De la reforma constitucional del ‘94 en adelante, cuando los recursos pasaron a ser administrados por las provincias, los agentes extranjeros que se hicieron de soberanía argentina en su diversas formas son numerosos, tienen banderas conocidas y embajadores locales que les tramitan rápidamente lo que quieren a troche y moche: se nombran dirigentes, funcionarios, legisladores, hasta presidentes.
Hace unos días se conoció la determinación de avanzar con la privatización de AYSA, algo que ya era esperado, dado que se encontraba en el listado de empresas prontas a ser privatizadas del artículo 7° aprobado dentro de la Ley Bases, sancionada el 27 de junio de 2024.
Allanando el camino para la privatización, el 22 de julio pasado se adaptó el marco regulatorio de la Ley 26.221 que ahora permite cortar el servicio público por falta de pago, algo que es ilegal en Argentina, de hecho se pueden hallar registros de la Corte Suprema fallando a favor de los usuarios en numerosas oportunidades alegando que el agua es un derecho. Al día siguiente, mediante el decreto 494/2025 firmado por el Presidente, Javier Milei, y el Ministro de Economía, Luis Caputo, se oficializó el proceso de privatización total de AYSA por un porcentaje total del 90% de las acciones que le corresponden al Estado Nacional.
La historia ha expuesto que la privatización total en ningún caso ha servido de algo. Las consecuencias siempre las sufre el ciudadano argentino y, como si no fuera poco la pérdida de soberanía económica y material, siempre nos deja un poco más periféricos en materia geopolítica.
AYSA antes de ser AYSA fue parte de la entidad estatal Obras Sanitarias de la Nación, creada en 1912, privatizada en el 93’ por el coronado príncipe de la privatización, Carlos Saul Menem, quien le entregó la empresa a una francoespañola bajo el nombre de Aguas Argentinas. La misma, supo contar con numerosas denuncias por incumplimiento de objetivos de inversión, aumentos tarifarios, falta de expansión del servicio y problemas en la calidad del agua. Hay registros televisivos de 1996 de protestas vecinales, cuando el Consejo Deliberante de Quilmes aprobó entregar el control del servicio municipal a Aguas Argentinas, una decisión inconsulta con el pueblo que trajo consigo falta de agua, aumentos irrisorios de las tarifas y mala calidad del servicio.
Ahora bien, en las ultimas semanas, circularon ciertos rumores que manifestaban el interés de la empresa estatal israelí Mekorot, de adquirir AYSA, por medio de socios locales. Mekorot, autodenominada lider en la gestión del agua, es una empresa denunciada en la ONU por el apartheid hídrico y la privación de agua al pueblo palestino.
La historia de Mekorot en Israel
Poco después de la ocupación en 1967, las autoridades militares israelíes consolidaron el poder absoluto sobre todos los recursos hídricos y las infraestructuras relacionadas con el agua en los territorios palestinos ocupados.
La noticia más reciente acerca del tema es que dos días después del 7 de octubre de 2023, Mekorot cortó el agua en Gaza y la devolvió recién un mes después. Lo cierto es que esta es una práctica recurrente. Mientras un colono israelí consume hasta 300 litros de agua por día, goza de piscinas y riegos abundantes para sus cultivos, en muchas comunidades agrícolas de Cisjordania, el consumo de agua es de sólo 20 litros diarios por persona, según la OCAH.Es indudable que Israel utiliza el agua como arma de guerra.
Con el control de la mayoría de las fuentes de agua -el 80% del acuífero subterráneo de Cisjordania y el acceso al río Jordán-, Israel, y por lo tanto Mekorot como su operadora, distribuye el recurso de forma totalmente desigual: mientras limita o corta el suministro por meses a los palestinos, en los asentamientos vecinos ocupados por colonos israelíes, Mekorot les brinda servicio ininterrumpido.
Más todavía, Israel se ocupa de destruir pozos y cisternas de agua palestinas, alegando que, por Orden Militar, Palestina no puede construir ninguna instalación hídrica sin permiso israelí, cuya obtención es poco menos que imposible. De esta forma, se consolida un sistema de dependencia estructural en el que Palestina está obligada a comprar agua a Mekorot, a precios elevados, aún cuando podría captar o producir la suya propia si no se lo impidiesen.
¿Pero desde cuándo a Mekorot le interesa el agua argentina?
El hecho más reciente y conocido son los contratos de asistencia técnica firmados entre 2022 y 2023, pero la relación y el interés viene de antaño. Son numerosos los nombres que brindaron, y aun lo hacen, facilidades a la estatal israeli para inmiscuirse en nuestra soberanía, tal y como adelantamos al inicio de esta nota.
La integrante de la Campaña Fuera Mekorot, Silvia Ferreyra explicó que el vínculo con la estatal israeli comienza en los 90’, previo a la privatización, donde ya podemos hablar de convenios de cooperación educativa con FENTOS (Federación de Trabajadores de Obras Sanitarias) para capacitar a trabajadores de Obras Sanitarias de la Nación (OSN).
Por su parte, el secretario general del Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias (SGBATOS), José Luis Lingeri, participó de la privatización de la OSN en los 90’, logrando adquirir el 10% de las acciones de la estatal. En ese marco, miembros del sindicato crearon la empresa ‘5 de septiembre’, subsidiaria de obras de la PBA, con la que Mekorot hizo acuerdos en 2011. En ese momento, en alianza con esta y Ashtrom BV se presentan a una licitación para realizar dos obras: en Ensenada una planta potabilizadora de agua y en Bahía Blanca una planta de tratamiento de efluentes cloacales. En el caso de la primera, se trataba de una obra que no resolvía el problema, perjudicaba a la región y el costo recaía en los usuarios. Ambos proyectos fueron desestimados, sin embargo tanto la empresa argentina como la israelí siguen realizando trabajos conjuntos.
Citamos este caso porque luego de lo trascendido en los últimos días acerca del posible interés de Mekorot por hacerse de AYSA, el argentino Diego Berger, Coordinador de Proyectos Especiales internacionales de la estatal israeli, declaró en El Destape, que “es imposible” que la empresa compre AYSA porque su estatuto, al ser previo a la conformación del Estado de Israel, no les permite adquirir la empresa. Sin embargo, sí podrían al conformar una alianza con otras empresas tal como lo hicieron en 2011.
Pasaron algunos años hasta que la empresa volvió a intentar inmiscuirse en los asuntos de la Argentina, y fue gracias a la connivencia política, que en 2022 y 2023 Mekorot firmó contratos de asistencia técnica con 10 provincias (Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Río Negro, Formosa, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero y Chubut); y otras dos en las que no figura expresamente en los convenios. Con respecto a estos, Silvia de ‘Fuera Mekorot’ explicó que al establecerse la vinculación a través del CFI (Consejo Federal de Inversiones), puede haber contrato con la empresa sin firmar necesariamente con la provincia.
La relación de Mekorot con Argentina fue reiniciada por el entonces Ministro del Interior Wado de Pedro, quien acercó a los gobernadores a firmar los acuerdos que en casi todos los casos mantienen expresa confidencialidad. Según la Campaña Fuera Mekorot, es difícil el acceso total a los mismos. En estos, las provincias le ceden a Mekorot la exclusividad de los datos del agua provincial. En el único contrato al que se accedió, mediante un pedido de información pública de la diputada Magdalena Odarda, que corresponde a Rio Negro, se pudo saber que la provincia no tiene propiedad intelectual de los estudios técnicos que haga Mekorot y su acceso podría ser restringido. Tampoco habría acceso público del mismo. Como si esto fuera poco, se trata de un contrato que se rige bajo leyes de Inglaterra: en caso de haber conflicto entre las partes, el mismo se resuelve en tribunales con sede en ese país.
“Esto de Inglaterra se explica porque eligen el tribunal más favorable a su interés. Además, Israel no tiene una constitución y tienen un conflicto internacional al no ser reconocidos como Estado por todos los países del mundo”, explicó Silvia. Esto se debe a que Israel se rige bajo un conjunto de leyes, pero, dado que no cuenta con una Constitución formal porque no es una República y mantiene conflictos abiertos con varios países árabes, no es plenamente reconocido como Estado Nación.
En 2022, durante una visita a Israel, Wado de Pedro propuso centralizar el control del agua, tal y como es el modelo israelí. Lo hizo mediante un proyecto de ley que, aunque ambicioso por la reforma constitucional de 1994, planteaba la conformación de un ente nacional regulador del recurso hídrico. Sin embargo, la iniciativa quedó estancada, y en su lugar, luego, comenzaron a firmarse estos acuerdos provinciales con Mekorot, en los que oficia como un virtual regulador.
Escacez, culpabilización y control
Por su parte, la relación AYSA-Mekorot viene de antes. En 2022, AYSA realizó acuerdos de cooperación con Mekorot para mejorar la gestión del agua en la región. Esto fue confirmado por el mismo Diego Berger, en la última entrevista que dió a El Destape donde declaró “Nosotros ahora estamos trabajando en AySA como asesores para mejorar cómo trabaja la empresa, para ser más eficientes a niveles técnicos”. Luego, avaló los cortes de agua explicando cómo funciona en Israel: “Si no pagas la luz te la van a cortar, y no me digan que la luz es menos vital que el agua. Hasta durante el Coronavirus, si en Israel no pagabas 3 cuentas bimestrales te cortaban el agua. Ahora se corta muy poco, porque la gente que no paga por el agua es ínfima. Y quienes no pueden pagar reciben una tarifa social, sin cortes. Existe una cuota básica de agua por un precio y después aumenta”.
Mekorot opera con un sistema de niveles de servicio: el agua potabilizada tiene un costo más alto, accesible solo para quienes pueden pagarla, mientras que también ofrece agua corriente de menor valor. Este modelo es el que exporta a través de estás asesorías, que ya fueron implementados en otros países hispanoamericanos, como Uruguay con el Proyecto Neptuno, que fue recientemente cancelado por el gobierno tras generar controversias. También Chile tuvo su experiencia, igual que algunos municipios de Colombia, como también en México, Guatemala y República Dominicana, donde intentaron avanzar con una ley de agua que finalmente fue frenada por el pueblo. A pesar de su presencia operativa, Mekorot no tiene ninguna sede oficial en Hispanoamérica: no hay lugar donde acudir físicamente.
En una de las tantas reuniones acordadas con Diego Berger, el representante celebró los convenios firmados y sostuvo que, mientras Israel nació y creció bajo la cultura de la escasez, América Latina lo hizo en la cultura de la abundancia. Por eso, según él, es necesario que nos adaptemos a la cultura de la escasez. Pero… ¿por qué deberíamos? ¿Es una sugerencia o una advertencia?
El avance silencioso en las provincias
A través de los acuerdos vigentes, Mekorot ya se encuentra elaborando los próximos planes maestros de agua. Como explicó Silvia Ferreyra, “donde más lejos llegó fue en Mendoza: el plan ya se encuentra publicado en la página del gobierno provincial y debe ser aprobado por la Legislatura. Además, impulsaron un nuevo código de agua”. Esto podría marcar un hecho histórico para la provincia, que fue pionera en la legislación hídrica latinoamericana con su primera ley de agua provincial en 1883.
Por su parte, desde la Campaña Fuera Mekorot, advierten que en San Juan tienen un proceso parecido al mendocino, sin embargo aún no fue publicado ni aprobado por la legislatura. El caso que genera mayor resquemor es el de La Rioja, una provincia que enfrenta constantes problemas hídricos. Allí no sólo avanza con un plan de agua, sino que, según contó Silvia Ferreyra, ya hay una fuerte injerencia en el sistema educativo: “Los docentes cuentan que la bajada del gobierno es enseñarles a los alumnos que el pueblo gasta mal el agua, mientras se omite mencionar que el problema es de la industria de la megaminería, por ejemplo”. Es difícil acusar de conspiranoia cuando es el mismo Diego Berger quien apunta con el dedo a los usuarios por el mal uso del agua y amenaza con cortar el suministro.
Por su parte, Aysa se encuentra bajo la lupa del Estado de Israel y podría ser la primera empresa estatal directamente adquirida. Ya en la Década Infame, los documentos precursores de FORJA denunciaban este tipo de maniobras como “connivencia de falsos dirigentes con las fuerzas imperialistas”. No es casual que hoy, en medio de un desmembramiento de la patria, estemos viendo cómo se entrega un recurso tan clave como el agua.