Autor: Bianca Coleffi

  • Los productores de Bahía Blanca y el alimento bajo el agua

    Los productores de Bahía Blanca y el alimento bajo el agua

    Artículo publicado originalmente en Tierra Viva

    Casi 400 milímetros de lluvia cayeron en Bahía Blanca desde la madrugada del 7 de marzo. Lo que llueve en un año en el partido del sudeste bonaerense, se precipitó en un día. En la zona rural como el paraje Sauce Chico —campo adentro desde la ruta Nacional 3, a unos 15 kilómetros de la ciudad— el panorama fue mucho peor. La marea alta en el estuario y el desborde de los arroyos Saladillo y el homónimo Sauce Chico hicieron que los productores hortícolas vivieran una película de terror que impactará en los próximos meses en su producción, su sustento de vida y en el abastecimiento local y los precios de los verduras para todos los bahienses. 

    Sauce Chico es una zona de quintas ubicada en la localidad de General Cerri, la más afectada por las inundaciones. En esta zona periurbana la evacuación se hizo 24 horas después de la inundación. Mientras tanto, las familias durmieron en los techos, otros esperaron la ayuda con medio cuerpo bajo el agua, algunos niños pasaron medio día arriba de los árboles y los adultos mayores sacaron fuerzas para sobrevivir. Otros, en zonas menos críticas, hicieron todo lo posible para no perder sus herramientas de trabajo. Dos días sobrevivieron en esas condiciones, hasta que el agua empezó a bajar y confirmaron que habían perdido todo. 

    Estos campos son los que producen las verduras que se comercializan en el Mercado de Abasto de Bahía Blanca y llegan a las mesas del partido y la región. Tras la inundación, las verduras deberán provenir de otros puntos del país y hasta dentro de tres meses no habrá nada que cosechar. Cultivos bajo el agua, invernaderos destruidos y caminos intransitables. La falta de políticas públicas para el sector que produce alimentos para el mercado interno volvieron a salir a flote en un contexto donde la crisis climática se agudiza. La organización social y vecinal, una vez más, dieron respuesta ante la desidia del gobierno nacional que retiró el Estado de las políticas para la agricultura familiar. 

    Los campos dos metros bajo el agua

    Agustín es productor en Sauce Chico y viajaba en camioneta con un amigo por el camino de la Escuela Rural 44 hacia el Mercado de Abasto. Eran las siete de la mañana del 7 de marzo y los chaparrones caían como rayos. El padre de Agustín que se había quedado trabajando en el campo, kilómetros adentro, le avisó que el arroyo Saladillo se había desbordado. “No llegué ni a cortar el llamado y llegó un oleaje que empujó fuerte la camioneta”, cuenta Agustín.

    Los arroyos Sauce Chico y Saladillo nacen en las Sierras de Ventana, atraviesan la zona de campos y confluyen para desembocar en el estuario de Bahía Blanca, pero ese día desbordaron alrededor de las ocho de la mañana. En cuestión de minutos el agua subió hasta los dos metros. Agustín y su amigo estacionaron la camioneta en una loma, los rodeó el agua y se formó una isla. Sintonizaron la única radio con señal. “Pusimos LU2 y escuchamos que las líneas de telefónicas estaban todas saturadas porque era mucha la gente que estaba tratando de comunicarse”, recuerda el productor de 28 años.

    Por el camino de tierra, transformado en río, vieron pasar de todo: vacas, chanchos, gatos, perros y muchos desechos. “Personas por suerte no”, agradece. Ambos arroyos arrastraron todas los desechos que tenían estancados desde el último temporal que había sufrido Bahía Blanca el 16 de diciembre pasado. Los cauces no se habían limpiado. “Se tendría que mantener todos los años la limpieza de los arroyos, pero nunca vino nadie a hacerlo”, denuncia Fermín Castro, delegado de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra (UTT).

    Foto: Horacio Culaciatti

    Cuando el agua avanzó sobre los campos no hubo tiempo de pensar más que en sobrevivir. Horas después, cuando llegaron los primeros auxilios de los bomberos, hubo gente que no quiso abandonar sus casas. Agustín repasa la historia de un anciano productor y dice: “No sé de dónde sacó fuerzas, pero logró sobrevivir”. Lo encontraron sobre el techo de su vivienda. Agustín y su hermano le siguen llevando comida todos los días “porque el paisano perdió todo y no quiso evacuar ni dejar su casa. Dice que no quiere venir a molestar tampoco y no tiene familia”, cuenta. 

    En la zona de quintas también vive y produce alimentos Dardo, de 22 años, junto a su hermana más chica y su abuela. Dardo cuenta que aquel día no llegaron a subirse al techo. Entonces se agarraron de las vigas de la casa y se quedaron con el agua hasta el pecho. Permanecieron abrazados a la columna durante cinco horas, hasta que un vecino del campo de al lado llegó a socorrerlos con su lancha. “Menos mal que llegó, mi abuela no hubiera aguantado”, dice el joven. De resistir la correntada, la abuela quedó con las piernas marcadas por moretones y fue trasladada al Hospital Municipal para ser atendida por las lastimaduras.

    Como recuerda esos momentos trágicos, Dardo también cuenta la historia de una chancha que logró parir debajo de la lluvia a menos de 30 centímetros de la corriente. Ninguna sabe cómo llegó hasta ahí. “Nadó varios metros hasta una montaña de tierra y ramas y los tuvo ahí”, dice el joven productor, mientras un lechón de su quinta desciende de otro montículo con el barro hasta el hocico. El agua ya bajó, pero todo es barro. 

    “Hasta el invierno no vamos a tener nada para cosechar” 

    La zona de quintas del paraje rural de Cerri creció en volumen en quintas en los últimos años junto a las familias que llegan desde Bolivia para dedicarse a la producción hortícola. La UTT y Horticultores de Sauce Chico son las dos organizaciones que reúnen a varios de ellos, en su mayoría, arrendatarios de las tierras que trabajan. Muchos trabajan para los camiones que compran la mercadería en la tranquera y llevan al mercado de abasto, con la promesa de un pago del 40 por ciento sobre el precio final de venta.  

    Esa lógica está lejos del “precio justo” para los productores y las organizaciones campesinas lo denuncian desde hace años, por eso dio como resultado la creación de canales de comercialización propios y cientos de redes de comercio justo en todo el país. Por eso, también con los productores de Sauce Chico, la UTT comenzó a organizar circuitos de venta directa en las ferias locales de Cerri, Ingeniero White y Bahía Blanca.

    De vuelta a campo adentro, lejos de los centros urbanos donde la verdura llega a los platos de los bahienses, solo se ve la Escuela Rural 44, las quintas y, en el camino, también se levanta la sede local de la UTT. Rodeados de barro e historias de lo ocurrido, un grupo de productores se reúne en torno a una olla popular, mientras acopian ropa, zapatillas, colchones y alimentos que llegan de la inmensa reacción solidaria que generó la catástrofe en Bahía Blanca. Lo reunido les permitirá asistir a unas 45 familias de productores.

    Las mujeres pelan papas para el guiso y, aunque quedaron sin nada, ríen y charlan. “Hace un año cuando fue el tornado hicimos lo mismo”, recuerda el delegado de la UTT en referencia, otra vez, al temporal que en el sudeste bonaerense ya habían padecido en 2024. “El panorama ahora es cien veces peor. Paisanos y criollos perdieron todo. Los patrones se van a Bahía Blanca o a dónde puedan irse, pero nosotros nos quedamos acá”, dice Fermín.

    En las zonas más altas de Sauce Chico el agua no destrozó los ranchos de las quintas, pero ahogó todos los cultivos y los productores hicieron lo que pudieron para salvar sus herramientas de trabajo. “Agarré mi camioneta con un gancho y la até a un árbol para que no se me fuera”, cuenta un quintero en la ronda. “¡Yo metí mis 16 gallinas dentro del cuarto!”, agrega entre risas sanadoras otra de las productoras mientras sigue con el guiso. 

    En las zonas más críticas del paraje, donde el agua estaba dos metros arriba, la mayoría de los vecinos pasaron la noche arriba de los techos esperando que los bomberos lleguen a socorrerlos para ser evacuados. Una de las imágenes más críticas que relataron junto al guiso fue la de un matrimonio y un bebé que durmieron en el techo. La presión de la correntada era tanta que no pudieron abrir la puerta, mientras que continuaba entrando agua por las ventanas, entonces, agujerearon el techo con una garrafa para poder salir de la casa y quedarse arriba.

    Foto: Fermín Castro UTT

    La familia de Beatriz, con otras dos más, también habían subido al techo de la casa para no ser arrastrados por la corriente. “Eran las siete de la mañana. Me estaba por tomar el primer mate y entró un lago a la casa. No pudimos salvar nada”, recuerda Beatriz. Terminaron siendo 17 vecinos arriba de la chapa esperando que el nivel del agua bajara. Pasaron el día sin comer hasta que decidieron usar una cuerda como vía de escape. Las mujeres por su cuenta y los hombres con los niños en los hombros, se aferraron hasta llegar a la casa de unos vecinos en una zona un poco más alta del campo. Les convidaron té, lo único que el agua había dejado. 

    El agua del viernes tardó hasta el domingo en desagotarse naturalmente, en correr terreno abajo hacia el estuario de Bahía Blanca. La imagen después de la catástrofe fue crítica para los que viven de la tierra: un productor buscando sus 80 vacas que nadaron en la marea del día anterior, los cultivos destrozados, los invernaderos destruidos; camionetas, tractores y mangueras dañadas y cubiertas de barro. 

    La correntada no dejó ni berenjena ni cebolla ni zanahoria ni acelga ni zapallitos. “Hasta el invierno no vamos a tener nada para trabajar”, advierte Alcira. Ni siquiera los maíces que terminaron erguidos después de tanto diluvio. “Pensé que habían zafado, pero cuando los abrí estaban todos podridos”, graficó la productora.

    La reactivación del suelo y la siembra para una nueva cosecha tardará tres meses, calculan los productores. Mientras tanto, Bahía Blanca se deberá abastecer con las frutas y verduras que lleguen desde los mercados de abasto de La Plata, Necochea o Mar del Plata. “Los precios de la verdura van a aumentar a más de la mitad”, advierte Castro.

    Solidaridad y proyectos colectivos ante la falta de políticas públicas 

    Al día siguiente de la inundación, la familia de Beatriz se fue caminando hasta la ciudad de Bahía. Hicieron 15 kilómetros hasta llegar a la ex Lanera Argentina, un galpón repleto de mercadería proveniente de las donaciones, que era seleccionada y entregada por los voluntarios de la Cooperativa Municipal de Cerri. La camioneta Ford, que Beatriz y su familia usan para los trabajos en la quinta y sus trasladados desde el campo a la ciudad, quedó en su casa con el capot abierto, no arranca.

    Las inundaciones dejaron al descubierto el abandono de las políticas para el sector de la agricultura familiar, que el gobierno de Javier Milei desarticuló por completo desde marzo del año pasado. Sin infraestructura de caminos ni políticas públicas que acompañen al sector que produce alimentos, las condiciones precarias de las viviendas y la falta de acceso a créditos para sumar maquinarias de trabajo profundizan aún más la situación de las familias productoras arrendatarias de la tierra.

    La Mesa Agroalimentaria Argentina lanzó tras la inundación la campaña el “Campo que alimenta” con donaciones de alimentos producidos por familias campesinas y cooperativas de todo el país, como también bioinsumos, semillas y fertilizantes para el momento de volver a trabajar la tierra. Además de poner “la solidaridad como bandera”, la Mesa Agroalimentaria exhortó a la Secretaría de Agricultura de Nación y el Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense a implementar un plan de acción para “una rápida recuperación de la dinámica productiva y la vida rural”.  

    Foto: Horacio Culaciatti

    Con los pies en el barro y tras días de no dormir para coordinar la llegada de un camión cargado de donaciones, Fermín no deja de soñar con un proyecto a futuro para Sauce Chico. Un barrio, una plaza y una salita médica para las familias productoras. “Es mi deseo para la gente de acá”, dice el delegado de la UTT y dice que espera para ello “la apertura de catastros y que la municipalidad brinde los servicios”. 

    En la sede de la UTT continúan recibiendo donaciones de todos lados del país y, a través de una red de solidaridad y organización, la mercadería ingresa a lo que pareciera ser el último rincón afectado después de semejante catástrofe. Hay mercadería de la municipalidad de Bahía Blanca, de Cerri, de la propia organización, de la que fue enviada a la escuela rural y de vecinos que se acercan con sus camionetas —el único vehículo que puede entrar porque los caminos son intransitables— llenas. 

    El agua se fue pero dejó el miedo de que vuelva a repetirse el escenario apocalíptico si el Estado no realiza obras urgentes. ¿Será habitual convivir con ese miedo frente al cambio climático que ya no puede negarse? En 2024, las inundaciones de Río Grande do Sul (Brasil) o el fenómeno de la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) en Valencia (España), mostró que no se trata de episodios excepcionales. El agua también dejó, otra vez, la respuesta de la solidaridad: familias, escuelas y clubes que cocinan viandas. Los scouts de Cerri cargando más donaciones en las camionetas que viajarán campo adentro y los guisos comunitarios en la sede de la UTT, de mediodía y de noche, que se hicieron costumbre desde el 7 de marzo. 

  • Ahora que todos hablan de criptos… ¿Existen las criptomonedas solidarias?

    Ahora que todos hablan de criptos… ¿Existen las criptomonedas solidarias?

    Una estafa millonaria que lideró los titulares de portales mundiales durante semanas, lograron que muchos se interioricen en las criptomonedas, y de qué se trata el sistema de digitalización y transferencia de dinero llamado blockchain. ¿Existe un espíritu de criptomonedas solidario?

    No hay información oficial sobre los orígenes de las criptomonedas. Algunos dicen que fue un investigador yanki, un japonés, o hasta incluso la CIA. Lo cierto es que se trata de una moneda creada por y para las comunidades sin necesidad de intervención de sistemas privados ni entes gubernamentales. “Es una tecnología del futuro pero la adaptamos para hacer algo del pasado”, dice Pablo Conte, uno de los creadores de Moneda PAR y actual usuario de la moneda JUNA. Ambas monedas solidarias.

    En 2016 se creó la experiencia de Moneda Par, y más tarde se imitó en el país el modelo de Juna (Moneda Social G1) creada en Toulouse Francia. Con ambas monedas se hacen compra-venta de productos y servicios y hasta ha habido casos de transacciones de auto y motos.


    Un grupo de 35 personas se reunió el mes pasado en Palermo para intercambiar distintos productos. La anterior vez había sido en Bernal, y la otra en Quilmes.

    Pablo Cabo lleva para vender botellas de hidromiel elaboradas por él. Al terminar la jornada ya no tiene ninguno de los tres cajones que había llevado. Ahora, en su bolsa tiene conservas, mermeladas, verduras y libros. La transacción fue en Moneda Junas a través de la billetera virtual CESIUM.

    En las ferias se suele encontrar muchos alimentos agroecológicos, caseros y artesanales, y además se pactan intercambios o ventas de servicios como viajes de turismo, peluquería, odontología, asesoramiento en arquitectura, etc. que luego son contratados de manera particular fuera del espacio de feria. Pablo es además arquitecto y ofrece sus servicios a cambio de JUNAS.

    Los intercambios se dan entre usuarios de JUNAS. “No podes venir un día y vender productos a cambio de JUNA así de la nada. Te tenes que ganar la confianza del otro para que te reciba una JUNA”, dice Pablo. “Se trata de apostar al no uso del dinero. La confianza está primero en este sistema”.

    Los intercambios son distintos en cada comunidad. En Europa ha habido un caso de la compra de un auto en JUNAS, y en Córdoba la venta de una moto por MONEDA PAR. “La gente cada vez más apuesta al dinero especulativo, al que trabajas poco y ganas mucho, pero estos circuitos son todo lo contrario. Acá tenes que trabajar en la mermelada que vas a vender o el servicio que vas a ofrecer”, afirma Pablo.

    LA JUNA nunca vale lo mismo en ningún lado. No es comparable a un euro, un dólar o un peso. “Depende las cantidad de JUNAS que esten circulando en esa localidad en ese momento”, dice Conte.

    “Por eso es difícil poner el precio, siempre tenes que estar comparando y repensándolo. Eso es una complejidad y a veces una complicación.”, dice. “tambien te hace pensar todo el tiempo que las cosas no tienen porque estar dadas. No es que alguien puso el precio y se terminó ahí”

    Hay intercambios que generan muchos beneficios ante la situación actual de crisis, como por ejemplo un turno en la peluquería. “Te cortas el pelo y pagas con JUNAS. Si tuvieras que ir a la peluquería por ahí te saldría mas caro o no podrías”; dice Pablo. “O hasta incluso, queres agrandar tu casa y necesitas que alguien te haga un croquis. Me lo podés pagar en JUNAS. Se trata de un complemento al sistema de moneda actual.”, afirma el arquitecto.

    El desafío que tienen estas monedas es crecer en escala, algo que todavía no sucedió nunca en el país, sin contar las experiencias de intercambios y truques que dejó el 2001 e involucró alrededor de 6 millones de personaspero que ninguna fue a través de un sistema de blockchain. “Son pruebas piloto por ahora.”, afirmó Conte.

    El desafío también es masificar los puntos de comercialización. “Que este tipo de mercados estén en los barrios de cada uno, y no tengas que esperar a una vez al mes para ir a la feria en una localidad que quizás te queda lejos”, dice Pablo. También se está reforzando el sistema virtual para que cada vez sea más eficiente realizar intercambios a través de una página web.

    Los orígenes de las monedas con sistema blockchain

    La Juna nace en Toulouse, Francia, y se extendió en otros lugares de Europa. Para el 2016 llegó a la Argentina. Ese mismo año, desde el movimiento de empresas recuperadas se gestó la creación de MONEDA PAR, otro sistema de intercambio que fomenta el asociativismo y cooperativismo. Ambos sistemas reúnen a grupos de personas una o dos veces al mes para intercambiar bienes y servicios a cambio de JUNA o Moneda PAR.

    A lo largo de estos años han surgido muchas experiencias de monedas solidarias con blockchain; la moneda SOL en Capilla del Monte Córdoba- creada por la Cooperativa y Banco de Horas de Trabajo Olga Cossettini- ; otro nodo de moneda PAR en Sierra de lo Padres, Mar del Plata; e incluso otras que han trascendido aún más como el Banco comunitario Palmas en Fortaleza, al norte de Brasil

    En todos los casos hablan de experiencias que intentan fomentar el cooperativismo y el asociativismo. No es solo intercambio de bienes y servicios, “también hay actos de solidaridad”, dice Conte.

    “En una feria que fui había una señora mayor que no pudo traer nada porque se le había complicado. La señora tenía arriba de los 80 años. Sin embargo le dimos entre todos JUNAS para que pueda hacer su compra”, recuerda Pablo.

    Moneda PAR nació en el 2016-pleno macrismo- como forma de intercambio dentro de la MUTUAL de movimiento de empresas recuperadas. Hoy en día hay entre 300 y 400 usuarios repartidas en distintas localidades de Córdoba, San Juan, Neuquén, y provincia de Bs As-además de Capital Federal, y es la primer mutual argentina en usar sistema de blockchain.

    Ese es el punto distintivo con cualquier otro intercambio solidario en moneda papel, crédito, o incluso trueque. La tecnología por la cual se emite esa moneda es el sistema de blockchain (cadena de bloques) que es el mismo que sostiene a las Bitcoin- un tipo de criptomoneda-Cada moneda tiene su propio tipo de blockchain- a veces pueden ser compartidos-.

    El sistema para la JUNA se llama DUNTER que fue desarrollado por programadores argentinos. En el caso de la Moneda Par el sistema se llama BITSHARE y la cadena de bloque de PAR que no fue de desarrollo propio sino alquilada a un programador estadounidense. “Esa es otra discusión. Si vamos a ser nosotros quienes desarrollemos nuestras propias cadenas de bloque o vamos a alquilarlas”, cuenta Conte.

    En el caso de Francia el desarrollo del blockchain para la JUNA fue con alta participación pública y estatal.

    Para entender un blockchain imaginemos muchas personas que verifican si una serie de códigos con información es válida. De hacerse esa transacción, eso queda criptografeado como un sellito en internet y es de acceso público.

    Casi todas las blockchain son públicas. “Por eso Milei tiene un problema con la Estafa LIBRA, porque esta todo verificado lo que se hizo. Es un sistema muy seguro”, afirma Pablo Conte. “Todos podemos ver lo que sucede en todas las billeteras de todo el sistemas”

    “Toda persona tiene derecho a emitir moneda”

    La Moneda Social G1 está inscripta en la Teoría relativa de la moneda– escrita por Stéohane Laborde, con quien el entrevistado se suele juntar a discutirla mediante zoom. A grandes rasgos lo que la define es “el derecho de cualquiera a generar moneda y sin necesidad de ir al banco, o pedir un préstamo de un privado, o percibir un salario”.

    ¿Cómo se emite la JUNA? Cuando estas certificado por el protocolo de JUNA podes empezar a generar moneda desde tu billetera. “Hay pocas personas certificadas para emitir JUNA, y tiene que ver con los grados de confianza dentro de las comunidades. En Argentina son aproximadamente 5 las personas que pueden hacerlo”, afirma Conte.

    “Quienes pueden emitir moneda, muchas veces permiten que se realicen distintas ferias a través de -donaciones- de monedas”, dice Pablo.

    La emisión es en base a la teoría relativa de la moneda que es aproximadamente 10,5 JUNAS por día- está equilibrado por fórmulas matemáticas- que se emiten por día, solo a las personas certificadas. Cada tanto un comité se junta entre las personas programadoras de la moneda y ajustan los porcentajes del dividendo universal en base a fórmulas matemáticas y un monitoreo de la masa monetaria circulante- forma francesa-

    “En el caso de PAR no es por medio de fórmulas, sino es una asamblea que evalúa de acuerdo a los diagnósticos de usuarios”, cuenta Pablo, quien admite que si bien el modelo viene de Francia, la libertad de experimentar con metodologías propias es algo que caracteriza a esta moneda.

    Lejos de buscar la absolutización de un sistema, “se trata de generar un equilibrio entre el sistema monetario que estamos acostumbrados, y otra parte es empezar a hacer el ejercicio de vivir sin necesidad de dinero tal cual lo conocemos”, afirma el Conte. “Es complejo porque cada vez más la gente apuesta por el dinero”.

    Estas experiencias intentan recuperar prácticas pasadas; las aldeas en la época medieval o las comunas originarias en donde la mercancía era lo que sujetaba un intercambio basado en la necesidad. Años después, la organización vecinal busca estrategias para volver a aquellas prácticas a través de nuevos sistemas digitales.

  • A un año del intento de extranjerizar el mar argentino: La batalla perdida de Milei y Sturzenegger

    A un año del intento de extranjerizar el mar argentino: La batalla perdida de Milei y Sturzenegger

    Hace un año a esta altura, el gobierno nacional anunciaba la Ley Bases; un paquete de leyes desregulatorias que redireccionaría el rumbo del país. Entre ellas, el Régimen Federal Pesquero, capítulo que luego quedaría fuera del paquete legislativo por fuertes presiones del sector.

    El anuncio de Milei fue un diciembre del 2023 y la posterior aprobación en el Congreso fue un 24 de junio de 2024. Sin embargo, el 31 de enero del año pasado fue un momento bisagra para la pesca argentina en donde muchos volvieron a respirar cuando se conoció que los artículos 211 al 220 sobre la modificación del Régimen Federal Pesquero (Ley 24.922) habían quedado eliminados de la normativa.

    A un año de la incertidumbre que terminó el último día antes de que se repartan las cuotas de captura de pesca, el sector de la pesca describe la maniobra de Sturzenegger como “un susto”. ¿Cuál fue el objetivo del gobierno? El dicho de “pegarle al chacho para que aparezca el dueño”, calza bien, porque “los dueños del mar ” aparecieron.

    El empresariado pesquero sale en los medios

    La Ley tenía tres ejes claves que modificarían al 100% la forma de pescar en argentina: la apertura a licitaciones internacionales, la posibilidad de operar con tripulación extranjera y el permiso de descargar en cualquier puerto del mundo. Según Jorge Frías, presidente de la Asociación Argentina de Capitanes, Pilotos y Patrones de Pesca (AACPyPP), eso “terminaría con la pesca argentina tal y como la conocemos desde los años 70”.

    En el lapso de tiempo para negociar que los empresarios de la pesca argentina tenían, comenzaron los llamados, las reuniones, y las negociaciones con funcionarios. Mientras tanto, mantenían una postura confrontativa públicamente, como Domingo Contessi, presidente del astillero Contessi y director del Grupo Veraz, una de las familias más poderosas en el mundo de la pesca, y que nunca le esquivaron a las alianzas políticas.

    Durante el gobierno de Macri, el líder del PRO le ofreció a Contessi el Astillero Río Santiago mientras los despidos eran moneda corriente y el riesgo de una privatización estaba a la vista. Contessi admitió públicamente haber apoyado a Javier Milei, y también aseguró ser uno de los arrepentidos en votarlo.

    “Lo que nunca imaginamos es que las ideas de la libertad vendrían con la amenaza de una virtual expropiación del sector pesquero, la vulneración de la seguridad jurídica y la consecuente destrucción del caladero. Esto mismo es lo que plantea indirectamente, tal vez por desconocimiento, la modificación propuesta a la Ley Federal de Pesca que se incluyó en la Ley Ómnibus”, dijo Domingo Contessi en un acto homenaje de botadura.

    La incertidumbre no duró hasta la eliminación del capítulo de la pesca en la Ley Bases. Faltaba lo más importante; asegurarse las cuotas de captura de pesca que vencían el 31 de diciembre del año pasado, y se renovarían por 15 años más, según la ley.

    Durante un año la industria pesquera vivió con total incertidumbre. La garantía de un escenario que seguía igual iba a estar cuando se repartieran las cuotas de merluza, algo con lo que el gobierno jugó y aplazó hasta el último día, con la complicidad del Consejo Federal Pesquero.

    El empresario marplatense Antonio Solimeno había declarado en un medio local que: “Muchos hemos hecho proyectos en base a resoluciones ya emitidas desde el Consejo Federal Pesquero en el año 2018, entendíamos que las condiciones iban a ser iguales y con los mismos parámetros”

    EL gobierno jugó con fuego. El 31 de diciembre del año pasado, último día hábil, las cuotas se repartieron con la garantía de que toda quedará inamovible durante 15 años más. Todo volvió a la normalidad; las construcciones de flotas nacionales volvieron a reanudarse, y las importaciones de insumos se retomaron. La pesca nunca paró.

    Después de un año de tensiones, llamados y negociaciones entre el sector empresario de la pesca nacional y el gobierno, los empresarios terminaron aplaudiendo el resultado de la cuotificación, que quedó tal como estaba. 

    Mar argentino sorteado al mejor postor

    “Las modificaciones al Régimen Federal Pesquero iban a terminar con la pesca tal y como la conocemos”, dice para ARG Jorge Frías. Venía a proponer una nueva forma de pescar, que ni siquiera tenía antecedentes que lo sustentaran a nivel mundial.

    Inclusive Estados Unidos tiene políticas proteccionistas de su mar; cuenta con una ley centenaria vigente desde el año 1920 que se llama “Jones Act”, la cual prohíbe que cualquier buque de cabotaje (transporte, pesca, remolque, etc) opere entre puertos de Estados Unidos si no fue construido en ese país.

    Sturzenegger tildó de “deficitaria” a la industria de la pesca y aseguró que “las pocas empresas pescan gratis los peces de todos”. Al gobierno no le alcanzaba los 630 millones de dólares anuales que la industria pesquera le aporta al fisco (1800 millones de dólares anuales exportados menos el 35% de impuestos pagados).

    ¿Cuál era la jugada del gobierno con la industria pesquera? ¿Realmente se trataba de ecuaciones numéricas deficitarias? 

    Pareciera que la ola venía aún más fuerte: la desregulación de Sturzenegger pretendía abrir las aguas hacia las empresas del mundo y como consecuencia fundir la argentina, que no podría competir con semejantes potencias en ultramar.

    Las licitaciones abiertas al mejor postor permitirían que la asignación de Cuotas Transferibles Individuales de Captura (CITC), o sea, lo que cada empresa puede pescar, no contemple las actuales condiciones del Régimen Federal de Pesca; como la obligatoriedad de que la flota sea nacional, la historia de pesca y lo que aporta a la economía argentina.

    El permiso de operar con tripulación extranjera y la eximición de pasar por puertos argentinos resonó como un disparate entre los consorcios portuarios, la industria naval, y los gremios de la pesca. Se irían más de 100 mil puestos de trabajo que otorga hoy la industria pesquera en el país, entre plantas procesadoras, construcción de buques, logística portuaria y personal capacitado para operar en el mar.

    Además, el proyecto de ley eliminaba todos los incentivos al agregado de valor, ya que solo le interesaba “la mejor oferta económica” por las cuotas de pesca.

    El mar “de todos” para unos pocos

    A un año de asustar a la industria pesquera, hoy el negocio del mar sigue como si nada hubiera pasado; un empresariado pesquero con mucho poder que no es conocido por el gran grueso de los argentinos. Lo cierto es que el gobierno buscaba conocer de primera mano cómo funciona el sistema. Y lo logró, de la peor manera.

    A pesar de haber sido la corrupción, no un blanco para combatir, sino una perfecta excusa para instalar un plan de saqueo de recursos marinos, nadie se opone. Jorge Frías describe a a Ley Federal de Pesca como “un manual de instrucciones para hacer negocios”, y agrega: “Se suponía que el espíritu de la ley era no monopolizar, y cuando vas al historial de los empresarios tienen un grupo con tres empresas distintas y cada una con sus respectivas cuotas.”

    El Consejo Federal Pesquero; organismo interjurisdiccional que define la política pesquera del país, dejó de estar a la altura hace mucho tiempo. “La evasión que hay en empresas marplatenses es enorme, y hay un interés de los empresarios de que no se sepa lo que pasa en el mar para manejar las cosas como ellos quieren” .

    Bajo la ley Federal de Pesca sancionada en 1997 también existen maniobras ilegales y corruptas. “Fue un instrumento que sirvió para ordenar la jurisdicción del mar durante aquellos años. Sin embargo, pasan los años y nadie la corrigió”, aseguró el Capitán de ultramar.

    “El Exministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de Argentina Norberto Yauhar, nos acusó públicamente de depredar el mar argentino, pero son los funcionarios que aplican la ley federal pesquera y son los que deciden junto con los empresarios, donde, como, cuando y quienes pescan”, concluyó Frías.

  • Se rompe el pacto Macri-Milei por la Hidrovía

    Se rompe el pacto Macri-Milei por la Hidrovía

    El gobierno se prepara para el llamado a licitación de la Vía Navegable Troncal del Paraná y hace unos días presentó el pliego de condiciones que deberá tener la empresa que licite.

    Llamó la atención los guiños que tira el documento hacia la empresa belga Jan de Nul, quien por más de 25 años mantuvo la administración del consorcio privado de la Hidrovía.

    En septiembre de 2021, tras la caducidad del contrato, Alberto Fernández logró que la administración pase a manos del Estado, a través de la Administración General de Puertos (AGP). Actualmente, la AGP se encarga de mantener los servicios y cobrar el peaje hasta que la nueva concesión sea adjudicada. Además creó el Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable (ECOVINA) integrado por siete provincias litoraleñas, con el objetivo de regular la actividad.

    En diciembre la licitación vuelve a abrirse pero esta vez con una concesión internacional a 60 años, la intervención de EEUU como órgano consultor y la eliminación de cualquier intervención estatal. El pliego con las medidas fue escrito por el gobierno nacional pasando por alto al principal armador del equipo técnico que tiene hoy Javier Milei: Mauricio Macri.

     

    La Hidrovía, el mayor enojo de Macri

    Luego del anuncio del llamado de licitación comenzó la guerra. El 29 de noviembre el PRO tuiteó contra el gobierno nacional por no haber logrado el quórum para sancionar la ley de ficha limpia, que prohíbe a cualquier procesado por la Justicia acceder al Congreso y contar con fueros, algo que apunta el macrismo para evitar que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se presente en las elecciones de 2025

    Las Fuerzas del Cielo, la organización que lidera El Gordo Dan- o el “brazo armado” del Gobierno Nacional- posteó la publicación oficial del PRO con el comentario de: “Mauricio, por décima vez: no te vamos a dar la Hidrovía”

    La pelea pública entre Macri y Caputo quedó al descubierto. ¿Milei rompe un pacto? ¿Caputo le suelta la mano a su principal armador del equipo técnico que tiene hoy el novato gabinete libertario?

    Lo cierto es que el ex presidente tenía listo el pliego con las condiciones para la futura empresa concesionaria desde el 2019, pero ante el nuevo llamado Milei decidió hacer uno nuevo con otras condiciones y a medida de la empresa belga Jan de Nul.

    Los planes de Macri eran otros: que se haga cargo la neerlandesa Boskalis Dredging International, que tiene entre sus principales accionistas a la reina Máxima Zorreguieta, una de las mayores jugadoras europeas vinculada con Macri.

    La puerta a uno de los mayores negocios que Macri iba a concretar para solidificar su piso político se ve obstruido, y es su aprendiz el que hoy le da a su maestro la espalda. Sin embargo el enojo es con el principal asesor del presidente, Santiago Caputo, al que a partir de hoy le declara la guerra.

  • El gobierno propone la concesión más larga para el Río Paraná

    El gobierno propone la concesión más larga para el Río Paraná

    ¿Cómo llegamos hasta acá?

    La herida sigue abierta desde el 20 de noviembre de 1845 con la batalla Vuelta de Obligado, en donde tropas argentinas y anglo-francesas se enfrentaron por la libre navegación y comercio del río. 179 años más tarde, las cosas no cambiaron mucho. Ya pasaron 12 gobiernos desde que la concesión del Río Paraná está privatizada.

    Desde 1994 y hasta 2021, estuvo en manos de Hidrovía S.A., un consorcio entre la empresa belga Jan de Nul y la argentina Emepa de Gabriel Romero, con una facturación estimada de 300 millones de dólares por año.

    Desde el vencimiento del contrato, el gobierno de Alberto Fernández optó por administrar la Vía a través de la AGP, que siguió contratando a Jan de Nul para dragar y a Emepa para balizar. Osea, que el beneficio que recibía la AGP era el cobro del peaje.

    Ante el nuevo vencimiento de la concesión, el gobierno lanzó oficialmente el llamado a licitación para la concesión privada de la Vía Navegable Troncal, con el objetivo de recibir ofertas a partir de enero. El mismo tiene varios requisitos que llaman la atención por su carácter excluyente.

    El cierre de presentación de ofertas será el 29 de enero de 2025, a las 12, y una hora después se abrirá el primer sobre.

    Requisitos exquisitos para la licitación del Paraná

    Por empezar, la concesión tiene un plazo de 60 años como máximo- el artículo sexto prevé 30 años, prorrogable por hasta 30 años más- Lo que compromete la gestión del río hasta 2085, y equivale a 15 mandatos presidenciales.

    En segundo lugar, se trata de un llamado a licitaciones nacional e internacional, con posibilidad de que el control del Río Paraná quede en manos de una empresa extranjera, a diferencia de hoy que le pertenece a Administración General de Puertos (AGP), Sociedad del Estado.

    Llama la atención las intenciones de la injerencia internacional en la gestión del Río. Por ejemplo, el artículo 16 donde establece que “la oficina de Control de Activos Extranjeros o FAC-dependiente del Departamento del Tesoro de los EE.UU- será el órgano encargado de habilitar las contrataciones de aquellos “no aceptados como oferentes o como integrantes de una asociación”. Por el contrario, no serán las provincias- titulares del lecho y del subsuelo del río Paraná y del Río de la Plata”- a quienes se les consulte.

    La concesión se otorga bajo un modelo de obra pública a título oneroso y por peaje, a riesgo empresario y sin aval estatal. Esto significa que el concesionario asume toda la responsabilidad económica, operativa y de gestión del proyecto, sin respaldo financiero por parte del Estado.

    Además, obtiene el derecho exclusivo para la recaudación de peajes, teniendo plena autonomía para administrar, ajustar y cobrar tarifas dentro de los parámetros contractuales.

    Devuelta Jean de Nul

    Hasta la publicación del pliego, estaban en escena cinco firmas controlantes de más del 80% del mercado global de dragado: las belgas Jan de Nul —que opera bajo diferentes regímenes desde 1994 el canal– y DEME, las neerlandesas Boskalis y Van Oord, y la estatal china CCCC Shanghai Dredging, que ofrece mayores facilidades de financiamiento y hasta precios más baratos por el mismo servicio, pero quedó descartada por ser “objetada por países soberanos” por sus condiciones de seguridad.

    Desde el sector denuncian que el pliego fue elaborado a medida de la empresa Jean de Nul para que sea esta quien se quede con el negocio completo. Como por ejemplo el cuestionado requisito de “incluir operaciones en vías navegables con una longitud mínima de 250 km” como antecedente técnico de la empresa que licite. A este se le agrega la condición de que “compartan características similares a la Vía Navegable Troncal Argentina, como cauces fluviales estrechos, dragado con dragas de succión en marcha, y condiciones climáticas y geográficas comparables”.

    Jan de Nul es la única empresa que cuenta con esta operatoria, al haber operado durante más de 25 años la Vía Troncal Navegable.

    No es la primera vez que desde la nueva gestión de AGP le tiran un guiño a la Jean de Nul. A fines de septiembre, el subsecretario de Puertos y Vías Navegables Iñaki Arreseygor, ex funcionario de CABA durante el mandato de Mauricio Macri, y quien fue designado en el cargo por decreto de Milei, le concedió una suba de 40% del peaje de la Vía para Jan de Nul a US$4,30.

     

    ¿Qué va a pasar con el Canal Magdalena?

    La incertidumbre desde la provincia de Buenos Aires por la cesión de jurisdicción para comenzar con las licitaciones para el dragado del Canal Magdalena, sigue en pie. “Lo mínimo que pueden hacer es ceder la licitación a la provincia para hacer la concesión”, dijo para Frecuencia DLR Hernan Orduno, ex vicegobernador de Entre Ríos y especialista en Vías Navegables.

    Dada la jurisdicción de sus aguas- más de la milla 14- resulta una tarea del Estado Nacional que nunca fue gestionada. Desde la gestión de Axel Kicillof al frente de la provincia de Buenos Aires las intenciones están en que la provincia se haga cargo de la obra de dragado necesaria para que buques con profundo calado puedan navegar.

    A pesar de haberse llevado adelante reuniones entre el Ministro de Gobierno Carli Bianco y el Ministro de Interior Guillermo Francos, aún no hay definiciones. Axel Kicillof fue claro durante su acto en San Pedro el pasado miércoles: “El Canal de Magdalena se va a hacer”, y no descartó la posibilidad de conseguir los derechos para licitar por vías judiciales.

    El Canal de Magdalena es el único tramo fluvial que puede presentarse como una alternativa eficiente frente al Puerto de Montevideo, la actual ruta fluvial para la importación y exportación de mercadería a bordo.

    “4500 buques entran a la Argentina; 1500 vienen desde el sur de nuestro país, y sin embargo tienen que desviarse hasta el puerto de Montevideo para luego dirigirse a los puertos fluviales argentinos”, aseguró Orduna. “Se hará un ahorro de más de 70 millones de dólares si se hace el Canal Magdalena y se lo suplanta por el de Punta Indio” que es de menor calado.

    Actualmente, muchos de los buques que hacen carga de granos en el Río Paraná, tienen que dirigirse hacia el Sur a completar la carga ya que el Canal de Punta Indio no resiste un calado muy profundo. “Todo eso se evitaría con el Canal Magdalena”, asegura el ex gobernador.

    Además, “los servicios que utilizan los buques que tienen espera hasta de una semana para ingresar a los puertos fluviales, estiman un ahorro de 150 millones de dólares por año”, aseguró Orduna. El Canal Magdalena es una ganancia para el productor agropecuario y para nosotros los consumidores. No para los que tienen negocio con el puerto de Montevideo”, concluyó el ex mandatario.

  • La provincia de Buenos Aires representó el ambientalismo latinoamericano en la COP16

    La provincia de Buenos Aires representó el ambientalismo latinoamericano en la COP16

    La provincia de Buenos Aires tuvo una gran participación en la COP16 en Colombia: se creó el Frente Ambiental Latinoamericano, se trabajó en proyectos de financiamiento de “canje por deuda climática”, y su Ministra participó en eventos con primeras y segundas líneas del gobierno colombiano.

    La Ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar es la funcionaria pública que mayor participación ha tenido en la COP16 de Biodiversidad. La primera en representar a la provincia en una una COP de Biodiversidad, y quien por primera vez menciona que desde su cartera trabajan “el canje de deuda por acción climática”

    En el estallido en Colombia el 2021, Argentina envió una delegación oficial de la cámara de diputados a acompañar a los distintos representantes del Partido del Pacto Histórico. Entre ellos estaba Vilar, quien forjó estrechos vínculos con políticos colombianos por ejemplo la Senadora del Pacto Isabel Cristina Zuleta Lopez, con la que actualmente caminan un nuevo espacio regional: el frente ambiental latinoamericano, integrado también por los diputados colombianos María Fernanda Carrascal y Alejo Toro, y la diputada de Ecuador Jahiren Noriega Donoso.

    “Este frente es una una red de trabajo compartida para abordar cuestiones ambientales que se viene charlando desde esta COP, para ponerla en marcha de acá en adelante”, dijo para ARG la ministra de ambiente bonaerense

    Esta vez, la invitación a la COP16 llegó directamente desde el gobierno de Colombia a la provincia de Buenos Aires. A falta de una representación político-institucional del gobierno nacional en el evento sobre Biodiversidad más importante del mundo, la provincia de Buenos Aires tuvo por primera vez participación, en donde se compartieron distintas acciones que lleva adelante su gestión desde hace tres años cuando el gobernador Axel Kicillof decidió crear dicha cartera.

    “Vinimos a escuchar las diferentes experiencias que hay en los territorios en pos de defender el ambiente y el buen vivir de las comunidades”, dijo la Ministra Vilar, “pero también vinimos a contar las experiencias que tiene la provincia de Buenos Aires en cuanto a su gestión ambiental”, mencionó.

    La provincia de Buenos Aires es una de las más biodiversas del país; tiene cinco ecoregiones, el 30% de los humedales del país, y mil hectáreas de costa argentino. Desde hace apenas tres años tiene su Ministerio y cuenta con grandes desafíos en cuanto a su gestión ambiental.

    Por ejemplo, la gestión de residuos es una de las políticas que mayores avances ha tenido en la provincia de Buenos Aires junto con organizaciones sociales que han reclamado mayores derechos para los cartoneros y recicladores urbanos de las ciudades.

    Canje de deuda por acción climática en la provincia de Buenos Aires

    La mirada de la cartera de ambiente de la provincia de Buenos Aires va en consonancia con lo que plantea el presidente de Colombia Gustavo Petro y el presidente de Brasil Lula Da Silva; exigir la reparación del daño ambiental que ocasiona el Norte Global, a través del financiamiento.

    “El discurso de Petro de apertura fue un posicionamiento completamente soberano “, dijo Vilar. El presidente de Colombia en su discurso dejó sentado su posicionamiento con respecto al canje de deuda por acción climática como un mecanismo de reparación del daño ambiental que causan los países del Norte. Sin embargo, en Argentina hay pocos e inconclusos ejemplos sobre la adhesión a este mecanismo financiero.

    Durante la gestión de Alberto Fernández se anunciaron una serie de inversiones como la planta de hidrógeno verde en Río Negro, que su financiamiento provendría del canje de deuda por acción climática. Sin embargo, la negociación quedó inconclusa y la planta nunca se llevó adelante.

    “En la provincia de Buenos Aires tenemos un trabajo realizado respecto al canje de deuda por biodiversidad”, dijo Vilar. “Es algo que no habíamos contado hasta ahora pero el año pasado habíamos logrado un proyecto junto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que ya se había aprobado la garantía para hacerlo. Pero este gobierno no quiso aprobarlo”, afirmó.

    El proyecto se trataba de una línea de crédito destinada a crear y fortalecer reservas naturales en la provincia de Buenos Aires que ya cuenta con un millón 600 mil hectáreas que están dentro del sistema de áreas protegidas. Desde la creación del ministerio se crearon dos nuevas áreas; el Islote de la gaviota cangrejera en Bahía Blanca y Centinela del Mar en Lobería. “Y estamos trabajando en crear otras dos más”, afirmó Daniela Vilar.

    La provincia de Buenos Aires fue la única representación político-institucional que tuvo Argentina en esta COP16 y que reivindica el ambientalismo desde una mirada popular y de reparación histórica hacia el Sur Global. Mientras que el actual presidente Javier Milei niega el cambio climático y se aleja cada vez más de la mirada de los gobiernos progresistas de América Latina, la provincia de Buenos Aires intenta ocupar ese espacio.

  • Una deuda histórica en la COP: regular los recursos genéticos digitales

    Una deuda histórica en la COP: regular los recursos genéticos digitales

    El tema central en esta COP16 fue la regulación de los recursos genéticos digitalizados para terminar con la biopiratería. Se definieron históricos acuerdos en camino hacia su regulación que empiezan por el reconocimiento de las comunidades indígenas y su mayor participación en el Convenio de Diversidad Biológica.

    Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), hasta un 75 % de los fármacos que se venden en Estados Unidos tienen como base, sustancias naturales que provienen de países con una gran biodiversidad biológica. “El 95% de los recursos no llegan ni a los territorios ni a las comunidades”, dice para ARG Oscar Forero, investigador del Comercio Internacional y antropólogo de la Universidad Nacional de Colombia.

    La extracción de recursos biológicos sin autorización ni compensación por su uso, se denomina biopiratería, y es la base fundacional por la cual cientos de empresas se hicieron millonarias.

    Como la empresa Merker que fabrica píldoras anticonceptivas elaboradas con el barbasco, una planta originaria de México. O el Pozol, la bebida ancestral consumida por los mayas que está patentada por una empresa trasnacional holandesa y por una universidad estadounidense. O incluso el frijol mexicano de variedad Mayocoba, que la empresa POD-NERS L.C.C. de los Estados Unidos de América (EUA) lo patentó en 1994.

    También, el caso de la famosa empresa Coca Cola, con la ‘stevia’, un ingrediente fundamental para la fabricación de su producto y que fue extraída de territorios guaraníes. O variedades del algodón con la que se hacen prendas de las marcas como Levi’s, Esprit,y Patagonia .

    Hoy en el mundo solo 10 transnacionales de origen estadounidense, inglés y suizo controlan gran parte de los recursos genéticos, agricultura e industria farmacéutica. Luego de identificar los genes extraídos, solicitan inmediatamente la patente y hoy son las que poseen más del 50% de todas las patentes sobre biotecnologías agrícolas. Algunas de estas empresas son Bayer, Pfizer, Monsanto, Syngenta, entre otras.

    Lo mismo con las semillas. Solo cuatro transnacionales están controlando el 60% de todas las semillas patentadas en el mundo. También controlan la producción de agrotóxicos, fertilizantes, agroquímicos, e incluso los mercados alimentarios.

    Representantes indígenas en la aprobación del órgano subsidiario 8J

    La regulación de los Recursos Genéticos Digitales

    El primer Convenio de Diversidad Biológica en 1993 puso el tema sobre la mesa. Fue en 2010 que se aprobó la implementación de la carta que estableció finalmente un marco legal: el Protocolo de Nagoya.

    Este acuerdo internacional, firmado en Japón, marcó las bases para compartir los beneficios utilizados de los recursos genéticos entre países del Norte y del Sur global a través de una repartición equitativa. También fue reforzado con la decisión Andina N. 391, que establece un régimen común sobre acceso a los recursos genéticos ratificado por los países de la región Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador, y Perú)

    Con el correr del tiempo y el avance de la tecnología, ya no solo se habla de recursos genéticos sino de “​información digital sobre secuencias” (Digital Sequence Information) ¿Por qué? Mucha información genética ya está extraída de los territorios y se encuentran digitalizadas en megabases de datos en el mundo. Con distintos mecanismos tecnológicos como la inteligencia artificial, se pueden cruzar y obtener nuevas fórmulas.

    Por lo tanto, aquel marco regulatorio construido en el anterior Convenio de Diversidad Biológica quedó obsoleto, y en este nuevo Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal (2022), es necesario regular también en el plano digital. Por eso ya no solo se habla de “recursos genéticos” sino también de “conocimientos”, o sea el recurso intangible (Decisión 15/9)

    Pero la discusión sobre la obligatoriedad del pago de regalías como un derecho que les pertenece a los pueblos indígenas está lejos de parecer una realidad.

    El primer paso para lograrlo es obtener la información de origen (Discloser) para fortalecer los monitoreos sobre la información extraída; dónde, cuándo, para qué, y crear nuevos que permitan sumar todos esos datos al registro de patente (Intelectual Properly)

    “La pelea es más bien, de donde salen los recursos para que los pueblos originarios puedan hacer ese monitoreo, y también para que los países en desarrollo puedan hacerlo porque no tienen todo el hardware que se necesita para hacerlo“, dijo el investigador.

    A través del Convenio de Biodiversidad se han hecho muchas cosas en términos de transferencias de capacidades y competencias: mapeo satelital, desarrollo de software. “Pero eso es solo para garantizar un correcto discloser- información de origen-”, afirma Forero.

    Sin embargo, el investigador entiende que sin un órgano subsidiario del 8J como un grupo sólido en el que participan comunidades indígenas, que vigile el cumplimiento de los acuerdos, no podría existir una información de origen eficiente ni tampoco un pago de regalías.

    ¿Qué es lo que cambiará a partir de la COP16?

    Las negociaciones lograron tener una mayoría para concretar acuerdos claves para la regulación de la información de secuencias digitales en una discusión que se extendió hasta las 3am del viernes, y donde finalmente estos fueron los acuerdos más importantes:

    • Creación de un Órgano Subsidiario del 8J: Después de 26 años se alcanzó el consenso para crear un órgano subsidiario que permitirá la participación activa de los pueblos indígenas y las comunidades locales.

    Se trata de un grupo especializado con un trabajo más enfocado y expedito, que asista, controle y garantice el cumplimiento del artículo 8J para que efectivamente los recursos de biodiversidad le lleguen a sus custodios, tal como pasó con la regulación sobre los Recursos biológicos en el Tratado de Nogoyá de la anterior Convención de Diversidad Biológica. Lo llamativo es que ese grupo estará conformado por pueblos indígenas.

    “Este es un momento sin precedentes en la historia de los acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente”, declaró Camila Romero, representante indígena de Chile.

    • Aporte voluntario: El gobierno de Colombia está impulsando la propuesta de crear el Fondo Cali, un fondo voluntario para que las empresas contribuyan si así lo requieren al pago del 1% de los beneficios que extraen de la biodiversidad. Además, se definió que al menos la mitad de ese fondo vaya para las comunidades originarias e indígenas.

    Sin embargo, el ex ministro de Ambiente de Colombia Manuel Rodriguez Becerra aseguró que, “Sería mejor que no se firmara nada, porque hacerlo de manera voluntaria deja abierta la puerta a la biopiratería”

    Además de los pueblos indígenas que históricamente vienen reclamando la regulación de los recursos genéticos, varios países también estaban interesados en que la discusión avance, sobre todo Colombia, por ser uno de los territorios más megadiversos del mundo.

    ¿Pero por qué existe casi una unanimidad en el avance de estos procesos de transparencia?

    “Al estamento científico no le interesa que funcione mal”, dice el investigador. “La innovación se debe desarrollar de la manera en que el planeta lo requiera y estamos en capacidad de hacerlo. “Va a pasar porque es interés de todo el mundo”, agrega Forero.

    Con respecto al fondo voluntario, desde la empresa Common Initiative indicaron que
    “La eficacia dependerá de la voluntad de la comunidad mundial de apoyarlo y de que las empresas reconozcan el valor de participar para ganar reputación”

    https://twitter.com/MinAmbienteCo/status/1852577540189077525/video/2

  • Medio millón de personas en la COP16. “La gente comenzó a entender de qué se trata”, dijo el Ministro de cultura de Colombia

    Medio millón de personas en la COP16. “La gente comenzó a entender de qué se trata”, dijo el Ministro de cultura de Colombia

    La Conferencia de las Partes (COP) de Biodiversidad número 16 que comenzó el pasado 21 de octubre, se encuentra en la recta final. Si hay algo en lo que no quedaron dudas es que fue una COP histórica; la más masiva de Biodiversidad y la que mayor participación social tuvo.

    La Conferencia de las Partes (COP) de Biodiversidad número 16 que comenzó el pasado 21 de octubre, se encuentra en la recta final. Si hay algo en lo que no quedaron dudas es que fue una COP histórica; la más masiva de Biodiversidad y la que mayor participación social tuvo.

    Es la primera COP que organiza dos formatos; la Zona Azul, el lugar tradicional donde se llevan adelante las negociaciones, reuniones y firmas de acuerdos, y la Zona Verde; un nuevo formato propuesto por el gobierno de Colombia en donde participaron más de medio millón de personas en propuestas académicas, educativas, culturales y artísticas

    En el Centro de Cali se encuentra el Bulevar del Río, un amplio espacio de plazas y parques rodeado de gran vegetación y atravesado por el río Cali que se extiende hacia el noreste de la ciudad. Allí se desarrolla la “COP de la gente”, como le dicen. Son aquellas actividades políticas, sociales y culturales que están sucediendo en el mientras tanto se llega a acuerdos globales en la Zona Azul.

    “Esta es una COP histórica, que convirtió el escenario de estas cumbres en un escenario popular”, dice el Juan David Correa, Ministro de Cultura de Colombia, quien desde su asunción al frente del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes de la República de Colombia, trabaja junto a los “territorios bioculturales”.

    “La cultura no solo es una práctica artística. La megadiversidad también se puede comprender en términos culturales. La verdadera diversidad de Colombia es la que radica en su cultura”, asegura el ministro.

    Cali, una ciudad que megadiversa

    La ciudad de Cali es la tercera más importante de Colombia. Cuenta con una fuerte impronta industrial, estudiantil y turística. Fue una de las ciudades que mayor protagonismo tuvo en el estallido social de 2001, con varios movimientos sociales y políticos que se manifestaron frente a las pésimas condiciones del gobierno de Ivan Duque, y el anuncio del proyecto de reforma tributaria.

    No solo Cali es una ciudad biodiversa en su paisaje urbano-ecológico, sino también por su gran confluencia cultural. “Para la gente del pacífico colombiano Cali es su Capital”, afirma Correa.

    En la ciudad se reúnen personas de distintos lados de Colombia que llegan en busca de mejores oportunidades. Cali es el reflejo de una Colombia heterogénea en su cultura y diversidad. En el país hay 115 comunidades indígenas entre palenqueras y raizales, Rron, gitanas, negras, afrocolombianas, campesinas. “Todas esas expresiones son Colombia, pero es un país muy centralista y con políticas cerradas desde el centro”, admitió el ministro.

    Cali hizo una gran apuesta al hospedar el evento de Biodiversidad más importante del mundo en donde participaron más de 30 mil personas de distintos países, lo que trajo un gran movimiento económico en la ciudad, y sobre todo una gran visibilización.

    “La gente de la ciudad comenzó a entender de qué se trata una COP gracias a su participación”, aseguró el responsable de la cartera de cultura.

    La cultura en la Colombia profunda

    Desde la puesta en marcha de la cartera de cultura con la nueva gestión, “el ministerio tomó la decisión de destinar el 70% de sus recursos hacia procesos territoriales excluidos del país”, aseguró Correa, como en el litoral pacifico, el Amazonas, la Orinoquía, la Guajira, el sur del caribe, y los barrios excluidos de la ciudades. Son las llamadas economías 5 y 6- en Colombia se caracterizan del 1 (siendo la más alta) al 6 (siendo la más baja)

    “Son culturas que han vivido los mayores conflictos del país: extractivismo, ambiente y guerrilla”, aseguró el ministro.

    El extractivismo es la principal amenaza de varias comunidades de la Colombia profunda; como la megaminería, la deforestación y plantación de monocultivo como coca o caña de azúcar. Pero además, los grupos armados que tienen el control territorial de Colombia radican en los “territorios excluidos”

    La exclusión hacia dichos territorios alejan cada vez más a la Colombia profunda de los centros del país. El olvido estatal permite la extinción de las comunidades rurales, o la convivencia con ellos aún cuando está en riesgo su vida. “Por eso estamos participando de la Reforma Agraria que se está impulsando en Colombia”, asegura el ministro.

    Lo histórico de esta COP es que esos espacios de toma de decisiones también le pertenecen a la gente, porque es necesario que también sean parte de la negociación global biocultural”, manifestó el ministro, y agregó; “si seguimos encerrados en centros de convenciones con esta suerte de geopolítica donde el Norte Global siga mandando a su manera no vamos a conseguir transformación real.

    En cuanto a lo distinto de esta COP, el ministro destaca que, “ya no se trata de una lógica de resistencia desde los pueblos del Sur Global, sino de mostrar nuestros poderes culturales y diversos de la belleza, de la generosidad, de que otro mundo no solo es posible sino necesario”

    Ministro de Cultura, Arte y Saberes de Colombia David Correa junto a referentes de la sociedad civil en la Zona Verde de la COP16 Biodiversidad
  • Deuda ecológica: ¿Cómo se paga y quiénes deben hacerlo?

    Deuda ecológica: ¿Cómo se paga y quiénes deben hacerlo?

    En la COP16 se habla de financiamiento. El concepto de Deuda Ecológica que plantearon líderes políticos como Perón, el Papa o Néstor Kirchner vuelve a ponerse en el centro de la escena. “La deuda ecológica es mayor que la deuda externa”, dijo para ARG el abogado ambientalista Enrique Viale.

    Se escucha deuda ecológica hace 50 años

    La primera vez que Argentina anunció al resto del mundo el término “deuda ecológica” fue en la Carta Ambiental de Perón a la Cumbre de Estocolmo de 1972, donde plantea que la reparación del ecosistema debe hacerse de manera justa; los países que mayor daño ocasionan al planeta son los que tienen que aportar más a su reparación, y los países del Sur Global deben exigirlo.

    El 12 de junio de 1992 se firmaron en Río de Janeiro las tres convenciones ambientales de la ONU (Cambio Climático, Biodiversidad y Deforestación). Fidel Castro retomó en su discurso el concepto de deuda ecológica: “El intercambio desigual, el proteccionismo y la deuda externa agreden la ecología y propician la destrucción del medio ambiente.”

    Más tarde lo planteó Néstor Kirchner, cuando reclamó a los países del Norte que “salden su deuda ambiental con el resto del mundo” y que cumplan los compromisos del Protocolo de Kyoto (COP de Biodiversidad), y en 2015 el Papa Francisco acuñó el término de deuda ecológica en su última encíclica Laudato Si.

    “Una salida al modelo extractivista es reclamar la deuda ecológica”, dijo el abogado ambientalista y Juez del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza, Enrique Viale. Años después, el concepto intenta avanzar en acciones concretas, y hoy el mundo discute cómo se pagará la deuda climática que tienen los países del  Norte con los países del Sur Global.

    ¿Cómo se paga la deuda ecológica?

    América Latina está sufriendo consecuencias concretas del cambio climático: sequías, inundaciones, y tornados. “Uno de los debates que se está dando, es que los países del Norte se hagan cargo de la reparación de estas catástrofes climáticas”, dijo Viale. Por ejemplo, la reciente inundación en Porto Alegre, Brasil,  que llegó a 5,32 metros en mayo y afectó a más de un millón de habitantes.

    Entre otros mecanismos de financiamiento que existen para reparar el daño ambiental, está el canje de deuda por la acción climática, que fue retomado por el presidente Gustavo Petro en el discurso de apertura de esta COP.

    El primero en ejecutar el canje de deuda por acción climática fue Bolivia en 1987 donde cancelaron US$ 650 mil de su deuda a cambio de proteger tierras del Amazonas. El país de centroamérica Belice fue uno de los más recientes en utilizarlo. Redujo su deuda a cambio de designar el 30% de sus zonas marinas como áreas protegidas y destinar US$4 millones anuales durante las 2 próximas décadas a la conservación marina.

    “Las áreas protegidas también tienen su límite, que son los pueblos. Porque muchas veces se intenta desplazar a las comunidades que viven ahí con el argumento de preservar la naturaleza. Otras veces, son cogestionadas con las comunidades locales”, dice Viale.

    Hay otro tipo de herramientas que son cuestionadas por organizaciones ambientales y las denominan  “falsas soluciones”, como por ejemplo los bonos de carbono; inversiones de empresas extractivas a cambio de cumplir con acciones climáticas. Por ejemplo, “deforestar un área del Amazonas para el monocultivo de  madera de balsa en Ecuador, a cambio de plantar árboles en Nigeria. No son más que seguir perpetuando el extractivismo”, dijo Nury Martínez de La Vía Campesina 

    Transición energética o sobreconsumo

    “La deuda externa es un ciclo perverso que necesita más extractivismo para obtener más dólares, y que a su vez te sumerge en mayor deuda ecológica”, afirma Viale. “La deuda climática excede largamente a la deuda financiera y con cada vez más fundamentos”

    “Se necesita una transición energética justa y popular, no corporativa”, aseguró Enrique Viale. “En el norte quieren desplazar a las comunidades que viven cerca de los salares de litio, en nombre de la transición energética. En Argentina, con un presidente como Milei y con un RIGI es un escenario ideal para profundizar el extractivismo y condenarnos a que nuestro único destino sea ser exportador de naturaleza; lo que llamamos colonialismo verde”, manifestó el abogado.

    Si hay algo que no cabe dudas, es que los principales impulsores de la transición energética son los países del Norte Global. ¿Por qué? “La transición energética que ellos proponen no es para reparar el planeta, es para solventar un sobreconsumo”, advierte Viale. 

    “Si todos los habitantes del planeta vivieran como vive un estadounidense necesitaríamos seis planetas, y como un europeo; cuatro.  El norte global tiene que cuestionar su modelo de consumo”

    La pregunta que se hizo Viale: ¿Vale la pena participar de esta COP? “Es fundamental primero para confrontar, porque es una gran disputa de sentido la cuestión socio ambiental, y en segundo lugar, afianzar lazos con compañeros de otros lazos, e incluso también mantener diálogos con el Norte, es necesario para fortalecer las organizaciones ambientalistas”, concluyó Viale

    https://twitter.com/EnriqueViale/status/1849479591418552330

  • Los objetivos de Colombia para esta COP: financiamiento y regular los recursos genéticos

    Los objetivos de Colombia para esta COP: financiamiento y regular los recursos genéticos

    El lunes 21 comenzó la COP16 de Biodiversidad, el evento ambiental más importante del mundo que se está desarrollando en Cali, Colombia. Los objetivos principales que tiene el país anfitrión: Financiamiento y Regulación de Recursos Genéticos ¿Qué dicen las organizaciones sociales?

    El lunes 21 comenzó la COP16 de Biodiversidad, el evento ambiental más importante del mundo que se está desarrollando en Cali, Colombia. Los objetivos principales que tiene el país anfitrión: Financiamiento y Regulación de Recursos Genéticos ¿Qué dicen las organizaciones sociales?

    Financiamiento

    Desde hace algunos años América Latina está cobrando un papel más protagónico en las discusiones ambientales. Hoy se posiciona como un actor que exige a los países del Norte Global la reparación de los daños al ambientales causados, y una justa reparación que deba ser equitativa.

    En su discurso de apertura de la COP, el presidente de Colombia Gustavo Petro dijo que uno de los mecanismos de financiación podría ser el cambio de deuda por acción climática. “Solo cambiando el riesgo país por acción climática, podremos financiar el plan Marshall que detenga en el planeta la crisis climática”, y agregó; “no puede existir el riesgo como criterio de medida de la tasa de interés, ni así tasar los préstamos. Rebajar el riesgo en la deuda del tercer mundo es hoy sustancial, vital, para superar la crisis climática”.

    El “canje de deuda por acción climática” es uno de los mecanismos y consiste en una reducción de los compromisos de deuda a pagar por los países del Sur con la condición de que esos recursos sean utilizados con un fin acordado. Nació en los 80 cuando la mayoría de los países de América Latina estaban muy endeudados, y resurgió en los últimos 2 años.

    El primero que lo ejecutó fue Bolivia en 1987 donde cancelaron US$ 650 mil de su deuda a cambio de proteger tierras del Amazonas. El país de centroamérica Belice fue uno de los más recientes en utilizarlo. Redujo su deuda a cambio de designar el 30% de sus zonas marinas como áreas protegidas y destinar US$4 millones anuales durante las 2 próximas décadas a la conservación marina.

    Uno de los objetivos de Colombia como anfitrión de un evento de esta talla, es cerrar financiamientos. Así fue. El segundo día de la COP, el Banco de Desarrollo de los países de América Latina y el Caribe y el gobierno de Colombia anunciaron una inversión de 300 millones de dólares para proteger la biodiversidad de la región.

    Desde la zona verde de la COP16 denominada “la COP de la gente”, la Senadora por el Pacto Histórico de Colombia Isabel Cristina Zuleta denunció ayer que “quieren que la plata para restaurar la naturaleza venga del fondo de quienes se llevan nuestras propiedades genéticas”, y agregó; “hay que empezar por la plata que ya está. Tenemos un montón de dinero que proviene del impuesto al carbono”

    Recursos Genéticos

    Uno de los puntos más importantes a tratarse en esta COP16 de biodiversidad tiene que ver con los recursos genéticos; secuencias genéticas digitalizadas almacenadas en bancos genéticos de donde luego se extraen y se producen distintas cosas como alimentos, medicamentos, cosmética o incluso se utilizan para fabricar curas para las enfermedades.

    Se intentó regular la industria de la genética con el anterior Convenio de Biodiversidad firmado en 1993 en donde se reconocían la biodiversidad de cada territorio, impidiendo que sea extraída por cualquier particular o empresa sin antes pagar las regalías correspondientes.

    Tal como explica el medio colombiano La Silla Vacía en una nota de Natalia Arbelaez Jaramillo, “Antes de este convenio cualquier persona podía venir a Colombia, por ejemplo, u otro país, tomar un lulo u otra especie, llevársela para estudiarla y crear a partir de ella una vacuna sin pedir permiso. Después Colombia tenía que pagar regalías para usar esa vacuna sin tener ningún beneficio por ser el “dueño” del lulo. En otras palabras se consideraba que los recursos naturales eran patrimonio de la humanidad sin importar dónde estuvieran ubicados.

    El problema es que luego del 2000 mucha de esa información genética de las especies se digitalizó en secuencias de códigos genéticos almacenados en bases de datos, y con inteligencia artificial se han creado muchas más. Dicho mecanismo no está regulado y queda fuera del tratado de Nagoya porque no implica tocar un ser vivo.

    Es por eso, que el desafío para esta COP está en la regulación de los recursos genéticos digitalizados, algo que beneficiaría a los países multidiversos como Colombia, que resultan ser grandes semilleros de recursos genéticos, y que exigen que la industria mundial de la información digital del ADN de las plantas, animales, microorganismos, y otras creaciones a partir de esto, paguen lo que les corresponde.

    La ContraCOP

    La COP en Colombia resultó ser un escenario biodiverso en actores y participantes; por un lado están las negociaciones y reuniones bilaterales llevadas adelante en la Zona Azul. Por otro, las comunidades y organizaciones que impulsan distintos paneles, charlas y talleres en la Zona Verde, con la participación del resto de la sociedad.

    Pero además, existe otro conjunto de organizaciones territoriales que cuestionan el desarrollo de la COP16. En su comunicado oficial La Vía Campesina (LVC) manifestó que “el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD) tiende a ignorar el papel del campesinado o pescadores, en la gestión sostenible de los bienes comunes naturales, adoptando una perspectiva utilitarista, economicista y antropocéntrica, que no aborda de manera integral la pérdida de biodiversidad

    Por otro lado, LVC aseguró que se oponen a la “modificación de los organismos vivos mediante el desarrollo de tecnologías de ingeniería genética y biología sintética, así como la instrumentalización de la información digital sobre secuencias genéticas (DSI) para patentar la naturaleza y controlar la agricultura y la Soberanía ALimentaria.