Una de las primeras medidas que tomó el gobierno de Javier Milei apenas asumió en diciembre de 2023 fue la modificación del Código Aduanero que desreguló gran parte las importaciones, entre ellas las de bobina de papel de celulosa y recortes de cartón.
Los efectos de esta medida se fueron profundizando con el paso del tiempo y generan al día de hoy una crisis muy profunda en los sectores que trabajan con la recuperación de residuos: cartoneros, carreros, recuperadores urbanos, tanto organizados en cooperativas de trabajo como independientes.
Sin embargo, esta no es la única variable que ha afectado al sector. A esto se le suma la crisis económica generalizada en el país, que genera una caída en la actividad económica y del consumo, y el cierre de muchas empresas que compraban los materiales reciclados. El resultado es que cada vez hay menos material para recoger y mayor cantidad de personas cartoneando.
Este cóctel ha provocado, en lo que llevan estos dos años, grandes dificultades para colocar a la venta los materiales que fueron recuperados, a la vez que existe una caída del precio del aluminio, el fierro y las chapas, siendo notoria la caída del valor del cartón, marcando entre un 40 – 60% de bajas.
La situación es inherente a todas las provincias y ciudades del país. Sin embargo, son más afectados aquellos trabajadores que no han logrado articular con los gobiernos municipales o provinciales, estableciendo ciertas políticas públicas que les amparen y reconozcan su trabajo como un servicio de gran impacto social y ambiental.
Pese a algunas pocas excepciones, en la República Argentina el cartonero sigue siendo un actor principalmente informal, su actividad está expuesta a un alto riesgo por falta de condiciones mínimas de higiene y seguridad, inmersa en situaciones de sobreexplotación y trabajo infantil y excluida de las acciones integradoras del Estado.
¿Cómo se traduce la crisis nacional en la vida cotidiana de los cartoneros?
En Ensenada, los trabajadores y trabajadoras se organizan en una cooperativa de trabajo autónoma desde la cual juntan, acopian y venden materiales reciclados por su propia cuenta, sin ningún tipo de apoyo del municipio de la localidad ribereña.
Yoana Zapata forma parte de la cooperativa de Ensenada desde hace 9 años, a partir de que en 2015 comenzó a conformarse en La Plata el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), colectivo que ha nucleado una diversa rama de trabajadores de la economía popular, entre ellos, los cartoneros y las familias que buscaban en la basura aquellos materiales con algo de valor. Con el MTE, muchos trabajadores se nuclearon en asociaciones y cooperativas y se aglutinaron en la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores de la UTEP, la cual nació para organizar a este sector luego de la crisis del 2001. Aunque la situación nunca pudo ser del todo regulada, hoy nuevamente, el sector está en crisis.
“La verdad que nuestro sector está siendo bastante afectado por la cuestión de las importaciones. Está difícil poder vender material, además de que bajó un montonazo a comparación de hace 2 años atrás”, explicó Yoana.
Junto a Yoana, en la cooperativa se nuclean 50 trabajadores, divididos entre quienes buscan materiales en la calle, quienes trabajan en la planta de acopio y quienes hacen tareas administrativas. A pesar de que no es una localidad muy grande, Yoana aseguró que el municipio no tiene una política pública de reciclado que valorice el trabajo de los cartoneros: “Estamos en una instancia de lucha porque el municipio no está reconociendo nuestro trabajo. Directamente no le interesa el servicio que prestamos, que hace muchos años hacemos a pulmón, entonces tampoco aporta mucho a acompañar o apoyarnos”.
Además de la recolección de domiciliaria, las cooperativas suelen articular con Grandes Generadores de residuos, que son aquellas instituciones, comercios o empresas que producen más de 1000 kg al mes. Para ello, en provincia de Buenos Aires existe la Resolución 190/2024 que obliga a estos actores a separar y gestionar el destino final de sus residuos. Sin embargo, el modo en que deben emplearlo es muy ambivalente y depende de la voluntad de cada institución si ese servicio de recolección lo brindan empresas privadas vinculadas al CEAMSE o cooperativas cartoneras.
Particularmente, las articulaciones que han logrado los trabajadores de la cooperativa de Ensenada son acuerdos informales y están dispuestos a la voluntad de cada caso. Además, han organizado, igual que otros cartoneros vinculados al MTE, puntos de acopio llamados Punto Azul, ubicados en instituciones educativas, sociales o culturales, donde la comunidad de compromete a separar y luego ellos realizan el retiro del material.
“Hay muchos vecinos que están contentos con nuestro servicio y separan el material o se los acercan a los compañeros. Es ahí donde se sostiene la economía de los compañeros cartoneros”.
Córdoba: una cooperativa que pisa fuerte y disputa derechos
En un contexto tan hostil, donde el mercado por sí solo no garantiza condiciones dignas de desarrollo socioeconómico para trabajadores que han sido historicamente excluidos, es la articulación entre la comunidad organizada y las políticas públicas dónde salen las recetas más exitosas.
Un fuerte ejemplo de ello, es la experiencia de la cooperativa La Esperanza en la ciudad de Córdoba. Una cooperativa con más de quince años de trayectoria y 800 trabajadores fijos, que supo negociar y construir con el estado municipal las políticas ambientales necesarias.
Carlos ‘Purruco’ Andrada es el secretario general de la Federación Cordobesa de Cartoneros y, por sexto año consecutivo gracias a la elección de sus propios compañeros, el presidente de la cooperativa La Esperanza. El, en conversación con Desde la raíz, destacó que fue la organización y la lucha lo que les permitió a las organizaciones cartoneras generar mejores condiciones laborales y afirmarse como un actor relevante en la discusión del manejo de residuos.
“Cuando fue la apertura de importaciones, Arcor se stockeó mucho y el precio del cartón bajó, bajó y bajó. Llegó a estar a $30, en todos lados está ese precio. Pero, ahí fue donde le pedimos al Estado participar de la subasta. Nuestra federación fue la única que pudo sostenerlo a $70 el kilo”, aseguró con orgullo Carlos Andrada en referencia a la empresa que es una de los mayores compradoras de cartón en el país.
El 90% del mercado de productos de cartón y papel es controlado por cinco empresas: Cartocor S.A, Reinap S.A., UnionPel S.A, Celulosa San Pedro y Smurfit Kappa. Arcor compra cartón a través de sus empresas Cartocor y Zucamor, fortaleciendo su influencia en el mercado del packaging. Frente a estos grandes jugadores, las cooperativas están altamente condicionadas y casi no tienen capacidad de negociar. Por eso es tan importante lo que han logrado en La Esperanza.
En Córdoba, esta es una de las tantas decisiones articuladas que se han dado entre este sector y el gobierno municipal. Otra política destacable de a provincia es la Ordenanza 12.684, que determina el marco regulatorio integral para la gestión de residuos urbanos. Allí, se establece que todos los Grandes Generadores de Residuos deben contratar los servicios privados para garantizar una correcta disposición final de lo que han generado, basándose en un Principio de Inclusión Social. El mismo, “reconoce la preexistencia de los Recuperadores Urbanos en las tareas de separación de residuos y recolección diferenciada, como legítimos actores de tales prestaciones”.
Esta ordenanza significó un gran incentivo para los recuperadores, especialmente frente a la abrupta caida del precio del cartón. A esto se le adiciona que la Municipalidad de Córdoba otorga becas que reconocen salarios de 4 horas de trabajo diario. Con eso, los trabajadores pueden asegurarse una base de $500 mil a $600 mil al mes, que se complementa con la venta de material que los trabajadores recogen individualemente y la cooperativa les compra.
Además, los últimos años la municipalidad ha llevado adelante un programa de sustitución consensuada de carros con caballo por moto cargas eléctricas, que les permiten a los recuperadores hacer más eficiente su trabajo. Los beneficiarios, a su vez, participan en programas de alfabetización, en colaboración con la Universidad Provincial de Córdoba, para poder rendir un examen de conducir y así obtener la licencia de conducir motocicletas.
“El año pasado hicimos la sustitución consensuada porque estaba muy bueno el programa de reciclado. Es decir, aparte de las 4 horas que habíamos ganado, podíamos hacer más horas sustituyendo el vehículo. Con la motito ya podemos discutir que ahí están los negros, los cartoneros, para la sociedad hipócrita que juzga mientras tira basura”, argumentó Carlos, a quien todos sus compañeros llaman Purruco.
Todo lo conseguido, Carlos se lo agradece a sus compañeros, a la organización, no sólo a los 800 trabajadores de la cooperativa La Esperanza, sino también a otros 400 integrantes de otras 7 cooperativas cordobesas. “Logramos todo esto porque nos han visto bastante combativos y plantados. Pero, además, porque son profundas las discusiones y los planteos que les hacemos porque somos los más excluidos de los más excluidos. El panorama no está nada lindo en ninguna parte del país, y acá no hubiéramos exigido y articulado estas cosas, estaría siendo muy difícil, porque también aquí venían bastante pillos contra los laburantes”.
Mientras en Córdoba algunas políticas buscan integrar a las cooperativas en el circuito formal del mercado, en lugares como Ensenada la disputa sigue siendo por el reconocimiento y la supervivencia diaria. Estas son dos caras de una misma moneda. El futuro del reciclado en la Argentina parece depender de esa tensión entre políticas que reconocen a los cartoneros y la indiferencia que los excluye y los deja a merced del mercado.
“Este muchacho que está tan enojado, el presidente, con todas las decisiones contra la gente que está tomando yo no sé qué quiere, verle los huesos rotos a las personas, digo yo, para darse cuenta que esto no es viable”, sentenció el cordobés presidente de La Esperanza, Carlos Andrada, cartonero de toda la vida, villero, trabajador. Una persona que sabe traccionar las luchas por el trabajo justo y defender los derechos que les pertenecen por una labor que es para el bien común, para la prosperidad de nuestras ciudades y del ambiente en el que vivimos.
Podés leer también la nota que escribió nuestro compañero Pedro Ramos a principios del 2023, contando la historia de Santiago Zapata, tercera generación de cartoneros de La Plata: