Organismos estatales y civiles coinciden en que el trabajo es un factor central a la hora de disminuir los índices de reincidencia. Sin embargo, los principales problemas tienen que ver con el rechazo que sufren las personas privadas de su libertad por parte del mercado laboral, debido a que ya no son consideradas como trabajadores confiables o merecedores de un salario.
Desde la cooperativa de carpintería y herrería Oktupak, una de las primeras de la provincia de Buenos Aires en funcionar dentro de una cárcel, precisaron haber tenido dificultades a la hora de trabajar, como las bajas remuneraciones que pretenden pagar los clientes por los trabajos solicitados al ser provenientes de personas ex detenidas. O la escasa oferta educativa en las cárceles con actividades que muchas veces no tienen salida laboral.
“Lo que nos pagan es menos que lo que nos cuesta. Nosotros ya practicamos, ya sabemos, ahora queremos cobrar, ganar plata para vivir de esto”, declaró al respecto el director de Oktupak, Juan Manuel Aiello.
Trabajo para presos y liberados
Las diferentes organizaciones dedicadas a la capacitación laboral de presos y liberados afirman que a partir de esta exclusión del mercado laboral, son ellos mismos quienes se encargan de constituir sus propias fuentes de trabajo.
Desde Atrapamuros, una organización que lleva 14 años haciendo talleres de educación popular en cárceles, trabajan alrededor de las propuestas educativas en cárceles, “la cual muchas veces no tiene en cuenta las propias experiencias y los saberes de las personas detenidas”, indicó Malena García integrante de la organización.
García explicó que también trabajan “promoviendo que las mismas personas ex detenidas puedan tener un ingreso económico al brindar talleres de formación a aquellos que todavía están detenidos, generando un circuito donde, en vez de volver como reincidentes, los liberados puedan regresar como docentes para poder promover esa oferta educativa”.
Frente a la problemática de una oferta educativa ineficiente dentro de las unidades penales, donde muchas veces las capacitaciones y cursos que se dictan no tienen salida laboral, también hay estrategias pensadas desde diferentes organizaciones sociales integradas por personas que salieron en liberalidad, como por ejemplo la Rama de Liberados del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), que trabaja en conjunto con Atrapamuros.
Desde la organización fueron constituyendo polos productivos que apuntan a emplear a personas que hayan estado presas. Uno de ellos está ubicado en Villa Elisa, Ciudad de La Plata. Es uno de los pocos lugares de la ciudad que habla de dar trabajo a personas con antecedentes, teniendo como prioridad de ingreso “aquella persona que tiene antecedentes o que está vinculada familiarmente con alguien en esa situación”, declararon desde Atrapamuros.
De todas las personas que pasaron por cárcel “muy pocas pueden conseguir trabajos registrados o condiciones laborales dignas, entonces se hace cargo el sector de la economía popular, que está integrado por gente que se fue inventando un trabajo a partir de la exclusión previa”, dice García.
¿Qué hace el Estado al respecto?
Muchas veces lo que no ocupa la política estatal, es habitado por otras entidades por fuera del ámbito público, que buscan brindar experiencias laborales a personas que aún se encuentran privadas de su libertad, generándoles un ingreso y un espacio de trabajo que los ayuda a distenderse de las condiciones del encierro.
Ese fue el caso de la cooperativa Oktupak que funciona en la Unidad Penal de Batán (Mar del Plata) desde el 2009 se volvió un espacio de contención mediante el deporte, cuando una ONG llamada Cambio de Paso decidió introducir el rugby. “Esto hizo mecha y los internos dejaron de ser ambulatorios para poder constituir un pabellón exclusivo para aquellos que habían adherido al programa de la ONG que no era solo una cuestión deportiva, sino que traía obligaciones de estudio”, explicó el director de la Cooperativa, Juan Manuel Aiello.
“A raíz de eso se constituyeron dos pabellones que le dan origen el nombre de la cooperativa: un pabellón de adultos mayores de 25 años, que se denominó OKtubre por el disco de los Redondos, y otro compuesto por adultos menores de 18 a 25 años, que lo denominaron Paka Paka por el canal infantil”, contó el director de la cooperativa.
Lo que comenzó siendo un espacio deportivo, luego se transformó en una oportunidad laboral para las personas que vivían en la cárcel. “Desde Cambio de Paso comenzaron a buscar una manera más concreta y más robusta de que las personas privadas de su libertad recuperen su propia vida, no vuelvan a delinquir y sean un mejor ejemplo para ellos y para su familia”. Así decidieron abrir una cooperativa dentro de la cárcel que adoptó el nombre de Oktupak; la combinación de los nombres de los dos pabellones de Batán.
A pesar de que las legislaciones e iniciativas estatales actuales no logran contener en su totalidad la reincidencia y la falta de oferta laboral para personas con antecedentes penales, es importante destacar que en los últimos años se han tomado medidas que han logrado revertir en cierta medida esta realidad.
En la provincia de Buenos Aires, la gestión estatal a través de la implementación del Plan Qunita, que fomenta el trabajo en las cárceles, logró disminuir el índice de reincidencia penitenciaria hasta en un 20% en comparación con la cifra del 2018.
Cabe recordar que el Qunita es una iniciativa que ya había sido implementado durante el gobierno nacional de Cristina Fernández de Kirchner, por medio del cual personas privadas de su libertad elaboran los diferentes materiales de un kit que posteriormente el ministerio de Salud bonaerense reparte a mamás beneficiarias de la asignación universal por embarazo.
Sobre esto, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, destacó en múltiples ocasiones la creación de “fábricas” en las cárceles bonaerenses en el marco del Plan Qunita, las cuales fomentan la capacitación laboral de los internos.
A raíz de esta iniciativa, la gestión provincial también comenzó a implementar otros proyectos en las unidades penales. Tal es el caso de ECOS, una iniciativa por medio de la cual se construyen instrumentos musicales a partir de maderas sobrantes del Qunita y otros programas provinciales, que finalmente son donados a colegios públicos e instituciones educativas.
El director provincial de Coordinación, Producción y Trabajo del ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Marcelo Iafolla, resaltó: “Uno de los graves problemas que teníamos es la reincidencia y si bien esa reincidencia se trata de atacar desde varios lugares, creemos que uno de los pilares fundamentales para que las personas no vuelvan al delito es la formación laboral, la educación y el trabajo”.
