Autor: Delfina Sánchez Magariños

  • Rebelde como el viento, fuerte como los yuyos: la historia de Elena Senattori

    Rebelde como el viento, fuerte como los yuyos: la historia de Elena Senattori

    A un costado de las vías del tren Roca, un cartel dice Huerta Santa Elena. Detrás, los perros juegan y se muerden y, más allá, una mujer le da de comer a las gallinas. Tiene 74 años y lleva toda una vida cultivando la misma tierra que sus padres recibieron del Estado Provincial hace más de 75 años. Defendiéndola, también.

    A Elena Senattori le dicen Bety. Su familia llegó desde Entre Ríos con las migraciones que ampliaron el conurbano bonaerense a mitad del siglo XX. Sus padres, don Luis y doña Rosa, llegaron al Parque Pereyra de la mano de su tío Emilio Senatori, quien había solicitado la tenencia de una finca que el gobierno ofrecía a chacareros, a condición de cultivar alimentos. El terreno formaba parte de lo que había sido la estancia San Juan de los Pereyra Iraola. 

    Durante exactamente un siglo, los Pereyra Iraola fueron dueños de más de 10.000 hectáreas ubicadas entre La Plata y la Capital Federal. En 1949, el gobernador Domingo Mercante, junto al presidente Juan Domingo Perón, dispusieron su expropiación, como parte de una política de Estado destinada a recuperar ‘tierras ociosas’ en la provincia y distribuirlas entre familias trabajadoras.

    Fotos | Pedro Ramos DLR

    En tren desde Entre Ríos, los hermanos Senattori llegaron al lugar que hoy conocemos como Parque Pereyra Iraola, aunque en principio con la expropiación se llamó Parque Derechos de la Ancianidad. Poco a poco se instalaron en ese parque boscoso y deshabitado de la vieja estancia, aquel predio que los peones llamaban ‘el parque de diversiones de los Pereyra’ por su amplitud, y construyeron familia. 

    En el año 1956, la familia de Otto y Ana Kiss, que habían sido encargados de producir la tierra para las niñas pupilas del Colegio María Teresa, se iban del sector J, lote 61-64, y le ofrecieron a Luis y Rosa, hacer el trámite para pasarles la tenencia de la tierra. 

    «Acá aprendimos con mi hermana Rosa y mis hermanos Humberto y Carlos a cultivar la tierra», recuerda Elena, la más grande de los cuatro, todos nacidos en esa casa de Pereyra. Ella tendría un rol importantísimo para el proyecto familiar y para la historia productiva del parque provincial. 

    Hoy, pegada a las vías del tren Roca -el cual se nacionalizó en aquellos mismos años-, una pequeña tranquera y un cartel indican: Huerta Ecológica Santa Elena. Es su huerta pero, también, un espacio comunitario donde participan muchas personas. Al pasar, los perros son los primeros en recibirte. 

    Fotos | Pedro Ramos DLR

    Entre el tren y las flores

    Es viernes a las once de la mañana. Llego en tren a Pereyra. El día está hermoso: la primavera estalla en el parque. El verde brilla por todos lados y pareciera que la luz del sol rebotara en cada hoja nueva, brillante y lisa. Cruzo las vías y entro a la huerta. El caminito de tierra está rodeado de pasto fresco y de flores violetas. Cientos de abejas y abejorros revolotean entre ellas. Un pony mastica tranquilo más allá. Aprecio un rato este paisaje que parece una película de animación japonesa y sigo el camino. Esta vez ninguno de los perros viene a buscarme, así que adivino que Elena y el grupo deben andar por ahí con ellos. Paso la casa, doblo en el gran cedro, rodeo el gallinero y los veo sentados a la sombra del paraíso, coronados con sus pequeñas flores lilas.

    Fotos | Pedro Ramos DLR

    Esa tarde le pregunté a Elena cómo es que la bautizaron Santa Elena.

    —Fue el cura de la capilla Santa Elena del parque, Leonardo Belderrain —me cuenta—, durante el tiempo de la lucha contra los desalojos, allá en el ‘98. Incluso a él también lo amenazaron: le decían que se dejara de arengar gente. Yo le conté mi historia de los tres matrimonios. Entonces me dice, «Bueno, sos Elena, tu huerta se va a llamar Santa Elena, porque hay que ser una santa para sobrevivir a tres matrimonios».

    Una santa, de las que también pelean y ponen el pecho con tal de defender lo suyo. Elena nunca fue una mujer de silencios. Es irreverente, fuerte como el campo vuelve a su gente y rebelde como los vientos. Una mujer demasiado independiente como para que alguien le diga cómo hacer las cosas. 

    Desde los años cincuenta, la Huerta Santa Elena ha sido, ininterrumpidamente, una granja de producción familiar. Tras la muerte de su padre y con la vejez de su madre, Elena se puso al frente y orientó la producción hacia la agroecología. En las 5 hectáreas de la finca, se producen hortalizas, huevos, pollos y miel que se reparten en canastas todas las semanas con un sistema de abonados mensuales. Un trabajo que realiza junto a sus hijas, Jorgelina y Maria Fernanda. 

    Fotos | Pedro Ramos DLR

    ***

    Era 1981, todavía año militar. Elena, que se había ido a Rosario con su marido, regresó sola con sus cuatro hijos, después de que su matrimonio se quebrara. Volvió a vivir al campo junto a sus padres, a Pereyra, de donde —dice— nunca debería haberse ido.

    Tenía 30 años. Sin marido, sin casa, sin trabajo. Tenía que volver a empezar. 

    —Don Luis, si a usted le parece, mande a su hija, ya que está separada, a vendernos alfajores —le ofreció a su padre un día el capitán del cuartel de infantería que funcionaba al lado de su quinta. 

    En las tierras que el peronismo expropió, la dictadura dió lugar, por un lado, a la escuela de Policía Juan Vucetich y, por el otro, al Centro de Formación de Infantería Naval (Cifin).

    —Y yo les iba a vender alfajores. No tenía noción de lo que estaba pasando. Los compraba y se los vendía a ellos, un montón. Con eso y con mi propia producción de flores en la huerta me compré mi primer autito.

    Elena nos cuenta esto mientras toma un mate, dulce le gusta, y las gallinas corren y cacarean alrededor. Detrás suyo, está la misma casa en la que pasó su infancia y vió morir a los suyos. A su espalda, el cuarto en el que su madre durmió hasta los 85 años, el mismo donde ahora se comparten almuerzos. 

    Fotos | Pedro Ramos DLR

    ***

    —Otro día estaba con mi mamá, allá en la tierra, yo con mis caléndulas y ella con sus verduras. 

    Los cuatro nenes estaban en la casa solos. 

    —A mi hija Jorgelina le gustaba mucho la costura, ella se hacía sus blusas. De pronto escucho los gritos. Se habían puesto Mari y Seba, los dos chiquitos, a jugar con la máquina y la aguja había atravesado de lado a lado el dedo de Mari. Así como estaba, en patas, con un short y una remera vieja, manotié la yegua y cargué a la piba que gritaba como una descosida —recuerda Elena riéndose del doble sentido—. Salí galopando para el cuartel porque ¿dónde más iba a ir? No había más nada —, dice del lugar donde hoy funciona la base de Guardaparques.

    —¿Qué clase de mujer viene vestida así a un lugar donde hay más de tres mil soldados? —desdeñó el guardia cuando la vió llegar.

    —¡Qué me importa! yo quiero que le saquen la aguja a mi hija. —gritó Elena, levantando la mano de Mari.

    El oficial pegó un grito al ver el dedo. Y la llevó a la casilla de enfermería, donde la operaron para sacarle la aguja. 

    Muchas manos en el plato hacen injusto el garabato

    Esa mujer que se fue casada y volvió sola al campo, tuvo que hacerse la sorda con los comentarios que la gente hacía, mientras se la rebuscaba para ganarse el pan. 

    Lo que cultivaban junto a su padre lo vendían en el Mercado Abasto, siempre a través de intermediarios. Intermediarios que, como sigue ocurriendo hoy, pagan con suerte un tercio de lo que luego cobran.

    Fotos | Pedro Ramos DLR

    La Navidad de 1987, un Mercedez Benz estacionó del otro lado de la vía. El consignatario con el que estaban trabajando bajó del auto con una botella grande de champagne y tocó la puerta.

    —Papi, pero qué caro va a costar eso. —se preocupó Elena cuando vió la botella.

    —No, don Luis, se equivoca su hija —respondió el hombre—. Esto es un obsequio que le mandamos nosotros desde el Mercado Abasto. 

    La semana anterior, ese mismo consignatario había vendido cientos de cajones de tomate de la familia Senattori a dos pesos por cajón. A don Luis le había pagado apenas 50 centavos pero la diferencia se arreglaba con un champagne.

    —«Cambiamos de puestero» dijo mi papá. «Cambiamos de puestero, hijos, pero no de chorro».

    Y con sobradas razones lo decía don Luis. El siguiente consignatario fue un vecino, en quien confiaron porque era también un hombre de campo, alguien que —como dice Elena— «conocía el sufrimiento». El arreglo parecía más justo. 

    Un día, Elena fue a buscar la boleta del mercado. En la casa vecina, la esposa acomodaba los papeles mientras el marido le daba las indicaciones. Entre risas, los escuchó hablar. Y lo que escuchó le hirvió la sangre. 

    Ese día se calló la boca. Otra vez, la misma historia, un intermediario que le tira al productor las chirolas.

    Salir del mercado, volver a lo que sabían los viejos

    Fue ahí que Elena le dijo a don Luis:

    —Papi, hay que abrirnos de esto. Hay que empezar a vender por nuestra cuenta. 

    Entonces empezó a salir con la bicicleta, vendiendo flores y verduras en la zona.

    —Ahí me hice de vender. Hasta que en el ‘93 me falló mi papá. Murió y se me terminó su compañía. Yo creo que después de eso perdí el empuje. Todo me ha costado un poco más. 

    Aún así, aunque ella crea que le ha faltado fuerza, nunca descuidó la huerta, no ha dejado de tomar decisiones, de buscar las maneras ni de seguir apostando por el trabajo en el campo. 

    A fines de los ‘90, Elena se convenció de que tenían que dejar de cultivar convencionalmente, con agroquímicos. 

    —Eran años muy difíciles para nosotros. De pronto un ingeniero agrónomo, Lalo Botessi, nos dijo que el futuro era hacer agroecología

    En definitiva, no era nada nuevo: era volver a lo que sus padres hacían cuando llegaron a Buenos Aires, lo que hacían en Entre Ríos y lo que ella misma había aprendido de chica. Desde la llegada del paquete agrotecnológico, a mediados de los ‘80, habían pasado poco más de diez años, las cuentas no cerraban y ellas quedaban cada vez más atadas a los proveedores. 

    —Nos llevó 5 años la transición agroecológica —dice—, hasta el 2004 que empezamos a ver los primeros frutos.

    Fotos | Pedro Ramos DLR

    Mientras charlamos, vamos caminando por la quinta, viendo la nueva siembra de zapallo y maíz. Hace poco pudieron comprarse un tractor que les permite cultivar parcelas más extensas. «Quién me manda a meterme en una compra así a esta edad, ¿no? pero bueno, yo quiero que acá se siga trabajando», dice.

    Esta semana ha explotado en el campo una flor amarilla, de un yuyo silvestre que se alza hasta un metro de altura. El sol está poniéndose y el momento es ideal para sacarle una foto. Elena se ríe porque dice que tiene puesta la misma remera que en unas fotos que le sacó la Cátedra de Soberanía Alimentaria (CALISA) UNLP hace al menos diez años. Sigue siendo una mujer sencilla y su remera le gusta porque es bien fresca. Además, lleva un sombrero de paja con un lazo floreado que le perteneció a su amiga Leda Giaunuzzi, doctora en ciencias químicas, especialista en toxicología de los alimentos y miembro de la CALISA.

    —La verdad que nunca me imaginé posando para las fotos. Pero acá estoy. Lo hago porque quiero que todo esto quede guardado ¿viste? tanto trabajo… 

    Defender la tierra y construir comunidad

    Con la muerte de su hijo, Sebastián, Elena estuvo a punto de dejar el campo. Sin embargo, volvió a mirar los cielos amplios, las tierras tan fértiles, el verde, las moras que les teñían sus manos de pequeña, los talas y sus frutitos naranjas, el paraíso. Escuchó el silencio, escuchó el tren corriendo por la vía. Y volvió a confiar, otra vez. 

    Además de trabajar la tierra, las mujeres como Elena en el campo son en general las que construyen redes y vínculos, casi invisibles, entre la familia, los vecinos y los espacios cercanos. Hacen reuniones, comparten una comida, abren las puertas, resisten y conversan.

    Fotos | Pedro Ramos DLR

    Como en 1998, cuando las políticas neoliberales buscaron recuperar aquellos espacios que el Estado había cedido. Los quinteros del Parque Pereyra Iraola -productores y habitantes, descapitalizados y sin recursos, en total 211 familias registradas- se enfrentaron al gobierno provincial que intentó desalojarlos. El operativo, encabezado por el fiscal de Estado Ricardo Szelagowski, fue muy violento. 

     El primer desalojo se hizo en octubre de 1998 con un gran despliegue escénico: 10 patrulleros, carros, personal de infantería con cascos, palos y lanzagases, oficiales de la división Halcón de la Policía, ambulancias y camionetas del ministerio de la Producción en las que se llevaron las pertenencias de las familias. Los desalojados fueron productores antiguos, muchos de ellos asentados en el Parque desde 1950.

    —Murieron dos mujeres en esta lucha —me contó Elena una de las primeras veces que la vi—. Éramos cinco las que íbamos al frente y no era la primera vez que frenabamos un desalojo. Fuimos a la gobernación de La Plata a protestarle a Duhalde. Una de ellas era muy irreverente, se llamaba Estela García, no se callaba, les gritaba a los oficiales; nosotras le decíamos que pare pero ella tenía mucha rabia. Estaba tan enojada. Murió poco después de que termine el conflicto. Y a Delia Cerdiuk, se le disparó un cáncer terrible, también enseguida después de todo eso. Esos enfrentamientos no son gratis. Yo seguí, por suerte. 

    Aunque tuvo gran repercusión y apoyo social, el conflicto duró años con cortes, tractorazos y campamentos en la unión de los caminos Centenario y Belgrano. Para 1999 ya se habían efectivizado 40 desalojos y había 80 más en curso judicial. Una de las banderas de ese momento era “Somos la Argentina sin tierra”

    Finalmente, en 2001 el conflicto se dio por ‘solucionado’ cuando la Legislatura bonaerense creó una Comisión Bicameral para evaluar la situación del Parque a cargo de la Universidad Nacional de La Plata, con suspensión de desalojos por prórroga ininterrumpida, es decir, hasta tanto se solucione el conflicto y la situación quedó estancado.

    Fotos | Pedro Ramos DLR

    Fue por aquellos años que Elena conoció a docentes e investigadores de la UNLP. El primero fue Gabriel Soler, en una jornada de Productos Típicos Locales en la facultad de ciencias agrarias, junto a Mariana Marasas e Irene Velarde, con los viñateros de la costa. También en esos años apareció Gustavo Tito -biólogo, docente y luego Director del INTA IPAF de la agricultura familiar- que con el programa Cambio Rural Bonaerense llevó a Elena a visitar productores de distintas provincias. Además, compañeros como Fernando Glenza y Leda Gianuzzi, comenzaron a visitar la huerta e intervenir en ella. Bety me encomienda que escriba cada uno de sus nombres. 

    En 2003, la huerta comenzó a abrirse como espacio educativo. Luego,  se conformó oficialmente el Centro Comunitario de Extensión Universitaria N°10 ‘Parque Pereyra’, con el impulso de la CALISA UNLP.

    De este modo, se alzaron nuevos vientos: estudiantes, docentes, investigadores de distintas disciplinas comenzaron a visitar el primer centro rural de la universidad. Encontraron allí un territorio de estudio, aprendizaje y militancia. En la Huerta Santa Elena se entreteje, año a año, un aula viva de la Agroecología y la Soberanía Alimentaria.

    Fotos | Pedro Ramos DLR

    La comercialización 

    Particularmente, la Huerta Santa Elena tiene un sistema de comercialización característico: una venta por abono mensual, que se paga por adelantado. Con esta forma han conseguido afrontar los gastos de la producción y asegurarle al cliente una canasta de verduras frescas todas las semanas. 

    Otra forma de venta es a pedido, mediante un listado que envía Elena con los productos, que se compra por kilo. 

    Fotos | Pedro Ramos DLR

    —Cada consumidor elige lo que lleva a su mesa. A este sistema le llamamos  ‘Agricultura Sostenida por la Comunidad’.

    Con sus dos hijas, toman los pedidos, los organizan y luego los reparten a domicilio. La galería de su propia casa desborda cada viernes de verduras y cajones que arman personalmente para cada cliente, según gustos y preferencias, mientras charlan y alguno de los nietos más pequeños les ceba mates. 

    Fotos | Pedro Ramos DLR

  • Mil máquinas jamás podrán hacer una flor  

    Mil máquinas jamás podrán hacer una flor  

    Cuando era pequeña, Susana jugaba a armar coronas de flores y se las ponía sobre su cabeza. Los pétalos de las Dalias se enredaban en sus cabellos oscuros, esas tardes de calor en Bolivia. Susana, ahora, vive en una quinta dentro del Parque Pereyra Iraola, en Buenos Aires. El juego con las flores se volvió algo más serio: la floricultura es ahora su oficio. 

    Susana trabaja la tierra junto a su marido y sus hijos, en unos invernáculos que rebalsan de flores. Por suerte, hace algunos años lo hacen sobre unas tierras que les han prestado, y dejaron de luchar con los alquileres caros y los contratos cortos. 

    “Se está vendiendo poco, bien poco. En este momento la gente necesita primero la comida y no la flor. Antes se consumía más, aunque siempre barato, pero mucho más”, cuenta mientras mira las fresias. “Pero bueno, igual hay que seguir, aguantar un poco más y tener fé de que las cosas van a ir mejor”, dice, con una cuota de positividad que no sé si se la dan esas flores tan bellas o la propia experiencia. 

    Susana habla despacio, casi susurrando, tiene sus sandalias con barro y una sonrisa dulce. Ese invernáculo pareciera salido de un cuento, el aroma es magníficamente fresco, y ahí dentro ella es una mujer fuerte, brillante, rodeada de los colores de cientas de flores pomposas.

    Flores conejito
    Flores ‘conejito‘. Foto: Pedro Ramos.

    “Cada planta tiene su maña, sus distintas atenciones. A veces en la mañana, me mando, me mando, camino y voy haciéndoles así”, dice y agarra un ramo de flores de Statice, mientras les pasa con cuidado la yema de sus dedos. “‘Así, ay, qué lindas, qué hermosas se han hecho para mí’, les digo cosas lindas, las trato bien. Si uno no les da cariño no vienen las florcitas así nomás, se mueren solas”. Susana tiene mano para ellas, y tiene amor. 

    A su costado hay un cultivo de claveles, extenso y reciente. Cientos de plantines fueron sembrados hace un mes en ocho lomitas largas, con la ayuda Chango, el microtractor diseñado y creado por el INTA que facilita la labranza de la tierra “Ayuda mucho, porque si tenés que esperar a alquilar un tractor, puede tardar un mes… y cuando tenés los plantines los tenés que sembrar”. El techo de la mitad del invernáculo es de nylon, la otra mitad de media sombra negra. Susana cuenta que la última vez que cayó piedra, rompió todo. Cuando las inclemencias climáticas destrozan las estructuras, no sólo ponen en riesgo la producción sino que además no dan lugar al reacomodamiento financiero que les permita innovar en la cadena. 

    Cultivo de claveles. Invernáculos dañados. Foto: Pedro Ramos
    Cultivo de claveles. Foto: Pedro Ramos

    La floricultura en La Plata: el corazón productivo del país

    La provincia de Buenos Aires es el principal polo florícola de la Argentina. Concentra el 53% de la superficie nacional dedicada a flores de corte. Según el Censo Nacional Agropecuario 2018, la provincia cuenta con 220 unidades productivas que abarcan 307 hectáreas. Dentro de la provincia, el partido de La Plata es el epicentro, con el 64% de la superficie, seguido por Florencio Varela, Escobar, Berazategui, San Nicolás y San Pedro, según el último informe de producción florícola del Ministerio de Desarrollo Agrario de PBA.

    Las flores más cultivadas en el cinturón platense son las rosas, los crisantemos y los claveles, y en menor medida las fresias, las cibelinas y las astromelias, entre tantas otras. Fuera de la región de La Plata, el sector se centra en la producción de plantas ornamentales de maceta (como petunias, pensamientos y alegrías del hogar). 

    Para la comercialización de las flores de corte, los productores venden principalmente en mercados mayoristas, siendo clave el mercado de la Cooperativa de Floricultores, en Barracas y La Plata, y el Mercoflor, en la zona de Abasto. A nivel minorista, un relevamiento de 2016 registraba 922 florerías en la provincia, con fuerte concentración en el Área Metropolitana y más de 120 comercios en La Plata.

    Cultivo flores de San Vicente. Cinturon platense.

    Un oficio familiar y artesanal

    El oficio de cultivar flores esconde el talento de lograr que sean bellas y fuertes, la paciencia para cuidar el crecimiento y la floración de cada especie y el ingenio por hacer que todo el proceso sea económicamente rentable. Es una economía popular, un tipo de agricultura que es familiar en la mayoría de los casos, y que tiene sus propias técnicas y saberes transmitidos de generación en generación. 

    Silvio heredó el oficio de floricultor de su padre. Hace veinticinco años que lo defiende como su propia trinchera. “Es lo que sé hacer y lo que me gusta”, explica. Silvio es referente floricultor de la localidad de Abasto, partido de La Plata. Es un militante sectorial convencido de que las políticas públicas tienen que protegerlos. 

    Floricultor de Abasto, provincia de Buenos Aires.
    Las flores se cortan cuando los capullos aún están cerradas. Foto: Pedro Ramos

    Según cuenta Silvio, los primeros que trajeron el oficio a Argentina fueron los japoneses. El cuidado que esta cultura le ha dado a sus jardines, al diseño y la planificación de espacios verdes que acompañen amablemente la vida humana, ha llevado a los inmigrantes japoneses a conocer mejor que nadie el manejo de la floricultura. 

    En suelo argentino, la comunidad paraguaya y boliviana la ha aprendido, desarrollado y continuado con excelencia a través de las últimas décadas. Silvio nació en Paraguay, y de pequeño emigró a Argentina con su familia. Su padre aprendió el oficio con una familia japonesa, y Silvio aprendió con él. Hoy, junto a su madre y su hermano, llevan adelante un extenso cultivo centrado en rosas, astromelias y san vicentes.

    En septiembre, las rosas han comenzado a largar los pimpollos, aún pequeños. Silvio las llama “pan de verano”. En cambio, las astromelias, que abundan también en sus invernáculos, están estalladas de flores de los más diversos colores: estas son “el pan de invierno”.

    Cultivo de Astromelias. Floricultura en provincia de Buenos Aires
    Cultivo de astromelias, infectado con Trip, plaga que sólo logra combatirse con insumos tóxicos importados. Foto: Pedro Ramos

    Enfermedades y tratamientos

    Aunque culturalmente relacionamos las flores a la primavera, la floricultura es una actividad de todo el año. Los productores trabajan plantando y cosechando flores en todas las estaciones, eligiendo las plantas por contraestación. “Uno se dedica a hacer tres o cuatro variedades, como mucho, porque cada cultivo tiene su trabajo particular y sus propias necesidades. No se puede diversificar demasiado, sino se vuelve muy complejo”, explica. 

    Este monocultivo, les permite aplicar la técnica -un tipo de riego, de cobertura, de abonos- que cada especie necesita. Sin embargo, eso que en horticultura se conoce como cultivos de asociación, intercalar en un mismo surco distintas plantas, permite un control natural de plagas y hongos. “Donde aparece un hongo, un bicho, fuiste, te agarra todo porque es la misma planta”, asegura Silvio. Para prevenirlos y controlarlos, Silvio utiliza bioinsumos y también químicos de laboratorios. Su objetivo, explica, es rentabilizar los costos de producción, “La verdad que cuando reemplazamos algún producto químico, lo hacemos más por achicar el costo que por decisión política”, aclara Silvio, sin embargo, remarca que no usar venenos durante el crecimiento de la planta, vuelve la flor más resistente una vez cortada. 

    Cultivo de rosas. Rosa infectada con hongo.
    Una de las primeras rosas de la temporada, infectada con hongo. Foto: Pedro Ramos

    Las flores tienen poco -o nulo- margen de error. Uno tiene que estar atento y resolver rápido, antes de que la flor se manche o el pimpollo se muera. “Acá se trabaja mucho en cuestiones estéticas. Si no controlás en tiempo y en forma las plagas, no es como una acelga que si es agroecológica y tiene un agujerito no pasa nada. La flor no, tiene que estar perfecta”.

    De los catorce floricultores agrupados en Abasto, todos hacen foco en la producción de rosas, porque son plantas de ciclos largos y de única siembra.  Las rosas de Silvio tienen entre diez y quince años. Todavía tienen sus pimpollos pequeños. Están apretados por una malla de plástico, que los sostiene y les impide abrirse antes de alcanzar un buen tamaño para la venta. Algunas plantas tienen las hojas amarillas y los pimpollos se han caído. “Eso es un aborto, la planta aborta el pimpollo. Es por la mancha negra, es la peor enfermedad que le puede agarrar la rosa”. Combatirla es muy difícil, pero esta misma mañana le han echado caldo sulfocálcico, las hojas se ven salpicadas del líquido que mezcla azufre y cal. La Universidad lo prepara, cuenta Silvio, y lo coloca. El costo es de 12 mil pesos los 5 litros, frente a un tratamiento químico industrial que cuesta 2 millones de pesos. La UNLP también trabaja con él en la aplicación de trichoderma, un hongo que se usa para el control biológico. 

    Cultivo de rosas
    Silvio Perez, floricultor de Abasto con su cultivo de rosas. Foto: Pedro Ramos

    El desfinanciamiento de lo público genera desigualdad

    Este rol técnico, que solía hacer también el INTA, ahora lo sostiene principalmente la universidad pública, con algunas pocas líneas de investigación y extensión tanto de la UNLP como de la UnQui, por ejemplo. “Ya con el INTA no podemos contar, es una pena, pero está todo desfinanciado. En territorio ya no tienen una línea de trabajo, con el cierre de Cambio Rural no hay programa nacional. Si no me equivoco, en total en toda la provincia quedan 10 técnicos territoriales. Antes eran 300, y no daban abasto. Nosotros veníamos trabajando muy bien con el INTA, con un espacio específico de floricultura”.

    INTA no es el único organismo que regulaba y apoyaba al sector rural que está siendo desmontado por el gobierno de Javier Milei. El Instituto Nacional de Semillas, INASE, y la Comisión Nacional de Semillas, disueltos este año, eran dos organismos fundamentales en la regulación del sistema semillero argentino. [Particularmente sobre la disolución de INASE podés leer esta nota].

    El hecho de que estos organismos de control no funcionen más, perjudica directamente al pequeño productor y fortalece al concentrador. Un caso concreto es uno que recuerda Silvio, que le ocurrió hace unos años a un compañero que probó injertar una variedad importada, la cosechó y la llevó al mercado: “Le quisieron retener las flores porque decían que estaba patentada. ‘La patente es nuestra’, le dijeron”. Hay una desigualdad muy grande entre los grandes productores, que compran bulbos y semillas importadas, las patentan y por 20 años logran ser dueños de la genética, limitando a otros productores a producir con lo que ellos mismos venden. 

    En ese momento, al productor lo sacaron del mercado y lo presionaron para que arranque todas las plantas de su quinta. Pero la situación se aclaró gracias al registro de patentes del INASE, que aún estaba activo: “Le pedí ayuda a un hombre que trabajaba ahí. Saqué fotos, le envié todos los datos… y me dice, ‘Mirá, no hay ninguna variedad de rosa que esté patentada acá en Argentina’, ¡Era mentira!”, se indigna Silvio. “Si la gente no puede tener acceso a esas informaciones, los que tienen poder hacen lo que quieren. Si ahora llega a suceder la misma situación, que nos corran del mercado por una patente, ya no tenemos posibilidad de averiguar nada. Toca decirle, ‘sí, señor’ a los empresarios y ya está”.

    Para conflictos como este, de alquiler de tierra o de cualquier otro tipo, la UNLP gestiona hace quince años una Asesoría jurídica para la agricultura familiar, con profesionales de la facultad de derecho que atienden todos los lunes gratuitamente en la facultad de agronomía. 

    Invernáculos desde afuera. Foto: Pedro Ramos

    Contratos de alquiler y especulación inmobiliaria

    Durante varios años, Silvio condujo en Radio Estación Sur el programa Atando Cordones. Este año lo suspendió porque no tiene más tiempo: está trabajando dos quintas a la vez. Después de 25 años alquilando el mismo terreno, tienen que dejarlo y empezar de cero. La especulación inmobiliaria va corriendo a los productores hacia zonas cada vez más apartadas.

    “Ahora está en venta el campo y comprarlo es imposible. Lo venden a más de 100 mil dólares por hectárea, así que directamente lo descarté, por usura. Todos los campos grandes se están vendiendo para barrios privados, explicó. A las largas jornadas de trabajo con las flores y los invernáculos, se le suma la siembra y los trasplantes en la nueva quinta, con la que planean asegurarse que la producción no se frene. Pese a todo, consiguió un contrato de cinco años, un alivio para un sector donde los alquileres no suelen superar el año. “La actualización de los contratos en la zona se está haciendo cada 3 meses. ¿Quién puede planificar una producción en tres meses?, denunció Silvio Perez. 

    Por el contrario a los tiempos del mercado y la urbanización voraz, los ciclos naturales requieren tiempo, espera, cuidado y repetición. Silvio, Susana y sus familias saben de eso, como todos los agricultores del cinturón hortícola-florícola-frutícola del Gran La Plata. Saben que hay procesos que ninguna máquina puede apurar, porque, al fin y al cabo, mil máquinas jamás podrán hacer una flor.

    Susana, productora del cinturón platense, observa los pimpollos. Foto: Pedro Ramos
  • Juan Bialet Massé, un olvidado prócer del derecho laboral 

    Juan Bialet Massé, un olvidado prócer del derecho laboral 

    Juan Bialet Massé fue una de las figuras más multifacéticas del siglo XIX. Su historia cruza el Valle de Punilla sobre las vías del Tren de las Sierras que une la Capital cordobesa con Capilla del Monte. A mitad del recorrido, un paraje: Bialet Massé. Como muchos otros casos, los nombres de los pueblos revelan un pedazo de nuestra historia. 

    Esta nota, nació en formato radial, dentro de la columna Recorriendo la Patria de nuestro programa de streaming Ramos Generales. Podés escucharla en el siguiente enlace, o podés continuar leyendo por escrito a historia de Juan Bialet Massé.

    El desarrollo nacional y un dique eterno

    Desde ahí lo convocaron, en 1886, junto al ingeniero Carlos Cassaffousth, para construir una obra monumental. El Dique San Roque, primero de Latinoamerica, abastecería de agua, riego y energía eléctrica a todo el valle y a la ciudad capital. En solo tres años, un murallón fue levantado con materiales argentinos: piedra, arena y la cal hidráulica del Valle de Punilla, acompañado de otros acueductos y extensos canales de irrigación que organizaban la obra pública cordobesa más grande de la época.

    Los materiales argentinos permitieron un ahorro de un 50% frente a la cal francesa, y el cemento inglés. Y el dique fue un éxito: impidió que el agua llegue a los barrios de la capital en la creciente de 1890, de 1897, y de 1903. Una sola vez Bialet Massé tuvo que repararlo, y lo hizo por 5 mil pesos, frente a los 400 mil que solicitaba un falso ingeniero enviado por el gobierno nacional. Sin embargo, semejante innovación despertó el recelo político y entre los lugareños crecieron los rumores de que “el dique se iba a caer”.

    El clima de paranoia se alimentaba en la desconfianza de los materiales locales y las sospechas terminaron con Bialet y Cassaffousth presos, acusados de una obra “defectuosa” sin pruebas ni juicios que lo atestiguaran. Un año después fueron declarados inocentes. La obra sigue intacta hasta hoy, incluso después de que se la intentara dinamitar para construir el actual dique de mayor altura. Bialet lo había previsto: “La tempestad de la pasión pasará y el dique perdurará por los siglos para gloria de Cassaffousth, de la ciencia nacional y para el provecho de Córdoba”.

    La persecución, sin embargo, les costó caro. Perdieron propiedades personales y Bialet, en bancarrota, tuvo que poner en venta la fábrica. También obligó a dar marcha atrás a otros proyectos, como la obra que planificaba construir un canal navegable que una Córdoba con el Paraná a través de los ríos Suquía, Xanaes y Ctalamochita, y que ya había sido aprobada por el Congreso en 1889, con el apoyo de la provincia de Santa Fé y el presidente Juárez Celman. El dique era el primer paso en la ejecución de este proyecto, ideado por el primer ingeniero egresado de nuestro país, Luis Augusto Huergo. El canal navegable sin dudas beneficiaría a las provincias interiores, pero rápidamente se le opusieron los intereses portuarios de Buenos Aires y los ferroviarios británicos. 

    De todos modos, los hornos de La Primera Argentina y la construcción de este dique, forjaron a un hombre que aún le quedaba mucho por hacer y por decir. 

    De académico catalán a pensador nacional

    Pero esta historia no empieza ni termina en las sierras. Juan Bialet Massé nació en Cataluña en 1846 y llegó a la Argentina en 1873, con 27 años y el título de médico bajo el brazo. En apenas un año ya se había incorporado a las discusiones nacionales, con una mirada que criticaba la dependencia y alentaba la educación libre y la industria nacional. 

    Su desembarco coincidió con un país que, tras el gobierno de Sarmiento y con Avellaneda en la presidencia, expandía su sistema educativo: colegios nacionales en las provincias, bibliotecas populares y centenas de nuevas escuelas públicas. A ese frente va a servir Bialet. Comienza trabajando como docente y rector de los colegios nacionales de Mendoza, La Rioja y San Juan (donde se casa con Zulema Laprida, nieta del presidente del Congreso de Tucumán en 1816). Luego, estudia abogacía en Córdoba y en sólo veinte meses se recibe. Allí inaugura la cátedra de Medicina Legal y escribe varios libros, algunos incorporados como manuales para los colegios secundarios.

    Luego de salir de la cárcel, da una conferencia que titula “Cuatro verdades sobre enseñanza secundaria”. En ella ataca el uso de planes de estudios europeos y plantea la necesidad de enfocar la educación a la realidad argentina con un enfoque productivo. 

    En un país que crecía en exportaciones de materias primas, como la lana, la carne, y granos como trigo, maíz, lino y avena, Bialet entendió que Argentina debía trabajar por una independencia económica y potenciar sus industrias incipientes, pero ello no era posible sin cuidar las masas obreras. Como abogado, comenzó a incorporarse en las luchas de estibadores, ferroviarios y comerciantes, informando los derechos y los deberes que les correspondían. Todavía le esperaba a Bialet una misión más. 

    El informe que retrató la explotación

    En aquellos años de cambio de siglo, con un régimen oligárquico consolidado y una brutal sobreexplotación de mano de obra, las federaciones obreras crecían, alimentadas por corrientes anarquistas y socialistas, intentando organizar la lucha del proletariado. 

    Buscando organizar un poco la presión social, en 1904, el gobierno nacional de Julio A. Roca le encomendó a Bialet Massé realizar un relevamiento de las condiciones laborales y la población obrera en la Argentina. Fue entonces que, con incansable curiosidad y precisión, Bialet recorrió 14 provincias, entrevistó a cientos de trabajadores, visitó estancias, fábricas, minas, ingenios, proveedurías y sindicatos. Plasmó todo su registro en un informe de 1500 páginas: el Informe sobre el Estado de las Clases Obreras Argentinas.

    Allí denunció salarios de miseria, jornadas extenuantes, viviendas insalubres y abusos de todo tipo. A pesar del tono propio de la época, Bialet reivindicó la labor de criollos e indígenas, despreciados por patrones y élites, y puso en evidencia a la mujer trabajadora. Su trabajo es una radiografía social, económica y sanitaria de la argentina de 1900, que realmente asombra por su nivel de detalle. En las primeras páginas, puede leerse: 

    En las cumbres del Famatina he visto al peón cargado con 60 y más kilogramos deslizarse por las galerías de las minas, corriendo riesgos de todo género, en una atmósfera de la mitad de la presión normal; he visto en la ciudad de La Rioja al obrero ganando sólo 80 centavos, metido en la zanja estrecha de una cañería de aguas corrientes, aguantando en sus espaldas un calor de 57º, a las dos de la tarde; he visto a la lavandera de Goya lavar la docena de ropa a 30 centavos, bajo un sol abrasador; he visto en todo el interior la explotación inicua del vale de proveeduría; he visto en el Chaco explotar al indio como bestia que no cuesta dinero, y no ha podido menos que acudir a mi mente aquellas leyes previsoras para todos ellos”.

    Italianas cosechando, Mendoza.

    El informe de las clases obreras es un documento fundamental para comprender el telón de fondo de esa Argentina que era “granero del mundo”. 

    Ese telón que desbordaba de trabajadores, “víctimas forzosas del progreso”, los llama Bialet. Son las águilas del progreso, héroes anónimos, que labran el canal de la riqueza que ellos no van a gozar; su trabajo se paga con un peso y cincuenta centavos y se cree haberlo recompensado con largueza”, escribe mientras mira a aquellos hombres trabajar en las alturas, tendiendo las torres del alambre-carril, en Chilecito, La Rioja. 

    Construcción del Cablecarril de Chilecito a La Mejicana, La Rioja, septimo tramo, a 3900 mts. Foto tomada por Max Cooper entre 1903 y 1905.

    Sus observaciones no son sólo las de un abogado, también influye su visión de médico y docente, así como también su ojo totalmente humanista para la época. “Son rarísimos Ios patrones que se dan cuenta de que el rendimiento del trabajo es directamente proporcional a la inteligencia, al bienestar y a la alegría, sobre todo, del obrero que lo ejecuta, y no al tiempo que dura la jornada”. 

    Bialet señalaba que el desprecio injustificado hacia el obrero criollo y la preferencia por el inmigrante extranjero era un problema central que necesitaba de leyes para proteger al trabajador local, garantizando su desarrollo y bienestar: “Esta es, a mi entender, la letra y espíritu de la Constitución: dar al extranjero un asiento en la mesa preparada para el hijo del país; no preparar el banquete para el huésped, quedando fuera el dueño de la casa”. 

    Desde la industria viticultora de San Juan y Mendoza, las canteras de piedra en Córdoba, las minas en La Rioja, los desmontes en Chaco, la producción de caña en Tucuman, el tabaco y yerba en Misiones, hasta los comercios, oficios tales como panaderos, carpinteros, policías, trabajadoras domésticas, lavanderas, planchadoras de ropa, cuidadoras. Bialet presta el ojo a todos.

    Refinería Argentina de Azucar, galpones de acopio. Rosario, circa 1915.

    No es casual que para hablar del indio Bialet tome una postura tan firme. Está hablándole al gobierno de J.A. Roca, líder de las Campañas al Desierto.

    “Se habla de expulsar indios, ¿con qué derecho? ¿Acaso el nacido en la tierra, víctima de una conquista injustificada, no está amparado por la Constitución? Si delinque, para castigarlo hay tribunales; y si no los hay, deben crearse”. Y continúa preguntandoles: “¿Se querrá exterminar al pueblo entero? ¿Con quién se quedarán les exterminadores? ¿y de qué vivirán? ¿Traerán una falange de ángeles del cielo para hacer un nuevo pueblo?”.

    El legado de un visionario

    A partir de este extensísimo informe, el ministro Joaquín V. González redactó ese mismo año el discutido -y finalmente rechazado- proyecto de Ley Nacional del Trabajo.

    Este proyecto proponía regular la jornada de ocho horas, un descanso semanal, indemnización por accidentes, protección de mujeres y niños, derecho de huelga, acceso a la tierra, entre tantas otras cuestiones. Aunque conquistar estos derechos costaría otras décadas más de presión, estas fueron las bases de aquella lucha laboral que marcó el siglo XX y que influyeron, sin dudas, en las políticas del peronismo.

    En sus últimos años, Bialet trabajó con el sector algodonero, y con 60 años se recibió de ingeniero agrónomo. Después de denunciar tanto crimen y abuso, falleció en 1907 por un cáncer de garganta.

    Su nombre quedó guardado en un pueblo cordobés, aquel pueblo que conserva los hornos de la primera fábrica de cal y cemento argentino. Sin embargo su legado es mucho más grande, es el de un hombre que pensó la argentina en grande. Bialet Massé fue un forjador de la patria, un labrador de un país soñado: con unidades productivas, educación pública y trabajo digno. “Veo una nación grandiosa, con un pueblo rico y feliz, con ideales celestes de humanidad. ¡Patria de mis hijos y de mis nietos, República Argentina, salve!”

  • La auditoría fantasma: la falacia que dejó sin alimento a los comedores

    La auditoría fantasma: la falacia que dejó sin alimento a los comedores

    Mayo de 2024. El gobierno de Javier Milei corta el suministro de alimentos a comedores y merenderos populares de todo el país. El argumento oficial es determinante: “la mitad de los comedores registrados no existen”. El dato se atribuye a una supuesta auditoría realizada por el Ministerio de Capital Humano al Registro Nacional de Comedores Comunitarios (RENACOM). Sin mucha más explicación, suspenden la entrega de provisiones básicas a 35 mil espacios comunitarios en los barrios y sectores vulnerables.

    Septiembre de 2025. El gobierno reconoce que la auditoría que detectó supuestas irregularidades en los comedores nunca existió. Después de más de un año, el propio Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, reconoció que sólo se realizaron “supervisiones y verificaciones territoriales” a menos del 10% de los espacios registrados, algo muy distante de las auditorías que exige la Ley de Administración Financiera.

    En el medio, hubo un pedido de acceso a la información, ejecutado por la diputada Natalia Zaracho (Frente Patria Grande) el 16 de mayo de 2024, al día siguiente de que el entonces jefe de gabinete Nicolás Posse afirmara en el Congreso que “casi el 50% de los comedores no existían”. En ese momento, Zaracho pidió copia de la auditoría, Milei y Pettovello se la negaron, por lo que la diputada judicializó el tema y logró un fallo a su favor.

    A principios de este mes, el ministerio respondió a su pedido de información y dijo que la “auditoría” alegada por Posse “resulta ser inexistente”. En el documento, se admite que la “auditoría” refiere a “una interpretación” de “acciones de control” que no corresponden metódica ni teleológicamente con los parámetros de un informe de auditoría previstos en la Ley 24.156.

    Sin embargo, la declaración de Posse no fue aleatoria: fue replicada por todo el gobierno de Milei y por buena parte del sistema de medios. Fue suficiente para frenar la distribución de millones de kilos de alimentos, pese al reclamo popular, y sirvió como palanca política para deslegitimar organizaciones sociales.


    Mientras frente al edificio de Desarrollo Social, las cocineras de merenderos populares protestaban con sus ollas y hacían fila para pedir una audiencia con Sandra Pettovello, los medios hablaban de “comedores fantasmas mantenidos por el Estado” y Milei aseguraba que Petovello había creado “una brigada anti corrupción”.

    Protesta comedores populares auditoría Milei

    Los números reales de la “auditoría”

    En detalle, el ministerio confirmó en la respuesta a Zaracho, haber realizado un “relevamiento” entre el 7 de febrero y el 5 de abril de 2024, en el que se revisaron 2.193 espacios, número que corresponde apenas al 6% de los registrados en el RENACOM. De esos, 1.161 pudieron identificarse como comedores o merenderos, mientras que en otros casos -según el gobierno- hubo discrepancias en los datos (direcciones incorrectas, lugares donde nunca funcionó o ya no funcionaba un comedor). En todo caso, estos comedores “inexistentes” representan solo el 3% del total de 35.000 que estaban inscriptos el RENACOM. 

    Con esto, se confirma una vez más el componente de improvisación y crueldad del gobierno, ya que sin un trabajo completo de auditoría, prevaleció la decisión política de motosierra, en una argentina en la que 4,3 millones de niños y adolescentes no tienen garantizada su comida diaria, según un informe reciente de la UCA. 

    Comedor popular. Crisis alimentaria
    Foto: Lucía Prieto. Revista Anfibia

    Crisis alimentaria: 4,3 millones de niños no tienen garantizada la comida

    Todo esto se da en medio de una crisis alimentaria extendida. Según un informe publicado en julio de 2025 por el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, la Inseguridad Alimentaria infantil en Argentina llegó al 35,5% en 2024 y tocó su nivel más alto en una década. Este término hace referencia a la falta de acceso regular a alimentos seguros y nutritivos para el desarrollo activo. Abarca desde la preocupación por no poder comprar ciertos alimentos, como leche o carne, pasando por adultos que dejan de comer porque no alcanza, hasta niveles más severos cuando el hambre llega a los chicos, afectando la salud física y cognitiva, el crecimiento emocional y el rendimiento escolar.

    Este informe detalla que 3 de cada 4 niños que atraviesan esa situación tienen padres y madres que trabajan. La cantidad de hogares que viven con esta problemática creció del 32% en 2010, al 51% en 2024. “Más adultos trabajando y produciendo hoy en un hogar no necesariamente significan mayores ingresos, lo que podría ser un indicador de proceso recesivo. La AUH tiene un impacto protector pero no es suficiente, y sin dudas el trabajo pleno y de calidad es lo que permitiría producir una merma significativa en problemáticas tan urgentes como es el acceso a los alimentos en los hogares con niños”, declara el informe. 

    Natalia Zaracho, diputada nacional por la provincia de Buenos Aires desde 2021, consiguió desmontar una gran falacia del gobierno, aunque la idea de los “comedores fantasmas” ya haya calado en la opinión pública. “Ahora, después de 2 años, posiblemente muchos comedores no existan más porque se recortaron todos los alimentos que de algún u otro modo llegaban”, advirtieron desde la organización La Garganta Poderosa.

  • ¿Para qué rifar lo que funciona bien?

    ¿Para qué rifar lo que funciona bien?

    Esta semana, el gobierno de Javier Milei avanzó con un decreto para la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA), la empresa estatal que opera las tres centrales nucleares activas del país: Atucha I, Atucha II y Embalse. La medida propone la venta del 44% de las acciones mediante licitación pública -nacional e internacional- mientras que el Estado conservará el 51% del capital accionario y el control de la firma. El 5% restante se otorgará a los trabajadores mediante una Propiedad Participada, con el que se los incluirá en el esquema accionario.

    La iniciativa marca un giro histórico: por primera vez, capitales privados -posiblemente extranjeros- podrán involucrarse directamente en el negocio de la energía nuclear argentina. Desde la Ley de Bases aprobada en 2024, NA-SA ya había sido incluida en la lista de empresas estatales “privatizables”, y voceros oficiales sostienen que la inversión privada “permitirá asegurar los fondos necesarios para proyectos estratégicos”, como la extensión de vida útil de Atucha I, el almacenamiento en seco de combustibles nucleares gastados, la construcción del primer reactor modular argentino (CAREM) y el impulso a la minería de uranio.

    “Todas las empresas públicas están sometidas a un proceso de irremediable privatización”, reafirmó Manuel Adorni. El mensaje es claro: la lógica de “todo debe venderse” se impone por sobre la agenda energética, incluso en un área tan sensible como el sector nuclear.

    Una empresa estratégica y con superávit

    La realidad es que los argumentos oficiales contrastan con la situación financiera de NA-SA. Según informes de gestión, durante el primer semestre de 2025 la empresa registró un resultado operativo positivo equivalente a unos 70 millones de dólares, lo que la ubica como una de las pocas empresas estatales con superávit. La firma está controlada actualmente por el Ministerio de Economía (79%), la Comisión Nacional de Energía Atómica (20%) y Energía Argentina (ENARSA) (1%).

    Con las centrales Atucha I, Atucha II y Embalse, NA-SA cuenta con una potencia total instalada de 1.763 MW, que representa el 7,4% de la electricidad del país. Pero lo que la vuelve verdaderamente estratégica es que Argentina es uno de los pocos países del mundo que domina integralmente el ciclo nuclear: desde la minería de uranio hasta el diseño y operación de reactores.

    Tal como alertan especialistas y trabajadores del sector, la privatización puede comprometer capacidades técnicas y de soberanía energética construidas durante décadas. El ingreso de accionistas privados podría subordinar proyectos de interés nacional a criterios de rentabilidad de corto plazo.

    La Central Nuclear Atucha I cumplió 51 años desde que su reactor comenzó a funcionar. Inaugurada en 1974, no solo fue la primera central nuclear del país, sino también de toda América Latina.

    Riesgos de la privatización: entre residuos y capitales especulativos

    La gestión de la energía nuclear no es reducible a la lógica del mercado, ya que implica el manejo de riesgos altamente peligrosos, como la seguridad en la operación de centrales, la disposición final de residuos y la planificación de proyectos a escala de décadas.

    El antecedente cercano es YPF: el Estado conserva la mayoría y el control de la empresa, pero la presión de los accionistas privados condiciona las decisiones de inversión y el rumbo estratégico. El esquema planteado para NA-SA es similar: una empresa mixta, con control estatal pero participación significativa de capital privado. En el caso nuclear, el riesgo es mayor: si los capitales que ingresan son especulativos, la prioridad pasará a ser la distribución de dividendos y no la inversión en ciencia, tecnología y formación de recursos humanos.

    En paralelo, la situación plantea un dilema ambiental y de transición energética. La energía nuclear es considerada una fuente de bajas emisiones de carbono, clave para un esquema de matriz energética más limpia. Pero la experiencia internacional muestra que cuando la gestión queda en manos de privados, el incentivo para invertir en almacenamiento seguro de residuos o en nuevas tecnologías de seguridad suele ser mínimo.

    Desde una vista aérea, el reactor nuclear de Atucha I se asemeja al sol de mayo o a nuestra monera de $1.

    Cooperación nuclear: un ejemplo sudamericano frente a la amenaza global

    Desde hace más de tres décadas, Argentina y Brasil sostienen un esquema de cooperación y control mutuo en materia nuclear que es considerado un modelo único en el mundo. Ambos países, potencias regionales con capacidad tecnológica propia, establecieron mecanismos de transparencia y verificación recíproca que les permitieron consolidar confianza mutua y estabilidad en un terreno históricamente conflictivo.

    Este sistema se formalizó en 1991 con la Agencia Brasileño-Argentina de Contabilidad y Control de Materiales Nucleares (ABACC), creada por el Acuerdo Bilateral de Uso Exclusivamente Pacífico de la Energía Nuclear firmado entre ambos países, y complementado en el plano internacional con el Acuerdo Cuatripartito de Salvaguardias (Argentina-Brasil-ABACC-OIEA). En términos jurídicos, es un entramado que no tiene paralelo en el mundo: dos países con desarrollo nuclear autónomo se sometieron voluntariamente a inspecciones recíprocas y a la fiscalización de un organismo internacional, asegurando la transparencia y el uso pacífico de la energía nuclear.

    Octubre 2023. La Ministra de Ciencia y Tecnología de Brasil, Luciana Santos, fue recibida hoy por su par de Ciencia argentino, Daniel Filmus, en la CNEA. A la izquierda, Adriana Serquis, ex presidenta del organismo.

    La importancia de este acuerdo trasciende a la región. Mientras en otros puntos del planeta la tecnología nuclear está atravesada por disputas militares, como la guerra entre Irán e Israel en Medio Oriente, la rivalidad entre India y Pakistán en Asia del Sur, o el recrudecimiento de la confrontación nuclear entre Rusia y la OTAN en Europa, la alianza Argentina-Brasil ha logrado convertir un potencial factor de desconfianza en una política de cooperación pacífica y desarrollo conjunto.

    Este esquema sudamericano constituye una alternativa superadora frente a la lógica de la “mutua aniquilación asegurada” que domina en los conflictos bélicos nucleares actuales. En lugar de escalar tensiones, Argentina y Brasil apostaron a la institucionalización de la confianza y al uso pacífico de la energía nuclear. La privatización de NA-SA abre, en este marco, una incógnita mayor: ¿cómo garantizar que accionistas privados extranjeros -cuyo interés primario será la rentabilidad- respeten los compromisos diplomáticos y de seguridad nuclear que la Argentina asumió como Estado soberano? Si se desplaza el eje del interés nacional hacia el de corporaciones transnacionales, puede debilitarse la capacidad de sostener esta política histórica de cooperación, erosionando uno de los pocos ejemplos de gobernanza nuclear pacífica y democrática a nivel global.

    Todo un ecosistema científico tecnológico en jaque

    El proceso privatizador se da además en un contexto de debilitamiento de todo el sector científico-tecnológico nacional. Organismos como la CNEA, INVAP, CONAE y empresas asociadas al ciclo nuclear (Dioxitek, Combustibles Nucleares Argentinos) enfrentan recortes presupuestarios, atraso en salarios y becas, y un preocupante éxodo de profesionales calificados.

    “El gobierno de la Libertad Avanza y todos sus aliados políticos trabajan en conjunto en una política de destrucción de todo el sector público. Desde que empezó la gestión nos están masacrando en términos presupuestarios, las becas no se dan, los presupuestos no se actualizan: presupuestos para el funcionamiento base de los organismos”, había denunciado Emiliano Baum, delegado de ATE CONAE, el año pasado en conversación con Desde la Raíz. 

    Proyectos estratégicos, como el CAREM o la construcción de Atucha III con financiamiento chino, han quedado paralizados o en incertidumbre. Además, la situación financiera de la empresa también viene siendo golpeada: durante los primeros meses de 2024, el propio Ministerio de Economía decidió no pagarle a NA-SA por la energía generada, acumulando deudas que superan los 100 millones de dólares.

    Sumado a esto, hay un problema técnico que aún no ha sido resuelto: la valuación de la empresa. Tal como aseguró Isidro Baschar, ex director de la Nucleoelctrica en unna entrevista en Ahora Play, el presidente del Tribunal de Tasación de la Nación reconoció que el organismo no tiene capacidad técnica para valuar un activo tan complejo, lo que abre la puerta a que consultoras internacionales lo hagan. Un informe de 2024 de la Cámara Argentina de la Construcción, estimaba que el valor de las centrales nucleares argentinas superaba los 11 mil millones de dólares. Sin embargo, el gobierno pretende vender el 44% del paquete accionario en un mercado deprimido, lo que implicaría una subvaluación significativa del activo.

    Dólares inmediatos o soberanía hipotecada

    En última instancia, la medida se enmarca en la necesidad urgente del gobierno de Milei de obtener divisas. Ayer, 19 de septiembre, el Banco Central vendió 678 millones de dólares de reservas -provenientes del préstamo del FMI- para sostener el precio del dólar. En ese marco, la privatización de empresas estratégicas aparece como un recurso desesperado para generar ingresos rápidos, incluso a costa de desprenderse de activos que forman parte de la infraestructura crítica y de la soberanía energética nacional.

    No se trata de un debate abierto sobre “legitimidad” o “discusión estratégica”. La realidad es que la privatización de NA-SA responde de manera directa a las necesidades coyunturales de sostener artificialmente el modelo económico vigente y garantizar el flujo de dólares para alimentar la bicicleta financiera diseñada por el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo. En lugar de apuntalar la producción, la innovación científica o la soberanía tecnológica, el gobierno opta por liquidar activos estratégicos para engordar reservas destinadas a la timba financiera y la especulación cambiaria.

    En este sentido, privatizar parcialmente una empresa como Nucleoeléctrica Argentina no es solo transferir acciones: es resignar la posibilidad de planificar de manera autónoma el futuro energético del país, subordinar la política de ciencia y tecnología a la lógica del mercado financiero y debilitar la posición regional en un terreno clave para la seguridad y la cooperación internacional. 

    Lejos de ser una medida de “modernización” o “eficiencia”, constituye el resquebrajamiento de un patrimonio que llevó décadas construir, que hipotecará el desarrollo energético argentino en pos de sostener un esquema económico de corto plazo y de dudosa sustentabilidad.

  • Corazón de tiza: memorias y luchas docentes

    Corazón de tiza: memorias y luchas docentes

    Todavía recuerdo a mi maestra de primer grado. Nos enseñaba las letras como quien abre una ventana: despacio, una nueva cada día. Jugábamos con ellas para aprenderlas de a poco, hasta que ese universo complejo de las palabras empezó a volverse familiar. Recuerdo su risa y la sonrisa con la que nos miraba: casi cuarenta niños alborotados en su primer año de escuela. Una vez, el día de mi cumpleaños, tocó el timbre de mi casa. Me dió un abrazo y un regalo: una carterita amarilla con una flor en el centro. Fue uno de los regalos más especiales de mi infancia.

    Estoy segura de que un recuerdo parecido podría repetirse en muchos de ustedes. Muchos de nosotros guardamos nuestro primer cuaderno, así como guardamos los recuerdos de esa época: los guardapolvos blancos, el polvo de tiza, los cuadernos de hojas rayadas y estampas de telaraña, nuestro amigo de banco, las filas en el patio, la oración a la bandera. 

    Detrás de todo eso, una maestra, un maestro, cientos de ellos, sosteniendo y cuidando nuestro paso por el aula. La escuela nos marca para siempre. Nos abre las puertas del lenguaje y también nos enseña a estar con otros, a imaginar, a buscar nuestro futuro. 

    ***

    En Argentina, hace muchos años que la escuela es mucho más que un lugar de aprendizaje: es un refugio, un comedor, un espacio de contención y encuentro. En paralelo a un tejido social que se desarma por todos lados, las instituciones educativas atraviesan hoy una crisis profunda.

    El deterioro en la educación es un hecho que depende directamente de la cantidad de recursos que se destinen a su desarrollo. Históricamente, los presupuestos para la educación pública han sido escasos o insuficientes. Sin embargo, en estos últimos dos años, la situación se desencadenó con más ferocidad a partir de las políticas liberales y los discursos que desprestigian el trabajo docente.

    Según la Ley de Educación Nacional la inversión del presupuesto educativo no debería ser menor al 6% del PBI, porcentaje que desde su sanción ha estado siempre por debajo del 2%. Mientras tanto, los salarios de maestras y profesores, no llegan en muchos casos a cubrir la canasta básica. Gran parte de ellos necesita trabajar en dos o más cargos o complementar con otro trabajo. Al mismo tiempo, los reclamos salariales muchas veces se interpretan como obstáculos antes que una necesidad a futuro. 

    Durante el 2024, el recorte del presupuesto educativo fue del 40%, según el informe “Presupuesto Educativo Nacional 2025”, realizado por la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, CONICET y el Observatorio Argentinos por la Educación. Este informe reveló que durante 2025 la inversión nacional en educación iba a ser del 0,88%, en términos del PBI, por debajo de lo invertido en 2024 (0,91%) y 2023 (1,48%).

    Además, una de las primeras medidas que tomó el actual gobierno fue eliminar el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) que Nación transfería a las provincias para mejorar los salarios docentes. “El FONID era un complemento fundamental que equivalía casi a un cargo”, explicó Adelina Petón, vicedirectora de la secundaria platense EES N°55. “Lo que se ve hoy es que los profesores toman cada vez más horas, es una sobrecarga constante que va impactando en la calidad educativa, ¿no? un profesor que trabaja 40 horas semanales no tiene tiempo para una reflexión, para preparar tranquilo las clases, sino que solamente es seguir y seguir”. 

    Enseñar en este contexto se vuelve un acto de resistencia. Desde la época de censura de la dictadura militar, pasando por la crisis del 2001, las y los docentes cargan con el inmenso desafío de defender y sostener la educación pública en un país que parece cíclicamente ponerla en jaque. “No la tenemos fácil, para nada, pero ¿Cuántos más espacios de cuidado existen hoy en día? En ese sentido, la escuela resiste y convoca”, apuntó la vicedirectora y profesora de filosofía. 

    Detrás de todas las estadísticas, los números, las leyes, los vetos, las opiniones, las maestras siguen dando clases. Con pizarrones rotos, en aulas sin calefacción, frente a niños a los que les duele la panza del hambre. La escuela sigue estando ahí. 

    ***

    Escribo en el pizarrón: 5 de julio. Uno de los días más fríos del invierno. Siento las manos duras, el frío me anula la sensibilidad de los pies, los dedos desaparecen. El pizarrón con grietas guarda restos de tizas de otras manos. 

    Me cuesta escribir en este pizarrón, la letra me sale fea y el fondo, con tanta grieta, con tanta tiza. no es nítido, no es verde, es confuso. Y más me cuesta este 5 de julio de tizas congeladas. 

    Miro el pizarrón, mi letra fea, fría, dice: Historia de la comunicación. La ventana está a la izquierda y nieva. Le doy la espalda al pizarrón: treinta y cuatro son los chicos que me ven ahora a mí, dentro del gamulán gris de mi abuela, gris con pitucones. Treinta y cuatro chicos del barrio más pobre de la ciudad de Bariloche. 

    Todos los barrios pobres de la ciudad de Bariloche son “el alto”, nadie los llama por su nombre. Este barrio se llama San Francisco Segundo. En este barrio hay una escuela y en esa escuela, un pizarrón lleno de grietas. 

    Los copos son lindos hasta que caen. Al caer se hacen sopa, así se dice a la nieve aguachenta, ese líquido espeso que exige un calzado especial. Caro. En el alto, en la escuela, está Manuel. Hace 18 grados bajo cero. No puedo dejar de mirar sus zapatos rotos, la bolsa de supermercado que se escapa a través de los agujeros. No puedo dejar de llorar. Queman las lágrimas a 18 grados bajo cero. 

    -Relato de Julieta Sanchez Magariños 

    ***

    “En Chubut los sueldos docentes son los más bajos del país”, aseguró Analia Pirronitto, docente de la escuela secundaria 7701 de Puerto Madryn. La provincia, ha tenido durante la última década un conflicto muy intenso con los trabajadores de la educación. 

    “En 2018 llegamos a estar tres meses sin cobrar, con sueldos atrasados y sin paritarias. Empezamos con paros progresivos y después ya eran por tiempo indeterminado, incluso los estudiantes tomaron las escuelas pidiendo que se mejore la situación. Todo eso enardeció a la provincia”, explicó Analia, recordando los gobiernos de Mario das Neves y Mariano Arcioni, cuando el ajuste cayó sobre empleados públicos, trabajadores de salud y docentes.

    Aquellos fueron meses de paro y movilización en toda la provincia, con nula respuesta estatal. “En las reuniones de paritarias se nos reían en la cara. El gobernador nos despachaba y se iba a ver el partido del Mundial. Terminamos tomando el edificio del Ministerio de Educación en Rawson, más de un mes, con carpas en la calle y todo”, contó Analia, antes de llegar al desenlace fatal de esta historia.

    El pico del conflicto fue el 17 de septiembre, justo el día del profesor, cuando, luego de un plenario que se había realizado en el campamento de Rawson, dos compañeras sufrieron un accidente en la ruta, camino a Comodoro Rivadavia, y murieron. Analía remarcó que si bien no fue responsabilidad directa del gobierno, fueron tiempos de mucho cansancio y lucha: “Esas docentes tenían que estar en el aula, no pidiendo que se les pague”.

    Hoy en día, los salarios siguen atrasados. El último aumento en la provincia fue del 1,6%, cuando la inflación por IPC en la patagonia fue del 2,5%. Sin embargo, las paritarias no son la única disputa que tienen que dar los docentes en esta provincia. Nacho Torres, actual gobernador, comenzará en febrero un sistema de titularizaciones de cargos que entre la comunidad educativa está generando mucha incertidumbre. “Estamos todos muy nerviosos en las escuelas, porque las titulaciones van a ser por puntaje y no por antigüedad en el cargo. Termina siendo una pelea, una pelea entre pobres, sentenció Analía, quien tiene casi quince años de trayectoria en la educación formal. 

    Analía es bióloga y, además de dictar materias afines a las Ciencias Naturales, forma parte del equipo de Educación Sexual Integral de la Escuela 7701 ‘19 de junio’, en Chubut. Conoce de primera mano el peso de ser docente en una provincia que lleva más de una década con conflictos salariales. “Después de tantos paros, la comunidad en general no tiene una buena imagen de los docentes”, remarcó. “Muchos dicen que somos vagos, que no queremos trabajar. Muy pocos reconocen realmente nuestra labor.”

    El trabajo en las aulas no es fácil. La escuela es el lugar donde todas las fallas y los conflictos sociales se catalizan, casi al mismo tiempo y en desorden. Analía y Adelina lo narran de igual manera desde distintas provincias: chicos que llegan a la escuela sin comer, dificultades de aprendizaje, bullying, violencia familiar, abusos, enrollos vinculares, entre tantas otras cosas.

    En medio de toda la precariedad, lo que sostiene a las docentes es el vínculo con los alumnos y la posibilidad de construir algo más. Ambas valoran la escuela como un espacio de escucha. Trabajando la ESI como un espacio de escucha, Analía  . “A mí lo que más me motiva es escuchar a los estudiantes, darles espacio. El otro día una alumna me escribió: ‘Gracias por la escucha, por estar presente, por ser una referente para mí’. Eso me paga todo lo que no me paga el gobierno.”

    ¿Y las universidades? La disputa es igual de tensa en todos los niveles educativos. El presupuesto universitario cayó a su nivel más bajo desde 2006 y la inversión por estudiante es la menor desde 2005. Según la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, el financiamiento real se redujo un 32% desde 2023, y los salarios docentes perdieron cerca del 28% de su poder adquisitivo. Hoy mismo, mientras escribo estas líneas, se desarrolla un paro nacional en respuesta al veto que el presidente Javier Milei impuso a la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso hace apenas un mes.

    En medio de ese panorama, persiste todo aquello que no pueden vetar: la huella que dejan los maestros y maestras en sus alumnos, en sus formas de mirar el mundo.

    ***

    Es hora pico y el colectivo va lleno.

    Al fondo, un niño juega con su hermana. Todavía tienen el guardapolvo puesto. Se ríen, se golpean, se hacen chistes, quizás en la escuela hoy fue un lindo día… o es que entre hermanos todos los días son días de juego.

    El niño mira la ventana:

    —Mirá Romina, ¿qué es esto?

    —¡Una mancha!

    —¡No nenaa! son las malvinas!

    El niño reconoce a las islas en el resto viejo de un sticker. Una maestra estuvo trabajando para esto.

  • La Argentina cartonera: organización y política

    La Argentina cartonera: organización y política

    Una de las primeras medidas que tomó el gobierno de Javier Milei apenas asumió en diciembre de 2023 fue la modificación del Código Aduanero que desreguló gran parte las importaciones, entre ellas las de bobina de papel de celulosa y recortes de cartón. 

    Los efectos de esta medida se fueron profundizando con el paso del tiempo y generan al día de hoy una crisis muy profunda en los sectores que trabajan con la recuperación de residuos: cartoneros, carreros, recuperadores urbanos, tanto organizados en cooperativas de trabajo como independientes. 

    Sin embargo, esta no es la única variable que ha afectado al sector. A esto se le suma la crisis económica generalizada en el país, que genera una caída en la actividad económica y del consumo, y el cierre de muchas empresas que compraban los materiales reciclados. El resultado es que cada vez hay menos material para recoger y mayor cantidad de personas cartoneando. 

    Este cóctel ha provocado, en lo que llevan estos dos años, grandes dificultades para colocar a la venta los materiales que fueron recuperados, a la vez que existe una caída del precio del aluminio, el fierro y las chapas, siendo notoria la caída del valor del cartón, marcando entre un 40 – 60% de bajas.

    La situación es inherente a todas las provincias y ciudades del país. Sin embargo, son más afectados aquellos trabajadores que no han logrado articular con los gobiernos municipales o provinciales, estableciendo ciertas políticas públicas que les amparen y reconozcan su trabajo como un servicio de gran impacto social y ambiental. 

    Pese a algunas pocas excepciones, en la República Argentina el cartonero sigue siendo un actor principalmente informal, su actividad está expuesta a un alto riesgo por falta de condiciones mínimas de higiene y seguridad, inmersa en situaciones de sobreexplotación y trabajo infantil y excluida de las acciones integradoras del Estado.

    ¿Cómo se traduce la crisis nacional en la vida cotidiana de los cartoneros? 

    Foto: Ignacio Amiconi | AGLP

    En Ensenada, los trabajadores y trabajadoras se organizan en una cooperativa de trabajo autónoma desde la cual juntan, acopian y venden materiales reciclados por su propia cuenta, sin ningún tipo de apoyo del municipio de la localidad ribereña. 

    Yoana Zapata forma parte de la cooperativa de Ensenada desde hace 9 años, a partir de que en 2015 comenzó a conformarse en La Plata el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), colectivo que ha nucleado una diversa rama de trabajadores de la economía popular, entre ellos, los cartoneros y las familias que buscaban en la basura aquellos materiales con algo de valor. Con el MTE, muchos trabajadores se nuclearon en asociaciones y cooperativas y se aglutinaron en la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores de la UTEP, la cual nació para organizar a este sector luego de la crisis del 2001. Aunque la situación nunca pudo ser del todo regulada, hoy nuevamente, el sector está en crisis. 

    “La verdad que nuestro sector está siendo bastante afectado por la cuestión de las importaciones. Está difícil poder vender material, además de que bajó un montonazo a comparación de hace 2 años atrás”, explicó Yoana. 

    Junto a Yoana, en la cooperativa se nuclean 50 trabajadores, divididos entre quienes buscan materiales en la calle, quienes trabajan en la planta de acopio y quienes hacen tareas administrativas. A pesar de que no es una localidad muy grande, Yoana aseguró que el municipio no tiene una política pública de reciclado que valorice el trabajo de los cartoneros: “Estamos en una instancia de lucha porque el municipio no está reconociendo nuestro trabajo. Directamente no le interesa el servicio que prestamos, que hace muchos años hacemos a pulmón, entonces tampoco aporta mucho a acompañar o apoyarnos”.

    Además de la recolección de domiciliaria, las cooperativas suelen articular con Grandes Generadores de residuos, que son aquellas instituciones, comercios o empresas que producen más de 1000 kg al mes. Para ello, en provincia de Buenos Aires existe la Resolución 190/2024 que obliga a estos actores a separar y gestionar el destino final de sus residuos. Sin embargo, el modo en que deben emplearlo es muy ambivalente y depende de la voluntad de cada institución si ese servicio de recolección lo brindan empresas privadas vinculadas al CEAMSE o cooperativas cartoneras. 

    Particularmente, las articulaciones que han logrado los trabajadores de la cooperativa de Ensenada son acuerdos informales y están dispuestos a la voluntad de cada caso. Además, han organizado, igual que otros cartoneros vinculados al MTE, puntos de acopio llamados Punto Azul, ubicados en instituciones educativas, sociales o culturales, donde la comunidad de compromete a separar y luego ellos realizan el retiro del material. 

    “Hay muchos vecinos que están contentos con nuestro servicio y separan el material o se los acercan a los compañeros. Es ahí donde se sostiene la economía de los compañeros cartoneros”.

    Córdoba: una cooperativa que pisa fuerte y disputa derechos

    En un contexto tan hostil, donde el mercado por sí solo no garantiza condiciones dignas de desarrollo socioeconómico para trabajadores que han sido historicamente excluidos, es la articulación entre la comunidad organizada y las políticas públicas dónde salen las recetas más exitosas. 

    Un fuerte ejemplo de ello, es la experiencia de la cooperativa La Esperanza en la ciudad de Córdoba. Una cooperativa con más de quince años de trayectoria y 800 trabajadores fijos, que supo negociar y construir con el estado municipal las políticas ambientales necesarias. 

    Carlos ‘Purruco’ Andrada es el secretario general de la Federación Cordobesa de Cartoneros y, por sexto año consecutivo gracias a la elección de sus propios compañeros, el presidente de la cooperativa La Esperanza. El, en conversación con Desde la raíz, destacó que fue la organización y la lucha lo que les permitió a las organizaciones cartoneras generar mejores condiciones laborales y afirmarse como un actor relevante en la discusión del manejo de residuos. 

    “Cuando fue la apertura de importaciones, Arcor se stockeó mucho y el precio del cartón bajó, bajó y bajó. Llegó a estar a $30, en todos lados está ese precio. Pero, ahí fue donde le pedimos al Estado participar de la subasta. Nuestra federación fue la única que pudo sostenerlo a $70 el kilo, aseguró con orgullo Carlos Andrada en referencia a la empresa que es una de los mayores compradoras de cartón en el país. 

    El 90% del mercado de productos de cartón y papel es controlado por cinco empresas: Cartocor S.A, Reinap S.A., UnionPel S.A, Celulosa San Pedro y Smurfit Kappa. Arcor compra cartón a través de sus empresas Cartocor y Zucamor, fortaleciendo su influencia en el mercado del packaging. Frente a estos grandes jugadores, las cooperativas están altamente condicionadas y casi no tienen capacidad de negociar. Por eso es tan importante lo que han logrado en La Esperanza. 

    Carlos ‘Purruco’ Andrada, presidente de la Cooperativa La Esperanza.

    En Córdoba, esta es una de las tantas decisiones articuladas que se han dado entre este sector y el gobierno municipal. Otra política destacable de a provincia es la Ordenanza 12.684, que determina el marco regulatorio integral para la gestión de residuos urbanos. Allí, se establece que todos los Grandes Generadores de Residuos deben contratar los servicios privados para garantizar una correcta disposición final de lo que han generado, basándose en un Principio de Inclusión Social. El mismo,reconoce la preexistencia de los Recuperadores Urbanos en las tareas de separación de residuos y recolección diferenciada, como legítimos actores de tales prestaciones”.

    Esta ordenanza significó un gran incentivo para los recuperadores, especialmente frente a la abrupta caida del precio del cartón. A esto se le adiciona que la Municipalidad de Córdoba otorga becas que reconocen salarios de 4 horas de trabajo diario. Con eso, los trabajadores pueden asegurarse una base de $500 mil a $600 mil al mes, que se complementa con la venta de material que los trabajadores recogen individualemente y la cooperativa les compra. 

    Además, los últimos años la municipalidad ha llevado adelante un programa de sustitución consensuada de carros con caballo por moto cargas eléctricas, que les permiten a los recuperadores hacer más eficiente su trabajo. Los beneficiarios, a su vez, participan en programas de alfabetización, en colaboración con la Universidad Provincial de Córdoba, para poder rendir un examen de conducir y así obtener la licencia de conducir motocicletas. 

    “El año pasado hicimos la sustitución consensuada porque estaba muy bueno el programa de reciclado. Es decir, aparte de las 4 horas que habíamos ganado, podíamos hacer más horas sustituyendo el vehículo. Con la motito ya podemos discutir que ahí están los negros, los cartoneros, para la sociedad hipócrita que juzga mientras tira basura”, argumentó Carlos, a quien todos sus compañeros llaman Purruco. 

    Todo lo conseguido, Carlos se lo agradece a sus compañeros, a la organización, no sólo a los 800 trabajadores de la cooperativa La Esperanza, sino también a otros 400 integrantes de otras 7 cooperativas cordobesas. “Logramos todo esto porque nos han visto bastante combativos y plantados. Pero, además, porque son profundas las discusiones y los planteos que les hacemos porque somos los más excluidos de los más excluidos. El panorama no está nada lindo en ninguna parte del país, y acá no hubiéramos exigido y articulado estas cosas, estaría siendo muy difícil, porque también aquí venían bastante pillos contra los laburantes”. 

    Mientras en Córdoba algunas políticas buscan integrar a las cooperativas en el circuito formal del mercado, en lugares como Ensenada la disputa sigue siendo por el reconocimiento y la supervivencia diaria. Estas son dos caras de una misma moneda. El futuro del reciclado en la Argentina parece depender de esa tensión entre políticas que reconocen a los cartoneros y la indiferencia que los excluye y los deja a merced del mercado.

    “Este muchacho que está tan enojado, el presidente, con todas las decisiones contra la gente que está tomando yo no sé qué quiere, verle los huesos rotos a las personas, digo yo, para darse cuenta que esto no es viable”, sentenció el cordobés presidente de La Esperanza, Carlos Andrada, cartonero de toda la vida, villero, trabajador. Una persona que sabe traccionar las luchas por el trabajo justo y defender los derechos que les pertenecen por una labor que es para el bien común, para la prosperidad de nuestras ciudades y del ambiente en el que vivimos. 

    Podés leer también la nota que escribió nuestro compañero Pedro Ramos a principios del 2023, contando la historia de Santiago Zapata, tercera generación de cartoneros de La Plata:

  • Tu casa propia, tu propia historia

    Tu casa propia, tu propia historia

    Mariano tiene 35 años y dos hijas. Él y su pareja nacieron en Córdoba: ella es maestra y él, desde adolescente, trabaja en la construcción. Juntos decidieron asociarse a la Cooperativa Horizonte, aportando mes a mes sus ahorros y proyectando una casa propia para el futuro de su familia. 

    A los pocos años de aportes, la situación laboral de Mariano empeoró. Fue entonces que la cooperativa le ofreció incorporarse como Operador Asociado. Así, pudo continuar con su plan de vivienda a través de su trabajo en las obras y, al mismo tiempo, obtener una fuente de ingresos. Como él, son 2.500 los profesionales, técnicos y trabajadores que Horizonte emplea. 

    Seis años después, Mariano trabaja en la planta fabril de la Cooperativa, donde se producen los materiales que autoabastecen la construcción de los barrios: aberturas, premoldeados, bloques de hormigón, entre otros. Este año, en uno de los actos de adjudicación de viviendas, Mariano y su familia supieron que el tiempo de mudarse a su nueva casa había llegado.

    El sueño de la casa propia: cada vez más lejos

    Si hay algo que no puede negarse de los últimos tiempos en nuestro país es que el sueño de la casa propia es algo cada vez más inalcanzable. Argentina afronta una profunda crisis habitacional, caracterizada por un déficit que excede los 3,2 millones de viviendas, según estimaciones de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco).

    La complejidad en el acceso a la vivienda es un fenómeno que sucede en la mayoría de las ciudades del mundo, tanto en Argentina como en otros países. En ello infieren múltiples factores: la especulación inmobiliaria, precarización laboral, concentración de las tierras y viviendas en pocas manos,  precios elevados por el boom de los alquileres temporales del tipo Airbnb, la expansión urbana descontrolada con barrios privados, entre tantos otros elementos…

    Sumado a esto, para acceder a una vivienda propia en Argentina, si uno no tiene la suerte de heredarla, no existen muchas posibilidades de acceder a un crédito hipotecario. Las altas tasas que manejan los bancos, los requisitos restrictivos, la limitación de los programas y el miedo a vivir experiencias como la que se dió durante el macrismo con los créditos UVA, cuando la inflación se disparó y las cuotas se volvieron impagables, conviven simultáneamente.

    Con respecto a las políticas públicas que han intentado abordar esta problemática, que refiere a un derecho constitucional, en junio de 2012, la ex presidenta de la Nación, Cristina Ferenandez, lanzó el Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda única Familiar, más conocido como ProCreAr. Durante sus once años de funcionamiento, contemplando el desfinanciamiento que atravesó durante el gobierno de Mauricio Macri, el ProCreAr alcanzó a construir 130.000 viviendas en todo el país. 

    Cabe destacar que durante estos años, los créditos y las adjudicaciones del ProCreAr fueron sumamente demandados y por lo tanto de muy difícil acceso. Esta política se constituyó con el objetivo de garantizar el derecho a la vivienda y promovió el mejoramiento en las condiciones de vida de miles de familias que fueron beneficiadas por este programa. 

    Sin embargo, este año, el gobierno nacional de Javier Milei decretó su cierre definitivo, bajo argumentos como el del intendente libertario de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, para quien el ProCreAr “fue la mayor injusticia social y la política de vivienda más regresiva que existió en el país”

    Por otro lado, como parte del plan motosierra, el Gobierno disolvió la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda de la Nación, ex Ministerio, una medida que se le suma a la disolución del fondo fiduciario para la vivienda social. 

    Por ende, ante la falta de políticas públicas por parte del Estado y ante privados que priorizan especular y acrecentar sus márgenes de ganancia, el cooperativismo aparece como una respuesta y una solución para muchas familias.

    Cooperativa Horizonte: única en el país y en sudamérica 

    En 1982, fue fundada en Córdoba Capital, la Cooperativa de viviendas Horizonte, con el objetivo de suplir una necesidad habitacional en la ciudad. Desde entonces, se han fortalecido como una opción real de viviendas sociales, con un sistema autofinanciado de gestión, producción y construcción. 

    Durante la primera década, la cooperativa logró construir 1000 viviendas, luego, su ritmo se acrecentó y alcanzó a adjudicar 100 casas nuevas por mes. Actualmente, después de 43 años de trayectoria, Horizonte construyó un total de 20.000 viviendas. 

    La cooperativa es, según el Dr. Carlos Moro, presidente de la Cooperativa Horizonte quien fue entrevistado por Desde La Raíz, la única experiencia nacional, y probablemente de Sudamérica, que funciona con un tipo de sistema basado en los ejes de la vivienda social, el acceso popular y la ayuda mutua, el cuál gestiona transparentemente el dinero de sus asociados en un plan de viviendas continuo y sostenido en el tiempo. 

    Dr. Carlos Moro, presidente de la Cooperativa Horizonte

    La Cooperativa Horizonte apunta a sectores asalariados, muchas veces inquilinos, que lejos están de poder acceder a un crédito hipotecario, personas y familias que de otra manera no encuentran alternativa de acceso al techo propio. 

    El régimen de acceso es un sistema flexible que busca contemplar la diversidad de situaciones en las que se pueden encontrar los asociados. Por un lado, para el ingreso al plan no se solicita obligatoriamente una entrega inicial, ni es necesario contar con un lote propio, ni acreditar la situación laboral o el ingreso económico. Además de eso, el sistema ofrece la posibilidad de cancelar a las cuotas con dinero, trabajo, tierras, materiales y/o vehículos. Una vez que los usuarios superan el aporte del 20% del valor total, ya tienen la posibilidad de adjudicar su vivienda. Después de tener la casa, aplica el compromiso del cumplimiento del pago, aunque no existe hipoteca ni cuota rígida.

    “Si el socio tiene algún inconveniente, la cooperativa le ofrece una especie de crédito blando. Es decir, te permite que vos te atrases hasta cinco veces lo que te comprometiste a pagar y sin quedar en mora. O sea, si tenés algún problema, ‘che, se me enfermó un hijo’, ‘che, no me dan las horas extras, no puedo hacer el aporte’… Vos te sentas acá y se te reduce la cuota. El único elemento variable va a ser el tiempo. Lo que queremos es que la cadena de pago siga y que nadie pierda su casa”, explicó Carlos Moro, presidente y abogado de Horizonte.

    La Cooperativa Horizonte cuenta hoy con 11 sucursales en diferentes localidades de la provincia de Córdoba, construyó viviendas en 95 barrios, emplea 2500 operarios y cuenta con la Planta Fabril ‘El Carmelo’ de casi 9 hectáreas con ocho unidades productivas. 

    “La cooperativa, hoy, es casi como una cinta de producción de vivienda“, contó Carlos. “Apenas obtenemos una fracción de tierra, que es el insumo más caro de todos porque está muy concentrado, entra ahí mismo una cuadrilla de trabajadores a pegar ladrillos para hacer la casa”. 

    La cooperativa, al no perseguir fines de lucro y operar a endeudamiento cero, genera una ‘economía sana’ que elimina riesgos ante los sobresaltos de la economía argentina. Hoy la cooperativa no tiene deudas con proveedores ni con nadie. La mano de obra también la proveé el propio asociado, albañiles, electricistas, plomeros, arquitectos, ingenieros, que además de trabajar en la cooperativa hacen todos los meses un aporte de la vivienda. Eso le ha permitido a más de 800 personas obtener su casa a través de su trabajo“, aseguró Carlos Moro.

    El vínculo con el Estado

    Frente a la compleja situación habitacional que tiene sus implicancias en todo el territorio nacional, Horizonte es sólo una cooperativa que aporta a disminuir el índice de déficit habitacional. Trabajar codo a codo con el Estado, por ejemplo, sería una posibilidad de duplicar los números de viviendas y ordenar el tejido urbano.

    Sin embargo, al contrario, la cooperativa muchas veces encuentra trabas con el mismo Estado. La ausencia de obras públicas que garanticen los servicios básicos y, a su vez, la falta de voluntad estatal para facilitar tierras fiscales no utilizadas u otros recursos para la construcción de nuevas viviendas, se traduce en una cooperativa que trabaja aislada, sin el acompañamiento de políticas públicas. 

    Por ejemplo, tal es el caso del reclamo que lleva adelante Horizonte contra la municipalidad de Córdoba, por la falta de provisión de agua potable en los barrios donde Horizonte ya tiene planes de viviendas adjudicados, afectando a 250 familias. 

    En esta disputa, que ya tiene más de dos años y está judicializada, Aguas Cordobesas exige a la Cooperativa la realización de obras públicas técnica y económicamente inaccesibles para Horizonte. Una tarea que se le sumaría a las ya existentes, como la realización del fraccionamiento, asfaltado, cordón cuneta, alumbrado público y parquización de espacios verdes que ya realiza la Cooperativa, y se reflejaría en un aumento del costo de las viviendas de hasta un millón y medio más por cada casa. De esta manera, el Estado termina delegando sus obligaciones y tratando a una cooperativa social como si fuese un gran empresa de desarrollo inmobiliario.

    “Tenemos varias propuestas para que esto que hacemos pueda hacerse también con el Estado. Imagínate con un estado que pueda aportar tierra, por ejemplo, sería una excelente combinación para bajar el déficit habitacional. Por ahora estamos solos, pero estamos muy bien, con muy buen respaldo de la gente”, concluyó el presidente Carlos Moro. 

    En un contexto donde abundan ejemplos de empresas o consorcios que estafan a los usuarios, como, por ejemplo, la megaestafa de Márquez y Asociados en la provincia de Córdoba, la experiencia de la Cooperativa se constituye como un horizonte más que ejemplar para todo el país.

  • Patria sí, tecnología también 

    Patria sí, tecnología también 

    Son las seis de la mañana y dos hombres suben con llamas la cordillera de Catamarca. El sol comienza lentamente a morder la helada y comerse el frío, asomando por detrás de los cerros. En las alforjas, llevan una panel solar, una antena, una bobina de cable, herramientas y otros instrumentos necesarios para montar una antena que provea de internet satelital a una región con nula conectividad. El destino es una escuela rural ubicada entre la Ruta 40 y la cordillera, a la que solo se llega a pie.

    Era julio del 2020 y por fuera de ese cerro se extendía el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio. Para ese año, la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales, ARSAT, había instalado un total de 18 antenas V-Sat en distintas localidades de la provincia, en escuelas y en Centros de Atención Primaria de Salud, remotos y muy aislados como Tinogasta, Palo Blanco, Medanitos, Belen, Antofagasta de la Sierra. Está actividad no se frenó incluso en la pandemia, por el contrario, siguió trabajando para que médicos y docentes reciban internet a través de las antenas conectadas al satélite ARSAT-2 en pleno Covid-19. 

    El Plan Argentina Conectada comenzó en 2010. De a poco y casi en silencio, cambió la vida en cientos de pueblos de Argentina. Además de la señal satelital, ARSAT expande y mantiene una Red Federal de Fibra Óptica (REFEFO) que ya alcanzó los 36.500 km de despliegue. 

    Ese día en Catamarca, los técnicos instalaron la antena, un panel de energía solar y el enlace con el satélite. A la tarde, en la escuela de la cordillera, los chicos vieron por primera vez el canal infantil Paka Paka. La sonrisa que tenían era impagable, recordó Ezequiel McGovern, trabajador de ARSAT. “Ese momento es el que nos da sentido a nosotros: la sensación de cambiarle la vida a la gente, sensación que los que gobiernan hoy no la tienen ni la van a tener jamás”, expresó en el programa de streaming Ramos Generales de Desde la Raíz. 

    ARSAT, orgullo nacional

    La Empresa Argentina de Soluciones Satelitales que garantiza la conectividad y el internet literalmente en cada rincón de Argentina, está atravesando hoy una crisis presupuestaria muy fuerte. 

    Fue creada por el gobierno nacional de Néstor Kirchner en 2006 y hoy es -o debería ser-, para todos nosotros, una perla nacional. ARSAT trabaja con sistemas satelitales, tendido de fibra óptica y desarrollo de datacenters y con ello sostiene, ni más ni menos, que la soberanía digital argentina. Aquella que nos permite usar aplicaciones, jugar videojuegos, mirar películas y canales de streaming, entre tantas cosas más. 

    Esto no es algo habitual en latinoamérica. El trabajo de ARSAT es una referencia y un ejemplo respecto al modo en que Argentina puede, en su extenso territorio, autoabastecer su conexión a internet, rápida y estable, que de otro modo probablemente no estaría. Así lo explicó Ezequiel McGovern, delegado de FOETRA y trabajador de la empresa: “Muy a su pesar, el gobierno nos necesita, porque muchos de los servicios que le damos no se los puede dar un privado, porque tampoco tiene plata para pagar un servicio así”.

    Sin embargo hoy atraviesa un freno político que amenaza la conectividad en el país y expulsa a sus profesionales a buscar otras alternativas laborales en el exterior.

    El vaciamiento y la expulsión 

    Según denunció el Sindicato de las Telecomunicaciones, FOETRA, los salarios están congelados por completo desde hace un año y los trabajadores perdieron en ese periodo alrededor del 70% de su poder adquisitivo. A su vez, señalaron que la planta de personal se redujo un 25% por ‘retiros voluntarios’ que muchos trabajadores aceptaron para buscar camino por otro lado.  

    En diálogo con Ramos Generales, Ezequiel McGovern, denunció esto como una clara estrategia de vaciamiento y advirtió: “La forma más sencilla de destruir una empresa tecnológica es sacarle su capital humano”.

    Sin embargo, ARSAT no exprime las arcas del Tesoro Nacional, al contrario, mediante la exportación de servicios tecnológicos genera ingresos propios, que luego el gobierno debería utilizar para el pago de los salarios con la gestión de empleo público. En ese sentido, desde FOETRA aseguraron que el incumplimiento salarial responde a una decisión política, no a limitaciones económicas, por ello hay una causa judicial por la vulneración de la libertad paritaria que espera resolución.

    No solo como un derecho laboral, el pago que reclaman los trabajadores es un reconocimiento al servicio brindado de forma tan eficiente y exitosa. “Lo hacemos porque queremos una nación integrada y sabemos que lo podemos hacer. Hace años que todo esto está en órbita, tenemos la infraestructura dando servicios, compitiendo, brindándole servicios a Telefónica, a Telecom, a todas las empresas privadas. Lo hacemos bien porque seguimos generando plata”, afirmó Mc Govern.

    Es que ARSAT no solo proveé al Estado Nacional de servicios tecnológicos, sino que genera indirectamente y en cadena una serie de pequeñas y medianas empresas de servicios de telecomunicación, que se encargan de distribuir el servicio casa a casa, generan trabajo y extiende el tendido urbano. “Tenemos más de 1200 pymes que dan servicios de internet en todo el país, de las cuales el mayorista es Arsat.”

    Datacenter: alguien procesa tu jugada

    Además de la red de fibra óptica que despliega la empresa y del servicio satelital con el que complementa la conectividad en lugares donde la geografía vuelve imposible tender cables, ARSAT también opera sistemas de Datacenters.

    Un datacenter es, básicamente, el espacio material del internet:  una gran sala con miles de computadoras que reciben conectividad, energía y refrigeración constante para el almacenar, procesar y distribuir datos, además de alojar aplicaciones y servicios digitales. Allí se procesa todo lo que se sube a la web: cada aplicación que usamos en el celular, cada streaming, cada archivo que guardamos en la nube.

    No todos los países cuentan con propia infraestructura, muchos dependen de centros de datos de países vecinos o cercanos. Argentina, en cambio, tiene desde 2012 un datacenter en la Estación Terrena de Benavídez, provincia de Buenos Aires. Certificado por el sello TIER III del Uptime Institute por su diseño y construcción, es considerado uno de los más confiables y seguros de Latinoamérica. 

    De esto entienden bien los gamers: ellos saben bien lo que significa jugar con un servidor de Brasil, de Miami o de Argentina. La distancia aumenta el tiempo en que la información demora en ir y venir. A ese tiempo se le llama latencia y es realmente una ventaja competitiva estar cerca de un servidor, cuando unos pocos milisegundos pueden hacer la diferencia. 

     “Mi sueño es tener muchos data centers en todo el país, uno por provincia por lo menos. Tenemos las condiciones óptimas en el sur de Argentina para montar datacenters que consuman poca energía aprovechando el frío”, explicó Ezequiel McGovern.

    Una empresa al servicio del proyecto nacional 

    Mucho más que una empresa de alta tecnología, ARSAT es una empresa pública con proyección nacional y una mirada puesta hacia el futuro. Desde los satélites que incluyen en su cobertura a las Malvinas y el Atlántico Sur, hasta la red de fibra que une el país de norte a sur, llegando a Tierra del Fuego con un tendido de cable submarino a través del estrecho de Magallanes, ARSAT pone al servicio del país sus capacidades técnicas y logísticas en pos de un desarrollo federal y soberano.

    Además, ARSAT no trabaja sola, sino que es parte de un entramado más grande de empresas e institutos de tecnología argentina como la CONAE, el INVAP, VENG, CONICET, entre otros. Por ejemplo, el ARSAT-1 fue diseñado, financiado, ensamblado y enviádo a órbita en la Argentina, con un equipo de más de 3000 técnicos y científicos del país y con el 50% de sus piezas son de fabricación nacional. Este trabajo lo hace junto a INVAP, la empresa rionegrina de alta tecnología, para reemplazar el satélite anterior cuya vida útil había caducado y el consorcio privado que debía hacerse cargo -Nahuelsat- no estaba respondiendo. En este sentido, su política de desarrollo satelital apunta a la soberanía nacional, desempeñando un rol estratégico para el crecimiento del país en materia económica, tecnológica y científica.

    Podés leer acerca del lanzamiento de los primeros satélites geoestacionarios argentinos, acá.

    A contramano de una empresa que no tiene límites y podría seguir creciendo, el gobierno pisa el freno. Satélites que ya están fabricados y no se envían por falta de presupuesto, datacenters que no abren, trabajadores sin paritarias y créditos asignados que nadie sabe dónde están. Mientras tanto, la empresa sigue generando dinero a través de la venta de sus servicios satelitales y de internet. “Hay muchos proyectos que tenían créditos internacionales que ya se cobraron pero nunca nos llegó la plata”, denunció Ezequiel. 

    Un caso es el del satélite SG-1, un satélite de última generación, de propulsión eléctrica y preparado para dar banda ancha a todo el país, que está siendo construido actualmente. Este proyecto obtuvo un crédito del CAF (Banco de Desarrollo de América Latina), pero cuando el dinero llegó al gobierno fue paralizado. “Se ejecutó ese crédito, pero esos dólares no nos dejan usarlos para pagar en el exterior. Entonces, ahora tenemos facturas de pago pendientes con los proveedores y eso hace que todo el proyecto se frene”, explicó. 

    Otro caso es el del proyecto de instalación de datacenters que, según mencionó Ezequiel, ARSAT había obtenido un crédito del Banco Mundial específicamente para el financiamiento de cuatro datacenters nuevos en el país, sin embargo este gobierno no lo asignó.

    “Somos un ejemplo, y ese es el problema”, sentenció Ezequiel McGovern. “En el mapa mental que tiene el gobierno, no puede existir una empresa de capitales estatales que sea eficiente. No les entra en la cabeza y es una amenaza para su propio discurso. Por eso van a hacer todo lo posible para que dejemos de existir”, desarrolló quien además es, entre otras cosas, el responsable del diseño del streaming de la plataforma de cine argentino CineAr Play. 

    “Tenemos muy en claro en ARSAT que cada tramo de fibra que ponemos en cada rincón del país reafirma nuestra soberanía”, sostuvo al final de la conversación McGovern, que ya podés revivir de forma completa en el siguiente link:

  • El cinturón que alimenta la región: entre el éxodo y la resistencia

    El cinturón que alimenta la región: entre el éxodo y la resistencia

    El cinturón que alimenta la región 

    A pocos kilómetros del centro de La Plata, la vista satelital se vuelve inconfundible: son cientos de invernáculos y parcelas cultivadas los que componen el cinturón fruti-flori-hortícola del Gran La Plata. Esta es la franja productiva más grande del país, que abastece a más de 14 millones de personas en la provincia de Buenos Aires y otras regiones, con más de 70 tipos de cultivos, según un informe del 2020 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. 

    La gran mayoría de estas quintas son de familias que producen el 60 % de los alimentos frescos que se consumen en Argentina. Pero hoy un éxodo silencioso avanza sobre ellos. Sin electricidad, sin agua corriente, sin caminos, sin señal, en las afueras de La Plata, la presión inmobiliaria está empujando a los productores a lugares sin servicios, sin caminos, sin escuelas.

    “Muchos están dejando de cultivar porque ya no lo pueden sostener”, explicó a Desde la Raíz Maritza Puma, productora de la zona de Abasto. El aumento de los insumos dolarizados, los precios de venta que imponen los intermediarios y las pérdidas por las condiciones climáticas, están obligando a los productores a cambiar su forma de producir: trabajar como jornaleros, para patrones, cultivar menos o abandonar el campo.

    “Nosotros, quienes vivimos y trabajamos en el campo, normalmente lo hacemos en familia. Alquilamos un pedazo de tierra, organizamos el trabajo, tomamos roles y decisiones en familia”, comentó  Maritza, quien además es técnica en agroecología. Según el Registro Nacional de la Agricultura Familiar (RENAF), de SENASA, en Argentina existen actualmente más de 88.433 unidades productivas familiares, un número que de todos modos no es exacto dado que muchas familias no están registradas.

    Además de las hortalizas, en estas quintas también se hace floricultura, apicultura, cría de animales de corral, producción de semillas y plantines. La diversidad productiva es parte del cinturón hortícola, sobre todo, en producciones agroecológicas. “Una quinta agroecológica genera más trabajo y más tareas, mayor diversificación y posibilidades para los jóvenes”, aseguró la técnica agroecológica. Sin embargo, la precariedad de servicios básicos y la inestabilidad de ingresos son parte de la realidad.

    El cordón ocupa cerca de 8.000 hectáreas de cultivo (tanto a campo como bajo cubierta), según un estudio de mapas satelitales realizado por la Universidad Nacional de La Plata. El último Censo Provincial Hortícola fue en 2005, el cual reveló la existencia de aproximadamente 1100 productores, de los cuales el 85% residía en las quintas. 

    Una producción cada vez más difícil de sostener

    El conflicto empieza desde la base: gran parte de los productores son migrantes no capitalizados, con una relación muy inestable con la tierra en la que trabajan y también viven. Según  el Consultorio Técnico Popular (CoTePo), el 80% de quienes producen alimentos en el cinturón platense no posee tierras y debe alquilar sus parcelas.

    El arrendamiento es, en la mayoría de los casos, un contrato precario y anual, tiempo que para el desarrollo de un cultivo se queda muy corto. Además, es muy común que tengan restricciones para la construcción de infraestructuras permanentes, es decir, casas, baños y pozos de agua. No sólo no pueden mejorar su vivienda, tampoco pueden cultivar árboles o diseñar a largo plazo la siembra. Esta falta de acceso a la tierra es el principal condicionante de la precariedad rural.

    A eso se le suman los costos de producción: infraestructura, semillas, insumos, maquinaria. En un modelo convencional, gran parte de la inversión se va en fertilizantes, pesticidas y plantines que rara vez dan semillas fértiles. Los productores quedan atrapados en un círculo dependiente de insumos dolarizados y redes de comercialización sumamente injustas.

    Sin infraestructura ni transporte propio para la comercialización, la venta se hace a “culata de camión”, como dicen los productores locales. Los intermediarios buscan la verdura en las quintas y pagan precios bajísimos. “La mayoría de las veces lo que te pagan por la cosecha, no cubre ni el costo de la semilla. Por más trabajo que hagas, la familia sigue en la misma situación. No hay ganancia y además quedás endeudado”, explicó Maritza. 

    Además, la presión inmobiliaria añade otra capa de tensión. Las zonas fértiles cercanas a La Plata suelen buscarse y venderse para desarrollar barrios privados, desplazando la producción hacia áreas más alejadas, sin servicios, caminos o escuelas. 

    El negocio inmobiliario no sólo encarece los alquileres, también vuelve imposible para este sector la compra de la tierra. “En Abasto, por ejemplo, ya no se alquilan tierras para producir porque están vendiendo”, aseguró Maritza. El avance de los barrios, generalmente privados, ocupa tierras fértiles, con agua disponible, y todas las condiciones para producir alimentos. “Avanza la urbanidad y nosotros nos vamos desplazando… Ahora, el cordón ya está llegando al municipio de Magdalena”, agregó. 

    Este también es un sector muy afectado por el cambio climático: inundaciones, olas de calor, sequías, granizos, que ponen en riesgo la actividad. Para dar solo dos ejemplos, en abril de este año el granizo destruyó invernáculos enteros y, en mayo, las inundaciones ahogaron los cultivos. 

    La consecuencia son las cientos de familias que están dejando el campo porque apenas pueden juntar para comer. La paradoja es brutal: son productores de alimentos. Muchos vuelven a sus países o provincias, migran a empleos urbanos, o se vuelcan al trabajo jornalero para otras quintas. En todos los casos, se pierde diversidad productiva y capacidad de abastecimiento local.

    Sin embargo, un halo de esperanza, a veces más firme, a veces más liviano, se interpone. Las familias y comunidades agricultoras tienen la certeza de que todo está en las semillas y su potencia milenaria para la reproducción de la vida, sin sistemas asfixiantes, sin agregados tóxicos o mercados que impongan precios. Es la agroecología autónoma y colectiva la posibilidad de, no sólo cuidar la tierra y el ambiente, sino también construir un sistema alimentario justo y soberano, dónde la dignidad prime por sobre todas las cosas, con  con la memoria puesta en el pasado y la esperanza en un futuro mejor.

    Foto: Minga, fotos libres para la soberanía alimentaria y el buen vivir.

    Agroecología y organización para una vida digna

    Es una mañana de sábado, en el cruce de ruta 36 y calle 448, Villa Urquiza, La Plata. Dentro de un invernadero, un par de palas remueven la tierra, mientras otras manos cargan baldes y algunos niños corren al sol. Unos diez o quince productores trabajan sobre una pila de bokashi: un abono natural que devuelve fertilidad a los suelos.

    Afuera, Zaira revisa las semillas de tomate que hace unos meses puso a secar: eligió los mejores cherrys de la cosecha, extrajo sus semillas, las lavó, las limpió y las dejó en cajones al sol. Serán estas las semillas de la próxima temporada. Mientras tanto, Natalia prepara un purín de paraíso: machaca los frutos redondos y amarillos del árbol Paraiso que luego pondrá en un tacho con agua, lo dejará fermentar y así obtendrá un insecticida capaz de salvar un cultivo entero con plagas.

    En la biofábrica de CoTePo hay estantes con bidones, botellas y frascos. Abonos y preparados con distintas funciones: “En una producción agroecológica hacemos nuestros propios biopreparados, abonos, nuestro propio banco de semillas y plantines. Lo que antes nosotros dejábamos en una agroquímica ahora nos queda para nosotros”, contó Maritza.

    En este escenario, la agroecología más que una utopía, es una realidad para el buen vivir rural. No se trata de una cuestión meramente ambiental, sino, sobre todas las cosas, de una práctica que le hace justicia y le da autonomía al productor.  Maritza afirmó que para ellos la agroecología fue realmente una solución a muchas problemáticas.

    En 2017, cuando Maritza Puma terminó el secundario, ya sabía que quería producir la tierra de otra manera. Empezó a formarse en organizaciones y encuentros rurales, hasta que en 2019 se unió al COTEPO, una cooperativa de 20 familias productoras que, además de cultivar, brindan acompañamiento para la transición agroecológica. Además, en su biofábrica, elaboran bioinsumos, los venden y coordinan encuentros donde compartir las recetas, las experiencias y estrategias.

    ”Lo que sale bien se comparte, y lo que no también”, contó Maritza y añadió: ”no saber qué hacer cuando algo sale mal es lo que más te lleva a abandonar todo”. 

    La organización se extiende a más de 100 productores del cinturón hortícola platense, distribuidos en localidades como Lisandro Olmos, Colonia Urquiza, Abasto, El Pato y Echeverry. La conformación del grupo les permitió no solo abordar las problemáticas vinculadas a la producción y la comercialización, sino también comenzar a formarse entre ellos en agroecología. Así empezaron a poner en práctica los saberes adquiridos en sus campos, en otros talleres, y en encuentros con demás productores de la zona. En otras palabras, les da más control sobre su trabajo y más capacidad para decidir qué, cómo y a qué precio producir.

    Maritza Puma. Foto de la colección Quinteros del Cordón de Gustavo Bezzolo

    Una resistencia que se teje a través de una técnica productiva ancestral para hacerle frente a un modelo agroindustrial que los excluye. 

    Ese es el motor que mueve cada taller, cada reunión o jornada. La construcción colectiva es ese brazo donde sostenerse y apostar por un modelo que produzca alimentos sanos y defienda la vida en el campo como un derecho, con dignidad y libertad.