La petrolera inglesa Rockhopper Exploration confirmó esta semana la Decisión Final de Inversión (DFI) para la fase 1 del proyecto Sea Lion (León Marino), un yacimiento offshore ubicado a unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas, zona en la que Argentina reclama su soberania.
La iniciativa prevé una inversión inicial de alrededor de 1.800 millones de dólares y el inicio de la producción de crudo en 2028, con un volumen estimado de hasta 55.000 barriles diarios.
Rockhopper posee el 35% de participación y lleva adelante este proyecto junto a la petrolera israelí Navitas Petroleum, que controla el 65% restante y aporta la mayor parte del financiamiento. Navitas ingresó al emprendimiento en 2022. La Decisión Final de Inversión representa un punto de inflexión, ya que implica el compromiso concreto de las empresas para avanzar hacia la producción de hidrocarburos.
Esta es la primera vez que se anuncia formalmente una decisión para producir petróleo en Malvinas, en un territorio que permanece bajo ocupación británica y se encuentra en disputa por la soberanía. Según informaron las compañías, el plan de desarrollo contempla la perforación de 11 pozos en el lecho marino durante la primera etapa.
El alcance del proyecto es significativo. Sea Lion concentra recursos estimados en más de mil millones de barriles de petróleo, lo que lo convierte en uno de los desarrollos offshore más importantes de la región. Los planes de mediano y largo plazo prevén escalar la producción a 80.000 barriles diarios en la fase 2 y hasta 200.000 en la fase 3, con una explotación proyectada por al menos 35 años.
El mensaje de Cancillería
Lo cierto es que el anuncio no generó gran controversia política. El Gobierno argentino manifestó únicamente una declaración de la Cancillería en la que rechazó el proyecto y consideró “ilegítimos” los derechos de explotación otorgados por el gobierno de las islas. Tras la presión del gobierno de Tierra del Fuego, el Ministerio de Relaciones Exteriores recordó que toda exploración y explotación unilateral de recursos naturales en áreas en disputa viola las resoluciones 2065 y 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Rockhopper y Navitas ya habían sido sancionadas por el Estado argentino en 2021 por realizar actividades ilegales de exploración en el Atlántico Sur. En el caso de Navitas, incluso fue inhabilitada en 2022 por 20 años para operar en territorio argentino. Cuatro años después de aquellas sanciones, las mismas empresas anuncian el inicio de una explotación petrolera que se extendería por décadas.
Desde el gobierno fueguino advirtieron que el avance de estos proyectos no sólo consolida el control económico británico en Malvinas, sino también su poder político en el territorio.
Con esta noticia, no está en juego solo la apropiación de un recurso estratégico, sino que además contrapone a nuestra histórica demanda de soberania sobre las Islas Malvinas e Islas del Atlántico Sur, sobre los territorios insulares y marítimos circundantes. También implica para nosotros la pérdida de oportunidades de desarrollo, soberanía energética y autonomía tecnológica.