En una de sus últimas conferencias de prensa, el vocero presidencial, Manuel Adorni, denunció al medio de comunicación popular El Grito del Sur, de estar realizando “una ocupación ilegal sostenida por los acuerdos políticos de la gestión anterior” en la capital argentina.

Desde 2018, el medio tiene su oficina de redacción en el Espacio para la Memoria Virrey Cevallos, en la ciudad de Buenos Aires. Ahora, la administración de Javier Milei quiere expulsar a la Cooperativa “El Grito del Sur” del espacio donde desarrollan sus actividades hace más de siete años. 

Entre las razones, Adorni señaló que la redacción utiliza mobiliario, electricidad, wifi y otros recursos del Estado para una tarea que “nada tiene que ver con el Sitio de la Memoria”. Y agregó: “Bajo el paragüas de los derechos humanos, financian su editorial partidaria kirchnerista con el presupuesto nacional”.

Los trabajadores del medio indicaron que se trata de “otro acto de atropello y ataque a la libertad de expresión” que busca atacar al Espacio para “vaciarlo de participación y poder cerrarlo más fácilmente”. En cuanto a los recursos del presupuesto nacional, Grito del Sur aclaró que cuando llegaron, el lugar era un despacho abandonado y deteriorado y que ellos mismos se ocuparon de financiar de sus bolsillos la pintura para las paredes, el barniz para los pisos y nuevos postigos para las ventanas. El mobiliario y el servicio de internet fue suministrado y abonado por la oropia gestión del medio. 

“Solo en sueldos, se gastaban 16.213.027 millones de pesos, algo así como 210.769.351 millones de pesos por año”, mencionó Adorni. Grito del Sur respondió: “Nada más alejado de la realidad. Nuestra cooperativa está conformada por ocho trabajadores de prensa y sólo algunos perciben salarios que apenas superan el mínimo, vital y móvil”. Como en la mayoría de los medios de comunicación, en Grito del Sur hay personas que trabajan sin goce de sueldo, o que lo hacen irregularmente dependiendo de la contraprestación realizada. 

Durante la última dictadura militar, este espacio, ubicado en el barrio Monserrat, estuvo a cargo de un grupo de tareas del Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea Argentina. Hoy, el funcionamiento de Grito del Sur tiene total aval de la Ley 26.691 de Sitios de la Memoria, la cual prevé “la promoción y difusión de actividades educativas, de investigación y difusión relacionadas con los Derechos Humanos y su vinculación con los territorios”. 

“Está de más aclarar que esta es una ocupación ilegal”, anunció el vocero el 30 de abril. Sin embargo, si el medio funciona en Cevallos es únicamente por la habilitación legal que se hizo en 2018, con Mauricio Macri presidente, mediante un convenio suscrito con el entonces coordinador del espacio, Osvaldo López, quien durante la dictadura del ‘76 fue detenido y torturado en ese mismo sitio. 

Ante esta situación, desde la asociación de Madres de Plaza de Mayo se sumaron al reclamo y expresaron: “la memoria es nuestra: no al desalojo”. Además, expresaron orgullo de que “otros colectivos piensen y sientan igual que las Madres: donde hubo muerte, llevar vida; donde hubo tortura, sembrar palabras; donde hubo mentiras para encubrir el horror, llevar la verdad de nuestro pueblo”.

Esta embestida del gobierno nacional, no es solo contra uno de los medios digitales más grandes del país, sino que se inscribe en un contexto de ataque y cercenamiento hacia los periodistas y los medios populares. En este último tiempo, hemos escuchado decenas de veces al presidente insultar y agraviar periodistas. Sin ir más lejos, ha expresado en la red social X: “La gente no odia lo suficiente a los periodistas”. 

No obstante, los periodistas del medio continúan trabajando, escribiendo notas y grabando coberturas audiovisuales, con miles de likes en redes y el apoyo de una comunidad que los abraza. “No vamos a dejar de hacer periodismo popular, aunque nos intimiden los más altos funcionarios del gobierno. Vamos a seguir construyendo un medio que combata la crueldad, la mentira y el fascismo”, anunciaron.