Hay una pregunta que la dirigencia argentina evita hace más de cuarenta años, desde que perdimos la guerra de 1982: ¿Con qué defendemos el mar que decimos que es nuestro?. La respuesta incómoda es que hoy, en términos de barcos, no tenemos con qué. Cuatro destructores diseñados en los años 80; media docena de corbetas que esperan modernización hace una década, y ni un solo submarino en condiciones de navegar: el último, el ARA Santa Cruz, se encuentra desde hace más de una década esperando su reparación en el astillero Tandanor.
Esa foto, lejos de mejorar, acaba de sumar una novedad: A fines de agosto de 2026 la ARA (Armada argentina) anunció el retiro definitivo de los cinco Super Étendard, los aviones más modernos con los que contaba la aviación naval, sin que exista todavía un reemplazo a la vista.
Frente a ese diagnóstico existen dos salidas: resignarse, o soñar con una flota que nunca vamos a poder pagar. Este artículo propone una tercera vía, que ya está probada en otras partes del mundo por países que tampoco pueden competir barco por barco con las grandes potencias.: No hace falta tener la marina más grande para defender el mar propio. Hace falta volverlo caro de invadir.
El error de pensar la defensa como espejo del enemigo
Desde Malvinas, buena parte de la conversación sobre defensa argentina quedó atada a una idea: recuperar soberanía plena sobre el Atlántico Sur significa reconstruir una flota que pueda pelear de igual a igual contra la Royal Navy británica. Es una idea noble, y también una trampa. Ningún presupuesto argentino previsible –y menos todavía en tiempos de ajuste, cuando hasta la compra de helicópteros navales quedó cancelada por falta de fondos– alcanza para igualar a una potencia que gasta en defensa lo que Argentina gasta en varios rubros del Estado juntos.
En el Golfo Pérsico, Irán –una potencia media, con un presupuesto de defensa muy inferior al de Estados Unidos– logró durante décadas que la marina más poderosa del planeta piense dos veces antes de operar libremente en sus aguas. No lo consiguió con acorazados ni con portaaviones. Lo consiguió con una combinación barata y descentralizada: cientos de lanchas rápidas armadas, dispersas y fáciles de reemplazar; minas navales; misiles antibuque lanzados desde tierra; y drones. Nada de eso, por separado, vence a una potencia naval. Pero Jjuntos, la obligan a operar con miedo, gastando fortunas en defenderse de un enemigo que no arriesga casi nada material cuando ataca.
Este mismo año ese sistema fue puesto a prueba en un enfrentamiento directo contra Estados Unidos e Israel, y –más allá de la valoración política que cada uno tenga sobre el régimen iraní– la lección estratégica quedó demostrada: se puede sostener una postura disuasoria seria sin tener una flota comparable a la del adversario.
La palabra técnica para esto es doctrina de “anti acceso y denegación de área” (A2/AD, por su sigla en inglés). Suena complicado, pero la idea es simple, casi de sentido común: En vez de intentar ganar una guerra naval convencional, que ya sabemos que no podemos ganar, se trata de hacer que el enemigo ni siquiera quiera empezarla.
Lo que Argentina sí tiene, y no estamos usando
Lo interesante es que el principio iraní no es exclusivo de Irán ni del Golfo Pérsico. Funciona en cualquier lugar donde la geografía impone un cuello de botella. Un paso angosto por donde cualquier fuerza extranjera tiene que pasar sí o sí para llegar a destino. Y acá está lo que muchas veces se pasa por alto: Argentina tiene los suyos.
El Estrecho de Magallanes es el paso obligado entre el océano Atlántico y el Pacífico en el extremo sur del continente. El Mar de Hoces, mejor pero mal conocido como Pasaje de Drake, entre Tierra del Fuego y la Antártida, es la vía natural de aproximación hacia el continente blanco donde Argentina mantiene un reclamo de soberanía vigente y una presencia ininterrumpida desde hace más de un siglo. Ninguno de los dos tiene la importancia comercial global del Golfo Pérsico –por ahí no pasa el petróleo del mundo– pero ambos concentran el paso hacia y desde una región donde tenemos intereses soberanos concretos: Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur y el sector antártico argentino.
Esa geografía, hoy está prácticamente desguarnecida. Y es, paradójicamente, uno de nuestros mayores activos estratégicos sin explotar.
La actualidad se encarga de recordarlo todas las semanas. El 24 de agosto de este 2026, hace apenas unos días, el petrolero VS Promise de bandera británica, amarró en el puerto de Ushuaia después de cargar crudo en una monoboya de la terminal de Río Cullen, en el norte de Tierra del Fuego. El episodio disparó un cruce político entre el gobierno provincial y la administración nacional, que interviene el puerto de Ushuaia desde enero. Pero lo más revelador no fue esa pelea, sino la contradicción de fondo: la misma provincia que después salió a denunciar el amarre como una afrenta a la soberanía había autorizado, a través de su propia Secretaría de Hidrocarburos y Energía, que ese buque británico cargara petróleo en la monoboya de Río Cullen, bajo jurisdicción provincial. Primero se habilita el negocio; después, cuando el barco toca puerto y hay cámaras, aparece el discurso soberano. Ese doble estándar es tan parte del problema como la falta de barcos. Mientras no haya una política sostenida y coherente, ni siquiera dentro de una misma provincia, cualquier reclamo de soberanía corre el riesgo de quedar en pose. Aclaro, este doble estándar no es nuevo ni exclusivo de la gobernación de Tierra del Fuego AIAS. La dirigencia política argentina hace décadas que tolera al Reino Unido cuando le conviene y se indigna sólo cuando es presionada a hacerlo.
Construir de a poco, sin repetir el error de siempre
El error más frecuente en la Argentina cuando se habla de rearme es discutir qué comprar —(el submarino, el misil, el avión de moda)— antes de discutir en qué orden y con qué continuidad se construye una capacidad real. La historia ya nos dio esa lección y la pagamos cara: en los años 70 y 80, Argentina desarrolló el programa de submarinos más ambicioso de Sudamérica, el TR-1700. Desarrollado a fines de la década de 1970 mediante un acuerdo con la empresa alemana Thyssen Nordseewerke, el plan original contemplaba la construcción de seis submarinos de ataque convencionales —dos en Alemania y cuatro bajo licencia en el astillero Domecq García, en Argentina—, con el objetivo no solo de dotar a la Armada de una capacidad submarina de última generación, sino de sentar las bases de una industria naval nacional capaz de diseñar y fabricar tecnología militar compleja de manera autónoma. Cuarenta años después, no queda ni una sola unidad operativa. Y no fue un fracaso de ingeniería, sino por el contrario, una desidia de la clase política que no pudo sostener la decisión en el tiempo, gobierno tras gobierno.
Con esa lección en mente, la reconstrucción debería pensarse en tres etapas, de la más urgente y barata a la más cara y lenta.
Primero ver. Sin capacidad de detección (radares en la costa, aviones de patrulla, satélites propios o compartidos con aliados) no hay nada que defender, porque no se sabe qué está pasando en el mar. Es la inversión más accesible y la que más avanzada se encuentra. En agosto de 2026 la Armada lanzó el “Plan Dédalo”, un programa de reestructuración de la Aviación Naval a cinco años que contempla, entre otras cosas, la llegada de los dos aviones P-3 Orión que todavía faltan –previstos entre octubre de 2026 y junio de 2027– para completar una flota de cuatro, dedicados justamente a patrullar el mar. Es un paso, todavía insuficiente, en la dirección correcta.
Segundo, estar presentes sin gastar de más. Acá es donde el ejemplo iraní enseña más: en vez de apostar todo a pocos buques carísimos –que si se pierden son un golpe militar y político devastador– conviene pensar en unidades más numerosas, más baratas y más fáciles de reponer. Los cuatro patrulleros oceánicos que ya se incorporaron a la Armada son un antecedente en esa línea, aunque hoy estén pensados más para vigilar la pesca ilegal que para disuadir a una fuerza militar. Astilleros Río Santiago y Tandanor, con presupuesto y preparación adecuada, estarían en condiciones, por antecedentes e infraestructura, de construir este tipo de patrulleros.
Tercero, tener con qué decir que no. Misiles antibuque, que podrían ser de fabricación nacional ya que en algún momento la Argentina supo tener una industria de defensa capaz de lograrlo, y en el horizonte más lejano, una fuerza submarina propia. Esta es la etapa más cara y la más difícil de sostener en el tiempo, pero también la que puede cambiar la ecuación de poder en la región.
Acá conviene ser honesto con lo que pasó esta misma semana. El mismo Plan Dédalo que trae los P-3 Orión también confirma la baja definitiva de los cinco Super Étendard Modernisé que Argentina le compró a Francia en 2018: aviones que nunca llegaron a volar en la Argentina, porque el Reino Unido bloqueó por años la venta de los cartuchos para sus asientos eyectables. Siete años después de esa compra, y sin haber resuelto nunca el problema, la Armada los da de baja sin que exista un reemplazo equivalente.
Una doctrina de disuasión barata no depende de aviones de combate carísimos, sino de misiles, drones y minas navales, mucho más baratos y más difíciles de eliminar de un solo golpe. El problema no es que se retiren los Super Étendard. El problema es, otra vez, la falta de continuidad: se gastaron años y millones en un avión que terminó varado por un veto ajeno, sin que nadie asumiera el costo político de reconocer el fracaso a tiempo ni de definir con qué se lo reemplaza en esa función disuasoria. Sin eso, lo que hoy se presenta como una modernización puede terminar siendo, simplemente, otra capacidad perdida.
El verdadero enemigo no está en el mar
Hay que decirlo sin vueltas: lo que más amenaza esta estrategia no es la falta de plata ni la falta de tecnología disponible en el mundo para comprar. Es la falta de consensos políticos que perduren en el tiempo. Ningún plan de defensa, por bueno que sea en el papel, sobrevive a un país donde cada gobierno nuevo cancela lo que empezó el anterior, como acaba de pasar con la compra de helicópteros navales, frenada por un recorte presupuestario.
El propio Plan Dédalo es un buen ejemplo de las dos caras de esta moneda. Por un lado, plantea una reorganización territorial: a partir de 2027, la histórica Base Aeronaval Punta Indio —cuna de la Aviación Naval argentina desde 1916— pasará a llamarse simplemente “Estación Aeronaval”, con el taller central concentrado en la Base Espora, en Bahía Blanca. Cerca de trescientos puestos de trabajo, entre civiles y militares, quedaron en la incertidumbre sin mencionar el enorme perjuicio evidente para el pueblo de Punta Indio. Por otro lado, es también una muestra de que hay planificación a mediano plazo, algo poco frecuente en la defensa argentina de las últimas décadas.
La etapa de “ver” –radares, aviones, satélites– es la que más avanza justamente porque es la que menos depende de sostener una misma decisión durante quince o veinte años seguidos, que es lo que necesita un programa de submarinos o de misiles para llegar a buen puerto.
Ahí está, quizás, el primer paso realista: no esperar el gran anuncio de rearme naval, sino consolidar ya, con lo que hay, la capacidad de saber qué pasa en nuestro propio mar. Y sobre esa base, si en algún momento como país nos ponemos de acuerdo en sostener una política de Estado más allá de un mandato presidencial, recién ahí avanzar hacia una capacidad de decir que no, con hechos, a cualquiera que quiera pasar por el Atlántico Sur como si fuera tierra de nadie.
Ni ingenuidad ni resignación
Ningún ejemplo extranjero se traslada perfecto. El Golfo Pérsico no es el Atlántico Sur. Por ahí pasa una porción enorme del petróleo del mundo, lo que obliga a cualquier potencia a pensarlo dos veces antes de escalar un conflicto; nuestra región austral no tiene, hoy, ese mismo peso en la mirada del mundo, pero va camino a tenerlo. Y esta estrategia tampoco alcanza sola: no sirve de nada disuadir una invasión hipotética si al mismo tiempo no sostenemos presencia real, todos los días, en los espacios que reclamamos como propios, como recuerda, otra vez, la discusión por un petrolero británico amarrado a metros del memorial a los caídos de Malvinas en Ushuaia.
Pero ninguna de esas objeciones cambia lo esencial. La ARA no necesita ser la Royal Navy. Argentina necesita ser el país al que nadie quiere atacar porque sabe que va a sangrar. Esa estrategia no cuesta lo que cuesta un portaaviones. Cuesta lo que cuesta decidir. Y en eso, todavía estamos a tiempo.