Autor: Delfina Sánchez Magariños

  • “Nos salvamos todos o nos hundimos todos”: pensar desde las cooperativas

    “Nos salvamos todos o nos hundimos todos”: pensar desde las cooperativas

    Es viernes por la mañana, de un diciembre que ya se siente caluroso. En el Teatro Argentino de La Plata, los stands se despliegan por el patio. Son una porción de la economía popular: emprendimientos regionales, productos artesanales y ofertas gastronómicas. Adentro, en el hall y en el subsuelo, otra fila de puestos reúne cooperativistas de toda la provincia. Es la Expo Cooperativa 2025, organizada por el IPAC -Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo- que ha convocado proyectos de diversas áreas y trayectorias. 

    Entre tantos puestos, hay uno que me llama la atención. Es una mesa llena de cuadraditos plateados: calditos de verdura. Hay más productos de la marca, entre ellos, cajitas de caldos, de distintos sabores, paquetitos de sopas, frascos de caldos, salsas y concentrados.

    —Son puro alimento. Lo hacemos en Berazategui, —me dice la mujer detrás de la mesa. 

    La señora se llama Graciela Ávalos y es la presidenta de Safra, Cooperativa de Trabajo Ltda. Esta no es una marca nueva, incluso a algunos el nombre puede resultarle conocido. Safra supo ser una empresa importante del rubro alimenticio, con presencia en supermercados y competencia directa con grandes marcas. Hasta que un día cerró. Fue en 2009. Desde entonces, la planta funciona como cooperativa, gestionada por sus propios trabajadores.

    Los productos de Safra están a la venta en dietéticas y en supermercados Cooperativa Obrera.

    En la feria, Graciela acomoda los productos, responde preguntas y cuenta su historia. Fue buscando visibilidad.

    —Ya llegamos a algunos supermercados, pero necesitamos que la gente nos conozca — explica.

    Detrás de sus palabras, hay muchísimos años de trabajo y, al menos quince años liderando la fábrica, trabajando en equipo y aguantando los vaivenes de la economía argentina.En un contexto de fuerte caída del consumo y cierre de empresas (CITAR NOTA), historias como las de Safra vuelven a adquirir relevancia, no como una excepción heroíca sino como parte de un entramado de trabajo colectivo que se organiza para seguir produciendo y que termina siendo un caracter propio de nuestro país.

    Graciela Avalos, cargando el producto estrella de la fábrica: los caldos en polvo Caldiet. Foto de Sofia Barrios ANCCOM

    El cierre y el origen

    En cierto punto, los y las trabajadoras de Safra sabían que la cosa venía dura, pero no esperaban que den la quiebra. Estaban exigiendo el pago de sueldos atrasados, hubo despidos y suspenciones.

    Hasta que un día, como cualquier otro, llegaron a la planta de Berazategui y se encontraron con las puertas cerradas. Había candados y fajas rojas cruznado los accesos de cada entrada. La empresa presentó la quiebra y dejó la fábrica, si avisos ni explicaciones.

    Graciela Ávalos trabajaba en la empresa en el área de limpieza. Pero además, era delegada de los trabajadores. Como ella, otras mujeres y hombres se negaron a abandonar la fábrica y perderlo todo. Esos días, tuvieron que elegir: “O entrábamos y veíamos qué hacíamos con la fábrica o nos íbamos cada uno por su lado, a intentar encontrar otra cosa”.

    Durante semanas siguieron yendo, aunque al principio no sabían bien para qué. Organizaronguardias de 24 horas para cuidar la fábrica y evitar robos. “La mayoría éramos mujeres, asique nosotras veníamos en el día, con los hijos porque no teníamos con quién dejarlos. Y por la noche se quedaban los varones”. Todavía no tenían un plan claro, pero sabían que tenían que quedarse, porque si se iban no había marcha atrás. No era sólo una guardia de seguridad.Su presencia mantenía latente, ni más ni menos, que la posibilidad de seguir. 

    El primer cheque

    De todos modos, hacía falta más que presencia. Había que empezar a producir, pero en la fábrica no había gas, no había luz -porque los cables habían sido robados-, no había insumos y faltaban máquinas. Tampoco había dinero para comprarlos. 

    Un día, apareció un cheque pendiente de cobro de un cliente. Para ese momento, Safra producía cubitos de caldo que se comercializaban con la marca Día. Uno de los muchachos le preguntó: 

    —¿Vos te animás a ir a cobrarlo?

    Graciela limpiaba los baños, las oficinas, los vestuarios. No firmaba ni cobraba cheques. “No me acuerdo ni cómo me presenté, pero la plata nos la dieron”, recuerda. 

    “De ahí nos fuimos directo a cambiarlo a una cueva y después yo me vine sola con toda esa plata en el micro, que para mí era muchísima”, cuenta Graciela y se sorprende de lo que ella misma ha hecho.
    Con ese dinero compraron los primeros insumos, produjeron un poco, vendieron, volvieron a comprar y repitieron el circuito. Lentamente fueron aprendiendo de administración y ventas y la fábrica comenzó a moverse. “Lo que nos quedaba, aunque fuesen monedas, lo dividiamos en partes iguales para cada uno. No hacíamos más que 2 mil pesos cada uno por semana, a precio de hoy. Era supervivencia pura”.

    Producir en tiempos de crisis

    Quince años después de aquel comienzo improvisado, Safra sigue funcionando en la misma planta de Berazategui, elaborando deliciosos productos destinados tanto al consumo hogareño como al sector gastronómico. 

    Los productos de Safra están a la venta en dietéticas y en supermercados Cooperativa Obrera.

    La cooperativa está integrada por 25 socios y socias, los cuales viven, en su mayoría, exclusivamente del salario de la planta. El trabajo se sigue organizando bajo esa lógica: los puestos se deciden de manera colectiva y los ingresos se reparten en partes iguales.

    Sin embargo, con la crisis que atraviesa la economía argentina, Graciela está bastante asustada. “La verdad es que no veo mucho futuro”, dice, “pero no vamos a dejar de trabajar”. Si bien para este rubro particular, el verano es temporada baja, Graciela explica que este año las bajas empezaron varios meses antes. 

    Como cualquier otra empresa, la cooperativa paga impuestos, servicios fijos y costos de producción, que no dejan de aumentar. Con esto, la competencia ante otras empresas líderes se vuelve cada vez más desigual. La diferencia no sólo se nota en los precios finales y la capacidad de hacer ofertas, sino también en la espalda para negociar el valor de los insumos, como por ejemplo, del aluminio que vende Aluar. 

    En este contexto, Safra se está pudiendo sostener gracias a las reservas: “Hoy se están pagando los sueldos con lo que había en el banco“, explica. “Si esto no se reactiva, va a llegar un momento que no va a haber más“.

    No obstante, Graciela tiene muy claro que ellos no son una empresa. “Trabajamos y vendemos como todos, pero la ganacia se reparte. Acá no se piensa en echar a nadie: o nos salvamos todos o nos hundimos todos.”

    Pareciera que no hay descanso. En Safra, el desafío sigue siendo el mismo: sostener el trabajo en un contexto hostil, sin garantías y sin certezas, pero con la experiencia de haber atravesado otras crisis y seguir, todavía, de pie.

    Trabajadores de Safra, Berazategui

    Yo sé que vale la pena 

    Ese día, en la feria, mientras otras personas se acercan a preguntar, Graciela me dice que está cansada. Pero igual ahí está, de pie tras la mesa.

    —Lo que hacemos es muy bueno y muy rico, yo sé que estos productos valen la pena, por eso estoy acá, mostrándolos.

    —Todo es gracias a ella, —interrumpe otra señora que está sentada un poco más atrás— ella se lo ha puesto al hombro. Yo doy su hermana, y sé todo lo que trabajó estos años para que la cooperativa funcione. 

    Graciela se ríe. Ella más que nadie sabe que esa mesa es su orgullo. Y lo sostiene, como tantas otras veces. 

  • A 100 años de su inauguración, la Refinería YPF La Plata sigue mirando al futuro

    A 100 años de su inauguración, la Refinería YPF La Plata sigue mirando al futuro

    En el año de su centenario, la Refinería La Plata de YPF sigue proyectándose hacía el futuro. El complejo industrial más grande del país y uno de los polos energéticos más relevantes de Sudamérica, puso en marcha la Real Time Operations Room (RTOR), una sala de monitoreo que centraliza y digitaliza en tiempo real todas las operaciones de la planta. Es sin dudas un salto tecnológico en la gestión productiva, la seguridad y la eficiencia operativa.

    La nueva sala funciona como un centro neurálgico donde ingenieros y operadores supervisan de manera integrada cada una de las unidades de la refinería. Hasta ahora, los procesos se controlaban de forma fragmentada; con la RTOR, la información converge en un solo espacio, reduciendo los tiempos de respuesta ante desvíos, optimizando la toma de decisiones y acelerando el retorno al punto óptimo de operación.

    La inauguración fue parte de los actos conmemorativos por los 100 años de funcionamiento ininterrumpido de la refinería, inaugurada en 1925 bajo la dirección del ingeniero Enrique Mosconi. Mosconi fue una figura clave de la historia energética argentina, siendo el principal impulsor de YPF como empresa estatal estratégica.

    Durante el evento, autoridades de la compañía, trabajadores y referentes del sector participaron de una proyección audiovisual que repasó los principales hitos del complejo y su proyección hacia los próximos años.

    Inauguración de una estación de servicio YPF en la localidad de Los Cardales, provincia de Buenos Aires. Fecha deconocida.

    “Con la RTOR damos un paso estratégico hacia el futuro. No se trata solo de tecnología, sino de cómo cuidamos a nuestra gente y hacemos más eficiente cada proceso”, afirmó Horacio Marín, presidente y CEO de YPF. 

    Además de reforzar la seguridad, la nueva infraestructura eleva el estándar de confiabilidad operativa. RTOR interactúa en tiempo real con el Real Time Intelligence Center (RTIC) de YPF, potencia la anticipación de escenarios y consolida a YPF como líder regional en eficiencia energética.

    La magnitud del proyecto es proporcional a su relevancia estratégica: la RTOR demandó 180 kilómetros de fibra óptica, 16 kilómetros de canalizaciones, 4 kilómetros de bandejas, 20 toneladas de soportes y cuenta con 30 tableros de control, además de áreas de ingeniería y salas de reuniones.

    La Refinería de La Plata

    La Refinería La Plata no es un establecimiento más dentro del sistema energético nacional. Hoy abastece cerca del 41% de las naftas y el 39% del gasoil que se consumen en la Argentina, y constituye uno de los polos industriales más importantes del país y de Sudamérica. 

    Desde su origen, el ingeniero militar Enrique Mosconi -quien asumió la conducción de YPF en 1922- pensó la empresa como una pieza central de un proyecto de autoabastecimiento nacional y soberanía energética, en un contexto dominado por empresas extranjeras.

    Bajo su doctrina energética se expandieron los yacimientos, se construyeron oleoductos, se fortaleció la red de estaciones de servicio y se inauguraron infraestructuras clave como la Refinería La Plata en 1925. 

    Camión de YPF en los años 30.

    Un siglo después, la incorporación de tecnología de monitoreo en tiempo real no solo actualiza su funcionamiento, sino que realza un modelo de empresa pública, eficiente, profesional y con compromiso social.

    Así, la refinería que nació para impulsar la industrialización argentina se reinventa, buscando seguir siendo protagonista en una nueva etapa del sector energético, marcada por la digitalización, la transición energética y los debates sobre uso de recursos y futuro productivo.

  • El Estado concretará la venta de 4 centrales hidroeléctricas por más de USD 700 millones

    El Estado concretará la venta de 4 centrales hidroeléctricas por más de USD 700 millones

    El Gobierno nacional terminó una de las etapas clave en la privatización del sector energético al preadjudicar la gestión de cuatro centrales hidroeléctricas ubicadas en la región del Comahue, en las provincias de Neuquén y Río Negro, por un monto que supera los 706 millones de dólares.

    La decisión es parte de la ya conocida intención del gobierno de reducir el peso de la participación estatal en empresas estratégicas y, mediante su privatización, obtener divisas para las arcas públicas.

    La medida fue publicada oficialmente por el Ministerio de Economía -Resolución 2059/2025-.En la misma, Luis Caputo aprobó el resultado de la segunda etapa del concurso público para la venta del 100% del capital accionario de las sociedades que operan las represas.

    Las centrales involucradas son Piedra del Águila, El Chocón, Alicurá y Cerros Colorados, actualmente bajo la órbita de las empresas estatales ENARSA y Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA). La firma de los contratos está prevista para el 22 de diciembre en Cipolletti.

    El embalse de Alicurá es el primero de cinco diques sobre el río Limay en el noroeste de la región del Comahue, unos 100 km de Bariloche.

    Quiénes serán los nuevos operadores

    Las cuatro hidroeléctricas preadjudicadas fueron asignadas de la siguiente manera:

    • Piedra del Águila: quedó en manos de Central Puerto S.A., quién presentó la oferta más alta por 245 millones de dólares.
    • El Chocón: será asignada a un consorcio conformado por BML Inversora S.A.U. y MSU Energy, con una propuesta económica de 235,7 millones de dólares.
    • Alicurá: fue preadjudicada al grupo liderado por Edison Inversiones S.A.U. junto al Consorcio de Empresas Mendocinas para Potrerillos por 162 millones de dólares.
    • Cerros Colorados: también se adjudicó a Edison Inversiones S.A.U. por 64,1 millones de dólares tras una instancia de mejora de ofertas.
    El Embalse Piedra del Águila es el segundo de cinco embalses sobre el río Limay al noroeste de la región del Comahue, entre las provincias de Río Negro y del Neuquén en Argentina.

    De esta forma, la venta de los paquetes accionarios de las cuatro represas patagónicas supondrá para el Estado un ingreso de más de 706 millones de dólares, cifra que esperan que ingrese antes de finalizar el año.

    Estos contratos entrarán en vigencia una vez que se publique la resolución de adjudicación definitiva en el Boletín Oficial, luego del acto oficial de firma de contratos de transferencia y concesión, que se realizará el 22 de diciembre en Río Negro. 

    La Represa de El Chocón, es el cuarto embalse sobre el Río Limay.

    Un cambio estructural en el manejo y el control de la energía

    Estas centrales, que fueron construidas por el Estado en la década de 1970, generan el 15% de la energía de todo el país, con una potencia combinada cercana a 4.170 megavatios. 

    Pese a que se trata de una re-privatización, porque desde 1993 fueron vendidas a distintas empresas, se conformaría como las primeras privatizaciones de Javier Milei, como parte del plan de apertura al sector privado de infraestructura y activos estratégicos del Estado.

    A fines de 2023, las concesiones otorgadas en la década de 1990 vencieron y el gobierno de Alberto Fernandez retomó de manera transitoria la operación de las represas del Comahue. La administración quedó en manos de empresas estatales como ENARSA y Nucleoeléctrica Argentina, que asumieron el control operativo para garantizar la continuidad del servicio eléctrico mientras se definía el futuro de los activos. Hasta ese momento, los complejos fueron gestionados por compañías privadas nacionales y extranjeras, entre ellas Enel, AES y Central Puerto.

    El Ejecutivo también está preparando otras licitaciones, como la de la Hidrovía Paraná-Paraguay, que concentra el mayor movimiento logístico portuario del país. Mediante la resolución 2059, el Gobierno lanzó el llamado a licitación para la concesión de la Hidrovía para el viernes 27 de febrero de 2026 a las 13 horas.

    El Complejo Hidroeléctrico Cerros Colorados,
    Está ubicado sobre el Río Neuquén, aguas arriba de la confluencia con el río Limay.
  • Un fin de año con las persianas bajas

    Un fin de año con las persianas bajas

    Arenaza es un pequeño pueblo del noroeste de la provincia de Buenos Aires que, como tantos otros, creció alrededor de una estación de ferrocarril. Pertenece al partido de Lincoln, tiene menos de 1500 habitantes y es conocido por haber sido el lugar donde un ingeniero, llamado Osvaldo Mendizábal, creó el queso Mendicrim.

    Con una gran tradición láctea, el pueblo tenía su propio motor industrial: la planta de ARSA empleaba a 200 trabajadores y trabajadoras de forma directa, y movía toda la economía local. Hoy, las máquinas paradas.

    A fines de octubre de este año, la Justicia declaró la quiebra de Alimentos Refrigerados Sociedad Anónima (ARSA). La planta elaboraba productos que había adquirido a SanCor -comoYogs, Vida, Shimy, Sublime y Sancorito-, yogures y postres que durante décadas ocuparon las heladeras de supermercados argentinos.

    Además, en Córdoba, funcionaba un centro de distribución, donde trabajaban otras 200 personas, dentro de una red logística que alcanzaba 165 distribuidores y 70.000 comercios en todo el país. 

    “Era la fuente de trabajo industrial privada más grande de Arenaza. Todavía no hemos encontrado trabajo en otro lado, así que el impacto socioeconómico local y en la salud mental de los trabajadores fue muy grande”, señaló a Desde la Raíz Luciano Asad, secretario general de Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra), seccional Junín, y trabajador de la planta. 

    Foto: Guillermina Medina.

    “Todos tenemos algun conocido que trabajó en la fábrica. Es parte de nuestro ADN y por eso el cierre es un golpe al corazón porque cada litro de leche procesado significaba movimiento en el pueblo. Hoy ese motor está apagado”, comentó el medio local Radio Zoom de Arenaza.

    ARSA había nacido en 2016, cuando el grupo Vicentin compró el negocio de yogures de SanCor por unos 100 millones de dólares. En 2019, tras el default de la gran cerealera, la empresa buscó un socio para ARSA, hasta que en 2022 entregó la gestión a los empresarios venezolanos Manuel y Alfredo Fernández, quienes también están a cargo de La Suipachense, otra histórica firma láctea que hoy atraviesa exactamente en la misma situación de quiebra.

    Desde ATILRA, sostienen que el cierre de ARSA era evitable: No es que no pudieron sostenerla más, sino que adrede la fueron vaciando hasta declarar la quiebra. Nosotros detectamos esa intención en agosto de 2021, lo intentamos frenar, pero no fue suficiente”, contó Luciano Asad, quien trabaja en el sector hace más de 20 años. 

    El gremio comenzó denunciando incumplimientos, y pagos atrasados e irregulares a pesar de que realizaban jornadas completas. Con el cierre definitivo, son 550 trabajadores los que quedaron en la calle. 

    Cerró la planta de la láctea ARSA, que producía etiquetas como Yogs, Vida, Shimy, Flan Casero y Sublime,y quedaron 550 trabajadores en la calle.

    El libre mercado que cierra fábricas

    Sin embargo, el caso de ARSA no es una excepción. En la Argentina de Milei, el cierre de empresas ha tomado un ritmo galopante. 

    Son 30 empresas por día las que bajan sus persianas. Entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025, cerraron un total de 20.134 empresas, y se destruyeron 276.000 puestos de trabajo registrados, de acuerdo a información de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), dependiente del Min. de Capital Humano, y del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

    El modelo económico que impulsan Javier Milei y Toto Caputo, bajo la premisa de la “libertad” de los mercados, sin regulaciones ni protecciones estatales, ya tiene sus efectos tangibles en la vida de miles de trabajadores y en la industria nacional.

    El nuevo esquema, que prioriza mantener el tipo de cambio barato, con apoyo estadounidense, logra abaratar los productos importados, pero mata, poco a poco, la producción local y la deja sin competitividad. “La apertura de las importaciones claramente perjudica a la industria nacional, y la lechería no es un caso aislado. Tenemos un gobierno que odia a los trabajadores y que no tiene ninguna solución para la industria nacional”, advirtió el dirigente gremial de ATILRA.

    En estos dos años de gestión libertaria, los datos oficiales confirman una tendencia sumamente negativa para el tejido empresarial. Lejos de generar nuevas oportunidades, la apertura irrestricta de importaciones, el derrumbe del consumo interno y atraso cambiario, empujan a empresas grandes y pymes a reducir turnos, suspender personal o cerrar definitivamente. 

    La Argentina productiva atraviesa una de las oleadas de cierres más grandes de los últimos años, a contracara del crecimiento que promete el gobierno. Las consecuencias tienen un profundo impacto en las economías locales. 

    Informe del Centro de Estudios Políticos de Argentina

    Desarma y sangra: oleada de despidos

    Lamentablemente, en los últimos tres meses de 2025, se registró una gran oleada de cierres y suspensiones que intensifican los números dispuestos por la SRT. La planta de Whirlpool en Pilar despidió a 220 trabajadores; Textilana, en Mar del Plata, a 250; La Suipachense a 150; Electrolux, en Rosario, a 400; la textil Luxo, de La Rioja, a 40; la autopartista DANA, en San Luis, a 50; la planta de YPF, en Concepción del Uruguay, a 60; y la mueblería Color Living, a 40. Y la lista es mucho más extensa de lo que podríamos enumerar acá. 

    A su vez, hay una gran lista de empresas que resisten todavía, frenando una parte de la producción, reduciendo turnos o achicando personal. Este es el caso de la industria del juguete, por ejemplo, cuyas fábricas están trabajando sólo con el 40% de su capacidad productiva, según declaró la Cámara Argentina de la Industria del Juguete. La fábrica Mondelez, dueña de marcas como Milka, Oreo, Terrabusi y Beldent, paralizó su producción en su planta de General Pacheco al menos durante diciembre para lograr vender stock. 

    Así, otras empresas también redujeron plantas o cerraron sucursales. Georgalos suspendió a 600 trabajadores; Essen de Venado Tuerto redujo a 35 empleados; Newsan en Tierra del Fuego, a 150; Mabe-Ex-Drean, a 200; Ualá a 135; el mayorista Caromar, a 115; la cadena Cencosud, a más de 100; Fravega, a 300.

    En este contexto, muchas firmas abandonan la producción propia y giran hacia la venta de productos importados. Este es el caso de Viamo, que apuntó a ser distribuidora de zapatos y carteras importadas de Brasil, como así también de las empresas Whirlpool y SKF.

    Algo parecido denuncian los trabajadores del neumático que, a través del SUTNA, reclaman regulaciones frente a las importaciones que Pirelli y Bridgestone realizan desde otras filiales de la región.
    En la industria láctea, el panorama también es crítico: han quebrado o se han frenado firmas reconocidas como La Suipachense, SanCor, ARSA, Lácteos Verónica y Lácteos Vidal, un golpe directo a un sector históricamente muy productivo y, al mismo tiempo, muy atravesado por la concentración empresarial. Para el trabajador Luciano Asad, la crisis tiene un componente particular: “Los trabajadores lecheros aman la actividad que hacen, tienen un compromiso muy grande con su trabajo, y cuando pasan estas cosas la tristeza es igual de enorme”, describió.

    Reforma laboral

    En paralelo, el Congreso se prepara para votar una reforma laboral, que el oficialismo presenta como un incentivo para la creación de empleo. Desde Atilra, la lectura es la opuesta:  “Lejos está esta reforma laboral de solucionar el problema de crisis económica y repuntar el poder adquisitivo de los trabajadores para activar el consumo. Por el contrario, va a terminar de destruir el entramado productivo porque van a echar gratis. Lejos de generar empleo, está más cerca de generar una ola de despidos masivos”, advirtió Asad. 

    La reforma laboral se impone en un contexto de profunda recesión industrial y la gran reducción de indemnizaciones y flexibilizaciones propuestas, aparenta profundizar la grave situación laboral que atraviesa el país.

    En este contexto, ATILRA va a unirse a la marcha que convocó la CGT para el 18 de diciembre. “Creo que lo único que tenemos los trabajadores cuando nos atacan es la lucha, la resistencia, y esa convicción de no volver a los 90”, concluyó Luciano Asad, secretario general de la sección de Junin. 

    Mientras se prepara el debate legislativo, en Arenaza la fábrica ya está cerrada y los trabajadores siguen sin respuestas. El caso de ARSA sintetiza el escenario que atraviesa buena parte de la industria nacional: empresas cerradas, puestos de trabajo formal perdidos y economías regionales desarticuladas. 

    Para muchos empresarios y trabajadores, el problema no es “el costo laboral”, sino la caída del consumo y la ausencia de una política industrial que proteja el mercado interno.

    Trabajadores de ARSA Arenaza, reunidos frente al Ministerio de Trabajo de la Provincia, para la reincorporación de 21 trabajadores en 2019. Foto: Guillermina Medina.
  • “Una avalancha de importaciones”, así definió La Cámara del Juguete la crisis del sector

    “Una avalancha de importaciones”, así definió La Cámara del Juguete la crisis del sector

    Jugueterías Argentina ante un record de importaciones y bajo consumo

    La Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) advirtió que el sector atraviesa uno de los momentos más críticos de las últimas décadas. Las dificultades residen en un combo que incluye caída del consumo, derrumbe demográfico, sobreoferta de juguetes importados y una coyuntura económica que impacta en la producción nacional, así como también a comerciantes minoristas. 

    Mediante un comunicado, la asociación -que nuclea a más de 180 fabricantes de juegos y artículos de Argentina-  declaró que la combinación de estos factores está llevando a la industria a niveles extremos de capacidad ociosa y compromete la continuidad de comercios y fábricas.

    Las ventas no repuntan frente a toneladas de juguetes importados

    En el plano comercial, el consumo no repunta y el sector enfrenta una avalancha de importaciones: compras puerta a puerta de juguetes fabricados en el exterior. Entre enero y octubre ingresaron 17,5 millones de kilos de juguetes, un 94% más que el año pasado. Si se incluyen juegos de mesa, artículos de aire libre y artículos de fiesta, el volumen total asciende a 28,4 millones de kilos. 

    Al mismo tiempo creció de manera inédita el número de importadores, que pasaron de 199 a 530 en un año. El presidente de la CAIJ, Dr. Matías Furió, advirtió que estos números representan “una avalancha sin precedentes”, que, en conjunto con el consumo interno desplomado, tiene un impacto casi letal. 

    Sin embargo, la caída del consumo interno no se da únicamente por la compra de artículos importados, sino por una pérdida de poder adquisitivo. Esto se evidencia a partir de que el 85% de las transacciones en las jugueterías se realizan con tarjeta de crédito, reflejando la necesidad de financiamiento en el contexto actual.

    Según expresa el comunicado de la CAIJ, el 95% del volumen importado proviene de China. Esta es la concentración más alta de los últimos 20 años, enfatizó Furió. “Con estos niveles, 2025 se perfila como el año de mayor ingreso de productos en dos décadas, incluso por encima del pico de 2018, pero con una diferencia crítica: el consumo está cayendo”, declaró la CAIJ.

    Los números hablan de miles de toneladas anuales de juguetes chinos que ingresan al país. Si observamos qué tipo de productos están ingresando, encontramos que el 52% corresponde a productos de menos de USD 3 FOB por kilo, es decir artículos de muy bajo costo, muchos de ellos subvaluados o declarados por debajo de su valor real. 

    El organismo también exigió que se preste atención a la proliferación de juguetes inseguros que se ofrecen en plataformas virtuales. Por ejemplo, juguetes en los cuales Brasil o Estados Unidos han detectado presencia de metales pesados y sustancias prohibidas.

    6 de cada 10 máquinas de la industria del juguete están paradas

    Así, con ventas estancadas, stock acumulado y precios deprimidos por la sobreoferta, muchas fábricas están operando con capacidad ociosa “La industria tiene 6 de cada 10 máquinas paradas sin producir”, afirmó el presidente de la CAIJ, Dr. Matías Furió.. “La industria tiene 6 de cada 10 máquinas paradas sin producir”, afirmó el presidente de la CAIJ. 

    En medio de la compleja la situación, muchos comercios deciden cerrar sus puertas, como es el caso de la juguetería Lilián, de Trelew, que después de más de 50 años de trayectoria declaró pasar días sin una sola venta, igual que otras jugueterías históricas como Rossier en Escobar o Halago’s en Quilmes. 

    El presidente de la Cámara,  Dr. Furió, advirtió que, de no revertirse la tendencia, no solo el número de jugueterías podría reducirse significativamente, sino también la cantidad de fábricas e importadores: “Las  empresas enfrentaron resultados negativos en el Día del Niño y, ante la sobreoferta actual, están rematando la mercadería para recuperar liquidez. Esto profundiza aún más la distorsión del mercado: se generan precios por debajo de lo sostenible y se pone en riesgo la continuidad de empresas de todos los tamaños”.

    En defensa de la industria y del empleo que generan las PyMEs del sector, la Camara exigió al gobierno condiciones equitativas de competencia con las importaciones y más controles en las fronteras. Asimismo, demandó mayor fiscalización sobre los juguetes en venta, cuidando las normativas de seguridad requeridas para cada artículo.“En este contexto, invitamos a las familias a elegir un juguete argentino en jugueterías o supermercados, porque estarán eligiendo un producto seguro, de calidad, con trazabilidad, accesible y hecho por PyMEs que generan trabajo en todo el país”, comentó Furió.

  • Mendoza de pie: la Gesta Libertadora por el Agua vuelve a desafiar el avance minero

    Mendoza de pie: la Gesta Libertadora por el Agua vuelve a desafiar el avance minero

    Ayer, martes 9 de diciembre de 2025, la legislatura provincial de Mendoza aprobó definitivamente la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto PSJ Cobre Mendocino -antes “San Jorge”-, un megaemprendimiento de explotación de cobre en la zona de Uspallata, con emplazamiento sobre la cuenca hídrica más importante de la provincia, el Río Mendoza. 

    La votación en el Senado fue de 29 votos a favor, 6 en contra y 1 abstención. La aprobación de San Jorge, fue parte de un paquete de proyectos mineros a los que también se les dió luz verde, y que terminan por conformar una obra de saqueo explícito: por un lado, una Ley de Regalías para establecer un nuevo. 

    Por otro lado, un proyecto de creación de un fondo compensación ambiental, que destina parte del dinero de las regalías cobradas por la provincia para compensar los daños ambientales que puedan ocasionar estos proyectos extractivos. Por último, también se aprobaron los permisos para la exploración en dos distritos más en Malargüe.

    Aunque el gobierno asegura que el 90% del agua se utilizará en circuito cerrado, las organizaciones sostienen que los controles son insuficientes y que el proyecto podría afectar de manera irreversible la cuenca del río Mendoza.

    Impacto en los rios y el agua

    El proyecto PSJ Cobre Mendocino contempla la explotación a cielo abierto en el cerro San Jorge, a unos 37 kilómetros de Uspallata. Según el proyecto presentado, la mina tendrá una extensión de 1.700 metros de largo, 950 metros de ancho y una profundidad de entre 330 y 350 metros. El concentrado de cobre se extraerá con el método de flotación, para el cual se abastecerán de agua del arroyo El Tigre.

    Este es el principal cuestionamiento de las asambleas y los vecinos mendocinos: El proyecto agotaría el acuífero del arroyo El Tigre y podría contaminar los acuíferos subterráneos que se vinculan con el río Mendoza. Este rio, no solo es el principal suministro de agua de la provincia, sino que además es uno de los afluentes de la Cuenca del Desaguadero: la cual nutre desde Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, San Luis, hasta La Pampa, por lo que la contaminación de este río puede traer complicaciones a las provincias aguas abajo, entre ellas La Pampa.

    La Gesta Libertadora por el Agua

    Sin embargo, no fue una aprobación tranquila. Estuvo llena de irregularidades y nunca tuvo aprobación social. Hubo miles de personas movilizadas. Hubo grupos de personas que caminaron 90 kilómetros hacia la ciudad de Mendoza, en una gran caravana que inició el lunes 8 desde el pueblo de Uspallata, y se iba agrandando a medida que atravesaban otros pueblos y se unían más pies y más bocinas. 

    Hubo gente que anduvo más de 325 km en auto desde Malargûe. Hubo personas que prendieron un fuego en la ruta y cocinaron un guiso para esperar a los caminantes con un plato que les de energía para seguir. Hubo otros que repartieron agua, fruta, sostuvieron las banderas y dieron aliento.

    Hubo caravanas de autos desde el norte, el sur, el este y el oeste. Todas confluyeron en Plaza Independencia, en el centro de la ciudad de Mendoza, durante la mañana y tarde del martes. Hubo otros que pasaron la noche entera ahí, en vigilia, frente a la legislatura, gritando sin parar “El agua de Mendoza, no se negocia”. Durante el día martes, la caminata por la ciudad de Mendoza duró más de 

    A este movimiento lo han llamado La Nueva Gesta Libertadora por el Agua. Fue organizada desde las asambleas, bajo el manto de banderas celestes y blancas y el espíritu del General San Martín. Es el comienzo del nuevo Mendozazo del que nos habló Ana Llanos, vecina de Uspallata, hace unas semanas. 

    Si bien la marcha de esta semana fue histórica y ha dado de qué hablar a la provincia entera, no fue nota de tapa de ninguno de los diarios mendocinos, así como tampoco ha sido mostrado en los canales de televisión, según denuncian los vecinos. Este hecho da cuenta de la presión que ejercen los políticos y el empresariado minero sobre la opinión pública. 

    La Marcha del Agua de 2019

    El pueblo de Mendoza es un pueblo profundamente relacionado con el agua. Es un pueblo que comprende la vitalidad de este recurso, porque históricamente lo han defendido y porque es un bien más que escaso en la provincia. 

    Hace algunos años ocurrió una situación muy similar. Fue también durante diciembre, en 2019, cuando Mendoza gestó una de las movilizaciones más masivas de su historia, con caravanazos, protestas replicadas en los pueblos y una marcha impresionante desde el Valle de Uco. Miles de mendocinos defendieron la Ley 7722 y lograron frenar una reforma que habilitaba el uso de cianuro en la minería.

    Aquella vez, la caravana partió desde San Carlos, Valle de Uco, el 22 de diciembre. Miles de sancarlinos llegaron a pie a Casa de Gobierno y fueron sumando columnas de vehículos y caminantes a lo largo del trayecto. 

    Allí fueron recibidos con un fuerte operativo represivo por el gobernador Rodolfo Suarez, que incluyó balas de goma, gases y detenciones. Pero la presión popular fue tan contundente que empujó a los aliados del acuerdo minero, incluido el PJ, a pedirle al gobernador que no modificara la ley. Luego de esta victoria, la 7722 se consolidó como un símbolo excepcional en defensa del agua para la provincia y todo el movimiento socioambiental de Argentina.

    El escenario que vive hoy Mendoza es parte de una tradición de resistencia. La gente ha demostrado que el interés por el agua pura y limpia sigue vivo y que la lucha no va a achicarse pese a una amplia victoria (70%) de viva en las calles, tal como ocurrió en diciembre de 2019.

    ¿Qué sigue?

    Luego de la ratificación legislativa, ahora resta que el Ejecutivo la promulgue para iniciar la ingeniería de detalle y, más adelante, la construcción de la mina, que podría extenderse hasta 2027.

    Mientras el gobierno celebra un logro político, las asambleas ambientales siguen anunciando puntos de protesta, encuentro y organización. Prometen seguir luchando y enfrentando el proyecto minero hasta que el gobierno escuche y entienda que no tiene el permiso de su pueblo. 

  • Los productores del cordón hortícola declararon EMERGENCIA PRODUCTIVA

    Los productores del cordón hortícola declararon EMERGENCIA PRODUCTIVA

    Durante la mañana del martes 9, pequeños y medianos agricultores realizaron una jornada de protesta en la intersección de Ruta 36 y 520, con el objetivo de visibilizar la crítica situación que están atravesando, que aseguran es “una de las crisis más graves de las últimas décadas”.

    Hay varios factores que están poniendo en jaque la continuidad del trabajo de miles de familias productoras de la región: entre ellas, la fuerte caída del consumo, el incremento de los costos de producción y el impacto de las importaciones.

    Los productores y productoras, apoyados por las organizaciones MTE Rural, Organización 25 de mayo, ASOMA, Frente Agrario Evita y Federación Rural, se manifestaron con un feriazo de frutas, verduras y flores, que entregaban a los autos que transitaban por la ruta. Hubo carteles, banderas y tractores, y además expusieron los precios reales que reciben los productores por cada cajón que venden, muy distantes a los precios que los consumidores abonamos en los comercios. 

    “Los precios que recibimos se derrumbaron y, en muchos casos, los intermediarios se niegan a trasladar la mercadería por falta de demanda”, anunciaron en el comunidad, haciendo énfasis en la brutal caída del poder adquisitivo que desplomó las ventas de verduras, frutas y flores. 

    Maritza Puma, productora de la zona de Abasto, comentó a DLR que la producción convencional que se comercializa a través de camiones e intermediariosha caído enormemente. “La gente no está consumiendo verduras. Se ve en los mercados, en las verdulerías y en las ferias que nosotros hacemos: antes había filas, ahora viene muy poca gente”.

    La caída de ventas en los grandes mercados, se traduce no sólo menores  ventas para los productores, sino también en una baja de precios. Así, por ejemplo, les terminan pagando eltomate a $2000 un cajón de 20 kilos; un cajón de 10 kilos de remolacha a $4000; un cajón de 10 kilos de perejil a $2000; o un atado de 25 rosas a $4000. Esto provoca que toneladas de alimentos terminen en la basura, en un país en el que millones de personas pasan hambre.

    El cinturón hortícola platense en crisis.

    A esta situación se suma el ingreso indiscriminado de productos de Paraguay, Chile y Brasil, habilitado por el Gobierno Nacional. La apertura de importaciones “empuja a la ruina a las economías regionales”, aseguran los productores. 

    “En los mercados se ve el tomate de Paraguay, vienen en cajitas de cartón. Son productos hortícolas que nosotros hacemos acá mismo”, resalta Maritza Puma. “Esa competencia nos afecta mucho”.

    Mientras tanto, los costos básicos no dejan de subir, alquileres y servicios, combustible, herramientas, plantines e insumos. Es “una combinación explosiva” que obliga a muchos trabajadores a buscar otras changas para sobrevivir e, incluso, abandonar sus quintas.

    La situación no sorprende, en un país en el que la política económica dista mucho de proteger el mercado interno, por el contrario, encrudece las condiciones de vida y trabajo de la mayoría de los argentinos, generando despidos masivos y una desregulación del sistema laboral en donde los trabajadores de la economía popular se encuentran completamente afectados. 

    En agosto de este año, en una nota realizada por Desde La Raíz a Maritza Puma, evidenciamos que muchos productores del cordón estaban dejando de cultivar porque ya no podían sostener la rentabilidad. Para entonces, Maritza advirtió que si la situación no mejoraba el cordón productivo platense se iba a vaciar cada vez más, quedando las quintas en manos de inmobiliarias y barrios privados.

    Maritza subraya que, si bien esta no es particularmente la situación que vive ella gracias a que produce agroecológicamente y este tipo de producción ha encontrado formas más justas de comercializar, sí es el caso de la mayoría de los productores del cinturón del Gran La Plata. 

    Las medidas que exigen y proponen para mejorar la situación

    En el documento difundido, las familias productoras detallan un conjunto de demandas urgentes para evitar el quiebre definitivo del sector, donde buscan abrir un camino de recuperación económica, acceso a derechos y defensa del territorio productivo.

    En primer lugar, proponen un subsidio a la producción para reducir el costo de gasoil, electricidad e insumos esenciales para sostener el trabajo en las quintas. En segundo lugar, respecto al acceso a la tierra, exigen que las primeras 1000 hectáreas del cordón hortícola sean para la agricultura familiar, poniéndole un freno a los negocios inmobiliarios, y protegiendo el cordón un sector estratégico para la región. 

    Respecto a la comercialización, piden que el Estado sea el primero en comprar de forma justa: las compras que hagan, por ejemplo, las escuelas, hospitales o instituciones de verduras, frutas y flores, las realicen de manera directa con los productores.

    A nivel jurídico, proponen dos Leyes. Una Ley de Arrendamientos Rurales, que proteja a pequeños productores, establezca contratos de largo plazo y permita descontar del alquiler las mejoras realizadas en las quintas. Por otro lado, una Ley Provincial y Nacional de Protección de los Cordones Flori-Fruti Hortícolas, que funcione como un marco legal para garantizar el ordenamiento de estos territorios productivos, brindar apoyo técnico y fortalecer la agricultura familiar y local. 

    Por último, piden una solución urgente a las fallas del servicio eléctrico en el Parque Pereyra y en todo paraje rural que no tenga un suministro eficiente. 

  • Mendoza aprobó San Jorge y la megaminería avanza pese al rechazo social

    Mendoza aprobó San Jorge y la megaminería avanza pese al rechazo social

    Con un gobierno decidido a atraer dólares a cualquier costo, la minería volvió al centro de la agenda económica nacional. En Mendoza, el cobre pareciera ser la nueva promesa: lo llaman el “oro verde”, el “mineral clave para la transición energética”. Los funcionarios y empresarios repiten que para que Argentina salga de la crisis, es necesario sacar provecho de los minerales que tenemos, y para ello se necesitan inversiones de grandes empresas capaces de generar exportaciones rápidas.

    Hoy, miércoles 26 de noviembre, la Cámara de Diputados de Mendoza aprobó el Proyecto megaminero San Jorge, a instalarse en Uspallata. La Legislatura discutió la Declaración de Impacto Ambiental y le dió vía libre con 31 votos contra 13.

    “No hay muchas esperanzas. Tienen los votos positivos en las cámaras y no quieren escuchar al pueblo”, había declarado a Desde la Raíz la semana pasada Ana Llanos, integrante de Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata. “Se viene otro Mendozazo”, manifestó, en referencia a aquella enorme protesta social ocurrida en 1972. 

    Este mes, impulsado por el 55% de los votos en las últimas elecciones, el gobierno mendocino presentó en su Legislatura un paquete de leyes para promover la minería a gran escala. Además de San Jorge, incluyó una nueva Ley de Regalías, un Fondo Compensador Ambiental -que apunta a que el Estado se haga cargo de daños y desastres ambientales cuando los responsables se declaren “insolventes”- y la creación de los distritos mineros Malargüe II y III.

    “Hay una ventana de oportunidades y no debemos dejarla pasar”, afirmó el gobernador Alfredo Cornejo en la Argentina Mining 2025, “Podemos generar riqueza, elevar salarios y mejorar la calidad de vida”, aseguró. Sin embargo, la situación es bastante más compleja. En un contexto de alianzas con Estados Unidos, presión internacional por minerales para la transición energética, la promesa presidencial de derogar la Ley de Glaciares y la alineación de los gobernadores a la llamada Mesa del Cobre, lo que se discute no es sólo la explotación en un yacimiento (que ya fue rechazada hace 14 años) sino el rumbo de la política minera en todo el país. 

    A pesar de que la narrativa oficial celebra la reactivación de la actividad minera como un signo de desarrollo, las decisiones están lo suficientemente condicionadas por intereses externos como para dudar si generará un desarrollo provechoso para nuestro propio país. 

    Una bandera flamea en la calle principal de Uspallata.

    El resurgimiento de San Jorge y el riesgo ambiental

    La reactivación ocurre en paralelo a los beneficios extraordinarios que ofrece el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y las libertades que otorgaría la derogación de la Ley de Glaciares. Ahora bien: ¿Qué quedará para las provincias y para el pueblo si las mayores ventajas son para las empresas?

    Históricamente, la tierra de los cultivos de la vid le ha negado el ingreso a los proyectos mineros. Es la provincia conocida por lograr la 7722, la emblemática ley en defensa del agua, sancionada en 2007. También lograron gran repercusión en 2019, cuando la Legislatura aprobó una modificación pero luego de masivas movilizaciones, el gobernador, por entonces, Rodolfo Suárez, tuvo que derogar. Esta historia quedó registrada en el documental HAM, Historia del Agua de Mendoza.

    “Ahora estamos en una realidad muy distinta. Hay más hambre, muy poco trabajo y realmente tenemos un gobernador que es mucho más psicópata que el anterior. No escucha a nadie, te mete preso”, definió Ana Llanos desde Uspallata. 

    Rebautizado como PSJ Cobre Mendocino, San Jorge fue aprobado y va directo al Senado con todo el viento a su favor. La sesión fue realizada con protestas en la calle y amplio descontento popular, que busca impedir la construcción de la mina a sólo 37 kilómetros del pueblo de Uspallata, y a 97 de Mendoza capital. 

    San Jorge es un proyecto de minería a cielo abierto, para la exploración y explotación de cobre en un yacimiento a más de 2500 mts de altura. La firma está integrada por capitales suizos (Zonda Metals) y el Grupo Alberdi de Argentina. La minería metalífera (cobre, oro, plata o litio en roca dura) a cielo abierto, suele ser la más contaminante. Este tipo de explotación requiere remover enormes volúmenes de roca mediante excavaciones y uso intensivo de explosivos. Uno de los mayores riesgos ambientales es el polvo tóxico que genera, cargado de metalales y particulas tóxicas que se dispersan con el viento. Además, el cuando los minerales sulfúricos se exponen al aire y al agua, reaccionan produciendo ácido sulfúrico, que termina contaminando rios y acuíferos durante décadas.

    Amparándose en que la separación de los minerales -para la que se utilizan millones de litros de agua y sustancias tóxicas como el cianuro- se hará posterior a la extracción, el proyecto asegura estar dentro del marco de la Ley 7722. Sin embargo, Jorge Difonso, opositor entre los diputados, dijo: “Hay medidas judiciales pendientes contra este proyecto. Hay dudas sobre las medidas de contención en las rutas. Este proyecto no cumple con la 7722 porque no se consultó a las comunas río abajo de la cuenca”. 

    Minería a cielo abierto en El Jachal, San Juan.

    El engaño de la promesa laboral

    Uno de los argumentos más repetidos por el Gobierno provincial y nacional es el del empleo. Aseguran que San Jorge generaría alrededor de 3.900 puestos de trabajo directos e indirectos durante la etapa de construcción y, una vez en marcha, unos 2.400 puestos en la fase de operación

    “Son números inventados, si pudieran decirlos de verdad redondearían a 4000, pero saben que están muy alejados de eso”, asegura Ana Llanos, asambleísta de Uspallata, quien confiesa además haber tenido que estudiar muchísimo desde que decidió oponerse a la minería.

    En el valle, el trabajo escasea y estas cifras funcionan como un anzuelo. “La falta de trabajo es real, pero es una necesidad que la fueron creando, de a poco, desfinanciando otros sectores y ahogando las economías locales”, menciona Ana. 

    La industria minera no se caracteriza justamente por dar trabajo. Según un informe reciente del Ministerio de Economía, la minería representa el 0,6% del empleo del sector privado en Argentina. A nivel mundial, la minería representa menos del 0,5% de la fuerza laboral, según un informe de la Organización Internacional del Trabajo. Una mina puede mover millones de dólares sin requerir una gran cantidad de trabajadores.

    Sea el número que sea, de ningún modo los puestos de trabajo podrían garantizar un cambio estructural en la economía local. Muchos de ellos son puestos temporales, duran lo que demora la construcción de la mina, trabajos en la mejora de caminos, por ejemplo, perforaciones, tendido eléctrico y alambrado, mientras que los trabajos necesarios para la operación de la mina son altamente especializados y, por ende, ocupados en su mayoría por profesionales que no son de Uspallata ni de la zona. Por eso, la discusión no es sólo por la cantidad de empleos, sino por la calidad: quiénes los ocupan y por cuánto tiempo

    En este contexto es preciso pensar: ¿Qué pasará con la economía local una vez que la mina se retire? ¿Qué es lo que se entrega y a cambio de qué con proyectos así? En un valle y en una provincia donde el agua es realmente muy escasa y delimita sin exagerar la vida misma, no puede arriesgarse por falsas promesas. 

    Persecusión y criminalización

    Hace meses que vecinos, asambleístas y militantes exponen las consecuencias sociales y ambientales del proyecto. Además, denuncian persecución judicial y violencia policial por participar de movilizaciones y marchas. La situación ha ido escalando el nivel de violencia y de conflicto social. “Se viene otro Mendozazo”, dijo Ana Llanos. 

    Todo comenzó el 24 de enero de este año, cuando el intendente del departamento de Las heras, organizó en Uspallata un acto para la apertura de una sede de la Cámara de Proveedores Mineros. Su presencia contó con la participación de un grupo de trabajadores de la UOCRA, lo que fue interpretado por los vecinos como un acto de prepotencia y no tardó en generar conflictos. 

    “El intendente no viene nunca. De pronto llegó con 120 muñecos, armó un escenario en medio de la calle. La gente se empezó a amontonar, no entendíamos nada. En seguida nos atacaron, nos golpearon, a un compañero le rompieron el tabique en tres partes, casi lo matan a piñas. Lo salvé yo con un matafuegos que pude rescatar de mi negocio”, contó Mauricio Cornejo, integrante de la asamblea Valle de Uspallata, quien comparte con el gobernador, únicamente, su apellido.

    Un mes más tarde, a Mauricio lo fueron a buscar a su casa y lo detuvieron durante 23 días. También fue detenido Federico Soria. “Nos acusan de ecoterrorismo, de pertenecer a una agrupación dedicada a la coerción ideológica mediante el miedo y el terror”, contó en diálogo con DLR Mauricio.

    A la única agrupación que pertenece Mauricio, es a una asamblea en su comunidad que, en defensa del agua, se oponen a los proyectos mineros. Desde entonces hasta la fecha, han sido criminalizados, acusados en base a un artículo del Código Penal incorporado por la dictadura militar y que jamás se había utilizado antes en la provincia de Mendoza. 

    Sin embargo, este no fue el único evento de violencia que vivieron los vecinos. Hace un mes, el 23 de octubre, fueron detenidos dos manifestantes durante una protesta en la Legislatura. Liza Rule Larrea y Martín Iglesias fueron imputados por “resistencia a la autoridad y daños agravados”

    Martín fue arrastrado por la policía 40 metros hacia dentro la Legislatura, donde lo golpearon y lo dejaron tirado en un rincón. Por su parte, Rule pasó más de 50 horas en la Comisaría Séptima “en condiciones infrahumanas”, según declaró. “El jefe del operativo argumenta que empujamos una valla que le hizo un rasguño de 1 cm del dedo anular de la mano izquierda. Están buscando pruebas de eso”, contó Liza, una bailarina de Mendoza que meses atrás se había hecho conocida por realizar un baile a 60 metros de altura ondeando la bandera argentina, en los festejos por el 25 de mayo.

    “Vamos a seguir peleando por defender el agua y nuestros pueblos, porque ya tenemos muchos ejemplos donde la minería no sirvió para nada, muy por el contrario. El caso del pueblo Jáchal en San Juan, es uno, o el caso de Chuquicamata, una de las minas más grandes de cobre en Chile”, insistió Mauricio Cornejo, entendiendo que hoy en la provincia él y sus compañeros son presos políticos. 

    La ley de Glaciares

    Mientras que el Proyecto San Jorge espera entrar a la Cámara de Senadores, el presidente avanza con la modificación la Ley de Glaciares (26.639), que prohíbe la minería en zonas glaciares y en sus perímetros circundantes. Tal como anunció hace unas semanas en un congreso en Corrientes, el Presidente sostiene que la norma responde a “una actitud bien primitiva” de los ambientalistas que “prefieren que uno se muera de hambre y no tocar nada”. 

    “Lo que permite esta ley es devolverle el federalismo a las provincias y que cada una determine cuál es la zona periglaciar protegida”, definió el presidente, algo muy parecido a lo expresado hace un tiempo por Peter Lamelas, embajador de Estados Unidos en Argentina. Esta medida permitiría la explotación en territorios que hoy son reservas hídricas naturales. 

    En este clima, la flexibilización de la Ley de Glaciares pareciera ser una condición implícita en la relación de Argentina con Estados Unidos. Esta ley ha puesto un freno a proyectos en la cordillera que no atendían límites sobre zonas sensibles. 

    Milei atribuyó directamente esta iniciativa a Alfredo Cornejo, sin dudas un gran interesado. La discusión en Mendoza no puede leerse por fuera de una batalla geopolítica en torno a minerales y recursos estratégicos. Un tablero en el que Argentina tiene mucho por defender, pero no tiene al frente las mejores fichas. 

  • El oficio de un diariero: por amor al pueblo, amor al papel

    El oficio de un diariero: por amor al pueblo, amor al papel

    En una esquina frente a la plaza de Chacras de Coria, un poblado cercano a Luján de Cuyo, en la provincia de Mendoza, hay una pizarra que tiene un gancho que sostiene un diario que se sacude con el viento. Atrás de la pizarra, un puesto de diarios, una casilla verde como las de siempre, aunque, como todas ahora, con más juguetes que diarios y revistas. 

    —Hola. Quiero comprar el diario —le dije al chico que se dejaba ver entre los papeles grises y los autitos de colección que colgaban del techo. 

    Un señor, que estaba más atrás, levantó la mirada de su celular. Se quitó los lentes de la cabeza y los apoyó sobre la mesa. 

    —¿Cuál diario? —me preguntó el chico.

    —El Correveidile —contesté.

    Es un nombre particular: Corre, ve y dile. Tiene algo de los chasquis, de aquellos antiguos mensajeros incas, corriendo por la cordillera latinoamericana. La comunicación, la palabra que se comparte. También esconde un poco la potencia de alzar la voz, eso que Rodolfo Walsh diría al decir “reproduzca está información, hágala circular por los medios a su alcance”. Se juega, incluso, algo del rumor y las historias que circulan por lo bajo. 

    Chacras de Coria es un pequeño pueblo, a pocos kilómetros de Mendoza capital. Es tranquilo, como toda la provincia, en la siesta. A las dos de la tarde no hay más ruidos que los pájaros jugando y conversando en las copas de los árboles, de los muchos y grandes árboles de la ciudad. A Mendoza la llaman la “ciudad bosque”: un oasis donde sobrevivir en medio de un territorio tan seco y árido, y Chacras no está lejos de eso. Dentro del Gran Mendoza, el verde del pueblo, pegado a las primeras sierras de la cordillera, conserva su propio microclima. 

    Carlos Cachilo Púrpura- Chacras de Coria calles
    Calles de Chacras de Coria hace varias décadas, por el fotógrafo Carlos Cachilo Púrpura.

    Entre los cultivos de vides, las bodegas, los viejos chalets, los nuevos barrios privados y una población que ha crecido abruptamente, el puesto de diarios hace su propia justicia. Treinta años atrás, en Chacras no había más de 2.500 habitantes. Hoy viven unas 14 mil personas. 

    Los recién llegados viven en casas de barrios privados, algo separados de las calles del pueblo y sin mucho interés por su historia local. Los vecinos nacidos allí, por el contrario, luchan por mantener su patrimonio, su estilo y sus modos. Lo local existe y resiste entre  garitas de seguridad. 

    Entre los nuevos y los viejos, el Correveidile es un puente.  El periódico local de Alberto Cabanillas y Adriana Sayavedra es un medio en donde los vecinos tienen, desde hace 25 años, un lugar propio. “Nace como una necesidad vecinal y fue creado por chacrenses para brindar un servicio a la comunidad”, expresa el equipo en el periódico. 

    ***

    Me quedo mirando una versión que está colgada, con el papa Francisco en la portada: parece que algún chacrense tiene una historia con él y desde esa particularidad aborda el periódico la partida de Bergoglio. Al lado, otra edición presenta a una pareja de agrónomos que lucha por la conservación de -al menos- una parte de la historia de las tierras mendocinas, que se cultivan hace más de 100 años, frente al desarrollo inmobiliario. 

    —¿El Correveidile querés? Esas dos son versiones más viejas, mira, está es la de este mes… —me conversó Alberto, con su amable tonada mendocina, llevándome hacia un cajoncito de la vereda con la edición octubre-noviembre de 2025.

    —¿Usted lo hace? 

    —Si, yo soy el director, somos varios de mi familia los que lo hacemos. 

    Es muy lindo, le digo. Creo que el hecho de no conocerme lo sorprende, aunque no sé si más que ver a una chica jóven pidiendo el diario. 

    —Soy periodista. En mi pueblo también hay un diario local que me encanta leer porque cuenta nuestras cosas, las que nos interesan a nosotros —le cuento. 

    Son nuestras historias, las historias mínimas, las grandes historias mínimas.

    —Te voy a buscar, a ver… te voy a buscar otras ediciones para que te lleves. Vos lo vas a leer, si sos periodista, sabés del valor de este papel. Yo, a quien lo va a leer, se lo regalo. 

    Alberto se metió dentro del quiosco. Seguimos conversando desde la ventanilla, mientras revolvía periódicos. Salió con diez o doce diarios ¿Cuántas historias caben en sus manos?

    Alberto Cabanillas, fotografiado en su casa por Cachilo Púrpura.

    La caida del diario papel

    La conversación sigue y en seguida surge el tema de la caída de la lectura en papel. Alberto es un enamorado, un militante del diario a papel. “Vos sabés lo que significa esto”, me repite.

    Durante décadas, la lectura del periódico fue un ritual cotidiano para muchos: el diario plegado bajo el brazo, comprado a un canillita en el camino, en la calle, en el café, en la casa, el ruido al pasar la página, el olor a tinta. Hoy, esto es más bien una rareza. 

    Según un estudio de 2022, del instituto Media Influence Matrix, durante la última década (2010-2021) los diarios impresos registraron una caída promedio de 65% en su circulación. En estos años se concretó una realidad: la información ya no circula en tinta, sino en pantallas.

    En la ciudad de La Plata, por ejemplo, según el Sindicato de Canillitas, el año pasado El Día vendía 7.000 ejemplares diarios, mientras que Clarín menos de 400 ejemplares y La Nación apenas unos 150. 

    Para Alberto Cabanillas esto también es una realidad muy tangible. “Cuando empezamos, en el año 2000, imprimíamos 10 mil ejemplares. Hoy hacemos alrededor de 5000”. Sin embargo la diferencia es más drástica cuando se habla de otros diarios provinciales o nacionales. “En el mejor momento, vendíamos 1500 de Los Andes, 500 de Uno, 150 La Nación, 100 Clarín. Actualmente, el único mendocino que subsiste en papel es Los Andes, del cual vendemos unos 4 o 5, un domingo”, remarca el director del “Corre”.

    El diario dejó de venderse. Puede explicarse por una cuestión económica, el costo del papel y la crisis del sector gráfico frente a la competencia de las pantallas, pero la pérdida atraviesa lo material y alcanza un signo cultural. Hemos atravesado una transformación en nuestros modos de informarnos y de estar en el mundo.

    Un vecino lee el diario en el quiosco
    Un vecino lee el diario UNO en el quiosco de Chacras de Coria. Fotografía de Cachilo Púrpura.

    Era un ritmo distinto. Páginas grandes y completas se han reducido hoy a videos de unos minutos superestimulantes o pequeños párrafos en redes sociales. Era también, un tiempo distinto: el diario abría el día, nos organizaba. Hoy la cosa es un poco más fragmentada e individual. Cada cual se informa en su propio universo algorítmico, que a veces ni se cruza con quien tenemos al lado.  

    Para los canillitas, esto no solo implica una pérdida de trabajo, sino un cambio en el rol que ocuparon durante generaciones. Mediaban entre la casa y el mundo, eran guardianes de sus esquinas, de ese punto de encuentro donde uno podía saber -ni más ni menos- cómo estaba el vecino. En torno a la palabra impresa había un mundo lento y compartido que hoy se nos aparece únicamente en blanco y negro.

    Pero además, los diarios que quedan en pie están cada vez más concentrados en términos de propiedad. Cuatro grupos empresariales son dueños de los diarios de mayor circulación del país y controlan más del 74% de los diarios en circulación. Acorde al Media Ownership Monitor Argentina, el Grupo Clarín posee el 43,46% del mercado (Clarín, La Voz del Interior, Los Andes y Olé); el Grupo La Nación tiene una participación del 16,52%; la familia Fascetto (Diario Popular) el 8,64%; y La Gaceta de Tucumán el 5,56%. 

    Ya no hay en Mendoza máquinas rotativas para imprimir grandes volúmenes. El diario Los Andes, que era de Clarín, fue adquirido por un grupo de empresarios mendocinos, quienes cerraron la imprenta en Mendoza y compraron el diario Cuyo de San Juan. ¡Ahora los Andes se imprime en San Juan! —cuenta Alberto. 

    Cuando comenzó, el Correveidile se imprimía en el Diario Uno, actualmente sólo en digital . La impresión de los ejemplares del ‘Corre’ se hace ahora en una imprenta de artes gráficas, que posee rotativas más pequeñas, mientras el medio más grande de Mendoza debe trasladar los ejemplares desde la provincia vecina.

    ***

    Ante una gran concentración mediática y una sobre-información, mientras los grandes medios atienden a la agenda de Buenos Aires, el Correveidile se ocupa de lo que pasa en un radio de pocos kilómetros. Lentamente, va dejando constancia, a través de los años, de los hechos que conforman el día a día de una comunidad. Es su memoria: un archivo vivo.

    El periódico difunde reclamos vecinales, debates políticos, ambientales y sociales del lugar, retrata el arte local y comparte curiosidades. En sus páginas pueden leerse variedad de notas: una cariñosa despedida a un amigo, un niño del pueblo que sale campeón sudamericano en ping pong, un nuevo centro médico que se inaugura, puesteros que abren sus casas al turismo rural, cumpleaños, avisos, editoriales, recetas, humor, difusiones culturales y publicidades en los “Chacrificados”. El relato sencillo es lo que lo hace único y el sentido de pertenencia lo vuelve necesario para sus lectores. 

    Durante años, Correveidile, organizó un brindis de fin de año en la plaza, con los “Destacados del Año”: esas personas que habían pasado por las páginas del periódico. Con una gran mesa llena de copas y una barra a cargo de algún vecino o productor de la zona. El evento siempre fue una verdadera celebración vecinal. 

    Hombre con diario en la mano.
    Hombre con el diario en la mano en las calles de Chacras. Fotografía de Cachilo Púrpura. Chacras de Coria.

    La historia de un pueblo

    Mediante el periódico, los fundadores Alberto y Adriana, mantienen encendida una memoria que los trasciende. 

    Alberto es el bisnieto de Teresa O’Connor, la primera maestra de Chacras de Coria. Ella fue, a fines del siglo XIX, directora de la escuela de mujeres que luego llevaría su nombre, frente a la plaza central. Junto a su marido, fundaron la Biblioteca de Chacras, fomentando la actividad cultural y educativa, y más adelante donarían las tierras donde hoy se levanta la escuela.

    El terreno de la plaza y de la iglesia fue donado por el inmigrante italiano Giuseppe Mazzolari, quien tenía un establecimiento vitivinícola, pero terminó vendiendo sus propiedades a Manuel Cerutti. Este último y su familia, vivieron por décadas en la conocida “Casa Grande”, que incluía corrales, caballerizas y una pileta para almacenar vino.

    Hasta que en 1977, la Casa Grande fue irrumpida por un grupo de tareas del ejército. “Las bestias, metieron sus autos en el jardín de la Casa Grande y bajaron con medias en la cara y armas en las manos, y a los empujones se llevaron a Victorio Cerutti (75 años) y a su yerno Omar Masera Pincolini (42 años)”, cuenta Josefina Cerruti en su libro Casita Robada. También robaron autos, joyas y dinero. Secuestrados, fueron forzados a entregar sus propiedades.

    Sobre los viñedos de los Cerruti, los militares edificaron un barrio llamado Will-Ri, por medio de una empresa fantasma perteneciente a Federico Williams, un testaferro del Almirante Eduardo Massera. Paradójicamente, a las calles del barrio les pusieron nombres tales como “Amistad”, “Equidad”, “Bondad”. 

    Las pruebas conducen a que el almirante Massera fue el responsable del saqueo de la empresa vitivinícola de los Cerutti. Con los juicios, algunos sobrevivientes aseguraron haber visto a Victorio y Omar en el Centro Clandestino de Detención y Tortura de la ESMA, como también declararon que ambos fueron arrojados al Río de la Plata. 

    En la década del ‘90, la Casa Grande fue vendida a Supermercados Metro, la cual proyectó demolerla para construir una sucursal. Los vecinos, organizados en defensa del patrimonio local de Chacras de Coria, se organizaron y movilizaron, logrando impedir la demolición.

    Hoy, la casa Mazzolari-Cerutti es Patrimonio Histórico de la provincia. En el 2014, el Estado Nacional la expropió para establecer otra sede del Archivo Nacional de la Memoria, sin embargo, aún no abrió sus puertas. 

    La “Casa Grande”. Fotografía de Cachilo Púrpura.

    ¿Por qué insistir en imprimirlo?

    Historias como estas, del pueblo, son las que el proyecto local quiere cuidar, contándolas de primera mano. Para Alberto, con todo y a pesar de todo, este trabajo vale vale la pena. Y por eso sigue.

    —Hubo unos meses muy duros, que tuve que parar porque no se sustentaba con las publicidades. Al final lo banco yo porque para mí es como un hijo. Las veces que no lo he sacado, es un bajón, me siento muy mal.

    Uno de sus momentos favoritos es cuando va a la gráfica a imprimirlo. Las rotativas son máquinas rápidas que entregan el periódico listo: impreso y plegado. Ese es el momento en que todo lo trabajado se traduce al papel, entre el galope de la máquina y el olor a tinta.

    —Hay que fomentar la lectura en papel porque va a volver. Cuando veamos todo lo que nos generan las pantallas, se va a volver a leer papel.

    Días después de conocerlo en la esquina de su quiosco en Chacras, le escribo para hacerle algunas preguntas. Charlamos y me dice que me va a pasar una nota de Clarín que le gustó y que quiere que lea. Yo espero que me llegue un link a una nota web. Pero, congruentemente, lo que recibo son cinco fotos de las páginas de un diario. Me río, no podría ser de otra manera.

  • “Es una enorme vergüenza el hambre en nuestro país”

    “Es una enorme vergüenza el hambre en nuestro país”

    El 30 de octubre se proyectó en La Plata el documental Empresa Nacional de Alimentos, una respuesta soberana”, estrenado en septiembre. La proyección se hizo en el centro cultural El aluvión y contó con la presencia de Javier Rodríguez, Ministro de Desarrollo Agrario de la provincia, quien, en posterior, compartió con los presentes la charla debate. 

    El documental, fue un trabajo pensado en pos de ampliar el debate sobre la producción e industrialización de alimentos en Argentina, preguntarse acerca de la soberanía alimentaria y la problemática del hambre, buscando generar espacios de discusión entre distintos sectores del campo popular abocados a esta temática. 

    En esa línea, el audiovisual plantea la posibilidad de construir una herramienta para democratizar al alimento como un derecho humano y no una mercancía, a través de la creación de una Empresa Nacional de Alimentos, que nuclee y comercialice alimentos de las economías populares y regionales de distintas partes del país.

    “Si nosotros trabajamos y clasificamos la producción de alimentos en búsqueda de la seguridad y soberanía alimentaria, ideando un sistema en el que cada localidad del país provea un alimento, dos o tres, según la estacionalidad de su región, y lo integramos en una red de empresas públicas, provinciales o municipales, encontraríamos una una sucesión de productos de alimentos acorde a la canasta, a nuestro a nuestro gusto y necesidad”, explica el documental. 

    Con la dirección del cineasta Juan Pablo Lepore, y la producción del Movimiento Popular La Dignidad y el Centro de Estudios por la Soberanía Popular Mariano Moreno, el equipo recorrió distintas provincias, conociendo diferentes experiencias productivas, como por ejemplo la empresa provincial Agroandina, de La Rioja, productora de la marca Sabores del Valle.

    “En un país, como es la Argentina, que produce alimentos, que produce materias primas, es un país que hay hambre y eso es humillante”, expresó Javier Rodríguez. Sin embargo, desarrolló que los problemas de acceso a la alimentación no tienen que ver con la cantidad de volúmenes producidos, sino con cómo se distribuyen. 

    “Cabe preguntarse ¿Cómo es nuestra estructura productiva? ¿Cuáles son las empresas que concentran y en qué niveles? Tiene que ver con una estructura económica, con la propiedad de la tierra, la estructura en la industria y la comercialización, con las grandes cadenas de supermercado marcando quién entra en góndola y discutiendo los precios. Porque muchas veces la comercialización es el factor que permite que alguien sea o no productor. Por más que tengas condiciones, industria, un sistema… si no tenés lugar en una góndola, estas al horno”, argumentó Javier. 

    En Argentina, diez corporaciones controlan el 90% del mercado de alimentos; en muchos casos, fijan precios privativos y condicionan la calidad de lo que la mayoría de la población come. Productos como el azúcar (con un aumento del 208% en 2024) o la harina (147% de aumento en 9 meses) están controlados por 2-3 empresas. Mientras tanto, 16 millones de habitantes no logran cumplir con una alimentación básica, según un informe de la FAO de 2021.

    En este sentido es que el documental agranda la discusión, para dejar de pensar el problema del hambre únicamente desde el momento de la producción y la industrialización de alimentos, sino también desde las complejidades de comercialización que enfrentan miles de productores y pymes para poder vender adecuadamente y hacer escalar su productividad. 

    Ante ello, el documental plantea una pregunta concreta: ¿Podría una empresa de alimentos, articulada nacionalmente, garantizar comida accesible para todos? 

    “Este es un modelo que acortaría cadenas, esquivaría la concentración empresarial, debilitaría el poder oligopólico, aseguraría precios justos a productores y vendería alimentos sanos en ferias federales”, apunta Rafael Klejzer dirigente del Movimiento Popular La Dignidad y uno de los promotores de la iniciativa. 

    La Empresa Nacional de Alimentos es una propuesta soberana que podría generar sus marcas propias, gestionar sus puntos de acopio y trabajar en alianza con cooperativas y pymes que ya tienen una estructura regional y una actividad productiva. 

    Asimismo, junto al ministro participó Javier Cernadas, Jefe de Gabinete de la Subsecretaría de Desarrollo Agrario y director de Mercados Bonaerenses, una política que busca generar un cambio en la estructura de comercialización a través de mercados fijos y ferias en distintos puntos de la provincia.

    “La alimentación de nuestro pueblo no puede quedar librada a su suerte”, expresó el MInistro en la inauguración del Mercado Fijo en La Plata.

    Javier Rodríguez también apuntó al nivel de exigencia en la sanidad que tiene nuestro país y la necesidad de allanar el camino. “Los niveles que existen de sanidad tienen que ver con las políticas de exportación, son realmente imposibles de cumplir para un pequeño o mediano productor y no son necesarias para los productos de consumo interno.” 

    Sin duda, de esta película pueden salir muchas líneas de acción y nuevas políticas de gobierno. El film es una herramienta que sirve como puntapié para desarrollar nuevas ideas, programas y proyectos tanto estatales como comunitarios y de organización social. 

    Por ahora, el documental se encuentra circulando por ferias, universidades, espacios comunitarios y sindicatos, con el objetivo de organizar proyecciones abiertas a la comunidad. Si querés verlo o transmitirlo en tu evento, podés escribirle a Rafael Klejzer por sus redes sociales.