| Por Mariano Valdez*
Un par de fin de semanas atrás, fui a Córdoba. El objetivo era ver amistades, descansar, pasear, desconectar de la cotidianeidad que nos da Buenos Aires. Jamás pensé que me iba a topar con la novedad de que mis amigos, junto a otros vecinos, debieron iniciar acciones legales porque las fumigaciones en el campo lindante al Barrio Universitario de Horizonte, a cero metros de las viviendas, habían causado intoxicaciones en al menos diez niños. Incluso, debieron retirar varias plantas de las casas porque fueron afectadas por los venenos del agro. Todo solo a 20 minutos de Córdoba Capital.
Córdoba, una provincia que esconde paraísos en cada rincón, que se vuelven muchas veces un refugio -hasta para quienes deciden instalarse definitivamente- de cordobeses y bonaerenses que habitan estos barrios construidos por cooperativas que garantizan la posibilidad de acceder a la vivienda propia. Sin embargo, una provincia con un riesgo asociado que muchos ignoran y con el que deben lidiar: Córdoba es la capital sojera de nuestro país.

Amparados en la Ley Provincial 9164, supuestamente diseñada para cuidar a los ciudadanos de las aplicaciones peligrosas, los dueños de -o quienes administran- los campos lindantes al barrio, fumigan hasta el último centímetro cuadrado de tierra productiva con sus mosquitos. La ley plantea que en un radio de 500 metros de barrios o zonas urbanas solo se pueden aplicar productos químicos o biológicos de uso agropecuario pertenecientes a las clases Toxicológicas I y II. Mientras que los clase III y clase IV se pueden aplicar sin distancias mínimas, a pesar de que no dejan de ser venenos. Este marco legal, les permite aplicar otras cosas en su lugar, lo cuál, lamentablemente, es una práctica habitual.
Pero ¿Qué son estas clases toxicológicas? Solo quienes lo aplican lo saben, no es una información que circule abiertamente salvo que uno se vea afectado de alguna manera por este sistema que busca optimizar, y maximizar, sus ganancias, incluso si ello ocasiona que niños se intoxiquen con las aplicaciones de productos que, según la propia ley, deberían almacenarse fuera del alcance de los niños.
Tan irónica como la parábola que finaliza el párrafo anterior, resulta la escena de siempre: una vez más, los grandes dirigentes de la política quedan pegados en estos casos. Particularmente uno de los firmantes de esta ley es el ex gobernador Juan Schiaretti, quien se candidateó a diputado nacional bajo lemas tales como “El futuro sustentable nace en Córdoba”, “Retenciones cero para siempre”, o “Apoyar al hombre y a la mujer de campo es apoyar a la Argentina”, una serie de ironías, para sorpresa de nadie.
De la clasificación de los fitosanitarios, déjenme decirles que quedan todos cordialmente invitados a buscar, con nombre y apellido, un producto químico o biológico Clase III en su casa. Verán que es imposible conocer de manera directa qué quiere decir eso. Lo que demuestra una vez más que las leyes están escritas para la comprensión de quienes se benefician de ellas y, con suerte, para abogados que atienden casos en torno a ellas.
Veámoslo en detalle
La clasificación que suele tomarse como referencia para analizar los productos domésticos es una determinada por la OMS, la cual influye los rótulos de: extremadamente peligroso, altamente peligroso, moderadamente peligroso, ligeramente peligroso y no presenta peligro en el uso. ¿Qué significan? Veámoslo en el siguiente cuadro:

Resulta interesante, entonces, que una ley regularice la aplicación de productos químicos que solo tendrían efectos negativos, en tal caso, si se absorbe más de 2g por kilo de peso, vía oral o dermal. En un niño de 8, 9, 10 años -que pesa en promedio 32kg en Argentina según datos del Hospital Garrahan- significaría 64g de producto absorbido. Producto que, en este caso, debe atravesar nada más que una línea de árboles y una calle, antes de llegar a las puertas de las casas de las familias del barrio Universitario de Horizonte.
Por lo tanto, hay cuatro opciones para entender el uso que hace en el campo lindante la empresa Mahuen S.A: o hace una mala aplicación de sus fitosanitarios, o utiliza productos que en realidad corresponden a otra clasificación, o utiliza otras dosis a las correspondientes, o una combinación de las anteriores.
Parece ser que los Quesada, titulares de Mahuen SA, son un ejemplo más de cómo el agronegocio se lava la cara. En una nota publicada por La Nación en 2019, afirmaban trabajar bajo las pautas de las Buenas Prácticas Agrícolas, mientras envenenan a niños que viven a las afueras de Córdoba Capital. Familias que se mudaron allí buscando un entorno más ameno para sus crianzas, hoy descubren que ese ambiente “mejor” está realmente lejos de ser seguro.

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El fin de semana transcurrió y yo termino de escribir este texto en mi sillón, al calor del conurbano, y no puedo evitar pensar no solo en la fantasía, hoy puesta en jaque, que tenía de irme a vivir al interior, si no en todo lo asociado a estas nuevas lógicas de descentralizar que siguen las y los de mi generación buscando establecerse en “mejores” lugares para vivir. En muchos casos porque buscan un estilo de vida, en términos de tiempo, calidad de vida, desarrollo profesional; en otros casos porque la imposibilidad de adquirir una vivienda en el marco de la centralidad de Buenos Aires, el AMBA, empuja a buscar opciones que son más económicas en el interior mismo de la provincia o del país en general.
Un cóctel de mala planificación urbana, un modelo económico que se centraliza en la producción de commodities para la exportación y una legislación armada a medida de las grandes corporaciones, gana, una vez más, ante la salud del pueblo. Hoy ya no solo comemos veneno cuando nos alimentamos, a pesar de que nos ponen en la vidriera la inocuidad como respuesta -como puede leerse en mi informe ¿Qué comemos cuando comemos?– si no que hoy la búsqueda de vivir lejos del hacinamiento, o la búsqueda de alternativas para adquirir la vivienda propia a precios más acordes a los salarios de miseria que cobramos los argentinos, nos enfrenta a mayores peligros, con el riesgo de ser fumigados mientras tomamos unos mates y vemos a nuestros hijos andar en bicicleta.

¿Qué opciones tenemos?
La pregunta que a uno lo aqueja, tal vez directamente ligada al involucrarse con estos temas, no deja de ser qué otras opciones tenemos.
Por un lado estamos invadidos de dirigentes funcionales a la oligarquía nacional, o a las grandes corporaciones multinacionales. Por el otro, de la vereda de enfrente, tenemos al pseudo-peronismo que solo ofrece un “lo de enfrente es peor” hace ya 6 elecciones como mínimo; quienes además, estando en el poder, lo más cerca que han estado de cambiar la matriz productiva nacional fue armar terminales de ensamblaje de electrodomésticos, en vez de levantar una industria real en nuestro país.
Lejos de pecar de trosko, la invitación más bien tiene que ver con pensar qué dirigentes o clases de dirigentes queremos en el poder. Si la voluntad es la resignación acompañada de administrar la injusticia, la respuesta debe ser: dejenle el lugar a otros que sí tienen ganas de discutir estrategias para salir de la dependencia que, por el ala de derecha o por el ala progresista, se viene sosteniendo por incapacidad o por omisión.
Personalmente considero que el hecho de que un expresidente del PJ Cordobés sea quien firma esta ley que permite que las fumigaciones afecten a, al menos, dos barrios, debería hacernos ruido. Sin dudas merece la discusión de los espacios que funcionan cerrados de facto manteniendo a los mismos personajes anclados desde hace ya demasiado tiempo.
Al fin y al cabo ya lo decía Scalabrini Ortiz: “Todo lo que no se legisla explícita y taxativamente en favor del más débil, queda implícitamente legislado en favor del más fuerte. No es el poderoso el que necesita el amparo legal. El tiene su propia ley, que es su propia fuerza.”
Por último y a modo de cierre, me parece que nos merecemos aprender de las familias del barrio Universitario de Horizonte, quienes ante la injusticia tomaron la posta entendiendo que tienen derecho a vivir sin riesgo de intoxicaciones simplemente porque un empresario quiere ganar un centímetro cuadrado de tierra más para sembrar, dejando de lado las individualidades y las diferencias que muy probablemente existan entre ellos.
Este es un claro ejemplo de que lo macro tiene mayor orden de relevancia frente a lo micro y que hay discusiones de mayor complejidad que uno puede dar, por más de que haya otros problemas paralelos, una vez que el techo ya está garantizado. Como país nos merecemos aprender de su experiencia: organizarse en pos del bien común.
*Mariano Valdez: Técnico en Tecnología de los alimentos. Integrante del voluntariado universitario PRODEAGRO (UNLu-INTA), consultor en sistemas de gestión de los alimentos, integrante del medio El Aluvión.
