiago del Estero, Chaco, Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe.”

    Ciencia para las comunidades y no para las corporaciones

    A pesar de ser uno de los investigadores principales de CONICET, Andrés Carrasco fue muy crítico del modelo científico hegemónico. Desde adentro del sistema, puso en discusión el para qué de la ciencia, el por qué se investiga un tema, para quiénes y con quiénes.

    Antes que nada, Carrasco escuchaba a los pueblos: “Ellos son la prueba viva de la emergencia sanitaria”, dijo a Página/12

    “Cada creación tecnológica y científica está destinada a un propósito y los propósitos no siempre son virtuosos. La ciencia no es neutral y, si los científicos piensan que lo es, están cometiendo no solamente un error, sino una irresponsabilidad”. se lo escuchó decir en una charla en Entre Ríos. Ese día estuvo junto a Fabián Tomasi​, un trabajador rural que fue banderillero de aviones fumigadores, enfermó de cáncer y se volvió emblema de la lucha. 

    Andrés fue invitado a cada encuentro que se organizó en torno a agrotóxicos. Viajó e intentó participar en cada lugar.  Desde su perspectiva, la ciencia se debía a las comunidades, a la gente, y no a las ganancias, y esa visión debía redefinir las líneas, las metodologías y las preguntas científicas.

    “Habría que preguntar ciencia para quién y para qué. ¿Ciencia para Monsanto y para transgénicos y agroquímicos en todo el país? ¿Ciencia para Barrick Gold y perforar toda la Cordillera? ¿Ciencia para el fracking y Chevron? Hay un claro vuelco de la ciencia para el sector privado y el CONICET promueve esa lógica. En la década del 90 estaba mal visto. Hoy aplauden de pie que la ciencia argentina sea proveedora de las corporaciones”, expresó en torno a la complicidad científica en el modelo económico (Ciencia para quien y para qué ANRed).

    Andrés fue parte de un debate en torno a dos modelos de ciencia: una ciencia que se acomoda al poder, y otra que es bandera de los pueblos. 

    Respecto a una perspectiva de ciencia argentina, que piense desde el sur y apueste a nuestro propio desarrollo, Carrasco manifestó en una nota con Mu Lavaca «La tendencia de la comunidad científica argentina es ser legitimada por el exterior, está subordinada a las lógicas de los grandes centros científicos. Queremos ser del primer mundo, y entonces creemos que hay que imitar al primer mundo. El verdadero primer mundo, en cambio, piensa en sus propias necesidades, sus propios proyectos“.

    Su legado sigue siendo semilla

    Desde el 2009, Andrés Carrasco tuvo la posibilidad de dar argumento científico a las denuncias de las comunidades. Fue un científico que decidió vincularse con el territorio, aprendiendo, escuchando y reconociendo los saberes campesinos. 

    Andrés visitó Mar del Plata, Saladillo, Bragado, Los Toldos, Famatina, Chilecito, Esquel, barrios de Chaco, de Entre Ríos y Córdoba… entre muchos otros. 

    Su investigación fue clave para el levantamiento en Malvinas Argentinas de 2013, la localidad de Córdoba que impidió que Monsanto emplazara una planta de secado de semillas transgénicas. Una pequeña comunidad, se convenció de que no querían que esa industria funcionara en su territorio y, luego de enfrentar represiones e intimidaciones, logró bloquear la continuidad de la obra. Ahí también estuvo Carrasco: “Monsanto representa lo que no queremos en este país, que se hagan dueños de las tierras y las semillas, que impongan modelos productivos de los cuales los únicos benefician son ellos”, testimonió a un noticiero en ese entonces.

    Sus palabras y su mirada crítica siguen alumbrando el camino. “Para nosotros, los afectados, fue un ídolo prácticamente”, supo decir Fabián Tomasi. El respeto y el cariño entre ellos era mutuo.

    Para el campo científico, también. A partir de su partida en 2014, su camino adoptó la consigna de “Ciencia Digna”. Su estímulo fue la semilla para la creación de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL). Él fue una luz para los múltiples colectivos que se organizaron en la última década, como la Red de Docentes Por La Vida y la Red Federal de Médicos.

  • INTA, INTI Y CONFUSIÓN

    INTA, INTI Y CONFUSIÓN

    El Instituto de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Instituto de Tecnología Industrial (INTI) se encuentran en estado de alerta desde hace, por lo menos, un año. Con la asunción del gobierno de Javier Milei, en ambos institutos comenzó la motosierra. En las últimas semanas se avanzó con una nueva etapa de este plan de ajuste, que implica la reestructuración de ambos institutos, lo que podría derivar en la fusión en un nuevo organismo híbrido que los aglutine.

    Hace unos meses se conoció la iniciativa del gobierno nacional de fusionar una serie de organismos estatales, entre los que se encontrarían INTA e INTI. Ante la situación, cada vez más crítica, los trabajadores de ambas dependencias se organizaron en conjunto para alertar sobre el riesgo de la destrucción de estos organismos que son claves para el entramado productivo del país desde los años ‘50. Se reclama, principalmente, el cierre de programas (como Pro-Huerta y Cambio Rural) y el cierre de centros regionales, despido de personal y falta negociación de paritarias.

    El pasado jueves 24 de abril, trabajadores del INTA y del INTI, acompañados por sus gremios APINTA y ATE, realizaron una concentración frente al edificio central del INTA en la Capital Federal. También lo hicieron durante el 30 de abril en la movilización de la CGT. La policía reprimió, paradójicamente, usando los mismos chalecos antibalas que fueron testeados por el INTI. 

    Pero ¿Por qué son importantes estos organismos?

    Lo que se desconoce se destruye más fácil 

    Ambos Institutos de tecnología fueron creados en tiempos cercanos. El INTA nació en 1956 y el INTI un año después, con los objetivos de fortalecer el desarrollo agrícola e industrial de Argentina a través de investigaciones, innovación tecnológica y vinculación con productores y empresas de todo el país. Su trabajo se potenció durante las últimas dos décadas.

    Los dos son organismos públicos descentralizados con autarquía operativa y financiera, y se encuentran bajo la órbita del Ministerio de Economía de la Nación. 

    El INTA es un organismo de investigación y extensión agropecuaria. Desarrolla capacidades e impulsa el crecimiento del sector agropecuario, la agroindustria y también el sector de la agricultura familiar y las pequeñas producciones. Su premisa fundante de 1956 manifiesta que su objetivo es “vigorizar y coordinar el desarrollo de la investigación y extensión agropecuaria, y acelerar la tecnificación y el mejoramiento de la empresa agraria y de la vida rural”.

    Por otra parte, el INTI cumple funciones primordiales para el desarrollo industrial de pequeñas y medianas empresas nacionales. Sus trabajadores realizan asistencia técnica, fortaleciendo la calidad productiva frente a la competencia internacional. Inciden en 33 áreas diferenciadas de la industria, como por ejemplo, la industria automotriz, textil, la producción de alimentos, biotecnología, minería, energía, entre otras. Además, el INTI realiza certificaciones de productos y servicios, como por ejemplo de los surtidores de la estación de servicio o las balanzas que pesan los cereales que se exportan.  

    Claro está que no cumplen las mismas funciones, amén de algunas tareas o áreas en las que puedan tener puntos en común. ¿Por qué hablamos de su fusión entonces?

    Últimas medidas


    Después de varios intentos, finalmente el martes 29 el Consejo Directivo del INTA obtuvo los votos necesarios para aprobar la reestructuración del organismo. El nuevo plan tiene dos partes: primero un cambio de estructura organizativa y administrativa (cambios en la Dirección nacional, en el manejo de los fondos, de los recursos humanos y de los bienes), y en segundo lugar, un grueso plan de ajuste. 

    El ajuste implica concretamente el cierre de 300 agencias de atención de todo el país; la venta de bienes y la puesta en disponibilidad de 1500 trabajadores. Se planea que la planta actual de 6100 trabajadores, se reduzca a 4500 para diciembre de 2025. “Me parece que están apuntando a que el organismo desaparezca”, definió Mario Romero, secretario general de APINTA, Asociación de trabajadores del INTA. 

    Por otro lado, desde diciembre del 2023, la planta de trabajadores del INTI se redujo de 3104 a 2379 en marzo de este año, de los cuáles casi 400 dejaron sus empleos por incorporarse al programa de retiros voluntarios.

    Además, el gobierno manifestó la intención de fusionar el INTA y el INTI, en un organismo único que se llamaría Instituto Nacional de Convergencia Tecnológica y Desarrollo Estratégico (INCyTDE). También podrían ser parte de esta fusión otros organismos, como la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) o el Instituto Nacional de Semillas (INASE).  

    “Si toman esta decisión, están terminando con el INTA, el INTI, la CONAE. Dejarían de ser lo que conocemos hoy y se crearía otro organismo que no sabemos qué misión y función tendría”, asegura Mario Romero en conversación con Desde la Raíz. 

    Anteriormente, el Consejo Directivo del INTA ya había discutido la reestructuración, en noviembre y en febrero. De hecho, el anterior presidente, Juan Cruz Molina Hafford, renunció en octubre de 2024 manifestando su discrepancia con el plan de reestructuración. Fue reemplazado por Nicolás Bronzovich, miembro de la Sociedad Rural y de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid). 

    Aunque ambos institutos fueron creados por ley y su cierre debería pasar por el Congreso, el gobierno podría utilizar las facultades de la Ley Bases para fusionarlos. Esta noticia circuló por ámbitos científicos y técnicos y se trató en un encuentro entre el ministro de Economía, Luis Caputo, con la Mesa de Enlace del campo.

    En este contexto, se espera que mañana, martes 6 de mayo, el vocero presidencial Manuel Adorni anuncie en conferencia de prensa los detalles de esta decisión. 

  • Del monte cordobés al mundo: la historia de la bióloga Sandra Díaz

    Del monte cordobés al mundo: la historia de la bióloga Sandra Díaz

    Este 16 de abril, la revista TIME publicó su famoso listado anual de Las 100 Personas más Influyentes del 2025. Dentro del segmento ‘Innovators’, se encuentra una investigadora del CONICET y profesora en la Universidad Nacional de Córdoba: Sandra Díaz, la única argentina incluida en la lista además del presidente Javier Milei. 

    En la revista, escribe sobre ella Elizabeth Maruma Mrema, subdirectora del Programa de Medio Ambiente de la ONU. Ella nos dice que en un contexto donde una de las ocho millones de especies de plantas y animales se encuentran en peligro de extinción, “el mundo necesita más líderes como Sandra”, siendo ella “una incansable diplomática de primera línea de la triple crisis planetaria del cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la polución”.

    Listado anual de Las 100 Personas más Influyentes del 2025, Revista Times. Sandra Diaz

    Ampliamente reconocida en el campo científico a nivel mundial, Sandra ha recibido prestigiosos premios y condecoraciones a lo largo de su trayectoria. En febrero de este año, fue galardonada con el Premio Tyler al Logro Ambiental (comúnmente llamado ‘Nobel de Ambiente’). Junto con el investigador brasilero Eduardo Brondízio, fueron los primeros sudamericanos en recibirlo. 

    Además, en 2023 recibió el premio Konex de Brillante, el máximo premio que otorga esta fundación,  y el reconocimiento de la Sociedad Linneana de Londres. En 2019, recibió el Premio Princesa de Asturias en Investigación Científica y Técnica.

    Aún más, co-presidió el grupo de investigación del Panel Intergubernamental por la Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos (IPBES) galardonado en 2007 con el premio Nobel de la Paz por el enorme aporte del Marco Conceptual, el cua esl, en pocas palabras, la hoja de ruta global para abordar las problemáticas entre la sociedad y la naturaleza.

    Pero ¿Quién es Sandra Díaz?

    Sandra Diaz visita Bell Ville y da una charla en su colegio. Año 2019
    Luego del premio Princesa de Asturias, Sandra visitó su ciudad natal y dio una charla en su colegio para alumnos y para vecinos. (Foto: José Hernández)

    Sin embargo, la historia de Sandra se remonta mucho antes de los grandes escenarios internacionales. Su ciudad natal se llama Bell Ville, una localidad cordobesa que se encuentra sobre la Ruta Nacional 9, que históricamente unió Córdoba, Rosario y Buenos Aires. Nació en 1961 y pasó su infancia rodeada de los árboles de algarrobo, chañar, espinillo y tala que se encontraban a la rivera del río Ctalamochita (o Río tercero).

    Fue una chica estudiosa en la Escuela Normal Superior José Figueroa Alcorta, y se enamoró del ceibo de ese patio escolar. Hoy en día, el salón escolar lleva su nombre y un mural la ilustra junto a un benteveo, un yaguareté y una flor de pasionaria. 

    Sandra estudió Biología en la Universidad Nacional de Córdoba. Realizó la carrera de grado durante los años del proceso dictatorial y pudo recibirse en 1984. Luego, se doctoró en 1989 en la misma casa de estudios y comenzó su carrera como investigadora en CONICET y como docente en la misma facultad que la formó. 

    Su trabajo se centra en una rama de la biología denominada “diversidad funcional”, que, explicado sencillamente, trabaja sobre las características, los roles y las funciones que las plantas cumplen para sí mismas y para su entorno. No busca enumerar o nombrar especies, sino, identificar qué cosas tienen en común entre sí y en qué se diferencian. Esto fue disruptivo de otros tipos de enfoques, al prestar atención a los ecosistemas y a las comunidades como algo más complejo. Ella nos demuestra que la genética puede influir, pero no determinar nuestros rasgos. 

    La trama y el tapiz de la vida

    “¿Con cuántas especies de plantas te has encontrado hoy? Lo más probable es que te hayas cruzado con, al menos, 10 especies, pero es muy posible que no lo hayas notado.” Así empezaba Sandra Diaz una conferencia que tituló ‘De Plantas y pueblos’ en Donostia, España, 2023. “Para la gran mayoría de la gente las plantas son un telón de fondo de su vida cotidiana -o de sus selfies-, y esto es tan común que se lo llama síndrome de la ceguera vegetal, una gran ignorancia y arrogancia de nuestra parte”. 

    Sandra Díaz piensa en la biodiversidad como el tejido de la vida, considerando a todo el mundo viviente como un gran tapiz tejido por la naturaleza a lo largo de toda la historia, y fundamentalmente, tejido en conjunto con los humanos durante miles de años: “Nuestra influencia en el mundo viviente es innegable: dependemos de la naturaleza, la moldeamos, la utilizamos en todos los aspectos de nuestra vida y, a su vez, la naturaleza nos moldea a nosotros” (Artículo de Díaz en la revista Nature, 2022). Dentro de ese tapiz, nosotros solo somos un pequeño hilo.

    “Además de ser un gran marco para las selfies, la mayoría de la gente cree que las plantas sirven para producir el oxígeno que necesitamos para vivir. Sin embargo, la mayor parte del oxígeno del planeta, no lo producen las plantas que nos rodean sino que ya fue generado hace miles de millones de años atrás”, explica Sandra en la conferencia de Donostia. Entonces, ¿para qué necesitamos las plantas? Si pensamos la vida como un tapiz sobre la tierra, las plantas son fuente de muchísimas contribuciones, como ella las nombra, al bienestar humano, y su pérdida implica igual pérdida de nuestro bienestar.

    Este punto es uno de sus principales aportes a la discusión ecológica y climática: Dejar de pensar los “servicios” o “utilidades” que la naturaleza nos hace -del tipo ‘el servicio que nos dan los bosques al retener agua, que impide que en invierno se sequen los ríos’- si no, por el contrario, pensar en términos de ‘contribuciones de la naturaleza a las personas’, teniendo en cuenta tanto los beneficios como los perjuicios que se obtienen con y de la naturaleza, contemplando los contextos sociales y ecosistemas. 

    ¿Y si la UNC no fuese pública? 

    Clases públicas y paro docente en 2018. Ciudad de Córdoba.

    Sobre las baldosas de la plaza Vélez Sarsfield, en el centro de la ciudad de Córdoba, hay hojas y fibrones. ‘¿Y si la UNC no fuese pública?’, escribieron los estudiantes en letras rojas. Debajo, una fila de hojas en blanco invita a esbozar respuestas. Es 2018 y las universidades del país están revueltas. Hace poco se cumplió un siglo de la gran Reforma Universitaria de 1918, sin embargo, la realidad del sistema científico universitario es adversa. El segundo semestre de clases empezó con tomas en la mayoría de las universidades del país, marchas, manifestaciones culturales y un contundente paro docente.  

    Es una mañana de sol y la UNC se ha hecho visible en el centro de la ciudad. A sólo una cuadra del Patio Olmos, un grupo de personas sostiene una pancarta sobre la senda peatonal. Frente a las escalinatas del edificio de la Facultad de Cs. Exactas, Físicas y Naturales, hay un parlante y un micrófono, un cúmulo de sillas y decenas de personas. Es una clase pública, un paro activo que busca concientizar sobre la situación de la educación pública en detrimento de las medidas de ajuste del gobierno de Mauricio Macri. Entre los docentes y estudiantes que toman el micrófono, se encuentra una investigadora de renombre mundial. Su nombre es Sandra Diaz. 

    “Todo lo que se sabe sobre los bosques de Argentina y sus beneficios; el conocimiento sobre enfermedades como el Chagas; los efectos de sustancias como los pesticidas, provienen de las universidades públicas”. La mujer de pelo corto explica, con voz clara, los costos que tiene desfinanciar la universidad pública. “Estamos tratando de salvar la ciencia y la educación, que son un patrimonio común para todos los argentinos. La ciencia y la educación pública tardan mucho tiempo en formarse, pero en muy poco tiempo se pueden destruir”, expresó en esa tarde de 2018 en el centro cordobés.

    Del monte cordobés al mundo: la historia de la bióloga Sandra Díaz.
Clase pública 2018
    Foto: Radio Nacional

    Siete años después, la situación no es para nada diferente. El contexto nacional está marcado por un descenso total del 48% en términos reales del presupuesto nacional dedicado a la Ciencia y Tecnología en los últimos dos años, y se encuentra atravesando la peor crisis en 52 años, incluso perforando los pisos de los años 1976 y 2002 -de acuerdo al último informe del Grupo EPC-. Es entonces que pensar en figuras de relevancia mundial como la de Sandra Díaz nos lleva a revalorar (una vez más) la inmensa capacidad e importancia de nuestras universidades públicas.

  • Campamento Tierra Libre: respuestas indígenas frente al colapso

    Campamento Tierra Libre: respuestas indígenas frente al colapso

    La cuestión del “Fin del Mundo” pareciera ser hoy en día un tema bastante normalizado en nuestra vida contemporánea. Los escenarios de crisis climáticas, políticas, económicas, bélicas y sanitarias que atravesamos en los tiempos que vivimos llegan acompañados de una proliferación de producciones políticas, organizativas, culturales y artísticas que intentan imaginar, proponer y construir un mundo viable y deseable. 

    Documentales de National Geographic, hilos de Twitter, videojuegos, reuniones científicas, blogs, congresos internacionales, cumbres mundiales. Películas y series como Mad Max, The Last of Us, Don´t Look Up, o El Día Después de Mañana, intentan pensar cómo sería aquel mundo acabado o a punto de acabarse, y las tramas siempre giran alrededor de lo mismo: Catástrofes naturales, pandemias, guerras nucleares, eventos astronómicos, profecías mayas, invasiones alienígenas, tecnologías descontroladas, entre tantas otras cosas locas y no tan locas.

    Lo interesante de estas narrativas hollywoodenses, es que de ellas emana una idea de “salvar el mundo”, una fantasía de superhéroe que tiene la misión y la posibilidad de salvar el planeta. La ecuación siempre es la misma: salvar el mundo significa salvar la humanidad ¿Son acaso la misma cosa? 

    Recordando la antigua maldición china, se puede decir que realmente vivimos tiempos interesantes. La aceleración descontrolada puede ser vista como una de las características más importantes de esta época: Auges de gobiernos de extrema derecha, conflictos bélicos en todas las latitudes, catástrofes climáticas por doquier, aumento de la temperatura de los océanos, contaminación en exceso, pérdida de biodiversidad. Nunca antes para nosotros un “Fin del mundo” había estado objetivamente tan cerca.

    Sin embargo, la verdad es que a lo largo de la historia de la humanidad ya hemos pasado por algún que otro “Fin del Mundo”. Sin ir más lejos, los pueblos originarios de América hace 500 años vieron a su mundo acabarse, y sin embargo ellos siguen aquí caminando. Se nos vuelve necesario recordar las palabras de Donna Haraway y comprender que los pueblos amerindios, que se han negado a darse por finalizados, fin del mundo tras fin del mundo, tienen algo que decirnos sobre la necesaria subsistencia del futuro.

    La respuesta somos nosotros

    La semana pasada, del 7 al 10 de abril, se realizó en Brasil el Acampamento Terra Livre (ATL), un evento que organizan, desde 2004, los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB). Este año, con la consigna de “La respuesta somos nosotros”, más de 8.000 indígenas se movilizaron a participar de un acampe masivo frente a los edificios institucionales de Brasilia en defensa de sus derechos ancestrales.

    Foto: Renan Belmiro

    El evento reúne a representantes y grupos pertenecientes a, al menos, 135 etnias de diferentes territorios de la amazonia brasileña, ecuatoriana y colombiana. En una carta oficial expresaron: “Celebramos los 20 años de la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB), como un organismo nacional de articulación y referencia del movimiento indígena”, y continuaron: “APIB y ATL se han convertido en expresiones vivas de movilización y resistencia en la lucha por los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Federal de 1988”.

    La carta, la organización remarcó: “En un escenario global y nacional marcado por el avance de la extrema derecha y por los ataques sistemáticos a nuestros derechos, reafirmamos la importancia de la resistencia y de la lucha colectiva. Fue con esta que logramos conquistas históricas”. La movilización pone énfasis en defender los principios democráticos y los derechos constitucionales indígenas, tales como el derecho originario al territorio, a la autodeterminación y gobernanza, a la identidad y a la cultura, así como políticas públicas para la salud y la educación indígenas. A su vez que reivindica la presencia de funcionarios indígenas en altos cargos del gobierno de Lula, como en el  el Ministerio de los Pueblos Indígenas (MPI), la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (FUNAI) y la Secretaría Especial de Salud Indígena (SESAI).

    Además, esta manifestación se centra en la importancia de respetar las tierras indígenas y las demarcaciones territoriales. En este sentido, exigen no sólo la protección efectiva de sus tierras sino también el fin de las leyes que legitiman proyectos extractivistas en tierras indígenas, promulgados por una legislatura federal de mayoría conservadora. “Con sabiduría ancestral, articulación política y coraje histórico, el movimiento indígena muestra al mundo que no hay salida a la crisis climática sin la demarcación de las tierras indígenas”, afirmaron en la carta del APIB.

    Foto: Natalia Ramirez.

    Entre música y cantos, bailes y vestimentas originarias repletas de colores, demostraron la gran presencia que tienen los pueblos del amazonas y la importancia de la resistencia colectiva. 

    Uno de los hechos más relevantes de la ATL 2025 fue el lanzamiento de la Comisión  Internacional Indígena para la COP-30 (Conferencia de la ONU sobre Cambio Climático), la cuál tendrá lugar en noviembre de este año en su 30° edición, en la ciudad de Belém, Brasil, en el corazón de la selva amazónica. De acuerdo a la Carta Oficial, esta comisión significa el “reconocimiento de un movimiento que hace siglos que resiste, que es la contribución indígena para el equilibrio de la Tierra”. Más que un espacio institucional, esta es una conquista histórica de los propios pueblos indígenas que hace años reclaman por un mayor reconocimiento y espacios de participación efectiva en las cumbres mundiales.

    Formada por organizaciones indígenas representativas de diferentes regiones del mundo y alianzas globales, la comisión es impulsada con el compromiso de garantizar que “los pueblos indígenas no estén en el margen, sino en el centro del debate climático”.

    La comisión es una iniciativa que integrará organizaciones indígenas internacionales y brasileñas bajo la coordinación del Ministerio de los Pueblos Indígenas y con liderazgo de la ministra Sonia Guajajara, quien también presidirá el círculo temático indígena de la cumbre climática.

    “Siempre hemos luchado para que los pueblos indígenas estén en el centro de este debate. Y hemos luchado para que los pueblos indígenas sean una parte importante de este debate porque, está demostrado, los territorios indígenas funcionan como una barrera contra el avance de los monocultivos, la minería y el agronegocio”, afirmó la ministra de Pueblos Indígenas, Sonia Guajajara. 

    Sonia Guajajara, Ministra de Pueblos Indígenas. Foto: Mre Gaviao. Campamento Tierra Libre 2025

    “Las crisis climáticas, ambientales, alimenticias y civilizatorias tienen en nuestros modos de vida, saberes y prácticas tradicionales el camino para la regeneración del planeta”, expresa la Carta del ATL 2025. Los pueblos indígenas habitan los mismos territorios hace miles de años, y no existe pueblo más indicado para hablar de ambiente, de su cuidado y de su futuro. 

    En este contexto de crisis, se torna esperanzadora la mirada de la filósofa y antropólogo Deborah Danowski y Viveiros de Castro, quienes afirman que “Hablar del Fin del Mundo es hablar de la necesidad de imaginar, antes que un nuevo mundo en el lugar de este mundo presente nuestro, un nuevo pueblo; el pueblo que falta. Un pueblo que crea en el mundo que deberá crear con lo que le dejamos de mundo”. 

    Foto: Mre Gaviao. Campamento Tierra Libre 2025
  • Alerta: otra vez el sistema universitario sin presupuesto

    Alerta: otra vez el sistema universitario sin presupuesto

    En medio de un complejo contexto económico nacional e internacional, el ajuste del gobierno de Javier Milei, que atraviesa a casi todas las áreas del estado, se profundiza.

    El 23 de abril y el 2 de octubre de 2024 fueron las dos grandes marchas en defensa de la universidad pública. Luego de remarcar la importancia del sistema universitario, científico y tecnológico argentino, la comunidad académica vuelve a encontrarse frente a un año sin presupuesto.

    Según el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), desde enero del 2024 hasta hoy, la diferencia acumulada entre la inflación y las partidas otorgadas para gastos de funcionamiento, es del 134%, tal como declararon en el informe de la última semana.

    Este organismo, el cual tiene por objeto organizar políticas y estrategias que fomenten el sistema público de educación superior, está regido por autoridades institucionales de todo el país. Las mismas, reunidas en un plenario el 4 de abril en San Luis manifestaron que “La situación es más compleja que la del año anterior y no hay respuesta, solo dilación e indiferencia”.

    Para poder comprender mejor la situación, hablamos con Carlos de Feo, secretario general de CONADU -Federación Nacional de Docentes Universitarios-, quien expresó que la crisis del sistema universitario no se da únicamente por el conflicto salarial docente, sino que se complejiza con laboratorios forzados a cerrar y renuncias de trabajadores docentes y no docentes que dejan faltantes y sobrecargas en quienes se quedan. “Todo esto afecta directamente la calidad educativa”, aseguró. 

     2024.10.02 - 2da Marcha Federal Universitaria - IG @pedroramos.ar
    Foto: Pedro Ramos. 2da Marcha Federal Universitaria 2024. 

    Los ejes del conflicto

    En primer lugar, la crisis universitaria se desencadena por la prórroga del presupuesto nacional otorgado para financiar los gastos de funcionamiento de las instituciones. “Estamos hablando del presupuesto de 2023, que el año pasado después de las movilizaciones, el gobierno adicionó fondos extra de funcionamiento; pero este año no los tiene”, expresó el dirigente de CONADU. 

    A esta situación se le suma el atraso salarial de los docentes. El desfasaje entre la inflación y los aumentos salariales otorgados desde fines de 2023 a marzo de 2025, supera  el 80%, según datos del CIN. Esto se traduce en que, según el último Informe de evolución de sueldos de Ciencia y Tecnología realizado por el grupo EPC, los docentes universitarios perdieron un 25% de su poder adquisitivo en los 15 meses del nuevo gobierno. 

    Para ejemplificar, De Feo nombra el caso de los trabajadores universitarios no-docentes. “Trabajan 6 o 7 horas diarias y perciben sueldos inferiores a $600.000, lo que genera muchas renuncias y, por ende, un resquebrajamiento en la logística universitaria”. 

    Además, de aquí no se escapa el sistema científico, para el cual no se destinan becas,  se discontinúan proyectos, líneas de investigación y de desarrollo tecnológico, produciendo lentamente en nuestro país una nueva fuga de cerebros. “No hay política científica y los recursos humanos extraordinarios formados por la nación empiezan a perderse. Hay que advertirlo con la gravedad que implica: lo que se pierde en ciencia demandará décadas para recuperarse”, manifiesta el Consejo Interuniversitario.

     2024.10.02 - 2da Marcha Federal Universitaria - IG @pedroramos.ar
    Foto: Pedro Ramos. 2da Marcha Federal Universitaria 2024. 


    Para estas alturas del año pasado, el sistema universitario y científico, con la diversidad de actores que lo conforman, estaba preparándose para una marcha federal. Convocada para el 23 de abril, la Marcha Federal Universitaria culminó con millones de personas en las calles (estimadas 800 mil personas solo en CABA). Meses más tarde, en octubre, la movilización se volvió a replicar buscando impedir el veto a la Ley de Financiamiento Universitario. Para entonces, en todas las universidades del país se realizaban asambleas permanentes, clases abiertas, paros docentes y en muchas había tomas estudiantiles. 

    Pese a que este año la situación no ha mejorado, no se replica en las calles una convocatoria similar. “El año pasado la situación tuvo mucho apoyo popular y creo que lo sigue teniendo, pero es difícil reclamar cuando todos estamos viviendo situaciones críticas, en nuestra propia vida y en distintas áreas del país”, problematizó Carlos de Feo, quien marcó sin dudas la adherencia al paro general de la CTA de ayer jueves 10 de abril. 

    Segunda marcha federal universitaria. Octubre, 2024. Pedro Ramos
    Foto: Pedro Ramos. 2da Marcha Federal Universitaria 2024. 

    “Los dolores que quedan son las libertades que faltan”

    El punto es que más allá de las problemáticas salariales y presupuestarias, el conflicto que existe entre el gobierno nacional y las universidades, tiene que ver esencialmente con qué lugar se les otorga a la educación, la ciencia, la investigación y la tecnología en el país que el gobierno de Javier Milei está buscando construir.

    “Tiene que ver con la idea, incluso expresada por el presidente y muchos de sus seguidores, del modelo de país que piensan, que solamente exporte productos del campo, minería, alguna cosa más… Y para eso, esta universidad que tenemos, que se ha ido pensando en pos del desarrollo industrial para ser un país soberano, sobra por todos lados, no es necesaria”, comentó Carlos de Feo en diálogo con Desde La Raíz.

    Además, agregó: “Necesitamos unidad en un frente, como fue el año pasado, unir todos los sectores, tanto estudiantes, trabajadores y autoridades universitarias y desde ahí salir a pelear por la ley de presupuesto, expresando políticamente qué modelo de país queremos construir con ese dinero”. 

    En este complejo contexto, deberemos ser parte de la discusión del rumbo que tiene que tomar nuestro país. En caso contrario, aquel famoso enunciado de los reformistas del 18 se invertirá, y el país contará con una vergüenza más y una libertad menos.

    Manifiesto Liminar de la Reforma Universitaria, 1918.
    Manifiesto Liminar de la Reforma Universitaria, Córdoba, 21 de junio de 1918.

  • Nueva condena para Bayer-Monsanto por provocar cáncer

    Nueva condena para Bayer-Monsanto por provocar cáncer

    El glifosato -el herbicida más utilizado en Argentina- fue declarado ‘cancerígeno’ en un nuevo fallo de Estados Unidos, mientras que la empresa Bayer- Monsanto fue condenada a pagar 2 mil millones de dólares por ocultar la peligrosidad de su producto.

    El jurado determinó que Bayer, la multinacional alemana que compró a Monsanto en 2018, no advierte a los usuarios sobre la evidencia científica que demuestra que la exposición al Round up puede causar cáncer. El fallo habla de “mala conducta” y otorgó al demandante 2.000 millones de dólares en daños punitivos y 65 millones de dólares en daños compensatorios.

    Nueva condena para Bayer-Monsanto por provocar cáncer con glifosato

    El litigio, es parte de una serie de juicios a los que se viene enfrentando la corporación en torno al Round up desde el 2018. Hasta el momento, Bayer ha perdido 12 juicios millonarios por el agrotóxico y acumula 54.000 demandas, sólo en Estados Unidos. A pesar de que sostiene que sus productos son seguros, según el diario ambiental The New Lade, ha destinado millones de dólares para evitar demandas de miles usuarios que alegaban que el Round up causaba el tipo de cáncer linfoma no Hodgkin (NHL).

    La gran indemnización del jurado fue justificada en la evidencia científica que comprueba la conexión entre el glifosato y el cáncer (como como por ejemplo este estudio de 2023). Además, el jurado alegó a la manipulación de Monsanto sobre los riesgos del Round up. “La comunidad no va a tolerar este tipo de tratos secretos, manipulando la ciencia y las revistas científicas para promover sus propias productos”, dijo el abogado Kyle Findley, “Monsanto sabía que el uso de Round up podía causar cáncer, pero no reflejó ese conocimiento en las etiquetas”.

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    El Round Up, comercializado por Bayer-Monsanto

    Round up es el nombre con el que se comercializa el glifosato, introducido al mercado por la empresa estadounidense Monsanto desde los años ‘80. Es el herbicida más utilizado en el mundo, tanto en agricultura y jardinería, realmente, estamos saturados de glifosato. 


    Específicamente, el Roundup Ready fue esencial para la instalación del modelo de cultivo transgénico, que consiste en un veneno capaz de matar todas las plantas, en excepción de las semillas genéticamente modificadas para resistirlo.

    Argentina fue el primer país de Latinoamérica donde Monsanto logró introducir su paquete tecnológico. Fue aprobado en 1996 en tiempo récord y bajo información científica aportada únicamente por la empresa (incluso, sin traducir al español), bajo el gobierno de Carlos Menem. Una vez instalado, el avance del modelo transgénico fue arrasador. Argentina, contaba con 6 millones de hectáreas de soja en 1996. Para 2015, el pico de cultivo llegó a los 20 millones y medio de hectáreas de soja transgénica, según datos recabados en el Atlas del agronegocio transgénico en el Cono Sur.

    Según la investigación científica Antología toxicológica del glifosato, en 1997 Argentina utilizaba 35 millones de litros de glifosato, que para 2017 llegaron a 240 millones (lo que significa 5,4 litros por habitante). Esto sin contabilizar otros tipos de agrotóxicos, como la atrazina, también muy utilizada y cuestionada. 

    Este veneno, fue calificado en 2015 como “probable cancerígeno para los seres humanos” por la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer, de la OMS. Esta clasificación, es aceptada por Bayer, que la incluye en las fichas técnicas de sus productos. Por ejemplo, en la ficha de seguridad del Round up TOP aclara que “El componente glifosato de potasio está clasificado como carcinógeno humano probable (grupo 2A) por la IARC, año 2017″. Otra institución que ratifica la peligrosidad del glifosato, con numerosos estudios, es la OEHHA  (Oficina de Evaluación de Peligros para la Salud Ambiental) de California.

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    Cultivo de soja en provincia de Buenos Aires.

    Para la evaluación de los herbicidas, existen cuatro bandas según el grado de toxicidad: verde, amarilla, azul y roja. El glifosato es de los productos de banda verde, lo que indica que no representa peligro.

    En Argentina, la SENASA es el organismo gubernamental que habilita el uso del producto para ciertos cultivos, siempre y cuando se utilicen respetando lo que se llama las ‘Buenas Prácticas Agrícolas’, que es un manual para los técnicos y agrónomos. La pregunta es ¿Quién controla el uso ‘eficiente y correcto’? ¿Cómo podría controlarse la dosis aplicada o las medidas de seguridad por cada productor o arrendatario del país?

    En esta línea, Anabel Pomar, periodista e investigadora especializada en la temática, menciona: “Ellos sostienen que bien aplicado no hace nada, pero, ¿Se puede controlar un veneno? ¿Puede ser una política de estado ‘usar poquito’?”.

    Si bien el glifosato no es de venta libre y debería comercializarse sólo mediante matricula, eso rara vez se controla. El manual de las Buenas Prácticas es, en teoría, una metodología de uso, sin embargo, la práctica está llena de vacíos. 

    “La ciencia sin conflictos de interés ha demostrado que el glifosato está en todos lados, desde la lluvia, los alimentos, los ríos, los suelos y dentro de muchísimas personas”, asegura Anabel Pomar,  quien vive en la localidad de Exaltación de la Cruz y asegura vivir entre fumigaciones. Allí la comunidad organizada realizó análisis en los que encontraron 6 agrotóxicos presentes en el agua y 14 en los suelos.

    Los principales cultivos para los que se utiliza el Round up en Argentina son: la soja, de cuya producción se exporta el 87% a China; el maíz y el algodón. Los resabios de este veneno llegan a los alimentos que cotidianamente ingerimos, tanto por consumo directo como por aditivos como la lecitina de soja o el jarabe de alta fructosa de maíz, o en productos como el algodón, las toallitas y tampones. 

    En zonas rurales, es común encontrar bidones de glifosato desechados sin el tratamiento adecuado. 

    En zonas rurales, es común encontrar bidones de glifosato desechados sin el tratamiento adecuado. 

    Foto: Nicolas Pousthomis

    A pesar de que hay sectores, especialmente productivos, que sostienen que el uso de glifosato no es peligroso, cada vez es mayor la evidencia científica y judicial que dice lo contrario.

    Fitosanitario, biocida, plaguicida, agroquímico, agrotóxico… Son distintas formas de nombrar lo mismo: un veneno, una sustancia que tiene por objeto matar insectos, hongos o plantas no deseadas.  

    Esta condena a Bayer deja un nuevo precedente para futuros juicios relacionados al glifosato y vuelve a abrir el debate sobre su uso y sus necesarias regulaciones gubernamentales.

  • Matecitooo, ¿pero a qué costo?

    Matecitooo, ¿pero a qué costo?

    Mientras escribo esta nota, desde la provincia de Buenos Aires, tomo mate. Probablemente vos también lo estés haciendo ahora mismo. En Argentina, el mate es la bebida más popular y más cotidiana. Nos encanta, lo amamos, nos enorgullece y representa; nos une. El mate, clave en toda figuración argenta. Sus ingredientes: un mate, una bombilla, agua caliente, yerba. Yerba y quizás algún otro yuyito.

    Yerba, kilos y kilos de yerba. Toneladas. Casi tres millones de toneladas (277.332.014 kilos) de yerba envasada se produjeron en Argentina en 2019, según el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM).  Millones y millones de paquetes por año: ¿De dónde los sacamos? ¿Quién los hace, cómo, bajo qué condiciones? Atrás del mate, del matezuli, mateico, matarazo, ¿qué? no pensamos cómo es que llega a casa la yerba, ¿quien la hizo, cómo se hizo? ¿o es que hay cosas que ya asumimos hace rato?

    La producción yerbatera, enraizada principalmente en Misiones, se enfrenta a las leyes, filosas e injustas, del mercado, impuestas, ahora, por el gobierno liberal de Javier Milei. Lo cierto es que la precarización de los tareferos no es una novedad, es justamente por eso que no se puede hacer un país con los mismos de siempre, y por eso también es que un estado presente es necesario siempre que quieras cuidar, un poco, tu patria. 

    ¿Quién cultiva la planta, quién la seca, la muele? ¿Quién compra, quién vende? ¿Quién impone los precios?

    La producción de yerba está en el Noreste del país. También se cultiva en Paraguay y Brasil. La planta de yerba mate es un árbol nativo de la Selva Paranaense. Según el último Censo Nacional Agropecuario (INDEC, 2018), Argentina siembra 146.723 hectáreas, de las cuales Misiones representa el 90% (128.670 hectáreas) y Corrientes el 10%.

    La mayoría de sus productores son agricultores familiares. En 2011, el INYM registró que el 62% de los productores cultivan menos de 10 hectáreas. En general, plantaciones de baja densidad, combinadas con otras actividades agrícolas y ganaderas, de cosecha manual, con mano de obra propia y asalariada únicamente para la cosecha o, como se le llama, la zafra. Se hace, primero, una zafra gruesa de abril a septiembre y, luego, en el verano, de diciembre a marzo.

    En Misiones, la selva estuvo siempre repleta de yerba nativa. Tal es así que la segunda ciudad más grande de Misiones, después de Posadas, originalmente se llamó Yerbal Viejo. El 9 de julio de 1928, se la nombró Oberá. Oberá fue un cacique guaraní que en los años 1560 defendió a su pueblo contra las violencias de los españoles.

    Hoy, la ciudad de Oberá es uno de los departamentos que más yerba produce. Su historia se vincula directamente a sus colonias vecinas, Guaraní, Campo Viera, Campo Ramón, entre otras. 

    En 2002, Argentina sancionó la Ley 25.564, la cual indica crear el INYM, Instituto Nacional de la Yerba Mate, como ente de derecho público con jurisdicción en toda la República. La ley otorga la función de acordar semestralmente, entre los distintos sectores de la industria, el valor de la hoja verde de yerba. 

    El DNU 70/23 que el Congreso validó apenas asumió Javier Milei, le quitó la potestad al INYM de fijar el precio, ya que no le designó presidente. Acéfalo el instituto regulador, las empresas monopólicas empezaron a tirar el precio abajo. Además, con la apertura de las importaciones, se habilitó la competencia con países vecinos. 

    “Si no es mediante unanimidad de acuerdo, el productor siempre pierde, ¿por qué? porque se arreglan entre ellos, los secaderos, el molino Las Marías (Taragüí, La Unión o La Merced), Colonia Liebig (Playadito), las empresas de Ramón Puerta (Nobleza Gaucha y Cruz de Malta), o los grupos sirios que exportan. Los productores siempre quedamos fuera”, asegura Mabel Acosta en diálogo con Desde la Raíz, desde la localidad de Oberá.

    Ramón Puerta, conocido por su amistad con Mauricio Macri, por su pasión por el fútbol, el dinero, la política y “las mujeres”, fue gobernador reelecto de Misiones entre 1991 y 1999. Además, es un importante empresario yerbatero que en 2014 fue denunciado por explotación laboral luego de que la AFIP realizara una inspección en sus campos y encontrara más de 30 personas trabajando en condiciones de inhumanas, durmiendo bajo toldos de lona, en colchones infestados de bichos, sin agua, sin baños, sin herramientas de trabajo, por salarios bajísimos. Sin poder irse los fines de semana. “Algunos creen que terminó la esclavitud, pero no es así”, había denunciado uno de los trabajadores. 


    “No hay ni un papel, ni una ley, que le obligue a los molineros a cumplir con lo pactado con los productores”, denuncia Mabel Acosta, quien es agricultora, cooperativista y gran referente en la lucha por los derechos de los agricultores yerbateros de la región. Hace meses participa de las protestas de los campesinos de Oberá y aledaños, que organizan acampe, cortes de ruta y asambleas.

    Además, agrega: “En el mejor de los casos, nosotros somos dueños de la producción, pero no somos dueños de la comercialización. Eso nos condiciona totalmente”. De familia campesina, Mabel integra el MAM (Movimiento Agrario de Misiones) y es trabajadora de la cooperativa Titraijú -Tierra, Trabajo y Justicia-.

    Libre mercado o cómo se fijan los precios

    El valor pactado a fin del año pasado fue de $350 por kilo de hoja verde, sin embargo ahora no llega a los $200. El precio justo sería de 50 centavos de dólar por kilo, eso es lo que piden las organizaciones agrarias como el MAM o el APAM (Asociación de Productores Agrarios de Misiones). Eso era lo que se debatía cuando el INYM funcionaba, un valor entre $400 y $500 pesos argentinos.

    “El precio tiene que superar, mínimo, los $450. Solo de flete pagamos 140 pesos por kilo, si nos pagan $190, ¿qué te sobra?”, señala Mabel. Frente al bajo precio de los empresarios, los productores aguantan. Frenan la zafra, paran el trabajo primario, intentando dar vuelta la oferta y demanda. Sin embargo Mabel piensa, más bien, que la situación no es una cuestión de mercado sino más bien política que “solo puede solucionarse políticamente”.

    La agricultura familiar es, en general, un sector descapitalizado y con poca espalda para aguantar: “Muchos no han cultivado otros alimentos para abastecerse y tienen que vender como sea”, menciona Mabel. No obstante, hay algunos productores y cooperativas que ya dieron inicio a la zafra bajo el acuerdo de $310 por kilo, con la promesa de llegar a $350 recién en junio y un pago que no se realizaría al contado sino mediante cheques de 60 días.

    El acuerdo, que representa casi el 30% más de lo que están pagando otras industrias, fue aceptado por las cooperativas de San Pedro, la cooperativa Dos de Mayo y la molinera Don Omar, liderada por un grupo sirio. 

    En Siria también se toma mate 

    La mayoría de nosotros no lo sabemos, pero tomar mate se volvió una costumbre muy común en Siria durante las últimas décadas, resultado de las grandes inmigraciones árabes del siglo XX en nuestro país. En efecto, este país es nuestro mayor comprador de yerba. 

    Siria compra casi el 75% de la yerba que nuestro país envía afuera. En 2022, Argentina exportó un total de 41.300 toneladas de yerba, de las cuales 36.620 toneladas fueron solo a ese país de Medio Oriente.

    La zona que rodea Comandante Andresito, entre el Parque Nacional Iguazú y la frontera con Brasil, es una región yerbatera relativamente nueva en la provincia de Misiones. Allí se emplazan dos grupos de capitales sirios: Kabour y Kassab, las cuales compran la cosecha de pequeños productores, la secan, muelen, envasan y envían en barco a Siria.

    La posición y tecnificación de las empresas sirias yerbateras va en aumento, aumentando su control en el mercado de las exportaciones. “Nosotros podemos pagar siete veces más de lo que piden, pero no voy a pagar más si los otros pagan menos”, le aseguraron a Mabel. Sin embargo, fueron los primeros en ofrecer públicamente un mayor precio. 

    “No sé qué creen ellos que es Argentina”

    “Argentina no es la tierra, somos nosotros, somos los humanos que vivimos adentro y la defendemos. No sé qué creen ellos que es Argentina, pero lo único que necesitamos es tener buenos administradores”, cierra Mabel, desde el acampe que tienen sobre la ruta 14.

    Del gobierno nacional, esperan que designe un presidente para el funcionamiento del INYM, y del gobierno nacional, espera que negocie, que defienda la economía regional de su provincia, porque sino, asevera Mabel Acosta, “la producción primaria misionera va a quedar en mano de quienes más tierra tienen”.

  • Prepararse para el invierno, reconstruir la comarca

    Prepararse para el invierno, reconstruir la comarca

    Los múltiples focos que se produjeron desde fines de diciembre hasta mediados de febrero, afectaron a más de 200 familias, más de 100 viviendas y 50.000 hectáreas de bosques. El primer desafío fue apagar el fuego. Quedan ahora muchos otros por delante ¿Cuál es la situación actual? ¿Cómo se afronta la reconstrucción? Charlamos con Natalia Dobranski, Técnica en gestión de incendios forestales y jefa de la Brigada de Mallín Ahogado.

    Desde el primer día, el trabajo de los brigadistas fue de gran intensidad. La Brigada de Mallín Ahogado comenzó en Enero atendiendo el incendio en Epuyén: “Ese primer día, a las 11 de la noche, el incendio estaba en comportamiento extremo, no podíamos ni parar a comer una naranja. Así fueron al menos las primeras 48 horas del incendio, sin descanso.”

    La Comarca Andina del Paralelo 42 es la región que abarca el valle cordillerano de Chubut y Río Negro. Comprende un conjunto de localidades que se dedican principalmente a la producción agrícola, artesanal y al turismo. Estas son: El Bolsón, Lago Puelo, Epuyén, El Hoyo y Cholila. 

    En Epuyén (Chubut), las llamas comenzaron el 15 de enero. Luego, otro incendio inició a fines de enero en la zona de Confluencia de ríos, entre Mallín Ahogado y El Bolsón (Rio Negro), avanzando contra vecinos, pequeños productores, animales, casas, galpones, alambrados y cultivos.

    La Brigada de Mallín Ahogado es un equipo voluntario de vecinos preparados para la prevención y operación en incendios forestales. Natalia Dobranski, hace años que trabaja en esto: “Mis hijos ya saben que en verano es muy probable que mamá se tenga que ir corriendo. Están acostumbrados, de hecho del primer incendio en Confluencia me avisaron ellos porque escucharon el handy antes que yo”. 

    Foto: Jade Sívori

    Compartir la fruta, apagar el fuego, preparar viandas: eso hace una comunidad

    A pesar de haber participado y vivido otros incendios en la Patagonia, Natalia remarca que este fue emocionalmente mucho más duro. “Lo que vivimos fue algo muy personal, eran nuestros vecinos, nuestras casas, la propia base de operaciones de la brigada. El vecino que falleció (Ángel Martín Reyes, de 84 años) era mi vecino del callejón, era la persona que saludábamos todas las mañanas, compartíamos la leña y la fruta de los árboles.”  

    Pero a pesar de la catástrofe, Dobranski destaca la rapidez con la que la comunidad se organizó para enfrentar la emergencia: familias cocinando viandas, organizaciones recolectando donaciones para los afectados, técnicos arreglando motosierras, docentes con baldes de agua apagando las cenizas alrededor de la escuela. Durante el fuego, la red solidaria de personas y organizaciones fue un pilar fundamental.

    “Lo único que yo rescato de todo esto es que la comunidad cuando se solidariza y se junta es realmente lo mejor que puede pasar. Cuando bajamos el segundo día del incendio, ya habían 20 familias cocinando para todos los brigadistas, llevando agua en botellas congeladas, comida de sobra, botiquines… Una articulación increíble… Y nosotros subidos a la dinámica del combate, de no sacarnos el equipo en dos semanas, de golpe bajamos y vimos todo un aparato en funcionamiento. Se siente un alivio tremendo.

    Y en definitiva, pensaba, el Estado es esto, esto es hacer el Estado, más allá de las responsabilidades de gente que no ejerce su función (o incluso hace las cosas pateando para la para el otro lado), en definitiva si miras lo que está haciendo la gente, pensás, eso es patria, eso es Argentina.”

    Foto: Jade Sívori

    Prepararse para el invierno, reconstruir lo perdido

    Todo absolutamente todo lo que no es de metal, el fuego lo destruye. Las familias perdieron sus viviendas, sus pertenencias, sus talleres y herramientas de trabajo, incluso las calles y caminos fueron alterados por el fuego. Según el municipio de El Bolsón, las llamas afectaron a 549 personas: destruyeron 144 viviendas de forma total y 47 de manera parcial.

    La reconstrucción es de los momentos más dolorosos. Implica mirar de frente la pérdida y buscar, entre las cenizas, la fuerza para rebrotar. Reconstruir es un largo camino, un volver a empezar, sin haber decidido volver a empezar. Es volver a hacer el trabajo que ya había sido realizado, como la leña que durante un año habían juntado para el invierno o la producción de sus huertas, cultivos y conservas que los alimentarían mientras dure la nieve. 

    Con el invierno patagónico a la vuelta de la esquina, muchas familias corren para prepararse lo mejor posible. “No hay una sola persona en la comarca que no tenga temor del invierno que viene” explica Natalia y de fondo se escuchan motosierras que cortan la poca madera que quedó para leña.

    Sin embargo, no es esta una situación nueva.  Pasar el invierno es un desafío para quienes sufrieron este incendio, pero también para quienes no se pudieron recuperar de incendios anteriores. Sigue habiendo familias que viven debajo de un techo de nylon desde el incendio de Golondrinas, en marzo de 2021”, denuncia la brigadista. “Sigue habiendo comunidades afectadas sin los servicios básicos mínimos: agua de red, electricidad.”

    Foto: Jade Sívori

    La falta de apoyo estatal profundiza la situación

    Desde el Estado ha habido poca ayuda y soluciones. El gobernador rionegrino Alberto Weretilneck anunció en febrero que cada una de las familias afectadas en los incendios de la zona recibiría 30 millones de pesos.

    Sin embargo, Natalia Dobranski asegura que la gente de Epuyén todavía no recibió “ni un peso”. Por su parte, en Mallín las únicas familias que recibieron ese dinero fueron las que pudieron constatar el título de la tierra. Es decir, tanto inquilinos como antiguos pobladores o comunidades originarias, quedaron afuera.

    “Ya el primer día tuvimos un atrapamiento, con un par de compañeros estuvimos encerrados al menos una hora y media en un sector del bosque por el fuego“. El riesgo al que se enfrentan los y las brigadistas es muy grande, aún así, su trabajo no es reconocido económicamente.

    Los incendios volverán: hay que entender su dinámica

    “La mayoría de los que estudiamos la dinámica de los incendios en la Patagonia, sabíamos que tarde o temprano el incendio del Cajón del Azul, por ejemplo, estaba completamente destinado a suceder, era una cuestión de acumulación de factores”, manifiesta la técnica en incendios forestales. 

    Es decir, la mayoría de los incendios son prevenibles. Según los datos brindados en 2023 por la Dirección Nacional de Bosques del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el 5% de los incendios forestales se produce por causas naturales. 

    La condiciones climáticas cada vez son más extremas y la poca prevención y preparación para futuros incendios, hace que solo se ataque la emergencia y no se tomen medidas profundas. “A la situación de hoy llegamos después de décadas de mal manejo del fuego y malas políticas forestales”. En primera instancia, es fundamental que quienes ponen el cuerpo para combatir el fuego perciban salarios. De esto hablamos en Detrás del humo no los ven, una nota de Sofia Fuentes para Desde La Raíz.

    Natalia subraya la importancia de trabajar en el manejo del fuego y el paisaje. Un desafío a largo plazo es planificar ambientes más resilientes al fuego, es  decir, que los bosques no alimenten el fuego, como por ejemplo mantener raleado y podado y  armar corredores cerca de las viviendas. “Se trata de entender la dinámica del fuego”, resume.