Cuando comenzó el mundial de fútbol Estados Unidos 2026, en un contexto de poca emoción futbolística, el prode fue uno de los primeros mecanismos que utilizaron los futboleros argentinos para despuntar el vicio. Allí Mercadopago vio una veta, y con la posibilidad de ganar dinero  y promociones a lo largo del certamen, fue cautivando el clamor popular. Un dato no menor: Son cerca de 25 millones de argentinos y argentinas los que utilizan la aplicación.

La primera fecha se caracterizó por un error: Cuando acertabas un resultado, el sistema no te cargaba los puntos ¿Error o causalidad?. Los comentarios en redes sociales descularon un problema que comienza a ser una fija en el mundo digital. El prode estaba programado y automatizado con inteligencia artificial. El hecho tomó resonancia cuando se lo vinculó a la decisión que tomó Mercadolibre, en enero de este año, despedir a 119 trabajadores y trabajadoras que hasta ese momento trabajaban en un proceso de automatización y reestructuración de áreas. En pocas palabras: esperaron a que entrenaran el software y los despidieron.

Este fue uno de los tantos casos en el mundo laboral, en el que las empresas a partir del uso de IA, comenzaron a despedir a sus trabajadores. Es por eso que la Organización Internacional del Trabajo comenzó, desde hace varios años, a marcar precedentes históricos sobre legislación laboral e inteligencia artificial. Y allí la Asociación Gremial de Computación se convirtió en un actor fundamental para las discusiones venideras. 

“Lo que más valoramos de nuestra participación no es ese aporte como un objeto concreto, sino haber podido decirle al resto de los trabajadores que acá estamos para hacer frente a las discusiones que se vienen de aquí en más”, planteó Juan Manuel Padilla, Secretario de la Actividad de la Asociación Gremial de Computación.

Un cambio de paradigma

La jornada de Di Sciullo y González iba más o menos como cualquier otra. Entre biblioratos, máquinas de escribir y calculadoras realizaban tareas contables en el Club Atlético River Plate. La rutina se modificó cuando su jefe les hizo un anuncio: les dijo que no vinieran al otro día y que dejaran los escritorios despejados porque iban a instalar computadoras. A principios de la década del 90, River empezaba a digitalizar su parte administrativa. 

Movilizados por la curiosidad, Di Sciullo y González no siguieron la directiva. Llegaron temprano al club al otro día para investigar qué pasaba. Vieron llegar al camión con las computadoras pero, más importante aún, a una cuadrilla de técnicos que tiraba cables por todos lados y las hacían funcionar. En ese instante, la dinámica de su trabajo había cambiado para siempre. Aunque no era la única novedad: había emergido un nuevo actor en el mundo del empleo argentino.

Los técnicos trabajaban para IBM, que ya era una corporación global, pero no tenían un sindicato que los representara. Di Sciullo y González, que estaban afiliados a UTEDyC, fueron a hablar con otro compañero del gremio, Héctor López, para pensar en una herramienta que permita organizar y defender a estos nuevos laburantes. El 13 de noviembre de 1992 nacía en Isidro Casanova, La Matanza, la Asociación Gremial de Computación.  

Doce años después, la Argentina era otro país. Las insinuaciones de la década del 90 comenzaban a tomar forma a principios de los 2000 avisando, a quién supiera verlo, que nada volvería a ser igual. Néstor Kirchner vio una oportunidad para el país y así nació la Ley de Promoción de la Industria del Software y Servicios Informáticos, sancionada el 18 de agosto de 2004. Otorgaba una reducción del 60% del impuesto a las Ganancias y un bono de crédito fiscal equivalente al 70% de las contribuciones patronales, por diez años. Varias de las empresas que se volverían gigantes como Mercado Libre, Globant o Despegar; ya existían pero aún no habían logrado dar un salto de escala. En ese contexto, el Estado decidió intervenir directamente para aportar al desarrollo de una industria prometedora. 

¿Cual era el horizonte del software en Argentina? La aparición de los unicornios señaló que había mucho potencial para crecer. Un unicornio es una empresa valuada en más de mil millones de dólares. El valor varía según la cotización en la bolsa, por lo que el título puede llegar o irse dependiendo de los vaivenes económicos. Nuestro país tiene más de 12 unicornios que guardan un factor en común: su base tecnológica. 

Aprovechando las exenciones impositivas, subsidios y apoyo estatal, las tecnológicas argentinas crecieron hasta transformarse en jugadores regionales con proyección global. En el camino, sus CEOs adoptaron modos e ideas de otros CEOs, de corporaciones que construyeron un poder por encima de muchos Estados.

Para septiembre de 2011 estaba claro que el desarrollo de la industria del software nacional debía mucho a capacidades estatales: las universidades públicas formaban profesionales de alto nivel, la legislación acompañaba y el Estado protegía. La foto más nítida de este momento es la de Cristina Kirchner inaugurando la nueva sede de Globant en Retiro. Más de 40.000 nuevos puestos de trabajo, aumento de ventas en un 210% y exportaciones sectoriales creciendo un 290%, (más del doble que el promedio de ventas argentinas al mundo) daban cuenta de un actor que empezaba a pisar fuerte.

otro mundo, otra etapa

La AGC había sido fundada en 1992 pero en el camino atravesó muchos altibajos. Entre 2013 y 2014 inició un proceso de reactivación y crecimiento en un contexto muy favorable para la industria. El Estado y los empresarios aún mantenían líneas de acuerdo pero en la mesa seguía ausente un actor fundamental: el trabajador. El liderazgo de Ezequiel Tosco comenzó a modificar esa dinámica hasta transformarse en el secretario General del sindicato en 2019. Ese mismo año, el gobierno de Mauricio Macri sancionaba la Ley del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento, una normativa que actualizaba la Ley del Software de 2004 tras las prórrogas que había hecho Cristina en 2011 y 2013. Nacía una inusual política de Estado.

Después de un largo camino, en 2018 la AGC obtuvo la Personería Gremial. El Estado los reconoció como la representación institucional de las y los trabajadores informáticos. La discusión por salarios, condiciones laborales o trayectos profesionales finalmente contemplaba a quienes hacían que la rueda girara. 

Bajo el gobierno de Alberto Fernández, la Ley del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento tuvo modificaciones. Desde 2020, contempla mayores beneficios para las pymes, incorpora la perspectiva de género y promueve que las empresas contraten mujeres, discapacitados y personas trans. Argentina superó dos décadas fomentando una industria bajo gobiernos de distintos signos.

“Muchas veces se habla de la computación, de los algoritmos o de la Inteligencia Artificial como si fuera algo mágico, pero detrás de todo eso hay trabajadores. Esta es la economía del conocimiento y el conocimiento surge de las personas”, explicó Manuel Alonso, secretario Gremial de la AGC. Si bien los números varían, se estima que Argentina terminó 2025 con un poco más de 170.000 trabajadores y trabajadoras de la industria informática. Sus empleadores, unas 1800 empresas, se agrupan en la Cámara de la Industria Argentina del Software (CESSI). 

Militante desde sus épocas de estudiante, Alonso vive y trabaja en Tandil, tantas veces presentada como el Silicon Valley argentino. Las condiciones que transformaron a la ciudad en una referencia nacional de la industria informática pueden rastrearse una vez más en el Estado: carreras universitarias orientadas al sector y políticas públicas de acompañamiento y protección. Su razonamiento dialoga directamente con el espíritu del documento central producido este año en la 114° Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT: la tecnología no determina por sí sola los resultados del cambio tecnológico. Que la IA genere prosperidad compartida o concentración de riqueza depende de las decisiones políticas, la negociación colectiva y las instituciones laborales. 

El gobierno de Javier Milei representó una novedad que modificó todo el panorama político. Subidos a la ola global, los CEOS argentinos se sintieron parte de la nueva etapa dando lugar a episodios impensados una década atrás. Marcos Galperín, el hombre más rico del país, burlándose de una jubilada que llora por que no puede comprar sus remedios gráfica hasta qué punto cambió todo. Con olas de despidos, salarios a la baja, persecución a la organización gremial y fraudes a la Ley que los hizo crecer, el sector que se posiciona como un nuevo jugador en la mesa del poder nacional busca imponer condiciones. 

¿Es posible imaginar una corrección en la legislación para un sector que ya no necesita ayuda para crecer? Mientras lo pensamos, las empresas más ricas del país eligen no seguir tributando acá pero si seguir cobrando los beneficios de ser argentinas.

Es por eso que la AGC comenzó a intervenir en la discusión sobre el Trabajo Decente en la Economía de Plataformas: En el año 2024, acompañaron al grupo de trabajadores que se dedicó al análisis de las complejidades que tiene la gestión algorítmica del trabajo y elaboraron una propuesta de verificación algorítmica para el empleo en plataformas que pudo orientar las demandas del grupo para que las condiciones básicas para la transparencia algorítmica y sobre todo la del impacto en cada trabajador, puedan ser solicitadas en forma viable en una eventual recomendación y/o implementación de estas normas. 

Estos debates se plasmaron en la última Conferencia de la OIT. La AGC estuvo representada por su secretario General, Ezequiel Tosco; su Secretario de la Actividad, Juan Manuel Padilla y Juan Manuel Ottaviano abogado asesor del sindicato, articulando con la delegación argentina de la CGT. De esta manera, un sindicato argentino intervino en el debate más urgente del mundo laboral a nivel global.

Se espera que el año que viene comiencen formalmente las discusiones sobre normas laborales alrededor de la IA. ¿Argentina cumplirá los deseos de los CEOs de no regular absolutamente nada? ¿Se podrá pensar una política soberana para nuestra industria? La única certeza es que una vez más, solo los trabajadores defenderán a los trabajadores.