“El proceso de cierre de la Secretaría será llevado a cabo de manera ordenada y progresiva” comunicó el Gobierno Nacional hace un año. Una muerte anunciada pero sin una fecha exacta. Sin embargo hace tres semanas un mensaje de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) puso en alerta a todos sus trabajadores: Los contratos se renuevan solamente hasta el 28 de Febrero. A partir de esa fecha la Subsecretaría de Integración Sociourbana dejó de funcionar.
Esta decisión implica el despido de más de 300 trabajadores y la paralización de centenares de intervenciones en barrios populares de todo el país. Ante la reestructuración administrativa, quedan en suspenso procesos de regularización dominial, adjudicaciones de lotes con servicios y obras de infraestructura básica que estaban en ejecución. Ante el cierre del Organismo, muchas familias se quedan sin una solución habitacional.
Desde 2018, la SISU tenía a su cargo la implementación de la Ley 27.453, aprobada con amplio respaldo legislativo, que estableció un marco para integrar urbana y jurídicamente a los barrios inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), una iniciativa conjunta de las organizaciones sociales, la Iglesia Catolica, y la ONG “Techo”.
Su tarea combinaba financiamiento, planificación técnica y articulación con provincias y municipios. En términos concretos: redes de agua y cloaca, apertura de calles, conexión eléctrica segura, mensuras y acompañamiento ante conflictos por la tierra.
Entre 2019 y 2023 se ejecutaron más de 1.200 proyectos de urbanización en más de 1.000 barrios. El Programa Mi Pieza financió mejoras habitacionales directas y los programas PISU (Programa de Integración Socio Urbana) y PISUMV que se centra en el mejoramiento de vivienda —con crédito del BID (Banco Interamericano de Desarrollo)— fueron señalados entre los de mejor desempeño regional.
A principios de 2025 comenzó el proceso de desmantelamiento (habiendo eliminado el ProCreAr meses antes), con la excusa de “que la política de vivienda debe ser gestionada principalmente por las provincias, los municipios y el sector privado, reduciendo así la intervención del Estado Nacional en esta materia”. O así lo explicaron a través del Decreto 70/2025.
Luego fue por el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) que recibía aportes casi exclusivamente del impuesto PAIS (Impuesto para una Argentina Inclusiva y Solidaria), representando el 9% de la recaudación total, y también por única vez del “Aporte solidario y extraordinario” (a las grandes fortunas).
En aquel momento se definió el pase de la SISU, a cargo de Sebastián Pareja, y de la Dirección Nacional de Arquitectura, a la órbita de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía para encarar su cierre definitivo. El comunicado que informaba estos movimiento en Febrero de 2025 cierra de esta manera: “Gobierno Nacional está cambiando el modelo de la corrupción de sueños compartidos por el modelo del crédito privado y la libertad”.
Con el cierre quedan más de 700 obras detenidas, 20.000 lotes con servicios pendientes de adjudicación y miles de trámites de regularización dominial interrumpidos. En el territorio, esas cifras se traducen en calles abiertas sin concluir, conexiones demoradas y familias que vuelven a quedar en una zona gris entre la informalidad y el reconocimiento estatal.
El episodio no inaugura la crisis habitacional argentina. Se inscribe en una historia más extensa, donde cada ciclo político ha definido de manera distinta quién puede acceder a la ciudad formal y bajo qué condiciones.
El problema estructural: un resumen histórico
Para hablar del problema habitacional en la Argentina nos tenemos que remontar a principios del siglo XX. Entre 1900 y 1930 el país vivió el auge del “gobernar es poblar” de Juan Bautista Alberdi. El modelo agroexportador, la Constitución de 1853 y la Ley Avellaneda trajeron oleadas de inmigrantes europeos. Las facilidades para el asentamiento agrícola no alcanzaron a quienes se quedaban en las ciudades portuarias.
Así nacieron los conventillos en la zona sur de Buenos Aires: baños compartidos, hacinamiento, precariedad, y sus consecuentes enfermedades como la fiebre amarilla. La huelga de inquilinos de 1907 marcó la primera gran crisis social urbana. El ingreso desigual a la ciudad empezó a organizar jerarquías.
Finalizando los años veinte, la caída del modelo agroexportador profundizó la crisis social. La llamada “Villa Desocupación”, en Retiro, fue una respuesta directa al desempleo masivo. Desde entonces, la informalidad dejó de ser excepción.
La industrialización por sustitución de importaciones aceleró la migración interna. La industria crecía más rápido que las viviendas. A pesar de los organismos de crédito y las primeras políticas sistemáticas de vivienda obrera, el ritmo era inabarcable. Entre 1930 y 1955 la población urbana pasó del 62% al 70% del total. El Área Metropolitana de Buenos Aires absorbió buena parte del impacto, la ciudad desbordaba hacia los márgenes.
Vivienda como derecho
El peronismo cambió el paradigma: ejecutó la primera política pública de vivienda a gran escala creando barrios obreros, generando condiciones económicas para el acceso al crédito hipotecario y planificando un programa habitacional a mediano plazo. Se estima que se construyeron alrededor de 500.000 viviendas, integrando a 2,5 millones de personas al acceso formal a la casa propia. El derecho a la vivienda quedó inscripto en la Constitución de 1949 como parte del bienestar social, el acceso efectivo a las condiciones básicas junto a la salud, la educación y el trabajo, que posibiliten un proyecto de vida digno.
Aun asi, el crecimiento demográfico urbano superó la oferta, pocos meses después del derrocamiento del gobierno, los habitantes de villas aun representaban el 2% de la población.
Para 1960 ya había más de 100.000 personas viviendo en villas del Gran Buenos Aires, y diez años después, más del doble. La palabra “emergencia” comenzó a utilizarse con liviandad. Pero el tiempo la convirtió en estructura.
Federalizar el financiamiento
En 1972, todavía bajo un gobierno de facto, se creó el Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI). La idea era sencilla y ambiciosa a la vez: establecer un mecanismo permanente de financiamiento para la construcción de viviendas sociales en todo el país. Ya no depender exclusivamente del impulso coyuntural de una gestión, sino dotar al sistema de una fuente estable de recursos.
El FONAVI permitió, durante décadas, la construcción masiva de conjuntos habitacionales en las provincias, federalizando la política de vivienda. Fue un intento de institucionalizar lo que hasta entonces había sido episódico: darle continuidad a la intervención estatal en el acceso a la casa propia.
Pero la herramienta financiera no resolvió el problema estructural del suelo urbano ni evitó la segregación territorial. Muchos conjuntos quedaron emplazados en periferias sin infraestructura completa, reproduciendo otras formas de fragmentación económica, social y cultural que aumentan la desigualdad. Por ejemplo: la reducción de los espacios de socialización, que provoca una formación de fronteras sociales y disminución de las oportunidades de interacción entre personas de diferente origen socioeconómico.
Barrer debajo de la alfombra
La dictadura de 1976 impulsó un plan explícito de erradicación de villas mediante desalojos forzados. El objetivo: limpiar visualmente la ciudad y desplazar población hacia la periferia. sin políticas integrales de contención, aumentando de esta manera, la segregación. En materia económica, Martínez de Hoz desreguló el mercado inmobiliario y consolidó la dolarización de los inmuebles, que continúa hasta estos días.
La crisis económica posterior durante el alfonsinismo, caracterizada por la hiperinflación y el deterioro salarial incrementaron los asentamientos en el conurbano. La restricción fiscal se volvió argumento recurrente para la inacción en cuanto a política habitacional.
El menemismo profundizó la desregulación, el desempleo y la precarización con el aval del histórico movimiento justicialista. La vivienda quedó crecientemente subordinada al mercado y las villas no hacían más que crecer. De 1974 a 2001 la pobreza trepó del 5% de los hogares al 21% del Gran Buenos Aires, la tendencia en el resto del país fue similar según un informe del CEPAL.
Reconstrucción y crédito
Tras la crisis de 2001, la vivienda volvió a convertirse en una promesa lejana. Sin salario estable ni crédito, el acceso formal a la casa propia parecía clausurado. El ciclo iniciado en 2003 buscó revertir ese escenario desde una premisa básica: sin empleo y recomposición del ingreso, no hay política habitacional que alcance.
El Plan Federal de Vivienda reactivó la construcción masiva en todo el país, retomando la lógica del Estado como motor de obra pública y dinamizador económico. La vivienda volvía a ser ladrillo y trabajo, integración y mercado interno.
En 2012, el PRO.CRE.AR intentó recuperar algo que la crisis había erosionado: el crédito hipotecario como herramienta de movilidad social. Con respaldo estatal, miles de familias accedieron a préstamos para construir o comprar. Era la posibilidad de planificar a largo plazo en un país acostumbrado a la incertidumbre.
Al mismo tiempo comenzó a consolidarse un cambio de mirada sobre los barrios populares: integrar antes que erradicar. La ciudad informal ya no era solo un problema a desplazar, sino un territorio a reconocer y urbanizar.
Sin embargo los límites estructurales —suelo caro, mercado dolarizado, dependencia macroeconómica— persistieron. Pero durante esos años la vivienda volvió a pensarse como derecho operativo y como pieza central de un proyecto de inclusión. Una ciudad concebida, al menos en intención, como espacio de integración antes que de exclusión.
Hoy
Argentina enfrenta hoy un déficit habitacional que supera los 3,2 millones de viviendas. Más del noventa por ciento de la población vive en ciudades y una proporción significativa se concentra en el Área Metropolitana de Buenos Aires. El problema no se limita a la cantidad de unidades faltantes: incluye calidad constructiva, acceso al suelo, infraestructura, transporte y estabilidad en la tenencia. La cuestión urbana es, desde hace más de un siglo, una cuestión de organización social del espacio.
A lo largo del siglo XX, la vivienda fue concebida alternativamente como derecho social, como instrumento de política económica y finalmente como mercancía sujeta a las reglas del mercado inmobiliario, con contenciones marginales respecto a la gravedad del problema.
Si es sólo mercancía, el acceso depende del ingreso. Si es derecho, exige planificación estratégica, financiamiento estable y continuidad institucional. Cada enfoque dejó una huella territorial visible: barrios obreros integrados al tejido urbano, conjuntos periféricos con servicios incompletos, asentamientos consolidados al margen de la formalidad, procesos de integración que buscaron recomponer esa fractura. La forma de la ciudad nunca fue neutral; respondió a decisiones sobre financiamiento, planificación y regulación del suelo. De resolverse no basta con decisiones aisladas.
El cierre del SISU se suma a esa secuencia, interrumpe una herramienta destinada a integrar sectores ya asentados en el territorio urbano. La experiencia histórica muestra que cuando la intervención estatal pierde continuidad, la expansión informal tiende a ocupar ese vacío, allí se ven los resultados de las ciudades que se ordenan únicamente por inercia económica en un país semiperiférico. En cambio un entorno funcional y sostenible, que resulta en una mayor cohesión social y bienestar requieren planificación sostenida y reglas estables sobre el uso y la función social del suelo. No se trata sólo de pagar cuotas o construir ladrillos, sino de decidir qué ciudad queremos que sobreviva.
Los expedientes cambiarán de dependencia administrativa y los equipos técnicos dejarán sus oficinas. En los barrios, en cambio, la demanda de infraestructura, regularización y servicios seguirá presente. La historia urbana argentina demuestra una disputa persistente por el acceso al espacio común, como consecuencia la política pública no se anticipa, llega tarde. Cada interrupción configura esa disputa y deja una marca que, con el tiempo, vuelve a hacerse visible en el mapa y en la vida de los argentinos.